Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06767-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06767-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-06767-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
17 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Diecisiete [17] de septiembre de dos mil veintiséis [2026]
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06767-00
Demandante: CARLOS ALBERTO DUQUE VIDES
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ARAUCA
Temas: Tutela contra providencia judicial – declara la improcedencia de
la acción por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA SOLICITUD
Resuelve la Sala la solicitud de amparo formulada por el señor Carlos Alberto Duque
Vides contra el Tribunal Administrativo de Arauca, de conformidad con los Decretos
2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y el Acuerdo
080 de 20191 de la Sala Plena de esta corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
El señor Carlos Alberto Duque Vides, en nombre propio, radicó acción de tutela el 24
de agosto de 2026, con el fin de que se le protejan sus derechos fundamentales de
acceso a la administración de justicia y al debido proceso.
Las referidas garantías constitucionales las consideró transgredidas con ocasión de la
decisión de 12 de agosto de 2026 dictada por el Tribunal Administrativo de Arauca,
mediante la cual revocó la sentencia de 17 de junio de 2026 proferida por el Juzgado
Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Arauca que había accedido a las
pretensiones, para en su lugar negarlas, en el marco del medio de control cumplimiento
que se identificó con el radicado 81001-3333-004-2026-00082-00/01, que fue
promovido contra la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta,
Coordinación Administrativa de Arauca.
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Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
Demandante: Carlos Alberto Duque Vides
Demandado: Tribunal Administrativo de Arauca
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06767-00
1.2. Pretensiones
La parte actora planteó las siguientes peticiones:
PRIMERO. AMPARAR mis derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
efectivo a la administración de justicia.
SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el doce (12) de agosto de
2026 por el Tribunal Administrativo de Arauca dentro del proceso radicado No. 81001-
3333-004-2026-00082-01.
TERCERO. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Arauca que profiera una nueva
decisión en la cual estudie nuevamente el asunto, teniendo en cuenta integralmente los
elementos del expediente y sin limitar el análisis a la sola inexistencia actual de una
apropiación presupuestal.
CUARTO. ORDENAR que, en la nueva decisión, se examine específicamente la
incidencia del tiempo transcurrido desde la expedición de la Ley 1811 de 2016, el plazo
legal otorgado para su cumplimiento y las obligaciones de planeación administrativa e
infraestructura de la entidad accionada2.
1.3. Hechos
Los supuestos que a continuación se relacionan, son relevantes para la decisión que
se adoptará en la sentencia:
La parte actora indicó que se encuentra vinculado a la Rama Judicial y presta su
servicio en la sede conocida como «El Iguanito» o «CESPA» en el municipio de
Arauca.
Adujo que solicitó a la Dirección Seccional de Administración de Cúcuta, Coordinación
Administrativa de Arauca, el cumplimiento del artículo 6. ° de la Ley 1811 de 2016,
norma que estableció la «obligación imperativa de habilitar y adecuar
estacionamientos seguros para bicicletas, otorgando para ello un plazo máximo e
improrrogable de dos [2] años».
Refirió que la entidad no adoptó una solución efectiva para garantizar que el
accionante pudiera estacionar su bicicleta dentro de la sede judicial y, por el contrario,
«propuso como alternativa que esta fuera dejada en la vía o espacio público exterior,
sin que la entidad asumiera responsabilidad por eventuales hurtos, daños o deterioro».
Informó que, ante la renuencia administrativa, promovió la acción de cumplimiento que
se identificó con el radicado 81001-3333-004-2026-00082-00/01, cuyo conocimiento le
correspondió al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Arauca que,
mediante sentencia de 17 de junio de 2026 accedió a las pretensiones de la demanda
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Cita del texto original con posibles errores.
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al considerar que la norma invocada contenía un mandato exigible luego del
vencimiento del plazo legal de 2 años.
La impugnación la desató el Tribunal Administrativo de Arauca en providencia de 12
de agosto de 2026 en el sentido de revocar la decisión del a quo, para, en su lugar,
declarar la improcedencia del mecanismo con sustento en que la adecuación del
espacio para la guarda de bicicletas implica una erogación de los recursos públicos,
aunado a que no se acreditó la disponibilidad o apropiación presupuestal
correspondiente, de conformidad con lo estipulado en el artículo 9 de la Ley 393 de
1997.
