Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2026-01494-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2026-01494-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-15-000-2026-01494-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
24 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 25000-23-15-000-2026-01494-01
Demandante: ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
Demandado: JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE ZIPAQUIRÁ
Temas: Tutela contra providencia judicial. Revoca decisión que negó el
amparo solicitado. Declara improcedencia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA SOLICITUD
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia de 19 de agosto de 2026, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F negó el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad del extremo actor.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
La sociedad ENEL Colombia S.A. E.S.P., a través de apoderado judicial, presentó
acción de tutela1 contra el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de
Zipaquirá, con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y a la seguridad jurídica.
Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de los
autos de 20 de noviembre de 2025 2, 5 de marzo3 y 9 de abril de 20264, dictados por la
autoridad judicial accionada.
1 Con escrito presentado el 5 de agosto de 2026, a través del aplicativo web de recepción de tutelas y
habeas corpus en línea y enviado en la misma f echa a la Secretaría General del Consejo de Estado por
el juez coordinador del Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados Penales Municipales de
Zipaquirá.
2 Mediante el cual se admitió y tuvo por presentado el dictamen pericial elaborado por el auxiliar de la
justicia Juan Carlos Oquendo Villacrez.
3 En esa f echa se dictaron 2 autos: (i) a través del cual se resolvió no reponer la providencia de 20 de
noviembre de 2025, y (ii) por el cual se negó una solicitud de nulidad.
4 Por medio del que se resolvió no reponer el auto que negó la solicitud de nulidad.
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Demandante: ENEL Colombia S.A. E.S.P.
Demandado: Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Zipaquirá
Radicado: 25000-23-15-000-2026-01494-01
Lo anterior, en el marco del proceso de controversias contractuales iniciado por el
municipio de Cajicá contra ENEL Colombia S.A. E.S.P. (en adelante ENEL), que se
identificó con el radicado 25899-33-33-001-2023-00271-00.
1.2. Pretensiones
La parte actora solicitó:
PRIMERA: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso (Art. 29 C.P.), a
la igualdad procesal (Art. 13 C.P.), al derecho de contradicción y al principio
constitucional de la seguridad jurídica y preclusión procesal, en favor de mi
representada, ENEL COLOMBIA S.A. ESP.
SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS las siguientes providencias y
actuaciones surtidas por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de
Zipaquirá, al interior del medio de control de Controversias Contractuales con radicado
No. 25899 – 33 – 33 – 001 – 2023 – 00271 – 00:
• El Auto del 20 de noviembre de 2025, específicamente en su numeral tercero,
mediante el cual se tuvo por presentado oportunamente el dictamen pericial rendido
por el ingeniero Juan Carlos Oquendo Villacrez.
• El Auto del 5 de marzo de 2026 (Auto No. 2025-00262), mediante el cual el
Despacho accionado resolvió no reponer la decisión del 20 de noviembre de 2025,
manteniendo en firme la admisión y oportunidad del dictamen pericial extemporáneo.
• El Auto del 5 de marzo de 2026 (Auto No. 2026-00263), providencia independiente
a través de la cual el Juzgado negó la solicitud de nulidad procesal formulada por
esta representación frente a la incorporación de dicha prueba.
• El Auto del 9 de abril de 2026 (Auto No. 2026-0421), a través del cual se decidió
no reponer la providencia que negó el incidente de nulidad procesal formulado por
esta representación, auto del 05 de marzo de 2026 (Auto No. 2026-00263).
• Como consecuencia ineludible de lo anterior, declarar la pérdida de f uerza ejecutoria
por sustracción de materia de las actuaciones procesales subsiguientes, incluyendo
el Auto del 14 de mayo de 2026 (Auto No. 2026-00563). Si bien dicha providencia
accedió válidamente a la solicitud elevada por esta representación procesal para
ejercer la contradicción del dictamen pericial que aportó el municipio de Cajicá, el
término concedido pierde su objeto, sustento y razón de ser al eliminarse el dictamen
pericial extemporáneo que lo originó.
TERCERO: ORDENAR al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de
Zipaquirá que, en el término perentorio e improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas
contadas a partir de la notificación del fallo de tutela, proceda a proferir una nueva
providencia que reemplace la del 20 de noviembre de 2025. En esta nueva decisión, el
Juzgado deberá RECHAZAR por extemporáneo el dictamen pericial aportado por el
auxiliar de la justicia Juan Carlos Oquendo Villacrez, ordenando su inmediata exclusión
del acervo probatorio al haber operado de pleno derecho el fenómeno de la preclusión
procesal.
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Demandante: ENEL Colombia S.A. E.S.P.
Demandado: Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Zipaquirá
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1.3. Hechos
De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se
adoptará en esta providencia:
El municipio de Cajicá presentó una demanda en ejercicio del medio de control de
controversias contractuales contra ENEL, con el fin de que se declarara que entre las
partes existió un contrato de concesión de alumbrado público, que el municipio cumplió
íntegramente las obligaciones a su cargo y que efectuó pagos superiores a los
realmente adeudados por concepto de inversión en la infraestructura de alumbrado
público. En consecuencia, solicitó la liquidación judicial del contrato y la restitución
debidamente actualizada de los valores pagados en exceso.
A la demanda le fue asignado el radicado 25899-33-33-001-2023-00271-00 y
correspondió por reparto al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de
Zipaquirá; autoridad judicial que mediante auto de 3 de noviembre de 2023 admitió la
demanda.
