Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2014-01220-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2014-01220-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 05001-23-33-000-2014-01220-01
Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez
13 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., trece (13) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Expediente: 050012333000201401220 01 (73.792)
Demandantes: Consorcio Reversadero
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano –EDU– y Municipio
de Medellín
Medio de control: Controversias contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia
TEMAS: ACTO CONTRACTUAL - las comunicaciones proferidas en desarrollo de un
contrato que no son expresión de poder público se circunscriben al desarrollo de las
relaciones negociales, sin la connotación de actos administrativos / Acto Contractual - no
debe ser declarado nulo al carecer de los atributos distintivos de los actos administrativos,
como son, su presunción de legalidad y derivada fuerza ejecutoria / LIQUIDACIÓN DE
CONTRATO REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO – se trata de una cláusula accesoria,
cuya inclusión es plausible en ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes /
LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL PACTO - la inclusión de salvedades no constituye requisito
de procedibilidad para acudir ante la jurisdicción, sino un presupuesto material en punto a
establecer el alcance del acuerdo / RENUNCIA EXPRESA A RECLAMACIONES CON
OCASIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE ACUERDOS MODIFICATORIOS DEL NEGOCIO
JURÍDICO – es procedente en el marco de la autonomía y libertad negocial / MAYOR
PERMANENCIA EN OBRA – le corresponde al contratista soportar los efectos económicos
derivados de los pactos de prolongación del plazo, si al prorrogarlo se convino que ello no
generaría costos adicionales a la contratante.
Surtido el trámite de ley sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo
actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia que negó las súplicas de la demanda.
La controversia versa sobre los incumplimientos de un contrato de obra, y las
consecuentes reclamaciones económicas afincadas en los efectos de la
prolongación del plazo negocial y en el reconocimiento de los reajustes a los precios
unitarios, así como los mayores costos incurridos en el logro del objeto.
I. LA SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la decisión adoptada el 9 de octubre de 2025, por medio de
la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad, negó las
pretensiones del actor1.
2. El anterior proveído decidió la demanda instaurada el 11 de julio de 20142
por el consorcio Reversadero3 (desde ahora el consorcio, el contratista o el
demandante) contra el municipio de Medellín (en lo sucesivo el municipio o la
entidad territorial) y la Empresa de Desarrollo Urbano (en adelante la EDU, la
1
El Tribunal no condenó en costas a las partes.
2
Fl.1, c.1.
3
Conformado por Fernando León Diez Cardona y Javier Londoño S.A., en partes iguales (fls.98 a 100, c.1.)
Expediente 050012333000201401220 01 (73.792)
Demandantes: Consorcio Reversadero
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano - EDU y otro
Referencia: Controversias contractuales
empresa o la contratante), cuyas pretensiones, hechos principales y fundamentos
jurídicos se enuncian a continuación.
Pretensiones
3. El demandante pidió declarar el incumplimiento del contrato No. 87 de 2011
por parte de la EDU, y como consecuencia que se “restablezca [su] equilibrio
económico”, mediante el pago de $1.829’428.4084, junto con el reconocimiento de
intereses moratorios.
Hechos relevantes5
4. Entre el municipio y la EDU fue suscrito el convenio interadministrativo No.
4800002205 de 2007, con el propósito de que esta última efectuara “la coordinación
de estudios, diseños técnicos y ejecución del proyecto urbano integral para la
Comuna 13 y las áreas de influencia de las estaciones del Metrocable Nuevo
Occidente”.
5. En desarrollo del anterior pacto, la EDU y el consorcio suscribieron, el 1 de
febrero de 2011, el contrato de obra No. 87 (en lo sucesivo el contrato), cuyo objeto
consistió en la “construcción de las obras civiles y de urbanismo Reversadero 1,
Sendero de Conexión independencias 1 de la Comuna 13 de la ciudad de Medellín”,
por un valor de $6.984’539.490 y un plazo de 270 días. En su ejecución se
adicionaron recursos por la suma de $1.607’000.000 y se añadieron 281 días al
plazo, extendiéndolo hasta el 31 de agosto de 2012.
6. Señaló el actor que varias circunstancias afectaron la economía del contrato,
provenientes de la falta de planeación de la empresa consistentes, en:
(i) Problemas de acceso al sitio de trabajo. La ejecución del proyecto se
dividió en dos sectores, zona A (reposición de redes de acueducto y
alcantarillado, y pavimentación de los tramos inicial y reversadero); zona
B (instalación de escaleras eléctricas). Solo se pudo ejecutar la primera
franja una vez se culminó el montaje electromecánico6. Además, la gran
cantidad de cajas telefónicas no consideradas en los estudios ni en los
pliegos interferían con las redes de alcantarillado.
(ii) Demora en la entrega de diseños y rediseños. La EDU no contaba con
estos insumos para el desarrollo de la obra, los elaboró durante la
ejecución del negocio7.
(iii) Dificultades topográficas y de suelo. Al construir las pilas se advirtieron
condiciones diferentes a las esperadas según el estudio de suelos.
(iv) Fuerte temporada invernal, que retrasó el cronograma.
4
Por mayor permanencia en obra, mayores costos administrativos, socio ambientales y de mano de obra, así como lo
solicitado en las actas de reajuste.
5
A través de la reforma a la demanda (fls.817 y 818, c.3.), el consorcio incluyó los siguientes supuestos fácticos:
“Me permito adicionar el acápite de los hechos de la siguiente manera:
ADICIÓN DE HECHO: El día 31 de octubre de 2014, las parte contratantes liquidaron el contrato N° 87 de 2011.
ADICIÓN DE HECHO: Dentro del contenido de la liquidación, el contratista expresó la siguiente salvedad …”.
6
Pues se debía dejar espacio para el acceso a esta zona (para el tránsito de personas y materiales).
7
Indicó que la EDU entregó la licencia de construcción hasta el 21 de junio de 2011, y sin esta licencia no era viable que EPM
aprobara la subestación de energía del Edificio No. 2, lo que afectó la programación de la obra al supeditarse a la entrega de
los permisos a cargo de la contratante.
2
Expediente 050012333000201401220 01 (73.792)
Demandantes: Consorcio Reversadero
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano - EDU y otro
Referencia: Controversias contractuales
(v) Afectaciones de orden público. Los enfrentamientos entre grupos al
margen de la ley que operan en ese sitio alteraron las actividades.
7. Indicó que la EDU se negó a efectuar esos reconocimientos. Así fue decidido
en las resoluciones GG381 del 24 de agosto de 2012, y GG511 del 13 de noviembre
de 2012, que confirmó la anterior.
8. El 31 de octubre de 2014, las partes liquidaron el contrato. El consorcio se
reservó el derecho de reclamar judicialmente el restablecimiento económico del
pacto.
Fundamentos de derecho
9. El demandante adujo la transgresión de los arts. 4, 5, 28 y 50 de la Ley 80
de 1993; disposiciones en las que sustentó su derecho a los pagos reclamados.
10. Señaló que a la EDU le atañe el desembolso de los reajustes a los precios
unitarios pactados en el contrato –relacionó 8 actas, por valor de $52’842.300,81–,
así como el reconocimiento de los sobrecostos en que el consorcio incurrió en punto
a la nómina de los trabajadores, pues su valor rebasó lo definido en el presupuesto
oficial al respecto8, y de cara a la implementación de la guía socio ambiental, toda
vez que los costos asociados superaron la inversión efectuada en la obra9.
Contestaciones de la demanda
11. El municipio de Medellín10 se opuso a las pretensiones del actor. Formuló
las excepciones de: (i) falta de legitimación en la causa por pasiva, en tanto no fue
parte de la relación contractual objeto de debate11; (ii) inepta demanda, por cuanto
no procede el medio de control de controversias contractuales en su contra, ante la
inexistencia de un vínculo negocial con el consorcio12; (iii) falta de legitimación en la
causa por activa, dado que el actor carece de capacidad para demandar al
municipio13; (iv) inexistencia de desequilibrio económico, ya que el posible
detrimento del contratista derivó de su propia conducta, al implementar métodos
constructivos ineficientes y onerosos; (v) buena fe, puesto que el ente territorial ha
cumplido sus deberes y cargas; y (vi) la genérica.
12. La EDU también se opuso a las súplicas de la demanda. Aseveró que
conforme al núm. 1.14 de las condiciones de la contratación, el consorcio debía
conocer el sitio de la obra antes de presentar su propuesta para identificar sus
8
El valor unitario de cada uno de los ítems debía estar entre el 98% y 103% del valor unitario del presupuesto oficial; no
obstante, las nóminas operativas ascendieron a $1.646’709.807, con un saldo pendiente no reconocido de $879’736.315.
9
Se estimó para la aplicación de la guía socio ambiental $77’804.584 y el monto ejecutado fue de $129’167.251, es decir, se
concretó una diferencia de $51’362.667. “... los proponentes se vieron constreñidos a realizar la propuesta ajustada a las
exigencias de la EDU, esto es condicionados a un cuadro predeterminado el cual posee celdas fijas e inamovibles y además
el valor global que resulte de la suma de los componentes del a y u deberá estar en un rango entre el 90% y el 105% de lo
establecido en el presupuesto oficial. Así que el contratista se ve obligado a colocar en el cuadro costos muy parecidos sino
iguales a los que se presentan en el cuadro discriminativo del AIU” (fl.25, c.1.).
10
Fls.742 a 766 y 826 a 827, c.3.
11
En la audiencia inicial, el a quo declaró no probada esta excepción, toda vez que el estudio de la legitimación material del
municipio procede hasta la sentencia, por tratarse del análisis de un aspecto sustancial (fls.903 y 904, c.ppal).
12
El Tribunal de origen tampoco accedió a este medio de defensa, por cuanto el contrato tuvo origen en convenio
interadministrativo que celebró la EDU con el municipio, “así que su actuación como administrador delegado, en principio, se
entiende en representación del Municipio de Medellín” (fls.904 y 905, c. ppal.).
13
El Tribunal, en la audiencia inicial, declaró no probada esta excepción, pues los consorcios sí se encuentran legalmente
facultados para concurrir a procesos judiciales en la contratación estatal (fl.903, c. ppal.).
3
Expediente 050012333000201401220 01 (73.792)
Demandantes: Consorcio Reversadero
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano - EDU y otro
Referencia: Controversias contractuales
características topográficas y de acceso14, los diseños del proyecto15, así como
todos los aspectos que pudieran incidir en su desarrollo16; pues se indicó que el
desconocimiento de esas situaciones “por parte del adjudicatario, no dará lugar a
reclamaciones futuras”17.
13. Sostuvo que el actor al suscribir las adiciones contractuales conoció y aceptó
las repercusiones de los retrasos en la instalación de las escaleras eléctricas de la
zona B, así como los ajustes que debieron hacerse a los diseños, el hallazgo de
estrato de roca meteorizada en el suelo (que generó obras extras para la excavación
de las pilas), los efectos de la temporada invernal y los eventos de alteración del
orden público en la comuna 13.
14. Refutó el pago de reajustes, pues éstos se reconocieron en la liquidación
bilateral del negocio jurídico. Indicó que no proceden reconocimientos por
sobrecostos, pues era responsabilidad del consorcio analizar los precios unitarios
al formular su oferta, no simplemente sujetarse a los valores indicados por la EDU.
15. Como medios de defensa, planteó: (i) buena fe; (ii) inexistencia de la
obligación de indemnizar18; y (iii) mala fe del demandante19.
Alegatos en primera instancia
16. Surtido el debate probatorio20 al alegar de conclusión, el municipio21 reiteró
la inexistencia del desequilibrio del contrato. Agregó que como el contratista no
demandó el acto de liquidación no procedía el examen de sus reclamaciones. La
EDU22 aseguró que al suscribir los otrosíes del contrato, las partes consideraron las
situaciones que afectaron su ejecución, contemplando su prórroga y adición en
precio, de modo que no hay lugar a mayores pagos. El demandante y el Ministerio
Público guardaron silencio.
