Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05153-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05153-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-05153-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
17 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05153-01
Demandante: HÉCTOR PUERTO POLANCO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA, SALA CUARTA DE
DECISIÓN
Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisito de relevancia
constitucional
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve la impugnación elevada por la parte actora contra el fallo de 7 de
julio de 2026, por medio del cual la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado declaró improcedente el mecanismo constitucional de la referencia.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
El señor Héctor Puerto Polanco, mediante apoderado judicial, interpuso acción de
tutela1, con el fin de que se le protejan sus derechos fundamentales al debido
proceso y a la «justicia».
Las referidas garantías superiores las consideró vulneradas con ocasión de la
sentencia de 18 de febrero de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo del Huila,
Sala Cuarta de Decisión, que confirmó parcialmente la decisión de primera instancia
de 30 de octubre de 2024, del Juzgado 404 Administrativo Transitorio del Circuito
Judicial de Neiva, que accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho que presentó contra la Rama Judicial – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, proceso identificado con el radicado 41001-33-
33-004-2022-00550-00/02.
1.2. Pretensiones
Las peticiones deprecadas fueron las siguientes:
Primero: Se amparen los derechos fundamentales a la justicia y al debido proceso de
Héctor Puerto Polanco, bajo el radicado 410013333004-2022-00550-02, y vulnerados
en lo que en adelante llamaremos la Sentencia, esto es la notificada personalmente
el 4 de marzo de 2025 por el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila y dictada
el 18 de febrero de 2025 por los magistrados Ramiro Aponte Pino, Enrique Dussán
Cabrera y Jorge Alirio cortés Soto.
1 El mecanismo constitucional se radicó el 19 de agosto de 2025, en el correo
«tutelaenlinea1@deaj.ramajudicial.gov.co», remitida al día siguiente a esta corporación.
Demandante: Héctor Puerto Polanco
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila, Sala Cuarta de Decisión
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Segundo: Se ordene al Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, sala cuarta de
decisión, dictar sentencia de segunda instancia conforme a derecho bajo el radicado
410013333004-2022-00550-02 y resolver favorablemente el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante Héctor Puerto Polanco.
Tercero: Se orden al Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, sala cuarta de
decisión, modificar la sentencia de segunda instancia, reconocer y pagar al actor
Héctor Puerto Polanco desde el 17 de enero de 2014 lo reconocido a él
favorablemente. Lo hago presentando los siguientes hechos intolerables e
insuperables, solo amparables a través de la presente acción de tutela contra la
Sentencia judicial que negó parcialmente las pretensiones de mi representado2.
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la
decisión que se adoptará en esta instancia:
El 17 de enero de 2017, el señor Héctor Puerto Polanco, en calidad de funcionario
judicial, solicitó a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Neiva el reconocimiento y pago de prima especial equivalente al 30% de la
asignación básica, en los términos del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, lo cual fue
negado por oficio DESAJNEO17-281 del 25 de enero de 2017.
Contra este acto administrativo el accionante interpuso el 1° de febrero de 2017,
recurso de apelación, el cual fue resuelto negativamente mediante la Resolución
RH-6008 de 9 de diciembre de 2021, notificada el 13 de julio de 2022.
Ante el anterior panorama, el 15 de noviembre de 2022, el actor ejerció el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Rama Judicial, del cual
conoció, en primera instancia, el Juzgado 404 Administrativo Transitorio del Circuito
Judicial de Neiva, autoridad judicial que, en sentencia de 30 de octubre de 2024,
accedió a las pretensiones, no obstante, declaró probada parcialmente la excepción
de prescripción en relación con las diferencias salariales y prestacionales causadas
con anterioridad al 19 de noviembre de 2019. Lo anterior, al señalar que, si bien
peticionó a la administración el «16 de enero de 2017», con lo cual interrumpió la
prescripción trienal, lo cierto es que, para la fecha de radicación de la demanda,
ocurrida el 15 de noviembre de 2022, habían transcurrido más de 3 años.