En virtud del acuerdo PCSJA23-12125 de 19 de diciembre de 2023 del Consejo
Superior de la Judicatura que ordenó la creación del Juzgado Tercero Administrativo
del Circuito Judicial de Zipaquirá, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito
Judicial de Zipaquirá ordenó la remisión del expediente al primero. Así, por auto de 23
de mayo de 2024 la autoridad judicial accionada avocó el conocimiento del caso.
Luego, el 28 de enero de 2025 5 se celebró la audiencia de que trata el artículo 180 de
la Ley 1437 de 2011 y, entre otras cosas, el Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito Judicial de Zipaquirá ordenó el decreto de la prueba pericial pretendida por la
demandante6, en los siguientes términos:
5 En dicha audiencia se concedió en ef ecto devolutivo el recurso de apelación interpuesto contra el
ordinal tercero del auto de 28 de enero de 2025, relacionado con la negativa en el decreto de los
testimonios de los señores Henry Leonardo Olarte, Claudia Raquel Neira y Nancy Sanabria. A través
de providencia de 11 de abril de 2025, la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca conf irmó el auto de 28 de enero de 2025.
6 En el acta de la audiencia se dejó establecido lo siguiente: «DICTAMEN PERICIAL
La parte demandante solicita la práctica de dictamen pericial a f in de establecer los siguientes aspectos:
• Los valores pagados por el Municipio de Cajicá en virtud del contrato de arrendamiento -uso de la
inf raestructura de alumbrado público celebrado entre CODENSA S.A. ESP y el Municipio de Cajicá.
• Aplicación del modelo f inanciero del contrato de concesión al contrato de arrendamiento -uso de la
inf raestructura de alumbrado público celebrado entre CODENSA S.A. ESP y el Municipio de Cajicá.
• Las consecuencias de la aplicación del modelo f inanciero del contrato de concesión al contrato de
arrendamiento-uso de la inf raestructura de alumbrado público celebrado entre CODENSA S.A . ESP y
el Municipio de Cajicá, a través de las proyecciones año tras año.
• De qué manera af ecta el inventario la carga del consumo de energía, según el tipo de tecnología.
• Demás aspectos técnicos relevantes conf orme a los hechos y pretensiones expuesto s en la demanda».
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Así las cosas, será decretada y como quiera que no existen listados vigentes de
auxiliares de justicia, se impone la carga procesal al demandante, para que en el término
de 10 días contados a partir de la celebración de la presente audiencia aporte 3
hojas de vidas de profesionales expertos en el tema y que puedan rendir el dictamen,
siempre que acrediten el cumplimiento de los requisitos consagrados en el artículo 219
L. 1437/2011 y 226 de la L. 1564/2012, a fin de que ser analizados por la suscrita con
el objeto de designar el profesional que ha de rendir la pericia. Los gastos deberán ser
asumidos por la parte demandante, quien solicita la prueba. Se advierte que, de no
cumplirse con la carga procesal aquí impuesta, se tendrá por desistida la solicitud
probatoria.
La parte demandante solicitó que se le otorgara un término de quince días para allegar
las hojas de vida de los profesionales, por lo que el juzgado ordenó lo siguiente:
SEXTO: DECRETASE la prueba pericial pedida por el demandante, para lo cual se le
concede el término de 15 días para que se aporte 3 hojas de vidas de profesionales
expertos en el tema y que puedan rendir el dictamen, a fin de que sean analizados por
la suscrita con el objeto de designar el perito encargado de realizar el estudio requerido.
De no hacerlo en el referido término, se tendrá por desistida esta prueba.
Mediante auto de 6 de marzo de 2026, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito
Judicial de Zipaquirá designó como perito al ingeniero Juan Carlos Oquendo Villacrez,
quien se posesionó el 14 de marzo de 2025. En esa misma providencia se le advirtió
al designado que «el término para la elaboración del dictamen pericial es de 60 días,
que empezarán a contarse a partir de la acreditación del pago 7 de los gastos fijados».
A través de providencia de 3 de julio de 2025, la autoridad judicial accionada: (i) requirió
a las partes para que le prestaran colaboración al auxiliar de la justicia y allegaran los
documentos allí requeridos, y (ii) accedió a la solicitud de ampliación del término
inicialmente otorgado al perito y le concedió «un término no mayor de cuarenta (40)
días hábiles, contados desde el día siguiente a aquel en que reciba de las partes la
documental requerida».
El 4 de septiembre de 2025, el juzgado accionado requirió a ENEL para que acreditara
la remisión de la documentación solicitada por el perito, tenido en cuenta que el conteo
del término para presentar el informe empezaba a correr a partir del día siguiente 8 al
recibo de los informes.
El 11 de noviembre de 2025, el señor Juan Carlos Oquendo Villacrez solicitó9
nuevamente la ampliación del término concedido, mientras que el apoderado de ENEL
se opuso10 a tal pretensión.
7 De conf ormidad con los documentos obrantes en Samai, el pago se hizo el 28 de marzo de 2025.
8 De conf ormidad con los documentos obrantes en Samai, ENEL envió la documentación al perito el 12
de septiembre de 2025.
9 Índice 58 de Samai. Hora de radicación del memorial 10:15:04.
10 Índice 59 de Samai. Hora de radicación del memorial 16:55:11.
