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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02138-00

Fecha
25 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Conjuez Germán Lozano Villegas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02138-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela formulada por Carlos Hernando Jaramillo Delgado, por intermedio de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Transitoria, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído. SEGUNDO: NOTIFICAR por el medio más expedito y eficaz a las partes y a los terceros con interés, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02138-00

Consejero ponente: Conjuez Germán Lozano Villegas

25 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

CONJUEZ PONENTE: GERMÁN LOZANO VILLEGAS

Bogotá D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02138-00
Accionante: Carlos Hernando Jaramillo Delgado
Accionado: Tribunal Administrativo Del Valle Del Cauca
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial. Improcedencia de
la acción de tutela por incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala de Conjueces de la Sección Quinta del Consejo de Estado a
resolver, en primera instancia, la acción de tutela interpuesta por el señor Carlos
Hernando Jaramillo Delgado, por intermedio de apoderado, en contra de lo decidido
mediante sentencia del 16 de septiembre de 2025 proferida por la Sala Transitoria
del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

I. ANTECEDENTES

a. Solicitud de amparo1

1. En ejercicio de la acción de tutela reglamentada en el Decreto 2591 de
1991, el señor Carlos Hernando Jaramillo Delgado por intermedio de apoderado,
cuestiona lo decidido por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca en la sentencia de segunda instancia No. 263 del 16 de septiembre de
2025, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con radicado 19001-33-33- 004-2015-00311-01, en la cual plantea una
controversia relacionada con el reconocimiento del carácter salarial de la prima
especial de servicios que fue creada en virtud de la Ley 4ª de 1992 y de la
bonificación por compensación reglamentada en los Decretos 610 de 1998 y 1102
de 2012.

2. Considera la parte accionante que se han vulnerado sus derechos al debido
proceso, igualdad, trabajo en condiciones dignas y justas, acceso efectivo a la
administración de justicia y favorabilidad laboral, bajo el entendido que producto
de la mora judicial del proceso, no le fueron aplicables las reglas jurisprudenciales
contenidas en la sentencia del Consejo de Estado del 29 de abril de 2014, sino las
contenidas en la sentencia SUJ-016-CE-S2-20192.

1
Según consta del archivo “3ED_2ESCRITODETUTELA_Indice_4.pdf” dentro del expediente digital correspondiente al
radicado 11001-03-15-000-2023-02144-00 en el aplicativo SAMAI.
2
Demanda contenida en el archivo “1_110010315000202602138002DemandaWeb2026316193832.pdf.”
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Carlos Hernando Jaramillo Delgado
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02138-00

b. Pretensiones

1. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la parte actora formuló la
siguiente pretensión:

“(…) Pretensión principal
1. Amparar los derechos fundamentales del accionante al debido proceso, igualdad,
trabajo en condiciones dignas y justas, acceso efectivo a la administración de justicia,
confianza legítima y favorabilidad laboral.

2. Dejar sin efectos la Sentencia No. 263 del 16 de septiembre de 2025, proferida por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala Transitoria.

3. Ordenar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que profiera una nueva
decisión dentro del proceso radicado bajo el No. 19001-33-33-004-2015-00311- 01,
aplicando el precedente vigente en 2015 y resolviendo de conformidad con la
Constitución.

Pretensión subsidiaria

En caso de que el despacho considere aplicable la SUJ-016-CE-S2-2019, ordenar su
aplicación integral y correcta, en particular de su Regla 3, reconociendo la
reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100% del salario básico y/o
asignación básica, con inclusión de las cesantías.

