Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2015-00523-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2015-00523-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 19001-23-33-000-2015-00523-02
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
27 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 19001-23-33-000-2015-00523-02 (2153-2024)
Demandantes: Sonia María Laverde Osorio y Marlene Laverde Osorio
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio1
Tema: reconocimiento de cesantías definitivas a herederos. Subtema 1: régimen
de liquidación de cesantías a docentes. Subtema 2: prescripción extintiva del
derecho. Subtema 3. Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida el 29 de febrero de 2024, por el Tribunal Administrativo del Cauca,
mediante la cual declaró de oficio probada la excepción de prescripción extintiva y
en consecuencia negó las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
Las señoras Sonia María Laverde Osorio y Marlene Laverde Osorio solicitaron la
nulidad de la Resolución núm. 157 del 22 de marzo de 20132, expedido por la
Secretaría de Educación Municipal de Popayán, así como el acto ficto o presunto
configurado por el silencio administrativo negativo frente a la adhesión a la
reclamación presentada por la parte demandante el 9 de marzo de 2012.
1 En adelante Fomag.
2 Por medio de la cual se niega el reconocimiento de una cesantía definitiva a un beneficiario, señor Carlos
Alberto Calvache García.
Radicación: 19001-23-33-000-2015-00523-02 (2153-2024)
Demandantes: Sonia María Laverde Osorio y Marlene Laverde Osorio
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Por su parte el Tribunal, declaró la prescripción extintiva del derecho al considerar
que el término legal de los tres años, a partir de la causación del derecho fue
superado.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. Las señoras Sonia María Laverde Osorio y Marlene Laverde Osorio,
mediante apoderado judicial, formularon demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional,
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, de conformidad con las
pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a continuación se sintetizan3.
2.1.1. Pretensiones
i. La nulidad de la Resolución No. 157 del 22 de marzo de 2013, expedida por
la Secretaría de Educación del Municipio de Popayán, mediante la cual se
negó el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas de la señora Gloria
Laverde, al señor Carlos Alberto Calvache García, cónyuge supérstite.
ii. La nulidad del acto ficto o presunto que se configuró por el silencio de la
administración frente a la adhesión de la reclamación de cesantías definitivas
presentada el día 9 de marzo de 2013 (sic)4.
iii. A título de restablecimiento del derecho ordenar a la entidad demandada
reconocer, liquidar y pagar las cesantías definitivas de la docente Gloria
Laverde Osorio, así como la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995
desde el día 65 siguiente a la radicación de la solicitud de reconocimiento de
la cesantía definitiva y hasta el pago total de la misma
iv. Ordenar a la entidad accionada a consignar las sumas adeudadas
debidamente indexadas, de acuerdo con el índice de precios al consumidor
(IPC), que resulten por concepto de liquidación y de sanción moratoria.
v. Ordenar al Fomag al reconocimiento de los intereses moratorios y el
cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 192 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo5.
3 Samai, índice 2 Expediente digital, C01Principal, pdf 04 Demanda.
4 Según los documentos anexos a la demanda e incorporados en el expediente administrativo, la coadyuvancia
fue radicada el 9 de marzo de 2012.
5 En adelante CPACA.
2
Radicación: 19001-23-33-000-2015-00523-02 (2153-2024)
Demandantes: Sonia María Laverde Osorio y Marlene Laverde Osorio
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio.
2.1.2. Hechos
2. Las demandantes sustentaron sus pretensiones en los hechos que la Sala
resume así:
i. La señora Gloria Laverde laboró como docente afiliada al Fomag. Cargo
ejercido hasta el día 18 de diciembre de 2008, fecha en que ocurrió su
fallecimiento.
ii. El señor Carlos Alberto Calvache García, el 26 de mayo de 2011, en calidad
de cónyuge supérstite solicitó ante la Fiduprevisora S.A., el reconocimiento y
pago de las cesantías definitivas correspondientes a la señora Gloria Laverde
y que no le fueron canceladas en vida.
iii. La Fiduprevisora mediante oficio sin fecha, pero con recibido del 23 de
octubre de 2012 le informó al abogado del peticionario que «no procedía el
estudio» y que la solicitud la remitió, el 16 de julio de 2012, a la Secretaría de
Educación de Popayán como autoridad competente para decidirla.
iv. El abogado del señor Carlos Alberto Calvache García, el 9 de marzo de 2012
interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación. En esta oportunidad
manifestó que los señores Manuel Laverde Osorio, Sonia María Laverde
Osorio, Marlene Laverde Osorio y Esperanza Laverde Osorio en calidad de
hermanos de la causante Gloria Laverde, coadyuvaban el trámite para el
reconocimiento, liquidación y pago de las cesantías definitivas. Aportó para
tal efecto, los registros civiles de nacimiento que demostraban la relación de
parentesco con la causante.
v. La Secretaría de Educación Municipal el 11 de mayo de 2012 le responde
que contra el proyecto de resolución que reconoce una cesantía no procede
recurso y que remitirá a la Fiduprevisora quien es la encargada del visto
bueno.
vi. Finalmente, la Secretaría de Educación del municipio de Popayán, mediante
Resolución núm. 157 del 22 de marzo de 2013, negó el reconocimiento y
pago del auxilio. Sustentó la negativa en que el derecho prestacional no lo
da el vínculo del matrimonio sino la convivencia. Citó como fundamento
normativo la Ley 100 de 1993 modificada por la Ley 797 de 2003.
vii. La parte demandante informó que la entidad, en el acto administrativo
referido no se pronunció frente a la solicitud de adhesión y por tal razón se
configuró el silencio administrativo frente a la solicitud de adhesión y
coadyuvancia.