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En la misma fecha, el secretario del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito
Judicial de Zipaquirá ingresó el expediente al despacho 11 con la anotación del
vencimiento del término de 11 de noviembre de 2025 y la siguiente observación:
Último auto notificado a través de estado electrónico mediante la plataforma SAMAI, y
remitido mensaje de datos de que trata art. 201 Ley 1437/11 (ver micro sitio
www.ramajudicial.com)
Ingresa al despacho, junto con solicitud de ampliación de termino para rendir dictamen,
el termino para rendirlo se vence el día 11 de noviembre de 2025, pdf 57. Igualmente,
se allega oposición a la ampliación del término, pdf 58. Así mismo, se incorpora decisión
de segunda instancia del auto dictado en audiencia, pdf 5612.
El 18 de noviembre de 2025, el señor Juan Carlos Oquendo Villacrez allegó el
dictamen pericial 13, el cual ingresó al despacho al día siguiente.
Con auto de 20 de noviembre de 2025, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito
Judicial de Zipaquirá resolvió: (i) obedecer y dar cumplimiento a lo resuelto por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, en
providencia de 11 de abril de 202514; (ii) negar la solicitud de prorroga presentada por
el perito, (iii) tener por presentado oportunamente el dictamen pericial allegado por el
señor Oquendo Villacrez, y (iv) correr traslado de este por quince días conforme el
artículo 219 de la Ley 1437 de 2011.
Ello con fundamento en las consideraciones que se trascriben a continuación:
En ese orden, el Despacho encuentra que el término judicial otorgado al perito, suma
un total de 100 días hábiles, resulta suficiente y necesario para allegar el dictamen
pericial decretado, por lo cual, y conforme lo dispone la misma norma, no es viable ni
legal acceder a la solicitud de prórroga efectuada por el perito Juan Carlos Oquendo
Villacrez el 11 de noviembre de 2025, y en ese sentido se negará tal pedido.
Ahora bien, el Despacho debe advertir que, como el término total concedido al perito
para rendir el dictamen pericial vencía el 11 de noviembre de 2025, este se vio
interrumpido por cuanto el expediente se ingresó al Despacho esa misma fecha, por tal
razón, se advierte que una vez se notifique la presente providencia, el perito cuenta con
un día hábil siguiente para presentar el dictamen pericial encargado.
No obstante, advierte esta Judicatura que, estando el expediente al Despacho, el 18 de
noviembre de 2025, el perito Juan Carlos Oquendo Villacrez allegó el dictamen pericial
decretado en audiencia inicial. En ese sentido, como se advirtió con antelación el
término para presentar la pericia se vio interrumpido por el ingreso del proceso al
Despacho, por lo tanto, esta prueba se tendrá por presentada de forma oportuna y
conforme lo dispone el artículo 219 de la L. 1437/2011, se correrá el debido traslado a
las partes por el término de 15 días hábiles, vencido este deberá ingresarse al Despacho
el expediente con el fin de determinar la fijación de la fecha para llevar a cabo la práctica
de pruebas correspondiente.
11 Según se observa en el índice 60 de Samai la actuación f ue registrada a las 18:11:03.
12 Transcripción literal del texto original con posibles errores.
13 Índice 65 de Samai.
14 A través del cual se conf irmó el auto de 28 de enero de 2025 que, entre otras cosas, negó el decreto
de los testimonios de los señores Henry Leonardo Olarte, Claudia Raquel Neira y Nancy Sanabria.
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ENEL presentó recurso de reposición con tra la anterior decisión, el cual fue resuelto
desfavorablemente por la autoridad judicial accionada mediante auto de 5 de marzo
de 2026. Para llegar a esta conclusión, citó el artículo 109 15 de la Ley 1564 de 2012 y
consideró que esta normativa no podía igualarse a las actuaciones encomendadas a
terceros, como es el caso de los auxiliares de la justicia, qu ienes son ajenos a la
contienda judicial.
Así mismo, puso de presente que el acuerdo PSAA11-8125 de 16 de mayo de 2011
que aludió el demandado solo indicó el horario laboral de los despachos judiciales,
pero no precisó la oportunidad de radicación de pruebas periciales cuando están a
cargo de auxiliares de la justicia.
Consideró que no podía aplicar el artículo 109 de la Ley 1564 de 2012 y que ante la
ausencia de norma especial que regulara la situación, acudiría al artículo 60 de la Ley
4ª de 191316 que establece que «[c]uando se dice que un acto debe ejecutarse en o
dentro de cierto plazo, se entenderá que vale si se ejecuta antes de la media noche en
que termina el último día del plazo».
Por lo tanto, dispuso que como el plazo se vencía el 11 de noviembre de 2025 y ese
mismo día el expediente ingresó al despacho, el término se vio interrumpido y que se
consideraba garantista contar un día hábil para la presentación del dictamen. En ese
sentido, como estando el proceso al despacho el perito allegó el informe, se tuvo por
presentado en término.
De otro lado, ENEL radicó una solicitud de nulidad que fue resuelta negativamente por
la autoridad judicial través de providencia de 5 de marzo de 2026, al destacar que la
causal invocada por la parte demandada no estaba contemplada el artículo 133 de la
Ley 1564 de 2012.
15 «Artículo 109. Presentación y trámite de memoriales e incorporación de escritos y
comunicaciones. El secretario hará constar la f echa y hora de presentación de los memoriales y
comunicaciones que reciba y los agregará al expediente respectivo; los ingresará inmediatamente al
despacho solo cuando el juez deba pronunciarse sobre ellos f uera de audiencia. Sin embargo, cuando
se trate del ejercicio de un recurso o de una f acultad que tenga señalado un término común, el secretario
deberá esperar a que este transcurra en relación con todas las partes. […]
Los memoriales, incluidos los mensajes de datos, se entenderán presentados oportunamente si son
recibidos antes del cierre del despacho del día en que vence el término ».
