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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06993-00

Fecha
24 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06993-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación requerida por el municipio de Palmira. SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por la señora María Jeniz Tafurt Sánchez contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala de Oralidad TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-06993-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

24 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06993-00
Demandante: MARÍA JENIZ TAFURT SÁNCHEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA –
SALA DE ORALIDAD

TEMA: Tutela contra providencia judicial - Requisito de relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta corporación, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

La señora María Jeniz Tafurt Sánchez, por medio de apoderado judicial, radicó
acción de tutela el 31 de agosto de 2026, con el fin de que se le protejan sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, a la tutela judicial efectiva, a la seguridad social y el «principio de
favorabilidad».

Las referidas garantías constitucionales las consideró transgredidas con ocasión de
la decisión de 27 de febrero de 2026, por medio de la cual el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca – Sala de Oralidad, revocó la sentencia de 10 de junio de 2025
proferida por el Juzgado 19 Administrativo del Circuito Judicial de Cali, que había
accedido a las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 76001-33-33-019-2024-00022-00/01 que promovió la
accionante contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio, en adelante FOMAG y el municipio de
Palmira.

1.2. Pretensiones

El accionante presentó las siguientes:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA en
sentencia proferida el día 27 de febrero de 2026, en el expediente radicado
bajo No. 76001-33-33-019-2024-00022-01, transgredió los derechos
fundamentales DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL, PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD Y

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-06993-00
Demandante: María Jeniz Tafurt Sánchez
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala de Oralidad

SEGURIDAD SOCIAL de la señora MARÍA JENIZ TAFURT SÁNCHEZ, por
considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la
ley y los principios superiores.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA dejar sin efectos la providencia
referida en el numeral anterior y se profiera una nueva que evalúe
adecuadamente las pruebas presentadas, a fin de realizar un análisis de fondo
sobre la pretensión tendiente al reconocimiento pensional conforme a la
norma aplicable.1

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión
que se adoptará en esta providencia:

1.3.1. La señora María Jeniz Tafurt Sánchez acreditó los requisitos para el
reconocimiento y pago de su pensión de jubilación bajo el régimen de la Ley 71 de
1988, a saber: 20 años de servicios acumulados en el sector público y privado y, 55
años.

De manera que, el 11 de octubre de 2023 solicitó el reconocimiento y pago de la
referida pensión ante la Nación - Ministerio de Educación Nacional – FOMAG y el
municipio de Palmira, no obstante, no obtuvo respuesta sobre lo pedido, por lo que,
se configuraron dos actos fictos, de 11 y 25 de enero de 2024.

1.3.2. Por consiguiente, la accionante promovió el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional –
FOMAG y el municipio de Palmira, con el fin de que se declare la nulidad de los
actos fictos configurados el 11 y 25 de enero de 2024, por medio de los cuales la
Secretaría de Educación de Palmira y el FOMAG le negaron el reconocimiento y
pago de la pensión de jubilación por aportes, a partir del 10 de febrero de 2022.

Como consecuencia, pidió que se declare que la señora María Jeniz Tafurt Sánchez
tiene derecho a que la parte accionada le reconozca y pague una pensión de
jubilación equivalente al 75% de los salarios y primas recibidas, anteriores al
cumplimiento del status jurídico de pensionada, es decir, desde el 10 de febrero de
2022.

1.3.3. En primera instancia, el proceso le correspondió al Juzgado 19 Administrativo
de Circuito Judicial de Cali, que en sentencia de 10 de junio de 2025 accedió a las
pretensiones de la demanda, y le ordenó al FOMAG que le reconociera y pagara la
pensión de jubilación a la señora María Jeniz Tafurt Sánchez.

Como fundamento de su decisión, se refirió a la sentencia de unificación de 25 de
abril de 2019, respecto del régimen pensional de los docentes oficiales, y luego
analizó la pensión de jubilación por aportes establecida en la Ley 71 de 1988.

1 Transcripción de conformidad con el texto original, con posibles errores.

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Demandante: María Jeniz Tafurt Sánchez
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala de Oralidad

Por su parte, y respecto del caso concreto adujo que «el régimen pensional aplicable
es la Ley 71 de 1988, porque la docente ingresó al servicio educativo antes de la
expedición de la Ley 812 de 2003, esto es, el 12 de febrero de 1996».

