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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03864-01

Fecha
1 de octubre de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03864-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de 16 de julio de 2026, proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Jaime Lamberto García Rodríguez Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D y otro Radicado: 11001-03-15-000-2026-03864-01 TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-03864-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

1 de octubre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Primero (1º) de octubre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03864-01
Demandante: JAIME LAMBERTO GARCÍA RODRÍGUEZ
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN D y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Confirma improcedencia por
no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia del 16 de julio de 2026, por medio de la cual el Consejo de Estado,
Sección Cuarta, declaró improcedente el mecanismo constitucional de la referencia.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El señor Jaime Lamberto García Rodríguez, por conducto de apoderado, promovió
acción de tutela1 contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D y el Juzgado 28 Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, con el propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales
al acceso a la administración de justicia, debido proceso, mínimo vital, a la igualdad,
seguridad social y dignidad humana.

Consideró vulneradas tales garantías constitucionales con ocasión de las
sentencias del 31 de marzo de 2025 y del 13 de noviembre de 2025, dictadas por el
Juzgado 28 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal
Administrativo, Sección Segunda, Subsección D, respectivamente, que negaron las
pretensiones de la demanda dentro del proceso de nulidad y restablecimiento con
radicado 11001-33-35-028-2024-00226-00/01.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, pidió:

PRIMERA: Se amparen al accionante JAIME GARCIA RODRIGUEZ los derechos
fundamentales de ACCESO REAL A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, DEBIDO
PROCESO e IGUALDAD DE TRATO JUDICIAL, MINIMO VITAL – SEGURIDAD

1
Con escrito radicado el 20 de mayo de 2026.

1
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www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Jaime Lamberto García Rodríguez
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03864-01

SOCIAL, DIGNIDAD HUMANA y los demás que considere vulnerados el Honorable
Juez de Tutela, los cuales le fueron vulnerados al accionante por el Juzgado
Veintiocho del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”; dentro de
proceso judicial identificado con el radicado 110013335028202400226-01.

SEGUNDA: Que se ordene dejar sin efectos las sentencias de primera y segunda
instancia, proferida en el proceso No. 110013335028202400226-01, por el Juzgado
Veintiocho del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”.

TERCERO: Que se ordene al juzgado Veintiocho del Circuito Judicial de Bogotá,
Sección Segunda y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “D” que en un término no superior a treinta (30) días dicte una nueva
sentencia en el proceso No. 110013335028202400226-01.2

1.3. Hechos

De la narración realizada en el escrito inicial y lo evidenciado en el expediente, se
resaltan las siguientes premisas fácticas:

El señor Jaime Lamberto García Rodríguez prestó sus servicios como auxiliar de la
Policía desde el 1 de febrero de 2002 hasta el 1 de febrero de 2003; luego como
alumno del nivel ejecutivo entre el 8 de febrero de 2004 y el 7 de marzo de 2005, al
término del cual obtuvo el grado de patrullero; finalmente, mediante Resolución
2717 de 31 de agosto de 2023 se le aceptó el retiro por solicitud propia ostentando
el grado de subintendente.

Mediante Oficio 852141 del 26 de enero de 2024, la Caja de Sueldos de Retiro de
la Policía Nacional -en adelante CASUR- le negó el reconocimiento de la asignación
de retiro, bajo el argumento de que no acreditó el tiempo mínimo de servicios de 25
años exigido para la causal de retiro por solicitud propia a que hace referencia el
artículo 25 del Decreto 4433 de 2004, pues solo certificó 20 años, 10 meses y 8
días.

Inconforme con la anterior decisión, el tutelante promovió el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra CASUR para solicitar la nulidad del
referido oficio y que, a título de restablecimiento del derecho, se ordenara el
reconocimiento de su asignación de retiro.

Del asunto conoció el Juzgado 28 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá3,
autoridad judicial que, mediante sentencia del 31 de marzo de 2025, negó las
pretensiones. Ello tras precisar que la norma aplicable era el inciso 1.º del artículo
25 del Decreto 4433 de 2004, dado que el actor se incorporó al nivel ejecutivo el 8
de marzo de 2005 y explicó que la Ley 923 de 2004, en su artículo 3, numeral 3.1.,
inciso 2, hace referencia de manera exclusiva al personal uniformado en servicio
activo, categoría que ya no le era equivalente. De igual manera, le aclaró que la
prestación del servicio militar obligatorio no le generaba el vínculo en el nivel
ejecutivo.