16 «Artículo 60. Cuando se dice que un acto debe ejecutarse en o dentro de cierto plazo, se entenderá
que vale si se ejecuta antes de la media noche en que termina el último día del plazo. Cuando se exige
que haya transcurrido un espacio de tiempo para que nazcan o expiren ciertos derechos, se entenderá
que estos derechos nacen o expiran a la medianoche del día en que termine el respectivo espacio de
tiempo.
Si la computación se hace por horas, la expresión "dentro de tantas horas", y otra semejante, designa
un tiempo que se extiende hasta el último minuto de la última hora, inclusive, y la expresión "después
de tantas horas", u otra semejante, designa un tiempo que principia en el primer minuto de la hora que
sigue a la última del plazo».
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No obstante, señaló que «el presente caso no encuentra que se configure una
situación que conlleve un vicio o irregularidad y, por ende, una infracción al debido
proceso al que tienen derecho las partes, pues de la situación planteada por la parte
demandada, relacionada con admitir como oportunamente aportada la prueba pericial
radicada por el auxiliar Juan Carlos Oquendo, no se está desconociendo ningún tipo
de garantía del debido proceso», bajo las mismas consideraciones que se indicaron
en el proveído que resolvió no reponer la decisión de 20 de noviembre de 2025.
Agregó que «le correspondía a esta Judicatura aplicar lo dispuesto en el artículo 118
de la L. 1564/201217, y tener por interrumpido el término que corría hasta la media
noche con ocasión a la entrada del proceso al Despacho, y por todo el tiempo que
estuvo allí, hasta su regreso a secretaria con algún pronunciamiento». Así mismo,
destacó que la contradicción del dictamen se surtirá en la audiencia de pruebas y que
ese despacho decidiría sobre su incorporación formalmente al proceso y sobre su
valoración en la sentencia.
ENEL presentó recurso de reposición y en subsidio apelación contra el proveído de 5
de marzo de 2026 que negó la solicitud de nulidad. En consecuencia, con auto de 9
de abril de 2026 el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Zipaquirá
resolvió no reponer esa decisión y concedió en efecto devolutivo el recurso de
apelación presentado por la parte demandada.
Mediante providencia de 26 de junio de 2026 la Subsección A de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó por improcedente el recurso de
apelación formulado contra la decisión de 5 de marzo de 2026.
Finalmente, el 9 de marzo de 2026 el apoderado de ENEL solicitó la contradicción del
dictamen pericial aportado por el perito Juan Carlos Oquendo Villacrez, petición que
fue concedida por la autoridad judicial, por medio de la providencia de 14 de mayo de
2026. Para ello le otorgó un plazo de cien días.
1.4. Fundamentos de la solicitud
La actora indicó que el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de
Zipaquirá vulneró sus derechos fundamentales al expedir los autos de 20 de noviembre
de 2025, 5 de marzo y 9 de abril de 2026, puesto que incurrió en los defectos
procedimental absoluto, fáctico, sustantivo y violación directa de la
Constitución.
17 «Artículo 118. Cómputo de términos. El término que se conceda en audiencia a quienes estaban
obligados a concurrir a ella correrá a partir de su otorgamiento. En caso contrario, correrá a partir del
día siguiente al de la notif icación de la providencia que lo concedió. […]
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, mientras esté corriendo un término, no podrá ingresar
el expediente al despacho, salvo que se trate de peticiones relacionadas con el mismo término o que
requieran trámite urgente, previa consulta verbal del secretario con el juez, de la cual dejará constancia.
En estos casos, el término se suspenderá y se reanudará a partir del día siguiente al de la notif icación
de la providencia que se prof iera».
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En primer lugar, indicó que se cumplen todos los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencia judicial. Particularmente, sobre la relevancia
constitucional señaló que el asunto trasciende de una mera discrepancia interpretativa
o de un debate puramente económico o legal, puesto que involucra la vulneración
directa de sus garantías constitucionales, dado que el juzgado accionado revivió un
término precluido y validó una prueba aportada por fuera del horario judicial y de los
plazos perentorios.
Así mismo, afirmó que la admisión del dictamen pericial altera de forma radical el
acervo probatorio del proceso, máxime cuando este es relevante para el resultado del
proceso.
Sobre los defectos invocados, precisó lo siguiente:
1.4.1. Procedimental absoluto: resaltó que el Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito Judicial de Zipaquirá incurrió en este defecto al desconocer los artículos 106
y 109 del Código General del Proceso, así como el acuerdo PSAA11-8125 del Consejo
Superior de la Judicatura, según los cuales las actuaciones deben adelantarse en días
y horas hábiles, y que los memoriales se entenderán presentados oportunamente
cuando son recibidos antes del cierre del despacho del día en que vence el término.
En ese sentido, alegó que toda actuación procesal debe adelantarse dentro del horario
habilitado para la atención al público, que para la jurisdicción de Zipaquirá finaliza a
las 17:00 horas, por lo que no era dable conferir efectos procesales al ingreso al
despacho que se efectuó a las 18:11 horas del 11 de noviembre de 2025, cuando ese
día vencía definitivamente el término para aportar la prueba.
