Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2015-00587-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2015-00587-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 05001-23-33-000-2015-00587-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
18 de septiembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 050012333000201500587 01 (62.481)
Demandante: Cálculo y Construcciones S.A.
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano –EDU-
Acción: Controversias contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia
Temas: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA – principio de la autonomía de la voluntad /
SUSPENSIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRATO – alcance e intención de las partes,
principio de la buena fe .
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a
resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.
El objeto de la controversia tiene por fin determinar si existió o no incumplimiento
contractual de la entidad demandada. El a quo negó las pretensiones de la demanda,
al considerar que los pactos modificatorios remediaron las circunstancias aludidas
por el contratista como desencadenantes de los mayores costos en que incurrió con
ocasión de la ejecución de la obra; en la apelación, la recurrente afirmó que el
Tribunal falló al apreciar indebidamente el acervo probatorio, el cual acreditaba los
sobrecostos que tuvo que asumir y que rompieron la ecuación económica del
contrato.
I. SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la decisión proferida el 11 de mayo de 2018 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia1, mediante la cual negó las súplicas incoadas, en relación
con la demanda cuyas pretensiones, hechos principales y fundamentos de derecho
son los siguientes:
Pretensiones
1 Folio 1 del cuaderno 1.
Radicación: 050012333000201500587 01 (62.481)
Demandante: Cálculo y Construcciones S.A.
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano –EDU-
Asunto: Controversias contractuales
2. El 6 de marzo de 20152, Cálculo y Construcciones S.A. presentó demanda contra
la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-, con el fin de obtener las siguientes
declaraciones y condenas (se transcribe literal incluyendo eventuales errores):
“1. Que se declare que entre la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU- y la firma
Cálculo y Construcciones S.A., existió el Contrato de Obra Pública No. 831 de 2010 cuyo
objeto es: ‘La construcción de la Conectividad quebrada Santa Elena Villatina y Obras
complementarias’, bajo la modalidad de precios unitarios reajustables, celebrado el 17 de
septiembre de 2010.
“2. Que se declare que la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU- incumplió el
Pliego de Condiciones descrito en la Licitación Pública No. 31 de 2010, en especial lo
estipulado en el numeral 13 al no entregar oportunamente los planos y diseños
necesarios para la ejecución del proyecto (…)
“3. Que se declare que durante la ejecución del proyecto, la EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO -EDU-, ordenó por conducto de la interventoría, múltiples
cambios a los diseños y modificaciones a las especificaciones, producto de su falta de
planeación.
“4. Que se declare que como consecuencia de los múltiples cambios a los diseños y
modificaciones a las especificaciones, se ocasionó al contratista, CÁLCULO Y
CONSTRUCCIONES S.A., unos perjuicios económicos generados por el daño
emergente y lucro cesante que dejó de percibir.
“5. Que como consecuencia de lo anterior, se declare a la EMPRESA DE DESARROLLO
URBANO -EDU-, responsable por el rompimiento del equilibrio económico del contrato
No. 831 de 2010, el cual afectó enormemente al contratista CÁLCULO Y
CONSTRUCCIONES S.A.
“6. Que como consecuencia de lo anterior, se ordene a la EMPRESA DE DESARROLLO
URBANO -EDU-, a indemnizar a CÁLCULO Y CONSTRUCCIONES S.A., la totalidad de
los perjuicios sufridos por el contratista a título de daño emergente y lucro cesante en los
términos de (sic) artículo 50 en concordancia con el numeral 1 inciso segundo del
artículo 5 de la Ley 80 de 1993, en la suma que resulte probada en el proceso, así sea
mayor que las sumas estimadas en esta demanda, los cuales derivaron de la ejecución
del contrato de obra No. 831 de 2010, celebrado entre las partes, perjuicio que se
concreta en los sobrecostos generados por la mayor permanencia en obra por causas no
imputables al contratista y los cuales se estiman en la suma de TRESCIENTOS
SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SEIS MIL CINCUENTA Y CUTRO (sic) M/L
($369’106.054,oo) (estimado a Octubre 24 de 2014).
“7. Que para reconocer el lucro cesante ocasionado por los mayores costos en que
incurrió el contratista, se condene a la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-, a
pagar a favor de CÁLCULO Y CONSTRUCCIONES S.A. una suma equivalente a los
intereses bancarios corrientes calculados entre el mes de octubre de 2014 y la fecha de
ejecutoria de la sentencia.
“8. Que se declare la Nulidad de la Resolución GG No. 0537 de 2012 (28 de noviembre)
mediante la cual la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU- liquidó
unilateralmente el Contrato de Obra pública No. 831 de 2010, por vulnerar el derecho del
contratista de que dicho acto administrativo fuera bilateral y por no incluir las salvedades
que solicitó este último fueran anexas en el acta de liquidación.
“9. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se liquide judicialmente el
contrato de obra pública No. 831 de 2010, celebrado entre la EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO -EDU- y CÁLCULO Y CONSTRUCCIONES S.A., definiendo
cual es al saldo existente a favor del contratista.
“10. Que la condena se produzca en salarios mínimos legales mensuales a fin de
garantizar que se conserve el poder adquisitivo entre el momento en que se expida el
fallo de primera instancia y el momento en que se produzca la ejecutoria de la sentencia,
sea que se de este efecto en primera o en segunda instancia.
“11.
En subsidio de la anterior pretensión, solicito que en la sentencia condenatoria se
diga que las sumas a las que sea condenada la EMPRESA DE DESAROOLLO (sic)
URBANO EDU, deben ser actualizadas entre el momento de la expedición del fallo de
primera instancia y el momento en que quede en firme éste, teniendo en cuenta la
variación del IPC (Índice de Precios del Consumidor), suma que será la base para el
cálculo de los intereses moratorios.
2 Folio 46 del cuaderno 1.
2
Radicación: 050012333000201500587 01 (62.481)
Demandante: Cálculo y Construcciones S.A.
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano –EDU-
Asunto: Controversias contractuales
“12. Que se ordene dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176
y 178 del Código Contencioso Administrativo”3.
Hechos relevantes
3. Como hechos relevantes, la parte actora indicó que suscribió el contrato 831 de
2010 con la EDU, para la “construcción de la Conectividad quebrada Santa Elena –
Villatina y obras complementarias” con plazo de ejecución de 210 días que inició el 6
de noviembre de 2010; éste se aumentó, mediante tres prórrogas, en un total de 360
días, y fue adicionado en precio en tres oportunidades.
4. Afirmó que circunstancias no atribuibles al constructor comprometieron su
patrimonio al romper su equilibrio económico y así lo manifestó en reclamación del
22 de marzo de 2011 -reiterada el 12 de marzo de 2012- señalando los eventos que
impedían el normal avance y los sobrecostos generados por mayor permanencia en
obra.
5. Señaló que la obra se recibió a satisfacción el 10 de octubre de 2011 y que la
entidad presentó un proyecto de liquidación bilateral del contrato que no fue
aceptado por la contratista, dado que no incluyó la salvedad que ésta expresó.
6. Luego, mediante Resolución GG 0537 del 28 de noviembre de 2012, la EDU
liquidó unilateralmente el negocio jurídico, sin introducir la salvedad pedida por el
actor y sin hacer las glosas por los descuentos realizados al contratista en atención a
la aplicación de multas.
Fundamentos de derecho
7. Con fundamento en el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, reclamó el mantenimiento
de la ecuación económica contractual surgida al celebrar el negocio jurídico, pidiendo
el pago de los mayores costos en que incurrió para poder cumplir sus obligaciones.
8. Narró que los eventos que rompieron el equilibrio económico del contrato, por
mayor permanencia en obra, fueron: (a) problemas en el estudio de suelos, diseños
estructurales y urbanísticos; (b) mora en la entrega de diseños; (c) inconsistencias en
los diseños; y, (d) rediseños y su modificación durante la ejecución contractual.
