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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2013-02064-01

Fecha
12 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2013-02064-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida 20 de abril de 2017, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A. 62 Que fija, en su numeral 3.3.1. que las agencias de derecho podrán ser fijadas en hasta el 5% de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia. Este Acuerdo es aplicable a este caso pese a la derogatoria que hizo de él el Acuerdo 10554 de 2016 que fue expedido con ocasión de la entrada en vigencia del CGP. El Acuerdo 10554 estableció en su artículo 7º que “se aplicará respecto de los procesos iniciados a partir de dicha fecha. Los comenzados antes se siguen regulando por los reglamentos anteriores sobre la materia, de manera especial los contenidos en los Acuerdos 1887 de 2003”. 63 Cuaderno No. 5, folios 4 y 39. 30 Radicación: 250002336000201302064 01 (59382) Actor: Consorcio SEINSE Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- Acción: Controversia contractual. SEGUNDO: DECLARAR probadas la excepciones de “inexistencia del desequilibrio económico del contrato”, “el contrato es ley para las partes” y “cobro de lo no debido” propuestas por la parte demandada, y en consecuencia, NEGAR las pretensiones de la demanda. TERCERO: CONDENAR en costas de ambas instancias a las sociedades SESAC S.A. y SERVINGE LTDA., integrantes del Consorcio SEINSE, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal de primera instancia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 366 del Código General del Proceso. Para el efecto, las agencias en derecho en primera instancia se fijan en la suma de siete millones setecientos cincuenta y dos mil novecientos setenta y seis pesos con treinta y siete centavos ($7.752.976.37), cifra a cargo de las sociedades SESAC S.A. y SERVINGE LTDA., integrantes del Consorcio SEINSE, de forma solidaria, en favor del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU. Como agencias en derecho en segunda instancia, se fija la suma de quince millones quinientos cinco mil novecientos cincuenta y dos pesos con setenta y cinco centavos ($15.505.952,75) cifra a cargo de las sociedades SESAC S.A. y SERVINGE LTDA., integrantes del Consorcio SEINSE, de forma solidaria, en favor del Instituto de […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2013-02064-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

12 de diciembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Expediente: 250002336000201302064 01 (59382)
Actor: Consorcio SEINSE conformado por SESAC S.A. y SERVINGE LTDA.
Demandada: Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá -IDU-
Acción: Controversia Contractual
Asunto: Sentencia de segunda instancia

La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A, por medio de la cual se declaró la
caducidad del medio de control de controversias contractuales.

Solicitó la parte actora que sea revocada la sentencia de primera instancia, con
fundamento en que las partes contratantes suscribieron un acta de liquidación bilateral
dentro del periodo de caducidad de la acción, razón por la que las pretensiones de la
demanda debieron ser estudiadas por el Tribunal.

I. LA SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la decisión ya referida, adoptada el 20 de abril de 20171.

2. El anterior proveído resolvió la demanda presentada el 27 de noviembre de
2013 por el Consorcio SEINSE3 (en adelante, el consorcio, el consultor o el
2

demandante), en contra del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá – IDU- (en
adelante el IDU, la entidad demandada o la contratante), cuyas (i) pretensiones y
principales fundamentos (ii) de hecho y (iii) de derecho, son los siguientes:

1 Folio 224 a 236 del cuaderno Consejo de Estado.
2 Folio 1 a 40 del cuaderno 1.
3 La demanda fue presentada en nombre del Consorcio SEINSE (conformado por SESAC S.A. y SERVINGE

LTDA.), quien para efectos del presente proceso actuó previo otorgamiento del poder que dieron los representantes
legales de cada una de las sociedades.

Radicación: 250002336000201302064 01 (59382)
Actor: Consorcio SEINSE
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-
Acción: Controversia contractual.

Pretensiones

3. La demandante solicitó que se profieran las siguientes declaraciones y
condenas (se transcribe literalmente, incluso con errores):

“A. DECLARATIVAS

1. Se declare patrimonialmente responsable a la entidad pública demandada de
los perjuicios causados a los integrantes del CONSORCIO SEINSE, como
consecuencia del incumplimiento de la demandada en la estructuración y
planeación del Contrato de Consultoría No. 038 de 2006, siendo más gravosa para
el contratista su ejecución dada la anormalidad del mismo.

2. Se declare que la entidad demandada es patrimonialmente responsable de los
perjuicios sufridos por el contratista y se ordene a su restablecimiento económico
del contrato No. 038 de 2006, ante las circunstancias de anormalidad que
afectaron la ejecución del mismo, particularmente ante la interacción de terceros
en las decisiones técnicas de su competencia.

3. Se declare patrimonialmente responsable a la entidad pública demandada de
los perjuicios causados a los miembros integrantes del CONSORCIO SEINSE,
representados bajo los títulos de imputación desarrollados y en últimas, en virtud
del título de imputación del no enriquecimiento sin causa contractual por parte de
la SED.

4. En consecuencia de lo anterior, se ordene la revisión en sede judicial el aspecto
económico de la liquidación bilateral del contrato de consultoría No. 038 de 2006.

B. CONDENATORIAS:

Como consecuencia de las anteriores declaraciones se condene al INSTITUTO
DE DESARROLLO URBANO -IDU, a pagar a mis mandantes de acuerdo a su
participación en el CONSORCIO SEINSE, al equivalente de 66.67% de la suma
de $1.550.595.275.00 SIN IVA) Mil quinientos cincuenta millones quinientos
noventa y cinco mil doscientos setenta y cinco pesos – SIN IVA, a pesos de 30 de
junio de 2010, o en su defecto a las cifras que logren ser demostradas
pericialmente dentro del proceso, por los perjuicios de orden patrimonial que
consiste en los sobrecostos causados por la mayor permanencia, disponibilidad y
mayores alcances desarrollados del consorcio para atender las actividades y
reprocesos de los estudios y estudios adicionales que se generaron por causas
no atribuibles al consorcio contratista y que incidieron en el valor de los estudios
definitivos, de acuerdo con la estimación realizada en anexos explicativos,
correspondiente a los siguientes conceptos:
1. La suma de $1.550.595.275.00 SIN IVA, de acuerdo con la siguiente estimación:
• Solicitud de reconocimiento económico contenido en la comunicación
SEINSE 038-10-118 por $1.791.417.308.00, SIN IVA (a pesos de 30 de
junio de 2010).
• Menos valor reconocido por diseño de tres (3) puentes, a fecha de 12 de
diciembre de 2012 por $290.525.563.00 CON IVA o $250.453.071,55 SIN
IVA.

2

Radicación: 250002336000201302064 01 (59382)
Actor: Consorcio SEINSE
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-
Acción: Controversia contractual.

• Dicha cifra es equivalente en pesos de 30 de junio de 2010, según lo
siguiente:
IPC junio-2010=104.52
IPC nov-2012=108.70 =$250.453.071,55 x 104.52/108.70 = $
240.822.033.00, SIN IVA, en pesos del 30 de junio de 2010.
Total, solicitado: 1.791.417.308.00 - 240.822.033.00 = $1.550.595.275.00
SIN IVA.
2. Se condene en costas y gastos a la entidad pública demandada.
3. Se ordene dar cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 del
CPACA”.

Hechos

4. La parte demandante enunció, en síntesis, los siguientes hechos:

(i) Mediante Acuerdo No. 180 de 2008, el Concejo de Bogotá autorizó el cobro de
la contribución de valorización por beneficio local para la construcción del plan de
obras del Distrito. En dicho acuerdo se definieron los grupos del plan de valorización
y los costos del mismo.

(ii) Con fundamento en dicho Acuerdo, el IDU y el Consorcio celebraron el contrato
de consultoría No. 038 del 14 de noviembre de 2006, cuyo objeto era la realización de
los estudios y diseños definitivos de la “consultoría a precio global fijo sin formula de
ajuste para obras de vías, intersecciones, puentes peatonales y espacio público que
conforman el grupo j zona de proyectos de valorización de Bogotá”, el cual inició el 10
de enero de 2007.

(iii) Durante la ejecución del contrato fue necesario ampliar el término de ejecución,
por causas no imputables al contratista, que le obligaron a utilizar recursos técnicos,
operativos y de personal adicionales, excediendo las condiciones iniciales y
desbordando el alcance del plan de obras del grupo J) definido en el Acuerdo 180 de
2005, en detrimento del equilibrio económico del negocio jurídico.

