Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2017-00459-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2017-00459-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2017-00459-01
Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez
25 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veinticinco (25) noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Expediente: 250002336000201700459 01 (71.456)
Demandante: Consorcio Estaciones Transmilenio 2013
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU–
Acción: Controversias Contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia
TEMAS: SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO EN MATERIA CONTRACTUAL – opera
para hacer manifiesto un derecho preexistente, no crearlo / ACTO ADMINISTRATIVO
CONTRACTUAL - las comunicaciones proferidas en desarrollo de un contrato que no son
expresión de poder público se circunscriben al desarrollo de las relaciones negociales, sin
la connotación de actos administrativos / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL – solo
los actos de tal naturaleza son enjuiciables mediante el instituto de la nulidad / ACTA DE
TERMINACIÓN DE LA OBRA – es un instrumento con mérito probatorio, que no tiene la
categoría de acto administrativo / RENUNCIA EXPRESA A RECLAMACIONES CON
OCASIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE ACUERDOS MODIFICATORIOS Y SUSPENSIONES
DEL NEGOCIO JURÍDICO – es procedente en el marco de la autonomía y libertad negocial
/ VICIO DEL CONSENTIMIENTO EN LA CELEBRACIÓN DE PACTOS MODIFICATORIOS
– Fuerza: debe acreditarse que la supuesta amenaza o constreñimiento fue determinante
para concurrir a la celebración del negocio / INEFICACIA DE PLENO DERECHO – solo se
configura frente a cláusulas que condicionan la celebración de una prórroga, o imponen a
renuncias a reclamaciones futuras / MAYOR PERMANENCIA EN OBRA – le corresponde
al contratista soportar los efectos económicos derivados de los pactos de prolongación del
plazo, si las causas que los motivaron están cobijados por los riesgos que asumió bajo el
negocio jurídico.
Surtido el trámite de ley sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo
actuado, la Sala procede a resolver los recursos de apelación interpuestos contra la
sentencia que liquidó judicialmente un contrato y negó las demás pretensiones
formuladas en la demanda principal y en la de reconvención.
La controversia versa sobre los incumplimientos que las partes se endilgan
mutuamente respecto de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría y
obra pública que impidieron recibir a satisfacción el objeto construido.
I. LA SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la decisión adoptada el 22 de febrero de 2024, por medio de
la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A
resolvió liquidar judicialmente el contrato 1636 de 2013 suscrito entre el demandante
y la demandada, declaró estar a paz y salvo por todo concepto, y negó las demás
Radicación: 25000233600020170045901 (71.456)
Demandante: Consorcio Estaciones Transmilenio 2013
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU–
Asunto: Controversias contractuales
pretensiones de la demanda principal y de la de reconvención. Se abstuvo de
condenar en costas a las partes1.
2. El anterior proveído decidió la demanda presentada el 22 de marzo de 20172
por el consorcio Estaciones Transmilenio 20133 (en adelante, el consorcio o el
contratista), en contra del Instituto de Desarrollo Urbano (en lo sucesivo, IDU, la
entidad, el contratante o el instituto), así como la demanda de reconvención que
éste formuló contra el contratista.
Pretensiones4
3. El consorcio solicitó que se acceda a las siguientes declaraciones y condenas
–la Sala las agrupa según los temas a los que se refieren, dado que corresponden
75 peticiones5–:
Tema de la pretensión Declaraciones y condenas solicitadas
A.1.Que se declare la nulidad de los actos administrativos
contenidos en las comunicaciones: (i) STEST201634602
14431 del 14 de marzo de 2016; (ii) STEST20153462153521
del 21 de diciembre de 2015; y (iii) STEST20163460096461
del 9 de febrero de 2016, por medio de las cuales se negó la
solicitud de restablecimiento del equilibrio económico
solicitado por el contratista6.
A. Relativa a la nulidad de actos
administrativos contractuales A.2. Que se declare la nulidad de la manifestación incluida en
el acta de terminación de la obra, que dice: “[a]hora bien,
respecto del diseño geométrico, señalización horizontal y
vertical del tercer carril de la calle 146 y Toberín, a la fecha de
suscripción del acta de terminación no han sido recibidos y
debidamente aprobados por la Secretaría Distrital de Movilidad
y por consiguiente tampoco por este Instituto …”7.
B.1. Que se declare la nulidad de las renuncias incluidas en
las prórrogas No. 1, 4, 5 y 6, por infracción de las normas en
que debían fundarse y falsa motivación8.
B.1.1. De forma subsidiaria de los anteriores pedimentos, se
declare la ineficacia de las renuncias contempladas en las
prórrogas No. 1, 4, 5 y 69.
B. Concernientes a las
prórrogas B.2. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, se
ordene a la entidad pagar la suma de $357’126.956, por
concepto de los honorarios que le fueron descontados al
contratista para realizar los pagos a la interventoría 10.
B.3.Que se declare que el contratista fue coaccionado, dadas
las amenazas de funcionarios de la entidad, para suscribir las
renuncias incluidas en las prórrogas No. 1, 4, 5 y 611.
1
Teniendo en cuenta que los dos sujetos procesales, esto es, tanto el demandante principal como el actor en reconvención,
les fueron negadas las pretensiones. Fl.87, índice 117, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Cundinamarca.
2
Fl.115, c.1.
3
El consorcio Estaciones Transmilenio 2013 se integró por Mantenimiento y Seguridad Vial S.A.S. –con un 45% de
participación– y HB Estructuras Metálicas S.A. –con un 55% de participación–. Fls.4 a 6, c.3.
4
Incluidas las modificaciones realizadas en la reforma de la demanda, presentada el 30 de agosto de 2017.
5
Fls.189 a 203, c.2. Se nombran de la forma en que lo hace la demanda principal.
6
Pretensión primera, segunda y tercera.
7
Pretensión cuarta.
8
Pretensión quinta, sexta, séptima y octava.
9
Pretensión quinta, sexta, séptima y octava subsidiarias.
10
Pretensión novena.
11
Pretensión décima cuarta, décima quinta, décima sexta, décima séptima y décima octava.
2
Radicación: 25000233600020170045901 (71.456)
Demandante: Consorcio Estaciones Transmilenio 2013
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU–
Asunto: Controversias contractuales
B.3.1. De forma subsidiaria de las anteriores súplicas, se
declare la configuración de vicios del consentimiento al pactar
de las renuncias estipuladas en las prórrogas No. 1, 4, 5 y 6 12.
B.4. Que se declare que las causas que dieron lugar a la
suscripción de las prórrogas no son imputables al contratista 13.
C.1. Que se declare que operó el silencio administrativo
positivo respecto de las siguientes comunicaciones: (i) CET-
3194-541-15 del 14 de octubre de 2015; (ii) CET-3194-664-15
del 27 de noviembre de 2015; y (iii) CET-3194-255-16 del 17
de mayo de 2016. El silencio administrativo fue protocolizado
C. Referentes a la ocurrencia
mediante la escritura pública 57 del 19 de enero de 2017,
del silencio administrativo
otorgada en la Notaría 10 del Círculo de Bogotá; lo allí indicado
positivo
debe ser reconocido y pagado por el IDU, en los términos de
las solicitudes del consorcio14.
D.1. Que se declare que el IDU incumplió las obligaciones de
planeación y estructuración del contrato 1636 de 2013, así
como otras concernientes a la ejecución y liquidación del
negocio jurídico15.
D.2. Que se declare que en ejecución del contrato y con motivo
del incumplimiento del IDU, el contratista incurrió en costos,
sobrecostos y actividades que impactaron la ecuación
económica del contrato, en especial por bodegaje de
estructura metálica, descuentos de honorarios de
interventoría, no pago de las actas de ajustes Nos. 82, 83, 84,
85, 87 y acta de obra No. 86, ni de las actas 79 y 88, por causas
D. Atinentes al incumplimiento
ajenas al contratista que no han sido reconocidos por la
del contrato
entidad demandada16.
D.3. Que se declare que no existe justificación contractual ni
legal que facultara el IDU a ordenar al contratista la
implementación de un PMT, después de haber realizado los
pendientes de obra y suscrito el acta No. 1 de recibo final del
8 de agosto de 201617.
D.4. Que se ordene al IDU la suscripción de las actas de
ajustes Nos. 82, 83, 84, 85 y 87, así como las actas de obra
No. 86 y 88 y su pago, conforme a los valores referidos en el
libelo18.
12
Pretensión décima cuarta, décima quinta, décima sexta y décima séptima subsidiarias.
13
Pretensión trigésima segunda.
14
Pretensión décima, décima primera, décima segunda y décima tercera.
15
Pretensión décima novena, décima novena subsidiaria, vigésima tercera, trigésima primera, trigésima primera subsidiaria.
En la súplica quincuagésima quinta enunció los siguientes supuestos como desencadenantes del incumplimiento:
“a) Al desconectar y desestimar las causas generadoras del desequilibrio económico, presentadas en desarrollo del contrato.
b) Al presentar serias indefiniciones técnicas que no permitieron al contratista ejecutar el contrato [en] los términos previstos
al momento de ofertar.
c) Al actuar de mala fe, abusar de la posición dominante que en ejecución del contrato estatal ostentaba, y desconocer los
principios básicos de la contratación estatal, los derechos del contratista y sus propios deberes como entidad contratante en
ejecución del contrato estatal.
d) Al obligar y coaccionar al contratista a realizar actuaciones y actividades contractuales referentes al PMT sin justificación
legal ni contractual para ello.
e) Al trasladar al contratista las consecuencias económicas negativas de las prórrogas contractuales por causas no atribuibles
a éste y no restablecer la ecuación económica del contrato.
f) Al desconocer los actos contractuales y sus propios actos y los de su interventoría en desarrollo del contrato IDU-1636-
2013
g) Al desconocer los pronunciamientos de la misma entidad contratante y su interventor en desarrollo del contrato IDU-1636-
2013
h) Al negarse sin justificación contractual, a recibir las obras ejecutadas y al no permitir al contratista constituir la garantía de
estabilidad de los mismos en los términos previstos en el contrato.
i) Al no suscribir las actas de obra, ajustes y pago de diseños”.
16
Pretensión vigésima, vigésima sexta, vigésima octava, vigésima novena, quincuagésima sexta, cuadragésima,
quincuagésima sexta
17
Pretensión cuadragésima octava, sexagésima séptima.
18
Pretensión quincuagésima octava, quincuagésima novena, sexagésima primera, sexagésima segunda
Se anotaron los siguientes valores de las aludidas actas:
DESCRIPCIÓN ACTA VALOR ACTA
3
Radicación: 25000233600020170045901 (71.456)
Demandante: Consorcio Estaciones Transmilenio 2013
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU–
Asunto: Controversias contractuales
D.5. Que se ordene pagar a la contratante la obra ejecutada y
no facturada, por la cuantía de $1.943’579.045 o lo que resulte
probado en el proceso19.
E.1. Que se declare que es deber de la entidad solucionar el
desequilibrio generado en desarrollo del contrato, por causas
imputables a la contratante20.
E.1.1. Que el IDU “incumplió con sus obligaciones a cargo
previstas en la Ley 80 de 1993, y no solucionó el desequilibrio
económico”, el cual acaeció por causas no imputables al
consorcio21.
E. Relativas al rompimiento del
E.1.2. Que se declare que durante la ejecución del contrato el
equilibrio económico del
IDU “actuó de mala fe, abuso de la posición dominante … al
contrato
no solucionar el desequilibrio económico”22.
E.2. Que se reconozcan los sobrecostos ambientales, sociales
y de tránsito derivados de circunstancias ajenas al consorcio23.
E.3. Que se declare que el rompimiento de equilibrio
económico del contrato ascendió a “no menos de
$8.715’759.794” y, como consecuencia, se ordene al IDU
pagar ese monto a favor del consorcio24.
ACTA DE AJUSTES No. 82 $25.466.426,00
ACTA DE AJUSTES No. 82 $35.948.497,00
ACTA DE AJUSTES No. 82 $226.496.217,00
ACTA DE AJUSTES No. 82 $123.302.860,00
ACTA DE OBRA No. 86 $301.072.466,00
ACTA DE AJUSTES No. 82 $27.096.522,00
19
Pretensión sexagésima cuarta, sexagésima quinta.
20
Pretensión vigésima primera, vigésima segunda, trigésima quinta, trigésima séptima, trigésima octava, trigésima novena,
quincuagésima cuarta.
21
Pretensión vigésima primera subsidiaria, vigésima segunda subsidiaria.
22
Pretensión trigésima séptima subsidiarias B y C, quincuagésima (aunque en la demanda usan la palabra pentagésima),
quincuagésima primera.
23
Pretensión vigésima quinta.
24
Pretensión sexagésima octava, sexagésima novena, septuagésima.
En el pedimento sexagésimo octavo, el contratista discriminó el monto pedido por concepto de la ruptura de la ecuación
económica, en los siguientes valores:
“a) Por concepto de mayor permanencia en obra, por los costos administrativos, gastos de administración, horarios nocturnos,
durante los periodos de suspensión y prórroga del contrato, por causas atribuibles al IDU y/o ajenas al contratista, en la suma
que estimo en no menos de DOS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.523.350.279) o en la cuantía que resulte probada
en el proceso.
b) Por concepto de sobrecostos en los globales ambientales en ejecución del contrato 1636 de 2013, por causas atribuibles
al IDU y/o ajenas al contratista, en la suma que estimo en no menos de SEISCIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS
TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS COLOMBIANOS MONEDA CORRIENTE ($610.536.314) o en la
cuantía que resulte probada en el proceso.
c) Por concepto de sobrecostos en los globales sociales en ejecución del contrato 1636 de 2013, por causas atribuibles al
IDU y/o ajenas al contratista, en la suma que estimo en no menos de CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES
CUATROCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHOS PESOS COLOMBIANOS MONEDA CORRIENTE
($181.407.368) o en la cuantía que resulte probada en el proceso.
d) Por concepto de sobrecostos en los globales de tránsito en ejecución del contrato 1636 de 2013, por causas atribuibles al
IDU y/o ajenas al contratista, en la suma que estimo en no menos de UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES
NOVECIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS COLOMBIANOS MONEDA CORRIENTE ($1.797.910.608) o en
la cuantía que resulte probada en el proceso.
e) Por concepto de sobrecostos en bodegaje de estructura metálica, por causas atribuibles al IDU y/o ajenas al contratista,
en la suma que estimo en no menos de CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS QUINCE PESOS
COLOMBIANOS MONEDA CORRIENTE ($163.000.715) o en la cuantía que resulte probada en el proceso.
f) Por concepto de devolución de las sumas descontadas para el pago de los honorarios de interventoría en la suma de
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
COLOMBIANOS MONEDA CORRIENTE ($357.126.956) o en la cuantía que resulte probada en el proceso.
g) Por concepto de pago de las actas de ajustes 82, 83, 84, 85 y 87 en la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO
MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS PESOS COLOMBIANOS MONEDA CORRIENTE
($438.310.522) o en la cuantía que resulte probada en el proceso.
h) Por concepto de pago del acta de obra No. 86 en la suma de TRESCIENTOS UN MILLONES SETENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS MONEDA CORRIENTE ($301.072.467.00) o en la cuantía
que resulte probada en el proceso.
i) Por concepto pago del acta de obra No. 88 correspondiente al pago de (sic) del 60% de los diseños en la suma de
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE
PESOS COLOMBIANOS MONEDA CORRIENTE ($399.465.520) o en la cuantía que resulte probada en el proceso.
4
Radicación: 25000233600020170045901 (71.456)
Demandante: Consorcio Estaciones Transmilenio 2013
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU–
Asunto: Controversias contractuales
F.1. Que se declare que, con ocasión de la ejecución del
contrato 1636 de 2013, así como de su falta de planeación, se
F. Mayor permanencia en obra presentó una mayor permanencia en obra, por 18 meses, que
no ha sido reconocida ni pagada por el contratante25.
G.1. Que se declare que el consorcio ejecutó el proyecto en el
plazo previsto, conforme a los diseños aprobados y ajustes
solicitados por la entidad; además, efectuó los pendientes de
la obra26.
G.2. Que se declare que la obra fue efectivamente recibida por
la interventoría, a través del acta No. 1 de recibo final del 8 de
agosto de 201627.
G. Sobre el cumplimiento del
contratista y el recibo de la obra G.2.1. Que se ordene al contratante recibir las obras
ejecutadas, conforme a los diseños aprobados durante la
ejecución del pacto28.
G.3. Que se declare que el IDU “incumplió su obligación de
recibo, toda vez que no existe justificación legal, contractual,
ni reglamentaria que le impida al IDU suscribir el Acta No. 01
de recibo final de obra de fecha 08 de agosto de 2016”29.
H1. Que se ordene la liquidación judicial del negocio jurídico 30,
incluyendo: el valor de las actas de ajustes Nos. 82, 83, 84, 85
H. Relacionadas con la y 87, el acta de obra No. 8631, el saldo del 60% del acta No.
liquidación judicial del contrato 8832, la obra ejecutada y no facturada por $1.943’579.045 o la
que resulte probada en el proceso33, y sobrecostos generados
con la ejecución del negocio.
I1. Que se condene al IDU al pago de intereses comerciales
remuneratorios y moratorios frente a las sumas solicitadas,
desde la fecha de radicación de la demanda hasta el fallo, a la
I. Concernientes a los intereses tasa máxima legal o la que determine la autoridad judicial 34.
y actualización de la condena
I2. Que se indexen las sumas pretendidas35.
I3. Que se condene al IDU al pago de las costas procesales 36.
Hechos relevantes de la demanda principal
4. En apoyo de las pretensiones se enunciaron los hechos que la Sala sintetiza:
5. El 21 de diciembre de 2013, el consorcio y el IDU celebraron el contrato No.
1636 de 2013 (en adelante, el contrato), cuyo objeto consistió en “realizar los
estudios, diseños, construcción para la ampliación de las estaciones del sistema de
Transmilenio: Estaciones – Calle 146, Mazurén y Toberín, ubicadas en la autopista
j) Por concepto de pago del valor ejecutado no facturado en la suma de UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES
MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS MONEDA
CORRIENTE ($1.943.579.045) o en la cuantía que resulte probada en el proceso.
k) Por los daños que daños (sic) y perjuicios que resulten probados a favor del demandante”.
25
Pretensión vigésima cuarta, vigésima séptima, trigésima, trigésima tercera, trigésima cuarta
26
Pretensión cuadragésima primera, cuadragésima segunda, cuadragésima tercera, cuadragésima cuarta, cuadragésima
quinta.
27
Pretensión cuadragésima sexta, cuadragésima novena.
28
Pretensión cuadragésima sexta subsidiaria.
29
Pretensión cuadragésima séptima, quincuagésima tercera.
30
Pretensión quincuagésima séptima.
31
Pretensión sexagésima.
32
Pretensión sexagésima tercera.
33
Pretensión sexagésima sexta.
34
Pretensión septuagésima segunda, septuagésima segunda subsidiaria, septuagésima cuarta.
35
Pretensión septuagésima tercera.
36
Pretensión septuagésima quinta.
5
Radicación: 25000233600020170045901 (71.456)
Demandante: Consorcio Estaciones Transmilenio 2013
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU–
Asunto: Controversias contractuales
norte, en Bogotá D.C. Grupo 2”37, por el valor de $17.243’983.844 y un plazo de 11
meses –dentro de los cuales cuatro (4) meses fueron contemplados para efectuar
los estudios y diseños y siete (7) meses para la construcción–; de modo que el plazo
contractual inició el 13 de enero de 2014 y se extendía hasta el 13 de diciembre
siguiente.
6. Durante la ejecución del negocio, las partes firmaron seis prórrogas38 que
ampliaron el plazo hasta el 9 de julio de 2016. Indicó que las razones de tales
modificaciones obedecieron a causas no imputables al contratista39, pero que
afectaron directamente los costos del pacto. El valor del contrato se aumentó en
una oportunidad por valor de $6.218’580.491, según adicional del 14 de agosto de
2015; para un total de $23.462’564.335.
7. El 10 de octubre de 2014, la interventoría, el contratista y la entidad
suscribieron el Acta 8 de “Recibo y Aprobación de Diseños e Iniciación de ejecución
de obra”, con la correspondiente entrega formal de los planos allí relacionados.
8. El contratista elevó varias peticiones de reconocimiento y mayores costos
incurridos en el contrato40, no resueltas por el IDU: (i) comunicación CET-3194-356-
15 del 30 de julio de 201541; (ii) comunicación CET-3194-418-15 del 1 de septiembre
de 2015, reiterando la del 30 de julio; (iii) escrito CET-3194-541-15 del 14 de octubre
de 2015, por el mismo monto de las anteriores; (iv) documento CET-3194-652-15
del 26 de noviembre de 2015 –solicitud negada por la contratante42–; (v) escrito
CET-3194-658-15 del 27 de noviembre de 2015, en el que el consorcio informó
sobre valores adicionales por demoras de la SDA43 en la aprobación del cauce del
Vallado –negada por la entidad el 9 de febrero de 201644–; (vi) también el 27 de
noviembre radicó la comunicación CET-3194-664-15, mediante la cual pidió el
reconocimiento de los costos derivados de la mayor permanencia y sobrecostos
ambientales, sociales y de bodegaje por la suma de $1.637’473.970 –sin respuesta
de la entidad–; (vii) escrito CET-3194-104-16 del 17 de febrero de 2016, en el que
contratista insistió en el reconocimiento de sobrecostos por las obras del tercer
carril, teniendo en cuenta que la SDM45 solo aprobó horas de trabajo nocturno –el
37
Derivado de la selección abreviada No. 2512 del 26 de septiembre de 2013, cuyo objeto era contratar “los estudios, diseños
y construcción para la ampliación de las estaciones del sistema Transmilenio Grupo 1: Estaciones Pepe Sierra y Calle 127.
Grupo 2: Estaciones Calle 146, Mazurén. Toberín, ubicadas en la autopista Norte en Bogotá D.C.” En virtud de este proceso
se adjudicaron dos contratos, uno por cada grupo.
38
La primera, suscrita el 13 de mayo de 2014, por 30 días calendario; la segunda, celebrada el 16 de abril de 2015, por el
plazo de 4 meses; la tercera, del 14 de agosto de 2015, por el lapso de 120 días calendario; la cuarta, suscrita el 14 de
diciembre de ese año, por 4 meses y 15 días adicionales; la quinta, del 29 de abril de 2016, que amplía el plazo en 60 días;
y la sexta, celebrada el 28 de junio de 2016, que extiende el negocio por 10 días.
39
Dijo que tales eventos ajenos fueron: los trámites ante la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) para obtener los Planes
de Manejo de Tráfico –PMT– y la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) en punto a los permisos ambientales, estudios de
suelos y sondeos para la cimentación de vagones, desviación de la red matriz del acueducto a la altura de una de las
estaciones, requerimientos de Transmilenio S.A.
40
Como sucesos desencadenantes del desequilibrio económico del negocio jurídico se aludió:
i) La indefinición de la alternativa de diseño de la zona de transición de la estación Mazurén, para la protección
de la tubería de derivación de red matriz a cargo de la EAAB.
ii) Inconvenientes relacionados con la aprobación de PMT.
iii) Falta de expedición de las resoluciones de los tratamientos silviculturales por parte de la SDA.
iv) La orden del IDU, impartida mediante comunicación 20143461176321 del 24 de septiembre de 2014, de
implementar la alternativa No. 2, concerniente a la intervención parcial de las calzadas y la construcción de un
nuevo carril de calzada mixta con base en el diseño de pavimento efectuado por el contratista.
41
Allí tasó los sobrecostos sociales, ambientales y de tránsito en $2.087’105.882.
42
Mediante comunicación STEST-20153462153521 del 21 de diciembre de 2015.
43
Secretaría Distrital de Ambiente.
44
A través de oficio STEST-20163460096461.
45
Secretaría Distrital de Movilidad.
6
Radicación: 25000233600020170045901 (71.456)
Demandante: Consorcio Estaciones Transmilenio 2013
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU–
Asunto: Controversias contractuales
14 de marzo siguiente, el IDU manifestó que estaba analizando los reclamos46–;
(viii) el 17 de mayo de 2016, con oficio CET-3194-255-16, insistió en la reclamación
por mayores costos sociales, ambientales, de tránsito, actividad nocturna, ajustes
de diseño y mayor permanencia47 –sin respuesta de la entidad–; (ix) documento
CET-3194-257-16 del 18 de mayo de 2016, en el que el contratista indicó a la
interventoría que el costo total de tránsito fue excedido en $1.437’141.752 –no fue
respondida por la interventoría–.
9. El 9 de julio de 2016, la interventoría y las partes suscribieron el acta de
terminación del contrato, en la que se consignó que el “contratista cumplió”48 con el
objeto acordado. Asimismo, se incluyó una lista de actividades pendientes, con la
constancia de “que a la fecha el avance de las obras es de 99,51% quedando
pendiente el 0.49% representado en remates de obra y corrección de obras
defectuosas”49, y “respecto del diseño geométrico, señalización horizontal y vertical
del tercer carril de la calle 146 y Toberín, a la fecha de suscripción del acta de
terminación no han sido recibidos y debidamente aprobados por la Secretaría
Distrital de Movilidad y por consiguiente tampoco por este Instituto”50.
10. El 8 de agosto de 2016, la firma interventora y el consorcio suscribieron el
Acta No. 1 de “Recibo final de obra”. La entidad no la suscribió, por considerar que
el contratista no había cumplido con los pendientes de obra, pese a la certificación
en tal sentido emitida por la interventoría.
11. El 17 de agosto de 2016, mediante oficio CET-3194-468-16, el contratista
manifestó que la única actividad pendiente era la señalización y demarcación de los
carriles. Con la precisión que los planos de diseños geométricos del tercer carril de
los sectores de las estaciones Toberín y calle 146 fueron aprobados desde el 10 de
octubre de 2014. El 1 de septiembre de ese año, el consorcio reiteró la referida
manifestación, a través de comunicación CET-3194-455-16.
12. El 1 de octubre de 2016, el IDU informó al contratista que no suscribiría el
acta de recibo final de la obra, dado que el diseño geométrico, señalización
horizontal y vertical del tercer carril de la Calle 146 y Toberín no habían sido
recibidos y debidamente aprobados por la SDM.
13. El 5 de octubre siguiente, la interventoría informó a la entidad que para esa
fecha no existían pendientes de obra, y que el diseño geométrico de las estaciones
Toberín y calle 146 fue avalado mediante la comunicación SDM-DSVCT-109019-14
del 27 de agosto de 2014, e indicó que el contratista mejoró el radio de las curvas
para que fueran más amplias con el tráfico de la autopista.
46
Oficio STEST-20163460214431.
47
En este documento, el consorcio solicitó lo siguiente (fl.407, c.2.):
a) Mayor permanencia $1.637.473.970
b) Mayores costos global social $295.423.546
c) Mayores costos global ambiental $824.743.546
d) Mayores costos global Tránsito $1.178.403.979
e) Mayores costos actividad nocturna $824.743.352
f) Mayores costos ajustes de diseño $250.000.000
48
Fl.379, c.2.
49
Ibidem.
50
Ibidem.
7
Radicación: 25000233600020170045901 (71.456)
Demandante: Consorcio Estaciones Transmilenio 2013
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU–
Asunto: Controversias contractuales
14. El 22 de octubre de ese año, el IDU informó a la interventoría que no recibiría
la obra hasta que la SDM no avalara el diseño geométrico. Luego, el 24 de ese
mismo mes y año, la entidad reiteró al consorcio la solicitud de implementar, de
forma inmediata, el PMT de las obras que no se habían concluido; el 4 de noviembre
siguiente insistió en que resultaba obligatorio mantener para ambas intervenciones
un PMT indefinido, con la indicación de que la señalización definitiva no se podía
adelantar hasta que su diseño fuera aprobado por la SDM.
15. El 19 de enero de 2017, mediante la escritura pública No. 57 otorgada por la
Notaría Décima del Círculo de Bogotá, se protocolizó el silencio administrativo
positivo derivado de la ausencia de respuesta a las solicitudes de restablecimiento
del equilibrio económico del contrato contenidas en las comunicaciones CET-3194-
41-15 del 14 de octubre de 2015, CET3194-664-15 del 27 de octubre de 2015 y
CET-3194-255-16 del 17 de mayo de 2016.
Los fundamentos de derecho
16. Sostuvo que el Instituto incurrió en falsa motivación al expedir los actos
contenidos en los escritos STEST20163460214431 del 14 de marzo de 2016;
STEST20153462153521 del 21 de diciembre de 2015; y STEST20163460096461
del 9 de febrero de 2016, pues se pasó por alto que las causas que dieron lugar a
las distintas prórrogas fueron ajenas al consorcio, los defectos de planeación de la
contratante51 y los mayores costos desembolsados por el contratista por conceptos
ambientales, de tráfico y social. Estas determinaciones no fueron motivadas, en
tanto se limitaron a señalar, unas veces, que los riesgos fueron asumidos por el
consorcio desde el pliego de condiciones y, otras, que el tema estaba siendo
valorado, o ya había sido resuelto en oportunidades anteriores; además, fueron
expedidos por el Director Técnico de Construcciones del IDU, quien carecía de
competencia, era el Subdirector de Infraestructura quien la ostentaba por ser un
asunto con cuantía superior a 1000 SMLMV52.