9. Razonó que la Resolución 537 del 28 de noviembre de 2012, por medio de la cual
la EDU liquidó unilateralmente el contrato, vulneró sus derechos, toda vez que no le
reconoció los sobrecostos en que incurrió, ni introdujo las salvedades que manifestó
la sociedad contratista, conforme lo establece el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.
Contestación de la demanda
10. La EDU se opuso a todas las pretensiones4 y, para el efecto, formuló cuatro
excepciones: (a) buena fe de la EDU al actuar con lealtad en el cumplimiento de sus
3 Folios 1 y 2 del cuaderno 1.
3
Radicación: 050012333000201500587 01 (62.481)
Demandante: Cálculo y Construcciones S.A.
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano –EDU-
Asunto: Controversias contractuales
obligaciones; (b) inexistencia de la obligación de indemnizar, pues la actora no probó
la ocurrencia de un desequilibrio financiero; c) presunción de legalidad de los actos
administrativos, por cuanto la liquidación del contrato evidenció lo acontecido durante
su ejecución, se respetaron las garantías del contratista, y fue debidamente motivada
por parte del funcionario competente; (d) mala fe del demandante, al reseñar hechos
infundados para lograr un injusto reconocimiento económico.
Alegatos en primera instancia
11. Surtida la etapa probatoria5 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público
para presentar sus alegaciones y concepto, respectivamente; la EDU subrayó que a
través de los contratos adicionales las partes superaron los eventos que alteraron la
ejecución del negocio jurídico y, al suscribir tales pactos, el actor no reclamó los
sobrecostos que ahora demanda; enfatizó en que los testigos fueron claros en
señalar que las adiciones del contrato surgieron de una necesidad justificada del
contratista, pero toda la obra extra y adicional fue pagada6.
12. La demandante ratificó los fundamentos de sus reclamaciones y esgrimió que
contrario a lo dicho por uno de los testigos sobre la supuesta entrega oportuna y
completa de los planos y diseños, las actas del comité de obra dan cuenta de su
entrega tardía y de la responsabilidad que la entidad asumió por esa mora. Señaló
que fueron evidentes los imprevistos ajenos al contratista que afectaron la ejecución
negocial al aumentar el plazo en 4 meses más a los inicialmente pactados; asimismo,
aseveró que las justificaciones para la suscripción de los contratos adicionales
siempre se relacionaron con el pago de obra extra y adicional, sin reconocer los
sobrecostos en que incurrió la contratista7.
El Ministerio Público guardó silencio.
Fundamentos de la providencia recurrida
13. El Tribunal Administrativo de Antioquia negó las súplicas de la demanda. Indicó
que pese a que se hicieron modificaciones a los diseños y éstos se entregaron de
forma tardía, las partes suscribieron acuerdos que adicionaron el precio y plazo, de
cuyas consideraciones se extrae que con ellos se buscó la estabilización de la zona
de juegos para la construcción de estructura de contención para el talud y el
reconocimiento de la demora en la entrega de diseños y retraso en el confinamiento
y pendiente del piso de zona de juegos.
4 Folios 410 a 431 del cuaderno 1.
5 En el curso de la audiencia inicial se decretaron como medios de prueba, los siguientes: (i) los documentales
aportados por la actora -folios 25 a 385 del cuaderno 1, cuadernos 2, 3 y 4-, así como las piezas probatorias
anexadas por la demandada –folios 437 a 520 del cuaderno 1-; (ii) se negó oficiar a la EDU para que aportara
todos los documentos relativos al contrato 831 de 2010, pues fueron allegados con la contestación de libeto
introductorio; y (iii) se decretaron los testimonios de los señores Ana Isabel Cardona Mira, Sonia María Garzón,
José Fernando Jaramillo Giraldo, Mónica Montoya, Aleida Ortiz, Oswaldo Ramos García y Juan Carlos Sierra, los
cuales fueron practicados en el curso de la audiencia de pruebas, excepto las declaraciones de los señores Ana
Isabel Cardona y Juan Carlos Sierra, comoquiera que las partes presentaron sus respectivos desistimientos en
relación con éstas –cd folio 562 del cuaderno 1-.
6 Folios 565 a 571 del cuaderno 1.
7 Folios 572 a 584 del cuaderno 1.
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Radicación: 050012333000201500587 01 (62.481)
Demandante: Cálculo y Construcciones S.A.
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano –EDU-
Asunto: Controversias contractuales
14. Sostuvo que en ninguno de los instrumentos acordados para remediar los
problemas advertidos, el actor efectuó reclamación por la existencia de los perjuicios
derivados de una mayor permanencia en obra o por aumento en los gastos; conducta
que denota una falta de corrección y lealtad negocial, pues constituye una práctica
malsana que se guarde silencio respecto de reclamaciones económicas al momento
de celebrar contratos modificatorios o adicionales, cuyo propósito es, precisamente,
ajustar el negocio jurídico a la realidad fáctica, financiera y jurídica.
15. Y, si en gracia de discusión se admitiere que no introducir reclamaciones al firmar
las actas no priva al contratista de incoar la petición de restablecimiento económico,
lo cierto es que la actora no probó una afectación grave de sus condiciones
económicas.
16. Finalmente, negó la declaratoria de nulidad del acto de liquidación unilateral del
contrato por no incluir las salvedades del contratista, pues la entidad no está obligada
a introducir tales observaciones, por tratarse de un acto unilateral y no consensual.
II. EL RECURSO INTERPUESTO
17. En su impugnación, la demandante pidió la revocatoria de la sentencia apelada y
que se acceda a las pretensiones formuladas. Adujo que las pruebas documentales
dan cuenta de la afectación económica ocasionada al contratista, de ahí que el
Tribunal realizó una errada apreciación probatoria, al desconocer la sumatoria de
hechos naturales, técnicos y administrativos, no atribuibles a la sociedad actora, que
afectaron las obras desde el inicio y hasta el mes previo a su terminación,
demostrando el rompimiento del equilibrio económico del contrato.
18. Insistió en que las circunstancias que perturbaron gravemente la ejecución de la
obra fueron: (i) la no entrega a tiempo de la planimetría, y no contar con los permisos
de espacio público y aprovechamiento forestal; (ii) modificación de los planos
entregados, por el cambio en el diseño de la placa deportiva; (iii) mora en la entrega
de los planos eléctricos; (iv) falta de definición de los detalles estructurales; (v)
nuevos diseños de pila y muro de la zona de juegos y placa polideportiva, situaciones
que redujeron el rendimiento del personal contratado, al no contar con obras por
ejecutar, sumado a los costos relativos al mantenimiento en obra de maquinaria y
equipos, así como la inversión socioambiental.
19. Reiteró que las adiciones en plazo y valor al contrato no cobijaron las
circunstancias imprevistas que alteraron la economía del contrato, dado que solo se
fundamentaron en obra extra nueva no considerada inicialmente y, en el presente
asunto, no se observó conmutatividad ni buena fe, pues se condujo al contratista a
un estado de frustración ante circunstancias extraordinarias que lo empobrecieron.
20. Respecto de la liquidación unilateral del contrato, expresó que dicho acto fue
violatorio de su debido proceso y carece de motivación, dado que no refleja las
razones que llevaron a negar los reconocimientos pedidos por el contratista, no tuvo
en cuenta el período acontecido entre abril y octubre de 2011, y la entidad “falto (sic)
5
Radicación: 050012333000201500587 01 (62.481)
Demandante: Cálculo y Construcciones S.A.
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano –EDU-
Asunto: Controversias contractuales
a su deber de resolver la reclamación presentada como debía hacerlo bien fuera que
la decisión se tomara en favor o en contra” 8 ; además, no se consideraron las
salvedades solicitadas por la sociedad, ya que su sola referencia en las motivaciones
no indica una determinación sobre ellas.