Pretensión accesoria

Exhortar a las autoridades judiciales de la jurisdicción contencioso-administrativa para
que la fuerza vinculante de las sentencias de unificación no sea entendida como
autorización para desconocer la confianza legítima, la favorabilidad laboral ni la
prohibición de regresividad, especialmente cuando se trate de procesos iniciados bajo
un precedente anterior más favorable.”

c. Hechos relevantes de la acción

2. De acuerdo con lo señalado en la acción de amparo y conforme al expediente
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho3, el señor Carlos
Hernando Jaramillo Delgado estuvo vinculado a la Rama Judicial y, para la
anualidad 2014, ejercía el cargo de Magistrado de Tribunal, siendo beneficiario de
la prima especial de servicios de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 y de
la bonificación por compensación prevista en el Decreto 610 de 1998 y
disposiciones concordantes. Según se indica en la tutela, esta circunstancia fue
reconocida expresamente en la sentencia acusada.

3. Mediante la Resolución No. 946 del 31 de diciembre de 2014, la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Popayán liquidó el auxilio de cesantías del
accionante correspondiente al período comprendido entre el 1.º de enero y el 31 de

3
Según consta del archivo “001_1_DemandaWeb_Demanda_ACCIONDETUTELACARLOS(.pdf)NroActua 2”.
2
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diciembre de 2014, sin incluir en la base de liquidación la prima especial de servicios
ni la bonificación por compensación.

4. El 23 de febrero de 2015, el accionante interpuso recurso de apelación contra
dicho acto administrativo. En él solicitó expresamente que se incluyera el 30 %
correspondiente a la prima especial y el 100 % de la bonificación por compensación
como factores salariales para liquidar las cesantías. Como la administración no dio
respuesta al recurso, se configuró el silencio administrativo negativo.

5. En el año 2015, el accionante presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho. En ella pidió la nulidad de la
Resolución 946 de 2014 y del acto ficto, así como la reliquidación de sus cesantías
con inclusión de la prima especial y de la bonificación por compensación.

6. En la acción de amparo se puso de presente que, para la fecha de
presentación de la demanda, regía la línea jurisprudencial derivada de la sentencia
del Consejo de Estado del 29 de abril de 2014. Esa providencia declaró la nulidad
de los decretos reglamentarios que entendían la prima especial como parte
sustraída del salario, al considerar que tal interpretación contrariaba los principios
de favorabilidad, progresividad y no regresividad. Se indicó, además, que esta
referencia fue reconocida y discutida por el propio Tribunal en la sentencia acusada.

7. El accionante señaló que el proceso ordinario no fue decidido dentro de un
plazo razonable. Solo hasta el 13 de diciembre de 2024, el Juzgado 404
Administrativo Transitorio del Circuito de Cali profirió sentencia de primera instancia,
en la que negó las pretensiones al sostener que la prima especial y la bonificación
por compensación solo tenían incidencia para efectos pensionales.

8. En sede de apelación, la parte actora insistió en que el juez de primera
instancia había desconocido el precedente de 2014, así como el artículo 53 de la
Constitución y el impacto que la exclusión de la prima especial tenía sobre la
liquidación de las prestaciones sociales. De acuerdo con el tutelante, la sentencia
acusada recoge expresamente estos cargos.

9. Mediante la Sentencia No. 263 del 16 de septiembre de 2025, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca confirmó la decisión de primera instancia. Para
ello se apoyó en la sentencia de unificación SUJ-016-CE-S2-2019 y concluyó que
la prima especial y la bonificación por compensación carecen de naturaleza salarial
para efectos de liquidar las cesantías y demás prestaciones distintas de la pensión.

10. Finalmente, el accionante sostiene que no puede resultar
constitucionalmente perjudicado por la mora del aparato jurisdiccional. En su
criterio, si el litigio hubiese sido resuelto oportunamente, la controversia habría sido
decidida bajo el precedente vigente en 2015 y no bajo una sentencia de unificación
expedida cuatro años después.

d. Trámite procesal

3
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Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02138-00

11. Una vez radicada la acción constitucional, los magistrados Gloría María
Gómez Montoya4, Pedro Pablo Vanegas Gil5 manifestaron su impedimento para
conocer del presente asunto. A través de Auto del 6 de abril de 2026, se ordenó el
sorteo para la designación de conjueces, con el fin de que los mismos pudieran
completar la Sala para efectos del estudio de la acción constitucional6.