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Radicación: 19001-23-33-000-2015-00523-02 (2153-2024)
Demandantes: Sonia María Laverde Osorio y Marlene Laverde Osorio
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
3. La parte demandante citó como vulneradas las siguientes: la Constitución
Política artículos 1, 2, 4, 11, 13, 25, 53, 96, 94 y 214; la Resolución 217 del 10 de
septiembre de 1.948; la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la
Declaración Americana de los Derechos y los deberes del hombre; el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención de
Viena; el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre derechos humanos
en materia de derechos económicos, sociales y culturales; el Protocolo de San
Salvador; la Ley 4ª de 1992, artículo 14; la Ley 1395 de 2010, artículo 114; la Ley
1437 de 2011, artículo 10 y la Ley 244 de 1995.
4. Afirmó que, en el trámite administrativo, se sometió a formalismos y requisitos
innecesarios, como la exigencia de un juicio de sucesión, lo cual desconoció los
artículos 84, 209 y 331 de la Constitución Política. De igual manera, el principio de
presunción de buena fe y el criterio de no prevalencia de los formalismos. Por último,
manifestó que no existían razones legales que justificaran la negativa del derecho
reclamado.
2.2. Contestación de la demanda
5. La entidad demandada no contestó la demanda.
2.3. Sentencia de primera instancia
6. El Tribunal Administrativo del Cauca profirió sentencia el 26 de febrero de
20246 en la que declaró de oficio probada la excepción de prescripción extintiva del
derecho y en consecuencia negó las pretensiones de la demanda. Además, se
abstuvo de imponer condena en costas a la parte vencida.
7. La decisión la sustentó en las siguientes consideraciones:
8. En primer término, la autoridad judicial efectuó un recuento de los hechos
relevantes. Destacó que la docente Gloria Laverde Osorio falleció el 18 de diciembre
de 2008. Que las señoras Sonia y Marlene Laverde Osorio solicitaron, el 9 de marzo
de 2012, ser reconocidas como reclamantes dentro del trámite de reconocimiento y
pago de las cesantías definitivas de su hermana, adhesión que formularon al escrito
presentado por el señor Carlos Alberto Calvache García, cónyuge de la causante.
Finalmente, mediante Resolución núm. 157 del 22 de marzo de 2013 expedida por
la Secretaría de Educación del municipio de Popayán, se negó el reconocimiento
del auxilio al cónyuge supérstite por falta de prueba de la convivencia con la
docente.
6 Samai, índice 2 Expediente digital, C01Principal, pdf 63Sentencia.
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Demandantes: Sonia María Laverde Osorio y Marlene Laverde Osorio
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de Prestaciones Sociales del Magisterio.
9. Agregó, en relación con la pretensión orientada a obtener la nulidad de la
Resolución núm. 157 del 22 de marzo de 2013 —notificada el 24 de mayo de ese
mismo año—, que la parte actora disponía, en principio, hasta el 25 de mayo de
2013 para presentar la demanda. Indicó que, al radicarla el 10 de agosto de 2015,
se configuró el fenómeno de la caducidad. Precisó, sin embargo, que dicha
circunstancia no se presentó en relación con el acto ficto o presunto del cual
pretende la parte actora se declare su nulidad.
10. Igualmente, refirió que las cesantías constituyen una prestación social
destinada a ser percibida por el trabajador al momento de la terminación del vínculo
laboral y que, como en el caso bajo estudio, la señora Gloria Laverde Osorio se
encontraba vinculada como docente al municipio de Popayán, tenía derecho al
mencionado auxilio.
11. Sostuvo que a las demandantes les asistía el derecho, en su condición de
herederas de la causante, a obtener el reconocimiento y pago de las cesantías
definitivas dado que no existía sucesor con mejor derecho. Que, aunque la causante
estuvo casada con el señor Carlos Alberto Calvache García, a quien en principio
podría corresponderle el auxilio, ello sería en igual proporción a la de los hermanos,
conforme a las reglas sucesorales.
12. Advirtió que, los derechos laborales prescriben en el término de tres (3) años,
contados desde que la obligación se hace exigible, con posibilidad de interrupción
por una sola vez, en los términos dispuestos en el Decreto 3135 de 1968.
13. Acto seguido, dejó constancia de que las demandantes presentaron, el 9 de
marzo de 2012 ante la entidad demandada, la solicitud de pago de la cesantía
definitiva por el fallecimiento de su hermana. No obstante, la administración guardó
silencio frente a dicha petición.
14. Finalmente, consideró que el momento de exigibilidad de las cesantías
definitivas se fijó en la fecha del fallecimiento de la docente, evento a partir del cual
el derecho se transmite a sus herederos, conforme a lo previsto en el artículo
2.2.32.77 del Decreto 1083 de 2015. En el caso concreto, dicha circunstancia ocurrió
el 18 de diciembre de 2008, mientras que la solicitud de las actoras fue radicada en
2012, esto es, por fuera del término trienal contado desde el deceso.