Contra esta decisión las partes interpusieron los respectivos recursos de apelación,
de un lado, la demandada solicitó que se negaran las súplicas, al considerar, entre
otros aspectos, que existía una imposibilidad presupuestal para asumir
obligaciones sin la correspondiente apropiación, en los términos del artículo 71 del
Decreto 111 de 1996; por su parte, el actor deprecó la modificación del ordinal
quinto, para que se ordenara el pago de los años 2014 a 2020, la prima mensual
equivalente al 30% del salario básico, así como la declaración de la prescripción de
los periodos anteriores al 17 de enero de 2014, en su sentir, teniendo en cuenta
que dicha figura procesal se interrumpió con la reclamación administrativa realizada
el 17 de enero de 2017, y no con la presentación de la demanda.
2 Transcripción de conformidad con el texto original con posibles errores.
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Demandante: Héctor Puerto Polanco
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El Tribunal Administrativo del Huila, Sala Cuarta de Decisión, en fallo de 18 de
febrero de 2025, confirmó la providencia del a quo, sin embargo, después de
referirse al tema de la prescripción en materia de acciones laborales ejercidas por
empleados públicos y trabajadores oficiales precisó que, el demandante tenía
derecho al reconocimiento y pago de la prima especial consagrada en el artículo 14
de la Ley 4ª de 1992, a partir del 1° de julio de 2007, fecha de su exigibilidad, pero
desde el 15 de noviembre de 2019, por efectos de la prescripción trienal.
Lo anterior, comoquiera que, según señaló, la petición administrativa se realizó el
«16 de enero de 2017» y, la demanda se radicó el 15 de noviembre de 2022, es
decir, después de trascurridos 3 años de la presentación de la reclamación ante la
administración. En ese orden, modificó el ordinal quinto de la resolutiva de la
decisión de primer grado, en el sentido de indicar que el reajuste ordenado, por
efectos de la prescripción trienal, es a partir del 15 de noviembre de 2019 y no desde
el 19 del mismo mes y año, como se había dispuesto en primera instancia.
1.4. Fundamentos de la solicitud
La parte actora, después de referirse al cumplimiento en su caso de los requisitos
generales de procedibilidad, alegó que la autoridad judicial accionada incurrió en los
defectos fáctico, sustantivo y de desconocimiento de precedente.
Frente al primer yerro, advirtió que el tribunal, pese a que se le advirtió en el recurso
de apelación el precedente aplicable, tergiversó la jurisprudencia de la Corte
Constitucional referida a la prescripción de derechos laborales, en concreto, la
sentencia C-792 de 2006, según la cual, dicha figura procesal solo se inicia una vez
la administración contesta efectivamente la petición y no, desde la presentación de
la demanda, además de que, conforme a dicha providencia, el agotamiento de la
reclamación administrativa por silencio negativo, es optativo para el administrado.
En cuanto al segundo reparo, indicó que el tribunal accionado aplicó indebidamente
los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, así como el artículo 94 del Código
General del Proceso, pues interpretó que la prescripción se contabilizaba a partir de
la radicación de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ocurrida el
15 de noviembre de 2022, y no con la formulación de la reclamación ante la
administración. En su sentir, este yerro se configuró porque se dejó de aplicar, sin
ningún fundamento, la jurisprudencia constitucional de control abstracto de leyes
procesales laborales.
Asimismo, porque dichas normas no gobernaban su situación, pues adujo que
esperó válidamente 5 años a que la Rama Judicial se pronunciara respecto del
recurso de apelación, lo cual le fue puesto en conocimiento el 13 de julio de 2022,
cuando le fue notificado el respectivo acto administrativo, luego, la prescripción
debía contabilizarse desde el 16 de enero de 2017.