2
Transcripción de conformidad con el texto original, con posibles errores.
3 Bajo el radicado No. 11001-33-35-028-2024-00226-00.

2
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Demandante: Jaime Lamberto García Rodríguez
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D y otro
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El accionante interpuso recurso de apelación contra la decisión de primer grado4,
el cual fue resuelto de manera desfavorable por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D en sentencia del 13 de noviembre
de 2025, por medio de la cual confirmó la decisión de primera instancia al considerar
que para la entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004, se encontraba en servicio
activo en la Policía Nacional, lo que lo hacía beneficiario del Decreto 1213 de 1990
aplicable a los agentes.

Frente a la aplicación del artículo 144 del Decreto 1212 del 1990, precisó que ese
estatuto era aplicable a los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional y si en
gracia de discusión, el demandante hubiera hecho parte de este grupo, tampoco
sería acreedor de la asignación de retiro, por cuanto no cumpliría con el tiempo
exigido para obtener la prestación solicitada.

1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

El actor, luego de recapitular los requisitos de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales y generalidades sobre los derechos deprecados
acusó las sentencias de haber incurrido en los defectos sustantivo y por
desconocimiento del precedente.

Con relación al defecto sustantivo el accionante no específicó normativa alguna,
de manera general adujo que las autoridades judiciales no debieron exigir requisitos
no contemplados por el legislador y que ese actuar conlleva apartarse del bloque
de constitucionalidad.

A su juicio, para resolver su caso se aplicó una interpretación restrictiva que
desconoce el principio de favorabilidad y los parámetros fijados por el Consejo de
Estado sobre la validez del régimen de transición para el nivel ejecutivo de la Policía
Nacional.

Por otro lado, adujo el desconocimiento del precedente de las sentencias del 12
de abril de 2012 (Rad. 1074-2007) y del 8 de septiembre de 2018 (Rad. 1060-13),
sin ahondar sobre las mismas.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Mediante auto del 21 de mayo de 2026, el Consejo de Estado, Sección Cuarta
admitió la acción constitucional y ordenó notificar en calidad de demandados a los
magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D y el Juzgado 28 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y, como
tercero con interés, al director de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.

4
Destacó que de conformidad con el régimen de transición establecido por la Ley 923 de 2004 para el
reconocimiento de su asignación de retiro resultaba aplicable el artículo 104 del Decreto 1213 de 1990, que
prevé 15 años de servicios para su reconocimiento y los que se retiraran por solicitud propia, 20 años de servicio
para su reconocimiento, requisito que afirmó cumple dado que al momento de su retiro del servicio contaba con
20 años, 10 meses, 8 días, además, indicó que de conformidad con el artículo 7 del Decreto 4433 de 2004 debe
ser tenido en cuenta el tiempo de servicio militar obligatorio en cualquiera de las modalidades establecidas por
la ley sin que deba diferenciarse si estuvo vinculado como auxiliar de Policía o como alumno del nivel ejecutivo
dado que se estaría exigiendo un requisito adicional al previsto en la Ley 923 de 2004.

3
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Demandante: Jaime Lamberto García Rodríguez
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03864-01

1.6. Intervenciones

La Secretaría General de la Corporación, en cumplimiento a lo ordenado en el auto
admisorio de la acción de tutela, libró los oficios dirigidos a los sujetos procesales
en virtud de los cuales se recibieron los siguientes escritos:

1.6.1. Juzgado 28 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá

En primer lugar, recapituló el trámite del proceso ordinario de nulidad y
restablecimiento del derecho y allegó el link del expediente solicitado.

Luego señaló que la providencia cuestionada se apoyó en una valoración completa
del acervo probatorio, a partir de la cual advirtió que los actos administrativos
demandados se ajustaron a las normas aplicables al caso y que el tutelante no
completo el tiempo requerido para obtener la asignación de retiro, por lo que no se
configuraban los yerros planteados.

A su vez, hizo referencia a que la acción de tutela resulta improcedente, toda vez
que no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable, máxime cuando el
accionante ya acudió a los medios de defensa judicial para ventilar los mismos
asuntos que ahora pretende reabrir en sede constitucional.

1.6.2. Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR

Explicó que en el presente asunto no se advierte la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por el tutelante, pues su controversia fue conocida por
dos autoridades judiciales que concluyeron que no había ilegalidad alguna de las
decisiones de la administración.