1.4. Fundamentos de la solicitud3
La parte actora indicó que el caso objeto de atención supera el requisito de relevancia
constitucional por cuanto el debate propuesto «trasciende una simple diferencia
interpretativa. Se discute si una autoridad judicial puede aceptar que la falta de
disponibilidad presupuestal actual neutralice indefinidamente un mandato legal que
llevaba años siendo exigible».
Agregó que este mecanismo satisfizo los requisitos de subsidiariedad e inmediatez por
cuanto no proceden recursos contra la sentencia de segunda instancia, la cual se
profirió el 12 de agosto de 2026, mientras la tutela se presentó el 24 de agosto de
2026. También afirmó que no se trata de una tutela contra decisión de la misma
naturaleza y que identificó de manera clara los hechos y los defectos.
1.4.1. Defecto sustantivo. Indicó que el Tribunal Administrativo de Arauca aplicó de
manera aislada y absoluta el parágrafo del artículo 9 de la Ley 393 de 1997, en tanto
esa disposición exige un análisis del contexto concreto de la obligación reclamada y
no permite concluir de forma automática la improcedencia del medio de control de
cumplimiento por la falta actual de recursos. A su juicio, debía analizarse:
• Que la obligación legal fue establecida desde la Ley 1811 de 2016.
• Que el legislador fijó un plazo imperativo de dos (2) años para su implementación.
• Qué actuaciones de planeación adelantó o dejó de adelantar la administración
durante ese lapso.
• Si la necesidad actual de recursos obedecía a una circunstancia sobreviniente o a la
inacción prolongada de la entidad.
• Si existían alternativas de bajo costo, reordenamiento o adecuación progresiva que
debieron ser examinadas.
Al omitir este análisis, la providencia convirtió una restricción presupuestal en un veto
indefinido frente a la efectividad de la ley.
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Las citas contenidas en este numeral fueron extraídas del texto original y puede contener posibles
errores.
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1.4.2. Defecto fáctico. Aseveró que la autoridad judicial se apoyó exclusivamente en
la certificación de la entidad sobre la ausencia actual de presupuesto y omitió valorar:
(i) que desde la expedición de la Ley 1811 de 2016 ha transcurrido más de 8 años; (ii)
que se ha excedido el vencimiento del plazo legal de implementación; (iii) los
antecedente de contratación, mantenimiento, adecuaciones y arrendamientos
adelantados por la Seccional para las desde en Arauca; (iv) las condiciones físicas
reales de la sede donde el actor presta su servicio; y (v) la viabilidad de soluciones
provisionales o reorganizativas identificadas desde la primera instancia.
1.4.3. Violación directa de la Constitución. Alegó que la interpretación acogida por
la judicatura accionada «produce un resultado inconstitucional: mientras la entidad no
presupueste la obligación, el ciudadano no obtiene una orden judicial; y al no haber
orden, la omisión se perpetúa. De este modo, la propia falta de planeación
administrativa termina beneficiando a la entidad que incumple la ley».
1.5. Trámite de la acción de tutela
Con proveído de 26 de agosto de 2026 se admitió la acción de tutela y se dispuso
tener como parte accionada al Tribunal Administrativo de Arauca. En calidad de
terceros con eventual interés en las resultas del trámite constitucional, se vinculó al
Juez Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Arauca, a la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Cúcuta, Coordinación Administrativa de Arauca, así como
de las demás personas o entidades que hubiesen participado en el proceso
identificado con el radicado 81001-3333-004-2026-00082-00/01.
1.6. Intervención
Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, se recibió el informe
presentado por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Cúcuta, a partir del cual se opuso a las pretensiones de la demanda de tutela y solicitó
que se declare la improcedencia de este mecanismo de amparo por cuanto, en su
criterio, no se cumplen los requisitos generales y especiales de procedibilidad.
Aseguró que en este caso no se configuraron los defectos sustantivo, fáctico y
violación directa de la Constitución, en tanto el debate propuesto por el extremo
accionante se limita a la reapertura del estudio zanjado por el juez natural de la causa.