2.4. Recurso de apelación
15. La parte actora8 interpuso recurso de apelación con el argumento que el juez
de primera instancia erró al aplicar la prescripción trienal, pues, a su juicio, en este
caso rige un término de prescripción de 10 años por tratarse de un régimen especial
del magisterio. Sostuvo que, aun si se admitiera excepcionalmente la aplicación del
7 Transmisión de derechos laborales. Al fallecimiento del empleado oficial se transmite a sus herederos el
derecho al auxilio de cesantía correspondiente al de cujus, lo mismo que los demás derechos laborales
causados en favor de éste y que no se hubieren satisfecho antes de su muerte.
8 Samai, índice 2 Expediente digital, C01Principal, pdf 65RecursoApelacion.
5
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de Prestaciones Sociales del Magisterio.
término general de 3 años, debe considerarse que la petición inicial presentada por
el señor Carlos Alberto Calvache García el 26 de mayo de 2011 dentro del término
legal, lo cual interrumpió la prescripción, por lo que no es posible declarar extinguido
el derecho al auxilio reclamado.
16. Insistió en que, conforme al Manual de Prestaciones Económicas del Fondo
del Magisterio, aplicable para la época de los hechos, la prescripción de las
cesantías definitivas era de 10 años, y que el criterio unificado de la prescripción
trienal solo empezó a regir a partir del año 2020, por lo que no puede aplicarse
retroactivamente a un asunto cuya causa y demanda son anteriores.
17. Citó jurisprudencia del Consejo de Estado que reconoce el término de 10
años en casos similares9, y afirmó que la interpretación del juez no es acorde con
los principios de favorabilidad y de aplicación restrictiva de las normas de
prescripción, por cuanto un cambio abrupto de criterio podría restringir derechos
laborales.
18. Sostuvo que, el Tribunal desconoció los principios de confianza legítima y
progresividad, pues aplicó de manera inmediata y sin transición la nueva tesis
jurisprudencial, lo cual vulneró sus derechos a la igualdad y seguridad jurídica.
19. Para el apelante: «el término de prescripción se encontraba interrumpido con
la petición inicial del 26 de mayo de 2011, por un término igual al inicial por una sola
vez, es así que el primer término para ejercer su derecho de los herederos para
reclamar la cesantías definitivas de la señora GLORIA LAVERDE OSORIO iba
desde el 18 de diciembre de 2008 hasta el 18 de diciembre del 2011, pero como
existió una interrupción de este término con la petición del 26 de mayo de 2011, el
nuevo término iría desde el 18 de diciembre de 2011 hasta el 18 de mayo de 2014
[…]»10. Por consiguiente, reiteró que no se ha generado el fenómeno de la
prescripción.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
20. Mediante auto del 12 de agosto de 202411, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación interpuesto.
2.5.1 Concepto del Ministerio Público
21. La Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado rindió12
concepto mediante el cual solicitó confirmar la sentencia. A su juicio, el juez de
primera instancia determinó de forma directa y sencilla la fecha de la petición
presentada por la parte actora y concluyó que el derecho se encontraba prescrito.
9 Consejo de Estado, sentencia del 19 de abril de 2012. Expediente núm. 25000-23-25-000- 2005-03330-
01(0943-08)
10 Se transcribe con errores de texto.
11 Samai, índice 005.
12 Samai, índice 009
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Demandantes: Sonia María Laverde Osorio y Marlene Laverde Osorio
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio.
22. Consideró que las pruebas allegadas al proceso no acreditan la interrupción
del término prescriptivo porque el fallecimiento de la docente ocurrió el 18 de
diciembre de 2008 y las interesadas solo acudieron a la administración en el 2012,
por fuera del término legalmente previsto.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
23. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con
lo establecido en el inciso primero del artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según el cual el Consejo de
Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.
3.2. Problema jurídico
24. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra
el fallo de primera instancia, corresponde a la Sala definir si:
25. ¿Se configuró la prescripción del derecho a recibir el auxilio de cesantías que
reclaman las demandantes en su calidad de herederas de la docente Gloria Laverde
Osorio?
26. Para resolver los anteriores interrogantes, la Sala abordará los siguientes
temas: (i) régimen de liquidación de cesantías en docentes; (ii) prescripción; (iii)
hechos probados; y (iv) caso concreto.
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. Naturaleza de las cesantías
27. Las cesantías constituyen una prestación social a favor de los trabajadores
oficiales, cuyo reconocimiento equivale a un mes de salario por cada año de servicio
o proporcional por fracción, conforme lo dispuso el literal f) del artículo 12 de la Ley
6ª de 1945. Posteriormente, la Ley 65 de 1946 extendió tal derecho a todos los
servidores permanentes del Estado, sin distinción del nivel territorial o institucional,
imponiendo al Estado la obligación de asumir dicho auxilio.