Trámite de segunda instancia
21. Esta Corporación admitió el recurso de apelación en proveído del 30 de
noviembre de 20189; el 7 de marzo de 2019 corrió traslado a las partes para alegar
de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto 10, oportunidad en la
cual el demandante reiteró las argumentaciones que esgrimió en su alzada 11 y la
EDU manifestó compartir el fallo12.
El Ministerio Público no se pronunció.
III. CONSIDERACIONES
Objeto de la apelación
22. La inconformidad de la parte actora se centró en tres aspectos principales: a) que
las adiciones al contrato no cobijaron las circunstancias que perturbaron su ejecución
y ocasionaron los mayores costos que reclama; b) indebida valoración probatoria del
a quo, pues los medios de convicción sí dan cuenta de un rompimiento de la
ecuación financiera del contrato; y, c) la EDU trasgredió el debido proceso del
contratista al proferir el acto de liquidación unilateral sin considerar las
inconformidades expuestas por ésta.
De cara al referido contexto, y luego de hacer unas precisiones preliminares en torno
al escenario de análisis del sub lite, la Sala se ocupará de (i) caracterizar las
reclamaciones económicas frente a los acuerdos modificatorios del contrato; y, (ii)
analizar los supuestos específicos alegados por el actor como desencadenantes del
conflicto.
Precisión preliminar
23. Observa la Sala que el demandante en sus pretensiones y a lo largo del proceso
utilizó de forma indiscriminada las figuras del rompimiento del equilibrio económico y
la de incumplimiento contractual, pues peticionó la declaratoria de la primera basado
en supuestos que configuran la segunda. En la misma línea, pregonó el
incumplimiento del negocio jurídico por violación del principio de planeación, dado
que durante su ejecución se evidenciaron múltiples inconsistencias y deficiencias en
relación con los diseños, estudios y planos que fueron entregados al contratista por
parte de la entidad; además, sostuvo que las mencionadas falencias generaron
8 Folio 654 del cuaderno principal.
9 Folio 677 del cuaderno principal.
10 Folio 681 del cuaderno principal.
11 Folios 684 a 711 del cuaderno principal.
12 Folios 719 a 724 del cuaderno principal.
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Radicación: 050012333000201500587 01 (62.481)
Demandante: Cálculo y Construcciones S.A.
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Asunto: Controversias contractuales
nuevas cantidades de obra, por la precisión de ajustar los diseños y especificaciones
técnicas, lo que ocasionó un rompimiento del equilibrio económico del contrato por
los sobrecostos que tuvo que soportar en virtud de la mayor permanencia en obra –
expresada en el mantenimiento del personal, maquinaria, equipos y costos socio
ambientales–.
24. En este orden de ideas, es evidente que la génesis de la controversia planteada
por el actor no se funda en hechos imprevistos ajenos a la voluntad de las partes,
pues, en verdad, lo que la parte actora reprocha alude al incumplimiento del contrato
por parte de la EDU, en tanto finca sus reclamaciones –incluida la derivada de la
mayor permanencia en obra– en los perjuicios que se habrían derivado del
desconocimiento de presuntas obligaciones contractuales desatendidas desde el
inicio por la contratante; por ende, la Sala desatará los cargos de la apelación en el
plano de la responsabilidad que le corresponde, esto es, en sede contractual por
incumplimiento.
25. Ahora, en punto al incumplimiento aludido por la actora por la supuesta
vulneración del principio de planeación por parte de la EDU y sus efectos, conviene
precisar que la planeación se sitúa en un momento previo a la celebración del
contrato, así que su eventual inobservancia o indebida ejecución no es un asunto
que se proyecte frente a la exigencia en el débito obligacional derivado de lo pactado
y, por ende, debatible bajo la pretensión del incumplimiento contractual.
No discute la Sala que el desconocimiento del principio de planeación pueda tener
efectos en uno o varios de los elementos estructurantes del contrato -como sus
condiciones técnicas, el precio y el plazo-, caso en el cual, al tratarse en estricto
sentido de un reproche por error, insuficiencia o variación de las bases del contrato,
el contratista tiene el deber de acreditarlas, sea porque afecten la validez del contrato
o algunos de sus elementos estructurales, más no analizarlas desde la óptica de un
incumplimiento contractual, pues en este caso no se trata de una obligación negocial
explícita o implícita incumplida, sino, se itera, de una discusión respecto de los
cimientos y orígenes del negocio jurídico13.
26. Así las cosas, no es procedente plantear la pretensión de incumplimiento
contractual por una configuración indebida de sus bases a causa de una violación del
principio de planeación, escenario que dispensaría a la Sala de estudiar este
pedimento; no obstante, al advertir que los hechos que fundan las pretensiones del
sub lite se relacionan ciertamente con el incumplimiento del contenido obligacional
pactado -más allá de la alusión al desconocimiento del principio de planeación-, por
la mora en la entrega de los planos y diseños por parte de la EDU y las
modificaciones y diseños a éstos en el curso de la ejecución negocial, la Sala pasa a
pronunciarse sobre tales aspectos, desde la perspectiva de la responsabilidad
contractual por incumplimiento, como ya se explicó.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 12 de
diciembre de 2022, radicación 250002336000201302064 01 (59382).
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Radicación: 050012333000201500587 01 (62.481)
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Asunto: Controversias contractuales
(i) Las reclamaciones económicas frente a la obligatoriedad de las
convenciones modificatorias del contrato y al principio de buena fe
27. Dado que el a quo consideró que no son procedentes las reclamaciones
elevadas, puesto que mediante la suscripción de los contratos adicionales las partes
remediaron las circunstancias que trastocaron la ejecución contractual y que,
además, el contratista no indicó al momento de su celebración los perjuicios que le
fueron irrogados con la mayor permanencia en obra y el consecuente aumento en los
costos incurridos, resulta necesario examinar los alcances de la suscripción de los
acuerdos contractuales, de cara a los pedimentos insistidos en la apelación.
28. El principio de normatividad (Código Civil, artículo 1602) y el deber de las partes
de actuar de buena fe (Código Civil, artículo 1603; Código de Comercio, artículo 871)
se aplica a los contratos de las entidades estatales, estén o no sometidos a la Ley 80
de 1993. Con fundamento en esos postulados, la jurisprudencia de la Corporación ha
venido analizando si son o no procedentes las reclamaciones que se fundan en
acuerdos contractuales sobre la modificación del plazo o adiciones al precio, cuando
al tiempo de suscribirlos el contratista no expresó reservas o salvedades en torno a
reclamos fundados en que tales acuerdos no los abarcan.
29. Sobre la materia, esta Subsección ha afirmado que “no se acepta incorporar una
tarifa interpretativa acerca del requisito formal de la salvedad, sino que en cada caso
se parte del análisis del contenido del respectivo acuerdo y de sus antecedentes,
para determinar el alcance de los otrosíes correspondientes” 14 . Así mismo, ha
destacado que “la inexistencia de salvedades ha sido invocada como una de las
reglas para la interpretación del alcance del otrosí de prórroga, [pero] la Sala advierte
que su ausencia no impide el estudio de fondo de las respectivas reclamaciones y no
constituye argumento suficiente para desechar las pretensiones correspondientes”15.
30. Más allá de que el régimen al que está sometida la EDU sea el derecho
privado 16 , ello no desdibuja el análisis que sobre los efectos de las prórrogas y
adiciones debe hacerse para desentrañar si lo reclamado estaba o no comprendido
en el nuevo acuerdo contractual17; escenario que, en ningún caso, ha significado la
existencia de un requisito previo conforme al cual, al suscribirse pactos adicionales
durante la ejecución del contrato, pueda entenderse que el silencio de una de las
partes frente a una determinada reclamación, le impida, a la llana, pretenderla en un
proceso ante esta jurisdicción.