En cuanto al yerro material, afirmó que el argumento relacionado con la aplicación
«mecánica» del artículo 9 de la Ley 393 de 1997, que se omitió valorar el tiempo
transcurrido desde la expedición de la Ley 1811 de 2016, algunas actuaciones
contractuales de la Seccional y las posibles soluciones de bajo costo, no corresponde
al contenido real de la sentencia de 12 de agosto de 2026, comoquiera que el tribunal
no se limitó a constatar la inexistencia de una partida presupuestal.
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Ello, por cuanto la autoridad resaltó haber revisado «las alternativas locativas
propuestas en la sentencia de primera instancia y las descartó con apoyo en conceptos
técnicos y en el registro de la inspección judicial; luego explicó la diferencia entre la
creación judicial de un gasto y la ejecución de un gasto ya apropiado; y finalmente
verificó que no existía una apropiación específica destinada a implementar el
biciparqueadero. La tutela, por tanto, propone una lectura diferente del mismo
expediente, pero no demuestra un yerro constitucional ostensible».
Indicó que, en la sentencia C-157 de 1998 se explicó que la aprobación legal de un
gasto no basta para ejecutarlo, y que permitir al juez ordenar su incorporación o
ejecución al margen del sistema presupuestal quebrantaría las competencias y
procedimientos previstos en los artículos 345 a 347 superiores.
Acotó que no adoptó una lectura automática de la prohibición de la Ley 393 de 1997,
puesto que citó la sentencia de 17 de octubre de 2024 dictada por la Sección Quinta
del Consejo de Estado dentro del radicado 08001-23-33-000-2024-00292-01, en la
cual se explicó que debe diferenciarse entre: «(i) crear o establecer un gasto, supuesto
que no puede ordenarse mediante esta acción; y (ii) ejecutar un gasto ya incorporado
en el presupuesto, evento en el cual sí puede exigirse su cumplimiento». En ese orden,
puntualizó que verificó que la instalación definitiva requería disponer de otro espacio,
obtener autorizaciones, realizar estudios, expedir el certificado de disponibilidad
presupuestal y adelantar el proceso contractual.
En ese sentido, refirió que, como no se probó la existencia de una partida específica
previamente apropiada para ese objeto, la orden judicial terminaría por crear un gasto
nuevo, interpretación que es coherente con la norma aplicable y con el precedente, lo
cual no se desvirtúa con el argumento relativo a que ha transcurrido más de 8 años.
Respecto al defecto fáctico, alegó que valoró de manera expresa y articulada «el
informe del supervisor del contrato de mantenimiento de plantas eléctricas, que
recomendó mantener el perímetro como zona de exclusión permanente; el concepto
técnico de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial y de la ARL Positiva,
que identificó riesgos eléctricos, presencia de combustibles, emisión de gases y
necesidad de mantener despejadas las áreas de circulación y evacuación; la condición
del pasillo contiguo al Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes como ruta
de circulación y evacuación, así como la capacidad locativa límite del despacho; el
concepto desfavorable de la Secretaría de Planeación Municipal respecto del andén,
por tratarse de espacio público y por la afectación que causaría a la movilidad peatonal
y a la accesibilidad; el registro audiovisual de la inspección judicial, que corroboró la
estrechez de los pasillos y el uso permanente de las áreas de circulación; y la
inexistencia de una partida presupuestal específica para adquirir, adecuar o
acondicionar el espacio requerido».
Así, precisó que, a partir de ese conjunto de pruebas concluyó que las dos alternativas
planteadas por el juez del primer grado habían sido desvirtuadas técnicamente y que
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el espacio exterior tampoco era jurídicamente utilizable, razón por la cual aseveró que
no incurrió en una falta de valoración de los medios de convicción, sino que existió un
análisis distinto del efectuado por el a quo.
Aclaró que los certificados de disponibilidad presupuestal relacionados por el
accionante corresponden, según su propia descripción, a otros procesos de
mantenimiento, adecuación, intervenciones y arrendamientos. Agregó que la
existencia de apropiaciones para objetos contractuales diferentes no demuestra que
hubiera recursos previamente autorizados para la instalación del biciparqueadero ni
permite alterar la destinación específica de tales partidas, razón por la que razonó que
esos documentos no eran determinantes para modificar la conclusión del fallo.