28. El Decreto 3118 de 1968 creó el Fondo Nacional del Ahorro –FNA– y
estableció la administración centralizada de las cesantías de los empleados
públicos y trabajadores oficiales de ministerios, departamentos administrativos,
superintendencias, establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales
del Estado. Dicha norma dio inicio a la transición del régimen de cesantías
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Demandantes: Sonia María Laverde Osorio y Marlene Laverde Osorio
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio.
retroactivas hacia uno de liquidación anual, al disponer: (i) liquidación anual de la
prestación; (ii) liquidación definitiva por el tiempo laborado en el año del retiro; y (iii)
reconocimiento de intereses anuales del 9% sobre el saldo existente a 31 de
diciembre.
29. El Decreto 432 de 1998 mantuvo la finalidad del FNA como administrador
eficiente de las cesantías, incluyendo el recaudo, pago, protección frente a la
pérdida del valor adquisitivo e imposición de intereses por la administración de estos
recursos.
30. La Ley 244 de 1995 fijó términos perentorios para el pago oportuno de
cesantías definitivas de los servidores públicos: quince (15) días para expedir el acto
de reconocimiento desde la radicación completa de la solicitud y cuarenta y cinco
(45) días hábiles adicionales para efectuar el pago, so pena de la sanción
consistente en un día de salario por cada día de mora. La Ley 1071 de 2006 amplió
su ámbito de aplicación a cesantías definitivas y parciales, reiterando los términos
y sanciones y precisando los destinatarios: empleados públicos, trabajadores
oficiales, miembros de corporaciones públicas, fuerza pública, particulares que
ejerzan funciones públicas, funcionarios del Banco de la República y afiliados al
FNA.
31. La Ley 344 de 1996 dispuso que los servidores vinculados a partir de su
vigencia quedarían sometidos al régimen anualizado de cesantías, estableciendo
su liquidación definitiva el 31 de diciembre de cada año o a la terminación del vínculo
laboral, sin perjuicio de los derechos convencionales.
3.3.2. El régimen de liquidación de cesantías de los docentes
32. La Ley 91 de 1989, que creó el Fomag como una cuenta especial de la
Nación13 para atender «las prestaciones sociales de los docentes nacionales y
nacionalizados que se encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la
presente Ley, siempre con observancia del artículo 2, y de los que se vinculen con
posterioridad a ella»14, fijó la liquidación anual de las cesantías de sus afiliados a
partir de los siguientes parámetros:
Artículo 2. ° […]
Parágrafo - Las prestaciones sociales del personal nacional, causadas hasta la
fecha de promulgación de la presente Ley, se reconocerán y pagarán de
conformidad con las normas prestacionales del orden nacional, aplicables a dicho
personal.
Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas hasta la fecha de
promulgación de la presente Ley, se seguirán reconociendo y pagando de
conformidad con las normas que regían en cada entidad territorial en el momento
de entrar en vigencia la Ley 43 de 1975.
13 Artículo 3.
14 Artículo 4.
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Demandantes: Sonia María Laverde Osorio y Marlene Laverde Osorio
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio.
[…]
Artículo 15. ° A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional
y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será
regido por las siguientes disposiciones:
1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de
1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el
régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de
conformidad con las normas vigentes.
Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para
efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas
vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de
1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las
excepciones consagradas en esta Ley.
[…]
3.- Cesantías:
A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de
1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio
equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por
fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado
en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último
año.
B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con
respecto a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés
anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año,
liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar
la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria,
haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el
mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumulados hasta el
31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los
empleados públicos del orden nacional.
33. Los citados preceptos normativos distinguen entre los docentes
nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para quienes el Fomag
pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o
proporcionalmente por fracción de año laborado sobre el último salario devengado
(régimen retroactivo de cesantías), y los maestros que se vinculen a partir del 1.° de
enero de 1990 y los nacionales vinculados desde antes, solo respecto de las
cesantías que se causen desde el 1.° de enero 1990, a quienes el fondo les pagará
un interés anual sobre el saldo de las cesantías existentes al 31 de diciembre de
cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad (régimen anualizado).
34. Por lo tanto, como lo ha precisado esta Sección Segunda, la Ley 91 de 1989
tuvo como propósito unificar el régimen de prestaciones de los docentes oficiales
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Demandantes: Sonia María Laverde Osorio y Marlene Laverde Osorio
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio.
desde el 1.° de enero de 1990, sin desconocer las prerrogativas que los educadores
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 tenían establecidas en la materia, para
quienes se les conservó el sistema que regía a los servidores del orden territorial,
porque para quienes ingresaron a partir del 1.° de enero de 1990
(independientemente de que fueran nacionales o territoriales) les son aplicables las
normas que gobiernan a los empleados públicos del orden nacional15.
3.3.3. Prescripción del auxilio de cesantía
35. Frente a la prescripción de derechos, el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968,
modificado por el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, establece que las acciones
que emanan de los derechos previstos en esta norma prescriben «en tres años
contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible».
36. A su turno el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo establece que el
término de prescripción es de tres años, el cual se contabiliza desde que la
respectiva obligación se haya hecho exigible, pudiendo ser interrumpido con el
simple reclamo del trabajador, por un lapso igual, en cuanto a la interrupción, el
artículo 489 del Código Sustantivo del Trabajo indica que, la interrupción se da por
una sola vez, debiendo contabilizare de nuevo el término de prescripción a partir del
reclamo por un tiempo igual al señalado legalmente .