De otro lado, citó el artículo 24 18 del acuerdo PCSJA21-11840 de 2021 del Consejo
Superior de la Judicatura y destacó que la autoridad judicial descon oció el carácter
perentorio de los términos procesales, con lo cual vació de contenido el principio de
preclusión y vulneró la igualdad de armas entre las partes, puesto que flexibilizó
injustificadamente las reglas para favorecer la actuación extemporánea de la
contraparte.
Expuso que el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Zipaquirá
incurrió en el defecto procedimental absoluto al suspender un término que ya se
encontraba precluido, puesto que inobservó las reglas del procedimiento que le eran
aplicables y actuó de manera arbitraria, caprichosa y ajena al ordenamiento jurídico.
18 «Artículo 24. Horario para la recepción virtual de documentos en los despachos judiciales y
dependencias administrativas. Las demandas, acciones, memoriales, documentos, escritos y
solicitudes que se envíen a los despachos judiciales, después del horario laboral de cada distrito se
entenderán presentadas el día hábil siguiente; los despachos judiciales no conf irmarán la recepción de
estos mensajes de correo electrónico por f uera de las jornadas laborales sino hasta el día hábil
siguiente».
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1.4.2. Fáctico: aseveró que el juzgado accionado incurrió en este yerro en su
dimensión positiva al admitir la prueba pericial que fue aportada de manera
extemporánea y eventualmente fundar su decisión con base en esta.
1.4.3. Sustantivo: reprochó que la autoridad accionada erró al fundamentar su
decisión en el artículo 60 de la Ley 4ª de 1913, que extiende los plazos hasta la
medianoche, puesto que ignoró la norma especial consagrada en el artículo 109 del
Código General del Proceso que regula el cierre del horario judicial.
Igualmente, refutó que en la legislación procesal se determinó que los términos
judiciales únicamente admiten una prórroga cuando media causa justificada, y que en
el presente caso ya se había agotado dicha prórroga, con lo cual se realizó «una
interpretación del precepto normativo de manera aislada, sin considerar otras
disposiciones aplicables al caso».
Sostuvo que al aceptar la prueba, en últimas, se concedió una segunda prórroga bajo
una denominación diferente y se otorgó efectos retroactivos a la actuación secretarial
sin un respaldo normativo con el fin de eludir las consecuencias del vencimiento de un
término.
1.4.4. Violación directa de la Constitución: manifestó que el juzgado demandado
vulneró el derecho a la igualdad procesal al exigirle a una de las partes el acatamiento
estricto de los plazos y horarios judiciales, mientras que al perito le otorgó un privilegio
al admitir una prueba que aportó con siete días de extemporaneidad, con lo cual
abandonó su posición de tercero imparcial.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Con auto de 10 de agosto de 2026, el magistrado ponente del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F admitió la demanda y ordenó
notificar al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Zipaquirá en calidad
de autoridad accionada.
Además, vinculó como tercero al municipio de Cajicá, negó la medida provisional
invocada por la parte actora y requirió al apoderado de ENEL para que el allegara el
poder especial que lo facultaba para actuar en su representación.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, se recibieron los siguientes
informes:
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: ENEL Colombia S.A. E.S.P.
Demandado: Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Zipaquirá
Radicado: 25000-23-15-000-2026-01494-01
1.6.1. Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Zipaquirá
La titular del despacho solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela
por no acreditarse los requisitos generales de la tutela contra providencia judicial de
subsidiariedad y de relevancia constitucional o que, en subsidio, se niegue el amparo
constitucional al no configurarse defecto alguno.
Luego de hacer un recuento de las actuaciones procesales adelantadas al interior del
proceso de controversias contractuales comentó que el auto de 20 de noviembre de
2025 no incorporó definitivamente ni valoró el dictamen pericial, sino que solo se limitó
a tenerlo por presentado y a correr traslado por quince días, de conformidad con el
artículo 219 de la Ley 1437 de 2011.
Advirtió que en el proveído de 5 de marzo de 2026 igualmente se precisó que la
contradicción de esa pericia se surtirá en la audiencia de pruebas y que es allí cuando
el despacho decidiría sobre su incorporación formal, mientras que en la sentencia
resolvería sobre su valoración de cumplirse con los presupuestos para ello.
Consideró que el debate probatorio aún no se encuentra clausurado en la jurisdicción
ordinaria, por lo que la parte accionante «conserva la oportunidad de reiterar sus
reparos sobre la conducencia, oportunidad y eficacia de la experticia en la audiencia
de pruebas y, eventualmente, en los alegatos de conclusión y en el recurso de
apelación contra la sentencia, escenarios naturales para ese efecto».
Alegó que el derecho de contradicción del extremo actor se ha respetado y ampliado
a su favor, motivo por el cual no puede predicarse un desequilibrio procesal en su
perjuicio. De otro lado, comentó que no puede afirmase que hubo una segunda
prórroga encubierta, comoquiera que en el ordinal segundo del auto de 20 de
noviembre de 2025 se negó expresamente dicha ampliación.
Reiteró las razones expuestas en los autos de 20 de noviembre de 2025, 29 de enero
de 2026, 5 de marzo de 2026 y 9 de abril de 2026 que fundamentaron la oportunidad
del dictamen y señaló que su interpretación correspondió al ejercicio legítimo de la
función de interpretación e integración normativa reconocida a los jueces por los
artículos 228 y 230 de la Constitución Política. En ese sentido, expuso que la
discrepancia de la parte con esa interpretación no comportaba un defecto y que de
admitirse lo contrario se estaría reabriendo un debate procesal concluido.