17. Afirmó que procedía la nulidad de las renuncias a reclamaciones incluidas en
las prórrogas No. 1, 4, 5 y 6 del pacto, pues su voluntad quedó afectada por un vicio
del consentimiento, en tanto fue obligado a aceptarlas, so pena de que se declarara
el incumplimiento del contrato53. De forma subsidiaria, pidió declarar la ineficacia de
tales estipulaciones conforme a los arts. 5 y 24 de la Ley 80 de 1993.
18. Se refirió a la configuración del silencio administrativo positivo, como fuente
de pago de los reclamos formulados. Agregó la obligación del IDU de restablecer el
equilibrio económico del contrato por la demora en la expedición de los permisos
ambientales y los PMTs para la etapa constructiva, el retraso de Codensa y la EAAB
en la aprobación de los diseños e interferencias con las redes de servicios públicos,
restricciones ordenadas en los PMT’s que imponían trabajos en horario nocturno,
51
Indicó que se evidenciaban con el aumento del plazo negocial por casi tres veces al convenido originalmente y sin que la
fuente de esas prórrogas se originara en la conducta del consorcio; además, su precio era de $17.243’983.844, pero “terminó
siendo incrementado en la suma de $6.218.580.491 equivalentes al 36.06% del valor inicial del contrato” (fl.476, c.2.).
52
Conforme a la resolución 2514 de 2014, expedida por el IDU.
53
Fl.463, c.2.
8
Radicación: 25000233600020170045901 (71.456)
Demandante: Consorcio Estaciones Transmilenio 2013
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU–
Asunto: Controversias contractuales
órdenes e instrucciones del IDU que produjeron indefiniciones técnicas54 y las
distintas solicitudes de Transmilenio S.A. en el curso del proyecto.
Contestación de la demanda
19. El IDU se opuso a lo pretendido; propuso los siguientes medios exceptivos:
20. (i) Legalidad de los actos administrativos atacados. Con tres enfoques: (a) no
procede la declaratoria de nulidad de las comunicaciones enjuiciadas, dado que
fueron expedidas por autoridad competente y con debida motivación; (b) no existió
un vicio de invalidez en las prórrogas negociales, ya que cada una fue solicitada y
suscrita por el contratista, bajo motivos que le son imputables, y sin salvedades o
inconformidades por ausencia de reconocimientos económicos; y (c) no es dable
anular la nota del acta terminación, pues el consorcio no cumplió los requerimientos
asociados al diseño geométrico y la señalización horizontal y vertical del tercer carril;
21. (ii) Improcedencia del silencio administrativo positivo. Las comunicaciones
aducidas por el actor fueron contestadas por el IDU. Con todo, la ausencia de un
pronunciamiento frente a peticiones relacionadas con la ejecución negocial no crea
ni establece un derecho, porque el silencio no es fuente de obligaciones;
22. (iii) Improcedencia de desequilibrio económico. No se acreditó la ruptura
económica del negocio, pues no se probó la ocurrencia de causas extrañas55, ni los
mayores valores en los que dijo incurrir el consorcio en desarrollo del contrato56;
23. (iv) Primacía del principio de la autonomía de la voluntad. El consorcio
conoció las condiciones de diseño y construcción del objeto previo a la suscripción
del contrato, también respecto de los pactos modificatorios que celebró, razón por
la cual está obligado a satisfacer los compromisos adquiridos;
24. (v) Incumplimiento del contrato por parte del consorcio. Dado que no obtuvo
la aprobación de diseños geométricos y señalización por parte de la SDM, no aportó
los certificados de paz y salvo de las empresas de servicios públicos, ni actualizó el
amparo de cumplimiento. Por ello el IDU no suscribió el acta de recibo final de obra.
25. (vi) La oficiosa. Respecto de cualquier otra excepción que resulte probada.
Demanda de reconvención
26. El 26 de septiembre de 201757, el IDU demandó en reconvención al
consorcio, a las sociedades que lo componen, y a la Compañía Aseguradora de
54
Como las relacionadas con: el ancho y longitud de los vagones nuevos, la instalación de los pisos de los vagones y cambios
en la tasa de crecimiento de buses del sistema Transmilenio (fls.507 a 509, c.2.) Así, como la orden impartida por el IDU de
implementar la alternativa No. 2, esto es, la intervención parcial de las calzadas (fls.510, c.2.)
55
Todas las causas extrañas aducidas por el consorcio fueron previstas por la entidad en el pliego de condiciones y asumidas
por el contratista como imprevistos. No se trata sucesos extraordinarios, sobrevinientes, anormales o imprevisibles. Los
factores mencionados por el consorcio son riesgos previstos por la entidad, que aquel asumió en un 100%.
56
Afirmó que, como lo establecen los estudios previos, el pliego de condiciones, el contrato y sus apéndices, así como la
propuesta del contratista, a éste le correspondía asumir los efectos de las demoras por la expedición de los permisos
requeridos, así como las aprobaciones a los diseños que debían impartir las distintas autoridades.
57
Fl.1, c.8.
9
Radicación: 25000233600020170045901 (71.456)
Demandante: Consorcio Estaciones Transmilenio 2013
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU–
Asunto: Controversias contractuales
Fianzas S.A. – CONFIANZA58. Las declaraciones y condenas solicitadas, en los
términos de la reforma de la demanda59, son las siguientes (se transcribe de forma
literal, incluidos sus propios énfasis, mayúsculas y eventuales errores):
“PRIMERA: Que se declare que el contratista CONSORCIO
ESTACIONES TRANSMILENIO 2013, integrado por las sociedades HB
ESTRUCTURAS METÁLICAS S.A. … y MANTENIMIENTO Y
SEGURIDAD VIAL SAS … incumplieron las obligaciones derivadas del
Contrato de Consultoría y Obra No. 1636 de 2013, que suscribieron con el
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU-, en cuanto a No
cumplimiento de las normas técnicas vigentes y la calidad del diseño
geométrico presentado y ejecutado y a No obtener la aprobación de
los diseños de señalización por parte de la Secretaría Distrital de
Movilidad.
SEGUNDA: Que, como consecuencia de la declaración anterior, se
condene al CONSORCIO ESTACIONES TRANSMILENIO 2013,
integrado por las sociedades HB ESTRUCTURAS METÁLICAS S.A. … y
MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL SAS … a pagar la cláusula penal
pecuniaria.
TERCERA: Que, como consecuencia de la declaración anterior, se haga
efectiva la cláusula penal pecuniaria establecida en la cláusula 18 del
contrato de Consultoría y Obra No. 1636 de 2013 y se condene a
CONSORCIO ESTACIONES TRANSMILENIO 2013, integrado por las
sociedades HB ESTRUCTURAS METÁLICAS S.A. … y
MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL SAS … y/o la COMPAÑÍA
ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. CONFIANZA a cancelar al
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU-, la suma de SIETE MIL
TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS PESOS ($7.038.769.300.00) M/CTE, equivalente al
treinta por ciento (30%) del valor del contrato.
TERCERA SUBSIDIARIA: Que si los perjuicios superan el valor de la
cláusula penal pecuniaria, se condene a CONSORCIO ESTACIONES
TRANSMILENIO 2013, integrado por las sociedades HB ESTRUCTURAS
METÁLICAS S.A. … y MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL SAS … a
pagar al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU-, el valor de los
perjuicios que se logren probar dentro de este proceso.
CUARTA: Que se ordene a CONSORCIO ESTACIONES
TRANSMILENIO 2013, integrado por las sociedades HB ESTRUCTURAS
METÁLICAS S.A. … y MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL SAS … a
pagar al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU-, el Estudio
Operacional y de Seguridad Vial en la calzada rápida oriental de tráfico
mixto, en el tramo de la ampliación de las Estaciones Toberín, Mazurén y
Calle 146 de la Autopista Norte de la ciudad de Bogotá, por valor de
SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL
OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($63.708.824.00) M/CTE.
QUINTA: Que se condene a CONSORCIO ESTACIONES
TRANSMILENIO 2013, integrado por las sociedades HB ESTRUCTURAS
METÁLICAS S.A. … y MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL SAS … a
realizar la actualización del amparo de cumplimiento establecido en el
certificado No. 01GU128203 de la póliza de cumplimiento No.
01GU058912.
58
El Tribunal trató esta vinculación como un llamamiento en garantía a la aseguradora, el cual negó, a través de proveído del
27 de abril de 2018 –fls.17 a 19, c.6 –.
59
Fls.1 a 30, c.9.
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Radicación: 25000233600020170045901 (71.456)
Demandante: Consorcio Estaciones Transmilenio 2013
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU–
Asunto: Controversias contractuales
SEXTA: Que se ordene a CONSORCIO ESTACIONES TRANSMILENIO
2013, integrado por las sociedades HB ESTRUCTURAS METÁLICAS
S.A. … y MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL SAS … a que obtenga
los paz y salvos de las empresas de servicios públicos como son la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -EAAB, la Empresa de
Telefonía de Bogotá -ETB, y de la Empresa de Energía de Bogotá -
CODENSA.
SEPTIMA: Que se ordene a CONSORCIO ESTACIONES
TRANSMILENIO 2013, integrado por las sociedades HB ESTRUCTURAS
METÁLICAS S.A. … y MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL SAS … a
pagar al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU-, el costo de la
implementación del PMT, solicitado por la Secretaría Distrital de Movilidad
por valor de CIENTO DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS
VEINTIDÓS MIL SETENTA Y TRES PESOS ($117.922.073), costos que
continúan ascendiendo hasta tanto no se tomen los correctivos necesarios
acordes a la normatividad vigente.
OCTAVA: Que se ordene a CONSORCIO ESTACIONES
TRANSMILENIO 2013, integrado por las sociedades HB ESTRUCTURAS
METÁLICAS S.A. … y MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL SAS … a
pagar al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU-, el valor del
costo de los estudios, diseños y construcción de las estructuras de
pavimento que quedaron mal ejecutados por el CONSORCIO, por valor de
SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS
SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS
($7.880.474.505) M/CTE.
NOVENA: Que se ordene a CONSORCIO ESTACIONES
TRANSMILENIO 2013, integrado por las sociedades HB ESTRUCTURAS
METÁLICAS S.A. … y MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL SAS … a
pagar al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU-, el valor del
costo de nuevo contrato que se debe realizar, para corregir las obras que
quedaron mal ejecutadas.
DÉCIMA: Ordenar la actualización del valor de la condena en los términos
indicados por el artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
DÉCIMA PRIMERA: Ordenar el cumplimiento de la sentencia de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 305 y 310 del Código General
del Proceso, en concordancia con lo establecido en el artículo 187 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo”60 (resaltado del texto original).
Hechos relevantes de la demanda de reconvención
27. Además de reiterar lo manifestado al contestar la demanda principal, el IDU
reseñó los siguientes supuestos de hecho, que se sintetizan:
28. Desde el proceso de revisión del diseño geométrico de las estaciones de la
calle 146 y Toberín se encontró la necesidad de prolongar las longitudes de las
transiciones del cambio de carril y ampliar los radios de giro de curvatura. En las
mesas de trabajo en que se revisaba y aclaraba el alcance del contrato, el consorcio
60
Fls.2 y 3, c.9.
11
Radicación: 25000233600020170045901 (71.456)
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Asunto: Controversias contractuales
presentó tres alternativas a los diseños, ante las complementaciones solicitadas y
al aumento de ítems no previstos por un 78% del valor inicial del contrato. El IDU
manifestó que la alternativa a implementar era la No. 2.
29. El 10 de octubre de 2014, se suscribió el acta No. 8 de recibo y aprobación
de diseños e inicio de ejecución de obra, con “la salvedad de que esta acta,
corresponde a un documento a través del cual se formaliza la entrega de
documentos y no la aprobación de los mismos”61.
30. Tanto la SDM como la entidad manifestaron su inconformidad para recibir las
obras construidas, por deficiencias del diseño geométrico que afectaban la
seguridad vial tanto de los carriles de Transmilenio como de los mixtos, ante el alto
riesgo de siniestralidad en que se construyeron estas obras, por lo que era
obligatorio mantener un PMT indefinido en las intervenciones de las estaciones calle
146 y Toberín, para reducir la accidentalidad.
31. El estudio operacional y de seguridad vial, rendido por MOVICONSULT,
concluyó que se debían corregir tanto los diseños, como la construcción de la
calzada rápida oriental de tráfico mixto, en el tramo de ampliación de las estaciones
de Toberín, Mazurén y calle 146; para corregir tales errores se debía hacer una
nueva construcción, cuyo valor asciende a $7.698’843.608.
32. Sostuvo que el consorcio incumplió sus obligaciones de: entregar los diseños
geométricos, lograr su aprobación ante la SDM, ejecutar la construcción de la obra
según la normativa técnica aplicable y obtención de los paz y salvos del proyecto
ante las empresas de servicios públicos (la EAAB, ETB y Codensa).
Fundamentos de derecho
33. En respaldo de sus peticiones refirió que el contratista desconoció: a) la
Resolución 744 de 2009 del Ministerio de Transporte –Manual de Diseño
Geométrico para Carreteras–; b) el pliego de la selección abreviada IDU-SA-SGI-
002-2013; c) el contrato celebrado; y d) el manual de interventoría de la entidad.
Contestación de la demandada en reconvención
34. El consorcio se opuso al petitum de la demanda de reconvención. Propuso
las excepciones de: (i) inexistencia de la prueba del incumplimiento imputado. La
contratación de MOVICONSULT desconoció la labor de verificación ejecutada por
la interventoría. El estudio realizado por esa firma adolece de yerros que impiden
tenerla como prueba técnica en el proceso62; (ii) inexistencia de incumplimiento
61
Fl.5, c.9.
62
Señaló como yerros los siguientes:
1) El análisis de velocidades y operación lo hizo en condiciones de operación impuestas por el IDU, que distan de lo
establecido en el proyecto, que era de 60 Kph.
2) La velocidad de diseño adoptada era de 60 kms/hora, pero Moviconsult estructuró su hipótesis, análisis y ejercicio
técnico con base en 80 kms/hora.
3) Las conclusiones del consultor se basan en un rediseño geométrico hipotético e ideal, alejados de la realidad
contratada, pues se basó en una velocidad distinta, no tiene en cuenta la restricción presupuestal, descarta las
restricciones físicas ya existentes en el corredor vial, como lo son los apoyos de los puentes peatonales y canal de
costado derecho de calzada mixta oriental.
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Radicación: 25000233600020170045901 (71.456)
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Asunto: Controversias contractuales
endilgable al contratista. La interventoría del contrato certificó que el consorcio
cumplió con su objeto. A la fecha de suscripción del acta de recibo final, el 8 de
agosto de 2016, se hizo constar que restaba un 0.49% por ejecutar, relativo a
remates de obra y corrección de obras defectuosas; (iii) desconocimiento del IDU
de sus propias actuaciones. La entidad pasó por alto las actas que suscribió63, así
como el oficio en el que la SDM emitió concepto de viabilidad para la operación del
proyecto64; (iv) incumplimiento de los deberes del contratante – falta de planeación.
La trazabilidad probatoria demuestra que la entidad no contaba con recursos para
efectuar la obra. Además, el instituto fue el que ordenó los ajustes de los diseños
aprobados y, luego de ejecutadas las obras, decidió desconocerlos; (v) contrato no
cumplido. La contratante inobservó sus compromisos negociales, pues se negó al
pago de actas de ajustes de obra, no reconoció el 60% del valor acordado frente a
los estudios y diseños (Acta No. 88), se abstuvo de cancelar el 10% final del precio
del negocio, pese a que el objeto fue culminado, y se negó a liquidar el contrato; (iv)
mala fe de la entidad, puesto que exigió al contratista obligaciones no pactadas,
desconoció sus propios actos, devolvió facturas sin razón, remitió comunicaciones
amenazantes al consorcio y se abstuvo de recibir las obras, aun cuando contaban
con el aval de la interventoría y se hicieron con base en los diseños aprobados por
la misma contratante; (vi) el contratista cumplió con los ajustes realizados al
proyecto por parte del IDU. La entidad fue la que ordenó los ajustes a los diseños
aprobados, basado en aspectos netamente presupuestales. El contratista atendió
tales instrucciones sin modificar el diseño geométrico aprobado y manteniendo su
velocidad; (vii) el IDU verificaba mensualmente las obras ejecutadas. En cada una
de las 78 actas de pago de avance de obra el IDU constató el soporte de lo cobrado
de cara al recibo parcial de obra revisada, aceptada y recibida a satisfacción por la
interventoría y el supervisor, por lo que ahora no puede desconocer tal conducta;
(viii) ineptitud sustantiva de la demanda por violación del principio de buena fe
contractual. La entidad no atacó la legalidad de los actos administrativos que expidió
durante la ejecución del negocio jurídico, que dan cuenta de que las obras fueron
aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría y el supervisor; (viii) la
excepción genérica.
Alegatos en primera instancia
35. Vencido el período probatorio, en el término para alegar de conclusión 65 el
consorcio insistió en las razones de su demanda y manifestó que la entidad no probó
las excepciones formuladas66. El IDU reiteró sus pedimentos y sus argumentos de
defensa frente a la demanda principal67. El Ministerio Público guardó silencio.
Fundamentos de la sentencia impugnada
4) El consultor parte de la aplicación irrestricta del Manual de Carreteras del INVIAS MDGC 2008 que no es de
obligatorio cumplimiento para vías urbanas y, por tanto, no procedía de cara al contrato en estudio.
63
Actas: (i) No. 8 del 10 de octubre de 2014, concerniente a la aprobación de estudios y diseños e inicio de obra, (ii) de
terminación del contrato de consultoría y obra del 9 de julio de 2016, (iii) de terminación del contrato de interventoría también
del 9 de julio de 2016 y (iv) No. 1 de recibo final de la obra, del 8 de agosto de 2016.
64
No. DSVCT-109019-14 del 27 de agosto de 2014.
65
El Tribunal corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto, por medio de
auto del 21 de julio de 2022, índice 108, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Cundinamarca–.
66
Índice 113, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Cundinamarca–.
67
Índice 112, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Cundinamarca–.
13
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Asunto: Controversias contractuales
36. El a quo liquidó el contrato y declaró a las partes a paz y salvo por todo
concepto. Negó las demás pretensiones, tanto de la demanda principal como de la
de reconvención.
37. Respecto del libelo principal, indicó que las comunicaciones STEST-2201
163460214431 del 14 de marzo de 2016, STEST 20153462153521 del 21 de
diciembre de 2015 y STEST 20163460096461 del 9 de febrero de 2016 son actos
administrativos, pues allí la entidad negó las peticiones de restablecimiento. Señaló
que éstos no adolecen de los vicios aducidos por el actor, al haber sido proferidos
por autoridad competente68, y estar debidamente motivados ya que no se trató de
un reconocimiento adicional derivado de las prórrogas, sino que se originó en
hechos imputables al consorcio (realización de estudios y diseños con
desconocimiento del alcance del objeto69 y sin obtener los permisos requeridos, en
especial, la aprobación de los diseños geométricos). Precisó que las mayores
erogaciones solicitadas materializaron los riesgos asumidos por el actor, ante los
retrasos en la aprobación de los permisos por parte de las entidades distritales.
38. Indicó que la nota incluida en el acta de terminación que indicaba que para
esa fecha no había sido aprobado el diseño geométrico, señalización horizontal y
vertical del tercer carril de las estaciones referidas, no adolece de falsa motivación,
al sustentarse en un hecho cierto, su falta de aprobación.
39. No halló configurado el silencio administrativo positivo, dado que éste sólo
procede en eventos que versan sobre un derecho preexistente a su formulación, y
dichas peticiones no tenían tal naturaleza; así que los reclamos debían probarse.
40. Negó la declaratoria de ineficacia de las cláusulas de renuncia previstas en
las prórrogas 1, 4, 5 y 6 del contrato, pues no fueron elementos de la escogencia
del contratista. Tampoco declaró la nulidad de dichas estipulaciones, pues las partes
las suscribieron de forma libre y voluntaria. El consorcio no demostró que su
consentimiento estuviere viciado por una supuesta coacción de la entidad.
41. Señaló que los pliegos y el anexo técnico separable –capítulo 5– son claros
en que los diseños geométricos debían ser aprobados por la SDM; ante su falta de
validación, el IDU no podía recibir la obra a satisfacción. Añadió que, si bien los
estudios y diseños de la etapa de consultoría fueron debidamente aprobados al
finalizar la primera etapa del negocio, lo cierto es que la obra fue objeto de variación
respecto de esos diseños iniciales, sin que conste que tales ajustes hubieren sido
sometidos a segunda aprobación por parte de la SDM.
68
“… en los términos del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales vigente para la fecha de su suscripción,
correspondía a la Dirección Técnica de Construcciones del IDU, como dependencia adscrita a la Subdirección General de
Infraestructura, realizar la supervisión de los contratos a su cargo y adoptar decisiones pertinentes para la solución de
problemas durante la etapa de ejecución” (fl.58, índice 117, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Cundinamarca–).
69
El contratista elaboró unos estudios y diseños que contemplaban la intervención de los pavimentos de la totalidad de las
calzadas mixta y de Transmilenio, a la altura de las estaciones Calle 146 y Toberín, lo cual desbordaba lo planteado en el
pliego de condiciones, que establecía la adecuación de un carril de sobrepaso para la calzada oriental de Transmilenio (para
lo cual se utilizaría el carril izquierdo de la calzada mixta, incorporándolo a la calzada de Transmilenio) y su correspondiente
reposición con la construcción de un tercer carril en la calzada mixta. Fl.46, índice 117, SAMAI –Gestión en otras
corporaciones, TA Cundinamarca–.
14
Radicación: 25000233600020170045901 (71.456)
Demandante: Consorcio Estaciones Transmilenio 2013
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU–
Asunto: Controversias contractuales
42. Se apartó del dictamen del perito Alfredo Malagón Bolaños, acerca de que
no se exigía aprobación de la SDM en relación con los ajustes a los diseños
geométricos, pues no fue claro en explicar la diferencia entre ajuste y modificación;
ni cuál de éstos requería la aprobación de la autoridad distrital y cuál no.
43. Precisó que la SDM elaboró el concepto técnico SDM-DSVCT-106689-16 del
24 de agosto de 2016, en el que explicó que la construcción no podía operar en
condiciones de seguridad vial, por cuanto evidenciaba maniobras vehiculares de
giro y frenado abruptas; sumado a que la firma Moviconsult –contratada por el IDU
para valorar la seguridad vial en la calzada rápida oriental de tráfico mixto– concluyó
que el consorcio no tuvo en cuenta el “Manual de Diseño Geométrico de Carreteras”;
agregó que las transiciones de los carriles no contemplaron rangos o longitudes de
curva mínimos para realizar las maniobras de entrada y salida en términos de
seguridad vial; por lo que no hay lugar a alegar un incumplimiento del IDU al
abstenerse de recibir las obras objeto del negocio en estudio.
44. Negó las demás pretensiones del consorcio, dado que (i) no procedía el pago
del saldo del 60% pactado por estudios y diseños, ante su falta de aprobación por
la SDM; (ii) no accedió el reconocimiento del 10% del valor no facturado del
proyecto, ya que no se suscribió el acta de recibo a satisfacción, ni el acta de
liquidación del contrato; (iii) negó el reconocimiento de las actas de ajustes de
precios No. 82, 83, 84, 85 y 87, y el acta de obra No. 86, al haberse suscrito meses
después de finalizado el plazo, sin aval de la coordinación del contrato, y sin haberse
demostrado su trámite ante la entidad, conforme a la cláusula tercera del contrato.
45. Respecto de la demanda de reconvención, indicó que el material probatorio
dio cuenta de que, al 10 de octubre de 2014, cuando se suscribió el “Acta No. 8 de
Recibo y Aprobación de Diseños e Iniciación de Ejecución de Obra”, no se había
definido el alcance físico del contrato, lo que aconteció el 27 de octubre siguiente
cuando las partes optaron por la alternativa constructiva No. 2, lo que hizo necesario
ajustar o modificar los diseños previamente aprobados por la interventoría. Indicó
que a la fecha de terminación del contrato, el consorcio no había hecho la entrega
de los diseños definitivos de las calzadas intervenidas.
46. Concluyó que si bien correspondía al consorcio la realización de los estudios
y diseños, y su aprobación ante las autoridades, el IDU ejerció la vigilancia del
contrato y debió verificar el cumplimiento de lo acordado; por esta razón no es dable
a la entidad esgrimir el incumplimiento del contratista pues, al permitir el inicio de la
etapa de obra, así como la implementación de la alternativa No. 2, dio lugar a la
continuidad del proyecto en su etapa constructiva sin el lleno de los requisitos
exigidos –señaló que el IDU suscribió actas de recibo parcial de obra autorizando el
pago de su avance, y omitió la implementación de los medios coercitivos
contemplados en la cláusula 19 del pacto, como la declaratoria de incumplimiento e
imposición de multas, entre otras–; así que, negó las súplicas de la demanda de
reconvención70.
70
El a quo manifestó: “… se evidencia que la entidad contratante autorizó el inicio de la etapa de obra, sabiendo que los
estudios y diseños aprobados por la Secretaría Distrital de Movilidad no fueron los realmente ejecutados y que además dio
aprobación a lo construido por el contratista durante la etapa de obra en las correspondientes actas de recibo parcial, sabiendo
que, sobre la marcha de la obra, se ajustaron o modificaron los estudios y diseños y que el contratista, a pocos meses de
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Radicación: 25000233600020170045901 (71.456)
Demandante: Consorcio Estaciones Transmilenio 2013
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU–
Asunto: Controversias contractuales
47. En relación con la petición de liquidación judicial del negocio jurídico, sostuvo
que como no proceden las súplicas de la demanda principal, ni de la reconvención,
al contrastar el valor de las actas parciales con lo pagado por la entidad, no hay
saldos a favor de las partes. Detalló el balance final en los siguientes términos71:
II. LOS RECURSOS DE APELACIÓN
48. El IDU72 interpuso recurso de apelación con el objeto de que se revoque la
sentencia impugnada en lo atinente a la decisión de negar las pretensiones de la
demanda de reconvención. Alegó que el a quo no estudió la integridad del acervo
probatorio, el cual da cuenta de que la entidad no avaló la construcción sin ajustes
de los diseños y sin aprobación de la SDM. Reseñó los documentos que revelan la
inobservancia del contratista en este aspecto, y las comunicaciones que se le
remitieron frente a este punto73.
49. Sostuvo que el consorcio aceptó en la demanda que hizo cambios en los
diseños sin informar a la interventoría, al IDU o a la SDM, disfrazando tal omisión
en la palabra “ajustes”, y sin explicar la razón de no comunicarlo a las autoridades
respectivas. Indicó que los testigos y las pericias lo ratifican.
50. Además, afirmó que el consorcio se abstuvo de ejecutar la obra conforme a
la normativa técnica aplicable –“Manual de Diseño Geométrico para Carreteras”
2007 del INVIAS, y “Manual de Interventoría”–, e incumplió la obligación de obtener
la aprobación de los diseños de señalización por parte de la SDM.
51. Precisó que el contratista radicó la demanda principal, como estrategia para
evadir la facultad sancionatoria de la entidad, truncando, a su vez, la realización de
la etapa de liquidación del negocio jurídico.
52. El consorcio74 solicitó revocar la decisión de primer grado y que se acceda
a sus pretensiones. Señaló que, pese a la contundencia de los medios probatorios,
en punto a las acciones y omisiones de la entidad, el a quo se abstuvo de emitir un
fallo a su favor. Como yerros del Tribunal aduce, en síntesis, los siguientes75 –la
Sala profundizará en sus razones al examinar los cargos–:
finalizada la obra, no tenía estudios de diseño geométricos y de señalización definitivos aprobados por la Secretaría Distrital
competente”. Fl.82, índice 117, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Cundinamarca–.
71
Fl.85, índice 117, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Cundinamarca–.
72
Índice 122, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Cundinamarca–.
73
Enunció los siguientes insumos: STEST 20163460205201 del 9 de marzo de 2016, DTC 20163350239011 del 31 de marzo
de 2016, STEST 20163460398461 del 16 de junio de 2016, IDU 20145260759622 del 22 de mayo de 2014, IDU
20145261498142 del 2 de septiembre de 2014, MAB-1-11697-0040-16 del 22 de enero de 2016, MAB-1-1697-0249-16 del
28 de abril de 2016, IDU 20165260334792 del 3 de marzo de 2016, SDM-DSVCT-73883-16 del 13 de junio de 2016, SDM-
DSVCT-100207-16 del 2 de agosto de 2016, IDU 20163460689041 del 11 de agosto de 2016.
74
Índice 124, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Cundinamarca–.
75
Si bien el consorcio detalló 19 yerros, al realizar su síntesis se acumulan unos con otros, dada su relación temática.
16
Radicación: 25000233600020170045901 (71.456)
Demandante: Consorcio Estaciones Transmilenio 2013
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU–
Asunto: Controversias contractuales
53. (1) Transgresión al principio de congruencia, pues no examinó las
pretensiones, hechos y pruebas incluidos en la reforma de la demanda principal76.
54. (2) Falta de valoración de las pruebas técnicas obrantes en el plenario 77, y
de las actas y oficios emitidos durante la ejecución del negocio. Estos demuestran
que: (i) la entidad incurrió en indebida planeación del proyecto78, (ii) el consorcio no
desbordó el alcance previsto en los pliegos respecto a los estudios y diseños
contratados79, (iii) el IDU dio la instrucción de ajustar los diseños, e implementar la
alternativa 2, (iv) la obra se ejecutó en el tiempo pactado80 según los diseños
aprobados y los ajustes ordenados por el IDU, (v) no hubo justificación que impidiera
a la entidad recibir la obra81, y (v) sí se desvirtuó el concepto de MOVICONSULT82.