Finalmente, indicó que el Tribunal Administrativo del Huila desconoció lo dispuesto
en la sentencia C-792 de 2006, de la Corte Constitucional, en punto a que, mientras
la entidad administrativa no responda la petición, de la cual hace parte el recurso de
apelación, no corre el término de la prescripción, pues esta inicia su contabilización
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a partir de la respuesta efectiva, pues, es optativo para el administrado demandar
durante la ocurrencia del silencio.
1.5. Trámite de la acción
Mediante auto de 5 de septiembre de 2025, el a quo constitucional admitió la
solicitud de amparo y ordenó notificar a la parte actora y a la autoridad judicial
accionada. Asimismo, como tercero con interés vinculó a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.
Por providencia de 8 de abril de 2026, se declaró fundada la manifestación de
impedimento formulada de forma conjunta por los magistrados Adriana Polidura
Castillo y Nicolás Yepes Corrales, al advertirse la existencia de un interés directo o
indirecto en la actuación procesal.
1.6. Intervenciones
Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentaron las siguientes manifestaciones:
1.6.1. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
La referida entidad, después de referirse a su naturaleza técnica y administrativa de
la Rama Judicial y de precisar que la tutela estaba dirigida contra la providencia
dictada por el Tribunal Administrativo del Huila, solicitó su desvinculación por falta
de legitimación en la causa por pasiva.
1.6.2. Tribunal Administrativo del Huila, Sala Cuarta de Decisión
El magistrado ponente de la sentencia censurada solicitó la negativa de la solicitud
de amparo, pues, según informó, en dicha providencia se analizó en su integridad
el acervo probatorio, además se aplicó la jurisprudencia y la normatividad que
gobernaba el caso, por lo que no resulta procedente admitir que se haya vulnerado
algún derecho fundamental del demandante.
1.6.3. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva
La Dirección en comento pidió la declaratoria de improcedencia de la acción
constitucional por falta de relevancia constitucional, en atención a que lo advertido
era una inconformidad que ya fue resuelta en las dos instancias del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho.
1.7. Fallo impugnado
Mediante sentencia de 7 de julio de 2026, la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
Advirtió el a quo que lo pretendido por el tutelante era reabrir un debate que ya fue
zanjado por los jueces naturales del asunto en el que, además, se valoraron los
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documentos aportados. Luego, indicó que, lo reflejado era una inconformidad con
el sentido del fallo y, un intento de convertir la acción de tutela en una tercera
instancia.
En ese orden, precisó que el actor alegó la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales en atención a que el tribunal contabilizó la prescripción trienal desde
la radicación de la demanda y no desde la presentación de la reclamación
administrativa, con lo cual, en su sentir, desconoció la regla fijada en la sentencia
C-792 de 2006, de la Corte Constitucional, según la cual, mientras la administración
no conteste la petición, no corre termino prescriptivo alguno.
No obstante, después de transcribir apartes de la sentencia cuestionada, encontró
que el tribunal explicó la forma en que debía, conforme a la postura pacífica de las
subsecciones de la Sección Segunda del Consejo de Estado, establecerse el
fenómeno prescriptivo en el caso concreto, según la cual la demora o falta de
respuesta de la administración no suspendía el plazo para interponer la acción, en
tanto la normativa procesal contemplaba la figura jurídica del silencio negativo.
Luego lo anterior, concluyó que no se evidenciaba la trasgresión de prerrogativas
superiores, sino una discrepancia del accionante con el ejercicio legítimo de la
función jurisdiccional, en el que además, se le había reconocido el pago de la prima
especial del 30%, aspecto de carácter netamente económico que escapa a la
competencia del juez de tutela.
1.8. Impugnación
La parte actora alegó que la vulneración de sus derechos fundamentales sí presenta
relevancia constitucional y, en ese orden, iteró los argumentos expuestos en el
escrito introductorio, en particular, que se había incurrido en una vía de hecho al
haber declarado la prescripción teniendo en cuenta para su contabilización la fecha
de presentación de la demanda y no la de la radicación de la reclamación
administrativa, ignorando que, mientras la administración no resuelva de forma
definitiva la petición, lo cual incluye el recurso de apelación, el término prescriptivo
se encuentra suspendido.
