Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04331-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04331-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04331-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
24 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Veinticuatro [24] de septiembre de dos mil veintiséis [2026]
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04331-01
Demandante: JULIO CÉSAR VÁSQUEZ QUINTERO
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial. Ausencia del requisito de
relevancia constitucional. Confirma improcedencia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Decide la Sala la impugnación interpuesta por el señor Julio César Vásquez Quintero
contra la sentencia de 6 de agosto de 2026 proferida por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado que declaró la improcedencia de la solicitud de amparo de la referencia.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
Con escrito radicado el 5 de junio de 2026, el señor Julio César Vásquez Quintero, por
conducto de apoderado, presentó acción de tutela contra el Juzgado Primero
Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Buenaventura y el Tribunal Administrativo
de Valle del Cauca, con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia, al trabajo y a la presunción
de inocencia.
Las mencionadas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de
las providencias de 28 de noviembre de 2023 y 4 de febrero de 2026, mediante las
cuales, las autoridades demandadas negaron las pretensiones del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra el Ministerio de Defensa,
Policía Nacional; causa que se identificó con el radicado 76109-33-33-002-2022-
00064-00/01.
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Demandante: Julio César Vásquez Quintero
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
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1.2. Pretensiones
En atención a que la parte actora no formuló en la demanda de tutela un acápite
concreto con sus pretensiones o solicitudes, la Sala infiere que el actor procura que se
dejen sin efectos las sentencias de 28 de noviembre de 2023 y 4 de febrero de 2026
dictadas por el Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito Judicial de
Buenaventura y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, respectivamente, que
denegaron pretensiones dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado 76109-33-33-002-2022-00064-00/01.
1.3. Hechos
Del expediente de tutela se encuentran los siguientes supuestos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:
El señor Julio César Vásquez Quintero ingresó a la Policía Nacional mediante
resolución 05414 de 11 de diciembre de 2008, se desempeñó como patrullero adscrito
a la base antinarcóticos de Buenaventura con funciones de conductor en el control
portuario y aeroportuario de ese distrito.
El 25 de noviembre de 2018, durante el turno comprendido entre las 15:00 y las 23:00
horas, las cámaras de circuito cerrado del puerto de la Sociedad Portuaria de
Buenaventura registraron un vehículo tipo camioneta con características similares a
las utilizadas por la compañía antinarcóticos, que realizó movimientos considerados
extraños, en un sector de las instalaciones.
El 26 de noviembre de 2018 se incautaron 135 kilogramos de clorhidrato de cocaína y
como posibles implicados en los hechos se identificó al intendente Jhonedin Norbey
Mambí y al patrullero Julio César Vásquez Quintero.
Por lo anterior, el accionante fue vinculado al proceso disciplinario «IJUR-GRUTE-
2019-33» radicado en la oficina disciplinaria de la Policía del Valle del Cauca por
conductas relacionadas con el transporte y disposición de sustancias estupefacientes.
Dentro del proceso disciplinario se aportaron como pruebas registros fílmicos
fotográficos del sistema de seguridad, el informe investigador de campo - FPJ 11 de
30 de enero de 2019 en el que se analizaron los videos captados por las cámaras de
seguridad con relación a los hallazgos de 26 de noviembre de 2018 y que fue
complementado por el informe FPJ 11 de 18 de marzo de 2019.
La defensa presentó una prueba pericial cuyo objeto fue analizar los videos y
fotografías estudiados en los informes de campo, de la que concluyó que la trazabilidad
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realizada por la policía judicial y la sociedad portuaria no permitía identificar con
certeza que la camioneta que apareció en los videos fuera la de placas DIN468 y que
correspondiera al vehículo asignado al patrullero Julio César Vásquez Quintero.
De manera paralela, cursó proceso penal ante el Juzgado Penal Especializado de
Buenaventura con el radicado 76109600016201801503, dentro del cual, según el
accionante, la Fiscalía Segunda, con apoyo de la prueba pericial, solicitó audiencia de
preclusión en favor del demandante, diligencia que desde el año 2021 no había podido
realizarse.
El 21 de octubre de 2021, la oficina de control interno disciplinario de la Policía del
Valle del Cauca profirió fallo disciplinario de primera instancia a través del cual
sancionó al señor Julio César Vásquez Quintero con destitución e inhabilidad para
ejercer funciones públicas en cualquier cargo o función por el término de dieciséis [16]
años, por incurrir en las faltas previstas en los numerales 211 y 222 del artículo 343 de
la Ley 1015 de 2006.
El 6 de enero de 2022, la Inspección delegada Región de Policía 4 dictó fallo de
segunda instancia «SIJIR – GRUTE – 2019-33» por medio del cual confirmó la decisión
de primera instancia.