55. (3) Insistió en que los actos administrativos enjuiciados son nulos al carecer
de motivación, y los que sí se fundamentaron se basaron en razones que no son
ciertas: como indicar que la causa de las prórrogas fue producto del actuar del
contratista, desconocer que la ejecución del proyecto se vio alterada por las órdenes
del IDU, omitir el déficit de planeación de la entidad y los eventos que rompieron la
economía del negocio; y, además, se emitieron sin competencia, de cara al límite
de los asuntos sobre los que podía decidir el Director Técnico de Construcciones83.
56. (4) Afirmó que la declaratoria de nulidad de la nota incluida en el acta del 9
de julio de 2016 es procedente, pues se probó que los diseños se aprobaron y que
conforme a ellos se construyó la obra.
57. (5) Reiteró en que la nulidad de las renuncias incluidas en las prórrogas 1, 4,
5 y 6 del contrato debe declararse, en la medida que las causas de la prolongación
no fueron imputables al consorcio; a la par, que se probó que el IDU lo amenazó
con iniciar procesos sancionatorios de abstenerse a suscribir tales acuerdos.
76
No específico qué súplicas o hechos fueron omitidos por el Tribunal de primer grado.
77
A saber, los dictámenes periciales (i) en ingeniería civil, rendido por el Ingeniero Manuel H Ortiz, sobre el alcance del
contrato, así como las órdenes e instrucciones impartidas por el IDU; (ii) contable, efectuado por la contadora pública Gloria
Zady Correa Palacios; y (iii) en ingeniería civil rendido por el Ingeniero Alfredo Malagón, sobre diseño geométrico y seguridad
vial, y los conceptos técnicos aportados: (a) el rendido por Luis Javier Rojas Jején, Especialista en Diseño, en relación con el
ajuste de los diseños conforme a la norma técnica; (b) el efectuado por Néstor Espinosa y Óscar Herrera, sobre sobre diseño
geométrico y seguridad vial; y (c) el elaborado por el Ingeniero Civil Luis Ignacio Marulanda Álvarez, relativo a las deficiencias
y errores técnicos en los que incurrió el IDU.
78
Materializado en la prórroga del negocio en un 272% y en el aumento de su precio, con un sobrecosto del 78%.
79
Afirmó, al respecto (se transcribe de forma literal, incluidos eventuales errores): “se probó con suficiencia que los diseños
iniciales es decir los diseños aprobados mediante Acta No. 8 de Recibo y Aprobación de diseños, cumplían con el objeto del
contrato y que la causa que los mismos debieran ser ajustados no fue un error en estos diseños si no una decisión
presupuestal del IDU”. Fl.25, índice 124, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Cundinamarca–. Tal como da cuenta el
dictamen de Manuel H. Ortiz, el concepto técnico elaborado por la firma CONSULTORA GEVIAL INGENIERIA Y GESTIÓN y
las actas contractuales arrimadas al proceso.
80
El 9 de julio de 2016 entre contratista e interventoría se dejó constancia de que a esa fecha el avance de las obras era del
99.51% quedando pendiente el 0.49% representado en remates de obra y corrección de obras defectuosas. Luego, el 5 de
octubre de ese año, la interventoría manifestó que “...en la actualidad no hay pendientes de obra, razón por la cual se suscribió
el acta de recibo final de obra”. Fls. 63 a 65, índice 124, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Cundinamarca–.
81
En comunicación MAB-1-1697-0528-16, del 5 de Octubre de 2016, el interventor manifestó que “… todos los ajustes de
diseño se originaron por solicitud del IDU y estos fueron conocidos y aprobados por la misma entidad; por consiguiente, la
obligación de la entidad, conforme al contrato y al manual de interventoría es de ‘recibir de la interventoría debidamente
suscrita y soportada el acta de recibo final de obra y suscribirla’” Fl.71, índice 124, SAMAI ib.
82
A través del dictamen rendido por el perito Alfredo Malagón, que incorporó, a su vez, tres conceptos técnicos. Fls.166 y ss.,
índice 124, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Cundinamarca.
83
“... los actos administrativos positivos o negativos de asuntos que superen la cuantía de 1000 smmlv, tal y como lo previene
el artículo 1 de la citada Resolución 2514 de 2013, es competencia exclusiva del Subdirector de Infraestructura no del director
Técnico. En tal sentido es absolutamente errada la posición asumida por el Tribunal quien de manera contraevidente se niega
a reconocer los derechos del demandante así sean los más esenciales”. Fl.93, índice 124, SAMAI, ib.
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Radicación: 25000233600020170045901 (71.456)
Demandante: Consorcio Estaciones Transmilenio 2013
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU–
Asunto: Controversias contractuales
58. (6) En todo caso, las renuncias incluidas en aquellas prórrogas son ineficaces
conforme al art. 24 de la Ley 80 de 1993.
59. (7) Reclamó el derecho al pago del 60% restante por el ítem de estudios y
diseños, pues quedó acreditado que éstos fueron aprobados y recibidos por la
interventoría, y la SDM aprobó su diseño geométrico84.
60. (8) Igualmente, pidió el pago del 10% final, atinente a las obras ejecutadas,
en tanto los trabajos fueron culminados a entera satisfacción85.
61. (9) Operó el silencio administrativo positivo, pues las peticiones reclamadas
no fueron respondidas por el IDU, bastando ello para su configuración.
62. (10) La entidad incumplió la obligación de recibir la obra, e impuso al
contratista la carga de implementar un PMT, pese a que no había ítems pendientes.
63. (11) La entidad debe pagar los valores consignados en las actas de ajustes
Nos. 82, 83, 84, 85 y 87 y en el Acta de obra No.86. Así como los valores que le
descontaron al contratista por concepto de la interventoría durante las prórrogas del
negocio y lo concerniente al bodegaje de la estructura metálica.
64. (12) Los eventos tipificados como riesgo no se enmarcaron en las causas del
desequilibrio económico. En todo caso, “el valor del riesgo máximo trasladado está
limitado el valor del producto que afecta, lo que implica que toda afectación que
supere ese valor debe ser asumida y pagada por el IDU como contratante”86.
65. (13) Se probó que el contratista ajustó la póliza de cumplimiento a la fecha
del acta de terminación del contrato, esto es, al 9 de julio de 201687.
66. (14) El consorcio entregó los paz y salvos emitidos por las empresas de
servicios públicos88.
Trámite en segunda instancia
67. En auto del 24 de mayo de 202489, el Tribunal concedió los recursos de
apelación y esta Corporación los admitió en proveído del 15 de julio de ese año 90.
Dentro del término previsto en el art. 247.4 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA91, el contratista se
pronunció en relación con la alzada del IDU, aseverando que no se probaron los
incumplimientos que se le endilgaron, ni el daño supuestamente irrogado92.
84
Indicó que los “ajustes no eran modificaciones a los estudios y diseños del proyecto, sino simples ajustes” que mejoraron
los radios, especificaciones y condiciones de seguridad del proyecto, los cuales se realizaron por instrucción del propio IDU
y fueron aprobados por la interventoría y por la entidad. Fl.117 ib.
85
Así lo indica el acta final de obra del 8 de agosto de 2016. Reiterado en oficio MAB-1-1697-0007-17 del 6 de enero de 2017.
86
Fl.162, índice 124, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Cundinamarca–.
87
Según oficio CET-3194-087-17 del 21 de julio de 2016, en que el contratista respondió el oficio MAB-1-1697-0090-17.
88
Fls.223 y 224, índice 124, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Cundinamarca–.
89
Índice 127, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Cundinamarca–.
90
Índice 3, SAMAI.
91
“4. Desde la notificación del auto que concede la apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en segunda instancia, los
sujetos procesales podrán pronunciarse en relación con el recurso de apelación formulado por los demás intervinientes”.
92
Índice 11, SAMAI.
18
Radicación: 25000233600020170045901 (71.456)
Demandante: Consorcio Estaciones Transmilenio 2013
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU–
Asunto: Controversias contractuales
68. El Ministerio Público93 conceptuó que se debe confirmar el fallo impugnado,
pues el consorcio conocía las condiciones técnicas a cumplir, en particular lo
atinente al diseño geométrico94. No se puede obviar que en la matriz de tipificación,
estimación y asignación de riesgos, aquellas contingencias operacionales derivadas
de la demora en aprobaciones por parte de las autoridades distritales debían ser
asumidas por el contratista.
III. CONSIDERACIONES
El objeto de la apelación
69. De conformidad con lo previsto en el art. 328 del CGP95, le corresponde a la
Sala pronunciarse sobre los motivos de disenso esgrimidos por el consorcio y el
instituto contra la sentencia de primer grado. El reproche central de esta instancia,
de cara a las inconformidades elevadas por los apelantes, consiste en determinar
¿a quién resultan imputables las causas que impidieron que el objeto del contrato
fuera recibido por el contratante? asunto que permitirá establecer ¿si el IDU se
abstuvo de cumplir tal compromiso sin justificación alguna?
70. Como plataforma de resolución del conflicto, la Sala esbozará las bases
generales del contrato, y a partir de allí definirá: (i) si operó el silencio administrativo
positivo respecto de los oficios aducidos por el contratista; (ii) si las comunicaciones
reseñadas constituyen actos administrativos y su tratamiento respecto de la
pretensión de nulidad promovida; (iii) el contenido de las prórrogas negociales y el
análisis de las cláusulas de renuncia a reconocimientos económicos de cara a la
sanción de nulidad o ineficacia pretendida; (iv) las súplicas de la demanda principal
y de reconvención, frente a las razones que impidieron que el objeto pactado se
cumpliera en su totalidad; y (v) si se confirma el corte de cuentas elaborado por el
a quo.
Análisis de la Sala
• Bases generales del contrato
71. El Instituto de Desarrollo Urbano fue creado mediante el Acuerdo No. 19 de
1972, como un establecimiento público del orden distrital, con personería jurídica,
autonomía administrativa y patrimonio independiente, encargado de la ejecución de
proyectos de desarrollo urbanístico del distrito, entre ellos, la realización de obras
de apertura, ampliación, rectificación y pavimentación de vías públicas, así como
93
Índice 12, SAMAI.
94
Aseguró: “en el expediente no obra constancia (sic) que los ‘ajustes a diseños geométricos’ que se llevaron a cabo en la
etapa de obra como consecuencia de optarse por la Alternativa constructiva No. 2, hayan sido sometidos a segunda
aprobación por parte de la secretaría Distrital de Movilidad ... no existe prueba que demuestre qué tanto fue lo que varió el
diseño a consecuencia de optarse por la Alternativa constructiva No. 2, el diseño geométrico de las calzadas mixta y de
Transmilenio, en comparación con aquel que fue elaborado inicialmente y resultó aprobado por la SDM en la etapa de estudios
y diseños”.
95
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones ...”.
19
Radicación: 25000233600020170045901 (71.456)
Demandante: Consorcio Estaciones Transmilenio 2013
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU–
Asunto: Controversias contractuales
ejecutar aquellas relacionadas con los programas de transporte masivo96. Bajo este
panorama el IDU celebró con Transmilenio S.A. el convenio No. 020 de 2001, para
la cooperación conjunta relativa a la contratación y realización de las obras
relacionadas con la infraestructura física de ese sistema de transporte.
72. En dicho pacto el instituto se comprometió a escoger y contratar un experto
que adelantara las obras prioritarias para la operación del sistema, entre ellas, la
construcción del espacio público y de infraestructura de la malla vial arterial97 para
la operación de Transmilenio en los carriles centrales de las principales vías de la
ciudad –separados de los carriles de uso mixto (para la circulación de vehículos
particulares, taxis, camiones)– y, además, adecuar las vías y estaciones en los
corredores troncales con andenes y plazoletas de acceso peatonal, paraderos para
rutas alimentadoras, patios para el mantenimiento y estacionamiento de los buses,
así como centros de control98.
73. En el primer semestre de 2009, se determinó la necesidad de ampliar la
estructura del sistema Transmilenio, entre ellas, el corredor troncal de la Autopista
Norte. Y a partir del estudio efectuado por la firma Steer Davies Gleave, el 4 de
octubre de 2012, Transmilenio solicitó priorizar soluciones de corto y mediano plazo
que permitieran aumentar la capacidad del sistema, ante el crecimiento de su
demanda, estableciendo nuevos parámetros de diseño para los vagones y otros
puentes peatonales de acceso a las estaciones99.
74. En ese contexto, el IDU celebró el contrato No. 1636 del 21 de noviembre de
2013 con el consorcio demandante100, con el objeto de “realizar los estudios,
diseños y construcción para la ampliación de las estaciones del sistema
Transmilenio: estaciones Calle 146, Mazurén y Toberín, ubicadas en la Autopista
Norte, en Bogotá D.C. grupo 2”101, por valor de $17.243’983.844102 y plazo de 11
meses contados desde la suscripción del acta de inicio, repartidos los primeros
cuatro (4) meses para la fase de estudios y diseños y los siete (7) restantes para la
fase de construcción103.
96
“Artículo 2- El Instituto atenderá la ejecución de obras públicas de desarrollo urbanístico ordenadas dentro del Plan General
de Desarrollo y los planes y programas sectoriales, así como las operaciones necesarias para la distribución, asignación y
cobro de las contribuciones de valorización y de pavimentación, para la cual tendrá las siguientes funciones:
1. Ejecutar obras de desarrollo urbanístico tales como apertura, ampliación, rectificación y pavimentación de vías públicas,
construcción de puentes, plazas cívicas, plazoletas, aparcaderos, parques y zonas verdes con sus instalaciones, servicios y
obras complementarias.
(...)
5. Ejecutar obras relacionadas con los programas de transporte masivo”.
97
Fl.69, c.3.
98
Fl.68, c.3.
99
Fl.69, c.3.
100
Este negocio jurídico se sometió a las previsiones del EGCAP, toda vez que su contratante, el IDU, es un establecimiento
público del orden distrital, entidad a la que le aplica dicho estatuto, en los términos de los arts. 1 y 2 de la Ley 80 de 1993.
101
Fls.114 a 130. c.3.
102
Cláusula segunda. Allí se estableció que el valor total el negocio se dividía de la siguiente manera:
• Para estudios y diseños: $390’045.602
• Precios unitarios para estudios de laboratorio: $200’050.808
• Valor para ajustes de estudios y diseños: $29’504.821.
• Valor total para construcción: $15.616’094.368
• Valor global para la Gestión Social: $64’714.630
• Valor global para la Gestión Ambiental: $251’009.321
• Valor PMT: $80’775.885
• Fondo de ajustes para actividades de construcción por cambio de vigencia: $571’718.734
• Presupuesto Fondo especial para compensaciones, evaluación y Seguimiento: $40’069.675
103
Cláusula novena.
20
Radicación: 25000233600020170045901 (71.456)
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Asunto: Controversias contractuales
75. El negocio jurídico se extendió hasta el 10 de julio de 2016, en virtud de seis
prórrogas acordadas, y se adicionó en la suma de $6.218’580.491, por lo que su
valor total ascendió a $23.462’564.335.
76. En el anexo técnico separable del pliego de condiciones se describió que
para el logro del proyecto el contratista debía elaborar los estudios y diseños para
la ampliación de las mencionadas estaciones, así como su correspondiente
construcción. Como metas físicas a alcanzar se indicaron las siguientes:
• “Estación calle 146: Construcción de un nuevo vagón bidireccional con su zona de
transición en el costado sur de la Estación Calle 146 (conforme a los parámetros de
diseño correspondientes al estudio Steer Davies) y la adecuación del separador
central como carriles de acceso a la estación con sus carriles de sobrepaso.
• Estación Mazurén: Implantación de un vagón unidireccional proveniente del
desmonte realizado en la Estación Alcalá, el cual se encuentra bajo custodia por parte
de Transmilenio S.A. en el patio de la Hoja, construcción de la zona de transición y
las adecuaciones en el separador que permitan el acceso de los buses articulados.
• Estación Toberín: Construcción de una nueva estación bidireccional de cinco (5)
metros de ancho, ubicada en el costado sur del puente peatonal existente. La nueva
estación estará compuesta por tres (3) vagones bidireccionales. Los nuevos vagones
y sus zonas de transición deberán corresponder con el esquema de vagones con
plataformas de parada desplazadas propuesto por la empresa Steer Davies Gleave.
La estación debe contar con carril de sobrepaso, adicionalmente se deben llevar a
cabo las obras de intervención requeridas para el realineamiento geométrico de la vía
por la implantación de la estación.
• Intervención de redes en la zona de estación y zonas en donde por el realineamiento
de la Autopista Norte sea necesario.
• Los estudios y diseños de la infraestructura anterior y los que se deriven de la
implantación de las estaciones.
• Demás obras complementarias para el correcto funcionamiento de la estación”104.
• El silencio administrativo positivo en la etapa contractual
77. El a quo negó que hubiese operado el silencio administrativo positivo frente
a tres solicitudes específicas que instauró el contratista ante la entidad y, por ende,
no se constituyó un acto ficto a su favor; aspecto sobre el cual disiente el consorcio.
La Sala comparte la determinación recurrida; las razones son las siguientes:
78. El silencio administrativo es una figura que prevé la ley, conforme a la cual
ante la falta de pronunciamiento de la entidad pública frente a una solicitud elevada
por el particular se produce una respuesta tácita o ficta, que puede ser negativa o
positiva. El art. 83 del CPACA dispone como regla general que el silencio de la
Administración opera en sentido negativo, y el interesado puede invocarlo o no
según si persigue una decisión expresa a través de otros medios –como insistir en
la petición– o puede atenerse a su configuración y, en esa medida, impugnar el acto
ficto y demandarlo en cualquier tiempo105.
79. El silencio administrativo positivo se erige como excepción a esta regla y, con
la misma naturaleza, equivale a la respuesta favorable a la solicitud. Su carácter
excepcional estriba en que solo tiene cabida en los casos expresamente previstos
104
Fl.70, c.3.
BERROCAL GUERRERO, Luis Enrique, “Manual del Acto Administrativo”, Librería Ediciones del Profesional, Séptima
105
Edición, 2016, p. 433.
21
Radicación: 25000233600020170045901 (71.456)
Demandante: Consorcio Estaciones Transmilenio 2013
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU–
Asunto: Controversias contractuales
en las disposiciones legales o reglamentarias. En los términos del art. 84 ib.106, para
que se configure positivamente el silencio de la Administración, debe haber
transcurrido el término de tres (3) meses, como parámetro general, contado a partir
de la presentación de la solicitud sin que se hubiere notificado una decisión que
resuelva la petición.
80. Respecto del procedimiento para la invocación del silencio administrativo, el
art. 85 del citado estatuto procesal consagra que corresponde a la protocolización
de la constancia o copia de la petición radicada ante la autoridad, junto con la
declaración jurada de no haberle sido notificada la decisión en tal lapso; este
documento tiene un carácter instrumental y probatorio, pues “se ha entendido como
un mero trámite encaminado a darle forma a la resolución tácita para que quien
pretenda hacer valer sus consecuencias pueda acreditarlo”107.
81. En el marco de la referida excepcionalidad, el art. 25.16 de la Ley 80 de 1993
establece que “[e]n las solicitudes que se presenten en el curso de la ejecución del
contrato, si la entidad estatal no se pronuncia dentro del término de tres (3) meses
siguientes, se entenderá que la decisión es favorable a las pretensiones del
solicitante en virtud del silencio administrativo positivo”. El art. 77108 de la citada Ley
80 establece la complementariedad de su régimen con las normas del
procedimiento administrativo en cuanto sean compatibles con su finalidad y
principios; así, dado que el EGCAP no dispone un trámite especial para invocar el
silencio administrativo en sede de la contratación estatal, resulta aplicable el art 85
del CPACA en los términos descritos, atinente a la protocolización de la decisión
ficta109.
82. Esta Subsección110 ha precisado los requisitos que deben cumplirse para que
opere esta figura, en el marco del EGCAP:
“(i) Que el contratista presente una solicitud ajustada a derecho; por tanto, ‘las
peticiones, reclamaciones u observaciones que también suele presentar el Estado
al contratista, por distintas razones derivadas de la celebración del contrato, no
configurarán este silencio, y ni siquiera el negativo, simplemente porque este
régimen no cubre las respuestas que también debe dar el contratista a las
comunicaciones de la entidad’111.
106
“ARTÍCULO 84. SILENCIO POSITIVO. Solamente en los casos expresamente previstos en disposiciones legales
especiales, el silencio de la administración equivale a decisión positiva.
“Los términos para que se entienda producida la decisión positiva presunta comienzan a contarse a partir del día en que se
presentó la petición o recurso.
“El acto positivo presunto podrá ser objeto de revocación directa en los términos de este Código”.
107
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 20 de febrero de 1998,
expediente 8993, Consejero Ponente: Ricardo Hoyos Duque.
108
“ARTÍCULO 77. DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. En cuanto sean
compatibles con la finalidad y los principios de esta ley, las normas que rigen los procedimientos y actuaciones en la función
administrativa serán aplicables en las actuaciones contractuales. A falta de éstas, regirán las disposiciones del Código de
Procedimiento Civil.
Los actos administrativos que se produzcan con motivo u ocasión de la actividad contractual sólo serán susceptibles de
recurso de reposición y del ejercicio de la acción contractual, de acuerdo con las reglas del Código Contencioso Administrativo.
(…)”.
109
Lo que a su vez es concordante con el art. 2 del CPACA al disponer que en lo no previsto en las leyes especiales, se
aplicarán las disposiciones de ese estatuto.
110
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 2 de junio de
2023, radicación 250002336000201400332 01 (56.854), C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
111
Nota original: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del
12 de febrero de 2014, radicación 05001-23-24-000-1994-00840-01(21576), Consejero Ponente: Enrique Gil Botero”.
22
Radicación: 25000233600020170045901 (71.456)
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Asunto: Controversias contractuales
(ii) Se instaure durante la ejecución del contrato; requisito que delimita su
temporalidad, en el sentido de verificar que la solicitud se formule durante dicha
etapa, sin aludir a cuando se resuelva o deba resolver (...).
(iii) Que la entidad estatal no se pronuncie sobre la petición dentro del término de
3 meses, contados a partir de la fecha de su presentación.
(iv) Que la petición elevada, de la cual se pretende derivar un acto ficto positivo,
no sólo sea presentada por el contratista, sino que éste debe tener un interés
concreto, directo y subjetivo en tal solicitud –por ser quien puede verse beneficiado
en su situación y derechos particulares con el silencio de la Administración–. De
manera que su objeto no puede estar dirigido a favorecer a terceros, al margen de
que el contrato del cual sea parte el peticionario presente una interdependencia
con otros negocios jurídicos, como ocurre respecto de los contratos de
interventoría y de obra.
(v) Que las solicitudes presentadas contengan una situación antecedente, cuya
solución solo esté llamada a acreditar la preexistencia de un derecho, puesto que
la aplicación de la figura del silencio administrativo no es un medio para la creación
de una situación a favor del solicitante sino un mecanismo para tornar en explícito
un derecho previo a ésta (...).
(vi) Que la petición formulada cuente con el soporte probatorio suficiente y no
pretenda omitir etapas contractuales que tienen un procedimiento particular en el
EGCAP”112.
83.
El consorcio protocolizó tres solicitudes que efectuó ante el IDU113, y adujo la
configuración de un acto ficto a su favor, ante la omisión de la entidad de responder
dentro de los 3 meses siguientes a su presentación. Las peticiones son:
(i) CET-3194-541-15 del 14 de octubre de 2015114. El consorcio reclamó el
pago de sobrecostos en relación con los componentes social, ambiental,
manejo de tráfico y señalización en ejecución del negocio, por valor de
$2.087’105.882;
(ii) CET-3194-664-15 del 27 de noviembre de 2015115. Pidió reconocimiento
por los sobrecostos que ocasionó la prolongación del negocio jurídico por
nueve meses adicionales, en cuantía de $1.637’473.970116; y
112
“[E]l silencio contemplado en la ley 80 (núm. 16 del art. 25) habrá que interpretarse siempre con efectos restrictivos y no
para entender resueltas o definidas etapas contractuales que tienen un procedimiento especial en el estatuto contractual,
como sería la de liquidación del contrato; etapa en la cual las partes podrán acordar los ajustes de precios, revisión y
reconocimientos a que haya lugar. En tal sentido, el inciso siguiente precisa que en el acta de liquidación constarán los
acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder
declararse a paz y salvo”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 2 de
octubre de 2003, radicación 52001233100020020077601(24024), Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez.
113
Mediante escritura pública 57 del 19 de enero de 2017, otorgada en la Notaría 10 del Círculo de Bogotá. Fls. 719 a 742,
c.4.
114
Fls.255 a 258, c.3. Discriminó el reconocimiento solicitado de la siguiente forma:
GLOBAL EJECUTADO PROYECTADO TOTAL
SOCIAL $148.695.851,00 $46.727.695,00 $195.423.546,00
AMBIENTAL $536.170.075,00 $177.108.282,00 $713.278.357,00
TRÁNSITO $883.802.984,00 $294.600.995,00 $1.178.403.979,00
VALOR TOTAL GLOBALES $2.087.105.882,00
115
Fls. 261 a 271, c.3.
116
Detalló los ítems pedidos, así:
CONCEPTO VALOR
ADMINISTRACIÓN $1.313.202.891,84
GLOBAL AMBIENTAL $56.423.002,20
GLOBAL SOCIAL $17.845.076,00
BODEGAJE HB ESTRUCTURA METÁLICA $250.000.000,00
Total general $ 1.637.473.970,04
23
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(iii) CET-3194-255-16 del 17 de mayo de 2016 117 . Pidió el pago de los
mayores valores que el consorcio desembolsó por: a) la mayor estadía en
obra, en $1.637’473.970; b) social, por $295’423.546; c) ambiental, por
$824’743.546; d) manejo de tránsito, por valor de $1.178’403.979; e)
trabajo nocturno, en la suma de $824’743.352; y f) el saldo del 60%
correspondiente a los estudios y diseños elaborados, por $250’000.000.
84.
A pesar de la protocolización de tales peticiones en escritura pública, y que
éstas fueron presentadas en ejecución del negocio jurídico, unido al tiempo
transcurrido sin respuesta del instituto, la Sala precisa que no se cumplen las
condiciones sustanciales para que dichos instrumentos sean constitutivos del
silencio positivo de la Administración.
85.
El contenido de las referidas comunicaciones muestra que éstas no se limitan
a la simple acreditación de un derecho preexistente, sino que se dirigen hacia la
obtención de la declaración de un beneficio económico a favor del peticionario. Su
alcance gira en torno al reconocimiento de los mayores costos en que
supuestamente incurrió el contratista en desarrollo del pacto, por manera que se
trata de reclamaciones que se proyectan directamente en el valor del contrato y, por
tanto, están ceñidas a un procedimiento específico cuando tiene lugar su variación,
que corresponde a la celebración de un acuerdo modificatorio del valor del negocio.
86.
Así, bajo la consideración de que el contrato estatal es instrumento de
realización del gasto público, se excluye que por la vía de protocolizar un silencio
administrativo durante el curso de su ejecución, se constituyan afectaciones y/o
modificaciones a su valor. Habrá de recordarse que en este escenario tiene
preponderancia la aplicación del principio de la autonomía de la voluntad y el
carácter bilateral del acuerdo y, siendo el contrato ley para las partes, no puede ser
modificado o invalidado por una de ellas, sino por su consentimiento mutuo o por
causas legales (art. 1602 del C.C.). En el caso concreto, no se cumplen las
exigencias que configuren una causa de origen legal que autorice la modificación
del valor del pacto.
87.
Con otras palabras, no puede el consorcio exigir la variación de lo estipulado
mediante una petición y beneficiarse del silencio de la entidad, por cuanto no se
trató de un escenario que exhibiera una circunstancia existente con antelación, sino
que tal petición estaba acompañada de la necesidad de incorporar recursos
públicos, lo que imponía un trámite puntual de demostración y apropiación de orden
presupuestal para, luego, extender su formalización mediante la adición del negocio
jurídico o su liquidación; pero no por cuenta de un silencio protocolizado sin respaldo
sustancial.
88.
Bastando lo dicho, en todo caso la Sala advierte que las comunicaciones
elevadas carecen de concreción y soporte, ya que por los mismos ítems
(componente global social, ambiental y tránsito) el consorcio pidió cifras
notoriamente distintas, sin que se pueda extraer una justificación de ello, pues entre
117
Fls.738 y 739, c.4
24
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las comunicaciones CET-3194-541-15 y CET-3194-664-15 solo hay un mes y medio
de diferencia y no se expuso razón alguna de la variación de los pedidos elevados.
89.
La mera formulación de una petición de contenido económico y su falta de
respuesta por parte de la Administración no da lugar a la consolidación de un
derecho a favor del solicitante, porque, se itera, ésta fue establecida para tornar
manifiestos derechos existentes, no para crearlos o configurarlos –es decir, no
constituye una fuente autónoma de obligaciones dinerarias a cargo del Estado, en
tanto actúa como materialización de un derecho preexistente, no como origen del
mismo–. De suerte que para que proceda un reconocimiento en tal sentido es
necesario la prueba de su causación y que, en ese escenario, las partes convengan
su pago. De forma unilateral podría declararlo una de las partes, si actúa en ejercicio
de una facultad que el convenio o la ley le han conferido al respecto, o el juez del
contrato lo determina, si es sometido a su estudio dicho aspecto.
90.