14 Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección A,
sentencias (i) del 8 de noviembre de 2016, radicación 17001233100020080013801 (47336), (ii) del 6 de febrero
de 2020, radicación 25000-23-26-000-2012-00225-01(63123), (iii) del 6 de febrero de 2020; radicación 25000-23-
26-000-2002-01599-01 (38603) y (iv) del 8 de mayo de 2020, radicación 66001-23-31-000-2011-00255-
01(64701).
15 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencias del 8 de mayo de 2020, radicación 66001-23-
31-000-2011-00255-01(64701) y del 5 de febrero de 2021, expediente 46.726.
16 La EDU es una EICE del orden municipal, de conformidad con lo estatuido en el Decreto 158 de 2002,
expedido por el alcalde de Medellín, razón por la cual los actos y contratos que celebra se sujetan a las
disposiciones del derecho privado, previstas principalmente en los Códigos Civil y de Comercio.
17 Pues ello corresponde a la determinación del ámbito la controversia, más no por aplicación del artículo 27 de la
Ley 80 de 1993 relacionado con la ecuación o equilibrio económico del contrato.
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Radicación: 050012333000201500587 01 (62.481)
Demandante: Cálculo y Construcciones S.A.
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano –EDU-
Asunto: Controversias contractuales
31. De modo que cuando las partes autorregulen sus intereses y relaciones para
poner fin a cualquier diferencia o para llegar a un arreglo respecto de los distintos
eventos o circunstancias que se puedan presentar en curso de la ejecución
contractual, ello no puede interpretarse como un requerimiento jurisprudencial que
exija una expresa forma de reclamación y que, a la postre, impida estudiar el fondo
del conflicto, toda vez que lo que le compete al juez, “de acuerdo con las reglas de
interpretación de los contratos, las normas supletivas aplicables a los tipos
contractuales contenidas en las reglas civiles y comerciales y, por supuesto, la
ejecución de buena fe del contrato, será desentrañar, en cada caso, cuál fue el
acuerdo de las partes y su alcance y así establecer si las partes pretendieron, con
ese acuerdo, regular los asuntos cuya reclamación ahora se le formula y los términos
de esa regulación”18.
32. En este orden de ideas, se impone analizar cuál fue el motivo que condujo la
suscripción del acuerdo modificatorio y el contenido de los arreglos que las partes
alcanzaron, contrastándolo con los hechos que sirven de causa a las pretensiones y
su objeto, todo ello en atención a la unidad técnica, económica y financiera que debe
revelar la ejecución del contrato, incluyendo los instrumentos de remediación que
pudieran acordar los contratantes.
33. Con base en estos elementos habrá de definirse si las pretensiones resultan o no
procedentes, ya sea porque desconocen la propia conducta de las partes explicitada
no solo en el contenido de un negocio jurídico obligatorio en el que se regularon los
asuntos objeto de la reclamación, sino también en los acuerdos y manifestaciones
expresadas en el desarrollo del contrato, o porque una de las partes debe soportar
los efectos de la ocurrencia de los hechos que motivaron su suscripción, derivado de
la asignación y asunción de determinados riesgos según lo acordado.
34. Así, para resolver los problemas que plantea el recurso de apelación, la Sala
partirá por analizar cuál fue el objeto y alcance de las distintas prórrogas y adiciones
que pactaron las partes, y así definir si en realidad asiste o no razón al demandante.
(ii) Caso concreto
35. Para la realización del contrato de obra 831 de 2010, se acordó un valor de
$855’536.785 19 , el cual fue aumentado en dos oportunidades, la primera vez por
$320’704.14120, y la segunda por $83’036.66521. A su turno, el plazo fue estipulado
en 210 días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio de los
trabajos -lo que ocurrió el 5 de noviembre de 2010-, y prorrogado en tres ocasiones,
la primera por 80 días 22 , la segunda por 40 días 23 , y la tercera, por 30 días
calendario24, razón por la cual el plazo se extendió hasta el 30 de octubre de 2011.
18
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 20 de noviembre de 2020,
radicación 05001 -23-31-000-1999-00093-01 (38097).
19 De los cuales $777’760.714 corresponden al valor de la obra y $77’776.071 a la provisión para el pago de
reajustes.
20 Adición contractual 1 –folios 142 y 143 del cuaderno 1-.
21 Adición contractual 3 –folios 147 y 148 del cuaderno 1-.
22 Adición contractual 1 –folios 142 y 143 del cuaderno 1-.
9
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36. Este negocio jurídico se pactó bajo la modalidad de precios unitarios fijos
reajustables, en atención a la propuesta formulada por el contratista y el formulario
de análisis de precios unitarios del pliego de condiciones. Se estableció que la EDU
pagaría el valor acordado por mensualidades, previa presentación de las actas de
obra aprobadas por el interventor, según las cantidades de obra realmente
ejecutadas, de acuerdo con el análisis de precios unitarios presentados por el
contratista y aprobados por la Gerencia Especial de Proyectos Urbanos Integrales -
PUI-. Igualmente, de cada pago mensual se descontaría el porcentaje de
amortización del anticipo.
37. La contratante debía hacer entrega, a través de la interventoría, de los planos y
especificaciones del proyecto, por ser complementarios entre sí. También se acordó
que (i) el interventor podía ordenar los cambios necesarios respecto de éstos, previa
consulta con los proyectistas, y (ii) que el contratista también podría variarlos,
siempre que tuviera autorización del interventor y visto bueno del diseñador -cláusula
décima cuarta-.
38. En escrito del 22 de marzo de 2011 25 , el contratista solicitó a la EDU el
restablecimiento del equilibrio económico del contrato, por los siguientes eventos:
(a) Entrega tardía de planos y diseños. Desde el acta de obra 1 se consignó que la
entidad se comprometía a suministrarlos, y en las actas de obra posteriores se
registró la demora en la entrega de planos eléctricos, arquitectónicos y estructurales.
(b) Modificaciones a los diseños presentados, en relación con: (i) la placa
polideportiva; (ii) diseño de un muro en voladizo en la zona de juegos infantiles; (iii)
análisis del talud de la zona inferior donde se proyectó el Deck, que implicaría la
construcción de un muro de contención y cunetas aledañas a las viviendas. Indicó
que, incluso, las actas de comité de obra 8, 9 y 10 evidenciaron compromisos
referentes a los diseños, estudios y modificaciones de diseño.
39. En el referido oficio, señaló que las anteriores circunstancias condujeron no solo
a modificar la programación hecha, sino a cambiar las especificaciones de los
diseños, incrementando los costos de ejecución por el aumento del plazo negocial y
la inclusión de nuevos diseños, rediseños y estudios; por lo que solicitó a la EDU,
“equilibrar la ecuación económica del contrato”, reconociéndole $242’987.450,
correspondiente a los mayores costos en que incurrió el contratista, por concepto de:
a) administración, por valor de $94’723.905; b) equipos, por el monto de
$17’440.812, c) manejo socio ambiental, equivalente a $34’953.961; d) diferencia
entre mano de obra cobrada y costo real de mano de obra por $91’760.058; y, e) AIU
por $4’108.714.
40. Mediante Resolución GG0144 de 2012 26 , la EDU no accedió a la precitada
solicitud, pues el contratista no probó el desequilibrio económico. Sostuvo que las
23 Adición contractual 2 –folios 144 a 146 del cuaderno 1-.
24 Adición contractual 3 –folios 147 y 148 del cuaderno 1-.
25 Folios 170 a 174 del cuaderno 1.
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situaciones anormales que se presentaron fueron oportunamente compensadas al
contratista por medio de la suscripción de tres adiciones al negocio jurídico.