Consideró que no se cumple con los requisitos de la subsidiariedad y de relevancia
constitucional, dado que la controversia gira en torno a «una prueba cuya
incorporación definitiva aún no se ha decidido y cuya contradicción se encuentra en
pleno desarrollo», por lo que no se advierte un perjuicio irremediable que habilite la
intervención del juez constitucional.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: ENEL Colombia S.A. E.S.P.
Demandado: Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Zipaquirá
Radicado: 25000-23-15-000-2026-01494-01
Mencionó que no se configura el defecto procedimental absoluto invocado, teniendo
en cuenta que no se apartó del procedimiento legalmente establecido. Y respecto del
defecto fáctico aseguró que aún no existe una valoración probatoria o decisión de
fondo, por lo que el reproche de la actora se funda en una premisa hipotética
relacionada con una sentencia que no se ha proferido.
Sobre el defecto sustantivo destacó que en las providencias censuradas se expusieron
las razones por las cuales era inaplicable al auxiliar de justicia el artículo 109 de la Ley
1564 de 2012, así como los fundamentos por los que se integró el artículo 60 de la Ley
4ª de 1913, lo cual constituye una divergencia hermenéutica y no una aplicación
arbitraria del derecho.
1.6.2. Municipio de Cajicá
El apoderado de la entidad solicitó que se nieguen las pretensiones de la presente
acción de tutela, debido a que lo que pretende la accionante es utilizarla como una
instancia de revisión adicional y revivir un debate que ya fue zanjado, al reitera las
mismas solicitudes y recursos que ha presentado en el proceso ordinario.
Alegó que no se ha quebrantado el derecho al debido proceso, en tanto que las
providencias judiciales cuestionadas efectuaron el análisis de los argumentos
expuestos por las partes y están soportadas en las normas y en la jurisprudencia
aplicables al caso; diferente es que el criterio de la accionante no fuera de recibo por
la autoridad judicial accionada.
Puso de presente que la sola divergencia conceptual no puede ser fuente para
pretender el amparo constitucional, en vista de que la acción de tutela no es un
instrumento para definir cuál planteamiento hermenéutico es el válido ni cuál
valoración probatoria es la más acertada o correcta.
Precisó que no es relevante el momento en el que se efectuó el registro de la actuación
de 11 de noviembre de 2025, sino la constancia emitida por el juzgado sobre su
conocimiento del momento en que el proceso ingresó a despacho.
Refutó la afirmación realizada por la parte tutelante sobre la violación al debido
proceso, en la medida que el dictamen no se obtuvo de manera ilegal y el despacho
dispuso su traslado y contradicción, por lo que este elemento probatorio no es nulo.
Finalmente, refirió que el perito no puede ser asimilado como una parte procesal, dado
que es un auxiliar de la justicia, como lo señalan los artículos 47 y subsiguientes del
Código General del Proceso, por lo que resulta inaceptable aplicarle las reglas propias
de las partes procesales.
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Demandante: ENEL Colombia S.A. E.S.P.
Demandado: Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Zipaquirá
Radicado: 25000-23-15-000-2026-01494-01
1.6.3. ENEL Colombia S.A. E.S.P.
El apoderado de la parte accionante aportó el poder requerido en el auto admisorio.
1.7. Sentencia de primera instancia
Con fallo de 19 de agosto de 202619, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F negó el amparo de los derechos fundamentales al
debido proceso y a la igualdad del extremo actor, al considerar que el auto de 20 de
noviembre de 2025 no vulneró sus derechos, en vista de que se fundamentó en el
ejercicio de la autonomía judicial y de las facultades interpretativas propias del juez
ordinario.
En primer lugar, encontró configurados todos los presupuestos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. Luego, realizó un
recuento de las actuaciones procesales adelantadas al interior del proceso de
controversias contractuales hasta el 14 de mayo de 2026 cuando la autoridad judicial
accionada le concedió a ENEL un término de cien días para la contradicción del
dictamen pericial.
Posteriormente, al estudiar de fondo los defectos invocados por la tutelante, explicó
que estos no se configuraron, toda vez que la controversia planteada se suscribe en
el ámbito de la interpretación y aplicación de las normas que regulan el cómputo de
los términos y el ingreso de los expedientes al despacho, circunstancia que se
encuentra amparada por la autonomía e independencia judicial.
Ello, con fundamento en que el asunto gira en torno a la interpretación armónica de los
artículos 109 y 118 del Código General del Proceso y el artículo 60 de la Ley 4ª de
1913, para establecer la oportunidad para incorporar una prueba y en la gestión
secretarial.
Puntualmente, el a quo destacó que la decisión controvertida no constituía una abierta
separación del procedimiento establecido, sino el ejercicio de su facultad interpretativa,
en las siguientes palabras:
En el presente asunto, se observa que el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito
de Zipaquirá en ejercicio de sus facultades de valoración e interpretación, examinó las
circunstancias fácticas del caso y las disposiciones normativas que consideró aplicables,
para concluir que no había lugar a conceder una nueva prórroga y que, en razón del
ingreso del expediente al despacho, el documento aportado el 18 de noviembre de 2025
debía tenerse por oportunamente presentado, al estimar cumplida la carga de allegar el
medio probatorio decretado.
19 Con salvamento de voto del magistrado Luis Alf redo Zamora Acosta.
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Demandante: ENEL Colombia S.A. E.S.P.