Además, señaló que la demandante aportó una declaración de no recibir pensión
que no fue desvirtuada por las demandadas, por lo que se tuvo como demostrado
que, hasta la fecha de presentación de la demanda, no gozaba de pensión alguna.

Asimismo, concluyó que la demandante consolidó su estatus pensional el 23 de
diciembre de 2021, debido a que los 20 años de servicio los cumplió el 22 de
diciembre de 2021 y los 55 años el 31 de julio de 2011, y que «para reconocer la
pensión, en virtud de la Ley 71 de 1988, el juzgado indicó que la demandada deberá
liquidar la pensión de jubilación conforme al 75 % del salario base de liquidación,
que será el salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el año
inmediatamente anterior a la adquisición del estatus, esto es, el 23 de diciembre de
2021».

1.3.4. Inconformes con la sentencia del juzgado, tanto el FOMAG como el municipio
de Palmira interpusieron apelación, recursos que fueron conocidos por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca – Sala de Oralidad, que, en sentencia de 27 de
febrero de 2026, revocó la decisión de 10 de junio de 2025, y en consecuencia
declaró la ineptitud de la demanda y negó las pretensiones del medio de control.

El tribunal adujo que, una vez revisado el expediente, evidenció que en el presente
asunto se descartaba la existencia de un acto ficto o presunto que fuera susceptible
de control judicial por vía de nulidad y restablecimiento del derecho, tal y como se
evidencia a continuación:

Una vez revisado el expediente, se encontró la petición de la actora que presentó el
11 de octubre de 2023 en la página de la Secretaría de Educación del municipio de
Palmira, y la respuesta aportada por la Secretaría de Educación de Palmira, en la que
se le informó a la demandante que: de acuerdo a directriz emitida por Fiduprevisora
(FOMAG) y el Ministerio de Educación Nacional, el cual informan sobre el inicio del
nuevo funcionamiento de radicación de las solicitudes de pensiones, auxilios y otras
prestaciones sociales de los docentes a nivel nacional y la cual entró en vigencia a
partir del día 18/01/2023, es por ello que, a partir de esta fecha, absolutamente todas
las solicitudes de prestaciones sociales docentes se debe realizar de manera virtual
por medio de la plataforma Humano en Línea, la cual tiene acceso cada docente como
usuario de la misma.

Manifestó que, si bien la respuesta emitida por la entidad territorial no fue de fondo,
ello no conllevó a la configuración de un acto ficto negativo. Y no fue así porque la
solicitud no fue presentada válidamente.

Indicó que, al margen de la petición de 21 de octubre de 2023, que la actora envió
al FOMAG y que recibió la Fiduprevisora S.A. el 25 de octubre de 2023, no hubiese
sido respondida, «lo cierto es que de allí tampoco podía surgir acto expreso o ficto
que definiera la situación jurídica y habilitara el control judicial, porque, se insiste, la
petición solo podía presentarse válidamente a través de la herramienta tecnológica
a la que alude el Decreto 942 de 2022 (Humano en Línea)».

Expuso que estaba en presencia de una ineptitud sustantiva de la demanda, por
cuanto la señora María Jeniz Tafurt Sánchez no provocó, al menos no válidamente

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un acto administrativo que definiera la situación jurídica a la que aspiraba: el
reconocimiento pensional con base en la Ley 71 de 1988.

Finalizó indicado que se debía tener en cuenta que «de acuerdo con la
reglamentación existente a la fecha de la solicitud —obligatoria para las entidades
demandadas—, el reconocimiento de derechos pensionales a los afiliados del
FOMAG únicamente procedía por el aplicativo dispuesto para esos fines, de ahí que
las autoridades no estaban en condiciones de acceder o negar el derecho por otros
medios, y que si bien, a la fecha de expedición del fallo, las mismas estaban
suspendidas por orden del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”,
lo cierto es que estaban habilitadas cuando la señora Tafurt Sánchez presentó las
solicitudes».