12. Posteriormente, los magistrados Luis Alberto Álvarez Parra7, Omar Joaquín
Barreto Suárez8 y los conjueces Alexei Julio Estrada9 y Álvaro Andrés Motta Navas10
manifestaron igualmente su impedimento para conocer de esta acción de tutela.

13. En atención a lo anterior y una vez conformada la Sala de Conjueces,
mediante proveído del 12 de agosto de 202611, se declaró fundado el impedimento
propuesto por los magistrados y algunos conjueces de la Sección Quinta de esta
Corporación, en atención a que se cumplían los postulados adjetivos para ello.

14. Posteriormente, a través de auto del 1 de septiembre de 202612, se admitió
la acción constitucional, se vinculó como terceros con interés a la Nación- Rama
Judicial, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca – Sala Transitoria y al Juzgado 404
Administrativo Transitorio del Circuito de Cali. Igualmente, se solicitó copia del
expediente del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con radicado 19001-33-33-004-2015-00311-01.

15. A través de comunicación del 24 de agosto de 2026, la Secretaria General
de la Corporación informó que fue separado del conocimiento de la acción el
Conjuez Diego Andrés González Medina13 por renuncia a esta dignidad.

e. Intervenciones

16. Una vez surtido el trámite de notificaciones correspondiente, el Juzgado 801
Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Cali mediante oficio del 4 de
septiembre de 202614. El titular del Despacho en su informe manifestó que la acción
de tutela no formula pretensión alguna en su contra y que la inconformidad del
accionante recae exclusivamente sobre la Sentencia No. 263 del 16 de septiembre
de 2025, proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca. Señaló que la sentencia de primera instancia, No. 456 del 13 de diciembre
de 2024, fue dictada por el Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Cali.

17. Según el informe, la decisión negó las pretensiones porque la prima especial
de servicios y la bonificación por compensación tienen carácter salarial únicamente

4
Proveído contenido en el archivo “8_Manifestaciond_20260213800IMPEDIMEN_0_20260317183944257.pdf”:
5
Proveído contenido en el archivo “9_Manifestaciond_LauraV20260213800man_0_20260326084655882.pdf”.
6
Proveído contenido en el archivo “10_Autoqueordena_20260213800Designaco_0_20260406150544521.pdf”
7
Proveído contenido en el archivo “20_Manifestaciond_IMPEDIMENT_20260213800CarlosHer_0_20260423140721785.pdf”
8
Proveído contenido en el archivo “19_Manifestaciond_20260213800manifiest_0_20260421112840020.pdf”
9
Proveído contenido en el archivo
“23_Manifestaciond_Impediment_IMPEDIMENTOCONJUEZ1_0_20260511150656016.pdf”
10
Proveído contenido en el archivo “26_RECIBEMEMORIAL_IMPEDIMENTO202602138_0_20260515142142706.pdf”.
11
Según consta del archivo “040_40Autoqueresuel_2026023800Autoqueres”
12
Según consta del archivo “046_46Autoqueadmite_20262138AutoAdmiteTu”.
13
Según consta del archivo “044_44OFICIOINFORMAN_OFICIOCOMUNICACONJUE”.
14
Según consta del archivo “048_48_MemorialWeb_CONTESTACIONTUTELA”.
4
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para los efectos definidos por el legislador y el Gobierno Nacional, principalmente
los pensionales. Por ello, no constituyen factor salarial para liquidar cesantías y
demás prestaciones sociales. Agregó que frente a esa sentencia no se formuló
reparo alguno que configure un defecto específico de procedencia de la tutela contra
providencias judiciales.

18. Respecto de la mora alegada por el accionante, el Juzgado indicó que no le
es atribuible. Explicó que la demanda, presentada el 18 de agosto de 2015, solo fue
admitida el 13 de agosto de 2019 por los impedimentos sucesivos de los
funcionarios judiciales que conocieron del asunto, y que el expediente fue remitido
a los despachos transitorios de Cali en 2023. Sostuvo que desde entonces el trámite
se adelantó con diligencia y en plazos razonables, dado el alto volumen de procesos
asignados y la capacidad operativa disponible. Con fundamento en lo anterior,
solicitó que se nieguen las pretensiones frente a ese despacho o, en subsidio, que
se disponga su desvinculación del trámite constitucional.