Por lo anterior, no se configuró un acto presunto derivado del silencio de la
entidad, en favor del contratista, por lo que la Sala acompaña la decisión del Tribunal
en este aspecto, y descarta este argumento de la alzada.
• No toda exteriorización de la voluntad de la Administración en
desarrollo del negocio jurídico constituye un acto administrativo
91.
Otro de los reparos formulados por el consorcio se relaciona con determinar
si debe declararse la nulidad de los escritos No. STEST-2201163460214431 del 14
de marzo de 2016, STEST 20153462153521 del 21 de diciembre de 2015 y STEST
20163460096461 del 9 de febrero de 2016, proferidos por el IDU. El fallador de
primer grado consideró que estos sí constituyen actos administrativos, pero negó su
declaratoria de invalidez, por cuanto no se acreditaron los vicios de ilegalidad
aducidos. El contratista, por su parte, insiste en la configuración de los defectos
invocados.
92.
Es de señalar que, si bien el recurso de alzada no se dirigió a cuestionar
directamente la decisión del a quo de calificar dichas comunicaciones como actos
administrativos, lo cierto es que para determinar si se configuró el vicio de falta de
competencia y el de falsa motivación propuestos, se impone constatar si tales
documentos, por su naturaleza, son susceptibles de ser enjuiciados por defectos
que son propios y están reservados a los actos administrativos.
93.
Lo anterior es concordante con las reglas que definen la competencia del juez
de segunda instancia, pues ésta se encuentra circunscrita a los reparos expuestos
en la alzada, por regla general, en los términos del art. 328 del Código General del
Proceso118; lo que no obsta para precisar que de tal contexto hacen parte aquellos
asuntos que la ley ordena al juez examinar oficiosamente, así como aquellos que
guardan íntima relación con el thema decidendi de la apelación, esto es, aquellos
que se constituyen en presupuesto de análisis para resolver la censura, sin los
118
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley (…)”
25
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cuales la decisión a adoptar resulta incompleta, incongruente, o se emite
simplemente de manera formal. Así lo tiene por averiguado esta Corporación en
numerosos pronunciamientos119.
94.
Bajo esta línea es necesario constatar si los aludidos documentos –proferidos
por el contratante para dar respuesta a las solicitudes de restablecimiento del
equilibrio económico– son actos administrativos y, sólo en caso de serlo, si adolecen
de los vicios de nulidad esgrimidos por el consorcio.
95.
En el ámbito de los contratos, independientemente de si se está bajo el
régimen de derecho privado o público, con realce en los negocios de tracto
sucesivo, las partes adelantan un diálogo permanente sobre la ejecución del
acuerdo, intercambian ideas, opiniones, conceptos y se elevan solicitudes o
reclamos, como expresión de las voluntades concertadas que se enlazan hacia una
finalidad de beneficio común. Dichas comunicaciones podrán versar sobre aspectos
logísticos, operativos, de simple ejecución, informativos sobre el avance de las
prestaciones comprometidas, incluso consultivos acerca del cumplimiento negocial.
96. Cuando una entidad pública se expresa en curso del ámbito negocial, sus
manifestaciones hacen parte de aquella dinámica comunicativa, con la precisión de
que constituirá acto administrativo sólo aquella cuyo contenido atañe al despliegue
de una prerrogativa de poder público, que se origina por su cuenta y por su sola
voluntad120; ésta, además, debe ser productora de efectos jurídicos, mediante el
nacimiento, reconocimiento, modificación o extinción de un derecho, un deber y/o
una obligación a cargo de la otra parte del negocio.
97.
Esta Subsección 121 precisó, en reciente oportunidad, que las entidades
regidas por el EGCAP, cuando ejercen prerrogativas de poder, como son las
facultades excepcionales122 y las potestades unilaterales que el ordenamiento les
ha atribuido frente a su contratista, expiden típicos actos administrativos.
98.
Aunque es un derecho de las partes el mantenimiento de la equivalencia
entre prestaciones y contraprestaciones surgidas al momento de contratar y, de
forma correlativa, de obtener su restablecimiento cuando la economía del negocio
jurídico sea perturbada por causas ajenas al afectado –art. 27 de la Ley 80/93–, lo
cierto es que la ley no exige el trámite de un procedimiento orientado a la producción
de un acto administrativo en el que deba ser resuelta tal solicitud, por lo que las
respuestas que la entidad emita ante peticiones elevadas por el contratista a fin de
revisar y conservar el sinalagma prestacional, no constituyen actos administrativos
sino un ejercicio comunicativo de interrelación negocial entre los contrayentes,
119
Ver, entre otros: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del
16 de septiembre de 2013 Exp. 19705, C.P. Carlos Alberto Zambrano; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 4 de marzo de 2022, Rad. 66001-23-33-000-2015-00379-01
(65.035) C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
120
GORDILLO, Agustín: “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo 8, Buenos Aires, Fundación de Derecho Administrativo,
2013, p. 217.
121
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 17 de junio de
2024, radicación 250002336000201500179 01 (57513), C.P. María Adriana Marín.
122
Las consagradas en el art. 14 de la Ley 80 de 1993.
26
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dirigido a superar, en el itinerario convencional, eventos que se aduzcan como
generadores de un desbalance en la ecuación contractual123.
99.
De esta forma, las manifestaciones de la entidad sobre estos tópicos no
cierran la puerta, ni son definitivas al ser puestas bajo su estudio. Tal agotamiento
ocurrirá en el evento de que las partes lleguen a un acuerdo que permita restablecer
el equilibrio –a través de un pacto modificatorio al negocio jurídico–, o hasta que
acontezca la etapa de liquidación, en los casos en que este procedimiento es
señalado por la ley, o es convencionalmente adoptado con tales fines. Allí, el
EGCAP dispuso un efecto de clausura y de definición del balance integral del
contrato estatal, disponiendo que las partes pueden acordar los ajustes, revisiones
y reconocimientos a que haya lugar, y harán constar las conciliaciones y
transacciones a que lleguen para poner fin a las divergencias presentadas y poder
declararse a paz y salvo (art. 60 de la Ley 80 de 1993).
100.
En el sub-lite, el consorcio pidió la declaratoria de nulidad de tres oficios, a
través de los cuales el instituto se pronunció sobre las solicitudes de reconocimiento
económico por aquel formuladas. Se trata de: (i) STEST 20153462153521 del 21
de diciembre de 2015, en el que el IDU sostuvo que el contratista conocía las
condiciones previstas en el pliego de condiciones para la ejecución del contrato, sin
que existieran elementos que permitieran el reconocimiento de mayores cantidades
por los componentes ambiental, social y PMT; (ii) STEST 20163460096461 del 9 de
febrero de 2016, por medio del cual la entidad arguyó que no era viable el pago de
mayores costos administrativos, ya que desde la etapa contractual estaba
contemplada la ejecución del tercer carril y el consorcio previó un PMT con
restricción horaria que generaba una adición de 1,5 meses al plazo negocial, el cual
fue admitido con la prórroga 4; y (iii) STEST-2201163460214431124 del 14 de marzo
de 2016, conforme al cual el IDU indicó que se encontraba realizando la valoración
y verificación de la información allegada por el consorcio como soporte de sus
solicitudes.
101.
El contenido de los documentos enunciados evidencia un diálogo entre las
partes, con el cual se buscaba arribar a un entendimiento conjunto sobre los
aspectos tratados, sin que de manera alguna se trate de decisiones de la
administración con entidad jurídica para dar por clausurado el análisis o los
acercamientos entre ellas. Lo que exhibe son las conversaciones de los
contrayentes respecto de los pretendidos mayores costos señalados por el
contratista durante la ejecución contractual, a fin de alcanzar un posible arreglo.
102.
La línea que distingue los actos de comunicación contractual de los actos
administrativos permite concluir que las comunicaciones sub-examine no se
inscriben en el último de estos conceptos, pues no corresponden a manifestaciones
unilaterales proferidas por el IDU en ejercicio de sus atribuciones de poder público;
se trata únicamente de acercamientos negociales de las partes relacionadas con un
123
“... las comunicaciones de la entidad dirigidas al contratista, en las que anuncia su disenso en torno a la existencia de una
afectación de la ecuación contractual que diera lugar a reconocimientos económicos a su favor, no constituyen actos
administrativos” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del
17 de junio de 2024, radicación 250002336000201500179 01 (57513), C.P. María Adriana Marín).
124
Cd 2, carpeta: desequilibrio económico, hecho 42.
27
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aspecto en el que existió discrepancia en el curso del contrato. En virtud de ello,
tampoco produjeron efectos jurídicos por sí mismas al carecer de los atributos que
sólo se predican de los actos administrativos, pues no crearon, reconocieron,
modificaron o extinguieron un derecho a favor del contratista. En suma, tales
documentos adolecían de carácter definitorio respecto de los mayores costos
reclamados por el contratista, limitándose a exponer que el IDU no hallaba
configurados aquellos costos, o que estaba valorando los soportes de la petición –
según cada caso–. De modo que se hubo de postergar su determinación a la etapa
de liquidación del pacto y, en su defecto, a la decisión del juez.
103.
Estas precisiones, que emergen de la teoría del acto administrativo, explican
que bajo el régimen de derecho público que disciplina el contrato estatal, el
dispositivo de nulidad –que se erige en pretensión bajo el medio de control de
controversias contractuales125– está dirigido a contrarrestar los vicios presentes en
los elementos de existencia y validez de los actos administrativos, es decir, se trata
de un juicio de valoración que parte de la existencia del acto mismo126.
104.
Comoquiera que las comunicaciones cuestionadas por el consorcio no
constituyen actos administrativos, no prosperan los cargos de insistencia
relacionados con la configuración de los vicios de falta de competencia y falsa
motivación planeados por el consorcio, pues estos defectos están orientados a
derrumbar la presunción de legalidad que sólo acompaña a los actos
administrativos, naturaleza de la que carecen los oficios examinados. Lo anterior,
no es óbice para que la Sala, en acápite posterior, avance en el estudio de las
reclamaciones sobre el supuesto rompimiento del equilibrio económico del contrato
y su restablecimiento.
• El acta de terminación del contrato no constituye acto administrativo
105. El Tribunal señaló que las consideraciones plasmadas por el IDU en el acta
del 9 de julio de 2016 relativa a la “terminación del contrato de obra”, constituyó un
acto administrativo, y concluyó que no está viciado de nulidad por falsa motivación,
explicando la presencia de razones admisibles. El consorcio ratifica su reproche de
invalidez por cuanto los diseños geométricos sí fueron aprobados y lo construido se
basó en ellos.
106. En el mismo sentido que se viene indicando, el acta de terminación del
contrato, al igual que el acta de recibo de la obra, son instrumentos que dan cuenta
de los hitos en que aconteció la culminación del negocio, pues permiten la
verificación de la cantidad, calidad y condiciones de la obra ejecutada; sin que se
les pueda inscribir en la categoría de actos administrativos, por las razones que ya
fueron expuestas.
125
El art. 141 del CPACA dispone que, bajo el mecanismo de controversias contractuales, “cualquiera de las partes de un
contrato del Estado podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su
incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales (…)”, entre otras declaraciones.
126
CASSAGNE, Juan Carlos: “El Acto Administrativo”, Editorial Temis, Bogotá, 2013, p,205.
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107. Esta Subsección127 ha reconocido a las actas de recibo el mérito probatorio
que prevé el núm. 4 del art. 2060 del C.C.128, según el cual la admisión de la obra
por el dueño de ésta, denota su aprobación en cuanto a su conformidad externa,
pero no exime al constructor de los vicios originados en razón de la técnica utilizada,
los defectos del terreno, o los materiales empleados.
108. Como el acta de terminación de la obra da cuenta de su estado al momento
en que aconteció su culminación, ésta también se constituye en una prueba de tal
suceso sin que su contenido, por esa sola razón, conlleve una declaración definitiva
sobre el cumplimiento de todas las prestaciones a cargo del contratista, pues esa
constatación, en el marco de la contratación regida por el EGCAP, solo acontece
con el corte de cuentas que se lleva a cabo con el acto de liquidación, en función de
las variadas funciones que la ley le ha conferido a este hito, en tanto implica una
revisión detallada de todos los aspectos que componen el negocio culminado.
109. Mediante el acta del 9 de julio de 2016, denominada de “terminación del
contrato”129, las partes dejaron constancia que a la fecha venció el plazo del contrato
y que el avance del objeto era del 99,51% “quedando pendiente el 0.49%
representado en remates de obra y corrección de obras defectuosas”. Asimismo, el
instituto incluyó la siguiente manifestación –cuya nulidad persigue el consorcio–:
“El Instituto de Desarrollo Urbano - IDU una vez revisadas las actividades
pendientes descritas por el Interventor de Obra, considera que las mismas se
encuentran ajustadas en su número y debidamente descritas por el mismo. Ahora
bien, respecto del diseño geométrico, señalización horizontal y vertical del tercer
carril de la Calle 146 y Toberín, a la fecha de suscripción de la presente acta de
terminación, no han sido recibidos y debidamente aprobados por la Secretaría
Distrital de Movilidad y por consiguiente tampoco por este Instituto”130.
110. Ante la constatación de la naturaleza del acta del 9 de julio de 2016, y por
cuenta de su mismo contenido, la Sala no accederá al reclamo atinente a la
declaratoria de nulidad, por falsa motivación, de la afirmación consignada por el IDU
en ella, dado que tal instrumento no constituye un acto administrativo; y bajo la
lógica que informa su naturaleza, no puede anularse la manifestación de una de las
partes en aquel documento pues emana del iter negocial y hace parte del
compendio probatorio de lo que sucedió en los capítulos de finalización de la
relación jurídica, de manera que contiene y expresa lo que cada uno de los sujetos
negociales manifestó en esa oportunidad.
127
Al respecto, ver las sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A del 4 de junio de 2021, radicación
05001-23-31-000-2006-02551-01(48794), C.P. María Adriana Marín y del 1 de julio de 2025, radicación 25000-23-36-000-
2021-00617-01 (72021), C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
128
“ARTÍCULO 2060. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS POR PRECIO UNICO. Los contratos para construcción de edificios,
celebrados con un empresario que se encarga de toda la obra por un precio único prefijado, se sujetan además a las reglas
siguientes: (...)
3. Si el edificio perece o amenaza ruina, en todo o parte, en los diez años subsiguientes a su entrega, por vicio de la
construcción, o por vicio del suelo que el empresario o las personas empleadas por él hayan debido conocer en razón de su
oficio, o por vicio de los materiales, será responsable el empresario; si los materiales han sido suministrados por el dueño, no
habrá lugar a la responsabilidad del empresario sino en conformidad al artículo 2041, <sic 2057> inciso final.
4. El recibo otorgado por el dueño, después de concluida la obra, sólo significa que el dueño la aprueba, como exteriormente
ajustada al plan y a las reglas del arte, y no exime al empresario de la responsabilidad que por el inciso precedente se le
impone”.
129
Fls.167 y 168, c.3.
130
Ibidem.
29
Radicación: 25000233600020170045901 (71.456)
Demandante: Consorcio Estaciones Transmilenio 2013
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU–
Asunto: Controversias contractuales
• Las renuncias a las reclamaciones económicas incluidas en las
prórrogas del contrato.
111. El contratista reprocha la negativa del a quo en declarar la nulidad de las
cláusulas de renuncia a reconocimientos económicos incluidas en las prórrogas No.
1, 4, 5 y 6 del contrato, así como la decisión de descartar la declaratoria de ineficacia
de esas estipulaciones convencionales.
112. Como el foco de esta censura se relaciona con lo pactado en los acuerdos
que extendieron el plazo negocial, la Sala estudiará lo estipulado en dichos pactos,
de los cuales se extracta lo siguiente:
Fecha 13 de mayo de 2014
Causa “... los inconvenientes que se han presentado durante la etapa de
estudios y diseños los cuales se señalan a continuación: - indefinición
de la alternativa de diseño de la zona de transición de la estación
Mazurén, para la protección de la tubería de la derivación de Red
matriz de 60, que cruza perpendicularmente esta estación, a cargo de
la Red matriz de la EAAB. Inconvenientes presentados con el PMT
para la ejecución de las actividades preliminares: Estudios de suelos
y sondeos para la cimentación de los vagones. Al respecto la
interventoría mediante comunicación MAB-1-1697-0062-14 realizó el
Prórroga análisis de estas justificaciones y consideró que no era imputable al
No. 1131 contratista los atrasos generados por las dos razones señaladas
anteriormente, motivo por el cual consideró viable prorrogar el
contrato por un período de 30 días”.
Lo i) Extiende en treinta (30) días calendario la fase de estudios y
convenido diseños, contados a partir del día hábil siguiente de la actual fecha de
terminación, la cual corresponde al 13 de mayo de 2014.
ii) En su cláusula segunda se convino: “[l]as partes acuerdan que la
presente prórroga no genera costos adicionales para el IDU” (se
subraya).
Fecha 19 de abril de 2015
Causa 1. Como el PMT de intervención sólo fue autorizado por la SDM, a
partir del 15 de enero de 2015, se hizo necesario un mayor tiempo
para la ejecución de las obras.
2. Las modificaciones del carril de reposición a la calzada oriental por
efecto de los ajustes al diseño aprobado, implican modificaciones
Prórroga
tales como mayores cantidades de obra, ítems no previstos e ítems
No. 2132
adicionales.
3. La interferencia de una derivación de la red Matriz de 60” de
diámetro en la estación Mazurén, que requirió de la aprobación de la
EAAB de la plataforma desmontable de protección para esta red.
131
Fls.134 y 135, c.3.
132
Fls.147 a 149, c.3.
30
Radicación: 25000233600020170045901 (71.456)
Demandante: Consorcio Estaciones Transmilenio 2013
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU–
Asunto: Controversias contractuales
Lo i) Aumenta el plazo del contrato en cuatro (4) meses más.
convenido ii) En la cláusula quinta se pactó que “las demás cláusulas del
contrato, sus modificaciones, adiciones y prórrogas, no modificadas
continúan vigentes y surten los efectos legales que ellas fijan”.
Nota: En los considerandos del acuerdo -núm.8- se aclaró que
“[t]eniendo que con ocasión a la ejecución contractual y la naturaleza
misma del contrato pueden generarse modificaciones tales como
mayores cantidades de obra, ítems no previstos, ítems adicionales,
de presentarse alguna de estas situaciones las partes realizarán un
análisis de las mismas y se procederá a realizar el trámite de acuerdo
a la necesidad conforme a lo dispuesto por la ley”.
Fecha 14 de agosto de 2015
Causa 1. Luego de las últimas complementaciones a la valoración de
los ítems no previstos, la interventoría, el 13 de agosto de 2015,
entregó la relación de los elementos que se requieren para la
terminación del objeto, con el “consolidado financiero que arrojan
estos nuevos precios no previstos, y que han sido avalados por esta
interventoría y por el área del IDU que los ha revisado, lo cual ha
actualizado el valor de la adición requerida y que corresponde al
monto de $6.218’580.491”.
2. Aspectos del PMT. Debido a directrices de la SDM se debía
garantizar siempre, al menos, dos carriles de circulación por sentido
en las calzadas rápidas de la Autopista Norte, razón por la cual no se
abrieron los frentes de trabajo paralelos contemplados originalmente.
Prórroga 3. Hubo retraso de la autorización de reemplazo del vallado en
No. 3 y el sector de las estaciones Calle 146 y Toberín, por parte de la SDA.
Adición No. 4. Transmilenio S.A., en los dos últimos meses, solicitó
1133 modificaciones a los planos constructivos (desplazamiento vagón
Mazurén, requerimiento de las canalizaciones eléctricas de vagones,
tableros eléctricos, reubicación de cámaras de seguridad y
operación).
5. La EAAB requirió aspectos técnicos para garantizar que la red
matriz de acueducto de 60” no sufriría movimiento alguno, producto
de los trabajos de cimentación de la pasarela entre los vagones de la
estación Mazurén, lo cual generó retrasos de obra en ese sector.
Lo i) Extiende el plazo en 120 días.
convenido ii) Adiciona el precio en $6.218’580.491.
iii) En la cláusula novena se pactó que “[l]as demás cláusulas del
contrato, sus modificaciones y prórrogas, no modificadas continúan
vigentes y surten los efectos legales que ellas fijan”.
Fecha 14 de diciembre de 2015
Causa 1. La intervención del tercer carril mixto oriental de la Autopista
Norte, en las estaciones Calle 146 y Toberín, estaba sujeta a los
permisos de ocupación de cauce por parte de la SDA.
2. Falta de aprobación de los diseños eléctricos por parte de la
interventoría.
3. Cambio en la cartilla de “Señalización y Señalética”.
4. Aclaración en las consideraciones, con base en la solicitud
del contratista: “… se menciona a la Entidad que el valor de los
Prórroga recursos de interventoría para los primeros 45 días calendario de la
No. 4134 presente prórroga, serán asumidos por el Contratista, excepto lo
relacionado con la terminación de las actividades de señalética y
obras eléctricas en las acometidas de las estaciones. En caso de que
el contratista termine anticipadamente estas obras, el pago a cargo
de ellos de las labores de interventoría será ajustado al plazo real de
terminación, contados a partir del 14 de diciembre de 2015 o, en su
defecto, la firma contratista deberá asumir los días adicionales para el
pago de los recursos necesarios de interventoría para la (sic) recibir
las obras mencionadas”.
133
Fls.150 y 151, c.3.
134
Fls.152 a 154, c.3.
31
Radicación: 25000233600020170045901 (71.456)
Demandante: Consorcio Estaciones Transmilenio 2013
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU–
Asunto: Controversias contractuales
Lo i) Se prolonga el plazo del contrato en cuatro (4) meses y quince (15)
convenido días adicionales.
ii) En su cláusula primera se estableció en su parágrafo: “[t]oda vez
que la presente prórroga corresponde a una ampliación al plazo del
contrato, esto no genera un trámite de disponibilidad presupuestal
adicional para el IDU” (se subraya).
iii) En su cláusula quinta se pactó que “[l]as demás cláusulas del
contrato, sus modificaciones, adiciones y prórrogas, no modificadas
continúan vigentes y surten los efectos legales que ellas fijan”.
Fecha 29 de abril de 2016
Causa 1. Se generó un atraso en la programación, por la necesidad de
aprobación de la resolución de modificación del permiso de ocupación
del cauce.
2. Demora de CODENSA en la revisión y aprobación de diseño de
redes, retiro de sellos de cuentas eléctricas e independización de
cuentas.
3. Durante la excavación del tercer carril se encontró interferencias
con la Red Matriz de la EAAB a la altura de la calle 147, que no
coincidía con los datos técnicos suministrados por esa empresa en
2014.
4. Estaba pendiente terminar los trabajos sobre el separador central
de las diferentes estaciones.
En su solicitud, el consorcio señaló que “[l]a prórroga no genera
costos para la entidad. El valor por concepto de interventoría, será
descontado al contratista de las dos siguientes actas de recibo parcial
que éste tramite …”
Prórroga
Lo (i) En su cláusula primera se pactó:
No. 5135
convenido
“PRIMERA – PRÓRROGA: Prorrogar el plazo del contrato de OBRA
No. 1636 de 2013, por el término de sesenta (60) días calendario …
PARÁGRAFO PRIMERO: El valor de la adición No. 5 y prórroga No.5
del contrato de interventoría IDU-1697-2013 será asumido en su
totalidad por el CONTRATISTA … este valor corresponde a la suma
de CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS
SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
PESOS ($153.267.349) M/CTE, el cual será descontado de las dos
(2) siguientes actas de recibo parcial de la siguiente manera …
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente prórroga no genera costos
adicionales para el IDU” (se subraya).
(ii) En su cláusula quinta se convino que “[l]as demás cláusulas
del contrato, sus modificaciones, adiciones y prórrogas, no
modificadas continúan vigentes y surten los efectos legales que ellas
fijan”.
Fecha 28 de junio de 2016
Causa “1. El hito correspondiente a la Certificación Retie, de las Estaciones
Calle 146 y Toberín el cual tenía fecha prevista de inicio para el día
25 de junio de 2016, se fijó para el treinta (30) de junio de 2016 y ocho
(8) de julio de 2016, respectivamente, se aclara que esta actividad
depende de un ente Certificador y queda pendiente la la (sic) conexión
de la acometida del diseño serie 4 de Toberín, por parte de CODENSA
Prórroga
S.A.
No. 6136
2. El hito correspondiente a la Certificación Retie, de la Estación
Mazurén, ya que para esta dependemos de la instalación del nuevo
medidor que debe instalar CODENSA S.A., como consecuencia de la
independización de las cuentas eléctricas, se aclara que a la fecha no
se ha ejecutado dicha instalación.
3. Retraso en el suministro de material de pavimento y concreto por
parte de los proveedores contratados”.
135
Fls.155 a 158, c.3.
136
Fls.159 a 162, c.3.
32
Radicación: 25000233600020170045901 (71.456)
Demandante: Consorcio Estaciones Transmilenio 2013
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU–
Asunto: Controversias contractuales
Lo i) Se prolonga el plazo del contrato por diez (10) días calendario.
convenido ii) En los parágrafos de su cláusula primera se estableció:
“PARÁGRAFO PRIMERO: La presente prórroga no genera costos
adicionales para el IDU.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El valor de los recursos de interventoría
serán asumidos por la misma interventoría, tal como se indicó en el
oficio MAB-1-1697-0379-15 del 27 de junio de 2016 con radicado IDU-
20165260462372 del 28/06/2016” (se subraya).
iii) En su cláusula quinta se pactó que “[l]as demás cláusulas del
contrato no modificadas continúan vigentes y surten los efectos
legales que ellas fijan”.
113. El consorcio signó su consentimiento en los pactos modificatorios reseñados,
no solo para convenir la ampliación del plazo inicialmente previsto, también lo hizo
para indicar que algunas de tales prórrogas no suponían una variación del valor del
contrato. Así se contempló expresamente en las prórrogas No. 1, 5 y 6, que la
extensión del plazo negocial no generaba costos adicionales para la entidad.
114. En la prórroga No. 4 se convino una cláusula que también está referida a los
efectos económicos derivados del aumento del plazo, pues en el parágrafo de la
cláusula primera de dicho pacto, las partes dejaron consignado que su ampliación
“... no genera un trámite de disponibilidad presupuestal adicional para el IDU”. Tal
aserto, aunque difiere en su expresión semántica, guarda el mismo sentido de las
estipulaciones incluidas en las otras prórrogas, esto es, el conocimiento y
manifestación por las partes, de que la prolongación del plazo por las causas que lo
inspiraron no implicaba la apropiación de recursos públicos adicionales a cargo del
instituto; al punto de que, además, no sólo se convino preservar el valor del contrato,
sin inconformidad o reparo del contratista, sino que en las consideraciones de este
acuerdo se plasmó, respecto del pago de la interventoría por dicha prolongación,
que “los primeros 45 días calendario de la presente prórroga, serán asumidos por
el Contratista”, con las salvedades allí precisadas.
115. Las renuncias expresas a reclamaciones derivadas de los efectos de esos
acuerdos de extensión del plazo contractual son plenamente válidas, pues derivan
de la materialización de la autonomía de la voluntad, constitutiva de fuente de
obligaciones (art. 1494 C.C.) que, junto al reconocimiento de la capacidad de los
sujetos en el tráfico negocial, revela que son ellos los llamados a definir si el curso
de la ejecución contractual y los sucesos que surgen de tal itinerario impactan o no
en el componente económico del contrato, o tiene proyección en otros aspectos.
116. Se debe subrayar que las partes son las llamadas a establecer las
determinaciones que regulen sus negocios, lo que incluye la concreción de
mecanismos de arreglo para el logro del objeto convenido; de ahí que están
habilitadas para liberar de responsabilidad al otro contrayente en los aspectos
concertados, según sus análisis y el interés subjetivo que lo motive, pudiendo
exonerarlo de futuras reclamaciones. Así lo prevé el art. 15 del C.C., al consagrar la
capacidad de los sujetos para disponer libremente de sus derechos, en tanto
dispone que “[p]odrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que
sólo miren al interés individual del renunciante, y que no esté prohibida la renuncia”.
33
Radicación: 25000233600020170045901 (71.456)
Demandante: Consorcio Estaciones Transmilenio 2013
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU–
Asunto: Controversias contractuales
117. De modo que riñe con el principio pacta sunt servanda –que determina que
lo pactado constituye ley para las partes–, y atenta contra la buena fe de los
contrayentes, que uno de éstos, luego de suscribir un pacto modificatorio, pretenda
apartarse de las condiciones bajo las cuales libre y válidamente se comprometió.
Por tanto, no es conforme a derecho restar valor a los acuerdos de renuncia
acordados, o aquellos que declaran la no generación de una adición de recursos
por cuenta de las prórrogas, por decisión unilateral de uno de los contrayentes,
pues habrá de decirse que su manifestación en solitario carece de fuerza frente al
carácter coercitivo que trenza las voluntades de los sujetos negociales y que sella
el ordenamiento jurídico, según dispone el art.1602 C.C.; salvo que se demuestre
que aquellos acuerdos adolecen de un defecto que los torna inválidos.
118. El consorcio arguyó que, al celebrar las mencionadas prórrogas, su
consentimiento estuvo viciado, toda vez que el instituto lo amenazó con adelantar
procesos sancionatorios en su contra en caso de abstenerse de suscribirlas. Para
la Sala, el contratista no demostró la fuerza o violencia que dijo fue ejercida en su
contra por el IDU, como factor causal y desencadenante de la inclusión de las
cláusulas de renuncia en los acuerdos modificatorios del negocio bilateral que se
analiza.