1.4. Fundamentos de la solicitud

La señora María Jeniz Tafurt Sánchez dijo que la sentencia de 27 de febrero de
2026, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala de Oralidad
puso de presente el auto de 20 de mayo de 2024, emitido dentro del trámite de
control de nulidad con radicado 11001-03-15-000-2023-00327-00, en el que advirtió
que el Decreto 492 de 2022 que imponía el uso de la plataforma Humano en Línea
fue suspendido por el Consejo de Estado, lo cual restringía el ejercicio efectivo de
la petición al limitar los medios disponibles para que los docentes radicaran sus
reclamaciones ante el FOMAG.

Expuso que el condicionamiento fijado en el referido decreto, respecto a la exigencia
de hacer uso única y exclusivamente de la herramienta tecnológica para radicar las
solicitudes de reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de los docentes
o sus familiares, restringe el derecho de petición y, de esta forma, vulnera lo
regulado por la Ley 1755 de 2014, en la medida en que aquellos deben tener la
posibilidad de elegir cómo presentar la solicitud, esto es, de forma verbal o escrita
o cualquier otro medio idóneo que le permita ejercer el derecho fundamental en
mención.

Adujo que «los medios tecnológicos constituyen alternativas que facilitan el acceso
a la administración, pero no pueden convertirse en el único mecanismo para ejercer
el derecho de petición. Ello, por cuanto el mandato constitucional y la interpretación
que el Alto Tribunal ha efectuado sobre su contenido y alcance reconocen la
posibilidad de elegir el medio que se tenga disponible y que resulte accesible en
cada caso, bien sea mediante una solicitud escrita presentada directamente ante la
entidad o a través de las herramientas digitales habilitadas para tal fin».

Asimismo, dijo que el tribunal demandado «se apartó de las reglas constitucionales
que salvaguardan el derecho de petición, pues desconoció que la solicitud
presentada por la actora constituía una forma válida de acudir ante la administración
y, por tanto, debía ser valorada en atención a su contenido y finalidad».

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 1.º de septiembre de 2026, el despacho sustanciador de esta
decisión admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la demandante, así como al
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala de Oralidad, y le otorgó el término
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de dos días para que rindiera el informe de que trata el artículo 19 del Decreto 2591
de 1991.

Como terceros con interés, vinculó al Juzgado 19 Administrativo de Circuito Judicial
de Cali [autoridad que conoció en primera instancia del medio de control objeto de
controversia], a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, al FOMAG, al municipio
de Palmira [parte demandada en el medio de control objeto de controversia] y La
Fiduprevisora S.A., así como a las demás partes, personas y/o entidades que
hubiesen participado en el proceso con radicado 76001-33-33-019-2024-00022-
00/01, para que, si lo consideraban del caso, intervinieran en el presente trámite
tutelar.

De igual forma, ordenó a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado que realizara
una publicación en la página web de la Corporación con la información de la tutela,
con el fin de ponerla en conocimiento de los terceros interesados. También, requirió
a las autoridades judiciales respectivas la remisión digital del expediente del proceso
ordinario donde se dictó la providencia censurada.

1.6. Contestaciones

Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Alcaldía municipio de Palmira

El 7 de septiembre de 2026, el secretario jurídico de la referida entidad territorial
presentó memorial en el que expuso que la tutela es improcedente porque no
cumple los requisitos fijados en la sentencia C-590 de 2005 dado que no supera el
requisito de relevancia constitucional, además, indicó que la sentencia reprochada
no incurrió en algún defecto, dado que la judicatura aplicó las normas vigentes,
obligatorias y amparadas por la presunción de legalidad, y su conclusión fue la
inexistencia de un acto administrativo susceptible de control judicial.

Asimismo, adujo que no existe una vulneración iusfundamental o un perjuicio
irremediable, porque la declaratoria de ineptitud sustantiva de la demanda no hace
tránsito a cosa juzgada material, por lo tanto la accionante puede acudir
nuevamente a la jurisdicción.

Finalmente, adujo que el municipio carecía de legitimación en la causa por pasiva,
puesto que, no profirió la sentencia de 27 de febrero de 2026, del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca – Sala de Oralidad, de manera que, solicitó que
se le desvincule de la presente acción.