19. Dentro del trámite constitucional, se recibió copia del expediente19001-33-
33-004-2015-00311-0115.

II. CONSIDERACIONES
a. Competencia

20. La Sala de Conjueces de la Sección Quinta del Consejo de Estado, es
competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo
señalado en el artículo 86 Constitucional, el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991,
el numeral 7 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 modificado por el
artículo 1 del Decreto 333 de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 proferido
por la Sala Plena del Consejo de Estado.

b. Problema jurídico

21. Corresponde a la Sala determinar en primer lugar lo siguiente: ¿se cumplen
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales en el caso concreto? Si la respuesta es afirmativa, se debe analizar lo
siguiente: ¿el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Transitoria, vulneró
los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso efectivo a la
administración de justicia, a la confianza legítima y a la favorabilidad laboral del
señor Carlos Hernando Jaramillo Delgado, al expedir la Sentencia No. 263 del 16
de septiembre de 2025, en la cual confirmó la sentencia de primera instancia
proferida por el Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Cali el 13 de diciembre
de 2024 y negó la reliquidación de sus cesantías con inclusión de la prima especial
de servicios y de la bonificación por compensación, por cuanto habría aplicado la
sentencia de unificación SUJ-016-CE-S2-2019 en lugar del precedente vigente al
momento de presentación de la demanda (sentencia del Consejo de Estado del 29
de abril de 2014) y habría interpretado indebidamente dicha sentencia de
unificación?

15
Según consta del archivo “050_50RECIBEMEMORIAL_19001333300420150031”.
5
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c. Aspectos generales de la acción de tutela contra providencias judiciales

22. El artículo 86 de la Constitución Política desarrolló la acción de tutela como
un instrumento judicial de protección de derechos constitucionales fundamentales,
cuando estos resulten amenazados o vulnerados, producto de acciones u omisiones
de autoridades públicas y de particulares, en los casos determinados por la Ley.
Este mecanismo constitucional, fue diseñado por el constituyente para salvaguardar
los derechos constitucionales fundamentales, solo cuando el afectado no disponga
de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice de manera transitoria para
evitar un perjuicio irremediable.

23. Desde sus inicios, la Corte Constitucional se ocupó de interpretar la acción
de tutela contra providencias judiciales, considerando siempre su procedencia de
manera excepcional. En la sentencia C- 549 de 1992, en el cual se declaró la
inexequiblidad del artículo 11 del Decreto 2591 de 1991, se decantaron los primeros
tres requisitos de procedencia de este instrumento, a saber: i) cuando la lesión del
derecho sea consecuencia directa de la providencia judicial, “por deducirse de manera
manifiesta y directa de su parte resolutiva”; ii) siempre que se hubiesen agotado los
recursos en la vía judicial y iii) cuando no existiera otro mecanismo idóneo para
salvaguardar el derecho vulnerado.

24. La evolución jurisprudencial del máximo Tribunal Constitucional se concretó
en la sentencia C-590 de 2005, en la cual se desarrollaron los requisitos generales
de procedibilidad de tutela16, que corresponden aquellas condiciones que
determinan la viabilidad del estudio del mecanismo constitucional contra
providencias; y los requisitos específicos17, que constituyen en las causales que
permiten evaluar si las decisiones judiciales se ajustan a parámetros
constitucionales.

25. La Sala Plena del Consejo de Estado en fallo del 31 de julio de 2012, unificó
su posición respecto de la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, en atención a la divergencia de criterios existentes entre las diferentes
Secciones y Subsecciones de la Corporación. En tal sentido, se admitió que este
mecanismo constitucional es procedente, siempre y cuando se cumplan unos
requisitos especiales y excepcionales18.