(iv) Aseguró que el IDU faltó al principio de planeación por desconocer el alcance
general del Acuerdo 180 de 2005, por no haber definido de manera clara las
actividades que debía adelantar el contratista, ni los estudios que requería del
consultor. Indicó que solo durante la ejecución del contrato la entidad definió los
aspectos necesarios exigidos al contratista, lo que implicó una mayor permanencia y
mayores costos.

(v) Las situaciones no contempladas en los costos del contrato que afectaron la
ecuación económica del mismo, y que generaron la necesidad de un reconocimiento
económico adicional, fueron:

a) Demora en la aprobación de la viabilidad de los estudios y diseños de los
proyectos de valorización por parte de la Secretaría de Planeación, la de
Movilidad y de las Empresas de Servicios Públicos.

3

Radicación: 250002336000201302064 01 (59382)
Actor: Consorcio SEINSE
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-
Acción: Controversia contractual.

b) Mayor alcance de los proyectos.

c) Recursos adicionales por: 1) Prórroga de cuatro (4) meses para ampliar la
etapa de factibilidad; 2) mayor dedicación de personal ante las demoras de
las entidades en dar respuesta; 3) Mayor dedicación de recursos físicos y
humanos en la disminución de la afectación predial en la etapa de diseños
definitivos; 4) mayor dedicación de personal en el inventario forestal de la
etapa de factibilidad; 5) Mayores recursos por la cantidad de productos
desarrollados en los proyectos asignados al contrato de consultoría; y, 6)
demoras en los ajustes de los productos ambientales por parte del IDU.

d) Motivos particulares de cada proyecto4.

(vi) El consultor propuso someter a peritaje técnico la solicitud de reconocimiento
del desequilibrio económico del contrato.

(vii) Afirmó que el contrato tuvo un incremento total del plazo que debió soportar el
consultor por 14.6 meses, lo que significó un incremento del 146% del tiempo definido
contractualmente, desbordando con ello cualquier previsión o alea normal, generando
unos sobrecostos en la ejecución del negocio jurídico.

(viii) La entidad contratante aceptó de manera parcial las reclamaciones realizadas,
reconociendo la suma de doscientos noventa millones quinientos veinticinco mil
seiscientos treinta y tres pesos ($290.525.633), por concepto de los diseños de los
puentes peatonales ubicados en la intersección de la Av. Santa Lucía con Av. Jorge
Eliécer Gaitán Cortés; intersección de la Av. Boyacá con Av. Agoberto Mejía y el
puente ubicado al oriente de la Av. Ciudad de Villavicencio con Av. Boyacá; suma que
sería reconocida en el acta de liquidación del contrato. Los demás reclamos fueron
negados por el IDU.

(ix) Manifestó que en la liquidación bilateral suscrita el 23 de enero de 2012, el
consorcio dejó constancia de las solicitudes de reconocimiento económico realizadas
durante la ejecución del contrato. Aclaró que se reservó el derecho de reclamar en

4 Refirió que se generaron los costos adicionales por: i) En el proyecto 117 Avenida Villavicencio desde la Avenida

Ciudad de Cali hasta la Av. el Tintal (AK 89) (Calzada norte), se tuvo que elaborar una propuesta de gradualidad
y tuvo mayores alcances físicos de diseños vs. las fichas definidas en el acuerdo 180 (áreas tales como espacio
público, longitudes de vías y ciclorrutas, longitud de puentes peatonales). ii) Proyecto 170-Avenida Santa Lucia
(Trans-42) desde avenida General Santander (diag. 39 A Sur) hasta Avenida Jorge Gaitán Cortés (AK 33) Mayores
alcances físicos en diseños vs. lo contemplado en las fichas del Acuerdo 180, en lo relacionado con áreas de
espacio público, longitudes de vías y ciclorrutas, longitud de puentes peatonales. iii) Proyecto 143- Avenida Bosa
desde la avenida Abogerto Mejía (AK 80) hasta la avenida ciudad de Cali por mayores alcances físicos de diseños
vs. las fichas del acuerdo 180 en lo relacionado con áreas de espacio público, longitudes de vías y ciclorrutas,
longitud de puentes peatonales. iv) Proyecto 130- Avenida Villavicencio por Avenida Boyacá, orejas y conectantes,
mayores alcances físicos de diseños vs. fichas del acuerdo 180 en lo relacionado con áreas de espacio público,
longitudes de vías y ciclorrutas, longitud de puentes peatonales. v) Proyecto 134- Avenida primero de mayo (CL
22 sur) por avenida poporo Quimbaya. Mejoramiento Geométrico, mayores alcances físicos de diseños vs. fichas
del acuerdo 180 en lo relacionado con áreas de espacio público, longitudes de vías y ciclorrutas, longitud de
puentes peatonales. vi) Proyecto 337- Puente peatonal en la Avenida Boyacá por Calle 60 sur meissen, mayores
alcances físicos de diseños vs. fichas del acuerdo 180 en lo relacionado con áreas de espacio público, longitudes
de vías y ciclorrutas, longitud de puentes peatonales. vii) Modificación del diseño del puente 337 SDP en lo
relacionado con el espacio público del costado occidental. viii) falta de pago oportuno.

4

Radicación: 250002336000201302064 01 (59382)
Actor: Consorcio SEINSE
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-
Acción: Controversia contractual.

sede judicial el reconocimiento y pago de los valores no incluidos en el acta de
liquidación.

(x) Con el fin de agotar el requisito de procedibilidad para iniciar la demanda, el 2
de abril de 2013 se celebró audiencia de conciliación prejudicial ante la Procuraduría
Judicial Administrativa ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual
resultó fallida.

Fundamentos de derecho

5. El actor invocó las normas contempladas en los artículos 141 y 142 del CPACA;
artículos 6, 209, y 230 de la Constitución Política de Colombia; el numeral 7º del
artículo 24, numerales 15 18 y 29 del artículo 25 y artículo 44 de la Ley 80 de 1993;
artículo 12 del Decreto 855 de 1994 y artículo 4º del Decreto 2170 de 2002, así como
los artículos concordantes del CPACA, la Ley 80 de 1993, la Ley 446 de 1998 y el
artículo 1602 del Código Civil.

Contestación de la demanda

6. El 28 de julio de 20145 el IDU contestó la demanda para oponerse a la
prosperidad de las pretensiones. Como fundamento de su oposición expresó lo
siguiente:

(i) Reconoció que fueron necesarios tiempos adicionales durante la ejecución del
contrato; sin embargo, aclaró que no fueron imputables al IDU, sino a terceros.

(ii) Afirmó que reconoció la suma de doscientos noventa millones quinientos
veinticinco mil seiscientos treinta y tres pesos ($290´525.633) por el diseño de tres (3)
puentes peatonales, y la suma de quinientos veintisiete millones ciento sesenta y un
mil ochocientos veintitrés pesos ($527´161.823) por reajustes, sumas que cubrieron
en su totalidad las eventualidades no contempladas en el contrato original.

(iii) Anotó que el contrato se suscribió a precio global fijo sin reajuste y que las
actividades ejecutadas bajo el contrato fueron pagadas conforme a los valores
definidos en la oferta presentada por el contratista.

(iv) Refirió que la reclamación realizada por el contratista (por la suma de
$1.791´417.308) supera el valor del contrato, lo que lo lleva a concluir que se trata de
una solicitud exorbitante, desmedida e improcedente, especialmente al considerar que
dichas reclamaciones se realizaron con posterioridad al acta de terminación del
contrato.

(v) Refirió que la salvedad contemplada en el acta de liquidación no cumple los
requisitos necesarios para el estudio en sede judicial de los reclamos efectuados.

5 Folio 99 a 113 del cuaderno 1

5

Radicación: 250002336000201302064 01 (59382)
Actor: Consorcio SEINSE
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-
Acción: Controversia contractual.

(vi) Propuso como excepciones las de inexistencia del desequilibrio económico del
contrato, cobro de lo no debido, legalidad del acta de liquidación, inexistencia de la
reclamación que realiza el demandante y, el contrato es ley para las partes.

Alegatos en primera instancia

7. Surtido el debate probatorio6, en proveído del 6 de octubre de 20157, el a quo
corrió el traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para
emitir concepto, quien guardó silencio. Las partes presentaron sus alegatos, así:

(i) El apoderado de la parte demandante8 reiteró sus argumentos iniciales e indicó
que sí bien el contratista tenía a su cargo el cumplimiento de obligaciones ante las
entidades distritales diferentes a la contratante, lo cierto es que la entidad contratante
estaba obligada a apoyar la coordinación interinstitucional para lograr los objetivos del
contrato y no debía abandonar al contratista en esa gestión sin importarle su impacto
en el contrato. Agregó que, frente a la objeción grave al dictamen pericial presentada
por el IDU, la misma quedó desvirtuada cuando en la última audiencia el perito
presentó su informe y validó la información solicitada por el demandado.

