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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-06915-00

Fecha
1 de octubre de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-06915-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: RECONOCER personería al abogado Konrad Sotelo Muñoz para actuar en representación de la señora Sonia María Laverde Osorio, en los términos del poder conferido. SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Nación – Ministerio de Educación Nacional, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. TERCERO: DECLARAR la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada por la parte actora contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. QUINTO: Si no fuese impugnada esta decisión dentro de los tres [3] días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-06915-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

1 de octubre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Primero [1. °] de octubre de dos mil veintiséis [2026]

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06915-00
Demandantes: SONIA MARÍA LAVERDE OSORIO Y OTRA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B

Temas: Tutela contra providencia judicial. Declara la improcedencia
por falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide el presente mecanismo constitucional de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021, y el
Acuerdo 080 de 2019, de la Sala Plena de esta corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

Las señoras Sonia María Laverde Osorio y Marlene Laverde Osorio, por
conducto de apoderado judicial, presentaron acción de tutela, con el fin de que
se les protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y
de acceso a la administración de justicia.

Las mencionadas garantías constitucionales las consideraron vulneradas por
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, al proferir la sentencia
de 27 de marzo de 2026, por medio de la cual confirmó parcialmente 1 lo
dispuesto por el Tribunal Administrativo del Cauca, que había declarado la

1 La autoridad judicial confirmó la declaratoria de prescripción extintiva del auxilio de cesantía

prevista en el artículo 41 del Decreto 1848 de 1969 y adicionó la sentencia, en el sentido de
declarar la existencia y nulidad del acto ficto negativo configurado frente a la petición
presentada por las demandantes el 9 de marzo de 2012.

Demandantes: Sonia María Laverde Osorio y otra
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06915-00

prescripción del derecho a las cesantías definitivas reclamadas en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
19001-23-33-000-2015-00523-00/02.

1.2. Pretensiones

Lo requerido en la demanda de tutela es lo siguiente:

PRIMERA. Amparar los derechos fundamentales de MARLENE LAVERDE
OSORIO al debido proceso, igualdad y acceso efectivo a la administración de
justicia, en conexión con los artículos 25, 48, 53, 83 y 228 de la Constitución
Política.

SEGUNDA. Dejar sin efectos el numeral primero de la sentencia de 27 de marzo
de 2026, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
exclusivamente en cuanto confirmó la declaratoria de prescripción extintiva
del derecho a obtener el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas de
Gloria Laverde Osorio.

TERCERA. Dejar sin efectos, en lo correspondiente, el numeral primero de la
sentencia de 29 de febrero de 2024 del Tribunal Administrativo del Cauca,
exclusivamente respecto de la declaratoria de prescripción que fue confirmada en
segunda instancia.

CUARTA. Mantener expresamente incólumes los numerales segundo y tercero
de la sentencia del Consejo de Estado de 27 de marzo de 2026, mediante los
cuales: a. se declaró la existencia del acto ficto o presunto originado en la falta de
respuesta a la petición presentada por las accionantes el 9 de marzo de 2012; y
b. se declaró la nulidad de dicho acto ficto negativo.

QUINTA. Ordenar al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que
profiera una nueva sentencia dentro del término que disponga el juez
constitucional, en la cual resuelva el recurso de apelación y las consecuencias de
restablecimiento del derecho observando integralmente:
• el artículo 53 de la Constitución;
• el principio de favorabilidad;
• la interpretación conforme con la Constitución;
• la buena fe y confianza legítima;
• la seguridad jurídica;
• la evolución histórica del criterio de prescripción aplicado por el FOMAG;
• los efectos temporales del cambio interpretativo;
• y el precedente constitucional aplicable.

SEXTA. Ordenar la vinculación al trámite constitucional del Tribunal Administrativo
del Cauca, Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG, Fiduprevisora

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S.A., Secretaría de Educación competente y demás partes e intervinientes del
proceso ordinario.2

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio
de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

La señora Gloria Laverde Osorio prestó sus servicios como docente oficial y
estuvo afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG). Falleció el 18 de diciembre de 2008, sin que se le hubieran pagado
las cesantías definitivas.

El 26 de mayo de 2011, Carlos Alberto Calvache García, en calidad de cónyuge
supérstite, reclamó ante Fiduprevisora S.A. el reconocimiento y el pago de
dicha prestación. La misma solicitud la efectuaron el 9 de marzo de 2012, las
señoras Sonia María y Marlene Laverde Osorio en su condición de hermanas.

Por Resolución 157 de 22 de marzo de 2013, la Secretaría de Educación del
Municipio de Popayán negó el reconocimiento al cónyuge supérstite, debido a
que no acreditó la convivencia con la docente. Sin embargo, no resolvió la
petición presentada por sus hermanas.