Insistió que, en su caso, esto ocurrió el 13 de julio de 2022, cuando le fue notificado
el acto administrativo que resolvió el recurso de apelación y con lo cual se culminó
el trámite administrativo, pues, conforme a la sentencia C-792 de 2006, decidió
esperar la respuesta a su petición, hipótesis en el cual, no corre el término de la
prescripción.
1.9. Trámite en segunda instancia
Mediante auto de 31 de agosto de 2026, se dispuso la vinculación formal del
Juzgado 404 Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Neiva (o de la
autoridad judicial que quedó a cargo del expediente del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho donde se dictó la providencia censurada) en calidad
de tercero dado el interés que le puede asistir, así como la de poner en conocimiento
de dicho despacho la nulidad saneable, para que se pronunciara sobre la misma,
frente a lo cual se guardó silencio.
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1.10. Manifestación de impedimento
El despacho sustanciador presentó proyecto de fallo a la Sala, no obstante, el 17 de
septiembre de 2026, la magistrada Gloria María Gómez Montoya manifestó estar
impedida para conocer del asunto de la referencia con fundamento en la causal
consagrada en el numeral 1. ° del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.
Sin embargo, mediante auto de 17 de septiembre de 2026, el magistrado ponente
declaró infundado el mencionado impedimento.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la impugnación interpuesta por la
parte actora, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021 y los Acuerdos 080 de 2019 y 434 de 2024,
de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Cuestión previa
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó la desvinculación del
trámite constitucional por falta de legitimación en la causa por pasiva, frente a lo
cual, y en atención a que el a quo no realizó pronunciamiento al respecto, la Sala
dispondrá su negativa, en tanto su comparecencia en esta instancia constitucional
es como tercero, dado el interés que le puede asistir, y no como parte demandada.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse el
fallo de primera instancia de 7 de julio de 2026, de la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado que declaró improcedente el mecanismo de
protección superior presentado por el señor Héctor Puerto Polanco, ante la falta de
cumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, (ii) los requisitos de
procedibilidad adjetiva, en especial el de relevancia constitucional y, de superarse,
junto con los demás, (iii) el caso concreto.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20123,
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de
3 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela
• Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth
García González.
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la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma instancia habían adoptado posturas diversas sobre el tema4.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la viabilidad del mecanismo superior contra decisiones de los jueces5.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 6, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, sobre la referida temática.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
2.5.1. Relevancia constitucional
2.5.1.1. La Sala advierte que en el caso sub examine, de conformidad con lo
señalado por el a quo constitucional, no se cumple el presupuesto de la referencia,
para lo cual resulta pertinente recordar el criterio adoptado por la Corte
Constitucional en la SU-215 de 2022, en cuanto a la procedencia de la acción de
amparo de cara a este requisito, así:
40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez
de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Para determinar si este
requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance
de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales (…).
(Énfasis de la Sala)
En segundo lugar, se tiene que esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de
20227, modificó la postura que tenía hasta ese momento sobre el estudio del
requisito de relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales
4 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
5 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”.
6 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de
septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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se hace evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico,
sin que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un análisis de fondo respecto
de una posible vulneración de una garantía superior.
De esta manera, la Sala planteó que el examen de dicha exigencia debía estar
acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional y acogidos
por esta Corporación, que en concreto se refieren a:
i) Que el actor cumpla su carga argumentativa, en la que justifique suficientemente
la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no
basta que simplemente se aduzca la trasgresión de aquellos;
ii) Que la acción de amparo no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo solo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no
debe ser un debate exclusivamente legal; y
iii) Que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la
tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas
a los jueces ordinarios y el mecanismo constitucional no puede convertirse en una
tercera instancia.
Finalmente, se precisa que la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales expedidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la decisión atacada se presenta
una afectación desproporcionada a un derecho fundamental producto de una
actuación arbitraria.