Inconforme, el señor Julio César Vásquez Quintero promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Policía Nacional para que se declarara la
nulidad de los fallos disciplinarios al considerar que, con la expedición de los actos
acusados, se vulneraron los artículos 29, 40, 53 y 89 de la Constitución, así como los
artículos 23, 28, 141 y 142 de la Ley 734 de 2002, el artículo 39 de la Ley 1015 de
2006, el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 y el Decreto 976 de 2021, al estimar que
la Policía Nacional había incurrido en una vía de hecho por cuanto a través de esas
decisiones le impuso una sanción que le generó un daño antijurídico que no se
encontraba en el deber de soportar.
A título de restablecimiento solicitó el reconocimiento y pago de los salarios, primas,
bonificaciones, vacaciones, cesantías y demás derechos laborales que dejó de percibir
desde su desvinculación hasta su reintegro al cargo que desempeñaba o a otro de
igual o superior jerarquía, los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales causados
por la sanción impuesta, y que se declarara que no existió solución de continuidad.
El asunto lo conoció en primera instancia el Juzgado Primero Administrativo Mixto del
Circuito Judicial de Buenaventura con el radicado 76109-33-33-002-2022-00064-00,
despacho que, mediante sentencia de 28 de noviembre de 2023 negó las pretensiones
de la demanda con sustento en que dentro del proceso se respetaron las garantías
constitucionales y legales propias de esta clase de actuaciones, se efectuó una
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valoración integral y adecuada del material probatorio obrante en el expediente y se
garantizó el derecho al debido proceso del accionante durante todas las etapas del
trámite disciplinario.
Adicionó que no existían dudas sobre los hechos en los que se vio inmerso el señor
Julio César Vásquez Quintero los días 25 y 26 de noviembre de 2018 relacionados con
la incautación de 134 kilogramos y 865 gramos de clorhidrato de cocaína que estaban
en 3 tulas abandonadas en el módulo A15 del puerto de Buenaventura; que no existía
discusión sobre el turno laboral del accionante como conductor de la camioneta
DIN468 y de su tripulante para el 25 de noviembre de 2018 desde las 15:00 horas
hasta las 23:00, así como de las 16:58 horas momento en el que ingresó a las
instalaciones de la sociedad portuaria, del lugar donde ejercía su turno, ni de la
sustancia y cantidad de droga encontrada. Ello, aunado a que con los informes y
testimonios se corroboró la presencia del actor en el lugar de los hechos bajo las
circunstancias de tiempo, modo y lugar que fueron establecidas en la investigación
disciplinaria sancionatoria.
Inconforme, el recurso de apelación del demandante giró en torno a señalar que el a
quo ordinario habría incurrido en una valoración incompleta e inmotivada del material
probatorio por: (i) desestimar la prueba pericial de fotografía y videografía elaborada
por el perito José Javier Posada Posso, puesto que, en su criterio, tales elementos
desvirtuaron la trazabilidad que presentó la Policía Judicial por cuanto demostraban
que no existían condiciones técnicas para identificar con certeza a la persona que
descendió de la camioneta, o para diferenciar las dos camionetas blancas de similares
características que ingresaron al lugar de los hechos; (ii) no existir prueba alguna que
acreditara que la camioneta DIN468 hubiera transportado la droga encontrada en el
módulo A15 ni que el actor hubiera participado en tal conducta, y que la sola presencia
de su vehículo en cercanías del lugar donde apareció el estupefaciente no permitía
inferir su responsabilidad; (iii) aceptar el informe del investigador John Alexander Guío
Hernández sin hacer un análisis crítico, comoquiera que no cumplía con estándares
técnicos, condujo a conclusiones erradas sobre la identidad del conductor, de los
movimientos del vehículo; y (iv) que los testimonios de los suboficiales Carlos Andrés
Jaramillo y Diego David Corzo se acreditó que durante los turnos comprendidos entre
las 23:00 del 25 de noviembre y las 7:00 del 26 de noviembre de 2018 se realizaron
varias revistas sin advertir la presencia de droga.
La apelación la resolvió el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia de
4 de febrero de 2026 en el sentido de confirmar la sentencia de primer grado luego de
concluir que de las pruebas aportadas al proceso disciplinario se pudo establecer que
el demandante, en su calidad de conductor del vehículo DIN468 de la Policía Nacional,
realizó conductas irregulares y funcionalmente reprochables, relacionadas con el
transporte y disposición de la sustancia estupefaciente hallada en el módulo A15 de la
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Sociedad Portuaria de Buenaventura. En consecuencia, aseguró que la sanción
impuesta no se sustentó en conjeturas o simples sospechas, sino en un análisis
probatorio coherente y suficiente.
