Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-06391-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-06391-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-06391-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
24 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06391-00
Demandante: OMAR OYOLA HUERTAS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN “A”
TEMAS: Tutela contra providencia judicial - Requisito de relevancia
constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
El señor Omar Oyola Huertas, en nombre propio, el 12 de agosto de 2026, presentó
acción de tutela con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales a la
igualdad, a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad, a la familia, al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la seguridad social y al
mínimo vital.
Las referidas garantías constitucionales las consideró transgredidas con ocasión de
la sentencia de 26 de marzo de 2026, dictada por la Subsección “A” de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual se revocó el fallo proferido el 26
de mayo de 2022, por el Tribunal Administrativo del Tolima, que había accedido
parcialmente a las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho que adelantó el actor contra la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en
adelante UGPP, y que se identificó con el radicado 73001-23-33-000-2020-00440-
00/01.
1.2. Pretensiones
El accionante presentó las siguientes:
1.- AMPARAR mis derechos fundamentales a la igualdad y no discriminación,
dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad, protección integral de la familia
debido proceso, acceso a la administración de justicia, seguridad social y mínimo vital.
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Demandante: Omar Oyola Huertas
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”
2.- DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 26 de marzo de 2026 proferida por el
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, dentro del expediente 73001-23-33-000-2020-00440-01 (5552-2022).
3.- ORDENAR a la autoridad judicial accionada que, dentro del término que determine
el juez constitucional, profiera una nueva sentencia en la que:
• Valore integralmente y sin fragmentación todo el material probatorio;
• Aplique el concepto constitucional de convivencia como comunidad de vida,
solidaridad, ayuda, afecto y vocación de permanencia, sin reducirlo a
identidad permanente de domicilio;
• Examine la fuerza demostrativa de la Escritura Pública 3090 como declaración
bilateral, solemne y otorgada en vida;
• Aplique un enfoque diferencial y antidiscriminatorio por orientación sexual;
• Se abstenga de utilizar estereotipos sobre la forma en que debe exteriorizarse
una familia;
-Valore la debilidad de las entrevistas anónimas o no ratificadas y garantice la
contradicción probatoria;
-Explique de forma reforzada cualquier apartamiento de los precedentes
constitucionales invocados.
4.- COMO ENMIENDA PRINCIPAL, si el juez constitucional concluye que del
expediente surge una única decisión compatible con la Constitución, solicito ordenar
que se mantengan los efectos de la sentencia de primera instancia del 26 de mayo
de 2022 y que la UGPP reconozca y pague la sustitución de la pensión gracia en mi
favor, con las actualizaciones, retroactivos e intereses legalmente procedentes.
5.- SUBSIDIARIAMENTE, ordenar a la Sección Segunda, Subsección A, que dicte
una nueva providencia conforme a los parámetros constitucionales establecidos en el
fallo de tutela, sin que ello implique predeterminar mecánicamente el sentido de la
decisión.
6.- SUSPENDER, como medida provisional y en caso de encontrarse en curso su
liquidación o cobro, los efectos de la condena en costas impuesta en la providencia
cuestionada hasta que se decida definitivamente esta acción.
7.- Vincular a la UGPP, al Tribunal Administrativo del Tolima y a las demás personas
o autoridades que puedan tener interés legítimo en el resultado del trámite1.
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión
que se adoptará en esta providencia:
1.3.1. El señor Omar Oyola Huertas le solicitó a la UGPP la sustitución de la pensión
gracia que percibía el señor Gustavo Adolfo Cuenca Ortiz, con quien sostuvo una
relación y quien falleció el 16 de enero de 2016.
1.3.2. El actor manifestó que con ocasión a que la UGPP negó la referida sustitución
pensional, radicó el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la referida unidad, con el fin de que se declarara la nulidad de las
Resoluciones RDP 12537 de 27 de marzo de 2017, RDP 022889 del 31 de mayo
de 2017 y del auto ADP 008598 de 10 de noviembre del mismo año, expedidos por
la UGPP.