Así, dicho requisito no se traduce en la demostración efectiva de la vulneración de
las prerrogativas superiores, sino en que se aporten elementos suficientes que
permitan advertir tal situación a primera vista, especialmente cuando se ejerce este
mecanismo constitucional contra una sentencia de un órgano de cierre.
2.5.1.2. Ahora, en el caso objeto de estudio, la solicitud de amparo presentada por
el tutelante, como se indicó en precedencia, no satisface el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que, en primer lugar, las inconformidades planteadas no
contienen la carga argumentativa necesaria que dé cuenta de las razones del por
qué el asunto requiere la intervención del fallador de esta sede; es decir, no tienen
la entidad o trascendencia para aplicar, interpretar o desarrollar mandatos
constitucionales.
En efecto, si bien la parte actora alegó la configuración de los defectos fáctico,
sustantivo y de desconocimiento de precedente, lo cierto es que no satisfizo la carga
desde la perspectiva constitucional, según lo establecido en la referida sentencia de
unificación de la Corte Constitucional, SU-215 de 2022, pues el debate planteado
en esta instancia se circunscribe a un simple desacuerdo con el análisis probatorio
e interpretación y la aplicación normativa realizadas por la autoridad judicial
accionada.
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Lo anterior, cimentado, básicamente, en que el Tribunal Administrativo del Huila,
Sala Cuarta de Decisión, para contabilizar el término de la prescripción tomo como
fecha de partida el 15 de noviembre de 2022, esto es, cuando se radicó la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho, y no la de la presentación de la
reclamación administrativa, ocurrida el 17 de enero de 2017, con lo cual desconoció
la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en especial la sentencia C-792 de 2006,
según la cual, dicha figura procesal solo empieza a contabilizarse una vez la
administración contesta efectivamente la petición y no, desde la presentación de la
demanda, además que, conforme a dicha providencia, el agotamiento de la
reclamación administrativa por silencio negativo, es optativo para el administrado.
Se reitera que la afirmación consistente en que se vulneraron sus prerrogativas
superiores al debido proceso y a la «justicia», no conlleva que el asunto puesto en
conocimiento del juez de tutela revista necesariamente de relevancia constitucional,
pues para ello se requiere que en el escrito inicial medie un ejercicio hermenéutico
y argumentativo que permita vislumbrar que la controversia gira en torno al alcance,
contenido o goce de un derecho fundamental. Esto, ya que la competencia de este
operador judicial se restringe a la protección efectiva de las garantías
constitucionales y no a problemas de carácter legal o a estudiar una mera
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales.
La carga argumentativa a la cual hace alusión la Corte Constitucional no se satisface
simplemente con enunciar y transcribir artículos de la Constitución Política o realizar
manifestaciones genéricas para cumplir el mencionado ejercicio, sino que dicha
labor comprende un ejercicio de sustentación mucho más profundo.
En el escrito contentivo de la tutela, se advierte el reparo a la decisión de segunda
instancia a partir de la configuración de determinados defectos, pero huérfano de
una línea conceptual iusfundamental que permita al juez desarrollar, interpretar o
aplicar la Carta Política respecto al caso concreto.
De otra parte, es claro que la parte accionante busca en este escenario judicial que
el juez constitucional desplace al operador ordinario del asunto, para obtener la
valoración de las pruebas y la interpretación y aplicación de las normas en la forma
que a él le parece correcta. Es decir, en otros términos, pretende a través del
mecanismo constitucional crear una instancia adicional, en la que se estudien
nuevamente los cargos que ya fueron zanjados por los operadores judiciales
ordinarios y, además obtener una decisión favorable.