3.4. Hechos probados
37. La Sala, de conformidad con las pruebas que obran en el expediente,
encuentra probados los siguientes hechos:
3.4.1. Del trámite administrativo adelantado para la reclamación de las
cesantías
38. Tal y como se enunció en el acápite de fundamentos fácticos de la solicitud
de nulidad del acto ficto, el señor Carlos Alberto Calvache García, el 26 de mayo de
2011, en calidad de cónyuge supérstite, solicitó ante la Fiduprevisora S.A., el
reconocimiento y pago de las cesantías definitivas correspondientes a la señora
Gloria Laverde.
39. Quedó demostrado que el Ministerio de Educación Nacional, Secretaría de
Educación y Cultura y Deporte del Municipio de Popayán fijó por tres veces el AVISO
en el periódico el Liberal de la ciudad de Popayán en el que invitó a las personas
que se crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales del magisterio de la
docente Gloria Laverde Osorio, a que se presenten dentro de los treinta días
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación CE-
SUJ2 núm. 001 del 14 de abril de 2016, proceso con radicado 15001-33-33-010-2013-00134-01 (3828-2014).
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Radicación: 19001-23-33-000-2015-00523-02 (2153-2024)
Demandantes: Sonia María Laverde Osorio y Marlene Laverde Osorio
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio.
siguientes a la publicación del edicto a la oficina de prestaciones sociales de la
entidad16.
40. En la hoja que contiene la consulta de trámite efectuada el 2011-06-02, se
informa en relación con la reclamación objeto del presente estudio, lo que sigue
(folio 41 del expediente administrativo):
26 de mayo de 2011 Inserción por aplicativo
26 de mayo de 2011 enviado a Fiduprevisora. Cesantía definitiva.
Beneficiarios
02 de junio de 2011 se reactiva para la modificación de datos
02 de junio de 2011 envía a fiduciaria para trámite
41. El abogado del peticionario Carlos Alberto Calvache García manifestó el 9 de
marzo de 2012 al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, que
interpone recurso de reposición. En el escrito respectivo de manera textual expresó
(folio 63 expediente administrativo):
[…]
Dándome por notificado en la fecha por conducta concluyente habida consideración
de la omisión en la notificación, manifiesto que interpongo recurso de reposición y
subsidiario de apelación contra el acto mediante el cual se informa que la pretensión
solicitada ha sido NEGADA.
En ese orden a quien le corresponde emitir el acto administrativo es a usted, señor
secretario de educación y no a la Fiduprevisora, pues su competencia está
restringida, limitada a dar su visto bueno a la liquidación.
COADYUVANCIA:
Esta petición es coadyuvada por los señores MANUEL LAVERDE OSORIO, SONIA
MARIA LAVERDE OSORIO, MARLENE LAVERDE OSORIO, CESAR TULIO
LAVERDE OSORIO Y ESPERANZA LAVERDE OSORIO, en calidad de hermanos
de la causante GLORIA LAVERDE cuyo poder adjunto, a quienes deberá
reconocerse alternativa o conjuntamente LA CESANTÍA DEFINITIVA reclamada, y
quienes en su momento y una vez reconocido y cancelada tal prestación social,
realizarán las gestiones legales a que haya lugar, entre ellos, el eventual proceso
de SUCESIÓN.
RESPETUOSA PETICIÓN
Sírvanse, reponer para revocar en su totalidad la decisión consistente en NEGAR el
trámite del reconocimiento de la CESANTÍA DEFINITIVA de la señora GLORIA
LAVERDE OSORIO (Q.E.P.D.).
En su defecto, procédase a expedir el correspondiente acto administrativo que
resuelva de fondo dicha solicitud, la cual deberá incluir •como reclamantes a los
hermanos de la causante.
Absténgase de pedir documentos cuya exigencia está prohibida por la Ley17.
16 Avisos publicados el primero el 30 de enero de 2009 y el tercero el 19 de marzo de 2009. Del segundo aviso
no existe documento alguno en el expediente. (Folios 31 y 33).
17 Se transcribe aún con errores de texto.
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Radicación: 19001-23-33-000-2015-00523-02 (2153-2024)
Demandantes: Sonia María Laverde Osorio y Marlene Laverde Osorio
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio.
42. La Secretaría de Educación Municipal el 11 de mayo de 2012 indicó, lo
siguiente:
El Apoderado en favor del Cónyuge CARLOS ALBERTO CALVACHE argumenta
INCONFORMIDAD con los requisitos exigidos donde la Fiduprevisora niega las
cesantías definitivas al beneficiario y que debe aportar declaraciones extra juicio
para tener mayor certeza sobre la efectiva convivencia con la causante antes de
la celebración del matrimonio que se dio tan solo siete (7) días antes del
fallecimiento.
Mediante PROYECTO de resolución por el cual reconocen y se ordena el pago de
cesantías definitivas a una docente Nacionalizada, es la Fiduprevisora que da el
visto bueno. Frente a este Proyecto de acto administrativo NO procede recurso
alguno.