Fundamentos de la sentencia impugnada23
17. El a quo consideró que las reclamaciones traídas a juicio fueron resueltas por
medio de unos actos administrativos –las Resoluciones GG-0511 y GG381 de 2012
–24, cuya presunción de legalidad no fue desvirtuada toda vez que el consorcio no
14
Indicó que el consorcio debió inspeccionar el sitio y conocer que la vía de acceso era un único carril de 4 metros de ancho;
además, desde la convocatoria, sabía que la EDU se reservó el derecho a ejecutar trabajos dentro de los límites o zonas
adyacentes al área de la obra (y siendo experto en temas constructivos podía advertir los efectos de la ejecución de obras
simultáneas en territorios colindantes). Desde el comienzo del acuerdo, el consorcio estuvo al tanto de que la firma Coservicios
ingresaría por la zona, a fin de instalar las escaleras mecánicas.
15
“La entidad, durante el proceso licitatorio, entregó a cada proponente un CD que contenía los estudios de suelos, topografía,
planteamiento vial, diseño arquitectónico, estructural, eléctrico, resoluciones ambientales para intervención de especies
arbóreas, entre otros documentos” (fl.839, c.3.) Relacionó la entrega de diseños efectuada al demandante (fls.841 a 846, c.3.)
16
Entre ellos, la obligación de implementar los frentes de trabajo requeridos para culminar el objeto en el período programado.
17
Fl.840, c.3.
18
“No se prueba, por parte del demandante, la ocurrencia de perjuicios en su contra en el quehacer de la administración, al
imponer la sanción como consecuencia del procedimiento administrativo sancionatorio” (fl.860, c.3.)
19
En tanto que el contratista desconoció sus falencias en desarrollo del negocio jurídico.
20
En la audiencia inicial del 12 de junio de 2017 (fl.907, c.ppal), el Tribunal decretó las pruebas documentales aportadas con
la demanda y su contestación (visibles en los cuadernos 1, 2 y 3), los testimonios de los señores: Juan Diego García
(practicado en la audiencia de pruebas del 3 de octubre de 2019), Hemerson Arley Vanegas Henao (con desistimiento en
audiencia del 28 de junio de 2017), Cesar Augusto Hernández (con desistimiento en audiencia del 28 de junio de 2017) y
Andrés Felipe Jiménez (rendido en la audiencia del 3 de octubre de 2019); y exhortó a la EDU para que aportara copia del
expediente relativo al contrato 87 de 2011 (documentos visibles en el cd 6).
21
Fls.981 a 987, c. ppal.
22
Fls.988 a 992, c. ppal.
23
Índice 78, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Antioquia.
24
En efecto, en la providencia recurrida, el Tribunal indicó:
“… se encuentra plenamente acreditado que el Consorcio Reversadero, previo a la presentación de la demanda y a la
liquidación del contrato (31 de octubre de 2014), elevó una solicitud de restablecimiento del equilibrio económico que fue
4
Expediente 050012333000201401220 01 (73.792)
Demandantes: Consorcio Reversadero
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano - EDU y otro
Referencia: Controversias contractuales
pidió su declaratoria de nulidad25. Concluyó que ante este panorama el juez está
imposibilitado a estudiar de fondo el asunto, y negó las pretensiones26.
II.EL RECURSO DE APELACIÓN27
18. El consorcio pidió revocar la sentencia de primer grado. Indicó que no es
cierto que las Resoluciones GG-381 y GG-0511 de 2012 tengan “fuerza de cosa
juzgada material”, comoquiera que se reservó en el acta de liquidación bilateral el
derecho a reclamar en juicio el desequilibrio económico aducido.
19. Sostuvo que el Tribunal desestimó el material probatorio que demostraba la
responsabilidad de la EDU en la ruptura de la ecuación económica. Añadió que las
adiciones y otrosíes al contrato no resolvieron las reclamaciones económicas objeto
del litigio, de modo que subsiste la posibilidad de pedir su reconocimiento en sede
judicial.
Trámite en segunda instancia
20. El a quo concedió el recurso de apelación28 y esta Corporación lo admitió en
proveído del 2 de diciembre de 202529. Dentro del término de que trata el núm.4 del
art. 247 del CPACA –modificado por la Ley 2080 de 2021–30, el municipio de
Medellín31 solicitó confirmar el fallo apelado, por cuanto no se desvirtuó la
presunción de legalidad de los actos que resolvieron la solicitud de desequilibrio
económico; además, no obran pruebas que demuestren ese reproche. La EDU32
también pidió confirmar la sentencia de primer grado, comoquiera que el juez no
puede “revivir” una controversia resuelta administrativamente33. Añadió que la
salvedad incluida en el acta de liquidación bilateral no corrige la falta de
cuestionamiento de los actos administrativos en firme.
21. El Ministerio Público guardó silencio34.
III.CONSIDERACIONES
Objeto del recurso
resuelta de manera desfavorable mediante la Resolución No. GG-381 de 2012 y confirmada por la Resolución No. GG-0511
de 2012. Estos actos, al resolver el recurso de reposición, pusieron fin a la actuación administrativa y se constituyeron en
actos contractuales definitivos (…)
En consecuencia, el problema jurídico planteado debe resolverse de forma negativa. La existencia de actos administrativos
firmes que resolvieron la misma reclamación impide un nuevo pronunciamiento de mérito. Esta conclusión torna innecesario
el análisis de las pruebas relativas al supuesto incumplimiento y desequilibrio económico”.
25
El a quo indicó: “la omisión total de la pretensión anulatoria, lo que (sic) deja las decisiones de la EDU en plena vigencia y
con toda fuerza vinculante” (fl.8 de la sentencia).
26
El Tribunal no se pronunció respecto de la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por el
municipio, pese a que, en la audiencia inicial, manifestó que se pronunciaría sobre la misma en el fallo, por tratarse un aspecto
sustancial de la litis.
27
Índice 81, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Antioquia–.
28
Índice 82, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Antioquia–.
29
Índice 4, SAMAI.
30
“4. Desde la notificación del auto que concede la apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en segunda instancia, los
sujetos procesales podrán pronunciarse en relación con el recurso de apelación formulado por los demás intervinientes”.
31
Índice 11, SAMAI.
32
Índice 10, SAMAI.
33
Adujo que existe identidad plena entre la reclamación administrativa previa y la demanda judicial.
34
El art. 247 ibid. establece que “6. El Ministerio Público podrá emitir concepto desde que se admite el recurso y hasta antes
de que ingrese el proceso al despacho para sentencia”.
5
Expediente 050012333000201401220 01 (73.792)
Demandantes: Consorcio Reversadero
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano - EDU y otro
Referencia: Controversias contractuales
22. Conforme al artículo 328 del Código General del Proceso35 el “juez de
segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos
por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley. …”. Bajo esta premisa legal, la competencia del ad quem
está circunscrita a los reproches que formule el apelante contra la decisión de
primera instancia, de modo que aquellos aspectos sobre los que no exista
inconformidad quedan revestidos de la presunción de acierto y legalidad que
acompaña las decisiones judiciales. Lo anterior, sin perjuicio del examen que el juez
debe realizar de oficio respecto al cumplimiento de normas imperativas, como
ocurre en materia de presupuestos procesales, entre otras, como también frente a
asuntos que necesariamente se deben abordar para poder resolver la controversia,
al punto que, de no hacerlo, resulte frustrado el derecho de acceso a la
administración de justicia.
23. En el caso concreto, el único argumento señalado por el Tribunal para no
estudiar de fondo las súplicas de la demanda descansa en que no se desvirtuó la
presunción de legalidad de los actos que negaron las reclamaciones del contratista,
los cuales calificó como actos administrativos. En este sentido, resulta ineludible
para la Sala analizar su naturaleza, pues sólo a partir de esta determinación es
posible establecer si el actor debía o no demandar su nulidad para hacer procedente
el debate sobre los reconocimientos pedidos, y definir su efecto en torno a la
liquidación del contrato.
24. En este punto la Sala precisa que la competencia atribuida al juez de
segundo grado acoge en su dimensión los asuntos que guarden íntima relación con
el thema decidendi, esto es, aquellos que se constituyen en presupuesto de análisis
para resolver la censura y sin los cuales la decisión a adoptar resulta incompleta,
incongruente, o se emite simplemente de manera formal; situación que
comprometería la garantía fundamental a la tutela judicial efectiva36 pues, como
ocurre en el presente caso, el a quo negó el examen de todas las pretensiones
basado en la existencia de unos actos administrativos cuya nulidad no fue
demandada.
25. En estos términos, la Sala debe analizar el régimen de la EDU para definir la
naturaleza de sus actos, y a partir de allí establecer si aquellos tenían o no “fuerza
de cosa juzgada material”; aspecto imprescindible para desatar la censura.
Análisis de la Sala
26. Mediante el Acuerdo 43 de 1993 fue creada la empresa industrial y comercial
de la orden municipal denominada “Parque San Antonio”, transformada a
“Promotora Inmobiliaria de Medellín” a través del Acuerdo municipal 7 de 199637.
35
Estatuto al que se acude por remisión que el CPACA hace a las normas de procedimiento civil: “ARTÍCULO 306.
ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento
Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo”.
36
“El derecho a la administración de justicia también llamado derecho a la tutela judicial efectiva se ha definido como la
posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los
jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el
restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos
y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes ́. Este derecho constituye un
pilar fundamental del Estado Social de Derecho y un derecho fundamental de aplicación inmediata, que forma parte del núcleo
esencial del debido proceso”. Corte Constitucional, Sentencia C-279 del 15 de mayo de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt.
37
Fls.104 a 107, c.1.
6
Expediente 050012333000201401220 01 (73.792)
Demandantes: Consorcio Reversadero
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano - EDU y otro
Referencia: Controversias contractuales
Luego, por medio del Decreto 158 de 2002, proferido por la Alcaldía de Medellín, se
cambió su denominación a “Empresa de Desarrollo Urbano ´EDU´”, conservando su
naturaleza como empresa industrial y comercial del Estado (EICE) del orden
municipal, dotada de autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio, cuyo
objeto consiste en el “desarrollo de proyectos urbanísticos e inmobiliarios,
representativos para el mejoramiento de la ciudad de Medellín y el bienestar de los
ciudadanos, que incluyen entre otros aspectos: gestión de vivienda, promoción,
construcción, administración, enajenación, desarrollo, mantenimiento, adquisición,
titularización, legalización, integración y reajuste de predios”38.
27. De acuerdo con su objeto, la EDU desarrolla actividades orientadas al
desarrollo de proyectos inmobiliarios y urbanísticos en la ciudad de Medellín, lo que
explica su naturaleza en tanto se trata de operaciones que se realizan en un
contexto que es propio de los particulares. La estructura que adoptó esta entidad
expresa tal propósito y la dota de las características de una empresa –industrial y
comercial– para hacer de ésta un sujeto competitivo y eficiente en ese mercado.
28. Por ello, desde sus orígenes39, el derecho privado ha sido referente obligado
de los actos y contratos de las EICE, lo que se justifica en “la necesidad de que en
su actividad industrial y comercial, tradicionalmente ajena al Estado y propia de los
particulares, ellas actúen en términos equivalentes a éstos cuando realicen
actividades similares, sin tener prerrogativas exorbitantes que atenten contra el
derecho a la igualdad ni estar sujetas a procedimientos administrativos que entraben
sus actuaciones y las pongan en situación de desventaja frente a sus
competidores”40.
29. Con las modulaciones que sobre el régimen de sus actos y contratos ha
definido el legislador en diversos momentos41, ha sido una constante el
reconocimiento de matices diferenciales para las EICE y su necesaria vinculación
con el derecho común, dado el desarrollo de sus actividades42. En el sub-lite, la EDU
y el Consorcio Reversadero celebraron el contrato No. 87 el 1° de febrero de 2011,
38
Fls.108 a 119, c.1.