Se recuerda que en materia de tutelas contra providencias judiciales le está vedado
al juez del amparo inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de los jueces
naturales de la causa; por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en las
consideraciones de raigambre constitucional esgrimidas por la parte actora dentro
del trámite de tutela, toda vez que si se analizaran solo los motivos de dicho extremo
frente a la apreciación jurídica del proceso contencioso expuestos en la solicitud de
amparo sin el debido contraste de un indebido e irracional estudio por parte de la
autoridad judicial, ello atentaría contra el principio de autonomía judicial y así, en
últimas, se convertiría el mecanismo de amparo en una tercera instancia.
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Demandado: Tribunal Administrativo del Huila, Sala Cuarta de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05153-01
Esto, por cuanto, el tema referido a la contabilización de la figura procesal de la
prescripción fue analizado en la providencia censurada de segunda instancia,
cuando, de una parte, se precisó, con sustento en jurisprudencia del Consejo de
Estado, que la prescripción en materia de acciones laborales de empleados públicos
o trabajadores oficiales estaba regulada en los artículos 41 y 102 de los Decretos
3135 de 1968 y 1848 de 1969, respectivamente, además de que, la demora o falta
de resolución de los recursos en la actuación administrativa no modificaba el plazo
para la interposición de la demanda luego de interrumpida la prescripción, pues, el
artículo 86 de la Ley 1437 de 2011, consagraba la ocurrencia del silencio negativo
después de 2 meses de la falta de su atención, lo cual permitía acudir a la
jurisdicción.
Por otro lado, se advirtió que, conforme a la sentencia de unificación de 2 de
septiembre de 20198, para la contabilización de la prescripción para reclamar el
derecho a la prima especial de servicios, se tendría en cuenta la fecha de
presentación de la reclamación administrativa, de conformidad con los Decretos
3135 de 1998 y 1848 de 1969.
Asimismo, el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Cuarta de Decisión, en cuanto
a la aplicación de la jurisprudencia de la Corte Constitucional pretendida por el
demandante, se pronunció así:
En ese punto, la Sala se permite acotar que, sin perjuicio de la interpretación que la
Corte Constitucional hubiese efectuado sobre el artículo 6° del Código Procesal del
Trabajo –traída a colación por el apoderado actor en el escrito de apelación–, el
Consejo de Estado, en calidad de tribunal de cierre de la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa, precisó los alcances de la presentación de la reclamación
administrativa y del fenómeno prescriptivo en materia laboral, en los términos ya
expuestos.
Dicha postura, aún cuando no haya adoptada en sede de unificación, ha sido acogida
por las dos subsecciones que integran la Sección Segunda del Consejo de Estado19.
Es decir, que no ha existido disparidad de criterios al interior del órgano colegiado que
se encarga de resolver los asuntos laborales y pensionales que se presentan con el
Estado.
Luego, se itera, lo pretendido por el accionante es que se realice nuevamente, en
este escenario, el análisis de dicho tópico, lo cual resulta notoriamente
improcedente, comoquiera que no le está permitido al juez de la acción de amparo
constitucional inmiscuirse en los asuntos que le son propios del administrador de
justicia que conoce del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
No sobra iterar que, en garantía de los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada
y del respeto por el precedente judicial, el estudio de los requisitos generales de
procedibilidad la acción de tutela contra providencias judiciales debe ser riguroso.
8 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN
SEGUNDA, SALA PLENA DE CONJUECES, Consejero Ponente: Carmen Anaya De Castellanos,
providencia del dos (2) de septiembre de dos mil diecinueve (2019). Radicación número: 41001-23-
33-000-2016-00041-02(2204-18), Actor: Joaquín Vega Pérez.
10
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Demandante: Héctor Puerto Polanco
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila, Sala Cuarta de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05153-01
2.6. Conclusión
Con fundamento en los anteriores argumentos, se confirmará la sentencia de la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado que declaró
improcedente el presente mecanismo constitucional, por falta de acreditación del
requisito de relevancia constitucional.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación elevada por la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial.
SEGUNDO: CONFIRMAR el fallo de 7 de julio de 2026, proferido por la Subsección
C de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Ausente en comisión de servicios
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
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11
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