(ii) El apoderado de la parte demandada9 se refirió al dictamen pericial que objetó
por error grave. Reiteró las excepciones propuestas en la contestación de la demanda
y finalizó argumentando que la reclamación dineraria presentada no tiene asidero
fáctico, ni jurídico, por lo que debe denegarse.

Los fundamentos de la sentencia de primera instancia

8. En su sentencia, el Tribunal 10 a quo refirió a que por tratarse de un tema de
orden público y un elemento sustancial de procedencia de la acción, el juzgador puede
retomar el análisis de la caducidad; en ese sentido y después de su estudio, halló
configurada la caducidad de la acción.

6 En audiencia inicial (folio 123 a 127 del cuaderno 1) celebrada el 24 de febrero de 2015 decretó el dictamen

pericial del contador y se negó el dictamen pericial técnico por no considerarlo conducente, ni pertinente.
Posteriormente el 13 de abril de 2015 se llevó a cabo la audiencia de pruebas, en la que se presentaron las
conclusiones del dictamen pericial practicado, sobre las cuales el IDU presentó una solicitud de aclaraciones y
complementaciones relacionadas con los cuadros 6.1 y 6.2 en los que se tasó la mayor permanencia, afirmando
que los aportados por el perito son los mismos que acompañó el demandante en la reclamación realizada al IDU,
y en su criterio, esos cuadros no guardan correspondencia con los estados financieros del consorcio, ni hay soporte
contable de la causación de los gastos de los sobrecostos. El perito aclaró el dictamen, sin embargo, el IDU refirió
no estar de acuerdo con las aclaraciones rendidas, y por lo tanto, lo objetó por error grave. El 9 de junio de 2015
(folio 159 a 161 del cuaderno 1) se le dio continuidad a la audiencia de pruebas en la que se solicitó se corriera
traslado del dictamen y se reprogramara la audiencia para su sustentación. El 6 de octubre de 2015 (folio 173 a
175 del cuaderno 1) el apoderado de la parte demandada volvió a objetar el dictamen por error grave toda vez que,
al no haber tenido en cuenta los impuestos el dictamen, éste carece de claridad y genera confusión en cuanto a
las cifras expresadas. Frente a dicha objeción nada se dijo en la sentencia, y sobre el particular, la parte
demandada no se refirió en sus alegatos de conclusión tal y como consta en la constancia del 27 de julio de 2017
expedida por el oficial mayor del Tribunal.
7 Folio 173 a 175 del cuaderno 1
8 Folio 178 a 187 del cuaderno 1
9 Folio 188 a 200 del cuaderno 1
10 Folio 224 a 236 del cuaderno del Consejo de Estado.

6

Radicación: 250002336000201302064 01 (59382)
Actor: Consorcio SEINSE
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-
Acción: Controversia contractual.

9. Indicó que el régimen jurídico aplicable al contrato era el de la Ley 80 de 1993,
por cuanto era la norma vigente al momento de su celebración, e indicó que el acta
No. 118 de recibo y liquidación bilateral, suscrita entre las partes el 23 de enero de
2012, es un acto derivado de la ejecución del contrato No. 038 de 2006, que se regía
por los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993.

10. Así, aseguró que se encuentra demostrada la extemporaneidad del acta No.
118 de liquidación del contrato IDU 038 de 2006, toda vez que los términos para la
liquidación conforme a los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993 eran preclusivos, de
manera tal que si el contrato terminó el 26 de enero de 2009, la liquidación en forma
bilateral se podía acordar hasta el 27 de noviembre de 2009, al paso que la liquidación
unilateral correría hasta el 28 de enero de 2010 (10 y 2 meses respectivamente
conforme a lo pactado en el contrato).

11. En concordancia con lo anterior, refirió que a partir del 29 de enero de 2010,
empezó el término de caducidad de 2 años previsto en el literal d) numeral 10) del
artículo 136 del CCA. Por lo tanto, al haberse presentado la solicitud de audiencia de
conciliación extrajudicial el 23 de enero de 2013 y la demanda el 27 de noviembre del
mismo año, ambos trámites se impulsaron en forma extemporánea.

II. EL RECURSO DE APELACIÓN

12. El apoderado de la parte demandante solicitó que se revoque 11 la sentencia de
primera instancia y se acceda a las pretensiones de la demanda.

13. Aseguró que la Ley 1150 de 2007, en su artículo 11, contemplaba la posibilidad
de liquidar el contrato en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al
vencimiento del término convencional o legal para liquidarlo; en consecuencia, para la
fecha en la que se celebró la liquidación, las partes estaban facultadas para hacerlo.

14. En este sentido, si bien el 28 de enero de 2010 venció el plazo pactado para
liquidar el contrato, las partes procedieron a hacerlo válidamente el 23 de enero de
2012, esto es, antes de los dos (2) años para que se configurara la caducidad de la
acción.

Trámite en segunda instancia

15. El 15 de mayo de 2017, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca concedió
el recurso de apelación12, el cual fue admitido por esta Corporación el 5 de julio de
201713. El 23 de agosto de 2017 se corrió traslado14 a las partes para que alegaran
de conclusión y para que, una vez concluido el término mencionado, se dejara a
disposición del Ministerio Público para que rindiera concepto.

11 El apoderado de la parte demandante, el 9 de mayo de 2017 presentó su recurso de apelación, el cual fue

concedido por el Tribunal el 15 de mayo de 2017 y admitido por esta Corporación el 5 de julio de 2017 .
12 Folio 252 del cuaderno Consejo de Estado.
13 Folio 258 del cuaderno Consejo de Estado.
14 Folio 278 del cuaderno Consejo de Estado.

7

Radicación: 250002336000201302064 01 (59382)
Actor: Consorcio SEINSE
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-
Acción: Controversia contractual.

16. El 21 de septiembre de 2017 el apoderado de la parte demandada presentó
sus alegatos15 en los que pidió confirmar la sentencia de primera instancia. Solicitó
que se analice la objeción por error grave presentada en contra de los dictámenes
periciales aportados al proceso.

17. El demandante y el Ministerio público guardaron silencio16.

III. CONSIDERACIONES

Objeto de la apelación

18. El presente asunto se circunscribe a determinar si la acción de controversias
contractuales estaba caducada. De encontrarse que la demanda fue oportuna, se
abordará el estudio de las pretensiones de la demanda.

La caducidad de la acción de controversias contractuales y su cómputo en los
negocios jurídicos que requieren ser liquidados

19. Reiteradamente, la jurisprudencia de esta Corporación17 ha explicado que la
caducidad corresponde a una figura jurídica de orden público, a través de la cual el
legislador limita bajo parámetros razonables el espacio temporal en que toda persona
puede acceder a la jurisdicción en ejercicio de su derecho de acción, evitando que las
situaciones jurídicas respecto de las cuales exista una controversia permanezcan
indefinidas en el tiempo; de manera que, una vez transcurrido el límite temporal dentro
del cual es posible ejercer el derecho de acción, la caducidad opera como medio
extintivo del mismo.

20. De esta forma, el fenómeno de la caducidad y su eventual configuración
corresponde a un presupuesto del derecho de acción, invariable, irrenunciable,
improrrogable e insubsanable, sujeto únicamente a la ocurrencia del hecho definido
en la ley y el consecuente paso del tiempo, y que, por tanto, debe ser analizado por el
juez al momento de dictar sentencia como verificación de un elemento esencial y
preexistente para poder decidir el fondo del asunto18.

21. Bajo la vigencia del texto original del Decreto 01 de 1984, el inciso primero de
su artículo 136 establecía que, las acciones “…relativas a contratos caducarán a los
dos (2) años de expedidos los actos u ocurridos los hechos que den lugar a ella”, razón
por la que se entendió que el término de caducidad de la acción contractual se

15 Folio 281 a 285 del cuaderno Consejo de Estado.
16 Folio 286 del cuaderno Consejo de Estado.
17Al respecto pueden verse Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera.
Subsección A. C.P.: Carlos Alberto Zambrano Barrera. Sentencia del 19 de julio de 2017. Radicación número:
23001-23-33-000-2015-00157-01(57932). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Tercera. Subsección A. sentencia del 9 de mayo de 2012, Expediente. 21.906, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
18 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 17 de agosto de 2017. Expediente. 51.667,

C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.