39
El Decreto 1050 de 1968, disponía lo siguiente: “ARTÍCULO 6º.- De las empresas industriales y comerciales del Estado.
Son organismos creados por la ley, o autorizados por esta, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial
conforme a las reglas del derecho privado, salvo las excepciones que consagra la ley, y que reúnen las siguientes
características: (…)”.
40
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 19 de agosto de 2004. Expediente 12.342., reiterada en sentencia de
6 de febrero de 2006, Exp. 13414.
41
La Ley 80 de 1993 estableció en el art. 1 que su objeto estaba dirigido a “disponer las reglas y principios que rigen los
contratos de las entidades estatales”. Y en el art. 2, al definir las entidades estatales, incluyó a las empresas industriales y
comerciales del Estado. Empero, dada su naturaleza, excluyó la aplicación de cláusulas excepcionales al derecho común en
los contratos de las EICE, al señalar en el art. 14: “PARÁGRAFO. En los contratos que se celebren con personas públicas
internacionales, o de cooperación, ayuda o asistencia; en los interadministrativos; en los de empréstito, donación y
arrendamiento y en los contratos que tengan por objeto actividades comerciales o industriales de las entidades
estatales que no correspondan a las señaladas en el numeral 2o. de este artículo, o que tengan por objeto el desarrollo
directo de actividades científicas o tecnológicas, así como en los contratos de seguro tomados por las entidades estatales, se
prescindirá de la utilización de las cláusulas o estipulaciones excepcionales” (se resalta). A su vez, la jurisprudencia ha
señalado que conforme a la Ley 80 de 1993, “no se requería licitación o concursos públicos cuando se tratara de «los actos
y contratos que tengan por objeto directo las actividades comerciales e industriales propias de las empresas industriales y
comerciales estatales con excepción de los contratos que a título enunciativo identifica el artículo 32 de esta ley» (art. 24.m6)
(…)”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 17 de septiembre de 2025, Exp. 52.708, M.P. William
Barrera Muñoz, citando las siguientes providencias: “Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de septiembre de
2009, Rad. 24639 …, y sentencia de 16 de julio de 2015, Rad. 31683ª …”.
42
Además de las reglas diferenciales fijadas en la Ley 80 de 1993 para las EICE, la Ley 489 de 1998 entró a establecer el
régimen de sus actos y contratos en el art. 93, al disponer: “[los] actos que expidan las empresas industriales y comerciales
del Estado para el desarrollo de su actividad propia, industrial o comercial o de gestión económica se sujetarán a las
disposiciones del Derecho Privado. Los contratos que celebren para el cumplimiento de su objeto se sujetarán a las
disposiciones del Estatuto General de Contratación de las entidades estatales”.
7
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de modo que su régimen es el establecido en el art. 14 de la Ley 1150 de 2007,
antes de la reforma del art. 93 de la Ley 1474 de 201143.
30. La citada norma dispuso:
“ARTÍCULO 14. DEL RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LAS EMPRESAS
INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO, LAS SOCIEDADES DE
ECONOMÍA MIXTA, SUS FILIALES Y EMPRESAS CON PARTICIPACIÓN
MAYORITARIA DEL ESTADO. Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado
(…), estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública, con excepción de aquellas que se encuentren en competencia con el sector
privado nacional o internacional o desarrollen su actividad en mercados
monopolísticos o mercados regulados, caso en el cual se regirán por las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y
comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13 de la presente ley. Se
exceptúan los contratos de ciencia y tecnología, que se regirán por la Ley 29 de
1990 y las disposiciones normativas existentes.
El régimen contractual de las empresas que no se encuentren exceptuadas en los
términos señalados en el inciso anterior, será el previsto en el literal g) del numeral
2 del artículo 2o de la presente ley”.
31. Dado que la EDU adelanta proyectos inmobiliarios y urbanísticos, incluyendo
las actividades de promoción, construcción y administración de aquellos, y éste es
un escenario en el que están en competencia con el sector privado, sus contratos
están excluidos de la aplicación del Estatuto General de la Administración Pública -
EGCAP, quedando sometidos a las disposiciones del derecho común que regulan
sus operaciones económicas y comerciales –sin perjuicio de su sometimiento a los
principios de la función administrativa y la gestión fiscal, según dispone el art. 13 de
la Ley 1150 de 2007–.
32. Estar gobernado por las normas del derecho común implica que los
contrayentes, por regla general, actúan en escenarios de equivalencia negocial,
bajo las mismas condiciones en que se relacionan los particulares, es decir, sin las
prerrogativas propias del ejercicio de la función administrativa reconocidas a las
entidades sometidas al EGCAP.
33. Conforme a lo anterior, los actos que la EDU profirió en el curso negocial
constituyen actos jurídicos contractuales, no administrativos, y éstos deben ser
analizados conforme a su naturaleza y bajo el régimen que los gobierna. En
consecuencia, esta Sala corrige las bases de la decisión de primera instancia para
precisar que la EDU no estaba habilitada a proferir actos administrativos en el marco
del negocio jurídico sub-lite, de cara a su régimen, por lo cual no hay razón que
respalde el argumento del a quo de abstenerse de incursionar en el análisis de fondo
de la controversia, bajo una inexistente presunción de legalidad no debatida.
43
La Ley 1474 de 2011, que entró en vigencia el 12 de julio de 2011, a través del art. 93 modificó el art. 14 de la Ley 1150 de
2007, en los siguientes términos: “ARTÍCULO 14. DEL RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y
COMERCIALES DEL ESTADO, LAS SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA, SUS FILIALES Y EMPRESAS CON
PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DEL ESTADO. Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, (…) estarán
sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con excepción de aquellas que desarrollen
actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o público, nacional o internacional o en mercados regulados,
caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y
comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13 de la presente ley. Se exceptúan los contratos de ciencia y tecnología,
que se regirán por la Ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas existentes”.
8
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34. Sumado a lo anterior, esta Subsección44 ha sido consistente en precisar que
las manifestaciones que las entidades estatales proveen sobre los reclamos o
peticiones de restablecimiento de la economía del negocio jurídico formuladas por
los contratistas no constituyen actos administrativos ni siquiera bajo el derecho
público. Se ha indicado que estas respuestas hacen parte del diálogo permanente
que las partes despliegan en punto a la ejecución del acuerdo45, en tanto registran
la constante y necesaria interacción de las partes como manifestación natural del
itinerario negocial.
35. Así, las Resoluciones GG 0381 del 24 de agosto de 2012 46 y GG 0511 del
13 de noviembre de ese mismo año47, mediante las cuales el Gerente general de la
EDU negó las reclamaciones económicas elevadas por el consorcio 48 a través de
escrito del 28 de mayo de 201249, no son actos administrativos sino actos
contractuales, más allá de su denominación o de la apariencia que se les hubiere
querido otorgar.
36. De todo lo dicho, se concluye que no era necesario que el actor derribara una
presunción de legalidad frente a dichos pronunciamientos, pues estos carecen de
la connotación de actos administrativos. Por tanto, se abre paso al examen
formulado por el actor.
Bases del contrato sub-lite
37. 16 comunas conforman el municipio de Medellín. La No. 13, denominada San
Javier, se desarrolló a través de asentamientos informales “bajo la práctica de
invasión, piratería y toma espontánea de tierras, se formaron asentamientos en los
sectores actualmente denominados ‘Las Independencias I, II, III y Nuevos
Conquistadores”50, lo que provocó que su despliegue fuera ajeno a la planeación y
urbanización municipal51. Ante esta problemática, se adoptó el Plan de Desarrollo
2004-200752 que definió lineamientos dirigidos “a la resignificación urbana [y] a la
generación de equilibrio urbano”53, y se implementó el Plan Urbano Integral PUI
Comuna 13, que tuvo como eje la “conectividad como premisa de inclusión”54
38. Este programa contempló la construcción del Sendero de Conexión de
Independencias 1, que se fundamentó en la instalación de unas escaleras eléctricas
que irían desde el punto de retorno del Reversadero Independencias I, hasta en el
Viaducto Media Ladera, acompañado de otras obras conexas como son: la
44
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 25 de noviembre
de 2025, radicación 250002336000201700459 01 (71.456), C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
45
“... las comunicaciones de la entidad dirigidas al contratista, en las que anuncia su disenso en torno a la existencia de una
afectación de la ecuación contractual que diera lugar a reconocimientos económicos a su favor, no constituyen actos
administrativos” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del
17 de junio de 2024, radicación 250002336000201500179 01 (57513), C.P. María Adriana Marín).
46
Fls.647 a 688, c.2.
47
Fls.689 a 705, c.2.
48
Por el monto de $1.829’428.408.
49
Fls.593 a 646, c.2.
50
Consultado en: https://www.medellin.gov.co/ndesarrollo/wp-content/uploads/archivos/PDLS/pdl_C13.pdf
51
Este crecimiento urbano informal genera un deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos, ante las deficiencias en la
prestación de los servicios públicos, vialidad y equipamientos, infraestructura escasa (vías, redes, parques, espacios públicos)
(Conpes 3305 de 2004, consultado en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/CONPES/Econ%C3%B3micos/3305.pdf).
52
Acuerdo 3 de 2004 del Concejo de Medellín.
53
Plan de Desarrollo 2004-2007, consultado en:
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/a_conmed_0003_2004.htm
54
Nota original: “Tomada de Grupo de Memoria Histórica. La huella invisible de la guerra: desplazamiento forzado en la
Comuna 13. Fotografía de portada”, citada en “La Comuna 13: de asentamiento marginal a enclave turístico”, consultado en:
https://oa.upm.es/75420/
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readecuación de calzadas, reposición de redes de acueducto y alcantarillado,
construcción de dos edificios públicos y terraza mirador (todas estas intervenciones
se ubican en el Paseo Urbano de la Carrera 109, el Reversadero, el Balcón de la 13
y el Viaducto Media Ladera)55.
39. En ese contexto, el municipio y la EDU suscribieron el Convenio
Interadministrativo 480002205 de 2007 para que la segunda se encargara de “la
coordinación de estudios, diseños técnicos y ejecución del Proyecto Urbano Integral
para la Comuna 13 y las áreas de influencia de las Estaciones de Metrocable Nuevo
Occidente, ubicada en la Comuna 7”56. En su objeto se contempló la construcción e
interventoría de los siguientes proyectos: Paseo Urbano de la Carrera 109; Paseo
urbano de la Carrera 99; Viaducto Media Ladera Tramo 1; Sendero de Conexión
Independencias I; Unidad Deportiva Antonio Nariño Fase I; Viaducto Media Ladera
Tramo 2; y Centralidad Nuevos Conquistadores.
40. La EDU realizó la invitación abierta No. 11 de 201057, para la construcción de
obras civiles y de urbanismo del Reversadero 1 y el Sendero de Conexión
Independencias I, mediante la implementación de estructuras de concreto, muros
de contención, senderos en rampas y escaleras, readecuación de redes de servicios
públicos, paisajismo, regularización de calzada, amoblamiento urbano y edificios
para el servicio de la comunidad58.
41. Producto de la anterior convocatoria, se celebró el contrato de obra No. 87
del 1 de febrero de 2011 con el consorcio demandante, para que este último
efectuara la “construcción de las obras civiles y de urbanismo Reversadero 1,
sendero de conexión independencias 1 de la Comuna 13 de la ciudad de
Medellín”59, por valor inicial de $6.984’539.49060 y 270 días de plazo, contados a
partir de la suscripción del acta de inicio61. El negocio jurídico se extendió hasta el
31 de agosto de 2012, en virtud de cinco prórrogas acordadas, y se adicionó en la
suma de $1.607’000.000.