41. La anterior determinación fue recurrida en reposición por el contratista y
confirmada en su integridad por la entidad, a través de la Resolución GG 0638 del 9
de agosto de 201227, en la que se indicó: (i) que el constructor no aportó con la
reclamación inicial ni con el recurso pruebas suficientes para demostrar el
desequilibrio alegado; (ii) negó el pago de mayores costos por administración, pues
quedaron totalmente cubiertos por la suma cancelada por la EDU en los precios
unitarios de obra ordinaria, adicional y extra; precisó que “el cálculo de la
administración total del contrato, (sic) asciende a la suma de ($238.238.384), valor
inferior a la suma cancelada al contratista por la EDU por este concepto
($239.243.249), encontrándose una diferencia de ($1.045.875) a favor del
contratista”28; (iii) descartó el reconocimiento por mayor permanencia del equipo en
noviembre y diciembre de 2010 y enero y febrero de 2011, en tanto algunos equipos
no estaban discriminados en los APU presentados en la propuesta inicial y no se
acreditó que la maquinaria debía estar 100% disponible durante el tiempo objeto de
reclamación; (iv) negó la solicitud por mano de obra, puesto que la sociedad presentó
unos cálculos cuyo valor es mayor a los presupuestados en la propuesta, y los
errores u omisiones en la elaboración de los APU no son inherentes a la entidad; y,
(v) con los contratos adicionales las partes tomaron las medidas necesarias para
solucionar las circunstancias imprevistas, razón por la cual, si el contratista advirtió
una presunta pérdida económica, no entiende por qué “no renunció a la continuidad
de la obra y una vez ejecutada la misma, sorprende a la administración con una
reclamación argumentado su desequilibrio económico”29.
42. En la misma línea, bajo el acápite de la demanda denominado “reclamación”, la
sociedad actora precisó los supuestos que afectaron el avance de la obra y que le
implicaron mayores costos en la ejecución del negocio jurídico, expresando:
(i) La planimetría no fue entregada en tiempo; desde el primer comité de obra
consta que sería entregada 13 días después del inicio de ésta, es decir, desde
el comienzo ya corría un atraso por cuenta de la entidad.
(ii) A cuatro meses de inicio de la obra, se modificaron los diseños, en lo relativo al
trazado de las escalas laterales del polideportivo –acta 2 del comité-.
Igualmente, en las actas 3 y 4 persiste la demora en la entrega de las
modificaciones de los planos arquitectónicos y estructurales.
(iii) En diciembre de 2010, se advirtió que la EDU no cumplió con la entrega del
estudio de la zona de juegos. En esta misma fecha se inició la exploración de
suelo para el estudio del talud “de la zona inferior donde se proyectó el Deck, lo
cual implicaría la construcción de un muro de contención y cunetas aledañas a
las viviendas”30
(iv) En actas de comité 6 y 8 la contratista hizo constar “su preocupación por la
26 Folios 190 a 192 del cuaderno 1.
27 Folios 203 a 223 del cuaderno 1.
28 Folio 214 del cuaderno 1.
29 Folio 219 del cuaderno 1.
30 Folio 6 del cuaderno 1.
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afectación en el avance de la obra”31, así como “por el tema administrativo … la
obra viene presentando un atraso considerable”32.
(v) En las actas 9 y 10 del comité de obra se advierte que continúan las
modificaciones a los diseños y estudios.
(vi) Reseñó que en la bitácora de obra constan las modificaciones a los diseños y
sus dificultades en obra: a) modificación de las escaleras junto a las viviendas,
parte baja de la placa polideportiva (24/11/2010); b) solicitud de estudio en los
tramos de las escaleras y placa polideportiva (25/11/2010); c) levantamiento de
un muro que afectó el falso laurel y dos palmas (26/11/2010); d) al construir la
zona de juegos, se recomendó hacer un análisis más profundo de los suelos, lo
que implicaba rediseño de los muros y suspensión de la construcción del muro
del parque infantil (30/11/2010); e) visita a obra para analizar las
modificaciones en las escaleras laterales a la placa polideportiva, definición de
muros laterales y de confinamiento a las escaleras, determinación de muro
para defensa vial de la curva de la carrera 15ª (21/12/2010); f) se hace entrega
de planos de rediseño de las obras modificadas (23/12/2010); g) se definió la
necesidad de un estudio hidráulico para continuar la excavación de las pilas, y
se propuso realizar una pila de prueba con anillos reforzados y diámetro mayor
a las pilas actuales (enero de 2011); h) se determinó el nivel de piso acabado
del Deck No. 1 implicando la prolongación de la pila No 1; i) en marzo de 2011
aún se estaban haciendo apiques en terreno para construir los muros de las
nuevas escalas.
43. En este estadio, resulta forzoso traer de presente los otrosíes del contrato, en
aras de establecer si, como lo expresó el Tribunal, con ellos se remediaron las
circunstancias que son objeto de reclamación en sede judicial, previa especificación
también de las actas de comité de obra que los antecedieron.
44. En las siguientes actas se trataron los temas referentes al presente litigio, así:
Acta de Fecha de suscripción Tema tratado (referido a las circunstancias objeto de
comité de reclamación)
obra
1 17 de noviembre de 2010 La EDU manifiesta que entregará la planimetría el 18 de
noviembre y que los permisos de espacio público se encuentran
en trámite al igual que el aprovechamiento de árboles
3 1 de diciembre de 2010 Las modificaciones a los diseños están en proceso por parte de
la EDU, con precisión respecto del muro en voladizo en la zona
de juegos infantiles, para no afectar las raíces del falso laurel que
se encuentra cerca
4 9 de diciembre de 2010 Contratista afirma que está pendiente por parte de la EDU la
entrega de las modificaciones a los planos arquitectónicos y
estructurales. Al respecto, el interventor manifestó que el
contratista puede abrir otros frentes de trabajo tales como la
construcción de pilas Deck, iniciar la construcción del muro banca
y conformación del terreno lateral a las escalas.
5 15 de diciembre de 2010 Se consigna como pendiente por parte de la EDU la entrega del
estudio de estabilidad del talud de la zona de juegos y las
modificaciones a los diseños de la obra. La empresa cumplió con
la entrega de diseños arquitectónicos de escalas.
6 22 de diciembre de 2010 Se afirma que la EDU no entregó el estudio de estabilidad del
31 Ibídem.
32 Ibídem.
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talud de la zona de juegos y que iniciaría trabajos de exploración
de suelo para el estudio del talud. Asimismo, la empresa informa
que se contempló hacer una modificación a las escalas laterales
a la placa polideportiva y adicionar: (i) diseño de la modulación
de la carrera 15ª, (ii) rediseño de las escalas laterales de la zona
de juegos infantiles, y (iii) muro de contención en la parte inferior
del Deck. Asimismo, la empresa solicita los nuevos APU de obra
extra y cambios de obra para ser concertados entre el contratista
y la interventoría para posterior aprobación por parte de la
coordinación del proyecto, así como hacer una revisión de la
reprogramación de las actividades que han sido modificadas.
8 5 de enero de 2011 El contratista manifiesta su preocupación por “el tema
administrativo”, puesto que con ocasión de las modificaciones y
rediseño la obra ha presentado un atraso considerable /La EDU
mantiene su compromiso de entrega de estudio de estabilidad
del talud en zona de juegos, sin definir fecha para ello.
Igualmente, la contratista y la interventoría se comprometen a
evaluar el % de atraso de la obra, con la precisión del %
originado en dificultades constructivas y por responsabilidad
propia del contratista.
12 9 de febrero de 2011 El contratista manifiesta sobre el sobrecosto administrativo que
generará el estudio de estabilidad de los taludes de la zona de
juegos y placa polideportiva, frente a lo cual el coordinador PUI
solicita al contratista hacer dicho análisis y presentarlo ante la
EDU.
14 22 de febrero de 2011 Se verificó por parte de la EDU, del cumplimiento de los
siguientes compromisos: a) entrega diseños estructurales de las
pilas (estudio de estabilidad del talud – zona de juegos y placa
polideportiva); b) definición de muros para la zona jardinera -
juegos; y c) determinación de detalles estructurales de las
jardineras sobre el paseo peatonal de la carrera 15ª. Asimismo,
el contratista cuestiona la reprogramación de la obra y la
coordinadora manifiesta que solo está pendiente la valoración de
la administración / La contratista se compromete a la
presentación del análisis de costos de manejo socio ambiental
para su valoración por parte de la EDU.