En cuanto a la violación directa de la Constitución, manifestó que no se concretó
debido a que el señor Duque Vides «tuvo acceso efectivo a la jurisdicción: primero con
las tutelas presentadas, luego presentó la acción de cumplimiento, obtuvo su admisión,
participó en una inspección judicial, aportó elementos de juicio, consiguió una
sentencia favorable en primera instancia y contó con una decisión colegiada y
motivada en segunda instancia. El derecho de acceso a la justicia garantiza la
posibilidad real de acudir al juez y recibir una respuesta fundada, no el derecho a
obtener una decisión favorable».
Finalmente, arguyó que no se acreditó la vulneración directa de los derechos
fundamentales del actor por parte de la Dirección Seccional de Administración Judicial
de Cúcuta, Norte de Santander y Arauca, puesto que los reproches se dirigen contra
la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Arauca.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela ejercida por el señor
Carlos Alberto Duque Vides contra el Tribunal Administrativo de Arauca, de
conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo
37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
corporación, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si en el caso concreto se presenta la vulneración de
las garantías fundamentales de la parte accionante con ocasión de la providencia 12
de agosto de 2026 dictada por el Tribunal Administrativo de Arauca, a través de la cual
se resolvió la segunda instancia del medio de control de cumplimiento identificado con
el radicado 81001-3333-004-2026-00082-00/01.
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Para resolver el anterior planteamiento, se analizarán los siguientes temas: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los
requisitos de procedibilidad adjetiva y, de encontrarse superados; (iii) las
generalidades del defecto alegado; y (iv) el caso concreto.
2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20124 unificó
la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema5.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales6.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento
jurisprudencialmente”.
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 7, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1. Relevancia constitucional
Para la Sala resulta necesario anunciar que el requisito de relevancia constitucional
no se advierte superado en el asunto de la referencia, marco en el cual la solicitud
de amparo elevada por el señor Carlos Alberto Duque Vides no cumple con las reglas
establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación 215 de 16 de
junio de 2022.
4 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela -
Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García
González.
5
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
6
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
7 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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2.4.1.1. En el referido fallo la alta Corte señaló que en tratándose del ejercicio de
acciones de tutela contra providencia judicial, implica que el interesado proponga un
debate que gire en torno a la validez de la decisión que considera vulneradora de sus
garantías fundamentales, más no en un juicio de corrección del fallo reprochado por
cuanto esta circunstancia excluye «su formulación para la discusión de asuntos de
interpretación que dieron origen a la controversia judicial».
Tal criterio es reiteración del contenido en la sentencia SU-128 de 2021, oportunidad
en la que se concretó que el referido enfoque «impide que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir
los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial».
En ese sentido, la jurisprudencia del órgano de cierre en materia constitucional ha
hecho énfasis en la necesidad de que este medio especial esté revestido de relevancia
constitucional, debido a que está ligado al carácter subsidiario de la acción y en la
especialidad de los jueces competentes de las causas ordinarias con el fin de evitar
que en esta sede se emitan pronunciamientos que comprenden la esfera funcional de
otras autoridades judiciales.
Corolario, es menester que, como primera medida, el accionante cumpla con la carga
de exponer con suficiencia la «restricción desproporcionada» a las garantías
superiores invocadas con ocasión del fallo censurado, puesto que no es viable el
estudio del fondo del caso a partir del «simple alegato de la vulneración a los derechos
fundamentales».
En la mencionada sentencia SU-128 de 2021, sobre el particular se expuso:
El juez constitucional no puede estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
Luego, en la SU-215 de 2022 se advirtió que la exigencia que se analiza debe cumplir
con las siguientes finalidades:
(i) El respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) La protección de la autonomía e independencia de los jueces;
(iii) La preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la
protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y
(iv) La prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal8.
8
Parafraseo de la SU 2015 de 2022.