Con base en lo anterior solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela,
toda vez que el accionante la utiliza la acción de tutela como una tercera instancia
para que se resuelva de manera favorable a sus intereses.

1.6.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D no rindió informe pese a haber sido notificado en debida forma de la
acción de tutela5.

1.6. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Cuarta, en sentencia del 16 de julio de 2026, declaró
improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de la relevancia
constitucional «pues en el escenario que propone el demandante, la Sala estaría
obligada a examinar nuevamente un asunto que ya fue resuelto por las autoridades
demandadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
11001-33-35-028-2024-00226-00/01, finalidad para la que no está previsto este
mecanismo constitucional».

5
A través de los correos electrónicos scs02tadmincdm@notificacionesrj.gov.co,
tutelassec02sub04tac@cendoj,ramajudicial.gov.co.

4
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Demandante: Jaime Lamberto García Rodríguez
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D y otro
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Al efecto precisó que el actor insiste en los argumentos que expuso en el recurso
de apelación, solo que en sede constitucional alega su inconformidad bajo la
configuración de los defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente.

Advirtió que la discusión que se propone ya fue resuelta por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, autoridad
judicial que concluyó que el hecho de que el señor Jaime Lamberto García haya
ostentando la calidad de Auxiliar y de alumno del Nivel Ejecutivo durante los años
2002 al 2004, no le otorgaba la calidad de miembro activo y por lo tanto, no le era
aplicable la Ley 923 del 2004 sino el Decreto 1213 de 1990 y, bajo esa disposición
no era acreedor de la asignación de retiro.

Así las cosas, el a quo constitucional consideró que «los cargos formulados por el
tutelante están encaminados a extender en sede de tutela el debate jurídico zanjado
por la providencia cuestionada de segunda instancia dentro del aludido proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, lo que denota que la acción de tutela de la
referencia no colma el requisito de relevancia constitucional».

1.7. Impugnación6

El actor impugnó el fallo de primera instancia, con respaldo en que la controversia
planteada sí tiene relevancia constitucional «pues la relevancia constitucional
desaparece únicamente cuando el accionante pretende sustituir al juez natural en
la interpretación del derecho objetivo, pero subsiste cuando la controversia versa
sobre la eventual vulneración de derechos fundamentales derivada del
desconocimiento del precedente judicial, de la arbitrariedad judicial o de la
afectación del debido proceso».

Afirmó que la acción de tutela no se edificó sobre la simple inconformidad frente al
sentido de las decisiones adoptadas dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho sino que el fundamento central del amparo consistió
en denunciar que las autoridades judiciales accionadas omitieron aplicar el
precedente del Consejo de Estado respecto del régimen de transición previsto en
la Ley 923 de 2004 para los miembros de la Policía Nacional que se encontraban
en servicio activo al momento de su entrada en vigencia, limitándose a efectuar una
interpretación restrictiva del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004.

Insistió en que el verdadero debate radica en establecer si los jueces
administrativos resolvieron el litigio desconociendo el precedente judicial de las
sentencias del Consejo de Estado de 12 de abril de 2012 (Rad. 1074-2007) y de 8
de septiembre de 2018 (Rad. 1060-13).

Afirmó que la jurisprudencia constitucional ha señalado de manera reiterada que,
aunque las controversias prestacionales suelen ventilarse ante la jurisdicción
ordinaria o contencioso administrativa, adquieren relevancia constitucional cuando
la decisión judicial tiene la potencialidad de afectar directamente la garantía material

6
Impugnación que fue presentada dentro del término establecido en el artículo 31 del Decreto 2591
de 1991, teniendo en cuenta que el fallo de primera instancia se notificó por medio de correo
electrónico enviado el 23 de agosto de 2026 y se impugnó el 28 del mismo mes.

5
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del derecho a la seguridad social o compromete las condiciones mínimas de
existencia digna de quien reclama la prestación.

Adujo que afirmar que la controversia carece de relevancia constitucional supone
desconocer que el proceso ya agotó todas las instancias ordinarias y que la
eventual vulneración constitucional únicamente puede ser reparada mediante la
intervención excepcional del juez de tutela.