119. El art. 1502 C.C. determina que para que una persona se obligue con otra
debe ser legalmente capaz, expresar su declaración de voluntad en tal sentido –sin
que la misma adolezca de vicio alguno– y que el acto recaiga sobre un objeto y
causa lícitos.
120. Los vicios que afectan el consentimiento, esto es, que impiden que éste sea
libre y espontáneo, a voces del art. 1508 del C.C., son la fuerza, el error y el dolo.
La primera, que es la aducida, se refiere a la presión física o moral que se ejerce
sobre una persona para conducirla a expresar su aquiescencia o voluntad en la
celebración de un acto o negocio jurídico. La jurisprudencia, en torno a este vicio,
ha precisado que no es la fuerza, por sí sola, la que lo configura, sino el
constreñimiento que ésta produce en el ánimo de quien la padece, al perturbar o
alterar su manifestación volitiva137.
121. Esa amenaza, física o moral, debe generar miedo o temor en la otra parte,
por afectarlo directamente, a sus bienes, a su cónyuge o a sus parientes más
cercanos, y ese estado es el que lo conduce a preferir el camino por el que se le
constriñe, ante la intimidación de sufrir un desenlace peor del que le es impuesto
por vía de tal apremio. Por ello, se ha explicado que “la amenaza ha de ser idónea
y de tal magnitud que someta la voluntad de quien la padece, porque real y
razonablemente le causa un temor que permite llegar a la conclusión de que sólo
por esa presión o coacción concurrió a la celebración del negocio”138. El estudio de
este vicio es propio y específico en cada caso, a fin de dilucidar su intensidad y la
impresión que produce en el sujeto que dijo padecerlo.
137
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 16 de septiembre de 1994,
radicación 6533, C.P. Juan de Dios Montes Hernández.
138
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de junio de 2008, radicación
76001-23-31-000-1994-21596-01(16293), C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
34
Radicación: 25000233600020170045901 (71.456)
Demandante: Consorcio Estaciones Transmilenio 2013
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU–
Asunto: Controversias contractuales
122. En el asunto de la referencia no obran insumos que acrediten las supuestas
intimidaciones que la entidad efectuó sobre el contratista. Este último dijo que el
instituto lo amenazó con iniciar procesos sancionatorios en su contra si no suscribía
las ya mencionadas renuncias a los reconocimientos económicos; sin embargo, el
expediente es huérfano en relación con medios de probanza que soporten esos
asertos. Los múltiples requerimientos que obran sobre la observancia de los
compromisos a cargo del consorcio, se ciñen a llamamientos que la entidad o la
interventoría realizaron frente al cumplimiento de las prestaciones, lo que se
enmarca en su deber de seguimiento y vigilancia que es de orden legal, sin que de
ellos se derive o advierta que la entidad supeditó el despliegue de un proceso
sancionatorio a una conducta concreta del consorcio, como lo es, su beneplácito
con los otrosíes mencionados.
123. De allí que el señalamiento de la ocurrencia de tal vicio no pasa el estadio de
una afirmación. Lo anterior, al amparo del art. 167 del Código General del Proceso
(CGP) que establece como carga de los sujetos procesales la de conducir al juez a
un estado de certidumbre sobre los hechos que profesan –para el actor en lo
relacionado con sus súplicas y los supuestos que las cimientan, y para el
demandado el sustento de sus excepciones o razones de defensa–.
124. Es importante señalar, en todo caso, que la facultad de la Administración de
declarar el incumplimiento parcial o total del contrato, para imponer multas o hacer
efectiva la cláusula penal, según el caso, no constituye, en principio, una presión
injusta sobre la otra parte, por cuanto deviene del legítimo ejercicio de una potestad
que el ordenamiento le ha otorgado al contratante (entidad estatal), a fin de
garantizar el cumplimiento del negocio jurídico139. El ejercicio de tal potestad podría
degenerarse en una conducta configurativa de fuerza o violencia, que altera el
consentimiento del contratista, cuando la entidad utiliza aquella de manera indebida,
abandonando las finalidades legales por las cuales está consagrada. Pero, como ya
se precisó, el expediente carece de insumos que demuestren un escenario de dicha
naturaleza, pues ni siquiera se probó que la entidad diera inició a proceso
sancionatorio alguno en desarrollo del contrato, ni lucen inconsistentes los acuerdos
alcanzados junto con la asunción de compromisos expresados en cada uno de tales
instrumentos.
125. La expresión de voluntad emitida en las mencionadas prórrogas no fue
afectada por la presencia de un vicio del consentimiento, pues no se acreditó la
configuración del defecto invalidante reseñado bajo el sub-lite. No es posible
entender que lo manifestado no era lo querido, ni la Sala puede, descartado el
reproche acerca de un vicio en su voluntad, dar a tal sujeto un tratamiento que
comprometa su capacidad. En esta medida, se negarán los cargos relacionados con
la nulidad de las declaraciones efectuadas en las prórrogas analizadas.
139
“Dicho de otro modo las acciones enderezadas a exigir el cumplimiento de un contrato, o las diferencias que se puedan
suscitar a propósito del mismo, no pueden viciar en principio y por sí solo el consentimiento en otro negocio jurídico, sino que
deberán estar acompañadas de otro tipo de supuestos que permitan configurar tal irregularidad en la expresión de la voluntad,
porque como fuente de obligaciones que es el contrato y, por ende, al constituir un vínculo jurídico, es de derecho que
cualquiera de sus partes pueda exigir, presionar, perseguir o demandar de la otra determinada conducta o comportamiento
(prestación de dar, hacer o no hacer) ajustado a su tenor, y aún contra su voluntad, en el entendido de que se encuentra
autorizado para ello y que hace parte del desenvolvimiento de la relación negocial y del régimen de responsabilidad que
reconoce y patrocina el orden jurídico” (ibidem).
35
Radicación: 25000233600020170045901 (71.456)
Demandante: Consorcio Estaciones Transmilenio 2013
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU–
Asunto: Controversias contractuales
126. Por efecto de lo anterior, la Sala pasa a resolver la pretensión subsidiaria
propuesta en caso de no prosperar la nulidad antes referida, también insistida en
los cargos de la apelación, orientada a que se declare la ineficacia de tales
manifestaciones de voluntad. El consorcio sostuvo que tales estipulaciones
contrariaron los arts. 5 y 24 de la Ley 80 de 1993, toda vez que estas normas
prohíben el pacto de reglas que dispongan renuncias a reconocimientos
económicos derivados de causas ajenas a la conducta del contratista. Indicó que no
desatar su efecto legal, fue un yerro en que incurrió el tribunal de primer grado.
127. Frente a las renuncias de los contratistas o el abandono de peticiones y
reclamaciones, el art. 5.3 de la Ley 80 de 1993 establece:
“ARTÍCULO 5o. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS CONTRATISTAS.
Para la realización de los fines de que trata el artículo 3 de esta ley, los
contratistas: …
3. Podrán acudir a las autoridades con el fin de obtener la protección de los
derechos derivados del contrato y la sanción para quienes los desconozcan o
vulneren.
Las autoridades no podrán condicionar la participación en licitaciones, ni la
adjudicación, adición o modificación de contratos, como tampoco la cancelación
de las sumas adeudadas al contratista, a la renuncia, desistimiento o abandono
de peticiones, acciones, demandas y reclamaciones por parte de este” (resaltado
añadido).
128. El art. 24 del mismo estatuto determina:
“ARTÍCULO 24. DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. En virtud de este
principio:
(...)
5o. En los pliegos de condiciones:
(...)
a) No se incluirán condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni
exenciones de la responsabilidad derivada de los datos, informes y documentos que
se suministren.
(...)
Serán ineficaces de pleno derecho las estipulaciones de los pliegos y de los
contratos que contravengan lo dispuesto en este numeral, o dispongan renuncias a
reclamaciones por la ocurrencia de los hechos aquí enunciados”
129. Esta Subsección140 ha precisado que las anteriores normas restringen que
las entidades condicionen, entre otras, la adición o prórroga de acuerdos de
voluntades a la renuncia del contratista a presentar reclamación administrativa,
judicial o extrajudicial por tales conceptos141, y establece que serán ineficaces de
pleno derecho aquellas previsiones, incluidas las dirigidas a establecer exenciones
de responsabilidad, ya sea de forma directa o indirecta.
130. En este escenario, es claro que la proscripción establecida para las entidades
contratantes está circunscrita a que se condicione la modificación del contrato y,
procesalmente, a la demostración de que se dio tal condicionamiento por la
Administración; de lo contrario, la renuncia resulta válida142.
140
Entre otras, ver sentencia del 26 de septiembre de 2025, radicación 150012333000202002306 01 (72.791), Consejero
Ponente: José Roberto Sáchica Méndez.
141
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de enero de
2023, radicación 68001-23-33-000-2013-00588-02 (62400), Consejero Ponente: Fredy Ibarra Martínez.
142
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de marzo de
2025, radicación 44001-23-40-000-2020-00345-01 (68709), Consejero Ponente: Alberto Montaña Plata.
36
Radicación: 25000233600020170045901 (71.456)
Demandante: Consorcio Estaciones Transmilenio 2013
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU–
Asunto: Controversias contractuales
131. De manera que la ley busca proteger al contratista de pactos que involucren
su renuncia a futuras reclamaciones, o generen tal condicionamiento para su
celebración, lo que difiere de aquellos pactos en que las partes expresan la renuncia
a perseguir reconocimientos frente a circunstancias actuales y ciertas, no futuras,
que son susceptibles de ser analizadas antes de efectuar una manifestación en tal
sentido143; por ello quedan revestidos de respaldo en el ordenamiento jurídico.
132. En el sub-lite, las renuncias debatidas fueron incluidas en el texto de las
respectivas prórrogas, sin que, como ya se explicó, se probara que la entidad
condicionó al contratista en la suscripción de los acuerdos modificatorios; contrario
a ello, lo que se desprende de tales acuerdos descansa en consideraciones que
expresan que las causas de las prórrogas fueron analizadas y sus efectos
económicos definidos en diversos escenarios: unos, en los que se manifestó que la
prolongación del tiempo no generaba costos adicionales para el IDU, otros en que
la entidad reconoció mayores valores, y algunos en los que incluso el contratista
manifestó preservar el valor del contrato sin apropiaciones adicionales del IDU y
asumir descuentos de sus actas parciales para cubrir periodos de pago de la
interventoría. Tales determinaciones provienen de la autonomía de la voluntad, que
es fuente de las obligaciones.
133. En estos términos se concluye que la inclusión de las cláusulas examinadas
devino de un acuerdo libre y espontáneo de voluntades; de hecho, el consorcio
manifestó, por medio de las solicitudes que presentó como soporte de las prórrogas
No. 4 y 5, renunciar al reconocimiento de costos adicionales por la prolongación del
tiempo negocial –con el marco especial explicado frente a la prórroga No.4–, lo cual
cobra relevancia en punto a la expresión de su autonomía en ese aspecto, lo que
se ratifica en la ausencia de insumos que demuestren que hubiere sido objeto de
presión o condicionamiento en la suscripción de los aludidos pactos. Sin advertir
algún defecto en las referidas cláusulas que pueda sancionarse con ineficacia,
tampoco se accederá a la pretensión subsidiaria reiterada por el consorcio apelante.
• La parte que debe soportar los efectos de la mayor permanencia
134. Otro de los reproches del consorcio atañe a la ruptura de la ecuación
contractual por la mayor permanencia en obra que tuvo que asumir, a raíz de las
suspensiones y prórrogas pactadas dentro del negocio144. Si bien, en acápites
previos, no se accedió a la petición de nulidad de las comunicaciones contentivas
de las respuestas dadas por el IDU, frente a las reclamaciones económicas que el
contratista le formuló por mayores costos en la ejecución de la obra, entre otros, con
ocasión de una mayor permanencia, ello no es óbice para que la Sala emita un
pronunciamiento sobre esas reclamaciones en atención a los efectos de la
extensión del plazo negocial.
135. El contratista afirma que la mayor permanencia en obra por un período
adicional de 18 meses, no le fue reconocida ni pagada por la entidad. Esta Sala
143
Ib. sentencia del 26 de septiembre de 2025, radicación 150012333000202002306 01 (72.791), Consejero Ponente: José
Roberto Sáchica Méndez.
144
Pretensiones sexagésima octava, vigésima cuarta, vigésima séptima, trigésima, trigésima tercera, trigésima cuarta.
37
Radicación: 25000233600020170045901 (71.456)
Demandante: Consorcio Estaciones Transmilenio 2013
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU–
Asunto: Controversias contractuales
reitera, como lo ha dicho en oportunidades anteriores145, que no basta con la simple
acreditación del transcurso del tiempo (es decir, su prolongación frente al plazo
inicial); en estos casos es necesario que el contratista demuestre que efectivamente
sufrió perjuicios con ocasión de dicha circunstancia, para que pueda hacer efectiva
su pretensión indemnizatoria.
136. Para avanzar en el análisis propuesto, es necesario tener claridad sobre lo
acontecido en ese lapso, por lo que se pasan a detallar sus modificaciones:
Contrato 1636 de 2013
Acta de inicio del 13 de enero de 2014
Acto contractual Descripción Nueva fecha de
terminación del negocio
Plazo original 11 meses (4 meses para 13 de diciembre de 2014
estudios y diseños y 7 meses
para la construcción)
Prórroga 1 Adiciona 30 días calendario a la 13 de enero de 2015
fase de estudios y diseños, esto
es, hasta el 13 de junio de 2014
Acta de suspensión 2 Suspende el plazo por 19 días 1 de febrero de 2015
calendario: 12 de junio al 1 de
julio de 2014
Acta de suspensión 3 Suspende el plazo por 15 días 16 de febrero de 2015
calendario: amplía la suspensión
hasta el 16 de julio de 2014
Acta de suspensión 4 Suspende el plazo por 20 días 8 de marzo de 2015
calendario: extiende la
suspensión hasta el 6 de agosto
de 2014
Acta de suspensión 5 Suspende el plazo por 15 días 23 de marzo de 2015
calendario: extiende la
suspensión hasta el 20 de
agosto de 2014
Acta de suspensión 6 Suspende el plazo por 25 días 17 de abril de 2015
calendario: extiende la
suspensión hasta el 14 de
septiembre de 2014
Prórroga 2 Adiciona el plazo por 4 meses: 16 de agosto de 2015
del 16 de abril al 16 de agosto de
2015
Prórroga 3 Adiciona el plazo por 120 días (4 16 de diciembre de 2015
meses): del 16 de agosto al 16
de diciembre de 2015
Prórroga 4 Adiciona el plazo por 4 meses y 1 de mayo de 2016
15 días: del 16 de diciembre de
2015 al 1 de mayo de 2016
Prórroga 5 Adiciona el plazo por 60 días 1 de julio de 2016
calendario (2 meses): del 1 de
mayo al 1 de julio de 2016
Prórroga 6 Adiciona el plazo por 10 días 10 de julio de 2016
calendario: hasta el 10 de julio de
2016
137. La primera conclusión que arroja la anterior información es que la
prolongación del plazo no devino únicamente de las prórrogas suscritas, también se
originó en varias suspensiones que las partes asintieron durante su interregno.
145
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 8 de noviembre
de 2021, radicación 250002336000201302201 01 (56023), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
38
Radicación: 25000233600020170045901 (71.456)
Demandante: Consorcio Estaciones Transmilenio 2013
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU–
Asunto: Controversias contractuales
138. Es pertinente recordar que la suspensión del contrato es un convenio en
virtud del cual las partes estipulan su parálisis transitoria debido a la ocurrencia de
eventos que impiden temporalmente su ejecución. Este pacto se eleva como una
herramienta de reconocimiento de los sucesos que tengan tal connotación y, por
tanto, en mecanismo para precaver el avance inocuo del plazo negocial, permitiendo
a las partes actuar en el marco de su autonomía negocial en procura de atender las
circunstancias que trastocan la marcha normal del vínculo y evitar que éstas lo
perjudiquen en mayor medida146.
139. En todas las actas a través de las cuales se detuvo la ejecución del negocio,
las partes consignaron que las circunstancias allí descritas no generaban costos
adicionales para el contrato147. De nuevo, al tratarse de acuerdos en los que el
contratista signó su anuencia indicando que tales eventos no generaban mayores
costos a su favor, no resulta jurídicamente admisible, sin más, que el consorcio
pretenda apartarse de sus propias manifestaciones para desconocer los términos
en que fue trabada la negociación llevada a las actas de suspensión libremente
concertadas.
140. La fuerza vinculante de las renuncias expresas que, como se indicó, son
manifestaciones con respaldo en el ordenamiento jurídico, al ser incluidas en la base
de las actas de suspensión están llamadas a desatar sus efectos, de modo que su
consagración implica que bajo el vínculo negocial se acordó trasladar al contratista
las consecuencias económicas que eventualmente se habrían de presentar durante
ese período. Por ende, no se harán reconocimientos económicos por los tiempos
de permanencia en obra en los periodos suspendidos que fueron cubiertos por tales
manifestaciones, pues no se advierte alguna razón por la que la Sala debiera restar
validez y eficacia a una expresión de voluntad en tal sentido.
141. No se debe perder de vista que la manifestación de renuncia a mayores
costos proviene de un experto, el contratista, quien en su haber tiene el
conocimiento tanto de la actividad que está desarrollando como de los gastos y
costos que pueden o no generarse en el marco de una suspensión, es el profesional
en la labor contratada, por tanto, quien mejor conoce si el manejo de una
contingencia contractual le afecta, le incumbe asumirla, o incluso, a propósito de su
experiencia, adopta medidas suficientes para la mitigación del daño propio y, en
general, de aquel que se pueda proyectar en la economía del contrato.
142. Lo hasta aquí expuesto lleva a señalar, de una parte, que ante la evidencia
de que las partes acordaron en las prórrogas No. 1, 4, 5 y 6 que no se generaban
costos adicionales para la entidad, conforme a estipulaciones conscientes,
voluntarias y ajenas a constreñimiento o condicionamientos, éstas son plenamente
válidas y están llamadas a producir efectos. Por tanto, no hay lugar a reconocer
mayores costos derivados de las prolongaciones del plazo contractual así pactadas.
146
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 5 de febrero de
2024, radicación 130012333000201300328 01 (62.324), C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
147
Ver: (i) acta No. 2 de suspensión, fls.136 y 137, c.3.; (ii) acta No. 3 de suspensión, fls.138, c.3.; (iii) acta No. 4 de suspensión,
fls.139, c.3.; (iv) acta No. 5 de suspensión, fls.140, c.3.; y (v) acta No. 6 de suspensión, fls.141, c.3.
39
Radicación: 25000233600020170045901 (71.456)
Demandante: Consorcio Estaciones Transmilenio 2013
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU–
Asunto: Controversias contractuales
143. La anterior afirmación difiere del análisis que atañe a las prórrogas No. 2 y 3,
pues en éstas los contrayentes se abstuvieron de contemplar una estipulación en
los términos acabados de desarrollar, es decir, allí hubo una negociación diversa a
la alcanzada en los otros escenarios señalados. Sobre el particular, conviene aclarar
que el silencio no tiene efectos dispositivos, es decir, no conduce a entender que
una omisión sobre la determinación de los efectos económicos de tales acuerdos
denote, por sí misma, una renuncia a reclamaciones futuras o a reconocimientos
económicos, por cuanto ello conduciría a desconocer el contenido transaccional
dispuesto por las partes y a imponerles obligaciones de conducta que la ley no
exige, como se indicó en sentencia de unificación proferida por la Sección Tercera
de esta Corporación el 27 de julio de 2023 (exp. 39.121).
144. Por consiguiente, el período comprendido del 16 de abril al 16 de diciembre
de 2015 –atinente a la extensión del plazo pactada en esos acuerdos– quedó fuera
de las estipulaciones de las partes de conservar los elementos del acuerdo no
modificados, o de señalar que no se generaban erogaciones adicionales por el
aumento de plazo.
145.El apelante argumenta que no debe soportar los costos derivados de esta
situación, sino que corresponde al IDU hacerlo, porque las causas que determinaron
las prórrogas del plazo fueron ajenas a su conducta y, por ello, no hacen parte de
los riesgos que asumió de acuerdo con el art. 4º de la Ley 1150 de 2007148. De
modo que se impone a la Sala examinar las particularidades de tales acuerdos, y
analizar la asignación de riesgos asociados a las circunstancias plasmadas como
causa de su celebración.
146. En reciente oportunidad, esta Sala149 puntualizó que el riesgo previsible se
refiere a circunstancias externas a las partes del contrato, que son identificables y
cuantificables150, y que pueden alterar los resultados económicos esperados, tanto
en los ingresos como en los costos151. La concreción de estos sucesos puede
aparejar consecuencias tanto favorables como desfavorables para quien las asume,
que se traducen en una disminución o aumento de los costos del negocio,
respectivamente152.
148
El artículo 4º de la Ley 1150 de 2007 señala: “los pliegos de condiciones o sus equivalentes deberán incluir la estimación,
tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación. // En las licitaciones públicas, los pliegos
de condiciones de las entidades estatales deberán señalar el momento en el que, con anterioridad a la presentación de las
ofertas, los oferentes y la entidad revisarán la asignación de riesgos con el fin de establecer su distribución definitiva”.
149
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 7 de febrero de
2025, radicación 25000233600020200039601 (70.250), C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
150
Estas características del riesgo previsible fueron destacadas en la reglamentación inicial de la Ley 1150 de 2007. El artículo
88 del Decreto 2474 de 2008 establecía que “El riesgo será previsible en la medida que el mismo sea identificable y
cuantificable por un profesional de la actividad en condiciones normales”. En este mismo sentido, el CONPES 4117 de 2023,
que regula la política de riesgo contractual del Estado para proyectos de infraestructura con participación privada, señala:
“riesgo no equivale a incertidumbre. Knight (1921) detalla cómo a un riesgo se le puede asignar una probabilidad a través de
un cálculo matemático o estadístico asociado con eventos ocurridos en el pasado. Algo distinto es la noción de incertidumbre
que, en cambio, se asocia con eventos que no son susceptibles de ser medidos dada su rareza y por ende no pueden ser
eliminados por completo. Allí, señala el autor, el seguimiento contractual periódico se torna fundamental”.
151
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 10 de septiembre de 2021. Exp. 51.219.
152
Al respecto, esta Sala explicó: “Por ejemplo, en un contrato de obra a precio global, el constructor asume el riesgo de
mayores o menores cantidades de obra. Si las cantidades realmente ejecutadas resultan ser menores a las que se previeron
al momento de proponer, el constructor obtendrá, ceteris paribus, un retorno mayor porque sus costos directos serán menores
a los inicialmente previstos, sin que por ello la entidad comitente pueda dejar de pagar la totalidad del precio, salvo pacto en
contrario. Con todo, la concreción del riesgo también puede generar efectos desfavorables cuando resulta necesario ejecutar
una mayor cantidad de obra. En este caso, el contratista debe retener el efecto y no es procedente reclamar a la entidad el
pago de sumas adicionales” sentencia del 7 de febrero de 2025, radicación 25000233600020200039601 (70.250) ib.
40
Radicación: 25000233600020170045901 (71.456)
Demandante: Consorcio Estaciones Transmilenio 2013
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU–
Asunto: Controversias contractuales
147. El encargo de definir y distribuir los riesgos del contrato es de tal relevancia que
la etapa precontractual tiene destinada una oportunidad precisa, llevada a audiencia
obligatoria en tratándose de licitaciones153, conforme a la cual la entidad presenta
el análisis de riesgos y estos se asignan desde los términos que edifican el proceso
de selección; por supuesto, antes de la presentación de las ofertas para que éstos
sean considerados dentro de los valores que la conforman, como dispone el art. 4154
de la Ley 1150 de 2007 y se desarrolla en las disposiciones reglamentarias.
148. Así, desde la formación del contrato quedan definidas las reglas a las que se
sujetan las partes en el iter contractual, que son las que debe seguirse de cara a la
concreción de los riesgos asignados y distribuidos entre ellas; de modo que, ante el
panorama que materializa un evento de tal naturaleza, no puede una de ellas de
forma unilateral sustraerse de dicho pacto, a menos que demuestre la ilegalidad de
la cláusula en que éstos fueron definidos.
149.Esta Subsección se ha referido al ámbito de responsabilidad que asume el
sujeto a quien se asigna el riesgo, y sus efectos en la economía del contrato, al
señalar:
“De esta manera, los riesgos asignados forman parte de la equivalencia entre derechos
y obligaciones surgida al momento de proponer o contratar (Ley 80 de 1993, art. 27).
Al considerar el riesgo asignado como un componente integral de las condiciones
económicas pactadas inicialmente, su materialización no altera el equilibrio financiero
del contrato pues se entiende que tal riesgo, su ocurrencia y efectos, ya hacen parte
de la ecuación que determinó tal equilibrio a partir de la estructuración de los precios y
demás componentes de la misma. En consecuencia, sus efectos deben ser asumidos,
dentro de los límites acordados, por la parte a la que se le asignó y así aceptó al
contratar (…)”155.
150.
El IDU estableció en el anexo técnico separable del pliego de condiciones 156 la
matriz de riesgos del negocio jurídico. En la cláusula “trigésima tercera” del contrato
se estipuló "hacen parte integral del contrato los estudios previos, el pliego de
condiciones, sus anexos y apéndices", por lo que esta matriz constituye un
documento contractual que delimita el contenido obligacional del asunto en
cuestión, cuyos apartes pertinentes se transcriben a continuación:
“4.14. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS
PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL
CONTRATO
ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS
153
El Decreto 1082 de 2015 establece en el art. 2.2.1.2.1.1.2. lo siguiente: “Audiencias en la licitación. En la etapa de selección
de la licitación son obligatorias las audiencias de: a) asignación de Riesgos, y b) adjudicación. Si a solicitud de un interesado
es necesario adelantar una audiencia para precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones, este tema se tratará
en la audiencia de asignación de Riesgos.
En la audiencia de asignación de Riesgos, la Entidad Estatal debe presentar el análisis de Riesgos efectuado y hacer la
asignación de Riesgos definitiva (…)”.
154
“ARTÍCULO 4o. DE LA DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS EN LOS CONTRATOS ESTATALES. Los pliegos de condiciones o
sus equivalentes deberán incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la
contratación.
En las licitaciones públicas, los pliegos de condiciones de las entidades estatales deberán señalar el momento en el que, con
anterioridad a la presentación de las ofertas, los oferentes y la entidad revisarán la asignación de riesgos con el fin de
establecer su distribución definitiva”.
155
sentencia del 7 de febrero de 2025, radicación 25000233600020200039601 (70.250) ib.
156
Fls.84 y 85, c.3.
41
Radicación: 25000233600020170045901 (71.456)
Demandante: Consorcio Estaciones Transmilenio 2013
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU–
Asunto: Controversias contractuales
TIPIFICACIÓN DEL RIESGO ASIGNACIÓN VALORACIÓN ESTIMACIÓN
DEL RIESGO DEL RIESGO
No. TIPO DE DESCRIPCIÓN IDU CONSULTOR OBSERVACIONES
RIESGO
1 Riesgos Demora en la 100% Valor del Riesgo que
operacionales revisión y/o producto asume el
aprobación consultor
de diseños
por parte de
Entidades
Distritales
(SDM, SDP,
UAESP,
otras)
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
RIESGOS OPERACIONALES
No. DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES ASIGNACIÓN DEL PORCENTAJE ESTIMACIÓN
RIESGO DE RIESGO A DEL RIESGO
ASUMIR
IDU PROPONENTE
Y/O
CONTRATISTA
Demoras en
trámites de Cuando el IDU
coordinación y/o contratista
interinstitucional dependen de
con otras decisiones de
6 entidades otras entidades, X 100% 1% PO
involucradas siempre y cuando
directamente el contratista
con el haya demostrado
desarrollo del la debida gestión
contrato
Riesgo que
asume el IDU por
deficiencia,
insuficiencia o
necesidad de
X 100%
cambio en los
estudios y
diseños
suministrados por
Por diseños
la Entidad
deficientes y/o
Riesgo que
incompletos
7 asume el 2%PO
ejecutados por
contratista sobre
el consultor - X 100%
los diseños y los
diseñador
productos finales
que este elabore
Riesgo que
asume el
contratista una
vez se apropie de X 100%
los diseños
entregados por el
IDU
151.En el expediente no consta que el consorcio o algún otro interesado hubiese
formulado observaciones sobre la asignación de riesgos del contrato. Se entiende,
entonces, que la claridad y determinación de los riesgos en la matriz fue un asunto
conocido y aceptado por los interesados, entre ellos, por el contratista.
42
Radicación: 25000233600020170045901 (71.456)
Demandante: Consorcio Estaciones Transmilenio 2013
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU–
Asunto: Controversias contractuales
152.Como se lee, bajo la matriz de riesgos del contrato fue acordado que el
consorcio quedó a cargo de los efectos generados por la demora “en la revisión y/o
aprobación de diseños por parte de entidades distritales” para la fase de estudios y
diseños, así como las contingencias derivadas de los diseños deficientes o
incompletos en la etapa constructiva, cuando éstos fueren elaborados por el mismo
contratista, como ocurrió en este asunto.