A través de los cuales se negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes
derivada de la pensión gracia que en vida le fue reconocida al señor Gustavo Adolfo
1 Transcripción de conformidad con el texto original, con posibles errores.
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Demandante: Omar Oyola Huertas
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”
Cuenca Ortiz.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara a la entidad
demandada reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes correspondiente, en
cuantía equivalente al 100% de la mesada pensional que percibía el causante al
momento de su fallecimiento, a partir de la fecha del deceso, con fundamento en la
existencia de la unión marital de hecho y de la sociedad patrimonial entre ambos.
1.3.3. En primera instancia, el proceso le correspondió al Tribunal Administrativo del
Tolima, que, en sentencia de 26 de mayo de 2022, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda y condenó en costas a la entidad demandada, al
estimar que se configuraban los presupuestos del artículo 365 del Código General
del Proceso, por haber resultado vencida en el proceso.
Como fundamento de su decisión, señaló que, del análisis en conjunto del material
probatorio, valorado conforme a las reglas de la sana crítica, se desprendía que el
causante y el demandante convivieron de manera ininterrumpida por un periodo
superior a 5 años hasta el fallecimiento del pensionado.
Destacó la relevancia probatoria de la escritura pública mediante la cual se declaró
la existencia de la unión marital de hecho y la sociedad patrimonial, al considerar
que esta resultaba coherente con los testimonios rendidos en la primera instancia y
permitía tener por acreditada una convivencia plena, estable y singular.
1.3.4. Inconforme con la decisión, la UGPP apeló el fallo del a quo,2 el cual fue
conocido por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, que en fallo
de 26 de marzo de 2026, revocó la sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima,
para en su lugar negar las pretensiones del medio de control.
El ad quem expuso que al hoy tutelante no le asistía el derecho a la sustitución
pensional, dado que del análisis de las declaraciones que se arrimaron al proceso
ordinario no se lograba establecer con certeza la convivencia en los términos
exigidos por la ley para efectos de la sustitución de la pensión gracia, puesto que
las personas interrogadas hicieron afirmaciones generales sobre el conocimiento
que tenían de la relación entre el accionante y el señor Gustavo Adolfo Cuenca
Ortiz.
De manera que, no dieron información detallada respecto a cómo se desarrolló el
vínculo, o qué tipo de acciones conocieron o presenciaron que los llevó a considerar
que, en efecto, sostuvieron una convivencia continua y permanente.
En ese orden de ideas, la autoridad judicial accionada aseguró lo siguiente:
[…] en lo que corresponde a las declaraciones rendidas ante el tribunal, y que
previamente fueron referenciadas, contrario a lo concluido por el a quo, para la Sala
estas resultan insuficientes para acreditar la convivencia durante los 5 años anteriores
al fallecimiento del causante.
2 La UGPP en el escrito del recurso cuestionó la credibilidad de los testimonios y del interrogatorio
de parte absuelto por el señor Oyola Huertas, considerando por el contrario que no se acreditó la
convivencia durante los últimos cinco años anteriores al deceso del causante.
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Demandante: Omar Oyola Huertas
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”
Sumado a que, a la Sala le llamó la atención que el señor Omar Oyola Huertas no
asistió a las honras fúnebres, de quien decía ser su pareja sentimental, además, al
indagarlo en cómo se desarrollaba la relación con el señor Gustavo Adolfo Cuenca
Ortiz, «ofreció respuestas vagas como por ejemplo que compartían “normal por la
calle”, que hacían “paseos corticos”, que siempre andaban con Leonel (un testigo),
que era quien les hacía de comer “nos arreglaba las ropitas, las cositas y todo ese
tipo de cosas», no obstante, el referido testigo, no confirmó en su totalidad, lo dicho
por el actor.
Asimismo, la UGPP allegó el informe investigativo denominado «Informe Ticket WF:
N° 7083 – informe investigativo 15707/2017», en el cual concluyó que no existió una
convivencia real y permanente entre el demandante y el causante.
Además, la referida autoridad también presentó denuncia penal contra el señor
Omar Oyola Huertas, al considerar que con la reclamación de reconocimiento de la
sustitución pensional había incurrido en falso testimonio, fraude procesal y estafa.