Este despacho enviará a la FIDUPREVISORA nuevamente carpeta de la docente
GLORIA LAVERDE OSORIO (QEPD) sus correspondientes anexos y el oficio
radicado en SAC 2012 PQR2288 para el visto bueno del acto administrativo
reconociendo Cesantías definitivas.
43. Luego, mediante Resolución núm. 157 del 22 de marzo de 2013 expedida
por la Secretaría de Educación Municipal de Popayán «Por medio de la cual se niega
el reconocimiento de una cesantía definitiva a beneficiario»18, la entidad consideró:
Mediante solicitud del 26/05/11 la docente Gloria Laverde Osorio […] solicita
cesantía que fue negada por la Fiduprevisora S.A. en su hoja de revisión
número 1068160 y fecha de estudio 12/07/2012 porque el derecho no lo da el
vínculo del matrimonio sino la convivencia. La Ley 100/93 modificada, por la Ley
797/93, establece que el derecho prestacional lo da a convivencia de 5 años, más no
el matrimonio como tal, menos aun cuando la docente falleció en 18-12-2008 y se casó
el 2008-12-05 (13 días antes del fallecimiento), por ende, no acredita el derecho como
beneficiario.
EN VIRTUD DE LO EXPUESTO,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Negar el reconocimiento de una Cesantía Definitiva al señor
CARLOS ALBERTO CALVACHE GARCÍA, identificado (a) con la C.C. No. 76.323.687,
expedida en Popayán -Cauca por los motivos expuestos en la parte considerativa.
ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente resolución procede el recurso de
reposición, el cual podrá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a
su notificación, ante secretario de Educación del Municipio de Popayán.
[…]19
18 Samai, índice 2 Expediente digital, C01Principal, pdf expediente cesantías, folios 73 al 74.
19 Se transcribe con errores de texto.
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Radicación: 19001-23-33-000-2015-00523-02 (2153-2024)
Demandantes: Sonia María Laverde Osorio y Marlene Laverde Osorio
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio.
3.5. Caso concreto
44. En el caso específico, se encuentra acreditado que la docente Gloria Laverde
Osorio falleció el 18 de diciembre de 2008. Consta, además, solicitud de
reconocimiento y pago del auxilio de la cesantía definitiva presentada por el señor
Carlos Alberto Calvache García en condición de cónyuge. No obstante, su
reclamación fue negada por la administración.
45. Ahora bien, el asunto se circunscribe a determinar si tiene vocación de
prosperidad lo pretendido por las demandantes, consistente en solicitar la nulidad
de la Resolución núm. 157 del 22 de marzo de 2013 y del acto ficto o presunto que,
a su juicio, se configuró por la falta de respuesta a la petición de adhesión que
presentaron el 9 de marzo de 2012, a la reclamación inicial presentada por el señor
Calvache García del 26 de mayo de 2011, por medio de la cual, en su condición de
cónyuge supérstite requirió el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas de
la docente Gloria Laverde Osorio.
46. Pero, tal y como quedó demostrado en precedencia, respecto de las
demandantes no existe otra reclamación diferente a la contenida en el escrito del 9
de marzo de 2012 en el que, a la par de interponer recurso de reposición contra la
negativa a dar trámite a la solicitud de reconocimiento de las cesantías del cónyuge
sobreviviente de la docente fallecida, manifestaron que coadyuvaban la petición y
reclamaban para ellas el derecho.
47. Frente a esta petición expresa, el fallador de primera instancia consideró que,
si bien las demandantes lograron acreditar su calidad de sucesoras de la docente
Gloria Laverde Osorio, al no verificarse la existencia de beneficiario con un mejor
derecho, lo cierto era que los derechos laborales como en el caso del auxilio de las
cesantías, prescriben en tres (3) años. Término que debe ser computado desde que
la obligación se hizo hecho exigible y con la posibilidad que puede ser prorrogada
por una sola vez.
48. Bajo la anterior premisa determinó que, como el fallecimiento ocurrió el 18 de
diciembre de 2008 y la radicación de la reclamación fue en el 2012, el derecho a
percibir las cesantías definitivas como herederas de la docente fallecida, se
encontraba prescrito.
49. Contrario a lo anterior, para la parte demandante, se debía tener en cuenta
que, por tratarse de las cesantías del magisterio, frente a las que rige un régimen
especial, el término de prescripción es de diez (10) años. En esa línea, afirmó que
el Tribunal debió tomar como fecha relevante la reclamación del señor Carlos
Alberto Calvache del 26 de mayo de 2011, presentada dentro de los tres años
siguientes a la causación del derecho, y no la del 9 de marzo de 2012.
50. De conformidad con el marco normativo expuesto en la presente providencia
y lo establecido en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, es claro
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Radicación: 19001-23-33-000-2015-00523-02 (2153-2024)
Demandantes: Sonia María Laverde Osorio y Marlene Laverde Osorio
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio.
que las cesantías definitivas sí están sometidas al fenómeno de la prescripción. En
este punto, se debe señalar que las Sentencias de Unificación proferidas por el
Consejo de Estado constituyen decisiones de obligatorio cumplimiento para todas
las autoridades administrativas y judiciales del país. Estas providencias fijan criterios
jurisprudenciales uniformes con el fin de garantizar la coherencia, estabilidad y
seguridad jurídica en la interpretación del ordenamiento. Por lo tanto, una vez el
Consejo de Estado emite una Sentencia de Unificación, su contenido se convierte
en un referente vinculante que debe ser aplicado de manera estricta en aquellos
casos que presenten identidad fáctica o jurídica, evitando decisiones contradictorias
y asegurando la eficacia del precedente.