Demandado: Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Zipaquirá
Radicado: 25000-23-15-000-2026-01494-01
En segundo término, el artículo 118 del Código General del Proceso debe interpretarse
de manera armónica con lo dispuesto en el artículo 109 ibidem, por lo que una vez
presentado un memorial que requiere un pronunciamiento judicial, la actuación debe ser
puesta en conocimiento del despacho para la determinación que corresponda. En tal
sentido, una eventual demora en el trámite interno de la secretaría o la ausencia de una
constancia escrita sobre la consulta realizada al juez no pueden traducirse en
consecuencias desfavorables para quien cumplió con la carga de presentar
oportunamente la solicitud respectiva.
Asimismo, no puede perderse de vista que el juzgado consideró que la solicitud
presentada por el Auxiliar de la Justicia tenía incidencia sobre el cómputo del término y,
en consecuencia, tuvo por oportunamente allegado el dictamen. Tal determinación
supone necesariamente que el funcionario judicial estimó procedente la actuación
surtida por la Secretaría y entendió configurados los presupuestos necesarios para el
ingreso del expediente al despacho, valoración que forma parte de sus competencias
funcionales y respecto de la cual no obra evidencia de arbitrariedad o un ejercicio
caprichoso de las potestades de dirección e instrucción del proceso.
1.8. Impugnación
Con escrito radicado el 8 de septiembre de 202620, la parte accionante solicitó que se
revoque el fallo de tutela de primera instancia para que, en su lugar, se amparen sus
derechos fundamentales y se accedan a las pretensiones del escrito de tutela.
Alegó que el fallo de primera instancia incurrió en un error de juzgamiento al confundir
la autonomía judicial con la arbitrariedad, al omitir valorar que los términos procesales
son de orden público, perentorios e improrrogables, y que las actuaciones procesales
y la recepción de documentos que se realicen por fuera del horario laboral oficial se
entienden surtidas el día hábil siguiente, de conformidad con los artículos 17, 106, 109
y 117 del Código General del Proceso, en concordancia con el artículo 24 del cuerdo
PCSJA21-11840 de 2021 del Consejo Superior de la Judicatura.
Para tal efecto, citó los autos 514 de 2015, 1066 de 2021, 2398 de 2023, 830 de 2024
y 942 de 2024 de la Corte Constitucional que al parecer han rechazado peticiones
allegadas después de las 5:00 p. m.
Reiteró que la única prórroga concedida al perito vencía el 11 de noviembre de 2025,
a las 17:00 horas, por lo que la anotación secretarial registrada a las 18:11 horas de
ese día se produjo en horario inhábil y, en consecuencia, debió entenderse surtida el
12 de noviembre de 2025. Destacó que al suspender un término ya fenecido el juzgado
otorgó un efecto retroactivo que equivale a revivir un plazo extinto y conceder de facto
una segunda ampliación del término.
20 La impugnación se presentó dentro del término establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de
1991, comoquiera que la sentencia de primera instancia se notif icó el 3 de septiembre de 2026 y el
recurso se interpuso el 8 de septiembre del mismo año.
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Insistió en que se incurrió en un defecto sustantivo por la aplicación de una norma
general impertinente, como lo fue el artículo 60 de la Ley 4ª de 1913, cuando se debió
emplear los artículos 106 y 109 del Código General del Proceso y el acuerdo
PCSJA21-11840 de 2021 del Consejo Superior de la Judicatura que regulan de
manera específica el supuesto de hecho controvertido.
Indicó que ante la concurrencia de una norma general y una especial que regulan la
misma materia, debe prevalecer la segunda; máxime cuando el acuerdo PCSJA21-
11840 fue expedido en el 2021, más de un siglo después que la Ley 4ª de 1913.
De otro lado, estimó que se omitió observar que el artículo 118 del Código General del
Proceso establece dos requisitos para que operen los efectos respecto del ingreso del
expediente al despacho mientras corre un término, los cuales no se cumplieron en el
presente caso: (i) que esté vigente al momento de la suspensión, y (ii) que la actuación
secretarial esté precedida de una consulta verbal con el juez, de la cual se deje
constancia en el expediente.
Puso de presente que el a quo constitucional no se pronunció de manera autónoma
sobre la vulneración del derecho a la igualdad, el cual no se subsumía en el análisis
del debido proceso. Por lo tanto, iteró el trato diferenciado que la autoridad judicial le
dio al perito frente a las consecuencias jurídicas que le da a la parte al tener por
presentado el día hábil siguiente un memorial que fue radicado después del cierre del
despacho.
Explicó que esa distinción careció de justificación objetiva y razonable, en virtud a que
las normas que regulan el horario judicial no establecen alguna excepción en función
de la calidad del sujeto interviniente, sino que reglamentan de manera general las
actuaciones, audiencias y diligencias judiciales.
Expuso que la vulneración no se produce en el momento en que el juez valora la
prueba en la sentencia, sino cuando decide tenerla por oportunamente presentada, de
conformidad con el artículo 164 del Código General del Proceso que establece que la
prueba obtenida con violación al debido proceso es nula de pleno derecho.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra el fallo
de tutela de 19 de agosto de 2026 proferido el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, de conformidad con los artículos 32
del Decreto 2591 de 1991 y el 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, así como el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala
Plena del Consejo de Estado.
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2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la
providencia de 19 de agosto de 2026 dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, a través de la cual se negó el amparo
de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad de la accionante.
Para resolver el anterior planteamiento, se analizarán los siguientes temas: (i) el
criterio de la Sala sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela de la
referencia y de encontrarse superados, (iii) el estudio del caso concreto.