8

Radicación: 250002336000201302064 01 (59382)
Actor: Consorcio SEINSE
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-
Acción: Controversia contractual.

contabilizaba a partir de la expedición de un acto administrativo contractual (v.gr.
declaratoria de caducidad o terminación unilateral, modificación, etc.) o de la
ocurrencia del hecho causal específico del litigio (v.gr. incumplimiento del convenio,
surgimiento del imprevisto, etc.)19.

22. No obstante lo anterior, la jurisprudencia estimó que, en tanto la caducidad de
la acción repercute en el ejercicio del derecho de acceder a la administración de
justicia, resultaba necesario adoptar un criterio que permitiera establecer el cómputo
de la caducidad bajo una concepción integral de la relación contractual, concluyendo
que resultaba más adecuado tomar como referente la fecha de terminación del
contrato si éste no requería de liquidación, o la de la suscripción de la liquidación, en
caso contrario20.

23. En este sentido, se diferenció entre aquellos contratos que requieren ser
liquidados de aquellos que no, explicitando que en los primeros la caducidad de la
acción debe iniciar su cómputo desde la suscripción del acta bilateral, la ejecutoria del
acto administrativo de liquidación unilateral o, de ser el caso, desde el vencimiento del
plazo para efectuarla, “…porque de lo contrario se caería en el error de iniciar un pleito
en contra de la entidad por el sin número de diferencias que puedan sobrevenir en la
ejecución del contrato”, y atendiendo a que “…en aquel momento es posible
determinar el estado de las obligaciones a cargo de cada una de las partes”21.

24. Posteriormente, la Ley 446 de 1998 positivizó el criterio antes expuesto,
partiendo de la distinción entre aquellos contratos que deben -o no- ser liquidados. De
esta forma, el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, mantuvo que el término de caducidad
sería de dos (2) años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos
de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento, sin embargo, textualmente
dispuso que, en los siguientes contratos, la demanda debería presentarse:

“b) En los que no requieran de liquidación, a más tardar dentro de los dos (2) años
siguientes, contados desde la terminación del contrato por cualquier causa;

c) En los que requieran de liquidación y ésta sea efectuada de común acuerdo por
las partes, a más tardar dentro de los dos (2) años, contados desde la firma del acta;

d) En los que requieran de liquidación y ésta sea efectuada unilateralmente por la
administración, a más tardar dentro de los dos (2) años, contados desde la ejecutoria
del acto que la apruebe. Si la administración no lo liquidare durante los dos (2) meses

19 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 3 de marzo de 1989.

Expediente No. 5.453.
20 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 22 de junio de 1995.

Expediente No. 9965. En este caso, la reclamación versaba sobre el pago tardío del primer canon de un contrato
de arrendamiento que, para el juzgador de primera instancia, constituía el fundamento de hecho de la demanda y
el momento a partir del cual se empezaban a contar los dos años de caducidad. El Consejo de Estado consideró
que los pagos no podían considerarse hechos aislados y afirmó que, en los contratos en los que se requiere la
liquidación, el término de caducidad de dos (2) años comienza a contraste desde el momento en el que sea
liquidado o cuando el término para liquidarlo, de manera bilateral o unilateral, concluya sin que se hubiera
efectuado.
21 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 1 de agosto de 2000. Expediente No. 11816. Si bien el fallo

es del año 2000, refiere decidió un asunto previo a la expedición de la Ley 446 de 1998,

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Radicación: 250002336000201302064 01 (59382)
Actor: Consorcio SEINSE
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-
Acción: Controversia contractual.

siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes o, en su defecto del
establecido por la ley, el interesado podrá acudir a la jurisdicción para obtener la
liquidación en sede judicial a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes al
incumplimiento de la obligación de liquidar...”

Oportunidad o plazo para la liquidación bilateral y su incidencia en el cómputo
de la caducidad

25. Si bien, como se ha expuesto, la diferenciación entre los contratos que
requieren ser liquidados de aquellos que no, y la determinación y cómputo de la
caducidad de los primeros desde la fecha de la liquidación -o desde el incumplimiento
de la obligación de hacerlo-, era un tema pacífico en la jurisprudencia, no sucedía lo
mismo respecto del plazo que tienen las partes para concurrir a la liquidación del
contrato.

26. En retrospectiva, el Decreto Ley 222 de 1983 no precisó el tiempo dentro del
cual debía agotarse la etapa de liquidación de los contratos; por ello, fue la
jurisprudencia de la Sección Tercera de esta Corporación la que determinó que la
liquidación del contrato por mutuo acuerdo debía realizarse dentro de un término
plausible o razonable de cuatro (4) meses, contado a partir del vencimiento del plazo
del contrato, momento a partir del cual la entidad contratante debía proceder con la
liquidación unilateral22; posteriormente añadió que la administración tenía
competencia para liquidar el contrato en forma unilateral dentro de los dos (2) meses
siguientes al vencimiento del plazo para la liquidación bilateral, término que tomó de
la figura del silencio administrativo23.

27. Con posterioridad, y tal como ocurrió con el término de caducidad de la acción
contractual, el legislador adhirió a los lineamientos antes indicados pero ahora en
relación con los términos que debían observar las partes para la liquidación del
contrato, de forma que la Ley 80 de 199324 acogió como fórmula para suplir la voluntad
de las partes en la materia, el término de cuatro (4) meses para la liquidación bilateral

22 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 29 de enero de 1988. Radicación No. 3615. “Aunque la ley

no lo diga no quiere significar esto que la Administración pueda hacerlo a su arbitrio, en cualquier tiempo. No, en
esto la jurisprudencia ya ha tomado también partido. Se ha considerado como término plausible el de cuatro meses;
dos, a partir del vencimiento del contrato para que el contratista aporte la documentación adecuada para la
liquidación y dos para que el trabajo se haga de común acuerdo. Si se vence este último la Administración no podrá
esperar más y deberá proceder a la liquidación unilateral, mediante resolución administrativa debidamente
motivada”
23 Expedientes acumulados Nos. 3265 y 3461. “…estima la Sala que la entidad contratante debe proceder a la

liquidación unilateral dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del término para hacer la liquidación de
común acuerdo. || Aunque este nuevo plazo no está previsto por la ley de manera específica, la Sala lo adopta por
interpretación analógica para el evento como el que aquí se presenta, pues coincide con el que la ley ha establecido
para que la administración se pronuncie sobre las peticiones que se formulen o respecto de los recursos
gubernativos que contra sus decisiones se interpongan".
24 Inicialmente el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 establecía que: “Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya

ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación de
común acuerdo por las partes contratantes, procedimiento que se efectuará dentro del término fijado en el pliego
de condiciones o términos de referencia o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4)
meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación,
o a la fecha del acuerdo que la disponga.”

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Radicación: 250002336000201302064 01 (59382)
Actor: Consorcio SEINSE
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-
Acción: Controversia contractual.

y, luego, la Ley 446 de 1998 ya citada y que modificó con su artículo 44 el artículo 136
del CCA, adoptó el período sucesivo de dos (2) meses para la liquidación unilateral.

28. No obstante, fijados los plazos para la liquidación bilateral o unilateral por la
jurisprudencia y posteriormente por el legislador, surgió también la discusión en
relación con (i) su naturaleza, esto es, si tales plazos eran de carácter perentorio o
preclusivo, o si por el contrario eran solo indicativos, así como respecto (ii) la
repercusión o no, en el término de caducidad, de la liquidación realizada por fuera de
tales plazos (liquidación extemporánea).

29. Respecto del primer asunto discutido, es decir, la naturaleza perentoria o
meramente indicativa de los plazos de cuatro (4) y dos (2) meses para la liquidación
bilateral y unilateral, si bien en concepto No. 1453 de 6 de agosto de 2003 la Sala de
Consulta y Servicio Civil dictaminó que los plazos establecidos en la legislación para
la liquidación unilateral eran de carácter perentorio y preclusivo, la postura mayoritaria
de la Corporación25 sostuvo lo contrario, es decir, aseveró que no se perdía la
competencia para liquidar el contrato a pesar de que hubieren transcurrido los
referidos seis (6) meses siguientes al vencimiento del plazo contractual. Así, la
facultad para liquidar el contrato unilateral y bilateralmente estuvo llamada a subsistir
durante los dos (2) años siguientes al vencimiento de la obligación de liquidar
unilateralmente, que no es otro que el término de caducidad para el ejercicio de la
acción contractual, “…pues en tal caso habrá caducado cualquier acción que las
partes pudieran promover con fundamento en el contrato”26, o antes de la notificación
del auto admisorio de la demanda formulada en ejercicio de la acción contractual, lo
primero que ocurriere.