16 9 de marzo de 2011 El contratista presenta una nueva programación, en la que
considera que se debe adicionar el contrato en 95 días, y la
coordinadora pide recortar ese lapso; la sociedad afirma que
tratará con los Geotecnistas la agilización de la construcción de
las pilas y que ha autorizado construir los anillos de las pilas.
Como consecuencia, se solicita al contratista presentar el APU
respectivo
17 16 de marzo de 2011 La EDU se compromete al diseño de los accesos a las viviendas
de la carrera 15ª, así como de las escaleras de acceso por esa
vía y contención para zona de mirador.
18 25 de marzo de 2011 La interventoría y el contratista manifiestan que revisarán
conjuntamente los APU extra, no aprobados hasta esa fecha.
45. Luego de lo anterior, a través de la adición 1 al pacto negocial, suscrito el 1 de
abril de 2011, se aumentó el valor contractual en $320’704.141 y el plazo en 80 días
calendario y se dispuso en su cláusula primera que “[l]a presente adición no generará
reclamaciones futuras por mayor permanencia, reajustes o cualquier otro concepto
diferente al que por este acto se acuerda; por tanto, el contratista renuncia a
cualquier reclamación futura por tales conceptos”33. Los aspectos objeto del referido
arreglo fueron plasmados en las consideraciones, en los términos que a continuación
se transcriben:
“… se deben ejecutar actividades adicionales en torno al proyecto con el fin de mejorar y
mitigar las condiciones de riesgo del mismo, generando de esta manera aumento en las
cantidades iniciales y actividades nuevas en el transcurso de la ejecución de la obra que
no estaban contempladas al inicio del proyecto, donde el tiempo contractual no es
33 Folio 143 del cuaderno 1.
13
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suficiente para suplir a cabalidad las necesidades del proyecto, a continuación se
enumeran las actividades tanto contractuales como nuevas que involucran adición de
tiempo, ellas son:
“Actividades contractuales:
• Preliminares
• Movimientos de tierra
• Excavaciones y demoliciones
• Llenos estructurales
• Concretos
• Aceros de refuerzo, mallas y estructura metálicas
• Mampostería y muros de contención
• Instalaciones eléctricas
• Construcción de pavimentos para vías de comunicación en superficie en diferentes
materiales
• Siembra de árboles
• Parques, obras de urbanismo, paisajismo y complementarias
“Actividades nuevas:
• Excavación de pilas con diferentes especificaciones de anillos para obras de mitigación
• Construcción de pilas con diferentes especificaciones de concretos y refuerzos, para
obras de mitigación
• Concreto ciclópeo para muros de contención
• Construcción de piso en concreto con pigmento y acabado tipo Metroplus en la Carrera
15ª
• Aplicación de aditivo acelarante para anillos
“Durante la construcción de la estructura de contención para el talud ubicado entre la
placa polideportiva y la calle 54 (zona de juegos infantiles) y una vez ejecutadas las
excavaciones correspondientes, se evidencio (sic) que la capacidad portante encontrada
en los suelos de la zona no cumple con los parámetros actuales para la construcción de
fundaciones. A raíz de esto, la Empresa de Desarrollo Urbano EDU decidió ordenar la
realización de exploraciones geotécnicas adicionales, que permitieron obtener los
parámetros necesarios para diseñar un nuevo sistema de fundación para la
estabilización de la zona, con miras a evitar allí riesgos estructurales y geotécnicos luego
de culminado el proyecto. Adicionalmente entre el talud comprendido entre la placa
polideportiva y las viviendas ubicadas en la parte inferior, se ha encontrado que durante
las excavaciones para la construcción de las pilas de cimentación del muro de cierre de
dicha placa polideportiva, una compleja situación de inestabilidad que ha motivado a
efectuar unos sondeos adicionales, que permitieron la toma de decisiones sobre las
obras adecuadas en dicho sector, dando como resultado un nuevo estudio geotécnico
que planteo (sic) la construcción de 26 pilas, un muro pantalla y las lozas en voladizo en
el área de la cancha para mitigar el riesgo de los taludes y la inestabilidad encontrada en
la zona”34.
46. En el desarrollo posterior del contrato, fueron suscritas las actas de comité de
obra que a continuación se reseñan, en las que se plasma el manejo otorgado a los
asuntos que tocan el presente litigio:
Acta de Fecha de suscripción Tema tratado (referido a las circunstancias objeto de
comité de reclamación)
obra
21 13 de abril de 2011 Se reunirán los ingenieros, con el fin de finiquitar los rendimientos
de obra requeridos para la aprobación de los APU extras que
faltan por liberar entre las partes, con el aval de la EDU.
22 19 de abril de 2011 Se finaliza de revisar APU extras que faltan por liberar entre las
partes, con el aval de la EDU, queda pendiente el acta de
aprobación por la EDU.
26 20 de mayo de 2011 El contratista indica que a la fecha no le han pagado las actas de
obra 6 y 7, ni ha recibido respuesta en relación con los
sobrecostos administrativos, ambientales, de mano de obra y
34 Folio 142 del cuaderno 1.
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Asunto: Controversias contractuales
equipos
27 25 de mayo de 2011 Queda pendiente el detalle arquitectónico y estructural del realce
del piso acabado de la zona del Deck, por causa de las raíces del
árbol que atraviesan la viga cabezal de las pilas del Deck. / La
interventoría revisa los APU extras entregados por el contratista y
entrega a la EDU dicha revisión.
29 8 de junio de 2011 Queda pendiente detalle arquitectónico y estructural del realce
del piso acabado de la zona del Deck a causa de las raíces del
árbol que atraviesan las vigas de amarre, así como definir
detalles estructurales de la placa polideportiva y la corona del
talud de la zona de juegos / Se indica al contratista acerca de la
situación de apremio en que se encuentra a causa de los
atrasos, respecto del aspecto físico como económico.
Asimismo, en reunión del 15 de junio de 2011, se plantea adicionar el plazo
contractual en 40 días, por “el tema del rendimiento del anillado con las pilas del eje
3 de las escalas”35 y se solicita a la sociedad contratista los APU de obra extra.
47. Mediante la adición 2, celebrada el 21 de junio de 2011, las partes acordaron
prorrogar el término de ejecución en 40 días calendario. Como fundamento de esta
estipulación explicaron que: a) se vio afectada la realización del área de juegos, al no
contar con un área de almacenamiento de materiales y herramientas, b) las
excavaciones de las pilas de escaleras en viaducto se perturbaron, pues los
mecanismos utilizados para ello no funcionaron en algunos puntos, c) en la zona del
deck se encontró el afloramiento de raíces de un falso laurel, lo cual obligó al
levantamiento de las tres pilas involucradas y la utilización de anclajes epóxicos,
previo aval del calculista respectivo, y d) se atendió de forma tardía la entrega de los
diseños de la estructura de las escaleras de occidente y plazoleta del muro rampa,
así como los elementos de confinamiento lateral de los cordones de borde.
48. Igualmente, son visibles las siguientes actas de obra, ulteriores al otrosí acabado
de mencionar:
Acta de Fecha de suscripción Tema tratado (referido a las circunstancias objeto de
comité de reclamación)
obra
31 22 de junio de 2011 Se anota que está pendiente el detalle arquitectónico y
estructural del realce del piso acabado de la zona del Deck, por
la presencia de raíces de un árbol, así como realizar el
alineamiento horizontal de la placa polideportiva. Pendiente por
entregar por parte de la EDU el rediseño del mirador de la calle
54.
33 27 de julio de 2011 EDU manifiesta que está por entregar el rediseño del sector del
mirador de la calle 54, así como los diseños de los muros de
contención al costado sur de las escaleras del viaducto y del
muro doble a repotenciar en el tramo de acceso a la zona de
juegos, segundo tramo de escaleras de occidente.