Los reclamos del demandante
42. El actor en la alzada reprocha que el a quo le hubiese asignado a las
Resoluciones GG-381 y GG-0511 de 2012 la “fuerza de cosa juzgada material”,
habida cuenta que en el acta de liquidación bilateral se reservó el derecho a
reclamar en juicio el desequilibrio económico del contrato. Indicó, además, que el
Tribunal pasó por alto las pruebas que demostraban la responsabilidad de la EDU
55
Ibidem.
56
Fls.336 a 342, c.1,
57
A título justificativo de la misma, se indicó (fl.237, c.1.): “Para dar cumplimiento al convenio interadministrativo 4800002205
de 2007 y a la ejecución del Plan Maestro del Proyecto Urbao Integral PUI Comuna 13,se enuncia que este nuevo espacio
público a desarrollar, se articulará con los equipamientos nuevos en la zona, generando así nuevos recorridos y otras
dinámicas de movilidad en el sector, no solo de paso, si no de estancia y esparcimiento, girando esto en torno a uno de los
proyectos estructurantes, uno de ellos es el Paseo Urbano Reversadero Independencias I, que a su vez es el corredor para
acceder al Proyecto Senderos de Conexión 1 (escaleras eléctricas), proyecto que se compone de sendero peatonal con
escaleras eléctricas acompañado de un sendero paralelo de escaleras tradicionales, además de dos edificaciones públicas
para el servicio comunitario y actividades culturales, ubicadas en los extremos superior e inferior del sendero y la vía de
acceso (Carrera 109) al sector del reversadero 1 (...)”.
58
Fl.129, c.1.
59
Fl.56, c.1.
60
Claúsula quinta. Donde $6.651’942.371 correspondía al valor de la obra, y $332’597.119 a la provisión para el pago de
reajustes.
61
Claúsula tercera.
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respecto de los eventos que rompieron el equilibrio del contrato, y subrayó que las
adiciones y otrosíes al contrato no resolvieron los asuntos objeto del litigio.
43. La Sala incursionará directamente en el contenido de la liquidación bilateral
alcanzada por las partes, para establecer si las reclamaciones en las que la
demandante funda sus pretensiones quedaron cobijadas en dicho finiquito; lo
anterior, pues la Sala ya excluyó de la connotación de actos administrativos a las
resoluciones proferidas por la EDU en las que se negó el reconocimiento pedido por
el contratista, de modo que se impone determinar si tales aspectos fueron o no
objeto de acuerdos.
44. En los negocios jurídicos sometidos al derecho privado la liquidación no
constituye una fase imperativa para el cierre del contrato, como si lo es para algunos
contratos sometidos al EGCAP a los que aplica el procedimiento de liquidación
previsto en el art. 60 de la Ley 80 de 1993. Bajo el derecho común no hay una norma
que lo imponga, de manera que son las partes en ejercicio de su autonomía de la
voluntad quienes definen su inclusión y, de convenirla, ésta se incorpora con la
dimensión de una cláusula accesoria a través de la cual los contrayentes establecen
los términos de la liquidación, su alcance, la posibilidad que una de ellas pueda
hacerla de forma unilateral, si ese es su deseo, y los asuntos que la comprenden.
45. En el caso concreto, los contrayentes acordaron lo siguiente:
“CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. La
liquidación del contrato se hará de común acuerdo entre el contratista y la
contratante dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de terminación del
mismo dentro de este plazo las partes acordarán los ajustes, revisiones y
reconocimientos a que haya lugar de los cuales quedará constancia en el acta de
liquidación.
Parágrafo: Si es del caso, para la liquidación se exigirá al contratista la ampliación
de la vigencia de las garantías de estabilidad de los trabajos, el pago de los
salarios prestaciones e indemnizaciones, responsabilidad extracontractual, para
avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del
Contrato.
Si el Contratista no concurre liquidación del contrato o las partes no llegan a un
acuerdo sobre el contenido de la misma la contratante lo liquidará unilateralmente
dentro de los dos meses siguientes al vencimiento de los cuatro meses previstos
para la liquidación bilateral.
(...)
Los contratistas tendrán derecho a efectuar las salvedades a la liquidación por
mutuo acuerdo, y en el evento de la liquidación unilateral sólo procederá en
relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo”62.
46. Las partes fijaron en esta cláusula un conjunto de fases encaminadas a lograr
la liquidación del contrato –primero bilateral y, de resultar fallida, asignaron a la EDU
la facultad convencional de realizarla de forma unilateral–. Las partes replicaron los
términos de la liquidación prevista en el EGCAP, de manera que su alcance
correspondió al establecimiento de una etapa en la que procedía la revisión integral
del acuerdo con miras a establecer el balance final y completo de todos los aspectos
del negocio jurídico, y con ello determinar “los ajustes, revisiones y reconocimientos
a que haya lugar”.
62
Fls.56 a 64, c.1.
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47. Es de señalar que cuando se logra la liquidación de mutuo acuerdo, esta
expresión conjunta de la voluntad se constituye en ley para las partes y, por tanto,
a dicho pacto se atribuyen los efectos derivados de los principios de normatividad
de los contratos (artículo 1602 del Código Civil) y de buena fe contractual (artículo
1603 del Código Civil). Siendo así, los acuerdos alcanzados adquieren intangibilidad
y, por tanto, no pueden ser desconocidos por las partes, ni invalidados, salvo por el
consentimiento de ellas mismas o por causas legales.
48. Por su carácter definitorio, el contenido del acuerdo de liquidación es
fundamental para establecer qué aspectos quedaron comprendidos allí, sobre
cuáles hay paz y salvo, y también si quedaron aspectos excluidos sobre los cuales
persiste el disenso entre ellas.
49. El 31 de octubre de 2014 las partes suscribieron el acta de liquidación
bilateral63, con la descripción general del negocio jurídico, seguida de la indicación
de sus prórrogas y del balance de pagos. Allí el consorcio plasmó una salvedad en
los siguientes términos (transcripción literal incluidos eventuales errores):
“... el contratista no se declara a paz y salvo con la entidad contratante, con la
firma de la presente liquidación bilateral y por lo tanto se reserva el derecho de
iniciar la acción judicial contractual, la cual sido debidamente presentada ante el
Tribunal Administrativo de Antioquia ... con el fin de obtener el restablecimiento
del equilibrio económico que se generó durante la ejecución del contrato Nº 87 de
2011 por el incumplimiento de las obligaciones contractuales de la entidad y su
falta de planeación, cuyas consecuencias son: mayor permanencia en obra, por
problemas de acceso al sitio de trabajo, por entrega de diseños extemporáneos y
rediseños y problemas topográficos y de suelo, debido a la fuerte temporada
invernal y los problemas de orden público en el sector.
Reclamación por el no pago de las actas de reajuste, reclamación por sobre costos
de mano de obra invertida durante el desarrollo del contrato, reclamación por
sobrecostos sufragados durante la implementación de la guía socioambiental,
reclamación de costos administrativos adicionales invertidos en desarrollo del
contrato durante el plazo original, reclamación por sobrecostos administrativos
invertidos durante el plazo del contrato original a 25 de noviembre de 2011, cuyo
valor asciende a la suma de ... $1.829.428.408, más los intereses moratorios”.
50. Tal manifestación corresponde a una expresión concreta que permite
identificar las reservas que sobre la liquidación alcanzada hizo el consorcio, de
modo que resulta admisible que el demandante reclame por tales conceptos en
sede judicial.
51. El reproche central de la salvedad alude al rompimiento de la ecuación
económica del contrato, con fundamento en: (i) la mayor permanencia en obra; (ii)
el no pago de las actas de reajuste del negocio; y (iii) la ausencia de reconocimiento
de sobrecostos.
52. Sobre este aspecto, lo primero que apunta la Sala es que el demandante en
sus pretensiones reclamó el incumplimiento de la EDU64 y, de forma consecuencial,
63
Fls. 819 a 821, c.3.
64
Las alusiones a la supuesta ruptura del equilibrio económico del contrato deben encauzarse bajo la figura del incumplimiento
de un negocio jurídico, en virtud del principio iura novit curia, que dirige al juez a la correcta aplicación del derecho, siempre
en el marco que le impone la causa petendi invocada en la demanda. Bajo el régimen legal que gobierna el contrato objeto
de examen, no tiene cabida la aplicación figura del equilibrio económico del contrato de la Ley 80 de 1993, por ser extraña al
derecho privado. Las disposiciones civiles y comerciales no reconocen un derecho del contratista al restablecimiento del
equilibrio económico del contrato. El art. 868 del Código de Comercio confiere al deudor (no incumplido) una posibilidad
distinta, la de solicitar la revisión de una prestación de futuro cumplimiento, en contratos de ejecución sucesiva o diferida,
cuando circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, posteriores a su celebración, agraven la prestación hasta
12
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pidió el reconocimiento y pago de las sumas con las cuales se restituía el equilibrio
económico del contrato. La Sala efectuará inicialmente el análisis pretendido en el
marco del incumplimiento de un débito convencional65.
Mayor permanencia en obra
53. El demandante afirma que la mayor permanencia en obra por un período
adicional de 281 días, originado en eventos ajenos a su culpa o injerencia, no le fue
reconocida ni pagada por la entidad. Esta Sala reitera, como lo ha dicho en
oportunidades anteriores66, que no basta con la simple acreditación del transcurso
del tiempo (es decir, su prolongación frente al plazo inicial); en estos casos es
necesario que el contratista demuestre que efectivamente sufrió perjuicios con
ocasión de dicha circunstancia, sin que ésta le sea atribuible, para que pueda hacer
efectiva su pretensión indemnizatoria.
54. Los acuerdos que modificaron el negocio jurídico fueron los siguientes:
CONTRATO 87 de 2011
Acta de inicio del 28 de febrero de 2011
Acto contractual Descripción
270 días calendario (240 días para actividades
Plazo original constructivas y 30 para el trámite de legalización y
entrega a las entidades competentes).
$6.984’539.490 (de los cuales $6.651’942.371
Precio original corresponden al valor de la obra y $332’597.119 a la
provisión para el pago de reajustes).
Adición 1 - Amplía el plazo 66 días calendario.
Se agrega un parágrafo a la cláusula primera, ante la
necesidad de incrementar la jornada laboral en horas
Otrosí 1
nocturnas, con el fin de atender situaciones de orden
técnico, logístico y de entrega.
• Extiende el plazo en 65 días calendario.
Adición 2
• Adiciona el valor del contrato en $350’000.000.
• Prórroga el plazo en 90 días calendario.
Adición 3
• Adiciona el precio del contrato en $1.257’000.000.
Modifica la cláusula tercera, para precisar que el
plazo convenido incluye tanto el proceso de
Otrosí 2
ejecución, como el de legalización y entrega a las
entidades competentes.
Adición 4 - Amplía el término negocial en 30 días calendario.
Adición 5 - Extiende el plazo en 30 días calendario.
55. La anterior información permite concluir que el plazo se aumentó en 281 días
calendario, para un total de 551 días, por lo que se extendió al 31 de agosto de
2012; el precio se adicionó en $1.607’000.000, resultando su monto final en
$8.258’942.371, más los $332’597.119 contemplados para cubrir los reajustes.
56. A través de los anteriores acuerdos, el consorcio signó su consentimiento
para ampliar el plazo inicial y también para indicar que esas prórrogas no suponían
hacerla excesivamente onerosa. Figura que tampoco tiene asidero bajo el sub-examine, en tanto dicho acuerdo está
terminado y, por ende, no hay prestaciones pendientes por ejecutar susceptibles de revisión o reajuste, según las normas
mercantiles.
65
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 17 de junio de 2024, radicación 4100-1233-3000-2019-
00214-01 (69484), C.P. Martín Bermúdez Muñoz.
66
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 8 de noviembre
de 2021, radicación 250002336000201302201 01 (56023), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
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una variación del valor del contrato. Así se contempló expresamente en todas las
adiciones, las No. 167, 268, 369, 470 y 571, en las que, en términos casi idénticos, se
estipuló que la prolongación del término negocial no generaba costos adicionales
para la contratante por mayor permanencia en obra, reajustes (para las prórrogas
No. 3, 4 y 5) u otros conceptos diferentes en relación con lo convenido en esos
actos.