30. Dicho de otro modo, la jurisprudencia del Consejo de Estado concluyó que las
partes podían liquidar el contrato de común acuerdo, o la administración hacerlo de
manera unilateral, hasta el vencimiento del término de caducidad de la respectiva
acción contractual, el cual es de dos (2) años contados a partir del vencimiento del
término indicativo de seis (6) meses para realizar la liquidación del contrato, posición
que venía siendo expuesta por la Sección Tercera de esta Corporación incluso desde
antes de la entrada en vigencia de la Ley 446 de 1998, explicando “…que el término
máximo para que la Administración liquide unilateralmente, cuando el contratista no
solicitó la liquidación judicial, no podía exceder, como ya se explicó, el término de
prescripción o de caducidad de la acción…”27

31. Por otra parte, en relación con la repercusión en el término de caducidad de la
liquidación realizada por fuera los plazos para la liquidación bilateral y unilateral, la
Sección Tercera de esta Corporación se dividió en dos posiciones:

25 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencias: 16 de agosto de 2001,

Expediente No. 14.384; 30 de marzo 1996, Expediente No. 11.759; 22 de junio de 2000, Expediente No. 12.723, y
22 de febrero de 2001, Expediente No. 13.682. Así también lo sostuvo la Sala de Consulta y Servicio Civil en
concepto de 1 de diciembre de 1999, radicación 1230 y en el Concepto de 31 de octubre de 2001, Radicación
1.365.
26 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencias del 29 de enero de

1988, expediente No. 3615 y del 16 de noviembre de 1989, expedientes Nos. 3265 y 3461.
27 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 13 de julio de 2000.

Expediente No. 12513.

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Radicación: 250002336000201302064 01 (59382)
Actor: Consorcio SEINSE
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Acción: Controversia contractual.

(i) La primera de ellas, señalaba que la liquidación realizada por fuera de dicho
término no repercute en el término de caducidad, de forma que si la liquidación es
efectuada vencidos los términos antes indicados, pero dentro del término de dos (2)
años que la ley confiere para el ejercicio oportuno de la acción, las partes pueden
presentar las reclamaciones judiciales que estimen necesarias solo hasta el
vencimiento de la fracción subsistente del término de dos (2) años que la ley ha
dispuesto para el ejercicio de la acción28.

(ii) Por otra parte, se sostenía que el término de caducidad del medio de control
de controversias contractuales siempre se contaba a partir del acta de liquidación
bilateral o del acto administrativo de liquidación unilateral, sin que para el efecto
interesara el momento de su suscripción, siempre que se hubiera realizado antes del
vencimiento de los dos (2) años previstos para el ejercicio oportuno de la acción 29,
pues “entender lo contrario sería tanto como eliminar para la parte que con él se
considera afectada la posibilidad de atacarlo en vía judicial y, por contera, dejarlo
incólume ante cualquier control de este tipo.”30

32. Esta disparidad de criterios fue finalmente resuelta por la Sala Plena de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, quien mediante auto de unificación del 1 de
agosto de 201931 estableció de forma unificada que, en el evento en que la liquidación
bilateral del contrato se haya practicado luego de vencido el término pactado o
supletorio para su adopción por mutuo acuerdo (4 meses) y del período para proferirla
unilateralmente (2 meses), pero dentro de los dos (2) años posteriores al vencimiento
del plazo para la liquidación unilateral, el término de caducidad de la acción
contractual inicia a partir del día siguiente al de la firma del acta de liquidación de
mutuo acuerdo del contrato.

Caducidad de la acción en el caso concreto

33. El numeral 12 del contrato de consultoría No. 038 del 14 de noviembre de 2006
suscrito entre el IDU y en Consorcio SEISE, definió que la liquidación bilateral del
negocio jurídico se realizaría “(…) dentro de los diez (10) meses siguientes a su
terminación de conformidad con lo estipulado en el artículo 60 de la ley 80 de 1993.
Si el CONSULTOR no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las
partes no llegan a ningún acuerdo, el IDU procederá a su liquidación unilateral de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la citada ley (…)”

34. Obra en el expediente el Acta No. 109 de terminación del contrato de
consultoría No. 038 de 200632, en la cual se especifica como fecha de terminación

28 Radicación No. 05001-23-31-000-1995-01906-01 (25439), reiterada por sentencias del 13 de junio de 2013.

Radicación No. 05001-23-31-000-1994-02554-01 (24054), del 24 de julio de 2013. Radicación No. 11001-03-26-
000-2011-00053-00 (42002); y por el auto del 9 de septiembre de 2013. Radicación No. 25000-23-36-000-2013-
00525-01 (47610).
29 En un principio, esta tesis se aplicó solo a supuestos de liquidación unilateral, pero posteriormente, ampliada

también a la hipótesis de liquidación bilateral. Ver radicación No. 25000-23-36-000-2014-01011-01 (53161)
30 Auto del 15 de septiembre de 2011. Radicación No. 52001-23-31-000-2011-00195-01 (41154).
31 Radicación No. 05001-23-33-000-2018-00342-01 (62009)
32 Cuaderno No. 2, folios 46 a 59.

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Radicación: 250002336000201302064 01 (59382)
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Acción: Controversia contractual.

efectiva”33 el día 26 de enero de 2009. Por tanto, de conformidad con lo estipulado en
el contrato, las partes podían proceder a la liquidación bilateral del contrato hasta el
27 de noviembre de 2009, mientras que el IDU estaba facultado para hacerlo de
manera unilateral hasta el 27 de enero de 2010. Por tanto, los dos (2) años para que
operara la caducidad de la acción, trascurrirían a partir del 28 de enero de 2010, hasta
el 28 de enero de 2012, momento en el cual: (i) de no haberse realizado la liquidación
del contrato antes de esa fecha, la acción habría caducado para el 29 de enero de
2012; o (ii) de haberse liquidado el contrato entre ese lapso, la acción caducaría dos
(2) años después de su celebración.

35. Reposa en el expediente el acta de recibo final y liquidación del contrato34
suscrita el 23 de enero de 2012, en la que las partes dejan constancia de los aspectos
más relevantes de la ejecución del contrato y consignaron algunas salvedades. De lo
anterior se puede concluir que el acta de liquidación fue suscrita dentro del periodo de
caducidad de la acción contractual. En consecuencia, el periodo de caducidad de la
acción iniciaría su conteo desde el día 24 de enero de 2012, hasta el 24 de enero de
2014, según se ha explicado.

36. Como la demanda fue presentada el 27 de noviembre de 2013, se concluye
que se hizo de manera oportuna. Por tanto, la Sala encuentra que le asiste la razón al
demandante.

37. En consecuencia, la decisión de primera instancia será revocada y se
procederá al estudio de las pretensiones planteadas en la demanda.

Incumplimiento de la demandada por la falta de estructuración y planeación del
Contrato de Consultoría No. 038 de 2006

38. Frente a la pretensión planteada por el actor relacionada con el incumplimiento
de la entidad demandada por vulnerar el principio de planeación y estructuración del
contrato, la Sala encuentra necesario efectuar algunas precisiones en relación con la
distinción entre la figura del incumplimiento del negocio jurídico y el restablecimiento
de su equilibrio económico en tanto estas dos figuras tienen orígenes diversos, como
también son diferentes las consecuencias jurídicas que emergen en uno y otro caso.

39. El incumplimiento contractual tiene origen en la conducta antijurídica de un
contratante, es decir, en el proceder contrario a las obligaciones contraídas al suscribir
el acuerdo de voluntades que, de cara a su connotación y relevancia, generan
insatisfacción en el acreedor de la obligación incumplida. Por tanto, dado que el
incumplimiento contractual corresponde a la inejecución por parte del deudor de las
prestaciones convenidas por causas que le son imputables, la pretensión de
incumplimiento contractual resulta procedente cuando las obligaciones pactadas en la
convención -a cargo de cualquiera de las partes- no fueron atendidas, o lo fueron de
forma tardía o imperfecta, circunstancia que determina una infracción al derecho de
crédito derecho del acreedor derivado del contrato, y en consecuencia, activa la

33 Pág. No. 1 del acta. Cuaderno No. 3, folio 239.
34 Cuaderno 2, folios 72 a 124.

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Radicación: 250002336000201302064 01 (59382)
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Acción: Controversia contractual.

responsabilidad contractual del deudor. De esta forma, se ha entendido que los
principales elementos estructurantes de la responsabilidad contractual son, por un
lado, el contrato como fuente de obligaciones, del otro, el incumplimiento imputable al
deudor y, asociado a los anteriores, el daño que se causa por la inejecución
contractual.