No obstante, la Fiscalía 328 de la Unidad de Fe Pública decidió archivar la denuncia
interpuesta al considerar que «no existen motivos ni circunstancias fácticas que
permitan caracterizar como delito».
1.4. Fundamentos de la solicitud
El señor Omar Oyola Huertas manifestó que la decisión de 26 de marzo de 2026,
transgredió sus derechos fundamentales a la igualdad, a la dignidad humana, al
libre desarrollo de la personalidad, a la familia, al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, a la seguridad social y al mínimo vital.
Lo anterior, con fundamento en que incurrió en un defecto fáctico, puesto que
fragmentó los medios de convicción que se arrimaron al medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, y exigió que cada elemento demostrara
aisladamente la totalidad del supuesto de convivencia.
Adujo que el fallo reprochado «transformó la exigencia de convivencia real en una
exigencia de presencia física constante, públicamente verificable y concentrada en
un único domicilio. Esa comprensión no corresponde al concepto constitucional de
familia ni a la realidad de una pareja del mismo sexo que afrontó oposición familiar,
reserva social y desplazamientos laborales».
Expuso que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A” no examinó
si las dudas sobre su forma de convivencia provenían de un patrón heterosexual de
vida familiar, ni aplicó un enfoque diferencial para evitar que la histórica invisibilidad
y estigmatización de las parejas del mismo sexo se convirtiera en una carga
probatoria agravada.
Adujo que el fallo reprochado adolecía de un defecto sustantivo por interpretación
restrictiva y constitucionalmente inadecuada de la convivencia, a la luz de los
medios de convicción que se arrimaron al proceso.
Indicó que no controvierte que la norma aplicable exija convivencia durante los cinco
años anteriores al fallecimiento. «El defecto no está en la aplicación temporal del
requisito, sino en el contenido restrictivo que la providencia atribuyó a la palabra
CONVIVENCIA».
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Demandante: Omar Oyola Huertas
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”
Expuso que «la providencia accionada, pese a enunciar criterios amplios, aplicó
materialmente uno más estrecho. La falta de observación permanente en un mismo
domicilio terminó prevaleciendo sobre la voluntad común formalizada, la solidaridad,
los actos compartidos y la continuidad afectiva».
Además, aseguró que la sentencia enjuiciada incurrió en desconocimiento del
precedente, dado que, «la Sentencia SU-169 de 2024, reconoció que la
cohabitación bajo un mismo techo puede interrumpirse por causas justificadas sin
que necesariamente desaparezca la convivencia entendida como comunidad de
vida, apoyo y solidaridad. Además, concedió el amparo por omisión de pruebas
determinantes y por desconocimiento del precedente sobre convivencia en
controversias pensionales».
Finalmente mencionó la violación directa de la Constitución, y adujo que «los
artículos 13 y 42 de la Constitución Política protegen la igualdad material y la familia,
mientras que los artículos 16 y 48 garantizan el libre desarrollo de la personalidad y
la seguridad social. Estas normas deben aplicarse de forma que ninguna persona
sea sancionada por su orientación sexual ni obligada a adoptar un modelo
heterosexual de vida doméstica para acceder a derechos».
1.5. Trámite de la acción
Mediante auto de 13 de agosto de 2026, el despacho sustanciador de esta decisión
admitió la acción de amparo, ordenó notificar al demandante, así como al Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, y le otorgó el término de dos días
para que rindiera el informe de que trata el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991.
Como terceros con interés, vinculó al Tribunal Administrativo del Tolima [autoridad
judicial de primera instancia en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho]
y a la UGPP [parte demandada en el contencioso de nulidad y restablecimiento del
derecho], así como a las demás partes, personas, terceros y/o entidades que hayan
participado en el proceso ordinario identificado con radicado 73001-23-33-000-
2020-00440-00/01, para que, si lo consideraban del caso, intervinieran en la
presente tutela.
Adicionalmente, negó la solicitud de medida provisional que requirió el señor Omar
Oyola Huertas.