26. Posteriormente, en la sentencia del 5 de agosto de 201419 de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo se definieron los requisitos especiales y

16
De conformidad con lo señalado en la sentencia C-590 de 2005, son requisitos generales los siguientes: i) que la cuestión
que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial, salvo que se busque evitar la consumación de un perjuicio irremediable; iii) que se cumpla
el requisito de inmediatez en la interposición de la acción; iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, la misma tiene
que ser decisiva en la sentencia; v) que se identifiquen de manera razonable los hechos que dan lugar a la acción y los
mismos se han debido alegar en el proceso judicial, cuando ello fuere posible; y vii) que no se trate de sentencias de tutela.
17
Son requisitos (o causales específicas de procedibilidad) las siguientes: i) defecto orgánico, ii) defecto procedimental
absoluto, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) error inducido, vi) decisión sin motivación, vii) desconocimiento
del precedente y viii) violación directa de la constitución.
18
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P. María Elizabeth
García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
19
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
6
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excepcionales para que proceda la acción de tutela, para ello se recogieron los
requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencia y las causales
específicas, que fueron establecidas en la jurisprudencia constitucional.

27. De esta manera, el estudio de la tutela contra decisiones judiciales se
compone de dos momentos: i) la evaluación de las condiciones generales de
procedibilidad, en las cuales no se analiza el fondo del asunto, sino que se estudian
las condiciones por las cuales excepcionalmente este mecanismo puede ser
impetrado; ii) el análisis de los yerros propuestos frente a la decisión enjuiciada; en
este punto, la labor del juez se centra en el análisis de la causal que ha sido indicada
por el accionante y la contrasta con el contenido de la providencia judicial.

28. En todo caso, además de los requisitos generales y específicos es necesario
que para que el amparo pueda ser concedido, se debe acreditar que: i) la causa,
motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión, y ii) no se busque reabrir un debate que
sea propio de las instancias del proceso judicial20. Lo anterior, es importante en la
medida que la tutela no es una tercera instancia en la que se busquen revivir
“términos interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.”21

29. Con base en todo lo expuesto, se analizarán los requisitos generales de
procedibilidad, con el propósito de verificar si el amparo solicitado, se encuentra en
el margen de excepcionalidad que habilita al Juez Constitucional a evaluar el
contenido de la providencia impugnada.

d. Caso concreto: estudio de los requisitos generales de procedibilidad

• Relevancia Constitucional

30. El primer requisito general de procedibilidad que se debe analizar a la hora
de abordar una acción de tutela contra providencia como medio excepcional para
buscar la protección de derechos constitucionales, es que el asunto revista la
relevancia constitucional necesaria para garantizar que el juez constitucional no se
convierta en autoridad de tercera instancia.

31. Debe recordarse en este punto que la acción de tutela contra providencias
judiciales es un mecanismo de control de validez de la decisión y no un medio para
verificar si el fallo fue acertado22. Por ello, no puede convertirse en una instancia
adicional para reabrir la valoración probatoria o la interpretación de la ley que dieron
lugar a la controversia. Dentro de cada proceso, las partes disponen de los recursos
ordinarios y extraordinarios previstos por el legislador para controvertir las
decisiones que consideren arbitrarias o contrarias a sus derechos. Solo cuando,
agotados esos medios, subsista una clara arbitrariedad judicial, resulta procedente
acudir a la tutela contra providencias judiciales.

20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 27 de octubre de 2022, M.P.
Pedro Pablo Vanegas Gil, Rad. No. 11001-03-15-000-2021-03774-01
21
Ibíd.
22
Sentencia T- 352 de 2025 de la Corte Constitucional.
7
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32. Al respecto, esta Sección, mediante sentencia del 29 de septiembre de
23
2022 , modificó su postura sobre el análisis del requisito de relevancia
constitucional, en particular frente a los casos en que resulta evidente que la
controversia se circunscribe a asuntos legales o económicos, sin que se advierta la
necesidad de adelantar un estudio de fondo sobre una posible afectación de una
garantía constitucional.