40. Por su parte, el desequilibrio económico surge ante una modificación sustancial
de la simetría prestacional originalmente pactada por razones ajenas a la conducta
del contratista, en tanto tiene génesis en la existencia de circunstancias sobrevenidas,
o se presenta como consecuencia del ejercicio legítimo de los actos de autoridad de
la administración, cuyo impacto es capaz de romper la medida de equivalencia
recíproca en que se fundaron las mutuas prestaciones de los contratantes, es decir,
la ecuación contractual acordada. Bajo este espectro de posibilidades, estima la Sala
en esta oportunidad, que caben aún las hipótesis en las que a pesar del conocimiento
y experiencia del contratista, solo se pudieren advertir con posterioridad a la
suscripción del contrato la existencia de graves fallas en su estructuración técnica,
económica o financiera, con incidencia en los elementos estructurales del acuerdo de
voluntades, como las prestaciones, el precio y el plazo, y de paso, con efectos en el
sinalagma contractual; pues ante estas hipótesis, reclama un lugar y efecto la tutela
de la confianza, vertida en el consenso de las voluntades, que sin oponerse a las
bases de la teoría del error, llama a considerar un centro autónomo de imputación de
responsabilidad en consideración a la frustración de las expectativas de quien
concurre con el Estado a coadyuvar la consecución de sus fines, bajo condiciones
generadoras de un daño propiciado por la negligencia de la autoridad pública en la
estructuración de las bases del contrato.

41. Por sus efectos patrimoniales, el incumplimiento contractual se aleja del
restablecimiento de la ecuación económica del contrato, en tanto el primero de los
referidos se inscribe en el marco de la responsabilidad patrimonial por antijuridicidad
de la conducta de cara al débito obligacional, lo que conduce a la reparación integral
de los perjuicios que provengan del comportamiento contrario a derecho del
contratante incumplido, tanto patrimoniales como extrapatrimoniales, tal como lo
disponen los artículos 1546 y 1613 a 1616 del Código Civil, en armonía con el 16 de
la Ley 446 de 1998. A su turno, cuando se fractura el equilibrio económico, se abre
paso el restablecimiento del sinalagma económico pactado al momento de proponer
o contratar, es decir, la Administración se verá obligada a llevar a su contratista a un
punto de no pérdida -eventos de imprevisión-, precisándose que, en los casos de
ejercicio del ius variandi deberán reconocerse los mayores gastos y las utilidades
dejadas de percibir (artículos 14, numeral 1º y 16 de la Ley 80 de 1993), mientras que
en el llamado hecho del príncipe, es procedente una indemnización integral de
perjuicios, pues éste ha sido considerado como una modalidad de responsabilidad sin
culpa de la entidad contratante35.

35 Sentencia del 13 de agosto de 2020. C.P. María Adriana Marín. Exp. 05001-23-31-000-2006-03354-01 (46057).

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Acción: Controversia contractual.

42. De acuerdo con lo anterior, se incurre en una imprecisión conceptual y contraria
a la naturaleza y esencia de las cosas, cuando se identifican indistintamente el
incumplimiento contractual y el rompimiento del equilibrio económico del contrato.

43. En el sub examine, tal y como se señaló, el actor se refiere en forma simultánea
a las aludidas figuras, pretendiendo tanto el incumplimiento del contrato como el
restablecimiento de su equilibrio económico de cara a una misma línea fáctica. Así,
como fundamento de sus pretensiones, pregona el incumplimiento del negocio jurídico
por violación del principio de planeación y estructuración, pero alegando que la
inobservancia advertida ocasionó un rompimiento del equilibrio económico del
contrato por los sobrecostos que tuvo que soportar, aspectos que hacen parte de dos
realidades distintas.

44. Con estas precisiones la Sala aborda el estudio y definición de las pretensiones
de la demanda.

Reconocimiento de perjuicios por una indebida estructuración y planeación del
contrato de consultoría No. 038 de 2006 por parte del IDU – afectación de la
ecuación económica del contrato

45. La parte actora manifestó que la descripción, especificaciones y demás
condiciones del contrato debieron ser definidas con anterioridad a la apertura del
proceso de selección. Con esta precisión, la entidad no previó la tramitología que
debía agotarse ante el IDU y las demás entidades distritales para la debida ejecución
del contrato, conllevando a que la consultoría contratada fuera más allá de lo previsto
inicialmente en tiempo y actividades. Esta situación determinó en criterio del actor, un
incumplimiento de la contratante ante la vulneración del principio de planeación. Para
mayor precisión, agregó que durante la estructuración y planeación del contrato, se
desconocieron los lineamientos generales y alcance del plan de obras del grupo J)
definido en el Acuerdo 180 de 2005 del Concejo Distrital de Bogotá.

46. Como es reconocido, el principio de planeación, propio de la etapa
precontractual, impone a las entidades públicas adelantar las actuaciones necesarias
para garantizar que todo contrato esté precedido de los estudios de orden técnico,
financiero, jurídico y económico requeridos para determinar la conveniencia y
viabilidad del objeto a contratar, incluyendo los diseños, planos y evaluaciones de
prefactibilidad o factibilidad, las características del bien o servicio, así como los costos
y recursos requeridos para la celebración y ejecución del contrato.

47. Por tanto, siendo claro que la planeación se sitúa en un momento previo a la
celebración del contrato, su eventual inobservancia o indebida ejecución no es un
asunto que se proyecte frente a la exigencia en el débito obligacional derivado de lo
pactado, y por ende, debatible bajo la pretensión del incumplimiento contractual, pues
como se observa, su génesis se sitúa en un momento previo a la concreción de las
voluntades (consenso) como regla de conducta a la entidad pública en la etapa
precontractual, mas no a la inejecución de una obligación cuya fuente sea el acuerdo
de voluntades.

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Acción: Controversia contractual.

48. Con la anterior precisión, conceptualmente no disputa la Sala que el
desconocimiento del principio de planeación pueda tener efectos en uno o varios de
los elementos estructurantes del contrato -como sus condiciones técnicas, el precio y
el plazo-, caso en el cual, al tratarse en estricto sentido de un reproche por error,
insuficiencia o variación de las bases y elementos estructurales del contrato, el
contratista tiene el deber de acreditarlas, sea porque afecten la validez del contrato o
algunos de sus elementos estructurantes, o porque se presentan los presupuestos
indispensables para que se abra paso al derecho a que se revisen las condiciones
materiales de ejecución del negocio jurídico.

49. En este sentido, si el fundamento de la reclamación del contratista consiste en
que solo una vez iniciada la ejecución pudo identificar que las condiciones técnicas,
los plazos o los precios no correspondían a la realidad al haberse desconocido el
principio de planeación, solo podrá alegar en contra de su experiencia, o la existencia
de algún vicio del consentimiento o un desequilibrio -cuando no se esté en presencia
de un error-, pero no un incumplimiento contractual, pues en este caso no se trata de
una obligación negocial explícita o implícita incumplida de la contraparte derivada del
objeto contractual, sino de una discusión respecto de los elementos estructurales del
negocio jurídico.

50. Por tanto, distinto a lo planteado por la parte actora en la demanda, no es
procedente la acción y eventual declaratoria de incumplimiento del contrato estatal,
por una configuración indebida de sus elementos estructurales a causa de una
violación del principio de planeación.

51. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala advierte que los hechos que fundan sus
pretensiones reclaman la revelación de fallas en la estructuración del contrato que en
criterio del demandante propiciaron un rompimiento del desequilibrio económico del
contrato, al haberle generado sobrecostos por la extensión del plazo y las actividades
inicialmente acordadas. Por tanto, aunque la pretensión de restablecimiento del
equilibrio económico no puede ser confundida con la del incumplimiento contractual,
pues, a riesgo de ser reiterativo, mientras el origen de esta última es el proceder
contrario a las obligaciones contraídas en el acuerdo de voluntades y el desequilibrio
económico surge del deber legal de la entidad pública de mantener la simetría
prestacional originalmente pactada, cuando ésta se vea afectada por razones ajenas36
a la conducta de los contratantes37, y aún por la causa que se ha explicado; ello no
constituye un obstáculo para resolver de fondo el conflicto en aplicación del principio
iura novit curia, conforme al cual, corresponde al juez la aplicación correcta del
derecho.