En acta de reunión del 12 de julio de 2011, se revisan los APU de obra extra -
cerramiento, piso de madera, Deck y pasamanos de la carrera 15ª- y se ajustan
algunos, en atención al soporte contenido en las facturas36.
35 Folio 485 del cuaderno 2.
36 Folios 478 y 479 del cuaderno 2.
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49. Así, con la adición 3 del 27 de julio de 2011 las partes acordaron incrementar el
plazo negocial en 30 días calendario y adicionar el valor en $83’036.665, de
conformidad con el siguiente sustento (se transcribe literal):
“5. El interventor del contrato … recomienda a la Entidad acceder a la adición del
contrato … teniendo en cuenta lo siguiente:
“1. Que por las condiciones geomecanicas y de humedad inadecuadas encontradas en
el suelo, evidenciándose gran inestabilidad en el mismo, la pila 3-E solo se logró vaciar el
pasado martes 19 de julio y aun resta terminar el viaducto de las escaleras de occidente.
“2. Que faltan diseños por entregar, como es el caso de los muros de contención
adyacentes a las citadas escaleras de occidente…
“3. Que falta por ejecutar el piso de la zona de juegos y sus respectivos equipamientos,
incluyendo juegos y pasamanos, pero que los diseños de los muros de confinamiento y
las pendientes del piso, solo se definieron la semana del 11 al 16 de Julio en obra,
debido a que fue necesario efectuar una modificación en los diseños hidráulicos
iniciales”37.
En este otrosí, se reseñó que el Director Zonal del PUI Centroriental aprobó la
adición solicitada, al haberse generado nuevas actividades en el proyecto, como: a)
la construcción de la pila 3-E –viaducto de escalas, dado que la referida pila
colapsaba debido al nivel freático una vez se alcanzaban los cuatro metros de
profundidad, por la formación perimetral de cárcavas, derrumbes constantes y
partición de anillos, teniendo que recurrir a técnicas como anillos de cilindros de
concreto; b) se vio la necesidad de plantear obras de repotenciación que permitieran
la estabilidad de uno de los muros adyacentes existentes; c) se planteó el diseño y
construcción de un muro de contención para el talud que se generó durante la
construcción de las pilas de las escalas en viaducto; y d) se consideró la necesidad
de construir unas escalas que comunicaran la obra de conectividad Quebrada Santa
Elena Villatina con el Ecoparque Campo Santo Villaturbay.
50. Visto el material probatorio reseñado y como se anunció en apartes precedentes,
la Sala estima que cuenta con elementos de juicio no solo para identificar y extraer
los acuerdos de las partes, sino también conocer su alcance, lo que permite arribar a
la conclusión de que los pactos referidos estuvieron no solo destinados a facilitar y
garantizar el cumplimiento del objeto pactado sino también a superar los conflictos
relacionados con la reclamación que origina el sub examine.
51. Para corroborar este aserto, la prueba acredita que las circunstancias objeto de
este litigio no fueron ajenas a los pactos adicionales que se celebraron, pues, de
hecho, éstas impulsaron el escenario de negociación y derivaron en su celebración
con el fin de enmendar el impacto negocial generado por las falencias advertidas y
su manifiesto reconocimiento por la contratante. Ciertamente, los supuestos de
reparo de la presente controversia, a saber: (i) la entrega tardía de la planimetría, así
como de los diseños estructurales y arquitectónicos y (ii) la modificación de los
diseños, en lo relativo a la placa del polideportivo, la zona de juegos y cambios en el
Deck, por el advenimiento de distintas circunstancias que así lo ameritaban –como
es la inestabilidad del terreno-, sí fueron objeto de negociación mediante las tres (3)
adiciones del contrato de obra 831 de 2010, como se pasa a indicar.
37 Folio 147 del cuaderno 1.
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52. Los antecedentes visibles en las actas de comité de obra descritas, así como las
consideraciones plasmadas en cada uno de los otrosíes, dan cuenta tanto del
reconocimiento de la EDU de las circunstancias que trastocaron la normal ejecución
del negocio jurídico, como de la estipulación de fórmulas de arreglo, con el propósito
de componer tales adversidades.
53. Las referidas piezas documentales muestran el retraso generado en el avance de
la obra por mora de la contratante en la entrega de la planimetría y de las
modificaciones a los diseños de la misma -estructurales y arquitectónicos-, previa
explicación de la necesidad de realizar un estudio de estabilidad del talud de la zona
de juegos, placa polideportiva y viviendas ubicadas en la parte inferior del terreno,
así como las vicisitudes generadas en el realce del piso acabado de la zona del
Deck, por causa de las raíces del árbol que atraviesan la viga cabezal de las pilas de
dicha zona; condiciones que, como se lee en apartes previos, se reiteraron hasta la
adición 3, al punto de constatar que el fundamento de la suscripción de los tres
otrosíes consistió, justamente, en conjurar las situaciones que afectaban el logro del
objeto contractual.
54. Al lado del reconocimiento del contexto referido y de la necesidad de agregar
plazo negocial para cumplir con las actividades presupuestadas, así como las nuevas
requeridas y superar los sucesos enunciados, se adicionó, en dos oportunidades, el
precio del negocio jurídico; proceder que estuvo antecedido de una negociación entre
las partes, tal como consta en las actas de comité de obra ya anotadas, en que la
EDU instó en diversas ocasiones para que el contratista, en conjunto con la
interventoría, con posterior aprobación del coordinador del PUI, concertaran los
nuevos APU de obra extra y cambios de las actividades inicialmente estipuladas. De
modo que el aumento del precio negocial devino de un ajuste proveniente del
acuerdo de las partes que atendía las vicisitudes que atravesaba el proyecto, donde
se conminó a la sociedad contratista a plantear los costos de los nuevos APU así
como de las actividades que se tenían que reprogramar para su ulterior revisión y
aprobación del coordinador del proyecto, razón por la cual sí existió coordinación y
común acuerdo en su fijación, ya que éstos se referían, como se vio, a componer el
escenario que perjudicaba al alcance del objeto pactado.
55. Así, las circunstancias objeto de reclamación en sede contractual y luego
jurisdiccional como generadoras de mayor permanencia, sí fueron consideradas
como causas de la suscripción de los aludidos otrosíes; además, la determinación de
remediar las anteriores circunstancias durante el desarrollo contractual fue explícita,
en tanto el contratista planteó la necesidad de aumentar en precio y plazo el contrato
y, luego, el negocio jurídico fue ajustado a través de los mecanismos acordados por
ambas partes.
56. En esa medida y ante la advertencia de que las motivaciones del presente asunto
y los pactos adicionales están jurídicamente ligadas en sus causas, acuerdos y
efectos, no es dable desconocerlas ni tomarlas como extrañas al presente litigio
pues, ciertamente, condujeron a las partes a suscribir los otrosíes examinados, e
implicaron para ellas una negociación integral del precio por las actividades objeto
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del contrato, así como de los efectos derivados de la prórroga del plazo inicialmente
convenido, razón por la cual la pretensión formulada por la actora en torno al
reconocimiento de los supuestos sobrecostos en que incurrió por la ejecución de la
obra resulta improcedente, porque desconoce el contenido de los acuerdos que
concertó, y en ellos la prohibición de venir contra los actos propios.
57. En este punto, cobra relevancia aludir a la estipulación introducida en la adición
1, en la que se acordó: “[l]a presente adición no generará reclamaciones futuras por
mayor permanencia, reajustes o cualquier otro concepto diferente al que por este
acto se acuerda; por tanto, el contratista renuncia a cualquier reclamación futura por
tales conceptos”; lo que allí se plasmó fue la voluntad de las partes de cerrar el
panorama frente a futuros pedimentos en razón de las adiciones en plazo y valor
acordadas, las cuales gozan de plena vigencia dada la capacidad de los contratantes
de disponer este tipo de efectos en sus acuerdos, ante la constatación de que
estuvieron precedidos de una expresa y clara negociación.