Al respecto, sostuvo que: (i) el informe pericial presentado por la defensa sí fue
considerado dentro del proceso, pero no fue suficiente para descartar la
responsabilidad disciplinaria; y (ii) de los testimonios de los señores Carlos Jaramillo y
Diego Corzo se coligió que la visibilidad nocturna era deficiente y que las labores de
revista se realizaban desde el vehículo sin descender a inspeccionar físicamente el
módulo A15, por lo que estos no resultaron idóneos para desvirtuar los hechos
ocurridos el 25 de noviembre de 2018 en tanto no acreditaron que el lugar hubiera sido
efectivamente inspeccionado con condiciones de visibilidad y profundidad suficiente
para descartar la presencia de la sustancia ilícita.
1.4. Fundamentos de la solicitud
El extremo actor manifestó que la solicitud de amparo cumple los requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y, en ese orden,
planteó los siguientes reproches:
1.4.1. Defecto fáctico. En su criterio, las autoridades accionadas omitieron valorar de
forma integral el dictamen pericial que, según el actor, evidenció la imposibilidad
técnica de identificar con certeza el vehículo presuntamente involucrado, aunado a que
omitieron la existencia de múltiples automotores con características similares en el
lugar de los hechos, las limitaciones técnicas de los registros videográficos y la ruptura
del nexo temporal entre la conducta atribuida al señor Julio César Vásquez y el
hallazgo del material ilícito.
Adujo que las autoridades accionadas: (i) avalaron una reconstrucción fáctica basada
en supuestos y conjeturas, y trasladaron indebidamente al accionante la carga de
desvirtuar una imputación que no estaba debidamente probada; (ii) validaron la
destitución del señor Vásquez con fundamento en un informe videográfico que a su
parecer fue elaborado por personal no idóneo; y (iii) aplicaron un estándar de
responsabilidad contrario a la Constitución pues no consideraron que en el proceso
penal que se adelantó en contra del actor, luego de conocer el dictamen pericial que
fue aportado al proceso disciplinario, la fiscalía coadyuvó la solicitud de revocatoria de
la medida de aseguramiento que se le había impuesto.
1.4.2. Defecto sustantivo. Alegó que las providencias censuradas realizaron una
interpretación extensiva e irrazonable del régimen disciplinario al atribuir al accionante
la comisión de una falta gravísima sin que se encontraran estructurados los elementos
de la conducta, pues la sanción impuesta correspondió a la imputación de
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comportamientos relacionados con el tráfico o transporte de sustancias ilícitas que por
su naturaleza exigían la demostración de una conducta activa, directa y materialmente
verificable, no obstante, sustituyeron tales exigencias por un estándar
significativamente inferior, pues consideraron como suficiente para derivar la
responsabilidad disciplinaria del actor, la presencia del vehículo y su condición de
conductor de este, lo que a su juicio conllevó una ampliación indebida del tipo
disciplinario al equiparar una situación meramente circunstancial con la realización
efectiva de la conducta sancionada.
De otra parte, afirmó que, al no efectuar un control integral sobre la sanción
disciplinaria y no verificar si existía certeza probatoria para confirmar la legalidad de
los actos administrativos sancionatorios, se desconocieron las sentencias T-189 de
2005 y C-799 de 2005.
1.4.3. Violación directa de la Constitución al desatender los artículos 13, 25, 29, 83
y 229, por cuanto las autoridades accionadas confirmaron los actos acusados basados
en conjeturas sin ejercer un verdadero control material de legalidad.
1.4.4. Desconocimiento del precedente del Consejo de Estado en materia
disciplinaria conforme al cual «los indicios débiles no bastan para sancionar, la mera
presencia en el lugar de los hechos no acredita responsabilidad y la ausencia de
prueba directa exige absolución».
1.5. Trámite de la acción en primera instancia
Mediante auto de 16 de junio de 2026 el despacho ponente de primer grado admitió la
acción de tutela de la referencia y ordenó notificar en calidad de demandados al
Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Buenaventura y al
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. De otro lado, vinculó en calidad de terceros
con interés al Ministerio de Defensa, Policía Nacional.
1.6. Contestaciones
1.6.1. Ministerio de Defensa, Policía Nacional, solicitó que denegaran las súplicas
de la parte actora ante la improcedencia de la acción, por cuanto a través de la misma
se pretende que el juez constitucional realice un juicio de valor que ya se realizó dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
1.6.2. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela ante la falta de acreditación de la vulneración
alegada porque la sola inconformidad con conclusión probatoria no convierte el asunto
en uno de relevancia constitucional, dado que la tutela no fue concebida para reabrir
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un debate que ya se surtió ante el juez natural ni para sustituir su autonomía en la
valoración de las pruebas.