36 En tanto (i) tiene génesis en la existencia de circunstancias sobrevenidas (teoría de la imprevisión), o (ii) se

presenta como consecuencia del ejercicio legítimo de los actos de autoridad de la administración (como el caso
del hecho del príncipe y del ius variandi). Sección Tercera del Consejo de Estado, sentencia del ocho (08) de junio
de dos mil veintidós (2022), Rad. 250002326000201101568 01 (53.299). CP: José Roberto Sáchica Méndez.
37 Sin perjuicio de aquellos casos en que la entidad contratante, en ejercicio de sus funciones, a partir de una

medida de carácter general, impersonal y abstracta, de manera indirecta afecta a su propio contratista, caso en el
cual, podría presentarse un hecho del príncipe o un caso de ius variandi derivado de una actuación de una de las
partes, con la entidad de incidir en el equilibrio del sinalagma contractual.

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Acción: Controversia contractual.

52. Por tanto, la Sala adecuará y estudiará la pretensión, bajo el entendido de que
lo solicitado es la declaratoria del desequilibrio económico del contrato originado por
la vulneración del principio de planeación por parte de la entidad contratante, medida
que en manera alguna significa una vulneración del debido proceso de la contraparte,
puesto que se ajusta integralmente a la causa petendi invocada en la demanda 38.

53. Sobre la base antes indicada, la Sala observa que la pretensión debe ser
negada, toda vez que la parte actora no acreditó la ocurrencia de varios de los
supuestos en que se soporta la reclamación base del petitum, tal como se expone a
continuación:

(i) Obra en el expediente el contrato No. 038 de 2006, donde el consultor se obligó
a realizar la consultoría de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás
condiciones establecidas en los términos de referencia, las adendas y anexos de la
propuesta.

(ii) Frente al citado contrato, no hay evidencia en el expediente de que el consultor
hubiere manifestado su inconformidad con las condiciones, especificaciones y
términos de referencia en el proceso de selección, o que hubiese indicado no estar de
acuerdo con algunos de sus elementos al momento de proceder con la suscripción del
contrato. Reiterando lo anterior, en el numeral 1º de las “Obligaciones del consultor”
se contempló que el contrato debía ejecutarse de conformidad con lo previsto en los
términos de referencia, los apéndices, la propuesta y el clausulado del negocio
jurídico.

(iii) Consultado el Acuerdo Distrital No. 180 de octubre de 200539 que dio origen al
contrato de consultoría No. 038 de 2007, se evidencia que en éste se determinaron
las medidas necesarias para la construcción de las obras de los sistemas de movilidad
y de espacio público con respaldo en los recursos recaudados del impuesto de
valorización por beneficio local en el distrito capital de Bogotá. En el capítulo I del
Acuerdo se definieron las obras a construir, y en el artículo 3º, se contempló el Plan
de obras estableciendo que serían ejecutadas en cuatro (4) grupos.

(iv) En el anexo No. 1 del Acuerdo, se definió el listado general de obras del sistema
de movilidad para cada uno de los grupos y las correspondientes al sistema de espacio
público, mientras que el anexo No. 2 consagró el plan de obras por grupos, zonas de
influencia, el costo total para cada una de las obras a gestionar por cada uno de los
grupos, la discriminación de los recursos a ser utilizados en la gestión predial, en
estudios y diseños, y los conceptos para determinar el costo de la construcción.

38 “Esta Subsección se ha ocupado de puntualizar las múltiples diferencias que existen entre la ruptura del equilibrio

económico financiero del contrato y la figura del incumplimiento contractual, así como los efectos que de uno y otro
caso se desprenden […] De cualquier modo, en atención al principio constitucional que impone la prevalencia de
lo sustancial sobre la forma, corresponderá al juez de la causa determinar en cada caso concreto desde cual óptica
debe emprenderse el respectivo análisis”. Sección Tercera del Consejo de Estado, sentencia del 13 de noviembre
de 2018, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, Exp. 55.230.
39 “Por el cual se autoriza el cobro de una contribución de valorización por beneficio local para la construcción de

un plan de obras”

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Radicación: 250002336000201302064 01 (59382)
Actor: Consorcio SEINSE
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-
Acción: Controversia contractual.

(v) Revisado lo anterior, no hay razones para considerar nada distinto a que desde
la concepción de los proyectos a adelantar con cargo a los recursos del impuesto de
valorización, se estudió, desarrolló y definió de manera clara el alcance del plan de
obras, insumo a partir del cual el IDU concretó las condiciones y alcance del contrato
de consultoría No. 038 de 2007. Además, está demostrado que el consultor estuvo de
acuerdo con las condiciones y alcance definido, no existiendo evidencia de
observaciones del contratista en la etapa precontractual relacionadas con
insuficiencias, contradicciones o incoherencias, mucho menos, de oposición o
salvedad para proceder a la suscripción del contrato, sin considerar, además, que no
hay evidencia de que el consorcio no tenía la oportunidad de acceder a una mejor,
completa y fidedigna información por obra o causa de la entidad contratante.

54. Por tanto, mientras está acreditado que el contrato estuvo precedido de los
estudios para definir su necesidad, condiciones, alcance y valor, el actor se limitó a
cuestionar la gestión de la entidad contratante en la etapa precontractual, pero omitió
aportar pruebas que acreditaran su dicho, ya que no obran en el expediente las
pruebas que permitan a la Sala determinar que en los estudios previos se definieron
condiciones o aspectos carentes de sustento para ser contemplados en el contrato
conforme a lo establecido en el Acuerdo Distrital, o que difirieran de lo finalmente
pactado y ejecutado con ocasión del contrato finalmente celebrado, como tampoco
información que permita considerar que tales bases estuvieron errada o falsamente
sustentadas.

55. Adicionalmente, si bien se aportaron las condiciones generales y el clausulado
común de los contratos celebrados por el IDU, ni siquiera se allegó el anexo técnico,
no siendo posible determinar si la entidad contratante definió bajo el contrato aspectos
contrarios a lo definido en el Acuerdo Distrital 180 de 2005 o a lo finalmente ejecutado.
Contrario a esto, el acta de terminación del negocio jurídico muestra que los productos
entregados obedecieron a lo definido en el plan de obras y lo establecido en los
términos de referencia40 bajo los cuales el consultor libremente se obligó.

56. Debe indicarse, además, que si bien está acreditado que el contrato fue objeto
de modificaciones durante su ejecución con ocasión de los trámites necesarios para
obtener las aprobaciones de las empresas de servicios públicos así como para atender
requerimientos técnicos y nuevas necesidades prediales, esa sola circunstancia no
determina que la entidad demandada hubiese impactado el cumplimiento de las
obligaciones que le imponen el principio de planeación, pues no se allegó medio de
prueba tendiente a demostrar que tales circunstancias fueran producto de su
desconocimiento o que hubieren excedido las vicisitudes y particularidades
sobrevinientes propias del negocio jurídico celebrado y aún de la experiencia y nivel
de conocimiento que como contratista especializado en estos asuntos debían tener
los integrantes del consorcio contratista; de hecho, tales modificaciones contractuales
lo que evidencian es que ante la ocurrencia de las circunstancias descritas por la parte
actora y por solicitud suya, la entidad adoptó las medidas necesarias para superarlas

40 En efecto, en el acta el contratista y la interventoría indicaron expresamente que “los estudios y diseños
realizados se ajustan a los términos de referencia”.

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Radicación: 250002336000201302064 01 (59382)
Actor: Consorcio SEINSE
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-
Acción: Controversia contractual.

ajustando las condiciones del negocio jurídico de común acuerdo con quien hoy la
demanda. Además, y como se verá más adelante, al solicitar y suscribir las
modificaciones al negocio jurídico, el contratista nunca manifestó que las razones que
las sustentaban estuvieren ligadas a una falencia en las actividades de planeación y
estructuración del contrato, de cara a la planificación del proyecto.