El 10 de agosto de 2015, las accionantes promovieron el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – FOMAG. Pretendieron la nulidad de la citada resolución
y del acto ficto negativo, así como el reconocimiento de las cesantías definitivas
y la sanción moratoria por su pago tardío.

El Tribunal Administrativo del Cauca, en sentencia de 29 de febrero de 2024,
declaró de oficio la prescripción extintiva del derecho y negó las pretensiones.
Consideró que las demandantes reclamaron la prestación después de los tres
años siguientes al fallecimiento de su hermana.

Inconformes con esa determinación, interpusieron recurso de apelación.
Sostuvieron que debía aplicarse el término de prescripción de diez años
contemplado en los «criterios administrativos del FOMAG» y que la reclamación

2 Transcripción literal del texto original, por lo que puede contener errores.

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presentada por el cónyuge en mayo de 2011 debía tenerse en cuenta para
efectos de la interrupción del término.

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, profirió sentencia el 27
de marzo de 2026, en la que confirmó parcialmente la declaratoria de
prescripción del derecho a las cesantías definitivas. Consideró que el término
de tres años comenzó a correr desde el fallecimiento de Gloria Laverde Osorio,
ocurrido el 18 de diciembre de 2008. Por ello, la reclamación presentada por
sus hermanas el 9 de marzo de 2012 fue extemporánea.

De igual manera, sostuvo que la petición del cónyuge supérstite, presentada el
26 de mayo de 2011, no interrumpió la prescripción en favor de las
demandantes. Frente al término decenal invocado en la apelación, explicó que
la sentencia de 19 de abril de 2012 no estableció esa regla para el derecho
reclamado.

Y, aunque reconoció que las accionantes podían reclamar la prestación como
herederas, concluyó que su derecho estaba prescrito. Bajo ese entendido,
confirmó parcialmente la sentencia apelada y la adicionó para declarar la
existencia y nulidad del acto ficto negativo configurado frente a la petición de 9
de marzo de 2012.

1.4. Fundamentos de la solicitud

Las accionantes atribuyeron a la sentencia cuestionada los defectos sustantivo,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución,
así como una motivación insuficiente frente a los argumentos planteados en el
recurso de apelación.

En su criterio, la autoridad judicial aplicó el término de prescripción de tres años
previsto en el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, sin valorar la
interpretación decenal que, según afirmaron, había mantenido el Ministerio de
Educación Nacional y el FOMAG para las cesantías definitivas.

En cuanto al desconocimiento del precedente judicial, cuestionaron que el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B descartara el término de

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diez años sin examinar el alcance de la sentencia de 19 de abril de 20123, que,
según su interpretación, acreditaba la existencia de una política institucional
favorable. Añadieron que la providencia utilizó el Manual Operativo del FOMAG
para determinar quiénes podían reclamar la prestación, pero no valoró su
contenido al estudiar la prescripción.

Respecto de la motivación, reprocharon que no se hubiera dado respuesta
suficiente a los argumentos como la favorabilidad laboral, confianza legítima y
aplicación temporal del cambio interpretativo.

Sobre este punto, sostuvieron que el criterio trienal fue incorporado al Manual
Operativo del FOMAG en 2021, con fundamento en un concepto ministerial de
2020. De manera que, consideraron que no podía aplicarse en perjuicio de una
reclamación presentada en 2012.

Finalmente, como un argumento adicional, sostuvieron que la reclamación
presentada por Carlos Alberto Calvache García el 26 de mayo de 2011 debía
tener efectos sobre la interrupción de la prescripción, pues se refería a la misma
prestación que posteriormente reclamaron las demandantes.

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 31 de agosto de 2026, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela, ordenó notificar a la autoridad judicial demandada y vinculó al
Tribunal Administrativo del Cauca, a la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – FOMAG, a Fiduprevisora S.A. y al señor Carlos Alberto Calvache
García.

Previo a proferir sentencia de primera instancia, a través de auto de 18 de
septiembre de 2026, se requirió al abogado Konrad Sotelo Muñoz para que
acreditara su representación respecto de Sonia María Laverde Osorio, debido
a que no obraba poder especial conferido por ella para promover la presente
acción constitucional.

El 24 de septiembre siguiente, el profesional del derecho allegó el mandato
otorgado por la señora Sonia Laverde Osorio y pidió tener por cumplido el

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,

sentencia de 19 de abril de 2012, radicación 25000-23-25-000-2005-03330-01 (0943-08), C.P.
Luis Rafael Vergara Quintero.
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requerimiento, así como reconocerle personería para actuar en su
representación

1.6. Intervenciones

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron los siguientes
informes:

1.6.1. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B

La magistrada ponente de la providencia cuestionada rindió informe y pidió
negar el amparo, al considerar que no se configuraron los defectos alegados
por las accionantes.