1.6.2. Nación – Ministerio de Educación Nacional

En memorial de 7 de septiembre de 2026, una de las abogadas de la oficina asesora
jurídica del ministerio intervino en el presente trámite tutelar e hizo un resumen de
los hechos y pretensiones de esta acción.

De manera que, indicó que es evidente que lo que pretende la parte actora es
debatir una decisión que se adoptó dentro del ámbito procesal, por lo que, la
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providencia judicial reprochada no puede ser excluida del ordenamiento jurídico por
la vía de la tutela, dado que, se desconocería la autonomía e independencia judicial,
así como la presunción de acierto y legalidad.

Asimismo, manifestó que el hecho de que la señora Tafurt Sánchez no esté
conforme con la decisión que tomó el tribunal accionado, no puede servir de base
para abrir la puerta a que la jurisdicción constitucional actúe en reemplazo del juez
natural de la causa.

Expresó que el presente asunto no cumple con el requisito de relevancia
constitucional, por lo que solicitó que se declare la improcedencia.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta corporación es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de
tutela presentada por la señora María Jeniz Tafurt Sánchez contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca – Sala de Oralidad, de conformidad con lo
establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
corporación, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

2.2. Cuestión previa

En su intervención, el municipio de Palmira solicitó ser desvinculado del presente
trámite constitucional.

Pues bien, frente a dicho requerimiento, esta Sección negará la desvinculación,
dado que, la misma fue vinculada como tercera con interés, de modo que, podría
resultar afectada con cualquier decisión que se tome en este trámite.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la
tutela judicial efectiva, a la seguridad social y el «principio de favorabilidad» de la
señora María Jeniz Tafurt Sánchez, los cuales consideró transgredidos por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala de Oralidad, con ocasión de la
decisión de 27 de febrero de 2026, por medio de la cual revocó la sentencia de 10
de junio de 2025 proferida por el Juzgado 19 Administrativo de Circuito Judicial de
Cali, que había accedido a las pretensiones del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 76001-33-33-019-2024-00022-00/01 que
promovió la accionante contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG
y el municipio de Palmira.

Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de
la Sala sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii)
los requisitos adjetivos de procedibilidad, en especial, el de la relevancia

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constitucional y, de encontrarse superado, junto con los demás, (iii) el caso
concreto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 2,
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema3.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales4.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 5, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Análisis de los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Relevancia constitucional

2.5.1.1. La Sala advierte que en el sub examine no se cumple el presupuesto de la
referencia, para lo cual resulta pertinente, en primer lugar, recordar el criterio
adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022, en cuanto a la
procedencia de la acción constitucional de cara a este requisito, así:

40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez
de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Para determinar si este
requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance
de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de

2 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela

• Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth
García González.
3 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
4 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
5 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales. (…) (Énfasis de la Sala)

En segundo lugar, se tiene que esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de
20226 modificó la postura que tenía hasta ese momento sobre el estudio del
requisito de relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales
se hace evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico,
sin que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional.

De esta manera, la Sala planteó que el estudio de la relevancia constitucional debía
estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional y
acogidos por esta Corporación, que en concreto se refieren a:

i) Que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente
la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no
basta que simplemente se aduzca la trasgresión de aquellos;

ii) Que la acción de amparo no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo solo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no
debe ser un debate exclusivamente legal; y

iii) Que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la
tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas
a los jueces ordinarios y el mecanismo constitucional no puede convertirse en una
tercera instancia.

Finalmente, se precisa que la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales expedidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental producto de
una actuación arbitraria.

Así, este requisito no se traduce en la demostración efectiva de la vulneración de
los derechos fundamentales, sino en que se aporten elementos suficientes que
permitan advertir tal situación a primera vista, especialmente cuando se ejerce este
mecanismo constitucional contra una sentencia de un órgano de cierre 7.

2.5.1.2. En este caso, a juicio de la señora María Jeniz Tafurt Sánchez, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca – Sala de Oralidad, transgredió sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la
tutela judicial efectiva, a la seguridad social y el «principio de favorabilidad», dado
que, en la sentencia de 27 de febrero de 2026 decidió revocar la decisión de 10 de
junio de 2025 proferida por el Juzgado 19 Administrativo del Circuito Judicial de Cali,

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de

septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
7 Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.