1.6. Contestaciones
Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentaron las siguientes intervenciones:
1.6.1. UGPP
En su contestación, la subdirectora de Defensa Judicial Pensional de la entidad,
manifestó que la sentencia enjuiciada por el señor Oyola Huertas se encuentra
ajustada al ordenamiento jurídico sin que su determinación pueda ser catalogada
como vía de hecho por no estar de acuerdo con la decisión que tomó.
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Demandante: Omar Oyola Huertas
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”
Aseguró que la presente acción de tutela es improcedente, puesto que no puede
ser usada con un fin exclusivamente económico, pues el actor busca decisiones a
su favor, dejando de lado a los jueces naturales de la causa, más aún, cuando el
litigio ya fue ventilado respetando el principio de la doble instancia.
Además, el señor Oyola Huertas en su escrito de tutela, no demostró «cómo la
autonomía del juez de la causa y su decisión judicial vulnera los derechos al debido
proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia, situación que resalta de
la sola lectura del escrito».
Adujo que «no hay argumentación demostrativa de cómo se cumplen los requisitos
establecidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional para que opere la
procedibilidad de esta tutela en contra del fallo judicial».
Indicó que la decisión que profirió la judicatura demandada fue acertada, por lo que
es claro que no existe una transgresión de las garantías fundamentales del actor,
de manera que, no hay lugar a conceder el amparo deprecado en el escrito tutelar.
Por consiguiente, finalmente solicitó que se declare la improcedencia de esta
solicitud de amparo, porque «la parte actora no puede pretender usar la acción de
tutela como una tercera instancia para revisar las decisiones adoptadas por el juez
competente de la causa, después de haberse agotado un procedimiento establecido
en la Ley para el efecto».
1.6.2. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”
El 25 de agosto de 2026, el magistrado ponente de la decisión reprochada en sede
de tutela allegó informe en el que manifestó que en el fallo de 26 de marzo de 2026,
si bien existían elementos probatorios que permitían inferir la existencia de un
vínculo sentimental entre el demandante y el causante, no se encontró plenamente
demostrada una convivencia continua e ininterrumpida durante los cinco (5) años
anteriores al deceso, requisito exigido para acceder a la sustitución de la pensión
gracia.
Adujo que el fallo que profirió se fundamentó en la valoración conjunta de las
pruebas que se arrimaron al proceso ordinario, así como en la normativa y en la
jurisprudencia vigente sobre sustitución de la pensión gracia.
Indicó que la decisión no desconoció la existencia de la relación afectiva alegada,
sino que distinguió entre la acreditación de un vínculo sentimental y la demostración
del requisito legal de convivencia continua durante el periodo exigido.
Lo anterior significa que no existió vulneración a derecho fundamental alguno, en
tanto que el caso se analizó bajo las reglas de la sana crítica y teniendo como norte
la jurisprudencia aplicable sobre sustitución de la pensión gracia, para lo cual
resultaba indispensable valorar conjuntamente los medios de prueba allegados, a
efectos de determinar si se encontraba acreditada la convivencia continua durante
los cinco (5) años anteriores al fallecimiento del causante, lo que no se constató,
pues el acervo probatorio no permitió arribar a esa conclusión.
En ese orden de ideas, señaló que las inconformidades que plantea el actor en esta
acción, se dirigen, esencialmente, a controvertir las conclusiones probatorias
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Demandante: Omar Oyola Huertas
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adoptadas por el juez natural, y el hecho de que estas hubieran sido desfavorables
al tutelante no significa, por sí mismo, que se hayan vulnerado sus derechos
fundamentales.
Además, insistió en que «ante las inconformidades planteadas en el recurso de
apelación presentado por la UGPP, tendientes a desvirtuar el cumplimiento del
requisito de convivencia, el ad quem estaba habilitado para analizar de manera
íntegra el material probatorio y con los cuales se pretendía demostrar la comunidad
de vida durante el periodo exigido legalmente».
En ese orden de ideas, solicitó que se niegue el amparo.
1.7. Manifestaciones de impedimento
Los magistrados Omar Joaquín Barreto y Gloria María Gómez Montoya
manifestaron estar impedidos para conocer la presente acción constitucional, dado
que, consideraron que estaban inmersos en la causal 5.º del artículo 56 del Código
de Procedimiento Penal.