1.7. Fallo impugnado
Mediante providencia de 6 de agosto de 2026, el Consejo de Estado, Sección Cuarta
declaró la improcedencia de la solicitud de amparo de la referencia luego de concluir
que no supera el análisis del requisito de relevancia constitucional debido a que los
argumentos elevados por el extremo accionante denotan la reapertura del debate
zanjado en el proceso ordinario, lo que se traduce en un mero desacuerdo con la
decisión del juez natural en el sentido de insistir en debió declararse la nulidad de los
fallos disciplinarios, pues, en su criterio, las autoridades accionadas incurrieron en una
indebida valoración probatoria al no haber considerado las pruebas que el actor estima
relevantes, particularmente, el informe pericial aportado en su defensa, entre otros,
respecto de los cuales concluyó que, en efecto, fueron analizados por los jueces
ordinarios.
1.8. Impugnación
Con escrito radicado oportunamente, la parte accionante solicitó que se revoque la
decisión de primera instancia y, en su lugar, se conceda el amparo de sus garantías
superiores.
Como sustento de lo anterior, indicó que, contrario a lo señalado por el a quo, el asunto
objeto de atención sí cumple con los criterios de relevancia constitucional, comoquiera
que, a su juicio, lo que planteó consiste en señalar que en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho «determinadas pruebas y aspectos técnicos,
objetivos y potencialmente determinantes para establecer la responsabilidad del
accionante nunca fueron objeto de una valoración material, concreta, razonada y
suficiente».
Aseguró que, «[u]na cosa es que un juez examine una prueba, la valore y, mediante
una argumentación razonada, explique por qué le resta mérito demostrativo, otra
completamente distinta, es que el juez se limite a mencionar que una prueba existe,
para posteriormente descartarla mediante consideraciones generales, sin confrontar
sus conclusiones esenciales y sin responder los aspectos específicos que, de ser
ciertos, podían modificar sustancialmente la conclusión sobre la responsabilidad del
accionante».
Agregó que su reparo central en el escrito de tutela consistió en reprochar que los
jueces contenciosos no realizaron un análisis profundo del dictamen pericial aportado
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por la defensa, puesto que, para descartar dicho elemento, no resolvió interrogantes
tales como:
por qué descartaba la incompatibilidad morfológica advertida por el perito;
por qué consideraba irrelevante que el conductor observado presentara
características físicas diferentes a las del accionante;
cómo podía tenerse por establecida la identidad del conductor si el propio material
videográfico presentaba limitaciones técnicas;
cuál era el valor demostrativo de los registros audiovisuales que no fueron
incorporados o examinados;
cómo se superaban los puntos ciegos temporales advertidos en el análisis técnico;
dónde se encontraba acreditado un acto de descarga del estupefaciente;
cómo se establecía la continuidad temporal entre el turno del accionante y el posterior
hallazgo de la sustancia;
ni por qué los cuestionamientos técnicos formulados contra el análisis videográfico
de la Policía Judicial carecían de mérito.
En ese sentido, acotó que la acción constitucional no se promovió como una tercera
instancia, sino porque, en su sentir, la jurisdicción de lo contencioso administrativo
incurrió en omisiones probatorias estructurales que vulneraron de manera directa,
abierta y grave el derecho fundamental al debido proceso y el principio de presunción
de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política.
Adicionó que el Informe Pericial 022/JP2_2020 elaborado por el perito José Javier
Posada Posso, no se limitó a cuestionar genéricamente la calidad de las imágenes,
puesto que realizó un análisis técnico del material videográfico y formuló conclusiones
concretas acerca de la posibilidad de identificar al vehículo y a la persona que aparecía
como conductor. Precisó que en el punto 10.1.9 del dictamen se abordó lo relacionado
con las características morfológicas de la persona observada en los registros
audiovisuales y, de acuerdo con lo planteado en la acción de tutela, dicho elemento de
convicción evidenció una incompatibilidad relevante entre los rasgos físicos del sujeto
observado en las imágenes y los del señor Julio César Vásquez Quintero.
Acotó que la hipótesis de responsabilidad disciplinaria se limitó, entre otros elementos,
en la conclusión de que el vehículo DIN468 estuvo en el lugar de los hechos y que ello
permitía vincular al accionante con la conducta investigada, no obstante, la sola
presencia del automotor no demuestra per se la identidad de quien lo conducía,
máxime, cuando existe una prueba técnica que cuestiona precisamente la
correspondencia entre el sujeto observado en las imágenes y el accionante.