153.Las partes estipularon expresamente como obligaciones del contratista la de
“elaborar los estudios y diseños cumpliendo con los pliegos de condiciones, su
programa de trabajo, las normas y especificaciones técnicas de las Empresas
Servicios Públicos, la EAAB, Secretaría Distrital de Movilidad, Secretaría Distrital de
Planeación y otras Entidades y/o autoridades competentes y propias del proyecto,
vigentes a la suscripción del contrato” (transcripción literal que incluye eventuales
errores). Si las causas de la prórroga y la consecuente mayor permanencia eran
imputables al contratista, éste asumiría los costos generados durante dicho período,
por lo que, en estos eventos, en lugar de efectuarse la distribución de un riesgo
propiamente dicho, que se refiere a eventos externos, la distribución comprendió las
consecuencias de una conducta antijurídica, por deficiencias en el cumplimiento de
sus obligaciones. Lo anterior, reafirma el principio de buena fe, conforme al cual
nadie puede beneficiarse de su culpa ni pedir el reconocimiento de sobrecostos o
perjuicios originados en su propio incumplimiento.
154. Es necesario precisar que la ausencia de un pacto expreso sobre los efectos de
las prórrogas surgidas por la actividad de terceros, como las empresas de servicios
públicos, las entidades distritales y el mismo Transmilenio, no puede tenerse en este
caso como una situación que deba ser asumida por el IDU157. Esta interpretación
constituiría un error lógico de negación del antecedente, pues implicaría vaciar de
contenido la disposición de la matriz que le asigna al consorcio (también diseñador)
la contingencia por la demora en la revisión y aprobación de sus productos (entre
las que se encuentran las empresas de servicios públicos, pues también participan
del aval a los diseños), eventualidad que es del resorte y manejo del consorcio en
virtud de la naturaleza misma de la actividad contratada.
155. Lo que se valoró en la matriz respecto a las aprobaciones finales de los diseños
no se cataloga en la gestión de coordinación entre entidades, pues esta
contingencia está referida a aquellos eventos en que existan indefiniciones que
deban ser superadas a través de la gestión conjunta entre entidades; situación que
difiere de la aprobación que sobre los diseños deben otorgar las diferentes
autoridades, pues es el contratista, aquí “diseñador -constructor”, el responsable de
157
“10. PRÓRROGA.: Si por circunstancias previamente revisadas y aprobadas por el Interventor y el área Coordinadora del
IDU, se requiere modificar el plazo del Contrato, las partes celebrarán una adición en plazo o prórroga de acuerdo con las
disposiciones legales.
Si las causas de la prórroga son imputables al CONTRATISTA, los costos que genere la misma serán de su cuenta y riesgo;
por consiguiente, el IDU no le reconocerá valor alguno por el tiempo adicional.
(...)
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por causas imputables al CONTRATISTA se requiera en adicionar el plazo el contrato para
lograr el fin del proyecto y evitar un perjuicio mayor para la entidad y no se considera que existen razones suficientes que
justifiquen la declaratoria de caducidad, todos los costos que se generaran por esta adición en plazo serán por cuenta del
CONTRATISTA, incluyendo el valor del precio adicional de interventoría el cual será descontado por el IDU de las actas de
obra y/o acta de liquidación. En este evento, el valor correspondiente al plazo adicional de la Interventoría será descontado
de las actas de pago mensual y/o liquidación del CONTRATISTA, para lo cual con la firma de este contrato se autoriza al IDU
a realizar el respectivo descuento, así como asumir el costo de dicha interventoría”.
43
Radicación: 25000233600020170045901 (71.456)
Demandante: Consorcio Estaciones Transmilenio 2013
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU–
Asunto: Controversias contractuales
que su producto fuera idóneo y cumpliera con todos los permisos legales
respectivos hasta el punto de lograr su aprobación. La lógica de tal encargo se
asienta en su rol profesional en el contrato, quedando compelido a afrontar las
vicisitudes relacionadas con la aprobación de sus diseños al culminar la obra, lo que
resulta enteramente previsible en este tipo de encargos, como quedó expuesto en
la citada matriz.
156.Precisado lo anterior, corresponde establecer cuáles fueron las causas que
dieron lugar a las prórrogas No. 2 y 3, a efectos de determinar si la asunción de los
costos generados por las mismas corresponde al consorcio o al IDU, en los términos
explicados.
157.Consta que la prórroga No. 2158, celebrada el 16 de abril de 2015, se originó en
una solicitud presentada por el consorcio, fundamentada en demoras en la
aprobación del plan de manejo de tráfico (PMT) por la Secretaría Distrital de
Movilidad (SDM), ajustes a los diseños debido a lo autorizado respecto del carril de
reposición a la calzada oriental, y la interferencia de la red matriz de 60” de diámetro
en la estación Mazurén, que requirió el permiso de la EAAB para el desmonte de la
plataforma de protección para esta red.
158.Frente a tales circunstancias, las partes acordaron una prórroga de 4 meses, y
aun cuando convinieron que las demás cláusulas continuaban vigentes sin
modificaciones –incluida la de valor del contrato–, también dejaron consignado que
derivado de estas situaciones podían generarse mayores cantidades de obra, ítems
no previstos y adicionales, así que “de presentarse alguna de estas situaciones las
partes realizarán un análisis de las mismas y se procederá a realizar el trámite de
acuerdo a la necesidad conforme a lo dispuesto por la ley”. Lo anterior distinguiendo
entre las demoras que generaban las aprobaciones de otras entidades –eventos
inscritos en la distribución de riesgos a cargo del contratista–, y las actividades que
tales aprobaciones podrían generar respecto de los ítems y alcance concertado.
159. La prórroga No.3159, suscrita el 14 de agosto de 2015, recogió las anteriores
situaciones y se acompañó de la adición No. 1. En esta oportunidad, se amplió el
plazo en 120 días y se añadieron recursos públicos al contrato por valor de
$6.218’580.491. Esta modificación contractual, en su conjunto, tuvo fuente en las
directrices implementadas a través del PMT conforme a las cuales se debía
garantizar siempre, al menos, dos carriles de circulación por sentido en las calzadas
rápidas de la Autopista Norte; también en la demora en la autorización de reemplazo
del vallado en el sector de las estaciones Calle 146 y Toberín, por parte de la SDA;
los requerimientos de la EAAB, a fin de asegurar que la red matriz de acueducto de
60” no sufriría movimiento alguno producto de los trabajos de cimentación de la
pasarela entre los vagones de la estación Mazurén; y en las modificaciones
solicitadas por Transmilenio respecto a los planos constructivos de las estaciones.
160.
Los términos en que fueron suscritas las prórrogas 2 y 3, y su hilo conductor,
denotan que las partes llegaron a acuerdos en los que se revisó la ecuación del
158
Fls.147 a 149, c.3.
159
Fls.150 y 151, c.3.
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contrato de cara a las circunstancias hasta ese momento acontecidas; de modo que
las hipótesis que se constituían en riesgos asumidos por el contratista conforme a
lo pactado, junto con aquellas modificaciones que generaban mayores cantidades
de obra, ítems no previstos y adicionales, quedaron cubiertos con el último de estos
instrumentos. Ello explica que las partes, luego de adicionar en más de 6.000
millones de pesos el contrato, estipularon en la cláusula novena de dicho pacto, que
“[l]as demás cláusulas del contrato, sus modificaciones y prórrogas, no modificadas
continúan vigentes y surten los efectos legales que ellas fijan”.
161. Lo anotado muestra que esas dos prórrogas fueron causadas por retrasos
atribuibles a terceros: (i) la SDM, en lo relativo a la obtención del PMT, (ii) la SDA,
en punto a la autorización de reemplazo del vallado, (iii) la EAAB, en relación con el
aval que debía otorgar frente a la no alteración de la red matriz de acueducto; y al
mismo diseñador (consorcio), en tanto que tuvo modificar los diseños para ajustarlos
a las aprobaciones dadas frente al carril de reposición de la calzada oriental y los
requerimientos de Transmilenio, que debía contemplar según el clausulado
negocial.
162. El plenario es diáfano en evidenciar que las causas que motivaron esas
prórrogas no fueron atribuibles al IDU. No hay evidencia de que la entidad hubiera
incumplido sus obligaciones, ni que el supuesto incumplimiento hubiera originado la
necesidad de ampliar el plazo. Lo que sí devela el examen de lo pactado es que las
demoras en la revisión y/o aprobación de diseños por las entidades distritales
constituyó un riesgo a cargo del consorcio, y esta contingencia hizo parte de las
condiciones económicas pactadas inicialmente, de ahí que su materialización no
puede considerarse una alteración del equilibrio financiero del contrato, a menos
que se demuestre que este suceso superó las contingencias identificadas y
razonablemente previsibles; situación que no se acreditó procesalmente,
comoquiera que el contratista se limitó a expresar su reparo frente a los retrasos de
las entidades distritales, sin indicar en qué medida tales retrasos habrían excedido
el riesgo que se comprometió asumir en ese sentido. A la par, se acreditó que los
sucesos que comprometieron el desarrollo del proyecto constructivo fueron tratados
por las partes en las prórrogas 2 y 3, incluyendo la adición de recursos, definiendo
nuevos ítems y nuevos precios frente a los acordados.
163.En síntesis, el consorcio debe soportar los efectos económicos derivados de la
prolongación del término negocial, toda vez que: (i) renunció expresamente a la
generación de costos adicionales por la extensión del tiempo que conllevó la
suspensión del negocio jurídico, (ii) declinó el reconocimiento de un mayor precio
con ocasión de las prórrogas No. 1, 4, 5 y 6, sin que se acreditara que las
estipulaciones que acordó en tal sentido adolecen de nulidad, por un vicio de
consentimiento, o son ineficaces, y (iii) se demostró que los efectos patrimoniales
de las prórrogas No. 2 y 3 eran parte de los riesgos asumidos por el contratista
desde las bases del contrato, y que los acontecimientos que les dieron lugar fueron
superados incluyendo una adición de recursos que niveló la ecuación financiera del
negocio jurídico en ese momento, lo que justificó que las partes llegaran a tal
convenio.
45
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• Incumplimientos endilgados al consorcio
164.El Tribunal consideró que el consorcio inobservó sus obligaciones, puesto que
entregó los estudios y diseños geométricos sin la correspondiente aprobación de la
SDM. Aseguró que, en virtud de esta omisión, el IDU no podía recibir a satisfacción
la obra. Pese a lo anterior, no accedió a las pretensiones indemnizatorias
formuladas por el instituto, dado que éste permitió el inicio de la etapa de
construcción y la implementación de la alternativa No. 2, sin el cumplimiento de los
requisitos exigidos para el efecto.
165. Al apelar, el IDU niega que hubiese avalado la construcción de la obra sin contar
con autorización de la secretaría respectiva; además, que el contratista fue quien
modificó los diseños sin informar los cambios a las autoridades competentes. Por
su parte, el consorcio asevera que los diseños sí fueron aprobados por la SDM,
pero, posteriormente, tuvieron que ser ajustados por orden de la entidad, y bajo esa
instrucción, ejecutó la obra. Igualmente, señala que el instituto le impuso la
implementación de un PMT indefinido, sin justificación para ello; sumado a que sí
cumplió con la entrega de los paz y salvo emitidos por las empresas de servicios
públicos.
166. Lo expuesto, conduce a la Sala estudiar cada una de las prestaciones
señaladas como inobservadas, a fin de desatar los reparos formulados por las
partes; iniciando con lo acontecido respecto a los diseños geométricos, para
continuar con lo relativo al PMT y luego con la entrega de los paz y salvos de obra.
• Los diseños geométricos
167. De conformidad con los términos de la selección abreviada que precedieron la
celebración del negocio jurídico, en particular su anexo técnico separable, la fase
de estudios y diseños comprendía la realización de las actividades concernientes a
la topografía, el PMT completo y avalado por la SDM, los diseños geométricos,
urbanismo y espacio público, redes y servicios públicos, estudios geotécnicos y
evaluación de los impactos ambientales y sociales del proyecto.
168.Se aclaró que la referencia de las actividades enunciadas para dicha etapa
constituía un listado de las conductas mínimas exigidas y que el contratista estaba
llamado a complementarlas en caso de que lo considerara necesario para lograr el
éxito del proyecto. La normatividad suministrada era una guía general, que no
eximía al contratista de la responsabilidad que le correspondía frente a las mismas,
para lo cual, el proponente debía consultar con las entidades competentes (SDP160,
SDM, Gas Natural, Codensa, EPM Bogotá, ETB, Telecom, EAAB, Transmilenio
S.A., entre otras) las normas y especificaciones técnicas que dieran lugar al correcto
desarrollo del objeto161.
169.Sin pretender ahondar en su tecnicismo, los diseños geométricos –tema que
toca al sub examine– consisten en “el proceso de correlacionar los elementos físicos
160
Secretaría Distrital de Planeación.
161
Ver: 4.3.10. Revisión y aprobación de los Estudios y Diseños del Anexo Técnico Separable. Fl.78, c.3.
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de la vía con las condiciones de operación de los vehículos y las características del
terreno”162, para lo cual “es necesario establecer las relaciones posibles entre la vía
en potencia, el vehículo y el conductor, que son los tres elementos que intervienen
en la operación de transportar”163. Es decir, se refieren a la actividad conforme a la
cual se define el trazado de la vía, con sus respectivas dimensiones, en atención a
las condiciones del terreno en que se desarrolla y los elementos de seguridad y
funcionalidad que se deben garantizar dentro de la operación de tránsito.
170.Frente a las obligaciones atinentes a los diseños geométricos, se contempló que
el contratista debía realizar el ajuste de la geometría existente para permitir la
implantación de las estaciones con sus carriles de sobrepaso, de tal manera que los
buses pudieran efectuar las maniobras de aproximación y partida para el
intercambio de pasajeros con comodidad y seguridad. Asimismo, debía “cumplir las
especificaciones geométricas establecidas por las entidades Nacionales y
Distritales”164.
171. Para entender el trámite que se debía seguir en punto al éxito del primer
componente del proyecto, es decir, los estudios y diseños contratados, se percata
que éste iniciaba con la fase preliminar165, atinente a la revisión y verificación de la
información esencial para el asunto, seguida de la etapa de ejecución, consistente
en la elaboración de los mencionados documentos –incluidos los diseños
geométricos–. En los términos del núm. 4.3.1. del anexo técnico separable, si para
la ejecución de los estudios y diseños contratados, se requería de la aprobación por
parte de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), la Secretaría Distrital de
Movilidad (SDM), las empresas de servicios públicos, y demás entidades
competentes, el contratista debía encargarse de tales trámites dentro del plazo
contractual establecido para estas actividades, sin que ello constituyera causal de
demora en la ejecución del proyecto, pues debía contemplarse.
172. Los referidos lineamientos resultan concurrentes con las obligaciones que al
respecto se establecieron en el contrato, al prever que correspondía al consorcio:
“[e]laborar los estudios y diseños cumpliendo con los pliegos de condiciones, su
programa de trabajo, las normas y especificaciones técnicas de las Empresas
Servicios Públicos, la EAAB, Secretaría Distrital de Movilidad, Secretaría Distrital
de Planeación y otras Entidades y/o autoridades competentes y propias del
proyecto, vigentes a la suscripción del contrato”166, así como “en materia de
coordinación interinstitucional ... c) [p]resentar al IDU los diseños geométricos,
paramentación, secciones viales paisajismo y urbanismo y directrices del taller de
espacio público, para su revisión y aprobación y posterior trámite ante la SDP
cumpliendo con las especificaciones técnicas y normativa vigente”167 (transcripción
literal que incluye eventuales errores).
162
CHOCONTÁ ROJAS, Pedro: “Diseño Geométrico de Vías”, Editorial Escuela Colombiana de Ingeniería, Bogotá, 2008, p.
19.
163
Ibidem.
164
Fl.71, c.3.
165
Fases así denominadas en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de contratos de infraestructura vial y espacio público
del IDU, fls.70 a 78, c.7.
166
Fl.122, c.3.
167
Ibidem.
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173. En esta etapa de ejecución, el Manual de Interventoría y/o Supervisión de
contratos de infraestructura vial y espacio público de la entidad es claro en prever
que al consultor le corresponde realizar los estudios geométricos, al interventor
verificar que aquél los ejecute cumpliendo las especificaciones técnicas de las
autoridades competentes y las propias del proyecto, y a la supervisión del IDU le
atañe hacer seguimiento a las tareas del consultor y el interventor, a través de la
información que este último le suministre168.
174.Culminadas esas fases, sigue la relacionada con “la entrega, revisión y
aprobación del diseño”, para la cual el contratista se comprometió, en la cláusula
decimosegunda del negocio, a: “1) Realizar los ajustes necesarios para el recibo a
satisfacción por parte de la interventoría y el IDU de los estudios y diseños, 2)
Realizar los trámites ante las ESP y entidades distritales para obtener las
aprobaciones correspondientes por las ESP y entidades competentes 3) Realizar
los ajustes necesarios solicitados por parte de las ESP y entidades distritales
competentes (...)”169.
175.El anexo técnico separable es expreso en indicar que “el contratista es
responsable del seguimiento de los diseños que se deberán radicar en cada una de
las empresas de servicios públicos y entidades distritales si así se requiere”170 y
que, “[e]n todo caso una vez presentados los estudios y diseños por el contratista al
IDU, se entenderá que la responsabilidad de los mismos será asumida en su
totalidad por el contratista”171(se subraya).
176. Lo anterior, se complementa con el Manual de Interventoría y/o Supervisión del
instituto, que establece que para esta fase el consultor debe presentar los productos
encargados ante la interventoría, cumpliendo con las especificaciones técnicas y la
normatividad vigente, y esta última debe aprobar y entregar al IDU tales insumos,
certificando que observan los requisitos que les atañen, mientras que a la
supervisión de la entidad le compete “recibir aprobados por parte de la interventoría,
las ESP y demás entidades competentes los estudios y diseños y remitirlos al
Centro de Documentación”172.
177.El cierre de estas fases daba lugar a la etapa de construcción del proyecto. Al
respecto, el anexo técnico separable estableció que la “iniciación de las obras
[estaba] sujeta a la obtención de los permisos y aprobaciones que sean
requeridas”173 (resalta la Sala).
178.Esclarecidas las actividades que componían el desarrollo de los estudios y
diseños, pasa a reseñarse lo acontecido en el negocio bajo examen, con el fin de
determinar qué parte no satisfizo las obligaciones que le correspondían en esta
estructura obligacional.
168
Ver: Fase de ejecución – componente técnico de la Etapa de Diseño, fl.74, c.7.
169
Ibídem.
170
Fl.78, c.3.
171
Ibídem.
172
Fl.77, c.7.
173
Ver: 4.4. Etapa de construcción del Anexo Técnico Separable. Fl.78 (reverso) c.3.
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179. El contrato inició el 13 de enero de 2014 –fecha de suscripción de la
respectiva acta174–. El 30 de mayo de ese año, la interventoría informó al consorcio,
a través de oficio MAB-1-1697-0132-14175, que la definición geométrica cumplía con
las especificaciones generales para este tipo de proyectos; sin embargo, se debían
atender todas las observaciones y recomendaciones planteadas por el especialista
en la materia.
180. El 4 de agosto de 2014, en comunicación CET-3194-180-14176, el consorcio
indicó al IDU que la elaboración de los estudios y diseños arrojó un presupuesto de
obra que superaba en un 78% el valor del contrato, dado que contemplaba la
construcción de un nuevo carril para uso exclusivo del sistema Transmilenio, para
crear el sobrepaso de los articulados frente a los nuevos vagones que se proyectaba
instalar, y ello implicaba reconfigurar la sección de la autopista en el tramo
correspondiente y restituir el carril de tráfico mixto, interviniendo el separador que
aísla la paralela correspondiente, ya sea en el costado oriental u occidental.
181. Mediante escrito del 22 de septiembre de 2014, número CET-3194-208-
14177, el consorcio planteó una controversia técnica con el propósito de que se
realizara una revisión del acuerdo para la escogencia de una de las tres
alternativas178 que propuso en relación con el rediseño de los productos, de modo
que no se generara el aumento del presupuesto en el porcentaje indicado; lo
anterior, en virtud de las solicitudes que el IDU le realizó al respecto179.
182. En oficio STEST 20143461176321 del 24 de septiembre de 2014180, el IDU
indicó que el contratista debía implementar la alternativa No. 2, que conllevaba la
utilización de la totalidad del pavimento existente en cada una de las estaciones y
la construcción del nuevo carril de la calzada mixta con base en el diseño de
pavimento efectuado.
183. El 10 de octubre de 2014, mediante el Acta No. 8, denominada de “Recibo y
Aprobación de Diseños e Iniciación de Ejecución de Obra”, la interventoría aprobó
la fase de diseños y estudios y recibió los productos derivados de la misma, entre
ellos, el diseño geométrico, con nota de aprobación de la interventoría y de la SDM
(Seguridad Vial). La firma interventora, luego de verificar el programa de obra,
174
Fls. 132 y 133, c.3.
175
Fl.174, c.3.
176
Fls.178 a 179, c.3.
177
Fls.210 a 223, c.3.
178
Las tres alternativas consistieron en:
Alternativa No. 1: Contemplaba una reducción del costo del proyecto, mediante: (i) la utilización de concreto MR-45
convencional para las placas de pavimento, no fundiendo estas losas con concreto MR-45 fast-track, que fue un ítem no
previsto; (ii) la reducción de las áreas de intervención de las estaciones; (iii) la supresión de tramos de pasarelas de transición
en las estaciones Calle 146 y Mazurén, que no afectan la puesta en funcionamiento de las estaciones; (iv) ajustes de
cantidades al diseño eléctrico, en relación con sistemas de emergencia para la iluminación dentro de los vagones. El valor de
estas reducciones asciende a un 27,95%, por lo que “el nuevo valor actual del contrato supera su valor inicial en un 50.01%”.
Alternativa No. 2. Intervención parcial de las calzadas – propuesta presentada por el IDU y Transmilenio S.A.:
consistente en la ampliación de las estaciones, construyendo en forma completa las calzadas de uso exclusivo del sistema
Transmilenio, y el carril de restitución mixto, pero sin intervenir las calzadas de tráfico mixto intermedias, dejándolas en el
estado en que se encuentran.
Alternativa No. 3. Utilización de asfalto en la Intervención total de las calzadas: referente al planteamiento de por lo
menos 2 alternativas de intervención de los pavimentos existentes y diseño, que involucren materiales diferentes, considerado
estructuras de pavimento rígidas o flexibles y la utilización de materiales de base y sub-base granulares.
179
Para el consorcio, la alternativa adecuada era la No. 1, toda vez que, a su juicio, la opción No. 2 no contaba con soporte
técnico para garantizar la estabilidad de las estructuras nuevas y aceleraba el deterioro de las calzadas sin intervenir; y la
alternativa No. 3 –construcción de las tres estaciones con sus carriles de sobre paso, sin intervenir el pavimento de los mixtos–
porque no daba opción de garantizar las obras viales que se proyectaba efectuar.
180
Cd5, archivo: “No.8-20143461176321”.
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personal y maquinaria, dio visto bueno al inicio de la etapa de construcción del
proyecto. En efecto, en el acta se incluyó la siguiente constancia:
“Se deja constancia que la interventoría revisó y aprobó las memorias de cálculo,
informes técnicos, planos y cantidades de obra, correspondientes a los diseños de
acuerdo con las especificaciones técnicas indicadas en los términos de referencia
y normatividad vigente, y se constató que los planos correspondientes a redes de
servicios fueron radicados en las respectivas empresas de servicios públicos” (se
subraya).
184.El anterior documento, junto con el recuento de las prestaciones atinentes a la
etapa de diseños, son coincidentes en establecer que le competía a la interventoría
dar la aprobación a los estudios y diseños efectuados por el consorcio, como consta
que lo hizo a través de la última acta. De acuerdo con el Manual de Interventoría en
este segmento la entidad no participaba pues, como allí se indica, al supervisor del
IDU le correspondía recibir los productos aprobados por la firma interventora.
185.A lo largo del proceso, el consorcio fue insistente en señalar que sí obtuvo la
aprobación de los diseños geométricos por parte de la SDM, pero que tuvo que
ajustarlos, en virtud del cambio en el alcance del contrato ordenado por la entidad,
por lo que la posterior negativa en punto a la aprobación de esos cambios tuvo
origen en la conducta del propio instituto. Los insumos que obran en el plenario no
resisten la censura del consorcio, como pasa a verse.
186. El 17 de octubre de 2014, con radicación STEST 20143461329321181, el IDU
manifestó al consorcio que no existe ninguna controversia sobre el alcance del
proyecto, puesto que la filosofía del mismo era ampliar las estaciones de
Transmilenio Calle 146, Mazurén y Toberín y no reconstruir el pavimento de la
troncal Autonorte, ya que la problemática radicaba en la baja capacidad de esas
estaciones para albergar los usuarios del sistema. Las alternativas No. 2 y No. 2
modificada, acogían lo previsto en el pliego de condiciones respecto de las metas
físicas que se debían observar para cada una de las estaciones. Aseguró que en
ninguna de éstas se menciona la reconstrucción total del pavimento en las zonas
de las estaciones intervenidas.
187. En escrito del 29 de octubre de 2014 –número STEST 20143461384471182–
el IDU oficializó las obras a construir así:
“Calzada costado oriental: El Contratista y el IDU determinaron la construcción de
los dos carriles de Transmilenio y la construcción del nuevo carril mixto en la zona
del vallado existente para compensar el carril de sobrepaso de Transmilenio así
como la construcción de las correspondientes estructuras de protección que
confinen las intervenciones nuevas y las separen de los carriles mixtos que no se
intervendrán, esta intervención se realizara para las Estaciones de Toberín y Calle
146.
Calzada costado occidental: EI IDU en primera instancia estableció que sólo se
construyera un carril nuevo para tráfico Transmilenio con la correspondiente
estructura de confinamiento separando el nuevo carril del existente y que pasaría
a ser el de sobrepaso”.
181
Fls.224 y 225, c.3.
182
Cd5, archivo: “No.10-20143461384471-2”.
50
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188.Lo que hizo el IDU, mediante la petición al consorcio de las alternativas
constructivas y la escogencia de una de ellas, no desconoció el alcance del contrato;
al contrario, enmendó la ruta del proyecto al percatarse de que los diseños iniciales
omitían lo consagrado en los pliegos de condiciones, generando un sobrecosto del
78% del valor presupuestado, puesto que las metas previstas en el contrato solo
aludían a la ampliación de las estaciones del grupo 2 y la construcción de los carriles
en lo que resultara necesario, mas no la reconstrucción total de los pavimentos y a
una reconfiguración de la sección de la autopista en dicho tramo.
189. La conducta de la entidad se ciñó a los términos del proceso de contratación,
que determinaron que los diseños debían “desarrollarse bajo los principios de
seguridad, economía y eficiencia, de tal forma que el presupuesto de inversión que
implica dichos Diseños, no sobrepase el valor del Presupuesto Oficial establecido
por el IDU para la Construcción de las Obras estimadas”183. Se demostró, entonces,
que los cambios efectuados a los diseños no derivaron de una decisión arbitraria o
discrecional de la entidad, sino en una determinación concertada con el contratista,
a fin de ajustarlos para alcanzar una correcta ejecución del objeto convenido, que
se acompasara al presupuesto oficial aprobado y a los objetivos físicos por
desarrollar. Ello previniendo que se ampliara el objeto del proceso de selección,
pues la propuesta del contratista implicaba una actividad que implicaba casi un 80%
de mayor presupuesto, cuando el alcance de este contrato no preveía la citada
reconfiguración de la autopista en ese sector.
190.Más allá del origen de los ajustes impartidos a los diseños, su aprobación debió
alinearse con la opción constructiva que fue avalada por la entidad, esto es, la
alternativa No. 2, pero ello no ocurrió así, puesto que la interventoría dio aval a los
productos sin verificar que observaran todos los requisitos técnicos para el efecto,
como era la autorización de la geometría con base en la implementación de la
mencionada alternativa constructiva. No obstante, como el sub-lite no versa sobre
el cuestionamiento de las funciones a cargo de firma interventora, pero sí sobre la
satisfacción de los compromisos del consorcio, éste no se podía excusar en una
supuesta falencia de aquella, en tanto el producto esperado no dejaba de estar a su
cargo, de modo que aun cuando se hubieren recibido y aprobado los diseños por la
interventoría, “la responsabilidad de los mismos será asumida en su totalidad por el
contratista”184.
191.La oficialización de las obras a construir el 29 de octubre de 2014 –pese a que
la decisión de implementación de la alternativa constructiva No. 2 data desde el 24
de septiembre de 2014–, es decir, casi 20 días después de la firma del acta No. 8,
no se alza como un evento justificativo de la omisión del consorcio en la obtención
de las aprobaciones necesarias ante las autoridades competentes. Aunque con la
mencionada acta el contratista alcanzaba el aval de la interventoría, lo cierto es que
al ser de su entera responsabilidad la elaboración a punto de los diseños ante el
IDU, le correspondía la radicación de los ajustes ante los entes competentes si
advertía que los cambios realizados modificaban esas autorizaciones primigenias,
o haber confirmado este requerimiento con tales entidades en caso de duda y, en
183
Resaltado del texto original, fl.70, c.3.
184
Ver: 4.3.10. Revisión y aprobación de los Estudios y Diseños del Anexo Técnico Separable. Fl.78, c.3.
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todo caso, era de su cargo el seguimiento sobre estos productos, hasta su
aprobación. El pliego fue claro en determinar que el consorcio se comprometió al
“... seguimiento de los diseños que se deberán radicar en cada una de las empresas
de servicios públicos y entidades distritales si así se requiere”185.