33. En esa oportunidad, se consideró que el examen de la relevancia
constitucional debía ajustarse a los criterios fijados por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-215 de 2022, los cuales fueron acogidos por esta Corporación.
Concretamente, tales criterios hacen referencia a los siguientes24:

“i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no
basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo sólo está
instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que
el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no debe ser un debate
exclusivamente legal; y

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la
tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas
a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera instancia”

34. Como se indicó en precedencia, el accionante formuló contra la Sentencia
No. 263 del 16 de septiembre de 2025 cargos que combinan varias causales
específicas de procedibilidad: defecto sustantivo, desconocimiento del precedente,
violación directa de la Constitución, motivación irrazonable y contradictoria, y
defecto fáctico. Los dos primeros cargos apuntan a un problema de aplicación
temporal de la jurisprudencia. Según el tutelante, el Tribunal partió de la premisa
equivocada de que, por haber decidido en 2025, debía aplicar sin más la sentencia
de unificación SUJ-016-CE-S2-2019. Con ello desconoció, en su criterio, el
precedente vigente cuando se presentó la demanda en 2015, es decir, la sentencia
del Consejo de Estado del 29 de abril de 2014, bajo la cual se estructuró su
confianza legítima.

35. Además, sostiene que la unificación de 2019 fue aplicada de manera
retroactiva para empeorar la situación jurídica de quien litigó bajo un marco distinto,
y que el Tribunal confundió la fecha de su propia sentencia con la fecha
jurídicamente relevante del litigio.

23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de septiembre de 2022. Rad.
11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 10 de julio de 2025. Rad. 11001-
03-15-000-2025-03267-00, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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Accionante: Carlos Hernando Jaramillo Delgado
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02138-00

36. Los cargos tercero y cuarto se dirigen contra la forma como el Tribunal aplicó
la propia SUJ-016-CE-S2-2019 y contra la coherencia interna de su motivación. El
accionante alega que, aun aceptando que la unificación era aplicable, el Tribunal
transcribió la Regla 3, que reconoce el derecho a la reliquidación de las prestaciones
sociales sobre el 100 % de la asignación básica, y admitió que la exclusión del 30
% afectó la asignación básica, que compone la base de liquidación de esas
prestaciones. Pese a ello, negó la reliquidación de las cesantías. En su criterio, esas
proposiciones no pueden coexistir lógicamente, pues la consecuencia necesaria era
ordenar la reliquidación. Por eso califica la providencia como una decisión con
"fractura argumentativa interna" y, por tanto, con una motivación
constitucionalmente insuficiente.

37. Por último, el quinto cargo, junto con los argumentos sobre mora judicial y
control de convencionalidad, apunta a la violación directa del artículo 53 de la
Constitución y a la protección reforzada del trabajo. El accionante afirma que el
Tribunal desconoció los principios de favorabilidad, progresividad y no regresividad,
primacía de la realidad y prohibición de menoscabo, al optar por la lectura más lesiva
para el trabajador y validar una reducción material de su protección prestacional.
Agrega que la demora del sistema judicial es imputable al Estado y no puede
trasladársele como una carga imposible. Sostiene que, de haberse decidido
oportunamente, el litigio se habría resuelto conforme al precedente de 2014.
Finalmente, invoca los Convenios 95, 100 y 111 de la OIT y el estándar
interamericano de progresividad para sostener que la providencia reproduce un
resultado de signo regresivo.

38. Al confrontar los cargos formulados en la tutela con los argumentos del
recurso de apelación, la Sala advierte que hay una coincidencia sustancial en la
tesis de fondo. En la apelación, el demandante sostuvo que la prima especial del 30
% no podía limitarse a efectos pensionales, porque la sentencia del Consejo de
Estado del 29 de abril de 2014 la había considerado parte integral del salario.
También invocó el artículo 53 de la Constitución y los principios de favorabilidad,
irrenunciabilidad y progresividad, y alegó una inadecuada valoración probatoria del
impacto que la exclusión de ese porcentaje tuvo en la liquidación de las prestaciones
sociales. Esos planteamientos guardan correspondencia con lo alegado en la acción
de amparo, donde se sigue defendiendo la naturaleza salarial de la prima especial,
la violación directa del artículo 53 superior y la incidencia de esa prima en la base
prestacional, con la consecuente reliquidación de las cesantías.