Así, resaltó que el problema constitucional no consiste en determinar si el juez
administrativo debía necesariamente aceptar la conclusión del perito, sino en
establecer si podía descartarla sin explicar las razones; es decir, se «limitó a afirmar
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que el dictamen no era suficiente para descartar la responsabilidad, pero no respondió
al núcleo técnico de la conclusión pericial».
Refirió que el fallo de tutela de primer grado no analizó los 5 puntos de técnicos del
informe pericial, tales como la incompatibilidad morfológica del conductor, la
fragmentación sistemática del acervo audiovisual aportado por la sociedad portuaria,
los puntos ciegos y ventanas de penumbra en las cámaras PTZ, y la inexistencia de
actos de descarga de elementos desde el vehículo DIN468.
Afirmó que entre el momento en que finalizó su turno y la hora en que se encontró la
sustancia existió una ventana de más de 9 horas, momento para el cual el turno en lo
efectuaban otras dos personas.
Indicó que esta solicitud de amparo no trata una inconformidad menor ni una
discrepancia de criterios sobre la apreciación de una prueba. Pues, considera que la
sanción consistente en la destitución del cargo como patrullero de la Policía Nacional
con 12 años de servicio intachable, y en la inhabilidad general por 16 años para el
ejercicio de funciones públicas, representa la destrucción de su proyecto de vida
profesional y laboral, y la estigmatización social permanente.
Manifestó ser de suma relevancia constitucional que, ante el Juzgado Tercero Penal
Municipal de Buga, la Fiscalía General de la Nación, en virtud del principio de
objetividad, coadyuvó la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento
formulada por la defensa luego de reconocer que el informe pericial «022/JP2_2020»
desvirtuaba la inferencia razonable de autoría respecto del patrullero Vásquez
Quintero.
Precisó que el exigir que la decisión judicial «exponga las razones por las cuales
desestima un dictamen que demuestra que el autor grabado en video tiene
características físicas distintas a las del investigado, no es invadir la autonomía del
juez ordinario: es exigir el cumplimiento del estándar mínimo de motivación que impone
el debido proceso (artículo 29 C.P.)».
Por último, adicionó que la Sentencia T-269 de 2024 proferida por la Corte
Constitucional constituye un precedente vinculante en el caso concreto por cuanto
estableció que la tutela contra providencia judicial es procedente en los eventos en que
«el juzgador ordinario ignora, descalifica de forma arbitraria o realiza un examen
meramente superficial de dictámenes periciales especializados determinantes para la
resolución del asunto, configurando un defecto fáctico por omisión de valoración
probatoria que vulnera el debido proceso».
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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por el señor Julio
César Vásquez Quintero contra la providencia de 6 de agosto de 2026 dictada por el
Consejo de Estado, Sección Cuarta, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, el
Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 20211, así como el Acuerdo
080 de 20192 de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Cuestiones previas
2.2.1. La Sala señala que, si bien el señor Julio César Vásquez Quintero demandó las
dos sentencias dictadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado 76109-33-33-002-2022-00064-00/01, lo cierto es que el
análisis se abordará respecto de la sentencia de 4 de febrero de 2026 dictada por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en atención a que esta fue la decisión que
puso fin a la controversia ordinaria.
2.2.2. De otro lado, es menester aclarar que en esta sede el debate se concentrará en
los argumentos planteados en el escrito de tutela que fueron iterados en la
impugnación. En ese orden, se precisa que en esta oportunidad el escrito que dio lugar
a la segunda instancia concentró su inconformidad en la presunta existencia de un
defecto fáctico por indebida valoración probatoria.
2.3. Problema jurídico
En el asunto bajo estudio, corresponde a la Sala determinar si debe confirmar,
modificar o revocar la decisión de 6 de agosto de 2026 proferida por el Consejo de
Estado, Sección Cuarta, a través de la cual declaró la improcedencia de la acción de
tutela de la referencia.
Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los
requisitos de procedibilidad adjetiva y, solo en el caso de encontrarse superados; (iii)
el análisis del caso concreto.
1 Vigente desde el 6 de abril de 2021. Antes de esa fecha, regía el Decreto 1983 de 2017.
2 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
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2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20123 unificó
la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema4.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales5.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento
jurisprudencialmente”.
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 6, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Relevancia constitucional
Para la Sala resulta necesario anunciar que, en consonancia con lo analizado por el a
quo, el requisito de relevancia constitucional no se advierte superado en el asunto
de la referencia, marco en el cual la solicitud de amparo elevada por el señor Julio
César Vásquez Quintero no cumple con las reglas establecidas por la Corte
Constitucional en la sentencia de unificación 215 de 16 de junio de 2022.