58. Con otras palabras, se trata de una manifestación en que las partes dieron a
conocer que lo concertado era definitivo, pues fue analizado por ellas en sus causas
y efectos y, por lo mismo, frente a las temáticas negociadas no habría posteriormente
inconformidad o reclamo que formular. Además, considerando que en los contratos
bilaterales, onerosos y conmutativos, como el examinado, los acuerdos alcanzados
llevan envuelta la máxima “do ut des” -doy para que des-, es de anotar que, en estos
casos, el ejercicio de la autonomía de la voluntad se trenza como hilo conductor
entre las circunstancias antecedentes y las estipulaciones alcanzadas, y no hay
manera distinta de analizar tales acuerdos sino en función de la reciprocidad que las
partes estimaron como balance o reequilibrio de sus intereses en el contrato, lo que
explica la contundencia de la estipulación de que no habrá reclamaciones futuras por
tales aspectos.
59. Igualmente, se desprende de dicha manifestación, que no es posible para
ninguno de los contrayentes desconocer la causa e interés jurídico del otro; pues de
no ser así, se daría a entender que sobre una temática negociada es posible
beneficiar solo a una de las partes mientras la otra sigue en deuda, postura que no
es admisible en tanto son extremos de una sola relación jurídica conmutativa, lo que
incluye el efecto liberador que acuerdan las partes al concertar o definir un
mecanismo de remediación; y, además, se desconocería que en este tipo de
contratos sus estipulaciones son contenedoras de obligaciones en las que va
incorporado no solo el alcance de la prestación, en doble perspectiva, sino el riesgo
que cada una asume en la estructura negocial, por su propia voluntad.
60. En esa medida y comoquiera que lo pactado constituye ley para las partes
(art.1602 C.C.), es evidente que las consecuencias de dicha renuncia anticipada se
tornan definitivas, situación que impide acceder a la prosperidad de las
reclamaciones derivadas por sobrecostos o mayor permanencia en obra, a raíz de la
referida adición, pues no hay lugar a desconocer el efecto normativo y, por ende,
obligatorio, que las partes le otorgaron a la transcrita estipulación. Entonces, la
cláusula de renuncia así estipulada descarta el fundamento de las reclamaciones
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elevadas en el presente asunto, al menos las causados hasta su suscripción (1 de
abril de 2011), comoquiera que las partes le concedieron efecto normativo a dicha
manifestación y, a su vez, se constató, como ya se explicó, que los motivos que
cimentaron la adición 1 coinciden con los pedimentos que fundamentan el presente
asunto.
61. En relación con las adiciones 2 y 3, la Sala se percata que las partes se
abstuvieron de contemplar una estipulación en los términos acabados de desarrollar,
escenario que conduce a dilucidar sus efectos de cara a las reclamaciones que se
estudian. En relación con este aspecto conviene aclarar, en línea de principio, que no
necesariamente la falta de una estipulación como la advertida signifique estar en
presencia de un silencio de las partes, pues éstas bien pudieron hacer definiciones
puntuales en cada una de las cláusulas acordadas, las que, con suficiencia, revelen
el alcance y riesgos asumidos por ellas, siendo entonces identificable el límite de la
prestación o contraprestación asumida; a su turno, habrá de precisarse, en todo
caso, que el silencio no tiene efectos dispositivos, es decir, no conduce a entender
que una omisión en tal escenario denote, por si misma, una renuncia a
reclamaciones futuras, por cuanto ello conllevaría a desconocer el contenido
transaccional dispuesto por las partes e imponerles obligaciones de conducta que la
ley no les exige.
62. En este orden de ideas y ante la falta de manifestación específica de las partes
sobre una renuncia frente a futuras reclamaciones, no puede el fallador, sin acudir al
examen de los acuerdos modificatorios y a las reclamaciones que con posterioridad
se formulen, otorgar al silencio el significado de una renuncia a formular un reclamo;
sino que, como corresponde a la tarea del juez, habrá de incursionar en el acuerdo y
su contexto negocial con el propósito de identificar si convergen las razones de lo
pactado y los aspectos que se remediaron con los otrosíes; circunstancia que quedó
acreditada en el sub examine, pues, como se vio, sí confluyeron los motivos de los
pactos adicionales con los supuestos de reclamación, razón por la cual las partes se
han vinculado por su propia voluntad y no podrán liberarse unilateralmente, ni el juez
obviar sus efectos, por cuanto lo convenido es ley para éstas.
63. Así las cosas, comoquiera que se constata que los efectos de los otrosíes del
contrato 831 de 2010 se extendieron a regular los aspectos que fueron demandados,
comoquiera que, pese a que no se expresó de forma explícita la intención de resolver
el conflicto que ahora se estudia, su contenido torna patente la conformidad de lo
negociado en éstos con los motivos que sustentan la reclamación del sub examine,
y, por cuenta de estas razones las pretensiones deben negarse.
Lo anterior, se itera, en tanto el contratista llegó a un pacto con la entidad en las
mencionadas adiciones con el fin de regular los efectos económicos de las
actividades ejecutadas y por ejecutar, así como la ampliación del plazo negocial, ante
los sucesos que trastocaron el desarrollo de la obra, los cuales venían siendo objeto
de discusión. Como dichos acuerdos, en su alcance y contenido, no pueden ser
desconocidos por alguna de ellas, salvo que medien reproches por vicios que afecten
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el acuerdo logrado, que no es el reparo formulado por el censor, esta Sala ratifica el
efecto normativo del mismo, y por lo tanto negará este cargo de la alzada.
64. Finalmente, respecto de los reproches elevados por la actora contra el acto de
liquidación unilateral, toda vez que, en su parecer, vulneró su debido proceso al no
incluir las salvedades que manifestó cuando la entidad le puso de presente contenido
del proyecto de liquidación bilateral del negocio jurídico, la Sala se anticipa a
manifestar que no prosperan los pedimentos por ser consecuenciales a los antes
referidos, decisión que, por demás, releva a la Sala de inmiscuirse siquiera en los
análisis que tales pretensiones requieren, de cara, entre otros, al régimen legal del
contrato y sus implicaciones, pues son aspectos que como se ha precisado solo
procederían en tanto el interés del actor en discutir su legalidad esté justificado bajo
un interés legítimo, el que no está presente en torno a las pretensiones principales
que se negaron y que por virtud de este fallo, será confirmado.
Costas
65. En los términos del artículo 188 del CPACA, resulta aplicable lo previsto en el
Código General del Proceso en relación con la condena en costas, normativa que
consagra, en su artículo 365 -numeral 1-, que se condenará en costas a la parte
vencida en el proceso o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación que haya propuesto, por lo que se proferirá decisión en el sentido de
imponer costas por esta instancia a cargo de la parte actora y a favor de la EDU.
A su vez, el artículo 361 ibidem establece que las costas «están integradas por la
totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las
agencias en derecho». Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por las tarifas
que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura.
66. Por lo anterior, se fijan las agencias en derecho, para esta instancia, en la suma
de TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SESENTA PESOS
M/CTE ($3’691.060) a favor de la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-, cifra que no
supera el 5% sobre las pretensiones que fueron formuladas en este proceso, límite
máximo para la tasación de las costas en segunda instancia, según lo establece el
Acuerdo 1887 de 2003.
IV. PARTE RESOLUTIVA
67. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 11 de mayo de 2018, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en esta providencia.
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Asunto: Controversias contractuales
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte actora, para lo cual se fija como
agencias en derecho para la segunda instancia, la suma de TRES MILLONES
SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SESENTA PESOS M/CTE ($3’691.060) a favor
de la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-.
TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Aclaración de voto
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que
se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha. Se
recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad de
registrarse en el sistema SAMAI.
V.F
21
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