57. Las renuncias expresas a reclamaciones derivadas de los efectos de esos
acuerdos son plenamente válidas, pues derivan de la materialización de la
autonomía de la voluntad, constitutiva de fuente de obligaciones (art. 1494 C.C.)
que, junto al reconocimiento de la capacidad de los sujetos en el tráfico negocial,
revela que son ellos los llamados a definir si el curso de la ejecución contractual y
los sucesos que surgen de tal itinerario impactan o no en el componente económico
del contrato, o tienen proyección en otros aspectos72.
58. Las partes son las llamadas a establecer las determinaciones que regulan
sus negocios, lo que incluye la concreción de mecanismos de arreglo para el logro
del objeto convenido; de ahí que están habilitadas para liberar de responsabilidad
al otro contrayente en los aspectos concertados, según sus análisis y el interés
subjetivo que lo motive, pudiendo exonerarlo de futuras reclamaciones. Así lo prevé
el art. 15 del C.C., al consagrar la capacidad de los sujetos para disponer libremente
de sus derechos, en tanto dispone que “[p]odrán renunciarse los derechos
conferidos por las leyes, con tal que sólo miren al interés individual del renunciante,
y que no esté prohibida la renuncia”.
59. Riñe con el principio pacta sunt servanda –que determina que lo pactado
constituye ley para las partes–, y atenta contra la buena fe de los contrayentes, que
uno de éstos, luego de suscribir un pacto modificatorio, pretenda apartarse de las
condiciones bajo las cuales libre y válidamente se comprometió. Por tanto, no es
conforme a derecho restar valor a los acuerdos de renuncia acordados, o aquellos
que declaran la no generación de una adición de recursos por cuenta de las
prórrogas, por decisión unilateral de uno de los contrayentes, pues habrá de decirse
que su manifestación en solitario carece de fuerza frente al carácter coercitivo que
trenza las voluntades de los sujetos negociales y que sella el ordenamiento jurídico,
según dispone el art.1602 C.C.; salvo que se demuestre que aquellos acuerdos
adolecen de un defecto que los torna inválidos; lo que en este caso no se pregonó.
67
“CLÁUSULA PRIMERA – ADICIÓN EN PLAZO: Adicionar el plazo de ejecución de las obras del presente contrato en
SESENTA Y SEIS (66) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del vencimiento del plazo inicialmente pactado, lo cual no
representa costos adicionales para el contratante por mayor permanencia u otros conceptos en la ejecución del objeto
contractual” (se subraya) (Fls.65 y 66, c.1.).
68
“CLÁUSULA PRIMERA – ADICIÓN EN PLAZO: Adicionar el plazo de ejecución de las obras del presente contrato en
SESENTA Y CINCO (65) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del vencimiento del plazo pactado en la adición No 1, lo cual
no representa costos adicionales para el contratante por mayor permanencia u otros conceptos en la ejecución del objeto
contractual” (se resalta) (Fls.67 a 70, c.1.)
69
“CLÁUSULA PRIMERA – ADICIÓN EN PLAZO: Adicionar el plazo de ejecución de las obras del presente contrato en
NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del vencimiento del plazo pactado en la adición No 2. La presente
adición no generará reclamaciones futuras por mayor permanencia, reajustes o cualquier otro concepto diferente al que por
este acto se acuerda” (se subraya) (Fls.71 a 74, c.1.)
70
“CLÁUSULA PRIMERA – ADICIÓN EN PLAZO: Adicionar el plazo de ejecución de las obras del presente contrato en
TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del vencimiento del plazo inicialmente pactado. La presente adición no
generará reclamaciones futuras por mayor permanencia, reajustes u cualquier otro concepto diferente al que por este acto se
acuerda” (se subraya) (Fls.75 a 79 c.1.).
71
“CLÁUSULA PRIMERA – ADICIÓN EN PLAZO: Adicionar el plazo de ejecución del presente contrato en TREINTA (30)
DÍAS CALENDARIO, contados a partir del vencimiento del plazo inicialmente pactado. La presente adición no generará
reclamaciones futuras por mayor permanencia, reajustes u cualquier otro concepto diferente al que por este acto se acuerda”
(se resalta) (Fls.80 a 82 c.1).
72
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 25 de noviembre
de 2025, radicación 250002336000201700459 01 (71.456), C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
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Expediente 050012333000201401220 01 (73.792)
Demandantes: Consorcio Reversadero
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano - EDU y otro
Referencia: Controversias contractuales
60. Esclarecido lo anterior, se traen de presente los antecedentes y justificación
de los acuerdos modificatorios, en aras de precisar el motivo que condujo a su
suscripción, y así establecer si las circunstancias objeto de reclamación en sede
judicial deben o no ser examinadas por la Sala. Al efecto, se estudiará cada evento
que, según el demandante, produjo la mayor permanencia en obra.
61. (i) En relación con los problemas atinentes al acceso al sitio de la obra. El
consorcio arguyó que tuvo dificultades en la construcción por las condiciones
propias del sector y las planteadas para la realización de la misma, en tanto el ancho
de la vía no permitía el paso de materiales para otras obras y el tránsito de los
ciudadanos, la disposición de la zona dificultó el transporte de materiales, como lo
había ofertado, y su avance se dilató ante la coordinación que tuvo que concertar
con una obra aledaña (la relativa a la instalación de las escaleras eléctricas), para
el despliegue de las obras civiles que le correspondían.
62. Los términos de contratación, conocidos y aceptados por el consorcio al
proponer su oferta73 expresaron que “por la naturaleza especial de la obra a
ejecutar, es responsabilidad exclusiva del Oferente inspeccionar y examinar los
sitios y los alrededores de las obras, e informarse acerca de la naturaleza del terreno
y del subsuelo, la forma y características del sitio, las cantidades, localización y
naturaleza de la obra y la de los materiales necesarios para su ejecución, transporte,
mano de obra y, de manera especial, las fuentes de materiales, zonas de depósito
de material sobrante, vías de acceso al sitio, instalaciones que pueda requerir, las
condiciones del ambiente y, en general, todas las circunstancias que puedan afectar
o influir en el cálculo del valor de su oferta. Así entonces, los oferentes deberán
considerar en sus ofertas todas las condiciones y circunstancias que rodean el sitio
donde se ejecutará la obra”74 (negrilla original).
63. A su vez, se acordó que el análisis de los precios unitarios presentado por el
proponente debía tener en cuenta todas “las situaciones geomorfológicas,
hidrológicas, de accesibilidad, las condiciones sociales y laborales de la zona, las
instalaciones que requerirá el personal que empleará en los trabajos y, en general,
todas las condiciones y circunstancias previsibles que alguna manera pueden
afectar el costo o el tiempo de ejecución de los trabajos”75, con la precisión de que
el desconocimiento de aquellas circunstancias “... por parte del adjudicatario
[posterior contratista] no dará lugar a reclamaciones futuras”76.
64. De esta forma, no resulta en una justificación válida por la que el consorcio
pretenda recibir una mayor compensación económica, las demoras que se
presentaron en atención a la disminución del ancho útil de la vía, ante la
simultaneidad que debía garantizar en el acceso al transporte de materiales y el
tránsito de personas, toda vez que desde la etapa de las tratativas conocía su
obligación de inspeccionar y verificar el lugar del proyecto, para evidenciar todas las
condiciones que pudieran interferir en sus labores y valores, como son, por
supuesto, las características del sitio, vías de acceso y la infraestructura de debía
73
“... Con la presentación de la oferta, el oferente manifiesta que estudió las condiciones de contratación todos los documentos
del proceso, que obtuvo las aclaraciones sobre las estipulaciones que haya considerado en inciertas o dudosas, que conoce
la naturaleza de los trabajos, su costo y su tiempo de ejecución, que formuló su oferta de manera libre, seria, precisa y
coherente” (fl.130, c.1).
74
Núm.1.14. RECONOCIMIENTO E INSPECCIÓN DEL SITIO DE LAS OBRAS, fl.132, c.1.
75
Ibidem
76
Ibidem.
15
Expediente 050012333000201401220 01 (73.792)
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implementar a efectos de lograr la construcción pactada, lo que aparejaba el
transporte del material requerido y la “elaboración y ejecución de un plan de manejo
de tránsito vehicular, peatonal que garanticen la circulación por vías aledañas a la
obra y que incluya entre otras la señalización necesaria”77.
65. En esa medida, se trató de una obligación que el demandante admitió al
formular su oferta, sin que la pueda desconocer con posterioridad, escudado en
situaciones que no son novedosas y que, como se vio, se comprometió a
inspeccionar. La presencia de la vía no fue sorpresiva, la misma ya existía, su ancho
no fue alterado, de modo que tenía el cometido de confeccionar su plan constructivo
con referencia a este sendero, entre muchos otros elementos, de la mano del
entendimiento de las implicaciones que éste produciría en la realización del
proyecto. La falta de diligencia y seriedad en punto a este compromiso no da cabida
a reclamaciones fundadas en su inobservancia, tal como se consagró en las reglas
de la contratación.
66. En la parte motiva de la Adición No. 2 expresamente se anotó que “con
relación a las condiciones de accesibilidad, consideramos que estas eran de
conocimiento del consorcio desde el comienzo del proceso contractual por lo que
no son justificación para la solicitud de la adición”78 y en la Adición No. 4 se reiteró
esta manifestación, al consignar que el consorcio era consciente de su
responsabilidad directa en el atraso de las actividades atinentes a acarreos internos
y circulación de peatones por las áreas de trabajo79.
67. Con todo, a través de escrito del 8 de mayo de 2012 – CR87-243-08-05-12-
JIEP–80, el consorcio reseñó la necesidad de ampliar el plazo, con fundamento en
que la construcción y pavimento de la Carrera 109 impedía totalmente el libre
tránsito de cualquier material o insumo, y ello lo obligaba a tener otras alternativas
de transporte de materiales, afectando el rendimiento de la ejecución de la obra.
Esta circunstancia fue admitida dentro de los considerativos de la Adición No. 4, en
la que, como se anticipó, el demandante renunció a recibir costos adicionales por la
prolongación del término negocial.
68. En punto al cambio de los métodos constructivos, en particular, al mecanismo
de transporte de materiales, dadas las condiciones del área intervenida, el
contratista solicitó, el 20 de marzo de 2012, el pago de los toboganes utilizados para
los acarreos, fundamentado en que al elaborar la propuesta consideró que se
podrían utilizar los caminos circundantes; sin embargo, al ejecutar la obra la
comunidad se negó transitar por los desvíos peatonales, aduciendo problemas de
seguridad, por lo que tuvo que implementar el sistema de transporte manual y la
evacuación mediante canales en láminas galvanizadas o toboganes metálicos, lo
cual le generó una afectación económica importante, pues tuvo que contar con una
cuadrilla de ayudantes conformada por 30 personas, que se encargaban del
transporte ascendente y descendente, durante el término de 11 meses, lo cual
aumentó los costos de nómina que presupuestó81.
77
Fl.128, c.1.
78
Fls.67 a 70, c.1.
79
Fls.75 a 79, c.1.
80
Fls.460 a 462, c.1.
81
Fls.463 a 467, c.1.
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Expediente 050012333000201401220 01 (73.792)
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69. No es dable acceder a ese pedimento, por cuanto los aludidos toboganes
componen el método constructivo que el demandante escogió utilizar, bajo su propio
riesgo, experiencia, exploración del sitio y responsabilidad82, en atención a la
observancia de las condiciones de la obra, entre ellas, las vías de acceso y
condiciones sociales circundantes a ella.