Sostuvo que las cesantías de los docentes afiliados al FOMAG están sometidas
al término de prescripción de tres años, previsto en el artículo 41 del Decreto
3135 de 1968 y el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.

Frente al Manual Operativo de Prestaciones Económicas, explicó que
constituye un instrumento administrativo que no tiene la facultad de modificar o
suspender un término de prescripción establecido por el legislador.

Con relación al supuesto desconocimiento del precedente judicial, afirmó que
la sentencia si estudió el término decenal invocado en la apelación y que «el
fallo de esta corporación del 19 de abril de 2012, proferido dentro del expediente
con radicado núm. 25000-23-25-000-2005-03330-01, en el cual las accionantes
fundamentaron su postura, si bien guarda relación con la materia debatida, en
ningún momento fijó un término de prescripción de diez (10) años para las
cesantías definitivas del magisterio».

Por último, defendió que la decisión estuvo debidamente motivada, aplicó las
disposiciones correspondientes y reconoció la posibilidad de que las herederas
reclamaran la prestación, sin que ello excluyera la aplicación del término
prescriptivo.

1.6.2. La Nación - Ministerio de Educación Nacional

La jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Educación Nacional
solicitó declarar improcedente el mecanismo constitucional y la desvinculación

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de la Cartera Ministerial en el trámite constitucional por falta de legitimación en
la causa por pasiva.

Señaló que el Ministerio no administra ni representa al FOMAG y que carece
de intervención directa en el reconocimiento y pago de las prestaciones
sociales a cargo de ese patrimonio autónomo. Por lo que, consideró que no
podía atribuírsele la vulneración alegada.

1.6.3. Tribunal Administrativo del Cauca

Remitió el enlace del expediente digital del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 19001-23-33-000-
2015-00523-00/02

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por
las señoras Sonia María Laverde Osorio y Marlene Laverde Osorio contra el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, de conformidad con el
Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333
de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Cuestión previa

La Nación - Ministerio de Educación Nacional pidió ser desvinculado del trámite
constitucional por falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que
no tiene a su cargo la administración ni el pago directo de las prestaciones
sociales del FOMAG.

Se anuncia que esta petición será denegada, toda vez que su vinculación se
dispuso en calidad de tercero con interés en las resultas del proceso, por haber
integrado el extremo pasivo del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho en el que se profirió la sentencia cuestionada.

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2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, vulneró los derechos fundamentales de las
accionantes con ocasión de la sentencia de 27 de marzo de 2026, proferida
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado 19001-23-33-000-2015-00523-02.

Para el efecto se abordará el estudio del caso así: (i) la procedencia de la acción
de tutela contra providencia judicial, (ii) los requisitos generales de
procedibilidad adjetiva, y de superarse (iii) el caso en concreto.

2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 20124
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema5.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección,
decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte
resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales6.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese
estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados
hasta el momento jurisprudencialmente».

4 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN

DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada
Ponente: María Elizabeth García González.
5 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena

antes reseñada.
6 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela

contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta
providencia».
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Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 7, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia
judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Examen de los requisitos: Procedencia adjetiva

2.5.1. Relevancia Constitucional

Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente
recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022,
en cuanto a la procedencia de la acción Constitucional de cara a este requisito,
así:

[…] 40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia
constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir
debates meramente legales. Para determinar si este requisito se
cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se
limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se
dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales
[…].

Por su parte, esta Sala ha dispuesto que el estudio de la relevancia
constitucional debe estar acompasado con los criterios establecidos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 y acogidos por esta

7 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto

de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica.
Actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Corporación en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 8, que en
concreto se refieren a:

i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.
Por ende, no debe ser un debate exclusivamente legal.

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no
se advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una
vulneración ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior
porque estas controversias corresponde definirlas a los jueces
ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera instancia9.

Sobre el particular, se considera, que este asunto no es relevante
constitucionalmente, como se pasará a explicar.

En síntesis, la inconformidad de las accionantes se centró en reprochar que el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, al resolver el recurso de
apelación dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, (i) aplicó el término de prescripción de tres años a las cesantías
definitivas de su hermana fallecida; (ii) descartó el término decenal que, según
afirmaron, había mantenido el FOMAG; y (iii) no extendió a su favor los efectos
de la reclamación presentada por el cónyuge supérstite el 26 de mayo de 2011.

En esta oportunidad, tales argumentos se enmarcaron en la configuración de
los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación
directa de la Constitución, así como en una presunta motivación insuficiente de
la sentencia cuestionada. De manera que, es posible concluir que los
argumentos expuestos apuntan a convertir este mecanismo constitucional en
una tercera instancia en la cual, a interés de la tutelante, se desvirtúe el estudio
esbozado por los jueces naturales de la causa.