8
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Igualmente, en el citado fallo unificador se fijaron las siguientes reglas que el juez de
tutela debe verificar al momento de analizar si el caso objeto de su atención satisface
el requisito de relevancia constitucional. Para tal efecto, se puntualizó que:
a) El caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a
un asunto meramente legal y/o económico9; es decir, el reclamo debe ser
«trascendente para la interpretación del estatuto superior, su aplicación y
desarrollo eficaz y para la determinación del contenido y alcance de los
derechos fundamentales»10.
b) La controversia no debe girar en torno a una discusión meramente legal y/o
económica, esto es, cuando se limita a: (1) la determinación de aspectos legales
como la correcta interpretación o aplicación de una norma, con la excepción de
los casos en que de esta se «desprendan violaciones a los derechos y deberes
constitucionales»; y/o (2) cuando sea evidente su naturaleza o contenido
económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con
connotaciones particulares o privadas, que no representen un interés
general”11. En este orden, el examen de la relevancia constitucional exige que
la solicitud de amparo trascienda la simple inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales.
c) En la acción de tutela se deben exponer argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la decisión judicial afectó de manera grave una prerrogativa
fundamental, debido a que es necesaria «la acreditación de esta exigencia, más
allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación
con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de
una restricción desproporcionada a un derecho fundamental»12.
d) Finalmente, cuando se trate de acciones de tutela dirigidas contra decisiones
proferidas por una alta Corte, el examen de este requisito debe ser más
riguroso13, es decir, se debe constatar la existencia de una actuación u omisión
arbitraria por parte de la autoridad judicial que derive en la violación de derechos
fundamentales, toda vez que estas colegiaturas actúan como tribunales de
cierre.
2.4.1.2. En ese orden, este juez constitucional, al descender al análisis de los
argumentos planteados por el señor Carlos Alberto Duque Vides, advierte que el
asunto carece de la carga argumentativa desde la perspectiva constitucional para que
proceda su análisis en sede de tutela contra providencia judicial.
9
Sentencia SU-103 de 2022.
10
Sentencia SU-573 de 2019.
11
Ibídem.
12
Sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
13
Sentencia SU-573 de 2019.
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En síntesis, el señor Duque Vides manifestó que, con la declaratoria de improcedencia
de la acción de cumplimiento de su interés, se desconocieron sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia,
comoquiera que, a su juicio, con la expedición de la sentencia de 12 de agosto de 2026
se avaló que la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta,
Coordinación Administrativa de Arauca, continúe incumpliendo el contenido del artículo
9 de la Ley 393 de 1997.
Lo anterior, por cuanto, en su criterio, el referido fallo incurrió en: (i) defecto material al
aplicar de forma automática la prohibición de la norma ejusdem, sin revisar y analizar
el contexto concreto de la obligación reclamada; (ii) defecto fáctico al haber apoyado
su decisión de manera exclusiva en la certificación de la entidad sobre la ausencia
actual de presupuesto, y por omitir la incidencia del tiempo transcurrido desde la
expedición de la Ley 1811 de 2016, los antecedentes de contratación, mantenimiento
y otros, en la misma sede, las condiciones físicas reales de la sede judicial y la
viabilidad de opciones provisionales; y (iii) violación directa de la Constitución por la
indebida interpretación del artículo 9 de la Ley 393 de 1997, comoquiera que la falta
de planeación administrativa termina beneficiando a la entidad que incumple la ley,
indefinidamente.
Además, es preciso tener presente que el Tribunal Administrativo de Arauca analizó y
descartó las alternativas locativas con apoyo en conceptos técnicos y en el registro de
la inspección judicial; explicó la diferencia entre la creación judicial de un gasto y la
ejecución de uno ya apropiado; y verificó que no existía una apropiación específica
destinada a implementar el biciparqueadero, lo cual no permitía la incorporación o
ejecución al margen del sistema presupuestal porque quebrantaría las competencias
y procedimientos previstos en los artículos 345 a 347 superiores. En ese orden,
sustentó la lectura del artículo 9. ° de la Ley 393 de 1997 en un fallo del Consejo de
Estado14 en el cual se explicó que ejecutar un gasto incorporado es diferente a crearlo,
último supuesto en el que no se puede ordenar vía acción de cumplimiento. Así,
puntualizó que verificó que la instalación definitiva requería disponer de otro espacio
físico, obtener autorizaciones, realizar estudios, expedir el certificado de disponibilidad
presupuestal y adelantar el proceso contractual.