192.Los medios probatorios muestran que el consorcio se abstuvo de observar su
compromiso atinente a la obtención de la aprobación del diseño geométrico de las
obras que finalmente construyó y que, incluso, reconoció que debía conseguir ese
aval de cara a los ajustes implementados, sin que, en todo caso, lo obtuviera.
193. En efecto, obran distintas comunicaciones en las que la interventoría insta al
contratista para que complete y aporte los diseños de las obras a construir, como
son los escritos MAB-1-1697-0003-15 del 5 de enero de 2015186, en el cual le
manifestó que llevaba 40 días de retraso en el ajuste del diseño de la calzada
oriental; y MAB-1-1697-0241-15 del 7 de julio de ese año187, en el que reiteró al
contratista que no había entregado los diseños integrales del carril mixto oriental,
del muro de confinamiento y las obras de drenaje para las estaciones Toberín y
Calle 146.
194. El 24 de julio siguiente188, el consorcio aseguró que desde el 14 de ese mismo
mes y año entregó a la firma interventora el diseño contratado, con la aclaración de
que la demora en el inicio del tercer carril mixto oriental se originó en la
determinación de la SDM de otorgar el PMT hasta que estuvieren terminados los
carriles de Transmilenio de la calzada oriental y se garantizaran por lo menos dos
de tráfico mixto.
195. El 30 de julio de 2015, el contratista, a través del radicado CET-3194-352-
15189, precisó algunas de las modificaciones hechas a los diseños iniciales, con la
expresa indicación de que las mismas “implicaban la realización de nuevos estudios
y diseños, no es una simple topografía como lo expresan en su oficio, se deben
realizar los estudios geométricos, Topográficos, (sic) estructurales, hidráulicos que
permitan garantizar la estabilidad de las obras a ejecutar” (resalta la Sala).
196. El 22 de enero de 2016, con radicación MAB-1-1697-0040-16190, la
interventoría llamó la atención al consorcio, comoquiera que se empezó la
excavación del tercer carril de la estación de Toberín, sin que aquel entregara los
diseños geométricos del nuevo carril y del canal para las estaciones de Toberín y
Calle 146.
197. En sendos escritos del 21 de abril y 26 de mayo de 2016, radicaciones CET-
3194-221-16191 y CET-3194-267-16192, respectivamente, el consorcio entregó a la
185
Ibidem.
186
Fl.243, c.3.
187
Fl.246, c.3.
188
Oficio CET-3194-0344-15, fls.248 a 250, c.3.
189
Fl.252, c.3.
190
Fl.251, c.3.
191
Fl.279, c.3.
192
Fl.290, c.3
52
Radicación: 25000233600020170045901 (71.456)
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Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU–
Asunto: Controversias contractuales
firma interventora los diseños geométricos y de señalización de las estaciones
Toberín y Calle 146.
198. Los anteriores documentos fueron remitidos a la SDM, entidad que en oficio
SDM-DSVCT-88591-16193 del 6 de julio de 2016, señaló que no constaba el control
de los cambios efectuados a los diseños inicialmente aprobados, ni la justificación
técnica de los mismos. Anotó que “el proyecto contempla trazado que genera
riesgos en términos de seguridad vial, tanto para la calzada de buses de
Transmilenio como para la de vehículos mixtos, específicamente en lo relacionado
con el puente de la Estación Toberín, los riesgos de alineamiento de la calzada
mixta son críticos para la movilidad en la zona, por lo cual esta entidad requiere de
la implementación de medidas de seguridad vial a fin de garantizar condiciones
óptimas de transitabilidad para todos los actores y, en caso de ser necesario, se
debe reevaluar la ubicación de las pilas del puente peatonal, modificaciones que
surgen por el cambio de los diseños inicialmente aprobados”194.
199. El 9 de julio de 2016, las partes y la interventoría suscribieron el “Acta de
Terminación”195 del contrato, en la que consignaron que el avance de las obras para
ese momento ascendía al 99,51%, quedando pendiente el 0,49% representado en
remates y corrección de obras defectuosas. En este mismo documento, el IDU
manifestó su negativa en recibir la obra, en tanto los diseños geométricos y de
señalización del proyecto no habían sido avalados por la autoridad competente. Al
respecto señaló:
“El Instituto de Desarrollo Urbano -IDU una vez revisadas las actividades
pendientes descritas por el Interventor de Obra, considera que las mismas se
encuentran ajustadas en su número y debidamente descritas por el mismo. Ahora
bien, respecto del diseño geométrico, señalización horizontal y vertical del tercer
carril de la Calle 146 y Toberín, a la fecha de suscripción de la presente acta de
terminación, no han sido recibidos y debidamente aprobados por la Secretaría
Distrital de Movilidad y por consiguiente tampoco por este Instituto” (se subraya).
200. El 22 de julio de 2016, el consorcio, a través de escrito CET-3194-381-16196,
entregó a la firma interventora el “control de cambios”197 efectuado a los diseños
geométricos de las estaciones de la Calle 146 y Toberín y el 2 de agosto
siguiente198, la interventoría remitió este documento al instituto, con la manifestación
de que los arreglos realizados mejoraban las condiciones geométricas iniciales, ya
que implementaron radios de giro mayores a los aprobados originalmente; además,
resaltó la gestión que adelantó frente al contratista en punto al seguimiento de los
aludidos diseños199.
193
Fls.297 a 298, c.3.
194
Ibidem.
195
Fls.167 y 168, c.3.
196
Fls.305 a 306, c.5.
197
Allí plasmó que “se generó la necesidad de realizar ajustes al diseño geométrico aprobado inicialmente, en especial a los
radios de giro previstos en las abscisa 0+020 hasta la k0+055 de la estación calle 146 y entre k0+380 hasta la k0+386 de la
estación Toberín, situación de la cual luego del análisis de las diferentes alternativas de solución, tendientes a garantizar las
mejores condiciones de movilidad y seguridad vial para los usuarios en las vías que enmarcan el proyecto, y a los comentarios
y sugerencias de diversas mesas de trabajo entre la interventoría y el Consorcio, se planteó una propuesta de diseño
geométrico final para la ampliación de la calzada mixta en las Estaciones Calle 146 y Toberín ...”.
198
Mediante oficio MAB-1-1697-0427-16, fls.338 a 344, c.5.
199
Para lo cual relacionó las comunicaciones radicadas al contratista y al IDU, actas de comité de obra referidas a los diseños
geométricos de las estaciones Calle 146 y Toberín (las Nos. 25, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 y 82).
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201. El 8 de agosto de 2016, el contratista y el interventor suscribieron el “Acta de
recibo final de la obra”200. Luego de efectuar una relación pormenorizada de la obra
desarrollada, se concluyó que el valor final de la misma ascendió a $22.582’887.914
–el valor total con la adición convenida era de $23.462’564.335–. Se consignó que
el objeto fue cumplido a entera satisfacción y que, por ello, era entregada por el
consorcio y recibida por la interventoría, en los siguientes términos:
“Una vez realizada la inspección total de la obra, por parte del contratista y del
interventor, se constató que a la fecha 23 de julio de 2016, los trabajos ejecutados
se encuentran a entera satisfacción de acuerdo a lo establecido en el contrato. En
consecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva de la obra ejecutada a la
interventoría y ésta la recibe …”
202. En oficio STEST 20163460689041201 del 11 de agosto de 2016, el IDU le
indicó a la firma interventora que no tenía constancia sobre la terminación de la
totalidad de las no conformidades descritas en la comunicación MAB-1-1697-0435-
16, por lo que no recibiría el proyecto hasta tanto la SDM no avalara el diseño
geométrico de la Calle 146 y Toberín.
203. En respuesta a la comunicación previa, la interventoría, en escrito MAB-1-
1697-0503-16202 del 21 de septiembre de 2016, certificó que no había pendientes
de obra e indicó que ésta fue construida de conformidad con los diseños
geométricos aprobados en 2014, “mejorando los radios de las curvas para que sean
más generosos con el tráfico de la autopista”.
204. El 30 de septiembre de ese año, la SDM insistió en las condiciones de riesgo
generadas en virtud del contrato, por cuanto se originó un peligro de accidentalidad
vial sobre el carril exclusivo del sistema Transmilenio y sobre los tres carriles
destinados a la circulación del flujo vehicular mixto en el área de las estaciones Calle
146 y Toberín –oficio SDM DSVCT-124629-16203–.
205. El 13 de octubre de 2016, por medio del escrito STEST 20163460947991204,
el instituto respondió los varios cuestionamientos que el consorcio formuló dada su
negativa en el recibo de la obra. Particularmente, señaló que: (i) Transmilenio recibió
parcialmente las estaciones, (ii) Transmilenio no recibe los carriles, eso lo hace el
IDU hasta tanto obtenga las aprobaciones requeridas ante la SDM, (iii) no es cierto
que la entidad aprobara los planos de geometría, pues eso le atañe exclusivamente
a la interventoría, y (iv) el Acta No. 8 de “Recibo y Aprobación de Diseños e
Iniciación de Ejecución de Obra” fue suscrita por la interventoría, no por la SDM.
206. A partir de los insumos expuestos en detalle no se discute que la SDM aprobó
los diseños geométricos primigenios, pues ésta reconoce tal situación al solicitar
información sobre las modificaciones efectuadas a aquellos. El centro de la cuestión
se circunscribe a que el consorcio no cumplió las exigencias de la autoridad
200
Fls.347 a 374, c.5.
201
Fls.390 a 391, c.5.
202
Fls.488 a 490, c.5.
203
Fl.605, c.4.
204
Fl.558, c.5.
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competente en la materia, en punto a la autorización de la geometría frente a los
diseños ajustados.
207. La posición del contratista, como se constata de los elementos antedichos,
se enfocó en aseverar que sí obtuvo una aprobación inicial de los diseños
geométricos, y señalar que ello era suficiente para entender que quedaron avalados
por la SDM, pero que ésta se vio modificada por el cambio del alcance del proyecto
constructivo, por orden de la entidad. Criterio que resulta contradictorio, comoquiera
que el consorcio, desde julio de 2015, reconoció que era necesario realizar los
diseños geométricos de los ajustes efectuados, con ocasión de la implementación
de la Alternativa No. 2, como quedó constatado.
208. Se itera que la decisión de la opción constructiva devino de la enmienda de
los diseños iniciales, que se apartaban de lo previsto en los términos de
contratación. Con todo, más allá de que éste entregó los diseños ante la entidad,
ello no lo eximía de la responsabilidad que tenía respecto de ellos, lo que se traduce
en que no solo debía garantizar su coherencia de cara a las metas contratadas, sino
observar la obligación de conseguir la aprobación de los mismos ante las distintas
las entidades competentes.
209. El consorcio no probó los supuestos en que fundamentó su defensa. Se
acreditó que el contratista desconoció sus compromisos relativos a la obtención de
las aprobaciones requeridas por las autoridades distritales –el aval del diseño
geométrico por parte de la SDM–. A pesar de que la Secretaría le requirió para
aprobar la corrección y adecuación de los ajustes efectuados conforme a las
especificaciones técnicas que correspondían, el contratista no logró cumplir con los
requerimientos que le fueron formulados, lo que conllevó a que la SDM mantuviera
su concepto sobre riesgos de alta accidentalidad en términos de seguridad vial en
las zonas intervenidas. Por ende, la Sala encuentra razón a la negativa de la entidad
en recibir la obra, ante la carencia de uno de los requisitos para el efecto. El anexo
técnico separable es expreso en contemplar que en la etapa de recibo final se deben
entregar las aprobaciones ante las entidades distritales que tengan relación con el
proyecto205.
210. En este orden de ideas, se constata que el consorcio fue quien incumplió el
negocio jurídico, al no obtener la totalidad de los permisos y aprobaciones
requeridos por las autoridades distritales que tenían relación con el objeto
contratado. Al punto que la aceptación que llegó a hacer la interventoría, no puede
traspasar los compromisos contractuales y técnicos que aún estaban pendientes
bajo exclusiva responsabilidad del contratista, ni su error es fuente de derechos,
como tampoco es aval de exoneración respecto del cumplimiento de las
aprobaciones que conforme a las normas de construcción deben lograrse.
205
“4.4.15. Recibo Final
El recibo final está contemplado con el fin de verificar el adecuado funcionamiento de las soluciones y verificación por parte
de la Interventoría de acuerdo con las especificaciones, normas, decretos y códigos que enmarcan el presente contrato, las
actividades de corrección por no cumplimiento de los estándares mencionados son a costa del Contratista. Adicionalmente,
durante esta fase se deberán llevar a cabo los trámites de entrega de informes, aprobaciones ante las ESP, las entidades
distritales que tengan relación con el proyecto, las oficinas asesoras del IDU y la liquidación del contrato”.
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211. Sumado a lo anterior, no se convocó al sub examine a la SDM, entidad que
negó la aprobación del diseño geométrico. Al IDU le concernía atender las
determinaciones de los demás entes distritales en orden a sus especiales
competencias, sin inmiscuirse en la órbita de una autoridad distinta o exceder sus
funciones, conforme a lo previsto en el art. 6 de la Constitución Política.
212. Respecto al concepto de la SDM, obra en el plenario que el instituto celebró
el contrato No. 1074 de 2016206 con la firma Consultores en Movilidad S.A.S. -
Moviconsult-, cuyo objeto consistió en la realización del “estudio operacional y de
seguridad vial en la calzada rápida orienta de tráfico mixto, en el tramo de ampliación
de las estaciones Toberín, Mazurén y calle 146 de la Autopista Norte en la ciudad
de Bogotá D.C.”, de cara a analizar los reparos por los cuales la SDM no avaló los
diseños geométricos aludidos.
213. Como conclusiones del estudio, Moviconsult señaló (transcripción literal
incluidos eventuales errores):
“Las transiciones construidas por el contrato de obra IDU-1636-2013 se
desarrollan en longitudes entre 39m y 72m que no garantizan la adecuada
transición para los usuarios al estar entre 13% y 24% de la longitud requerida.
Los diseños presentados en este estudio aplican sobre la obra construida en los
sectores de ampliación de un carril para las estaciones Calle 146 y Toberín, sin
embargo las transiciones de entrada y salida difieren completamente a la obra
construida mediante contrato IDU-1636-2013, ya que esta obra no tuvo en cuenta
la transición con el MDGC y más bien se trató como una bahía de estacionamiento
que de ninguna manera aplica para una vía de alta velocidad (velocidad de diseño
de 80KPH) y velocidad de operación de 65 KPH en las condiciones actuales (es
decir con la gran deficiencia de seguridad por efecto de un diseño insuficiente
o ninguno que no se corresponde con los requerimientos de la vía)
No se ha usado la norma (MDGC) para el diseño y construcción de estos desvíos
de la calzada mixta de alta velocidad S-N de la autopista norte en las estaciones
Calle 146 y Toberín por ampliación de las mismas estaciones”207 (resalta la Sala).
214.En el expediente reposan dos dictámenes periciales en ingeniería, cuyo
propósito se dirigió a controvertir las conclusiones de Moviconsult, el primero
rendido por Ing. Manuel H. Ortiz208 y el segundo elaborado por el Ing. Alfredo
Malagón209.
215.La peritación procede para verificar hechos que interesen al proceso y requieran
conocimientos científicos o técnicos (art. 226 C.G.P.). En el plano teórico, constituye
el medio de prueba más idóneo para determinar la corrección o no de las
conclusiones de Moviconsult. No obstante, en este caso, los dictámenes no fueron
determinantes ni contundentes en establecer un aserto que refutara el resultado de
los estudios contratados por el IDU.
216.
Manuel H. Ortiz210, a través de su experticia, dio contestación a los
cuestionamientos formulados acerca de: la parte que debía elaborar los estudios y
206
Fls.69 a 94, c.9.
207
Fls.269 y 270, c.8.
208
C. 14 a 18 y cd 14.
209
C. 11 y 12.
210
De profesión Ingeniero Civil.
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diseños, la autoridad que los debía avalar, la trazabilidad de la señalización
efectuada, la estructura financiera de la propuesta del consorcio y su supuesta
afectación por causas ajenas a éste, la relación de los presuntos mayores costos
en que incurrió el contratista, y si éste logró o no la totalidad del objeto convenido,
así como la pertinencia de los requerimientos que la entidad realizó en punto a la
implementación del PMT. En suma, el mencionado perito no esbozó una inferencia
relacionada con los diseños geométricos implementados, de manera que no
contravino los razonamientos dados por la firma contratada por el instituto.
217. El experto Alfredo Malagón211 indicó que el documento técnico elaborado por
Moviconsult era errado porque: (i) realizó su análisis a partir de una velocidad de
diseño de 80 km/hora, aunque la Autopista Norte es una vía urbana cuya velocidad
máxima permitida es de 60 km/h; además, las partes estipularon que la velocidad
de diseño era de 60 km/h; (ii) no tuvo en cuenta las limitaciones impuestas por la
infraestructura existente en el sector de las obras (como es el puente peatonal de la
estación de Toberín); y (iii) aplicó el Manual de Diseño Geométrico para Carreteras
(MDGC), pese a que se refiere a carreteras rurales.
218.Durante la contradicción del dictamen, acontecida en la audiencia de pruebas
celebrada el 19 de abril de 2022, el perito manifestó:
“(...) En cuanto a la velocidad de diseño del proyecto, considero que las
conclusiones de Moviconsult carecen de validez técnica, porque basado en el
manual de diseño geométrico de carreteras, MDGC (Manual de diseño geométrico
de carreteras), no es la referencia técnica adecuada, sin embargo, Moviconsult
basado en él decide que la velocidad de diseño es de 80 km/h, mientras que la
velocidad de diseño aprobada para el contrato es de 60 km/h, y la referencia técnica
aplicable al diseño es la Guía de Diseños para Vías Urbanas de Bogotá publicada
por el propio IDU (...). Además, insisto en que Moviconsult no tiene en cuenta la
infraestructura presente en el lugar de las obras: la red de Acueducto de Tibitoc de
78 pulgadas, tubería blindada, esa red impide realizar ampliaciones en la calzada
de la autopista norte en las estaciones Transmilenio calle 146, Mazurén y Toberín,
otra infraestructura que no se podía demoler era el puente peatonal existente entre
las estaciones Calle 146 y Mazurén, también el puente peatonal de acceso a la
estación Toberín, que también restringe la ampliación de la calzada en ese punto y
restringe el ajuste de los radios de curvatura horizontal. También está la tubería de
24 pulgadas, existente sobre el separador oriental de la calzada oriental, que
restringe los parámetros geométricos de ampliación de la calzada oriental rápida de
tráfico mixto y estaban las redes de alta tensión de 175 kilovatios de configuración
en poste con doble circuito, existente en el separador de las paralelas de los
costados oriental y occidental de la autopista norte. Finalmente, la red canalizada
de alumbrado público ubicada en el separador central y en los separadores de la
paralela oriental y occidental de la autopista norte, obras que habría que intervenir
para hacer un diseño geométrico más generoso del que se aprobó, tampoco tiene
en cuenta que el MDGC y en general las guías de diseño, como la Guía de diseño
de vías urbanas de Bogotá, son códigos de práctica que no son obligatorios en el
diseño geométrico de vías urbanas y semiurbanas, específicamente hablando del
MDGC, el mismo manual establece que las particularidades de las vías urbanas y
semi urbanas escapan al alcance del manual de diseño geométrico, y por lo tanto
establece ese manual la necesidad de aplicar guías locales de diseño geométrico
como lo es, la guía de vías urbanas de Bogotá. Tampoco tiene en cuenta un
concepto fundamental en cuanto a estos manuales y guías, y es que estos son
herramientas técnicas útiles y necesarias para hallar el punto de equilibrio que debe
reinar entre la comodidad y seguridad de los usuarios y el presupuesto disponible
211
Ingeniero Civil con experiencia en pavimentación de carreteras, construcción de urbanismo y vivienda, diseño y
construcción con geosintéticos, drenaje bajo pavimentos, diseño y construcción de cubiertas arquitectónicas textiles
(membranas tensadas) soportadas por estructuras metálicas.
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para la ejecución del proyecto (...) PREGUNTADO: Indique si indagó sobre la
aprobación de la SDM y del IDU sobre estas mejoras. CONTESTO: Sí indagué, pero
como señalé esos se llaman “ajustes” y no requieren de revisión o aprobación salvo
de la interventoría, no de las entidades como el IDU o la SDM, porque son ajustes,
solo las modificaciones de diseño requieren trámites ante las entidades públicas
involucradas. (...). PREGUNTADO: Indique si la obra fue construida sin tener en
cuenta los diseños geométricos aprobados por la Secretaría de Movilidad en
octubre de 2014. CONTESTO: Es cierto que difiere porque hubo ajustes, no porque
haya habido modificaciones. Y si hay unas diferencias, por ejemplo, los radios
mejorados de curvatura (...)”.
219. La jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara en señalar que el juez es
autónomo al analizar y desprender mérito demostrativo de los medios de prueba
integrados al proceso, aplicando el método de valoración de la sana crítica;
puntualmente, ha indicado que el perito es un auxiliar de la justicia, mas no quien la
imparte ni la administra212. Por lo tanto, el juez no está obligado a aceptar
ciegamente las conclusiones de los peritos pues, de ser así, estos serían los
verdaderos falladores213.
220. Con esta consideración, para la Sala no son admisibles las conclusiones del
experto que se acaban de transcribir, toda vez se fundamentan en afirmaciones que
no fueron esgrimidas por Moviconsult, éste manifestó que “para una velocidad de
diseño como la que establece el contrato 1636 de 2013 donde la velocidad es de 60
Km/h las longitudes de transición requieren como mínimo de 150 metros, en una
revisión de los planos del diseño geométrico se estableció que las distancias de
transición inicial son inferiores a los 50 metros y en la transición de salida son
menores a los 60 metros para el diseño geométrico actual”. De modo que, contrario
a lo esbozado por el perito, Moviconsult reconoció que la velocidad pactada en los
diseños era 60 kms/h.
221. Cuando la firma consultada se refirió a la velocidad de 80 Kms/h, lo hizo como
una recomendación para mejorar el diseño implementado, no como el fundamento
del análisis del trazado. Al respecto señaló:
“Con base en la información tomada por el estudio de tránsito relacionado con el
análisis de velocidades se puede apreciar que las velocidades en el percentil 85 se
encuentran entre 54 y 67 KPH a pesar de diseños que no cumplen para velocidades
de 60 KPH y construcción que no cumple con el diseño y tampoco con la norma
para esta velocidad de 60KPH, si bien estas velocidades del percentil 85 son un
promedio del comportamiento diario es importante destacar que se tienen periodos
con velocidades superiores como (...)
Como se puede apreciar son periodos largos con velocidades entre 58KPH y 70
KPH y otros con velocidades hasta 80 KPH, teniendo en cuenta que los diseños no
cumplen con la norma y que representan múltiples dificultades a los usuarios
quienes deben bajar de manera importante la velocidad en cercanía a estas
ampliaciones de las estaciones Calle 146 y Toberín para poder maniobrar o sortear
el paso para seguir derecho cambiando de carril o mantenerse en el carril con una
maniobra fuerte a baja velocidad, se puede deducir claramente que con un diseño
adecuado, la velocidad de operación se va a mantener entre los 70KPH y 80 KPH,
por lo tanto se considera que se debe diseñar para una velocidad 80 KPH”
212
Así lo ha precisado esta Subsección, ver sentencia del 7 de noviembre de 2025, radicación 25000232600020040078001
(71.644) Consejero Ponente: José Roberto Sáchica Méndez.
213
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 15 de abril de 2010, radicación
18.014, Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez.
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222. Es cierto que Moviconsult se basa en los parámetros del MDGC 2008 para
evaluar el diseño. Al consultar la “Guía de Diseño de Vías Urbanas de Bogotá”,
elaborada por el IDU y la Universidad Nacional, se constata que la misma fue
concebida como un sustento técnico que debe ser tenido en cuenta junto con las
demás guías y normas vigentes para la toma de decisiones relacionadas con el
diseño geométrico de las zonas vehiculares, peatonales y de ciclousuarios, a nivel
urbano en Bogotá. Entre las referencias normativas aludidas como complemento de
aquella, se mencionó la Resolución 00744 de 2009, a través de la cual se actualizó
el “Manual de Diseño Geométrico de Carreteras de Colombia”. En esa medida, no
se comparte la censura que el perito aludió sobre el sustento referido al MDGC,
puesto que Guía de Diseño de Vías Urbanas de Bogotá es expresa en remitir a
dicho manual como parte de su complemento técnico.
223. El experto tampoco suministró una explicación certera de las razones por las
cuales indicó que no se requería someter a aprobación de la SDM los “ajustes”
efectuados a los diseños geométricos. Tal manifestación, inclusive, es contraria a lo
admitido por el consorcio en las comunicaciones negociales –se recuerda que el 30
de julio de 2015 el contratista aseveró que los cambios efectuados a los diseños
conllevaban la ejecución de sus correspondientes estudios geométricos, porque no
se trataba de una simple topografía–. Dicha afirmación no logra restar contundencia
al concepto técnico de la autoridad competente en materia de movilidad en el Distrito
capital, respaldado por Moviconsult, de que se requería avalar las modificaciones a
los diseños geométricos, en tanto advirtió deficiencias que afectaban los estándares
de seguridad vial; por manera que no hay lugar a disentir o reprochar la posición y
exigencias del IDU en esta materia.
• La implementación del Plan de Manejo de Tráfico (PMT) y los paz y
salvos de las empresas de servicios públicos
224. Respecto de la obligación de implementación del PMT, el contratista arguyó
que la entidad le exigió un plan indefinido, en contravía de las prestaciones
pactadas. El negocio en cuestión establece que le corresponde al contratista
“implementar el Plan de Manejo de Tráfico aprobado por la SDM”.
225. El consorcio no demostró la incorrección de las órdenes dadas por la entidad
en este punto. Las directrices impartidas provinieron de la constatación del riesgo
de accidentalidad derivada de la geometría implantada por cuenta de los diseños a
cargo y de responsabilidad del contratista. Así lo manifestó el IDU en múltiples
comunicaciones, entre ellas, la STEST 20163460942881 del 11 de octubre de
2016214, STEST 20163460947991 del 13 de ese mismo mes y año 215, STEST
214
La entidad expresó lo siguiente: “Frente al riesgo actual, se le informa al IDU que es obligatorio mantener para arribas
intervenciones un PMT indefinido, hasta tanto se diseñe y se implemente la solución constructiva definitiva que garantice
condiciones óptimas de seguridad vial, la cual se espera se implemente en el menor tiempo posible” (fl.517,c.5).
215
Fl.604, c.4.
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Radicación: 25000233600020170045901 (71.456)
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20163460992981 del 28 de octubre de 2016 216 y STEST 20173460386441 del 12
de mayo de 2017217.
226. La orden de establecer el aludido plan no se entendía de una forma infinita,
sino hasta que aconteciera la corrección del peligro de accidentalidad advertido; ello
no hace más que concatenar unas obligaciones con otras a efectos de lograr el éxito
del objeto convenido, y en ese proceso no se perjudicara la seguridad vial en las
zonas intervenidas. Es de señalar que esta medida despunta razonable y necesaria
como mecanismo de mitigación de los riesgos advertidos; no se trató de una
prestación de alcance indefinido, sino de una cautela orientada a proteger la propia
seguridad de los usuarios ante el alto riesgo de siniestralidad que la SDM alertó, y
pendía del consorcio por el lapso en que adecuara sus diseños geométricos al punto
de ser idóneos y resultaran aprobados.
227. Por tanto, no hay lugar a colegir que el instituto hubiere excedido las
prestaciones negociales mediante las solicitudes que elevó al consorcio sobre la
implementación del PMT.
228. De otra parte, el clausulado negocial establece como obligación del
contratista la de “gestionar ante las Empresas [de servicios públicos domiciliarios]
el Acta de recibo de obra o emisión del respectivo paz y salvo por parte de las
Empresas de Servicios”. En el expediente obran los paz y salvo expedidos por la
EAAB218, Gas Natural Fenosa219 y Tigo Une220. De modo que se constata que éste
sí observó la referida prestación a su cargo.
• Liquidación judicial del contrato
229. Al realizar el corte de cuentas del negocio jurídico, el a quo determinó que no
había saldos a favor de las partes, en la medida que no procedían las pretensiones
de la demanda principal, ni las de la demanda de reconvención. Dado que la Sala
sí declarará el incumplimiento del consorcio, por no aportar la aprobación de la SDM
216
El IDU sostuvo: “... Por lo anterior, se reitera la solicitud, de manera inmediata, implementar y mantener el PMT las obras
que aún no se han concluido (aprobación e implementación de los Diseños de señalización). De igual forma, se indica que
cualquier riesgo de siniestralidad y/o ocurrencia de incidente y/o accidentes son de entera responsabilidad del Contratista
(véase Anexos, Apéndice F y Pliegos de Condiciones)” Fl.612, c.4.
217
La entidad señaló:
“La SDM solicitó mantener el PMT indefinido que complementado con el diseño de señalización temporal, permite garantizar
condiciones mínimas de seguridad vial y mitigar el riesgo de siniestralidad generado como consecuencia de la construcción
de las obras correspondientes al realineamiento geométrico de la autopista norte en la zona de las estaciones, además de la
no ejecución de la demarcación y señalización en la Autopista Norte, como resultado de la falta de obtención por parte del
Contratista de la aprobación del diseño de señalización otorgada por la SDM, así como la falta de atención de la no
conformidades del diseño geométrico de realineamiento de la Autopista en las estaciones Calle 146 y Toberín.