2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201221
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 22.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales23.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento
jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 24, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
21 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref .: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela -
Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García
González.
22 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del f allo de la Sala Plena antes
reseñada.
23 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conf ormidad con lo expuesto a f olios 2 a 50 de esta providencia».
24 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref .: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1. Relevancia constitucional
Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente
recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU -215 de 2022, en
cuanto a la procedencia de la acción de tutela de cara a este requisito, así:
[…] 40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de
tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para reabrir debates meramente legales. Para determinar si este requisito
se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal
o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o
privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales […].
Por su parte, esta Sala ha dispuesto que el estudio de la relevancia constitucional debe
estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 y acogidos por esta corporación en sentencia de unificación
del 5 de agosto de 201425, que en concreto se refieren a:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente
la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que
no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el
cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo sólo está
instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que
el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no debe ser un debate
exclusivamente legal.
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la tensión
entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un derecho
fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas a los jueces
ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera instancia26.
Sobre el particular, se considera que, diferente a lo expuesto por el a quo, este asunto
no es relevante constitucionalmente, como se pasará a explicar.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 29 de
septiembre de 2022, expediente N.º 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
26 Énf asis de la sala.
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En primera medida se recuerda que, tanto en los recursos de reposición y la solicitud
de nulidad presentados al interior del proceso ordinario, como en el escrito de tutela,
se indicó que las providencias controvertidas incurrieron en unos errores al admitir una
prueba pericial presentada por fuera del término legal.
En esta oportunidad tales fundamentos se enmarcaron en la configuración de los
defectos procedimental absoluto, fáctico, sustantivo y violación directa de la
Constitución. Luego, es posible concluir que los argumentos expuestos apuntan a
convertir este mecanismo constitucional en una tercera instancia.
Sobre el particular, se itera que, en materia de tutela contra providencias judiciales, le
está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de
competencia de los jueces naturales de la causa. Por lo tanto, el estudio debe
circunscribirse exclusivamente a los argumentos de raigambre constitucional
esgrimidos por la parte actora dentro del trámite de tutela, toda vez que un examen
que se limite a los razonamientos expuestos por la accionante en la solicitud de
amparo, sin el debido contraste con las razones que sustentaron la decisión
cuestionada, atentaría contra el principio de autonomía judicial y, en últimas,
convertiría el mecanismo constitucional en una tercera instancia.
En este orden de ideas, para esta Sala los argumentos que se refieren a reviviscencia
de un término judicial precluido y la validación de una pru eba aportada por fuera del
horario judicial no cuentan con la carga argumentativa para ser estudiados en el marco
de la trasgresión de derechos fundamentales, porque además de ser una reiteración
de lo ya resuelto en sede del proceso ordinario, no desvirtúan prima facie el análisis
realizado por el juzgado accionado.
Recuérdese que en el auto de 5 de marzo de 2026 que negó la solicitud de nulidad, el
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Zipaquirá advirtió que su
decisión de interrumpir el término para radicar el dictamen se fundamentaba en el
artículo 118 del Código General del Proceso que establece:
Artículo 118. Cómputo de términos. El término que se conceda en audiencia a
quienes estaban obligados a concurrir a ella correrá a partir de su otorgamiento. En caso
contrario, correrá a partir del día siguiente al de la notificación de la providencia que lo
concedió. […]
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, mientras esté corriendo un término, no
podrá ingresar el expediente al despacho, salvo que se trate de peticiones relacionadas
con el mismo término o que requieran trámite urgente, previa consulta verbal del
secretario con el juez, de la cual dejará constancia. En estos casos, el término se
suspenderá y se reanudará a partir del día siguiente al de la notificación de la
providencia que se profiera.
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Demandado: Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Zipaquirá
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En ese sentido, para la Sección lo que busca la parte accionante en este escenario
judicial es que el juez constitucional desplace al juez natural del asunto, para obtener
la interpretación y aplicación de las normas y principios, en la forma que le parece
«correcta», comoquiera que, se reitera, lo que pretende es que se anule la lectura
otorgada por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Zipaquirá sobre
la interrupción del término concedido al perito para rendir el dictamen pericial y de
acoger el artículo 60 de la Ley 4ª de 1913. Ello deja ver a la Sala que los reproches de
la accionante giran en torno a un asunto puramente interpretativo.
Es decir, en otros términos, lo que buscan a través del mecanismo constitucional es
crear una instancia adicional, en la que se estudien nuevamente los cargos que ya
fueron zanjados por el operador judicial del ordinario y, además obtener una decisión
favorable a sus intereses al conseguir una interpretación distinta a la que asumió el
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Zipaquirá.
En este orden de ideas, se considera que no se acreditaron los criterios fijados por la
Corte Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado este presupuesto.
2.5. Conclusión
Con base en las anteriores consideraciones, esta Sala revocará la providencia de 19
de agosto de 2026, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F negó el amparo de los derechos fundamentales de
ENEL y, en su lugar, se declarará la improcedencia de la acción de tutela por no
cumplir con el requisito de relevancia constitucional.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 19 de agosto de 2026 dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F que negó el amparo
de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad del extremo actor.
En su lugar, DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por ENEL
Colombia S.A. E.S.P. contra el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de
Zipaquirá.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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Demandante: ENEL Colombia S.A. E.S.P.
Demandado: Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Zipaquirá
Radicado: 25000-23-15-000-2026-01494-01
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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