Finalmente, reprochó la conclusión del a quo según la cual la presente tutela
constituye una tercera instancia, así afirmó que partió de una premisa equivocada,
pues identificó cualquier cuestionamiento constitucional formulado contra una
providencia judicial con una simple inconformidad frente al sentido de la decisión y
que esa equiparación desconoce la naturaleza misma de la tutela contra
providencias judiciales y termina vaciando de contenido el mecanismo
constitucional diseñado para corregir actuaciones judiciales que, pese a haber
adquirido firmeza, puedan resultar incompatibles con la Constitución.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta sección es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte
actora contra la providencia dictada por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, el
16 de julio de 2026, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
este último modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20197.

2.2. Cuestión previa

En este punto se aclara que, si bien el extremo actor demandó las dos sentencias
dictadas en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cierto
es que en esta sede el análisis se realizará respecto del fallo dictado el 13 de
noviembre de 2025 por la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca por ser la decisión que puso fin al proceso
ordinario.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse el
fallo de primera instancia de 16 de julio de 2026, de la Sección Cuarta del Consejo
de Estado que declaró improcedente el mecanismo de protección superior
presentado por el señor Jaime Lamberto García Rodríguez, ante la falta de
cumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, (ii) de los requisitos
de procedibilidad adjetiva, en especial el de relevancia constitucional y, de
superarse, junto con los demás, (iii) el caso concreto.

7
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

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2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20128,
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma instancia habían adoptado posturas diversas sobre el tema9.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la viabilidad del mecanismo superior contra decisiones de los jueces10.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201411, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, sobre la referida temática.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

2.5.1. Relevancia constitucional

2.5.1.1. La Sala advierte que en el caso sub examine, de conformidad con lo
señalado por el a quo constitucional, no se cumple el presupuesto de la referencia,
para lo cual resulta pertinente recordar el criterio adoptado por la Corte
Constitucional en la SU-215 de 2022, en cuanto a la procedencia de la acción de
amparo de cara a este requisito, así:

40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez
de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia
o recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Para determinar si este
requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance
de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente
una afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente,
cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte,
se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales (…). (Énfasis de la Sala)

8
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela
• Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth
García González.
9
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
10
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”.
11
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

7
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En segundo lugar, se tiene que esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de
202212, modificó la postura que tenía hasta ese momento sobre el estudio del
requisito de relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales
se hace evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico,
sin que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un análisis de fondo respecto
de una posible vulneración de una garantía superior.

De esta manera, la Sala planteó que el examen de dicha exigencia debía estar
acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional y acogidos
por esta Corporación, que en concreto se refieren a:

i) Que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente
la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no
basta que simplemente se aduzca la trasgresión de aquellos;

ii) Que la acción de amparo no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo solo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no
debe ser un debate exclusivamente legal; y

iii) Que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la
tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas
a los jueces ordinarios y el mecanismo constitucional no puede convertirse en una
tercera instancia.

Finalmente, se precisa que la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales expedidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la decisión atacada se presenta
una afectación desproporcionada a un derecho fundamental producto de una
actuación arbitraria.

Así, dicho requisito no se traduce en la demostración efectiva de la vulneración de
las prerrogativas superiores, sino en que se aporten elementos suficientes que
permitan advertir tal situación a primera vista, especialmente cuando se ejerce este
mecanismo constitucional contra una sentencia de un órgano de cierre.

2.5.1.2. Ahora, en el caso objeto de estudio, la solicitud de amparo presentada por
el tutelante, como se indicó en precedencia, no satisface el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que, en primer lugar, las inconformidades planteadas no
contienen la carga argumentativa necesaria que dé cuenta de las razones del por
qué el asunto requiere la intervención del fallador de esta sede; es decir, no tienen
la entidad o trascendencia para aplicar, interpretar o desarrollar mandatos
constitucionales.

En efecto, si bien la parte actora alegó la configuración de los defectos sustantivo y
de desconocimiento de precedente, lo cierto es que no satisfizo la carga desde la

12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de
septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

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Demandante: Jaime Lamberto García Rodríguez
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Segunda, Subsección D y otro
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perspectiva constitucional, según lo establecido en la referida sentencia de
unificación de la Corte Constitucional, SU-215 de 2022, pues el debate planteado
en esta instancia se circunscribe a un simple desacuerdo con la interpretación y
aplicación normativa realizados por la autoridad judicial accionada porque, a juicio
de la parte accionante, se le debió aplicar el régimen de transición para el nivel
ejecutivo de la Policía Nacional por encontrarse en «servicio activo» al momento de
la entrada en vigencia de la Ley 923 del 2004, pretendiendo convertir la acción de
tutela en una instancia adicional.