2.5.1.1. En el referido fallo la alta Corte señaló que en tratándose del ejercicio de
acciones de tutela contra providencia judicial, implica que el interesado proponga un
debate que gire en torno a la validez de la decisión que considera vulneradora de sus
3 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela -
Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García
González.
4 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
5 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
6 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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garantías fundamentales, más no en un juicio de corrección del fallo reprochado por
cuanto esta circunstancia excluye «su formulación para la discusión de asuntos de
interpretación que dieron origen a la controversia judicial».
Tal criterio es reiteración del contenido en la sentencia SU-128 de 2021, oportunidad
en la que se concretó que el referido enfoque «impide que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir
los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial».
En ese sentido, la jurisprudencia del órgano de cierre en materia constitucional ha
hecho énfasis en la necesidad de que este medio especial esté revestido de relevancia
constitucional, debido a que está ligado al carácter subsidiario de la acción y en la
especialidad de los jueces competentes de las causas ordinarias con el fin de evitar
que en esta sede se emitan pronunciamientos que comprenden la esfera funcional de
otras autoridades judiciales.
Corolario, es menester que, como primera medida, el accionante cumpla con la carga
de exponer con suficiencia la «restricción desproporcionada» a las garantías
superiores invocadas con ocasión del fallo censurado, puesto que no es viable el
estudio del fondo del caso a partir del «simple alegato de la vulneración a los derechos
fundamentales».
En la mencionada sentencia SU-128 de 2021, sobre el particular se expuso:
El juez constitucional no puede estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
Luego, en la SU-215 de 2022 se advirtió que la exigencia que se analiza debe cumplir
con las siguientes finalidades:
(i) El respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) La protección de la autonomía e independencia de los jueces;
(iii) La preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la
protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y
(iv) La prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal7.
7 Parafraseo de la SU 2015 de 2022.
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Igualmente, en el citado fallo unificador se fijaron las siguientes reglas que el juez de
tutela debe verificar al momento de analizar si el caso objeto de su atención satisface
el requisito de relevancia constitucional. Para tal efecto, se puntualizó que:
a) El caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a
un asunto meramente legal y/o económico8; es decir, el reclamo debe ser
«trascendente para la interpretación del estatuto superior, su aplicación y
desarrollo eficaz y para la determinación del contenido y alcance de los
derechos fundamentales»9.
b) La controversia no debe girar en torno a una discusión meramente legal y/o
económica, esto es, cuando se limita a: (1) la determinación de aspectos legales
como la correcta interpretación o aplicación de una norma, con la excepción de
los casos en que de esta se «desprendan violaciones a los derechos y deberes
constitucionales»; y/o (2) cuando sea evidente su naturaleza o contenido
económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con
connotaciones particulares o privadas, que no representen un interés
general”10. En este orden, el examen de la relevancia constitucional exige que
la solicitud de amparo trascienda la simple inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales.
c) En la acción de tutela se deben exponer argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la decisión judicial afectó de manera grave una prerrogativa
fundamental, debido a que es necesaria «la acreditación de esta exigencia, más
allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación
con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de
una restricción desproporcionada a un derecho fundamental»11.
d) Finalmente, cuando se trate de acciones de tutela dirigidas contra decisiones
proferidas por una alta Corte, el examen de este requisito debe ser más
riguroso12, es decir, se debe constatar la existencia de una actuación u omisión
arbitraria por parte de la autoridad judicial que derive en la violación de derechos
fundamentales, toda vez que estas colegiaturas actúan como tribunales de
cierre.
8 Sentencia SU-103 de 2022.
9 Sentencia SU-573 de 2019.
10 Ibídem.
11 Sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
12 Sentencia SU-573 de 2019.
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2.5.1.2. En ese orden, este juez constitucional, al descender al análisis de los
argumentos planteados por el señor Julio César Vásquez Quintero, advierte que el
asunto no cumple con el requisito de relevancia constitucional para que proceda su
análisis en sede de tutela contra providencia judicial.
En síntesis, la parte accionante manifestó que en la sentencia de 4 de febrero de 2026
dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca se configuró el defecto fáctico
por la indebida valoración del informe pericial que aportó al medio de control ordinario,
a partir del cual se desvirtuaban las circunstancias de tiempo, modo y lugar
establecidas por la Policía Nacional para concluir que el vehículo DIN468 estuvo en el
lugar de los hechos y que ello permitía vincular al actor con la conducta investigada.