70. Desde la formación del contrato quedaron definidas las reglas a las que se
sujetaban las partes en el iter contractual, que son las que debe seguirse de cara a
la concreción de los riesgos asignados y distribuidos entre ellas; de modo que, ante
el panorama que materializa un evento de tal naturaleza, no puede una de ellas de
forma unilateral sustraerse de dicho pacto, a menos que demuestre la ilegalidad de
la cláusula en que éstos fueron definidos.
71. La EDU estableció, en los términos de la contratación, la matriz de riesgos del
negocio jurídico. En la cláusula “trigésima segunda” del contrato se estipuló "forman
parte integral de este contrato ... las Condiciones de Contratación de la Invitación
Abierta Nº 11 de 2010", por lo que esta matriz constituye un documento contractual
que delimita el contenido obligacional del asunto en cuestión, cuyos apartes
pertinentes se transcriben a continuación83:
2.18. Tipificación, Asignación y Estimación del Riesgo
(...)
8. Variación del Son los efectos La ocurrencia de las La parte que resulte
plazo derivados de las variaciones del plazo legalmente obligada
condiciones técnicas será tratada de asumirá el 100%
y del proceso conformidad con la
constructivo de la causa que les dio
obra, que incremente origen
o disminuya los
plazos
72. En el expediente no consta que el consorcio o algún otro interesado hubiese
formulado observaciones sobre la asignación de riesgos del contrato. Se entiende,
entonces, que la claridad y determinación de los riesgos en la matriz fue un asunto
conocido y aceptado por los interesados, entre ellos, por el contratista.
73. Como se lee, en punto a los riesgos del contrato, fue acordado que los
efectos derivados de las condiciones técnicas y del proceso constructivo serían
asumidas en un 100% por la parte relacionada con la circunstancia que les dio
origen. Como las causas del incremento del plazo tuvieron causa en el cambio de
la técnica de transporte de materiales, fundamentado en un indebido examen de las
condiciones físicas y sociales de la zona por el contratista, a éste corresponde
asumir sus repercusiones. Aquí, más allá de efectuarse la distribución de un riesgo
propiamente dicho, que se refiere a eventos externos, la distribución comprendió las
consecuencias de una conducta antijurídica por deficiencias en el cumplimiento de
sus obligaciones. Lo anterior, reafirma el principio de buena fe, conforme al cual
nadie puede beneficiarse de su culpa ni pedir el reconocimiento de sobrecostos o
perjuicios originados en su propio incumplimiento.
82
“32. MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN
Los métodos para la ejecución de las obras sujetos a la iniciativa del CONTRATISTA, sujetándose al proceso constructivo
indicado en estas condiciones, en quien recaerá la responsabilidad por tales métodos, los cuales estarán encaminados a
obtener los mejores resultados en la obra; sin embargo, la EMPRESA DESARROLLO URBANO -EDU- tendrá en cualquier
momento el derecho ordenar cambios en los métodos, con miras a la seguridad y el avance de la obra, o a su coordinación
con las obras de otros contratistas, o para obligar al CONTRATISTA ajustarse al contrato” (Fl.214, c.1.).
83
Fl.1454, c.1.
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Expediente 050012333000201401220 01 (73.792)
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74. En relación con la demora generada por la espera que el contratista tuvo que
aguardar frente al avance de la obra colindante –la instalación de las escaleras
eléctricas–, las condiciones de la contratación también fueron claras en prever que
la EDU podía ejecutar trabajos en las zonas adyacentes, para lo cual el consorcio
debía permitir al otro colaborador de la entidad contratante el tránsito, así como el
depósito de materiales y, en caso de que su progreso dependiera del avance de
este último, debía comunicar a la entidad cualquier defecto o retraso que pudiera
incidir en su encargo84.
75. Uno de los eventos que justificó la suscripción de la Adición No. 385 consistió
en los reparos advertidos frente a la instalación de la cubierta de las escaleras
eléctricas pues, dada su envergadura, fue necesario modificar su diseño de
fabricación para que pudiera ser instalada en la obra mediante tornillería y perno, lo
cual, se afirmó, incidió en mayores tiempos a los previstos en la programación
inicial.
76. Al tratarse de elementos muy pesados que debían ser transportados de
manera manual hasta el sitio de montaje, se debió variar el equipo de instalación
para poderlo ingresar a la zona y, además, se adelantaron jornadas pedagógicas
para sensibilizar a la comunidad en el uso de las escaleras eléctricas, eventos que
alteraron el ritmo de ejecución de la obra civil, pero que, finalmente, no implicaron
mayores costos al prolongar el tiempo negocial por noventa (90) días (tiempo
convenido en esta prórroga) pues, como ya se manifestó, el consorcio concertó en
el clausulado de ese pacto, que ese incremento del plazo no generaría pagos
adicionales o cualquier otro reconocimiento a cargo de la EDU.
77. No es viable examinar los efectos derivados de esos otros frentes de obra
por períodos distintos a los cobijados en la Adición No.3, por cuanto el consorcio no
identificó el mayor tiempo que le pudieron haber generado esos sucesos y las
repercusiones en el proyecto bajo su liderazgo. Por consiguiente, no se accederá a
las reclamaciones de mayor permanencia en obra, basados en los inconvenientes
de acceso a la obra.
78. (ii) Respecto a la entrega tardía de los diseños y rediseños del proyecto, se
verifica que a la EDU, según el núm.15 de los términos de contratación, le
correspondía entregar al consorcio, por conducto de la interventoría, los planos y
especificaciones del proyecto y que cualquier cambio a los mismos debía ser
ordenado por el interventor, previa consulta con los proyectistas. Si el contratista
consideraba conveniente variar aquellos, debía someter los ajustes al interventor
para que los aprobara. En caso de que el contratista efectuará algún trabajo sin la
autorización previa del interventor, sería de su total responsabilidad quedando a su
costa todas las reparaciones y modificaciones a que hubiera lugar.
84
“17. COORDINACIÓN CON OTROS CONTRATISTAS
La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU- se reserva el derecho a ejecutar otros trabajos dentro de los límites o
zonas adyacentes a las obras objeto de la presente Invitación. En consecuencia, el CONTRATISTA deberá permitir a éste o
a otro contratista, depositar equipos o materiales, instalar personal, etc., además del desarrollo normal e independiente de
sus labores.
(...)
Cuando alguna actividad del CONTRATISTA dependa del trabajo que esté ejecutando otro, aquél deberá inspeccionar dichas
obras e informar a la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU- sobre cualquier defecto o demora que pueda afectar su
propio trabajo. El incumplimiento de lo anterior implicará la aceptación por parte del CONTRATISTA de las obras que estén
ejecutando terceros, así como la reparación que cualquier daño posterior o defectos que resultaren en las mismas, previsibles
en el momento de ejecutar el trabajo” (fl.204, c.1.).
85
Fls.71 a 74, c.1.
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Expediente 050012333000201401220 01 (73.792)
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79. El consorcio fundamenta su reparo en que la contratante sólo le hizo entrega
de la licencia construcción el 21 de junio de 2011, retardando la ejecución del edificio
No. 2, porque se requería de tal permiso para que la EPM aprobara la subestación
de energía.
80. Obran en el plenario sendos oficios mediante los cuales A.C.I. Proyectos
S.A., firma interventora, entregó al contratista –con sello de recibo de este último–
los planos atinentes a las redes eléctricas de media tensión, baja tensión, el
proyecto arquitectónico, la red de acueducto, red de aguas combinadas, diseños
estructurales del Sendero Conexión Independencias I (contentivos de fundaciones,
losas de pisos No. 2, 3 y 4, losa de cubierta, escaleras para tramos 1, 2, 3, 4 y 5,
escalera jardinera exterior y manejo de residuos sólidos Fundaciones), planos
arquitectónicos y de topografía, georeferenciación de la zona A y actas de entrega
de predios a intervenir con la obra, los cuales datan de febrero y marzo de 201186.
El inicio de las actividades del negocio jurídico fue el 28 de febrero de 201187; por
ende, no es cierto que la EDU entregara tardíamente los referidos documentos.
81. Aunque la licencia de construcción, expedida a través Resolución C4-2333
por la Curaduría Cuarta de Medellín88, para la realización de “los dos edificios
institucionales en los extremos de las escaleras eléctricas”89, tiene fecha del 21 de
junio de 2011, lo cierto es que su entrega al contratista, en ese mes, no truncó el
avance de todo el proyecto. Este se componía por elementos adicionales a la
realización de esos edificios y, desde febrero de esa anualidad, el demandante
contaba con los demás planos y especificaciones del asunto, sin que lograra probar
el impacto negativo y generalizado de la tardanza de la referida licencia, de cara a
la integralidad del objeto convenido.
82. Son visibles oficios de meses posteriores –mayo, junio, agosto, octubre y
noviembre de 2011–90 a través de los cuales la interventoría remitió al consorcio
documentos contentivos de: georeferenciación de pilas, diseños de redes eléctricas,
planos estructurales del edificio 2, diseño para la puesta en tierra de la subestación,
esquema de reubicación de pilas, ajustes arquitectónicos (de georeferenciación
tramo 4, diseño viga de fundación, edificio 1, fachada principal y lateral),
actualización de redes eléctricas.
83. La realización de ajustes a los planos, especificaciones y diseños no se
opone a lo previsto en las reglas negociales, pues fue un escenario contemplado en
su ejecución. Inclusive en la petición de ampliación del plazo del 26 de septiembre
de 201191, que derivó en la Adición No. 1, el consorcio refirió que las modificaciones
a aquellos, con ocasión de un deslizamiento del terreno, la inclusión del muro que
permitía configurar la plazoleta que conducía del foso 3 al 4, el ajuste al edificio
número 2, dada su medianería con una vivienda colindante, y la falta de coincidencia
de la georeferenciación de la EPM con los diseños de redes sanitarias, imponían la
prolongación del período negocial, sin que considerara necesario “solicitar adición
presupuestal al contrato en desarrollo, por lo que se conservan las condiciones
86
Fls.509 a 520, c.2.
87
Fl.92, c.1.
88
Fls.453 a 455, c.1.
89
Ibidem.
90
Fls.529 a 540, 550 a 551, 559 a 564, 579, y 584 a 588, c.2.
91
Fls.478 a 480, c.1.
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económicas establecidas inicialmente al momento de la presente solicitud de
ampliación”92.
84. Lo anterior se plasmó en la Adición No. 1, documento que, como ya se
explicó, no aparejó repercusiones económicas al contratista ante una estipulación
expresa en ese sentido. Atañe a las partes allanarse a dicho pacto, ante el principio
de normatividad que lo respalda, en aplicación del principio pacta sunt servanda, sin
que alguna de éstas hubiere debatido su validez en sede judicial por la configuración
de alguna causal de nulidad en su contra; sin que exista una mejor razón que la de
los propios contrayentes, en particular del experto en las labores contratadas, que
desdiga de la seriedad y concreción de tal manifestación.
85. Asimismo, con la Adición No. 2 las partes identificaron, como motivo de su
celebración, la “... cantidad de inconvenientes en la ejecución de las redes
hidrosanitarias, debido a que el mismo crecimiento anormal de la zona ha generado
que el contratista se encuentre con redes que no están referenciados por EPM y
que han interferido en el normal desarrollo de las actividades, generándose retrasos
de gran magnitud”93, situación que implicó el acuerdo de prolongación del plazo y
que corre la misma suerte de lo advertido en punto a la Adición No. 1, esto es, que
al juez le corresponde respetar la autorregulación de intereses que los sujetos
efectuaron sobre la no generación de sobrecostos para la empresa, toda vez que
éstas se tornan definitivas (art.1602 del C.C.).
86. No se demostró la forma en que los demás ajustes efectuados a los planos
y diseños influyeron en el desarrollo del resto del negocio jurídico. La demandante
no detalló una cualificación para ello, comoquiera que no indicó qué interregno
utilizó de más para la consecución del objeto contratado con base en esa
circunstancia. Nótese que los demás adicionales no mencionan este supuesto –
salvo lo concerniente a los ajustes estructurales originados en las disconformidades
en la topografía y estudios de suelos, que se estudian seguidamente–.