39. No obstante, la Sala observa que en el recurso de apelación nunca se formuló
un argumento puntual dirigido a obtener la aplicación de la sentencia del Consejo
de Estado del 29 de abril de 2014 como el precedente vigente al momento de
presentarse la demanda, con prevalencia sobre pronunciamientos posteriores. En
la apelación, la referencia a esa sentencia se utilizó únicamente como respaldo de
una tesis sobre la naturaleza salarial de la prima especial. Tampoco se planteó
reproche alguno frente a la sentencia de unificación SUJ-016-CE-S2-2019, ni por su
aplicación retroactiva ni por su interpretación, incluida la Regla 3 sobre la
reliquidación de las prestaciones sociales. Esto es especialmente relevante porque
esa posibilidad estaba abierta al apelante. La sentencia de unificación fue expedida
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en 2019, es decir, con anterioridad a la sentencia de primera instancia del 13 de
diciembre de 2024, y esta se apoyó en ella para negar las pretensiones.

40. En efecto, en la ratio decidendi de la decisión de primera instancia en el
medio de control analizado, el Juzgado de manera expresa al fundamentar su
decisión aclaró lo siguiente:

“Aunado a lo anterior, el Consejo de Estado en la sentencia CE-SUJ-016-S2-19 del
02 de septiembre de 201925 unificó jurisprudencia en relación con la prima especial
consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, reiterando que sólo constituye
factor salarial para efectos de pensión de jubilación. Se lee:

“(…) 1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o
asignación básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia,
los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento
y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima
especial sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación. (…)”

41. Por lo tanto, el recurso de apelación era la oportunidad procesal para
cuestionar su aplicación al caso y para explicar por qué debía prevalecer el
precedente vigente cuando se instauró la demanda. Lo mismo ocurre con la mora
judicial. La demanda fue radicada en 2015 y la sentencia de primera instancia solo
se profirió en diciembre de 2024, casi diez años después, de modo que el apelante
conocía plenamente la dilación del trámite y pudo invocarla como fundamento de su
inconformidad, cosa que tampoco hizo.

42. Tal como se advirtió anteriormente, el precedente de esta Sección ha
aclarado que para considerar un asunto como de relevancia constitucional, deben
concurrir por un lado, una carga argumentativa que justifique la vulneración de los
derechos fundamentales, sin que baste su simple aducción, y por otro, que la acción
de tutela no puede convertirse en una instancia adicional al proceso ordinario.

43. Frente al primer criterio, la Sala advierte que la carga argumentativa del
accionante, tanto en la apelación como en la tutela, resulta en varios momentos
abstracta. En el recurso de apelación se invocaron los principios de favorabilidad,
irrenunciabilidad y progresividad del artículo 53 superior, pero se concluyó que su
desconocimiento vulneraba "el principio de estabilidad en las condiciones laborales"
sin explicar cómo la decisión de primera instancia afectaba concretamente esas
garantías.

44. En la acción de amparo, la situación se repite. Se alegan la violación directa
del artículo 53, la primacía de la realidad, la prohibición de menoscabo, el estándar
interamericano de progresividad y los Convenios 95, 100 y 111 de la OIT, sin
embargo, esas referencias se enuncian de forma genérica y no se explica cómo el
contenido de esas normas se proyecta sobre el problema específico de si la prima
especial de servicios y la bonificación por compensación deben integrar la base de
liquidación de las cesantías. Así, la mención de los principios constitucionales se
limita a calificar como regresiva o lesiva la decisión cuestionada, pero no justifica

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suficientemente una afectación autónoma de derechos fundamentales, como lo
exige el criterio de relevancia constitucional.