En ese sentido, el extremo activo resaltó que el debate propuesto en esta sede
corresponde a analizar si el tribunal accionado justificó de manera suficiente las
razones por las cuales descartó la mencionada prueba.
Al respecto, conviene traer a colación un apartado en el cual se puede observar lo que
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca refirió respecto del informe pericial:
4.1. Frente al dictamen pericial de José Javier Posada Posso 101. De entrada, la Sala
advierte que el análisis del material probatorio recaudado dentro del proceso disciplinario
no puede realizarse de manera fragmentada ni aislada, sino de forma conjunta, armónica
y conforme a las reglas de la sana crítica, atendiendo a los criterios de lógica, experiencia
y razonabilidad. En consecuencia, no resulta jurídicamente admisible lo pretendido por
la parte actora al tratar de desvirtuar la totalidad del acervo probatorio únicamente a partir
del informe pericial rendido por el señor José Javier Posada Posso.
102. En efecto, dentro del proceso disciplinario no solo reposan los registros fílmicos y
la denominada «trazabilidad» del vehículo institucional, sino también los informes de
investigador de campo, el informe suscrito por el mayor Edibier Gustavo Ramírez
Agudelo, así como las entrevistas practicadas a los propios implicados, particularmente
al actor (conductor del vehículo oficial).
103. Está plenamente acreditado que, para el día 25 de noviembre de 2018, en el turno
comprendido entre las 15:00 y las 23:00 horas, el actor se desempeñaba como conductor
del vehículo de la Policía Nacional de placas DIN468, lo que se desprende del libro de
anotaciones del suboficial de servicio, de las actas de asignación vehicular y de las
propias entrevistas rendidas dentro del proceso disciplinario. El investigado no negó
haber conducido dicho automotor ni haber transitado por los módulos de exportación
durante ese turno, circunstancia que constituye un hecho probado y no controvertido
dentro de la actuación.
104. En segundo término, los informes de investigación de campo y el análisis de los
videos de seguridad realizados por la Policía Judicial y por el oficial Edibier Gustavo
Ramírez Agudelo permiten establecer que la camioneta DIN468 ingresó en varias
ocasiones al sector donde posteriormente fue hallada la sustancia estupefaciente,
permaneciendo allí durante lapsos de tiempo que son inusuales, en algunos momentos
con las luces apagadas y efectuando maniobras de parqueo en reversa, comportamiento
que resulta objetivamente anómalo frente a una rutina normal de patrullaje. Tales
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movimientos no corresponden a un simple tránsito de control, sino que evidencian una
detención funcionalmente relevante en el lugar exacto donde se encontraron las tulas
con clorhidrato de cocaína.
105. El propio investigado, en su entrevista, se limitó a afirmar que se encontraba
«pasando revista», explicación que no logra desvirtuar la coincidencia temporal y
funcional entre su presencia en el módulo A15 y el hallazgo posterior de la droga.
106. Ahora, la Sala advierte que el informe pericial presentado por la defensa sí fue
considerado dentro del proceso, distinto es que no haya sido suficiente para descartar la
responsabilidad disciplinaria. Como se dijo, ese dictamen no puede tenerse en cuenta
como una prueba concluyente para invalidar las demás pruebas aportadas al proceso,
máxime cuando el propio perito reconoce que no contó con la totalidad del material
fotográfico y fílmico existente, lo que introduce una limitación a sus conclusiones.
107. Lo anterior es una circunstancia que no fue discutida dentro de las etapas
procesales correspondientes en el proceso disciplinario. En ese sentido, resulta
contradictorio sostener que el dictamen es contundente cuando admite la existencia de
otros registros que no fueron analizados, pues no es posible arribar a una certeza técnica
sin la revisión completa de las fuentes audiovisuales disponibles. Así, el peritaje de la
defensa en el proceso disciplinario no logra desvirtuar de manera suficiente la
trazabilidad del vehículo ni los demás elementos probatorios que sustentaron la decisión
sancionatoria.
Del texto en cita, el cual fue extraído de los folios 22 y 23 de la sentencia de 4 de
febrero de 2026, se advierte diáfanamente que el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca fue claro y contundente al explicar que, contrario a lo pretendido por el señor
Vásquez Quintero, la valoración del acervo probatorio debe realizarse de manera
integral y en el marco del principio de la sana crítica.
En ese orden, aseguró que no era dable analizar la legalidad de los fallos disciplinarios
únicamente de cara a lo contenido en el informe pericial allegado por la defensa, en
tanto ello sí constituiría un estudio sesgado del universo de los elementos de
convicción, en su defecto, lo que correspondía era considerar cada una de las pruebas
arrimadas y contrastarlas entre sí para poder determinar lo que realmente se demostró
en el plenario.