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para en su lugar, declarar la ineptitud de la demanda y negar las pretensiones del
medio de control.

La accionante puntualmente adujo que no estaba de acuerdo con las razones que
la judicatura enjuiciada expuso para revocar la sentencia del a quo en el marco del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado 76001-33-33-019-2024-00022-00/01 que promovió contra la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, el FOMAG y el municipio de Palmira.

Lo anterior, con fundamento en que el tribunal en el fallo reprochado adujo que, una
vez revisado integralmente el expediente, evidenció que no existían los actos fictos
o presuntos que fueran susceptibles de control judicial en el proceso ordinario, dado
que las solicitudes de reconocimiento y pago de pensión las radicó a través de otro
medio diferente al autorizado por el Decreto 492 de 2022 8, por ende, adujo que no
provocó, válidamente un acto administrativo que definiera la situación jurídica a la
que aspiraba: el reconocimiento pensional con base en la Ley 71 de 1988.

En este punto, la Sala considera que la solicitud de amparo no supera el requisito
de la relevancia constitucional, debido a que la parte actora en su escrito de tutela
demuestra una mera inconformidad con los criterios adoptados y los fundamentos
expuestos por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala de Oralidad en
la decisión de 27 de febrero de 2026.

De modo que, resulta oportuno destacar que el tribunal demandado consideró que,
el caso de la señora Tafurt Sánchez estaba en presencia de una ineptitud sustantiva
de la demanda, por cuanto, el trámite no culminó con la expedición de un acto
administrativo válido que definiera su derecho al reconocimiento pensional.

De igual manera, frente al argumento de que respecto a la exigencia de hacer uso
única y exclusivamente de la herramienta tecnológica para radicar las solicitudes de
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de los docentes o sus familiares,
restringe el derecho de petición y, de esta forma, vulnera lo regulado por la Ley 1755
de 2014, en la medida en que aquellos deben tener la posibilidad de elegir cómo
presentar la solicitud, esto es, de forma verbal o escrita o cualquier otro medio
idóneo que le permita ejercer el derecho fundamental en mención, el tribunal dijo
que si bien, al momento de proferir la sentencia reprochada, el Decreto 492 de 2022
estaba suspendido, lo cierto es que en las fechas en las que la accionante radicó
sus peticiones (11 y 21 de octubre de 2023) el mismo estaba vigente, por ende,
debía radicar sus requerimientos por medio de la plataforma «Humano en Línea».

Así las cosas, la colegiatura evidencia que los reproches planteados por la señora
María Jeniz Tafurt Sánchez reflejan una mera inconformidad con lo decidido por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala de Oralidad en el fallo de 27 de
febrero de 2026, por concluir que no existía válidamente un acto administrativo que
definiera la situación jurídica a la que aspiraba: el reconocimiento pensional con
base en la Ley 71 de 1988, de manera que, se estaba en presencia de una ineptitud
sustantiva de la demanda.

8 Entró en vigor el 18 de enero de 2023.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-06993-00
Demandante: María Jeniz Tafurt Sánchez
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala de Oralidad

En este punto, se recuerda que formular un simple desacuerdo con una decisión
judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unos derechos fundamentales, no
conlleva que el asunto puesto en conocimiento cumpla con el presupuesto bajo
estudio. En estos casos, se requiere que en el escrito inicial medie un ejercicio
argumentativo que permita entrever que la controversia gira en torno al alcance,
contenido o goce de una garantía iusfundamental.

No sobra iterar que, en garantía de los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada
y del respeto por el precedente judicial, la acción de tutela contra providencias
judiciales debe ser rigurosa a la hora de estudiar los requisitos generales de
procedibilidad.

2.6. Conclusión

De acuerdo con lo argumentado, esta Sala de Decisión declarará la improcedencia
de la solicitud de amparo presentada por la señora María Jeniz Tafurt Sánchez
contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala de Oralidad comoquiera
que no se encontró satisfecho el requisito de relevancia constitucional.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación requerida por el municipio de
Palmira.

SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por la señora
María Jeniz Tafurt Sánchez contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca –
Sala de Oralidad

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-06993-00
Demandante: María Jeniz Tafurt Sánchez
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala de Oralidad

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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