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 29

de septiembre de 2022, expediente N.º 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo
Vanegas Gil.
9 Énfasis de la sala.

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En primer lugar, se itera que en materia de tutelas contra providencias judiciales
le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita
de los jueces naturales de la causa, por lo tanto, el estudio debe basarse
exclusivamente en los argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por
la parte actora dentro del trámite de tutela, toda vez que si se analizaran solo
los argumentos de la accionante frente al análisis jurídico realizado por las
autoridades judiciales, sin el debido contraste, se atentaría contra el principio
de autonomía judicial y así, en últimas se convertía el mecanismo constitucional
en una tercera instancia.

En este orden de ideas, se advierte que el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B examinó los argumentos que las accionantes
reiteraron en sede constitucional, relacionados con el término de prescripción
aplicable, los efectos de la reclamación del cónyuge supérstite y la procedencia
del plazo decenal.

En efecto, frente a la reclamación de las demandantes, el ad quem, consideró:

Así, en principio las aquí demandantes serían beneficiarias del derecho
reclamado lo cual hace que el acto ficto negativo demandado se deba anular.
Sin embargo, este derecho estaría prescrito puesto que, como quedó
demostrado el término trienal inició a contabilizarse a partir de la causación del
derecho, es decir, el 18 de diciembre de 2008 y las aquí demandantes acudieron
el 9 de marzo de 2012.

Respecto de la petición presentada por Carlos Alberto Calvache García, la
Subsección B explicó que «no es posible aceptar que, por la simple
manifestación de coadyuvancia, se debe tomar como fecha de presentación de
la solicitud de reconocimiento del derecho, el 26 de mayo de 2011, pues en
esta última fecha quien acudió a la administración fue el cónyuge sobreviviente
y en ese orden el resultado de esa actuación tiene efectos única y
exclusivamente frente a su derecho».

De igual manera, la autoridad judicial respondió expresamente el argumento
relacionado con la aplicación del término de diez años, así:

Finalmente, el argumento del recurrente relacionado con el término de 10 años
de prescripción no resulta procedente pues tal y como quedó consignado en el
marco normativo de esta providencia, el derecho a recibir el auxilio que aquí se
estudia tiene un término máximo de prescripción de 3 años. La sentencia en la
que sustentó la petición, del 19 de abril de 2012, si bien tiene relación con el

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asunto que aquí se resuelve, no estableció un término de prescripción de 10
años.

Así las cosas, se observa que el fallo de segunda instancia estudió los aspectos
que ahora cuestionan las accionantes y expuso las razones por las cuales
consideró aplicable el término trienal, sin extender a su favor a los efectos de
la reclamación presentada por el cónyuge supérstite.

Por tanto, los reparos planteados buscan reabrir la discusión jurídica resuelta
por el juez natural, con el propósito de que, a través de la tutela, se adopte una
interpretación distinta sobre la prescripción del derecho reclamado.

En este punto, se torna importante recordar que un sencillo desacuerdo en
relación con la conclusión a la cual arribó el juez ordinario, de ninguna manera
puede ser razón para ordenar el amparo constitucional por este aspecto.
Aceptar lo contrario, implicaría una sustitución arbitraria del juez natural.

Por todo lo anterior, se considera que en este caso no se acreditaron los
criterios fijados por la Corte Constitucional para encontrar superado el requisito
de relevancia constitucional, puesto que la controversia se centró en pretender
modificar el criterio del ad quem, con sustento en la trasgresión del derecho
fundamental al debido proceso.

En este sentido, para esta Sección, resulta claro que este asunto se
circunscribe a una inconformidad del tutelante, de modo que la situación
descrita es de competencia exclusiva del juez ordinario 10 y por ello, al
funcionario constitucional no le corresponde dirimir aspectos de esta
naturaleza.

2.6. Conclusión

Así las cosas, se procede a declarar improcedente el amparo de la referencia,
por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

10 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, reitera lo señalado en la providencia C-590

de 2005.
12

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www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Sonia María Laverde Osorio y otra
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06915-00

3. FALLA:

PRIMERO: RECONOCER personería al abogado Konrad Sotelo Muñoz para
actuar en representación de la señora Sonia María Laverde Osorio, en los
términos del poder conferido.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Nación –
Ministerio de Educación Nacional, por las razones expuestas en la parte
considerativa de esta providencia.

TERCERO: DECLARAR la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela
presentada por la parte actora contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta
providencia

CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: Si no fuese impugnada esta decisión dentro de los tres [3] días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co;8080/Vistas/Casos/procesos.aspx”

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