Aunado a ello, indicó que no advertía que los fallos administrativos hubiesen incurrido
en algún yerro por no sustentar y adoptar su decisión exclusivamente en las
conclusiones a las que se arribó en el informe pericial de la defensa, puesto que no
podía ser considerado como una prueba concluyente para invalidar las demás
aportadas al proceso, en tanto el perito reconoció que no contó con la totalidad del
material fotográfico y fílmico existente, aspecto que para la autoridad judicial constituyó
una limitación a las conclusiones que el actor alega omitidas.
En esa línea argumentativa, el tribunal expresó que resultaba contradictorio sostener
que el dictamen era un elemento de convicción contundente pese a que en este se
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admitía la existencia de otros registros que no fueron analizados, en consecuencia, no
era posible «arribar a una certeza técnica sin la revisión completa de las fuentes
audiovisuales disponibles».
En ese orden, es claro para la Sala de decisión que el debate propuesto en esta
oportunidad, además de exceder las competencias del juez constitucional al pretender
que se recabe sobre la legalidad de la decisión del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, concerniente a analizar si el referido informe proveía verdadera certeza
sobre las conclusiones a las que llegó el perito, también pretende que a través de una
decisión de tutela se le imponga al operador judicial ordinario la forma en que debe
efectuar el análisis del recaudo probatorio, los cuestionamientos que debía resolver y,
en síntesis, la decisión que debía adoptar según el criterio del accionante.
Además, con claridad se evidencia que todo lo anterior se concentra en la reapertura
de un debate que ya fue abordado y zanjado por el juez natural de la causa en el marco
de los pilares de la administración de justicia como lo son la sana crítica, la autonomía
e independencia judicial y, por ende, de las decisiones que imparten los jueces de la
República, máxime, que en este caso no se acreditó, a priori, que lo analizado y
resuelto por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca sea arbitrario o que
provenga de una conducta caprichosa.
Ello, conlleva que se demuestre que el caso, lejos de ameritar un examen a partir de
los postulados constitucionales, se limita al estudio de la legalidad de la decisión del
juez competente en materia contenciosa, la cual, como se indicó, fue adoptada en el
marco de los principios de autonomía e independencia judicial.
En ese orden, no es suficiente que la parte interesada refiera que con la decisión
judicial se transgredieron determinados derechos superiores, por el contrario, es
menester que quien se considera afectado, cumpla con el deber de argumentar el
concepto de la violación que se deriva de una providencia judicial en abierta
contradicción de los postulados constitucionales, que implique por parte de este juez
un pronunciamiento respecto al análisis que ha efectuado la judicatura cuestionada.
Básicamente, los cargos, al enmarcarse en la acción de tutela contra providencia
judicial, requiere con mayor énfasis que el extremo accionante ejecute una exposición
que sin lugar a duda demuestre de forma coherente, el engranaje entre la orden objeto
de reproche y la inescindible afectación de las garantías fundamentales en su núcleo
esencial. Así, es completamente evidente que esta solicitud de amparo carece de
relevancia constitucional, comoquiera que no se acredita la violación iusfundamental
alegada, a partir de un ejercicio explicativo jurídico y lógico que le permita al juez de
esta sede advertir una prominente transgresión de las prerrogativas superiores del
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accionante con ocasión de la expedición de la providencia dictada por la autoridad
censurada.
En resumen, no se evidencia un argumento sólido que demuestre la vulneración de
garantías constitucionales que permita superar el requisito de relevancia constitucional
tratándose de acción de tutela contra providencia judicial; ello, comoquiera que el
debate gira en torno a un asunto de interpretación meramente legal y probatoria, y no
se evidencia una vulneración palmaria que amerite la intervención del juez de tutela13.
Todo lo anterior, da lugar a que esta Sala confirme la improcedencia de la solicitud de
amparo de la referencia.
2.6. Conclusión
De conformidad con lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia de 6 de agosto de
2026 proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, que declaró improcedente
la acción de tutela.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la decisión de 6 de agosto de 2026 proferida por el Consejo
de Estado, Sección Cuarta.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: dentro de los diez [10] días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
13 Ver las siguientes decisiones: (i) sentencia de 29 de septiembre de 2022, expediente 11001-03-15-
000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil; (ii) sentencia de 6 de septiembre de 2022,
expediente 11001-03-15-000-2022-03065-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; (iii) sentencia de 28
de abril de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-01880-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra; y (iv)
sentencia de 21 de noviembre de 2024, expediente 11001-03-15-000-2024-04391-01, M.P. Luis Alberto
Álvarez Parra.
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LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de radicación
en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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