Al respecto, por auto de la misma fecha de esta providencia, el magistrado ponente
declaró infundada la causal, pues no encontró acreditado el supuesto hecho
establecido en la norma.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta corporación es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de
tutela presentada por el señor Omar Oyola Huertas contra el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección “A”, de conformidad con lo establecido en los
Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y,
el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede el amparo de los derechos
fundamentales a la igualdad, a la dignidad humana, al libre desarrollo de la
personalidad, a la familia, al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, a la seguridad social y al mínimo vital del señor Omar Oyola Huertas.
Lo anterior, con fundamento en que la Subsección “A” de la Sección Segunda del
Consejo de Estado emitió la sentencia de 26 de marzo de 2026, en la que revocó el
fallo proferido el 26 de mayo de 2022, por el Tribunal Administrativo del Tolima, que
había accedido parcialmente a las pretensiones del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que adelantó el actor contra la UGPP, y que se
identificó con el radicado 73001-23-33-000-2020-00440-00/01.
Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de
la Sala sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii)
los requisitos adjetivos de procedibilidad, en especial, el de la relevancia
constitucional y, de encontrarse superado, junto con los demás, (iii) el caso
concreto.
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2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 3,
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema4.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la solicitud de amparo contra providencias
judiciales5.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 6, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Análisis de los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1. Relevancia constitucional
2.4.1.1. La Sala advierte que en el sub examine no se cumple el presupuesto de la
referencia, para lo cual resulta pertinente, en primer lugar, recordar el criterio
adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022, en cuanto a la
procedencia de la acción constitucional de cara a este requisito, así:
40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez
de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Para determinar si este
requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance
de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales. (…) (Énfasis de la Sala)
3 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela
• Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth
García González.
4 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
5 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
6 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Demandante: Omar Oyola Huertas
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En segundo lugar, se tiene que esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de
20227 modificó la postura que tenía hasta ese momento sobre el estudio del
requisito de relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales
se hace evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico,
sin que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional.
De esta manera, la Sala planteó que el estudio de la relevancia constitucional debía
estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional y
acogidos por esta Corporación, que en concreto se refieren a:
i) Que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que simplemente se aduzca la trasgresión de
aquellos;
ii) Que la acción de amparo no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo solo está instituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por
ende, no debe ser un debate exclusivamente legal; y
iii) Que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y el mecanismo constitucional
no puede convertirse en una tercera instancia.
Finalmente, se precisa que la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales expedidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental producto de
una actuación arbitraria.
Así, este requisito no se traduce en la demostración efectiva de la vulneración de
los derechos fundamentales, sino en que se aporten elementos suficientes que
permitan advertir tal situación a primera vista, especialmente cuando se ejerce este
mecanismo constitucional contra una sentencia de un órgano de cierre 8.
2.4.1.2. En este caso, a juicio del señor Omar Oyola Huertas, el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección “A” transgredió sus derechos fundamentales a la
igualdad, a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad, a la familia, al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la seguridad social y al
mínimo vital al proferir la sentencia de 26 de marzo de 2026, en la que revocó el
fallo de 26 de mayo de 2022, por el Tribunal Administrativo del Tolima, que había
accedido parcialmente a las pretensiones del medio de control de nulidad y
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de
septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
8 Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-06391-00
Demandante: Omar Oyola Huertas
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”
restablecimiento del derecho que adelantó el actor contra la UGPP, y que se
identificó con el radicado 73001-23-33-000-2020-00440-00/01.
Puntualmente, el actor indicó que la sentencia reprochada incurrió en los defectos
fáctico, sustantivo, por desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución. En síntesis, sostuvo que el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección “A” en el fallo de segunda instancia del proceso ordinario fragmentó los
medios de convicción que se arrimaron al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, y exigió que cada elemento demostrara aisladamente
la totalidad del supuesto de convivencia, de manera que no logró establecer con
certeza la convivencia en los términos exigidos por la ley para efectos de que le
fuera sustituida la pensión gracia objeto de controversia.