Así, nótese que, sobre el yerro sustantivo el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, en sentencia dictada el 13 de
noviembre de 2025, explicó que la normativa aplicable era el Decreto 1213 de 1990,
pues al momento de su retiro del servicio contaba con 20 años, 10 meses, 8 días y
que, en el cuadro de servicios prestados, se evidenció que García Rodríguez,
ingresó al Nivel Ejecutivo, apenas hasta el 8 de marzo de 2005, y retirado del
servicio por solicitud propia, entonces, «la Sala no encuentra razón a este
argumento de la apelación, dado que el artículo 7 del Decreto 4433 de 2004, si bien
menciona que los periodos en que se presta el servicio militar obligatorio y la
permanencia en la escuela de formación, se deben computar para el reconocimiento
de la asignación de retiro, igualmente establece las diferentes situaciones
administrativas en la que está el personal de la Policía Nacional, con la finalidad de
que no se desconozca el tiempo de servicio, sin que con ello se pueda establecer
que el servidor pertenezca a determinada categoría [entiéndase en el caso concreto
nivel ejecutivo]».

La misma suerte corre el defecto por desconocimiento del precedente, el cual no
cumple con la carga argumentativa suficiente en la medida que tan solo citó las
sentencias que a su criterio fueron desatendidas sin desarrollar el contenido y regla
desconocida. Sobre la jurisprudencia el fallo acusado acudió a una sentencia de
constitucional para hacer hincapié en que los alumnos de las escuelas de formación
ostentan una clasificación especial en la Institución y no pueden ser considerados
como miembros activos de la fuerza pública por el hecho de que porten un uniforme,
pues esa condición es la de Cadetes o Alféreces, y la calidad de servidores públicos
la adquieren una vez se materializa el acto de nombramiento en el respectivo grado.
Al respecto transcribió el siguiente aparte de la sentencia C-1214 de 2001.

[…] los alumnos de las escuelas de formación no ejercen funciones públicas
ni ostentan calidades diferentes a su condición de estudiantes de un centro
docente, además por la sencilla razón de que las escuelas de formación de la
Policía Nacional tienen el carácter de entidad universitaria, al tenor de lo dispuesto
en el Acuerdo N.º 15 de enero 23 de 1976, expedido por el Instituto Colombiano
para el Fomento de Educación Superior ICFES, que concede licencia de
funcionamiento a los programas de licenciatura en estudios superiores y de
Administración Policial a la Escuela De Cadetes de Policía "General Santander",
y de la resolución N.º 9354 de octubre 27 de 1976 el Ministerio de Educación
Nacional, que aprueba los programas respectivos.

Cabe anotar que el Decreto 1791 de 2000, "Por el cual se modifican las normas
de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales y agentes de la
Policía Nacional", en su artículo 5º establece la jerarquía de los cargos para
efectos de mando, régimen disciplinario, justicia Penal Militar, lo mismo que para
todos los
derechos y obligaciones consagradas en este Decreto, determinando al efecto los
grados de oficiales, nivel ejecutivo, suboficiales y agentes. Y en el artículo 6º

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Demandante: Jaime Lamberto García Rodríguez
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03864-01

preceptúa que son estudiantes quienes ingresan a las seccionales de la
Escuela Nacional de Policía "General Santander", para adelantar cursos de
formación y no pertenecen a la jerarquía de que trata ese ordenamiento.

Bajo estas consideraciones se concluye que los estudiantes o alumnos de
las escuelas de formación de la Policía Nacional no hacen parte de la
jerarquía de la institución, dada su condición de
Cadetes de Alféreces.” (negrillas de la Sala).

Bajo la misma línea argumentativa el tribunal extrajo un aparte de la jurisprudencia
del Consejo de Estado así: «debe traerse a consideración la sentencia del Consejo
de Estado de fecha 13 de enero de 202013, en la cual se puntualizó que no es
procedente tener en cuenta el período en que el Auxiliar de Policía inicia el servicio
militar, como fecha de ingreso al Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional», ello para
reforzar que el hecho de que el señor García Rodríguez haya ostentado la calidad
de Auxiliar de Policía y de alumno del Nivel Ejecutivo durante los años 2002 al 2004,
no le otorgaba la calidad de miembro activo de esa categoría, por lo tanto, no le
asistía razón al mencionar que con base en la Ley 923 del 2004 era beneficiario del
Decreto 1213 de 1990.