(…)
Llevando a la Entidad a que en el marco de lo citado en el Apéndice A frente a la responsabilidad contractual de los diseños
elaborados y ejecutados, y de acuerdo a lo solicitado por la SDM, a trasladar al Contratista la responsabilidad de sostener
los requerimientos de la SDM, así: ‘… se requiere que el IDU le exija al contratista que se presente ante la SDM la propuesta
de señalización de carácter temporal enmarcada en el PMT, propuesta que deberá contemplar un diseño integral que
incorpore dispositivos preferiblemente no móviles. De igual manera se deberá solicitar al contratista el mantenimiento
permanente y adecuado de la señalización temporal’
(…)
Por lo cual el Instituto, en su deber de velar por la seguridad de los usuarios de la infraestructura ejecutada en la Autopista
Norte, elaboró el diseño que la SDM aprobó mediante comunicación SDM-155801-16 con radicado IDU No. 20165260844812
del 29/11/2016, que en reiteradas ocasiones se negó a adelantar el Contratista, exclusivamente con el fin de mitigar el
inminente riesgo de accidentalidad vial manifestado por la SDM, ‘sobre el carril exclusivo de Transmilenio del sistema
Transmilenio y sobre los tres carriles destinados a la circulación del flujo vehicular mixto’” (Fls.732 a 737, c.2.).
218
CD 7, archivo: “PAZ Y SALVO ACUEDUCTO RED MATRIZ”
219
CD7, archivo: “PAZ Y SALVO DE GAS NATURAL FENOSA”
220
CD7, archivo: “PAZ Y SALVO TIGO-UNE”
60
Radicación: 25000233600020170045901 (71.456)
Demandante: Consorcio Estaciones Transmilenio 2013
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU–
Asunto: Controversias contractuales
en relación con el diseño geométrico, se pasa a establecer el finiquito negocial en
atención a dicha determinación y lo que resultó probado en el plenario.
230. El precio total del contrato fue estipulado en $23.462’564.335 –luego de la
adición de $6.218’580.491 convenida el 14 de agosto de 2015–. Mediante el acta
de recibo final de obra221, suscrita el 8 de agosto de 2016, el interventor certificó que
su valor final ascendió a $22.582’887.914 –es decir, un monto menor al convenido
con la adición–.
231. El consorcio pidió el pago del saldo del 60% estipulado para el ítem de
estudios y diseños, comoquiera que éstos fueron aprobados y recibidos por la
interventoría y la SDM aprobó su diseño geométrico, así como la cancelación del
del 10% del saldo del valor concerniente a las obras ejecutadas, pues los trabajos
fueron culminados a entera satisfacción.
232. En punto al pago de los estudios y diseños, la cláusula tercera del contrato
previó que el 40% de su valor sería desembolsado una vez dichos productos
obtuvieran la aprobación de la interventoría, mientras que el 60% restante sería
cancelado a la entrega de la totalidad de los diseños debidamente aprobados por la
autoridad o empresa de servicios públicos competente.
233. Mediante el Acta No. 9222, la entidad desembolsó el 40% de los estudios y
diseños. No se accederá al pago del saldo del 60%, en tanto que no se cumplió con
el supuesto previsto en la regla negocial para el efecto, puesto que el consorcio
inobservó la entrega de los diseños debidamente aprobados por todas las entidades
distritales relacionadas con la ejecución del objeto –el contratista no obtuvo la
aprobación de los diseños geométricos por parte de la SDM–.
234. En relación con el reconocimiento del 10% correspondiente al saldo de las
obras ejecutadas, en el acta de terminación de obra223 se consignó que su avance
era del 99,51% y, con posterioridad, el 5 de octubre de 2016, la interventoría certificó
que no existían pendientes en el proyecto224.
235. La cláusula tercera del negocio jurídico estipula que, para la fase de
ejecución de la obra, el contratista podía facturar mensualmente actas parciales de
obra hasta alcanzar el 90% de su valor a precios unitarios. “El saldo para alcanzar
el 100% de la obra ejecutada, se facturará una vez cumplidas la totalidad de las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA, previa suscripción del Acta de Liquidación
del presente contrato”.
236. Al verificar las actas del contrato, con sus respectivos soportes, se advierte
que la entidad pagó al consorcio la suma de $20.629’847.346, como da cuenta la
relación documental que se pone de presente a continuación:
ACTA DESCRIPCIÓN VALOR SOPORTES
221
Fls.347 a 374, c.5.
222
Fls.107 a 113, c.9.
223
Fls.167 y 168, c.3.
224
Oficio MAB-1-1697-0528-16, fls.514 a 515, c.5.
61
Radicación: 25000233600020170045901 (71.456)
Demandante: Consorcio Estaciones Transmilenio 2013
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU–
Asunto: Controversias contractuales
No.9 Corresponde al 40% de $239’065.318 Orden de pago, comprobante
los estudios y diseños, consignación, factura
según forma de pago expedida por el consorcio,
convenida acta No. 9 (fls.107 a 113, c.9)
No.10 Ejecución de la obra del $1.046’603.049 Orden de pago, comprobante
16 de septiembre al 15 de consignación, factura
octubre de 2014 expedida por el consorcio,
acta No. 10 (fls.156 a 170, c.9)
No.11 Ejecución de la obra del $82’925.963 Orden de pago, comprobante
16 de octubre al 15 de consignación, factura
noviembre de 2014 expedida por el consorcio,
acta No. 11 (fls.179 a 191, c.9)
No.13 Ejecución de la obra del $392’835.655 Orden de pago, comprobante
y 14 16 de noviembre de 2014 consignación, factura
al 15 de enero de 2015 expedida por el consorcio,
acta No. 12, 13 y 14 (fls.196 a
227, c.9)
No.16 Ejecución del 16 de enero $164’490.631 Orden de pago, comprobante
al 15 de febrero de 2015 consignación, factura
expedida por el consorcio,
acta No. 16 (fls.259 a 280, c.9)
No. Ejecución del 16 de $965’859.341 Orden de pago, comprobante
18 febrero al 15 marzo de consignación, factura
2015 expedida por el consorcio,
acta No. 18 (fls.232 a 253, c.9)
No.19 Ejecución del 16 de marzo $642’836.905 Orden de pago, comprobante
al 16 de abril de 2015 consignación, factura
expedida por el consorcio,
acta No. 19 (fls.282 a 297, c.9)
No. Ejecución del 16 de abril al $478’195.617 Orden de pago, comprobante
20 15 de mayo de 2015 consignación, factura
expedida por el consorcio,
acta No. 20 (fls.302 a 312, c.9)
No.21 Ejecución del 16 de mayo $779’241.827 Orden de pago, comprobante
al 15 de junio de 2015 consignación, factura
expedida por el consorcio,
acta No. 21 (fls.318 a 330, c.9)
No.22 Ejecución del 16 de junio $1.439’004.159 Orden de pago, comprobante
al 15 de julio de 2015 consignación, factura
expedida por el consorcio,
acta No. 22 (fls.353 a 365, c.9)
No.23 Ejecución del 16 de julio al $1.034’377.254 Orden de pago, comprobante
15 de agosto de 2015 consignación, factura
expedida por el consorcio,
acta No. 23 (fls.336 a 348, c.9)
No.28 Ejecución del 16 de $592’074.504 Orden de pago, comprobante
y 29 agosto al 15 de consignación, factura
septiembre de 2015 expedida por el consorcio,
acta No. 28 y 29 (fls.403 a 428,
c.9)
No.30 Ejecución del 16 de $2.374’443.883 Orden de pago, comprobante
y 31 septiembre al 15 de consignación, factura
octubre de 2015 expedida por el consorcio,
acta No. 30 y 31 (fls.370 a 397,
c.9)
No. Ejecución del 16 de $475’637.493 Orden de pago, comprobante
34 a septiembre al 15 de consignación, factura
48 octubre de 2015 expedida por el consorcio,
acta No. 34 a 48 (fls.435 a 452,
c.9)
No.32 Ejecución del 16 de $1.238’935.743 Orden de pago, comprobante
octubre al 15 de consignación, factura
noviembre de 2015 expedida por el consorcio,
acta No. 32 (fls.458 a 473, c.9)
62
Radicación: 25000233600020170045901 (71.456)
Demandante: Consorcio Estaciones Transmilenio 2013
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU–
Asunto: Controversias contractuales
No.33 Ejecución del 16 de $988’677.112 Acta No. 33 (fls.474 a 485, c.9)
octubre al 15 de
noviembre de 2015
No.49 Ejecución del 16 de $2.012’181.775 Orden de pago, comprobante
y 50 noviembre de 2015 al 15 consignación, factura
de enero de 2016 expedida por el consorcio,
acta No. 49 y 50 (fls.492 a 525,
c.9)
No.51 Ejecución del 16 de enero $1.119’951.182 Orden de pago, comprobante
al 15 de febrero de 2016 consignación, factura
expedida por el consorcio,
acta No. 51 (fls.530 a 546, c.9)
No.52 Ejecución del 16 de $1.035’867.480 Orden de pago, comprobante
a 73 febrero al 15 de abril de consignación, factura
2016 expedida por el consorcio,
actas No. 52 a 73 (fls.552 a
604, c.9)
No.74 Ejecución del 16 de abril al $2.331’772.232 Orden de pago, comprobante
15 de mayo de 2016 consignación, factura
expedida por el consorcio,
acta No. 74 (fls.616 a 633, c.9)
No.78 Ejecución del 16 de mayo $1.194’870.223 Orden de pago, comprobante
al 15 de junio de 2016 consignación, factura
expedida por el consorcio,
acta No. 78 (fls.663 a 683, c.9)
Total pagado según actas y
$20.629’847.346
soportes
237. Con base en lo anterior, se constata que el saldo a pagar correspondería a
la suma de $1.953’040.568 –producto de restar al valor final del contrato certificado
por la interventoría ($22.582’887.914) la cifra pagada al consorcio
($20.629’847.346)–. Este monto corresponde al pedimento que el contratista elevó
en torno al reconocimiento de la obra ejecutada y no facturada. De conformidad con
las consideraciones de esta providencia, la Sala no accederá a esta súplica,
comoquiera que no se concretó el escenario que le daba cabida, por cuanto el
contratista se abstuvo de cumplir todas las obligaciones que estaban a su cargo.
238. Tampoco procede el pedimento atinente a la restitución de la cifra que el
consorcio pagó por concepto de interventoría –la suma de $357’126.956–, a raíz de
la extensión del plazo negocial pues, como se explicó en acápites precedentes, el
consorcio renunció al reconocimiento de costos adicionales en las prórrogas 1, 4, 5
y 6 y debía asumir los efectos económicos derivados de la prolongación del lapso,
en virtud de los pactos modificatorios 2 y 3, en los términos ya analizados.
239. No se accederá al pago de las actas de ajustes Nos. 82, 83, 84, 85 225, en
tanto éstas no fueron aceptadas por la entidad y no se aportaron insumos que las
225
Ver: Cd 3, archivo: “ACTAS AJUSTES 82, 83, 84, 85”
ACTA DE VALOR DE LOS PERÍODO DE FECHA DE SUSCRIPCIÓN
AJUSTES AJUSTES EJECUCIÓN
No. 82 $25’466.426 Febrero 16 a marzo 15 de 6 de marzo de 2017
2016
No. 83 $35’948.497 Marzo 16 a abril 15 de 6 de marzo de 2017
2016
No. 84 $226’496.217 Abril 16 a mayo 15 de 6 de marzo de 2017
2016
No. 85 $123’302.860 Mayo 16 a junio 15 de 6 de marzo de 2017
2016
63
Radicación: 25000233600020170045901 (71.456)
Demandante: Consorcio Estaciones Transmilenio 2013
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU–
Asunto: Controversias contractuales
respaldaran. Si bien al plenario se aportó un documento denominado “Memoria de
Cantidades de Obra”226, a través del cual el consorcio buscó acreditar la ejecución
de mayores cantidades de obra, lo cierto es que se trata un insumo cuya única
autoría corresponde al contratista, sin advertir el aval de la entidad que lo ratificara.
Tampoco se reconocerá el valor concerniente al acta de obra No. 88, pues se
relaciona con el pago del saldo del 60% por concepto de estudios y diseños.
240. Por consiguiente, no se incluirá en el corte de cuentas los reconocimientos
económicos pedidos por el consorcio, ante la ausencia de fundamento jurídico y
probatorio para ello. Así, se pasa a analizar si hay lugar a incorporar los pedimentos
patrimoniales del IDU dentro de la liquidación del negocio en cuestión.
241. (a) El instituto pidió que se haga efectiva la totalidad de la cláusula penal
pecuniaria pactada.
242. En virtud de una estipulación de este tipo, las partes establecen una pena
(consistente en dar o hacer algo) ante el evento de que no se ejecute una prestación
o se retarde su cumplimiento –artículo 1592 C.C.–. La misma puede cumplir varias
funciones: es compensatoria cuando contiene la estimación de los perjuicios
generados por la infracción obligacional; o moratoria, cuando se ha pactado para
apremiar al deudor al cumplimiento de la prestación.
243. Esta Sección227 ha manifestado que cuando la Administración ejerce su
potestad sancionatoria en el marco de la actividad contractual –de la cual yace su
competencia para la imposición de las multas y la cláusula penal pecuniaria– debe
hacerlo en aplicación de los principios de legalidad228 y de proporcionalidad, como
criterios materializadores del debido proceso del sujeto sancionado. Cuando la pena
se impone en el curso de un proceso judicial, le corresponde al juez, mutatis
mutandi, aplicar tales preceptos, a fin de validar la corrección en su ejercicio.
244. La proporcionalidad es un mandato que implica la verificación de la conducta
enjuiciada, de cara al evento que activa el supuesto sancionador y los hechos
aducidos y probados, a efectos de determinar si la graduación de la pena a imponer
guarda coherencia con el marco que la contempla y las finalidades que persigue.
245. El artículo 1596 del Código Civil prescribe que el deudor tiene derecho a que
se rebaje o gradué proporcionalmente la pena pactada, en atención al monto de las
prestaciones efectuadas por este y aceptadas por la entidad, con la aclaración de
que el parámetro de disminución de la sanción no es la magnitud del daño, sino el
grado de ejecución del contrato por parte del deudor.
246. De esta forma, los aspectos que se deben tener en cuenta, en aras de
acceder o no a la disminución del monto de la cláusula penal pecuniaria, son: (i) el
226
Cd3, archivo: “ENV-CET-3194-046-17 MAB MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA”.
227
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 13 de noviembre de 2008,
radicación 68001-23-31-000-1996-02081-01(17009), C.P. Enrique Gil Botero.
228
Que exige que las sanciones estén contempladas en la ley. En materia contractual, se requiere, en el caso de las multas
y de la cláusula penal pecuniaria, no sólo que estén autorizadas por la ley, sino, además, su pacto expreso en cada contrato.
64
Radicación: 25000233600020170045901 (71.456)
Demandante: Consorcio Estaciones Transmilenio 2013
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU–
Asunto: Controversias contractuales
porcentaje efectivamente ejecutado por el contratista, y (ii) si la entidad pública
contratante recibió esa parte del objeto convenido.
247. La doctrina ha explicado que el fundamento del mencionado precepto
normativo se asienta en la equidad, en tanto dirige a efectuar una evaluación
objetiva de la distribución de las cargas y beneficios de las partes, por lo que, ante
dicha consagración legal, “no depende del arbitrio del juez o no esta rebaja, ni hacer
una rebaja arbitraria y antojadiza, sino que tiene que hacerla guardando proporción
entre la parte de la obligación principal que ha sido cumplida y la parte aún no
ejecutada; de modo que si el deudor ha ejecutado la mitad o más o menos la mitad
de la obligación principal deberá rebajar la mitad de la pena; si la tercera parte de la
obligación principal, la tercera parte de la pena ...”229.
248. En el negocio jurídico del sub-lite se contempló lo siguiente:
“18. CLÁSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad,
incumplimiento, parcial o total del Contrato o el mero retardo en el cumplimiento de
las obligaciones contractuales, el CONTRATISTA pagará al IDU, a título de pena
pecuniaria, una suma equivalente hasta el treinta por ciento (30%) del valor total
del Contrato. La tasación de la cláusula penal atenderá a criterios de razonabilidad,
proporcionalidad y gravedad del incumplimiento. La imposición de esta pena
pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de perjuicios que el
CONTRATISTA cause al IDU. El valor pagado como cláusula penal no es óbice
para demandar ante el Juez del Contrato, la indemnización integral de los perjuicios
causados si estos superan el de la cláusula penal”.
249. La norma convencional transcrita fue concebida como una tasación
anticipada de los perjuicios. Su literalidad establece que corresponde a una suma
equivalente hasta el 30% del precio del contrato, lo que significa que su tasación en
la suma correspondiente a este porcentaje solo procede ante un incumplimiento
integral del negocio jurídico.
250. Para este punto, no se discute que el consorcio incumplió el contrato,
comoquiera que se acreditó su inobservancia, lo que se trae de presente es que el
incumplimiento del objeto no fue total, razón por la cual se reducirá la pena, en
atención a la relación del objeto que sí fue efectuado por el deudor y avalado por el
acreedor.
251. Pese a que la interventoría aseveró que el consorcio satisfizo el 100% del
objeto, puesto que, el 5 de octubre de 2016, certificó que no existían pendientes en
el proyecto230, lo cierto es la entidad solamente dio visto bueno a la ejecución del
90% del mismo, en tanto que pagó dicho porcentaje, previa constatación de las
actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, revisadas, aceptadas y
recibidas a satisfacción por la interventoría y el Supervisor designado por el instituto
–como se explicó párrafos atrás–. Así las cosas y como se asignó a la parte no
ejecutada una proporción del 10%, ante la negativa del IDU en cancelar dicha cifra,
la sanción a imponer corresponderá a una cifra equivalente a esa inobservancia (por
229
Nota original: “CLARO SOLAR, Luis. Ob. Cit. Págs. 520 y 521”, citada por Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 13 de noviembre de 2008, radicación 68001-23-31-000-1996-02081-
01(17009), C.P. Enrique Gil Botero.
230
Oficio MAB-1-1697-0528-16, fls.514 a 515, c.5.
65
Radicación: 25000233600020170045901 (71.456)
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Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU–
Asunto: Controversias contractuales
lo que se calculará ese porcentaje frente al valor completo que correspondería a la
pena estipulada, por concepto de un incumplimiento total)
252. Se explica: el monto integral de la cláusula penal ascendería a
$7.038’769.300 –equivalente al 30% del precio, incluida la adición pactada–; no
obstante, la misma se reducirá en un 90%, atinente a la cifra de ejecución
confirmada por la entidad. De modo que la pena quedará representada en un 2,99%
del valor del contrato, esto es, la suma $703’876.930, en tanto que el parámetro
para su imposición está dado en proporción al porcentaje del objeto que no fue
ejecutado o recibido a satisfacción por la entidad, según se señaló. Monto por el
cual se condenará al consorcio.
253. (b) Se accederá al pago de $57’337.942, correspondiente a la suma que el
instituto pagó por concepto del contrato No. 1074 de 2016231, que suscribió con
Consultores en Movilidad S.A.S. Moviconsult, a fin de que se rindiera un concepto
sobre la calidad de los diseños y obras ejecutados en virtud del contrato No. 1636
de 2013. En el plenario obra constancia de los pagos efectuados con ocasión de
aquel contrato232.
254. (c) No se reconoce la suma de $117’922.073 solicitada por el IDU, a título
de implementación del PMT requerido por la SDM, puesto que al proceso solo
fueron aportados documentos que dan cuenta de las afirmaciones de la entidad
sobre la implementación de éste a su cargo233, sin contar con un respaldo que
acredite los recursos que utilizó al respecto. En contraposición a dicho aserto, el
consorcio le solicitó a la interventoría el pago de los montos en que incurrió a fin de
implementar la señalización temporal indefinida234. Ante la falta de una prueba
certera sobre la efectiva causación de este ítem, no se ordenará su desembolso a
cargo de alguna de las partes.
255. (d) La entidad pidió el reconocimiento del valor del nuevo contrato que se
debe realizar, para corregir las obras que quedaron mal ejecutadas y que tasó en
la cifra de $7.880’474.505.
256. El instituto aportó los estudios previos y el contrato de obra No. 1646 de
2019235, que el IDU suscribió con el consorcio Puentes Norte 2025, para la
“complementación, actualización y ajustes de los estudios y diseños y construcción
de puentes peatonales para acceso a las estaciones Calle 142, Calle 146, Mazuren
y Toberín y de obras geométricas complementarias en la autopista norte en la
ciudad de Bogotá D.C.”, por el monto de $36.860’405.793
231
Fls.69 a 94, c.9
232
Son visibles los pagos por las sumas de $31’854.412 y $25’483.530, a favor de Consultores en Movilidad S.A.S.
Moviconsult (fl.95, c.9).
233
Mediante oficio STEST 20173460386441 del 12 de mayo de 2017 (fls.732 a 737, c.2.), el IDU manifestó: “... Por lo cual el
Instituto, en su deber de velar por la seguridad de los usuarios de la infraestructura ejecutada en la Autopista Norte, elaboró
el diseño que la SDM aprobó mediante comunicación SDM-155801-16 con radicado IDU No. 20165260844812 del
29/11/2016, que en reiteradas ocasiones se negó a adelantar el Contratista, exclusivamente con el fin de mitigar el inminente
riesgo de accidentalidad vial manifestado por la SDM, ‘sobre el carril exclusivo de Transmilenio del sistema Transmilenio y
sobre los tres carriles destinados a la circulación del flujo vehicular mixto’”.
234
Cd3, archivo: “ENV-CET-3194-049-17 MAB ENTREGA DE PRESUPUESTO”.
235
Esta prueba fue decretada de oficio por el Tribunal, en desarrollo de la audiencia de pruebas celebrada el 15 de febrero
de 2022, según consta en el índice 98, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Cundinamarca–. Tal insumo es visible en
el índice 100, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Cundinamarca–.
66
Radicación: 25000233600020170045901 (71.456)
Demandante: Consorcio Estaciones Transmilenio 2013
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU–
Asunto: Controversias contractuales
257. Según el anexo técnico separable del antedicho pacto, su objeto se
enmarcaba en proveer un segundo acceso a las estaciones mediante la
construcción de puentes peatonales –(i) construcción para acceso a la estación
Calle 146 con conexión a estación calle 142, (ii) construcción para acceso a la
estación Mazurén con conexión a estación calle 146, y (iii) construcción para
acceso a la estación Toberín (costado sur)– y la realización de las obras
geométricas complementarias, a fin de “dar solución definitiva para superar las
dificultades de movilidad y de seguridad vial en la calzada de tráfico rápido costado
oriental de la Autopista Norte, a la altura de las estaciones Calle 146 y Toberín ...
las cuales fueron desarrolladas mediante el contrato IDU 1636 DE 2013”.
258. Tanto en sus estudios previos, como en el clausulado del negocio jurídico,
se discriminó su precio en los montos estimados para estudios y diseños, por
$2.064’977.184, y la etapa constructiva, por la suma de $34.795’428.609. No se
detalló la composición de esas cifras, a fin de conocer cuál porcentaje correspondía
para la realización de los puentes peatonales y cuál para el desarrollo de las obras
geométricas complementarias.
259. Lo expuesto evidencia que no se tiene certidumbre sobre los recursos
utilizados para la complementación de la geometría del contrato No. 1636 de
2013236. Ante la carencia de probanza de los recursos empleados frente a esta
última actividad, la Sala no ordenará su reconocimiento, en aplicación de los efectos
que se derivan de la desatención en el cumplimiento de la carga de la prueba.
260. En este orden de ideas, la efectividad de la cláusula penal a imponer se
limitará a las sumas que resultaron probadas en el proceso, esto es, el monto de
$703’876.930, por las razones ya explicadas. Esta cifra incluye los $57’337.942
acreditados para la prestación de la consultoría por parte de Moviconsult y un valor
adicional, en tanto que opera como una tasación de los perjuicios ocasionados al
instituto, ante la ausencia de la satisfacción de la totalidad de obligaciones a cargo
del deudor. No se impone por un valor superior, en atención a la aplicación del
criterio de proporcionalidad, ya referenciado, y ante la ausencia de demostración
de los demás perjuicios señalados por la contratante –según se explicó y en
aplicación del art. 167 del CGP, ya citado, que impone a los sujetos procesales
demostrar los supuestos en que basan sus pedimentos–.
261. Como corolario de todo lo anterior, para la liquidación judicial del contrato No.
1636 de 2013 se tendrán en cuenta los siguientes valores:
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO No. 1636 de 2013
Valor total estipulado $23.462’564.335
Valor total ejecutado $22.582’887.914
Valor pagado al contratista $20.629’847.346
236
Al examinar la página web del SECOP no se encontró la oferta económica formulada por el consorcio Puentes Norte 2025,
a fin de dilucidar el valor propuesto por concepto de la geometría complementaria.
67
Radicación: 25000233600020170045901 (71.456)
Demandante: Consorcio Estaciones Transmilenio 2013
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU–
Asunto: Controversias contractuales
Obras ejecutadas y no pagadas, a cuyo
$1.953’040.568
reconocimiento no se accede
Valor de la cláusula penal a imponer $703’876.930
Saldo a favor del IDU $703’876.930
262. El corte de cuentas efectuado arroja una diferencia favor del IDU por el monto
de $703’876.930, que se actualizará de conformidad con los índices de precios al
consumidor certificados por el DANE, tomando como índice inicial el
correspondiente a la fecha en que se cumplió el término con que se contaba para
liquidar el contrato –12 de mayo de 2017237– y el índice final el de la fecha de esta
providencia, con base en la siguiente fórmula (donde Vp corresponde al valor
presente y Vh al valor histórico o inicial):
703.876.930 x Índice final
Vp= ----------------------
Índice inicial
703’876.930 x 151,76
Vp= ----------------------------------
96,12
Vp= $1.111’322.960
263. Por consiguiente, la liquidación judicial del contrato No. 1636 de 2013
asciende a la suma de mil ciento once millones trescientos veintidós mil novecientos
sesenta pesos ($1.111’322.960), que le corresponde pagar al contratista a favor del
instituto.
Costas
264.De acuerdo con el artículo 188 del CPACA, adicionado por la Ley 2080 de 2021,
salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del CGP238. La condena en costas no requiere de la apreciación de una conducta
temeraria de la parte a la cual se le impone, toda vez que en el régimen actual dicha
condena se basa en un criterio objetivo. Por lo tanto, es procedente la condena en
costas, que se integran por los gastos del proceso y las agencias en derecho.
265.
El artículo 365 del CGP establece que se condenará en costas a la parte a la
que se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación (núm. 1). Por otra
237
Como el plazo del negocio culminó el 10 de julio de 2016, los ocho meses convenidos en la cláusula 26 para su liquidación
bilateral corrieron del 11 de julio de 2016 al 11 de marzo de 2017 y los 2 meses previstos para su liquidación unilateral
transcurrieron del 12 de marzo al 12 de mayo de 2017.
238
El proceso inició con posterioridad al 2 de julio de 2012. Por tanto, se rige por el CPACA de acuerdo con su artículo 206.
68
Radicación: 25000233600020170045901 (71.456)
Demandante: Consorcio Estaciones Transmilenio 2013
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU–
Asunto: Controversias contractuales
parte, el artículo 5º del Acuerdo PSAA16-10554 del Consejo Superior de la
Judicatura239 establece que, en la segunda instancia de procesos declarativos, se
fijarán las agencias en derecho entre 1 y 6 SMMLV. Para el efecto, se debe tener
en cuenta la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el
apoderado, la cuantía del proceso y demás circunstancias especiales directamente
relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada.
266. Como el recurso de apelación se resolverá desfavorablemente para el
consorcio, se le condenará a pagar las agencias en derecho para esta instancia en
la suma de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV). Los
integrantes de esta forma asociativa pagarán esta condena de conformidad con su
porcentaje de participación en ésta.
PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO. MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, el 22 de febrero de 2024 y, en su
lugar, se dispone:
PRIMERO: DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO del contrato No. 1636 de 2013 por
parte del CONSORCIO ESTACIONES TRANSMILENIO 2013, en atención a lo
señalado en la parte motiva de esta sentencia, con fundamento en lo pedido en la
demanda de reconvención.
SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, liquidar judicialmente
el Contrato No. 1636 de 2013, en el sentido que el CONSORCIO ESTACIONES
TRANSMILENIO 2013 le debe al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU-
la suma de mil ciento once millones trescientos veintidós mil novecientos sesenta
pesos ($1.111’322.960).
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda principal, formulada
por el CONSORCIO ESTACIONES TRANSMILENIO 2013 en contra del
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU-.
CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda de reconvención.
QUINTO: Sin condena en costas por primera instancia.
SEGUNDO. CONDENAR en costas, por la segunda instancia, al CONSORCIO
ESTACIONES TRANSMILENIO 2013 y a favor del INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO, por la suma correspondiente a dos (2) salarios mínimos legales
mensuales vigentes (SMLMV) a la fecha de ejecutoria de esta providencia, por
239
Aplicable en este caso por encontrarse vigente en la fecha en que se presentó la demanda: 22 de marzo de 2017.
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Radicación: 25000233600020170045901 (71.456)
Demandante: Consorcio Estaciones Transmilenio 2013
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU–
Asunto: Controversias contractuales
concepto de agencias en derecho. Los integrantes de esta forma asociativa
pagarán esta condena de conformidad con su porcentaje de participación en ésta.
TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la
responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
70
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