Aunado a que, luego de recibir y analizar todos los conceptos e informes técnicos
allegados al expediente por parte del supervisor del contrato de mantenimiento de
plantas eléctricas, del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial,
de la ARL Positiva, de la Secretaría de Planeación Municipal y del el registro
audiovisual de la inspección judicial, concluyó que las dos alternativas planteadas por
el juez del primer grado habían sido desvirtuadas y que el espacio exterior tampoco
era jurídicamente utilizable.
14
Expediente 08001-23-33-000-2024-00292-01.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Carlos Alberto Duque Vides
Demandado: Tribunal Administrativo de Arauca
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06767-00
En ese orden, es claro para la Sala de decisión que el debate propuesto por la parte
accionante carece de la carga argumentativa mínima requerida, en tanto se limita a
recabar sobre un debate que ya fue abordado y zanjado en el medio de control de
cumplimiento, lo cual conlleva que el solo hecho de manifestar sus inconformidades y
atribuirles una transgresión a sus garantías superiores no justifica la relevancia de la
acción de tutela como se exige desde la expedición de la SU 215 de 2022.
En ese orden, no es suficiente que la parte interesada refiera que con la decisión
judicial se transgredieron algunos derechos porque la decisión judicial adolece de
determinados yerros, puesto que, por el contrario, es menester que quien se considera
afectado, cumpla con el deber de argumentar el concepto de la violación que se deriva
de una providencia judicial en abierta contradicción de los postulados constitucionales,
que implique por parte de este juez un pronunciamiento respecto al análisis que ha
efectuado el tribunal demandado.
Básicamente, los cargos, al enmarcarse en la acción de tutela contra providencia
judicial, requiere con mayor énfasis que el extremo accionante ejecute una exposición
que sin lugar a duda demuestre de forma coherente, el engranaje entre la orden objeto
de reproche y la inescindible afectación de las garantías fundamentales en su núcleo
esencial.
Así las cosas, es completamente evidente que esta solicitud de amparo carece de
relevancia constitucional, comoquiera que no se acredita la violación iusfundamental
alegada, a partir de un ejercicio explicativo jurídico y lógico que le permita al juez de
esta sede advertir una prominente transgresión de las prerrogativas superiores de la
accionante con ocasión de la expedición de la providencia dictada por la autoridad
censurada.
En resumen, la Sala no evidencia un argumento sólido que demuestre la vulneración
de garantías constitucionales que permita superar el requisito de relevancia
constitucional tratándose de acción de tutela contra providencia judicial; ello
comoquiera que el debate carece de la carga argumentativa desde la perspectiva
iusfundamental, y no se evidencia una vulneración palmaria que amerite la
intervención del juez de tutela15. Todo lo anterior, da lugar a que esta Sala de Decisión
declare la improcedencia de la solicitud de amparo de la referencia.
15
Ver las siguientes decisiones: (i) sentencia de 29 de septiembre de 2022, expediente 11001-03-15-
000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil; (ii) sentencia de 6 de septiembre de 2022,
expediente 11001-03-15-000-2022-03065-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; (iii) sentencia de 28
de abril de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-01880-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra; y (iv)
sentencia de 21 de noviembre de 2024, expediente 11001-03-15-000-2024-04391-01, M.P. Luis Alberto
Álvarez Parra.
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Demandante: Carlos Alberto Duque Vides
Demandado: Tribunal Administrativo de Arauca
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06767-00
2.5. Conclusión
La Sala declarará improcedente la acción de tutela promovida por el señor Carlos
Alberto Duque Vides contra el Tribunal Administrativo de Arauca por no satisfacer el
requisito de relevancia constitucional.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo ejercida por el
señor Carlos Alberto Duque Vides contra el Tribunal Administrativo de Arauca.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: en el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Ausente en comisión de servicios
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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