45. En relación con el segundo criterio, la Sala observa que la acción de tutela
pretende subsanar deficiencias argumentativas del recurso de apelación y, con ello,
convertirse en una instancia adicional del proceso ordinario. Los planteamientos que
sustentan el amparo, esto es, la aplicación del precedente vigente en 2015, la
retroactividad de la sentencia de unificación SUJ-016-CE-S2-2019 y la mora judicial,
pudieron formularse ante el juez de segunda instancia, pero no se hizo. Tampoco
se plantearon allí reproches sobre la interpretación de la SUJ-016-CE-S2-2019 y el
alcance de sus reglas. Además, el fondo de la controversia sigue siendo un debate
de naturaleza legal: la naturaleza salarial de la prima especial y de la bonificación
por compensación, y el alcance de una sentencia de unificación sobre la liquidación
de las cesantías.

46. En esencia, el accionante reprocha que el Tribunal no compartiera su lectura
de esas normas y de esa jurisprudencia. Ese desacuerdo con el resultado de la
interpretación legal no constituye, por sí solo, un asunto de relevancia constitucional,
pues la tutela no puede ser el escenario para completar o mejorar la estrategia
argumentativa que se dejó de desarrollar en el trámite ordinario.

47. La garantía de la segunda instancia no se agota en el derecho de una parte
a que se revise la decisión que le fue adversa. También impone al apelante la carga
de plantear, de manera precisa y oportuna, todos los puntos de inconformidad frente
a lo resuelto en la providencia impugnada, porque es sobre ellos que el juez de
segundo grado delimita su competencia y su pronunciamiento. Por ello, la acción de
tutela no puede convertirse en una tercera instancia en la cual se formulen
cuestionamientos que ya eran conocidos y que pudieron abordarse con claridad en
el recurso de apelación. Aceptarlo desnaturalizaría el carácter excepcional del
amparo contra providencias judiciales y permitiría remediar, por vía constitucional,
omisiones argumentativas de la parte en el trámite ordinario.

48. En conclusión, la Sala advierte que en este asunto no se satisfacen todos los
criterios que integran el requisito de relevancia constitucional. Por una parte, la
carga argumentativa del accionante, tanto en la apelación como en la tutela, se
sustentó en referencias abstractas a principios constitucionales, sin justificar
suficientemente una afectación autónoma de derechos fundamentales. Por otra, la
acción de amparo se dirige a discutir aspectos de naturaleza legal y a plantear
argumentos que pudieron formularse en el recurso de apelación, con lo cual se
pretende convertir el mecanismo constitucional en una instancia adicional del
proceso ordinario. La acción de tutela no puede desnaturalizarse para debatir
asuntos propios de las instancias ordinarias y, menos aún, para corregir las
deficiencias argumentativas del recurso de apelación. Por estas razones, no se
cumple el requisito de relevancia constitucional.

49. En ese orden de ideas, al no prosperar el examen de constitucionalidad
inicial, la Sala se releva de estudiar los demás criterios que conforman las

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exigencias generales de procedencia y las específicas desarrolladas por la
jurisprudencia.

e. Conclusión

50. En síntesis, para el Despacho la acción de tutela es improcedente, teniendo
en cuenta que la parte accionante no cumplió con las cargas argumentativas
necesarias para considerar que el asunto revista relevancia constitucional, llevando
a que el asunto sea considerado como una búsqueda de tercera instancia, aspecto
que expresamente ha sido prohibido en el marco de la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala de Conjueces de la Sección Quinta, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela formulada por Carlos
Hernando Jaramillo Delgado, por intermedio de apoderado judicial, contra el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Transitoria, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente proveído.

SEGUNDO: NOTIFICAR por el medio más expedito y eficaz a las partes y a los
terceros con interés, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de
1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN LOZANO VILLEGAS
Conjuez Ponente

JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA
Conjuez

PEDRO LUIS BLANCO JIMÉNEZ
Conjuez

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Conjuez

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“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx”.

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