87. Con todo, en varios documentos, como los del 27 de julio94, 8 de agosto95,
17 de agosto96 y 22 de septiembre de 201197, A.C.I. Proyectos S.A. enlistó las
actividades que, para esas fechas, el contratista no había efectuado o había
suspendido pese a contar con los diseños; lo que muestra que varios de los retrasos
de la obra acontecieron por circunstancias ajenas a los diseños, en contraste con lo
aducido por el demandante.
88. (iii) El consorcio aseveró que al intervenir del área halló discrepancias en la
topografía y estudio de suelos elaborados por la EDU, pues advirtió condiciones
diferentes a las que se le informaron, como la composición distinta del terreno y la
presencia de gran cantidad de cajas telefónicas que interferían con las redes de
alcantarillado; sostuvo que ello tornó patente la falta de planeación de parte de la
contratante y produjo una prolongación del lapso negocial, sin el correlativo
reconocimiento patrimonial.
92
Ibidem.
93
Fls.67 a 70, c.1.
94
Fls.546 y 547, c.2.
95
Fls.555 a 558, c.2.
96
Fls.565 a 567, c.2.
97
Fls.576 y 577, c.2.
20
Expediente 050012333000201401220 01 (73.792)
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89. Las comunicaciones contractuales, así como las consideraciones plasmadas
en los otrosíes, dan cuenta tanto del reconocimiento de la EDU de las divergencias
topográficas que trastocaron la normal ejecución del negocio jurídico, como de la
estipulación de fórmulas de arreglo, con el propósito de componer tales
adversidades.
90. Ciertamente, el 15 de abril de 201198, las partes y la interventoría se
reunieron con el propósito de revisar los diseños estructurales del negocio. La
contratante se comprometió a revisar la ubicación y alturas de muros, en atención
al ajuste del diseño arquitectónico, para definir si era viable implementar el diseño
estructural inicial o si se requería de uno especial. Luego, mediante oficio del 31 de
mayo de 2011 –CR87-051-310511-JIEP99– el consorcio solicitó a la firma
interventora la determinación de las coordenadas definitivas de las pilas del edificio
número 2, que no se habían podido realizar por interferencia con la medianería de
las viviendas existentes, así como la orden de la demolición total o parcial del
viaducto existente en la cabeza del Reversadero, para la construcción de las pilas
de la rampa de discapacitados. El 16 de junio de ese año100, A.C.I. Proyectos S.A.
remitió ubicación de la estructura del mencionado edificio.
91. En la Adición No. 1 las partes relacionaron como justificación que “los diseños
estructurales del proyecto establecen la construcción de un gran número de pilas
como sistema de fundación, sin embargo, al momento de la ejecución de éstas, en
algunos puntos de la obra, se encontraron condiciones considerablemente
diferentes a las esperadas de acuerdo con el estudio de suelo ...”101. A su vez, a
través de la Adición No. 2, los contrayentes indicaron que ese análisis describía un
terreno compuesto por llenos antrópicos, pero en el área de la cabeza del
Reversadero la conformación era distinta, al descubrir roca meteorizada, que
disminuía considerablemente el rendimiento de la actividad de excavación y
construcción de pilas102.
92. Esta situación también fue reiterada en el Otrosí No. 2, en el que se pusieron
de presente las dificultades encontradas en las excavaciones, así como en la
Adición No. 3, en la que se plasmó que “[d]urante el desarrollo de la obra y debido
a la realidad y conformación de la zona en la cual se está trabajando, se han tenido
que generar ajustes a los diseños tanto de índole arquitectónico como
estructural...”103. Las Adiciones No. 4 y 5 no hicieron alusión a esta circunstancia.
93. Lo expuesto demuestra que el antedicho defecto de los estudios topográficos
y de suelo sí fue valorado al suscribir los pactos modificatorios, en tanto constituyó
unas de las causas que los originaron.
94. Ante el enlace de esta reclamación, con la motivación de esos pactos
adicionales, no es dable desconocer las causas de éstos ni tomarlas como extrañas
al presente litigio pues, ciertamente, condujeron a las partes a suscribir los otrosíes
examinados, e implicaron para ellas el cierre del panorama frente a futuros
pedimentos en razón a su expresa manifestación de que la misma no “generaría
98
Fls.524 y 525, c.2.
99
Fl. 474, c.1.
100
Fls.541 a 545, c.2.
101
Fls.65 y 66,c.1.
102
Fls.67 a 70,c.1.
103
Fls.71 a 74,c.1.
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reclamaciones futuras por mayor permanencia”. Estos pactos gozan de plena
validez dada la capacidad de los contratantes de disponer este tipo de efectos en
sus acuerdos, ante la constatación de que estuvieron precedidos de análisis y de
una expresa y clara negociación104; por consiguiente, no procede un reconocimiento
por este aspecto.
95. (iv) En lo que atañe a los efectos derivados temporada invernal que trastocó
la programación de la obra, el demandante sostuvo que en los acuerdos de
ampliación del plazo no se precisó el monto de los perjuicios ocasionados con esa
prolongación del tiempo de ejecución.
96. Al examinar el plenario, se constata que las condiciones climáticas fueron
tomadas como eventos justificativos de la extensión del plazo del negocio jurídico,
en lo que atañe a la Adición No. 4, comoquiera que el demandante la incluyó en su
escrito de solicitud de prórroga, al señalar que las fuertes lluvias eran sucesos
extraordinarios que generaron afectaciones al rendimiento de las actividades105.
Como ya se mencionó, al convenirse la prórroga de treinta (30) días de que trata
ese pacto, las partes expresamente concluyeron, y así acordaron, que tal extensión
no produciría mayores costos, por lo que la Sala no puede apartarse de dicho
acuerdo ante la inexistencia de razones que lo invaliden.
97. El Otrosí No. 2106 también se asentó en las repercusiones de la ola invernal.
En el apartado considerativo se consignó la necesidad de su celebración ante los
efectos de la intensa temporada de lluvias. Allí se estipuló que el plazo de ejecución
se entrecruzaría con el término contemplado para la legalización y entrega de la
obra ante las entidades competentes, medida de remediación de los mayores
tiempos que implicaban las situaciones que lo justificaron.
98. De forma expresa los contrayentes acordaron que esa modificación no
generaría “reclamaciones futuras por mayor permanencia, reajustes o cualquier otro
concepto diferente al que por este acto se acuerda”. De modo que, ante la claridad
en la exclusión de los mayores gastos derivados de ese acuerdo, no hay lugar a
desconocer lo libre y conscientemente convenido por las partes sobre este aspecto.
99. Por su parte, la Adición No. 2 fue categórica en rechazar las condiciones
climáticas como motivo de prórroga del pacto en ese momento, en tanto que
aquellas se mitigaron con la construcción de invernaderos, como medida de
protección ante las lluvias107. Como esa extensión no tiene fuente en la referida ola
invernal, no hay lugar a establecer si se produjeron mayores costos por el lapso
ampliado con este acuerdo.
100. En conclusión, tampoco se accede a este pedimento. Si bien tanto en la
Adición No. 4 como en el Otrosí No. 2 se reconoció una prolongación del tiempo con
ocasión de los efectos de la ola invernal, las partes expresamente consintieron que
ello no produciría mayores costos para la EDU; además, en la Adición No. 2 se
104
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 18 de septiembre
de 2023, radicación 050012333000201500587 01 (62.481), C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
105
Escrito del 8 de mayo de 2012, fls.460 a 462, c.1.
106
Fls.90 y 91, c.1.
107
Fls.67 a 70, c.1.
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consignó que la temporada de lluvias no era una justificación para la ampliación del
plazo.
101. (v) Los enfrentamientos entre grupos al margen de la ley truncaron el normal
progreso del negocio jurídico. Este hecho fue reconocido como causa de la
celebración de las Adiciones No. 1108y 2109. Como el consorcio expresó que estas
prórrogas no generaban un impacto económico, no hay lugar apartarse de lo
estipulado y desconocer los pactos alcanzados, pues son contenedores de
obligaciones y acuerdos llamados a cumplirse.
102. El expediente es ajeno a pruebas que acrediten que el período contractual
tuvo que extenderse en épocas distintas o adicionales a las contempladas en las
mencionadas prórrogas.
Reajuste a los precios unitarios
103. El consorcio alega que la empresa no reconoció los reajustes a los precios
unitarios, por el monto de $52’842.300,81, plasmados en 8 actas específicas110,
pese a que en los términos de contratación –núm. 1.2– se contempló que el negocio
jurídico se efectuaría bajo la modalidad de precios unitarios reajustables, con base
en la fórmula allí consignada111.
104. Esta reclamación fue traída a juicio desde la presentación del libelo, al
reformarlo el contratista incluyó dos nuevos hechos atinentes a la realización de la
liquidación de mutuo acuerdo y la salvedad que consignó. El examen del corte de
cuentas revela que la EDU ya reconoció los reajustes pedidos por el consorcio,
incluso por un valor mayor al solicitado en la demanda, como se observa en el
balance incluido en el acta de finiquito112:
INFORME DE REAJUSTES
Valor provisión para Reajustes $332.597.119
Valor Ejecutado por Reajustes $105.813.054
Valor Pagado al Contratista por reajustes $97.209.017
Saldo a favor del Contratista por reajustes $8.604.037
Saldo a liberar de la provisión de Reajustes $226.784.065
105. A su vez, en el ordinal cuarto se estipuló desembolsar al consorcio el saldo
a su favor por concepto de reajustes, así:
“CUARTO: Una vez cancelado al CONTRATISTA la suma de OCHO MILLONES
SEISCIENTOS CUATRO MIL TREINTA Y SIETE PESOS M/L ($8.604.037) que
a su favor es reconocido por concepto de reajustes; TRESCIENTOS NOVENTA
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA
Y DOS PESOS M/L ($390.252.862) que a su favor es reconocido por la EMPRESA
DE DESARROLLO URBANO, por la obra ejecutada, efectuadas las retenciones
debidas, las partes se encontrarán a paz y salvo por todo concepto” (se subraya).
108
Allí se relacionó como justificación del pacto: “Ocurrencia durante el desarrollo de la obra de eventos de alteración del
orden público que han comprometido la integridad física de los trabajadores durante los enfrentamientos entre grupos al
margen de la ley que operan en el sector ...” (fls.65 y 66, c.1).
109
En la considerativa de este acuerdo se indicó: “Enfrentamientos de grupos al margen de la ley que operan en el sector y
en su accionar afectan el rendimiento de las actividades ya que los trabajadores que han inmersos en el conflicto exponiendo
su integridad física” (fls.67 a 70, c.1).
110
Relacionadas a fl.17, c.1.
111
Fls.126 y 127, c.1.
112
Fls. 819 a 821, c.3.
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106. Lo anterior, corrobora con la liquidación las partes establecieron que el valor
ejecutado a título de reajustes ascendía a $105’813.054; también verificaron que de
ese monto ya se había pagado al contratista la suma de $97’209.017 y que faltaba
por cancelarle la cifra de $8’604.037, comprometiéndose la EDU a girar al consorcio
este último valor para quedar a paz y salvo por éste.
107. El pedimento efectuado por $52’842.300,81 desconoce lo que, con
posterioridad, se acordó en el corte de cuentas en punto a los reajustes y, en todo
caso, la demandante no probó, ni siquiera mencionó, en qué se apartaba o
distinguía esa cifra de lo que fue reconocido y pagado por la empresa, mediante la
liquidación bilateral.
108. La pretensión por este ítem se limitó a solicitar la antedicha cifra, sin
identificar si se trataba de un valor ajeno al reconocido y el soporte de su causación.
Tampoco procede acceder a una orden de pago de lo acordado, en tanto que el
pedimento no versó sobre ello. Ante estas constataciones, la Sala negará la
reclamación fundada en el reconocimiento del reajuste a los precios unitarios.