51. En relación con lo anterior, y al descender al caso específico, una vez nace
el derecho, que en este asunto trata del reconocimiento de las cesantías definitivas
por el fallecimiento de la señora Gloria Laverde Osorio, las beneficiarias de este,
cuentan con el término de tres (3) años para presentar la reclamación administrativa,
y posteriormente acudir ante la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo.
52. Ahora bien, para esta instancia resulta claro que las demandantes solo
acudieron a la administración el 9 de marzo de 2012 cuando el apoderado del señor
Carlos Alberto Calvache manifestó que las aquí demandantes actuaban como
coadyuvantes y reclamaban para sí el derecho a recibir la cesantía de la cual era
titular la docente fallecida.
53. En este punto de la providencia es importante advertir que no es posible
aceptar que, por la simple manifestación de coadyuvancia, se debe tomar como
fecha de presentación de la solicitud de reconocimiento del derecho, el 26 de mayo
de 2011, pues en esta última fecha quien acudió a la administración fue el cónyuge
sobreviviente y en ese orden el resultado de esa actuación tiene efectos única y
exclusivamente frente a su derecho.
54. Así las cosas, es claro que los actos administrativos constituyen expresiones
de voluntad emitidas por una autoridad pública, o por un particular que ejerce
funciones administrativas, mediante las cuales se crean, extinguen o modifican
situaciones jurídicas específicas20. En consecuencia, no es posible trasladar o hacer
extensiva a las demandantes la situación jurídica que el referido acto produjo
específicamente respecto del señor Calvache García. Aun incluso cuando las
actoras intentan fundamentar dicha extensión con la manifestación de coadyuvancia
el cual no tendría la capacidad de generarles los mismos efectos derivados de un
acto dirigido a un tercero.
55. Por consiguiente, se desvirtúa el argumento presentado en esta instancia al
pretender legitimar una situación a través de la Resolución núm. 157 del 22 de
marzo de 2013, que solo se adoptó frente a un tercero y de la cual, tal como lo
señaló la primera instancia indicó, operó la caducidad.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, subsección A, sentencia del
13 de agosto de 2020, exp. núm. 25000-23-42-000-2014-00109-01 (1997-2016)
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Radicación: 19001-23-33-000-2015-00523-02 (2153-2024)
Demandantes: Sonia María Laverde Osorio y Marlene Laverde Osorio
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio.
56. De ahí que se precise que únicamente hasta el 9 de marzo de 2012, las aquí
demandantes acudieron a la administración, con el fin de obtener el reconocimiento
y pago de las cesantías definitivas con ocasión del fallecimiento de la señora Gloria
Laverde Osorio.
57. De igual manera quedó demostrado que la administración guardó silencio
frente a la petición anterior y en ese orden se configuró el acto ficto negativo cuya
nulidad aquí se pretende.
58. Ahora en punto al derecho que puedan tener las demandantes a recibir el
auxilio de la cesantía es importante destacar que el artículo 2.2.32.7 del Decreto
1083 de 2015 que modificó el artículo 58 del Decreto 1848 de 1969 establece en los
siguientes términos la trasmisión de derechos laborales:
Al fallecimiento del empleado oficial se transmite a sus herederos el derecho al
auxilio de cesantía correspondiente al de cujus, lo mismo que los demás derechos
laborales causados en favor de éste y que no se hubieren satisfecho antes de su
muerte.
59. A su turno, el Manual de Prestaciones Económicas para los Afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, establece que para los herederos
se exigirá escritura de sucesión siempre y cuando el monto a reconocer sea superior
a sesenta y tres millones seiscientos cincuenta y seis mil quinientos treinta pesos
($63.646.530) según la Circular 67 del 8 octubre de 2020 expedida por la
Superintendencia Financiera y dicho valor rige desde el 1º de octubre de 2020 hasta
el 30 de septiembre de 2021.
60. Aplicado lo anterior al caso en estudio se advierte que si el valor de la
cesantía liquidable a favor de los beneficiarios de la docente fallecida no superaba
el monto establecido en la circular21, era posible que las aquí demandantes
acudieran sin necesidad de proceso sucesorio o de escritura pública, a reclamar la
cancelación del auxilio tal y como lo hicieron. En efecto, con la solicitud de
coadyuvancia adjuntaron los registros civiles de nacimiento con los que
demostraron el parentesco.
61. Así, en principio las aquí demandantes serían beneficiarias del derecho
reclamado lo cual hace que el acto ficto negativo demandado se deba anular. Sin
embargo, este derecho estaría prescrito puesto que, como quedó demostrado el
término trienal inició a contabilizarse a partir de la causación del derecho, es decir,
el 18 de diciembre de 2008 y las aquí demandantes acudieron el 9 de marzo de
2012.
21 Según el anexo visible en la página 73 del expediente administrativo el monto de la cesantía liquidada fue de
$23.386.824.