Precisado lo anterior, la Sala considera que la solicitud de amparo no supera el
requisito de la relevancia constitucional. Lo dicho, debido a que la parte actora en
su escrito de tutela demuestra una inconformidad con los criterios adoptados por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, sin que medie una
argumentación encaminada a evidenciar la presunta transgresión de sus garantías
constitucionales que justifique la intromisión del juez de tutela.
En ese orden de ideas, resulta oportuno destacar que el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección “A”, en la sentencia de 26 de marzo de 2026
consideró que, el señor Omar Oyolas Huertas no logró probar ni acreditar la
convivencia continua durante los cinco (5) años anteriores al fallecimiento del señor
Gustavo Adolfo Cuenca Ortiz, pues el acervo probatorio que se arrimó al medio de
control con radicado 73001-23-33-000-2020-00440-00/01 no permitió arribar a esa
conclusión.
Frente al punto la autoridad demandada después de analizar uno a uno los
testimonios, aseguró que «en lo que corresponde a las declaraciones rendidas ante
el tribunal, y que previamente fueron referenciadas, contrario a lo concluido por el a
quo, para la Sala estas resultan insuficientes para acreditar la convivencia durante
los 5 años anteriores al fallecimiento del causante».
Asimismo, frente al desconocimiento del precedente, el tutelante se limitó a citar la
SU-169 de 2024 en la que la Corte Constitucional reconoció que la cohabitación
bajo un mismo techo puede interrumpirse por causas justificadas sin que
necesariamente desaparezca la convivencia entendida como comunidad de vida,
apoyo y solidaridad, no obstante, no expuso por qué dicha providencia le resulta
aplicable a su caso, dado que solo hizo referencia al presunto tema sobre el cual
versa la decisión atacada.
Así las cosas, la colegiatura evidencia que los reproches planteados por el actor
reflejan una mera inconformidad con lo decidido por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección “A”, por concluir que no le asistía el derecho a percibir la
pensión gracia por sustitución, con fundamento en que no probó ni acreditó la
convivencia continua durante los cinco (5) años anteriores al fallecimiento del señor
Gustavo Adolfo Cuenca Ortiz.
Nótese que el debate jurídico no giró en torno a la legitimidad o la naturaleza de la
opción afectiva del accionante, sino en la deficiencia técnica de los medios de
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convicción arrimados al expediente para demostrar los supuestos fácticos exigidos
normativamente.
En otras palabras, de la lectura de la sentencia reprochada la Sala desprende con
claridad que la autoridad judicial accionada distinguió perfectamente entre la
acreditación de la relación sentimental y la demostración fehaciente del requisito
legal de convivencia continua e ininterrumpida durante los cinco años anteriores al
fallecimiento del causante. El hecho de que la judicatura hubiese concluido que los
testimonios resultaban insuficientes y vagos respecto al desarrollo diario y la
permanencia de la comunidad de vida constituye un ejercicio legítimo de la sana
crítica y la autonomía judicial, luego, exigir la prueba de una convivencia real es un
imperativo legal para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, entonces
no resulta adecuado forzar un enfoque diferencial cuando la negativa del derecho
se fundamentó en una estricta carencia probatoria del orden legal y no en un patrón
de exclusión o prejuicio hacia las parejas del mismo sexo.
Bajo todas las consideraciones expuestas, se recuerda que formular un simple
desacuerdo con una decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unos
derechos fundamentales, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento cumpla
con el presupuesto bajo estudio. En estos casos, se requiere que en el escrito inicial
medie un ejercicio argumentativo que permita entrever que la controversia gira en
torno al alcance, contenido o goce de una garantía iusfundamental.
No sobra iterar que, en garantía de los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada
y del respeto por el precedente judicial, la acción de tutela contra providencias
judiciales debe ser rigurosa a la hora de estudiar los requisitos generales de
procedibilidad.
2.5. Conclusión
De acuerdo con lo argumentado, esta Sección declarará la improcedencia de la
solicitud de amparo presentada por el señor Omar Oyola Huertas contra el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, comoquiera que no se encontró
satisfecho el requisito de relevancia constitucional.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Omar Oyola Huertas contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
“A”.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
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TERCERO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
Salva voto
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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