Reclamación por los sobrecostos incurridos en la ejecución del pacto
109. Bajo este concepto, el contratista no reclama el supuesto incremento de los
costos derivados de la ampliación del término de ejecución de la obra –ya
examinados– sino el mayor importe que tuvo que asumir para lograr el objeto
convenido. Los lineamientos de la invitación abierta consagraron lo siguiente acerca
del reconocimiento de cantidades de obra y trabajos extras o adicionales:
“11. CANTIDADES DE OBRA
Las cantidades de obra por ejecutar, indicadas en el Anexo No. 5, son
aproximadas y están calculadas con base en los diseños del Proyecto; por lo tanto,
podrán aumentar, disminuir o suprimirse durante la ejecución de los trabajos, pero
tales variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato que se derive de esta
Invitación. El CONTRATISTA está obligado a ejecutar las mayores cantidades de
obra que resulten, a los mismos precios de la oferta, salvo que se presenten
circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio económico del contrato.
(...)
13. TRABAJOS EXTRAS Y ADICIONALES
Se entiende por trabajo extra aquel que, además de no estar incluido en los planos
de la Invitación, ni en las especificaciones, ni en el formulario de cantidades de
obra de la oferta, no puede clasificarse, por su naturaleza, entre los previstos en
dichos documentos; el que sí pueda serlo, aunque no esté determinado en forma
expresa en tales documentos, será trabajo adicional.
La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU- podrá ordenar trabajos extras
o adicionales, y el CONTRATISTA estará obligado a ejecutarlos y a suministrar
los materiales necesarios, siempre que los mismos hagan parte inseparable de la
obra contratada o sean necesarios para ejecutarla o para protegerla, para lo cual
se suscribirá un contrato adicional.
La obra adicional se pagará a los respectivos precios unitarios establecidos en el
contrato ...” 113.
110. Se pactó que el contrato se realizaría bajo la modalidad de precios unitarios
reajustables. Esta forma de pago se concreta por las unidades o cantidades de obra
ejecutadas, multiplicadas por el valor de cada una de ellas, según los límites
establecidos en el mismo contrato. El análisis de los precios unitarios corresponde
113
Fls.202 y 203, c.1.
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a un modelo que elabora el proponente, en virtud del cual estima los costos de
ejecución de una obra. Para ello, tiene en cuenta los costos directos, que
corresponden a materiales, mano de obra, maquinarias, rendimiento, entre otras
variables, y los indirectos, que hacen referencia a al pago de administración, utilidad
e imprevistos114.
111. La invitación pública determinó, en su núm. 4.2.4, que el rango de valores
unitarios de cada uno de los ítems debe estar entre el 98% y el 103% del monto
individual del presupuesto oficial previsto para éstos. Los precios planteados por el
oferente corresponden a la fecha de la presentación de su propuesta y deben “cubrir
todos los costos de trabajos diurnos y nocturnos o en días feriados, prestaciones
sociales, impuestos, herramientas, equipos y todos los demás costos inherentes al
cumplimiento satisfactorio del contrato, inclusive los imprevistos, gastos de
administración y utilidades del oferente”115.
112. A su vez, se previó que el valor total de la oferta resultaría de la suma del
costo directo (derivado de la multiplicación de las cantidades de obra por los precios
unitarios) y el AIU. Este último debía ubicarse entre el 90% y el 105% del AIU
previsto en el presupuesto oficial –de lo contrario, la oferta sería rechazada–116.
113. El contratista aseguró que lo pagado por concepto de mano de obra, gastos
administrativos y la implementación de la guía socio ambiental resultó superior a lo
recuperado con la construcción del proyecto. Explicó que las diferencias advertidas
se ocasionaron por el mandato de la empresa de ceñirse a los precios unitarios
plasmados en las condiciones de contratación, so pena de que la propuesta fuese
rechazada.
114. El consorcio, como experto en la construcción de obras de urbanismo, redes
externas y de acueducto y alcantarillado117, tenía los conocimientos para plantear
unos precios que abarcaran todos los costos implicados en el cumplimiento de cada
uno de los ítems, por lo que no es dable que luego de manifestar su conformidad, y
de presentar unos valores que respaldó con su propio conocimiento del mercado y
expertice, se escude en que éstos debían encajar, casi que igualar, la estimación
de los valores de los ítems y el AIU del presupuesto oficial, como si hubiese
afrontado una imposición, que nunca cuestionó.
115. Si el consorcio consideró que el presupuesto suministrado por la empresa no
correspondía a las condiciones de mercado, ni tenía en cuenta aspectos tan
importantes como el reconocimiento de todas las prestaciones sociales de los
trabajadores, según las programaciones requeridas para cumplir el objeto, debió
formular tales observaciones a la EDU previo a la formulación de la propuesta, o,
en un escenario más radical, abstenerse de ofertar, por la brecha entre éstos y las
supuestas estimaciones reales de los precios unitarios y el AIU; sin embargo, su
actuar se ciñó a presentar una propuesta, a ofrecer unos valores como posibles y
analizados en el mercado del que este sujeto es conocedor, sin acreditar las
falencias de la contratante en punto a su tasación.
114
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 1 de noviembre
de 2023, radicación 05001233100019970035501 (45.723).
115
Fl.166, c.1.
116
Fl.167, c.1.
117
Según el núm. 3.5. de los términos de la contratación, relativo a la ´Experiencia del Oferente´ (fls. 158 y 159, c.1.)
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116. Con todo, en el expediente no obran pruebas relativas a los sobrecostos
solicitados118. El soporte de la petición atinente a los mayores costos de la
implementación de las guías socio ambientales y administrativos se limitó a una
certificación aportada por el mismo demandante, carente de respaldo o insumos que
la corroboren y sobre los cuales se pueda hacer alguna constatación.
117. Frente a los mayores valores de la nómina, la firma interventora manifestó al
consorcio, en escrito del 3 de octubre de 2011119, que no reconocería la jornada
laboral extendida en horario nocturno entre el 10 y 25 de septiembre de ese año,
por cuanto esa estrategia no fue eficiente, como se esperaba, pues no se alcanzó
la facturación proyectada; además, arguyó que el contratista tuvo que haber tenido
en cuenta la jornada extendida para el cumplimiento de la reprogramación vigente.
118. Por medio del Otrosí No. 1 del 26 de octubre de 2011120, los contrayentes
precisaron la necesidad de incrementar la jornada laboral, hasta en horas nocturnas,
con el fin de suplir o atender situaciones de orden técnico, logístico y de entrega
(consistentes en alteración del orden público, la temporada invernal, difícil ingreso
y tránsito de materiales por contar con una sola vía, y atención de emergencias por
fallas en las redes de acueducto y alcantarillado), ante lo cual se estipuló que para
el cumplimiento del contrato, el contratista debía disponer del personal
administrativo, técnico y operativo y de los recursos logísticos requeridos, en los
horarios adicionales acordados. El pago resultante de lo anterior se realizaría en el
acta de obra correspondiente al mes de su prestación, previa revisión y aprobación
de la interventoría.
119. Luego, mediante la Adición No. 2, las partes señalaron que el incremento del
valor allí pactado –por la suma de $350’000.000– obedecía al requerimiento “... de
una provisión que cubra los costos del horario extendido del personal administrativo
y logísticos pactados en el otrosí Nº1 del contrato en cuestión”121. Con la Adición
No. 3 también se aumentó el precio –en la cifra de $1.257’000.000–, para dar
cumplimiento al alcance físico del negocio jurídico, ante la inclusión de obras extras.
120. Estos acuerdos modificatorios son reveladores frente al reconocimiento de
los sobrecostos que el consorcio afirmó, le fueron ocasionados, sin que se evidencie
por qué resultaron insuficientes de cara a las reclamaciones elevadas o se
demuestre la efectiva causación de otros importes mayores. Tratándose de la
ejecución de obras extras, el contratista debió incluir en su estimación, esos costos
de la jornada extendida, pues para ese momento ya conocía que debía reprogramar
el cronograma de la obra, a fin de lograr su cumplimiento en el plazo pactado.
121. Como consecuencia de lo anterior, la Sala no accederá a este pedimento.
Sobre la legitimación material del municipio
118
El art. 167 del Código General del Proceso (CGP) establece como carga de los sujetos procesales la de conducir al juez a
un estado de certidumbre sobre los hechos que profesan –para el actor en lo relacionado con sus súplicas y los supuestos
que las cimientan, y para el demandado el sustento de sus excepciones o razones de defensa–.
119
Fls.456 a 458, c.1.
120
Fls.84 a 86, c.1.
121
Fls.67 a 70, c.1.
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122. El municipio carece de legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que
(i) no fungió como parte dentro del contrato enjuiciado; (ii) la litis no se dirige a
cuestionar la validez del convenio que suscribió con la EDU; (iii) la causa petendi no
eleva censura alguna en su contra, en tanto se limita a pedir que se le condene
patrimonialmente, sin identificar las falencias, inobservancias o conductas adversas
en que incurrió, y que afectaron al negocio jurídico en cuestión; (iv) en virtud de lo
estipulado en el convenio, la empresa se comprometió a adelantar, bajo su
responsabilidad, los procesos contractuales requeridos para dar cabal cumplimiento
al objeto de ese pacto. La obligación principal de la entidad territorial se refirió al
giro de los recursos necesarios para el logro de ese acuerdos voluntades, sin
constatarse atribuciones de ésta en las fases de escogencia del contratista,
ejecución o finalización de los pactos específicos; y (v) en virtud del principio de
relatividad de los contratos (art. 1602, Código Civil), el negocio jurídico solo obliga
a quienes intervinieron en él a través de su expresa manifestación de voluntad de
vincularse a la relación contractual; por lo mismo, las pretensiones únicamente
pueden proponerse en contra de quienes tomaron parte en el contrato, o a quien se
imputan juicios de responsabilidad, sin que en el sub-lite exista cargo alguno contra
el municipio.
123. Al constatar que la entidad territorial no ocupó un rol en el negocio jurídico
fuente de la controversia, ni existe un señalamiento en su contra, la Sala declarará
probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, propuesta por
el municipio.
Costas
124. En los términos del artículo 188 del CPACA, la liquidación y ejecución de la
condena en costas se sujetará a las reglas previstas en el Código General del
Proceso, normativa que establece, en su artículo 365, núm. 1, que se condenará en
costas “a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente
el recurso de apelación …”.
La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el Tribunal
que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que dispone el
artículo 366 del Código General del Proceso.
125. En este orden de ideas, se fijan las agencias en derecho, para esta instancia,
a cargo del consorcio Reversadero, en la suma de NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
M/CTE ($9’932.696)122 a favor de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) y del
municipio de Medellín, cifra que no supera el 5% sobre las pretensiones que fueron
formuladas en este proceso, límite máximo para la tasación de las costas en
segunda instancia, según lo establece el Acuerdo 1887 de 2003. Dado que la parte
demandante está compuesta por una forma asociativa, esta condena será pagada
por sus dos integrantes, en partes iguales –ya que cada uno tenía un 50% de
participación en el consorcio–, a favor de ambas entidades accionadas, en la misma
proporción para cada una.
122
Correspondiente al 1% del monto solicitado por la mayor permanencia en obra ($993’269.584).
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Expediente 050012333000201401220 01 (73.792)
Demandantes: Consorcio Reversadero
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano - EDU y otro
Referencia: Controversias contractuales
IV. PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
1. MODIFICAR la sentencia del 9 de octubre de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad y, en su lugar, se dispone:
PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de la falta de legitimación en
la causa por pasiva del municipio de Medellín.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con
las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2. CONDENAR en costas, por esta instancia, al consorcio Reversadero, en la suma
de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($9’932.696) a favor de la Empresa de Desarrollo
Urbano – EDU, y el municipio de Medellín, en partes iguales.
Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal a quo.
3. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece
a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados
tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
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