Así las cosas, se reitera que la afirmación consistente en que se vulneraron sus
prerrogativas superiores al debido proceso y a la justicia, no conlleva a que el asunto
puesto en conocimiento del juez de tutela revista necesariamente de relevancia
constitucional, pues para ello se requiere que en el escrito inicial medie un ejercicio
hermenéutico y argumentativo que permita vislumbrar que la controversia gira en
torno al alcance, contenido o goce de un derecho fundamental. Esto, ya que la
competencia de este operador judicial se restringe a la protección efectiva de las
garantías constitucionales y no a problemas de carácter legal o a estudiar una mera
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales.

La carga argumentativa a la cual hace alusión la Corte Constitucional no se satisface
simplemente con enunciar y transcribir artículos de la Constitución Política o realizar
manifestaciones genéricas para cumplir el mencionado ejercicio, sino que dicha
labor comprende un ejercicio de sustentación mucho más profundo.

En el escrito contentivo de la tutela, se advierte el reparo a la decisión de segunda
instancia a partir de la configuración de determinados defectos, pero huérfano de
una línea conceptual iusfundamental que permita al juez desarrollar, interpretar o
aplicar la Carta Política respecto al caso concreto.

De otra parte, es claro que la parte accionante busca en este escenario judicial que
el juez constitucional desplace al operador ordinario del asunto, para obtener la
interpretación y aplicación de las normas en la forma que a él le parece correcta. Es
decir, en otros términos, pretende a través del mecanismo constitucional crear una
instancia adicional, en la que se estudie nuevamente los cargos que ya fueron
zanjados por los operadores judiciales ordinarios y, además obtener una decisión
favorable.

13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, C.P.
Dr. Carmelo Perdomo Cuéter, expediente No. 05001-23-33-000-2014-01109-01(2133-16).

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Demandante: Jaime Lamberto García Rodríguez
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Segunda, Subsección D y otro
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Se recuerda que en materia de tutelas contra providencias judiciales le está vedado
al juez del amparo inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de los jueces
naturales de la causa; por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en las
consideraciones de raigambre constitucional esgrimidas por la parte actora dentro
del trámite de tutela, toda vez que si se analizaran solo los motivos de dicho extremo
frente a la apreciación jurídica del proceso contencioso expuestos en la solicitud de
amparo sin el debido contraste de un indebido e irracional estudio por parte de la
autoridad judicial, ello atentaría contra el principio de autonomía judicial y así, en
últimas se convertiría el mecanismo de amparo en una tercera instancia.

Ello por cuanto, el tema referido al régimen aplicable para el reconocimiento de la
asignación de retiro, fue analizado en la providencia censurada de segunda
instancia, cuando se precisó, con sustento en la norma del régimen pensional de la
Policía Nacional y de la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como del
Consejo de Estado, que los alumnos de las escuelas de formación no pueden ser
considerados como miembros activos de la fuerza pública pues la calidad de
servidores públicos la adquieren una vez se materializa el acto de nombramiento en
el respectivo grado y este es el que determina la norma aplicable, si será la que
regula a los Agentes, Oficiales, Suboficiales o el nivel ejecutivo.

Luego, se itera, lo pretendido por el accionante es que se realice nuevamente, en
este escenario, el análisis de dicho tópico, lo cual resulta notoriamente
improcedente, comoquiera que no le está permitido al juez de la acción de amparo
constitucional inmiscuirse en los asuntos que le son propios del administrador de
justicia que conoce del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
No sobra iterar que, en garantía de los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada
y del respeto por el precedente judicial, la acción de tutela contra providencias
judiciales debe ser rigurosa a la hora de estudiar los requisitos generales de
procedibilidad.

2.6. Conclusión

Con fundamento en los anteriores argumentos, se confirmará la sentencia de la
Sección Cuarta del Consejo de Estado que declaró improcedente el presente
mecanismo constitucional, por falta de acreditación del requisito de relevancia
constitucional.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de 16 de julio de 2026, proferido por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

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Demandante: Jaime Lamberto García Rodríguez
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03864-01

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de
radicación en el siguiente vínculo
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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