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Radicación: 19001-23-33-000-2015-00523-02 (2153-2024)
Demandantes: Sonia María Laverde Osorio y Marlene Laverde Osorio
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio.
62. Ahora bien, la Sala destaca que la administración cumplió con el llamado que
está obligado a hacer22 para que, quienes se crean con derecho a percibir cualquier
prestación derivada de la relación laboral que haya mantenido un trabajador
fallecido, para el caso concreto, la cesantía de la docente Gloria Laverde Osorio.
Publicaciones que, como quedó visto cumplieron con las exigencias de la norma
que las regula, esto es, el artículo 212 del C.S. del T23. concordante con lo dispuesto
en los artículos 2.2.32.5 y siguientes del Decreto 1083 y que se erigen como una
garantía de transparencia, igualdad y legalidad del pago.
63. La finalidad de estas publicaciones no es otra que permitir que todo
beneficiario de un derecho económico se presente a reclamarlo. Pero esta
intervención debe necesariamente hacerse dentro del término de prescripción
previsto, es decir, de los tres años siguientes al fallecimiento del docente en caso
de que quienes acudan a la administración sean sus herederos. Ello porque el
ejercicio del derecho está condicionado al momento en que se hizo exigible
conforme lo dispone la regla de orden público que lo habilita y que no es otro que
desde la muerte del causante.
64. Por tal razón, las demandantes disponían hasta el 18 de diciembre de 2011
para presentar su reclamación para evitar la prescripción de su derecho a recibir las
cesantías de la docente fallecida, en su condición de hermanas de esta.
65. Finalmente, el argumento del recurrente relacionado con el término de 10
años de prescripción no resulta procedente pues tal y como quedó consignado en
el marco normativo de esta providencia, el derecho a recibir el auxilio que aquí se
estudia tiene un término máximo de prescripción de 3 años. La sentencia en la que
sustentó la petición, del 19 de abril de 2012, si bien tiene relación con el asunto que
aquí se resuelve, no estableció un término de prescripción de 10 años.
3.6. Conclusión de la decisión
66. La Sala confirmará parcialmente la sentencia proferida el 29 de febrero de
2024 por el Tribunal Administrativo del Cauca, exclusivamente respecto de la
22 Así lo establece el Manual de Prestaciones Económicas para los Afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio.
23 La calidad de beneficiario de la prestación establecida en el ordinal e) del Artículo 204 se demuestra mediante
la prestación de las copias de las partidas eclesiásticas o registros civiles o de las pruebas supletorias que
admite la ley, más una información sumaria de testigos que acrediten quienes son los únicos beneficiarios,
declarándolos por su número y nombres precisos y la razón de serlo. Comprobada así dicha calidad y hecho el
pago a quienes resulten beneficiarios, el {empleador} respectivo se considera exonerado de su obligación, y en
caso de que posteriormente aparecieren otros beneficiarios, aquellos que hubieren recibido el valor de la
prestación están solidariamente obligados a satisfacer a los nuevos beneficiarios las cuotas que les
correspondan.
2. Antes de hacerse el pago de la prestación el {empleador} que la hubiera reconocido debe dar aviso público,
con treinta (30) días de anticipación, indicando el nombre del fallecido y de las personas que se hubieren
acreditado como beneficiarios. Tal aviso debe darse en la prensa del lugar por dos (2) veces a lo menos, y en
donde no existieren publicaciones periódicas, por medio de una nota al Alcalde del Municipio, quien la dará a
conocer por bando en dos días de concurso. Este aviso tiene por objeto permitir que todo posible beneficiario
se presente a reclamar.
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Radicación: 19001-23-33-000-2015-00523-02 (2153-2024)
Demandantes: Sonia María Laverde Osorio y Marlene Laverde Osorio
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio.
declaratoria oficiosa de la excepción de prescripción extintiva. No obstante, se
adicionará dicho fallo con el fin de declarar la existencia del acto ficto y/o presunto
configurado por el silencio administrativo negativo frente a la solicitud presentada el
9 de marzo de 2012. En consecuencia, se declarará la nulidad de este de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
3.7. Costas
67. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 24 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de
manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a
imponer dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido
en las anteriores conductas.
68. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: Confirmar parcialmente la sentencia del 29 de febrero de 2024 proferida
por el Tribunal Administrativo del Cauca, que declaró de oficio la prescripción
extintiva, por las razones consignadas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Adicionar la sentencia apelada en cuanto a declarar la existencia del acto
ficto y/o presunto configurado por el silencio administrativo negativo frente a la
solicitud presentada el 9 de marzo de 2012 por las demandantes.
Tercero: Declarar la nulidad del acto ficto negativo originado ante la falta de
respuesta de la administración a la petición que radicaron las demandantes el 9 de
marzo de 2012 de reconocimiento y pago de las cesantías definitivas como
24La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez
ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la
derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7
de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
17
Radicación: 19001-23-33-000-2015-00523-02 (2153-2024)
Demandantes: Sonia María Laverde Osorio y Marlene Laverde Osorio
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio.
herederas de la docente Gloria Laverde Osorio, conforme a la parte motiva de esta
providencia.
Cuarto: Sin condena en costas en esta instancia.
Quinto: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial, Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
18
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