57. De esta forma, la parte actora no acreditó que el contrato no estuviere
precedido de los estudios de orden técnico, financiero y jurídico requeridos para
determinar su viabilidad económica y técnica, donde se estableció la conveniencia y
necesidad del objeto a contratar, tal como se concluyó en el Acuerdo Distrital 180 de
2005; o, que el contrato, o que las demoras en las aprobaciones de las empresas de
servicios públicos y demás situaciones sobrevinientes que exigieron modificar algunas
condiciones iniciales del negocio jurídico, tuvieran origen en que el IDU no hubiese
estudiado, planeado y presupuestado el proyecto con la debida antelación, o que tales
exigencias no podían ser consideradas por el proponente y posterior contratista,
habido consideración de su acreditada experiencia en los asuntos comprendidos
dentro del objeto del contrato.

58. Por el contrario, está acreditado que la entidad demandada atendió sus
deberes precontractuales con la elaboración oportuna y puesta en conocimiento de
los interesados de los estudios y documentos previos necesarios para la ejecución del
objeto contractual, frente a los cuales el contratista guardó silencio, y no probó que
durante la ejecución se revelara que fueren producto de la improvisación, negligencia
o errada discrecionalidad de la entidad contratante.

59. Por lo tanto, la Sala no accederá a la pretensión asociada al reconocimiento de
perjuicios por transgresión del principio de planeación, y procederá al estudio de la
reclamación asociada al desequilibrio económico del contrato y el enriquecimiento sin
causa.

Reclamación por desequilibrio económico del contrato

60. El actor atribuyó como causales del desequilibrio económico del contrato las
siguientes: (i) mayor permanencia y disponibilidad para la ejecución del contrato; (ii)
mayor alcance de los proyectos al inicialmente contemplado; y (iii) mayores costos por
particularidades asociadas a cada uno de los proyectos a cargo del consultor.

Mayor permanencia y disponibilidad para la ejecución del contrato

61. Refirió el actor que se vio obligado a permanecer y disponer del equipo de
trabajo por mayor tiempo al inicialmente pactado, como consecuencia de las
situaciones de mora e indefinición de aspectos técnicos por parte del IDU y las
empresas de servicios públicos domiciliarios, así como por la diferencia en el número
de predios a intervenir.

62. En relación con esta afirmación, la Sala advierte que está acreditado dentro del
proceso, lo siguiente:

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Radicación: 250002336000201302064 01 (59382)
Actor: Consorcio SEINSE
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-
Acción: Controversia contractual.

(i) Mediante Otrosí No. 1 del 30 de abril de 2007, las partes acordaron modificar
la forma de pago del contrato y los plazos contemplados para cada una de las etapas
en que se ejecutaría el mismo, sin alterar el plazo final del negocio jurídico. Esta
modificación fue realizada por solicitud del consultor sustentada “en la demora por
parte de la Secretaría de Movilidad en la aprobación de la Metodología del Estudio de
Tránsito (…) insumo es básico para la definición de las alternativas”.

(i) En Otrosí No. 2 del 8 de junio de 2007, las partes modificaron nuevamente los
plazos contemplados para cada una de las etapas del contrato, sin variar su plazo,
con fundamento en “1. La demora por parte de la Secretaría de Movilidad en la
aprobación de la Metodología de Estudio de Tránsito (…) lo que motivó a una
modelación en las áreas de transporte y tráfico que conllevó a unos tiempos superiores
a los inicialmente establecidos. 2. En reunión celebrada el 4 de mayo de 2007 en la
que participaron funcionarios de la Secretaría de Planeación, se recomendó que las
alternativas a evaluar en la etapa de factibilidad no afectarán inmuebles catalogados
como monumentos, patrimonios históricos o de interés cultural (…) lo que implicó
retraso en las entregas de los productos contractuales para este proyecto. 3. En
reunión de mayo 2 de 2007 se determinó la longitud total requerida por la EAAB para
ser inspeccionada con CCTV indicando que esta labor solo podrá ser iniciada en el
transcurso de la siguiente semana, luego de la respectiva autorización de la
interventoría”.

(ii) En el Acta No. 21 del comité técnico, donde participaron el IDU, la interventoría
y el consultor, consta que las partes advirtieron que persistían las demoras
presentadas con ocasión de los trámites adelantados en la Secretaría de Planeación
(en adelante SPD)41, por lo que acordaron que en caso de no obtenerse viabilidad de
dicha entidad y de la Secretaría de Movilidad (en adelante SDM) antes del 9 de julio
de 2007, se procedería a la ampliación del plazo de factibilidad por un mes.

(iii) Mediante Adicional No. 1 del 9 de julio de 2007 las partes acordaron adicionar
al plazo de factibilidad un mes, indicando que conforme a la solicitud de prórroga del
contratista, “El plazo para la obtención de las viabilidades por parte de las empresas
de servicios públicos y/o demás entidades del Orden Nacional y Distrital y su posible
ampliación, no generará costos adicionales para el IDU”.

(ii) Mediante solicitud suscrita el 6 de agosto de 2007, el consultor indicó que por
el hecho de “No contar con el concepto de viabilidad por parte de las entidades
distritales, y de acuerdo con lo consignado en acta número 24 de comité técnico del
pasado 2 de agosto de 2007, se solicita un (1) mes adicional mientras se obtiene este
concepto”42.

41 En detalle a folio 113 del cuaderno 2 de pruebas es posible constatar que en el acta No. 021 del comité técnico

adelantado por las partes dejaron la siguiente anotación “La SDP no ha dado respuesta a la comunicación
solicitando reunión del 29 de junio a las 8:00 am” y que por tanto se refirió que “La reunión en Planeación se pactó
telefónicamente para el miércoles 4 a las 9:00 Am”
42 Cuaderno 2 folio 0070 y 0071.

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Radicación: 250002336000201302064 01 (59382)
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(iii) Conforme a la solicitud del contratista, en Adicional No. 2 del 9 de agosto de
2007 se acordó adicionar al plazo de factibilidad en un (1) mes, y como en el caso
anterior, se aclaró y aceptó que la adición “no genera ninguna erogación adicional al
IDU” 43.

(iv) Posteriormente, mediante Adicional No. 3 y Otrosí No. 4 del 18 de febrero de
2008, se acordó adicionar el valor del contrato en la suma de $527.161.823.00, así
como prorrogar el término de ejecución en cuatro (4) meses para la etapa de estudios
y diseños, y en un (1) mes para aprobaciones. Estas modificaciones se originaron en
la solicitud del consultor, con el objetivo de superar “La mayor cantidad de predios
identificados durante la etapa de factibilidad, los cuales superan los inicialmente
previstos por el IDU (…)”44.

(v) Mediante el Adicional No. 4 del 31 de julio de 2008 se prorrogó el plazo del
contrato por el término de dos (2) meses y quince (15) días, con fundamento, según
expuso el contratista, en la necesidad de “…respetar el tiempo inicialmente pactado
de siete meses para los diseños, como se dio a los otros proyectos”, además de lo
cual, señaló que era necesario definir “la sección vial para Transmilenio, y con la
EAAB, algunos parámetros de aislamiento horizontal, vertical debido a la línea de
Transmisión Nacional que interfiere en dicho proyecto”, pues “A pesar de la gestión
hecha por el IDU y en vista que dichas entidades no le dieron respuesta oportuna al
IDU, esto generó que la Consultoría no pudiera adelantar los diseños, ya que estos
dependía (sic) del pronunciamiento de dichas entidades” (subrayas propias). Se indicó
que la modificación tuvo sustento en la solicitud del contratista aprobada por la
interventoría, donde se aclaró que la prórroga “no generará costos adicionales para el
IDU”45.

(vi) Con la suscripción del Adicional No. 5, por solicitud del consultor, se amplió el
plazo de ejecución del contrato en 2 meses, con fundamento en que, “(…) durante la
ejecución de los estudios socioeconómicos y jurídicos de los predios se presentaron
una serie de eventos exógenos que escapan a la autonomía del consultor, que
conllevaron a que los tiempos empleados fueran superiores a los programados para
la adquisición y estudio de los documentos jurídicos”, además de estar a la espera del
pronunciamiento y aprobación de unos insumos por parte de las empresas de

43
Parágrafo de la cláusula primera.
44 Indicó que “Esta mayor cantidad de predios requeridos involucra consecuentemente mayor cantidad de unidades

sociales, tanto de obra como predios, haciéndose necesario un aumento en el numero (sic) de fichas socio-
económicas a aplicar, mayor cantidad de registros a digitar, aumento de fichas de vulnerabilidad a realizar, mayor
cantidad de predios a georreferenciar, aumento en la cantidad de barrios a caracterizar, continuación de los comités
CREA, punto satélites y atención al ciudadano. Todo esto conlleva al requerimiento de más información para
recopilar, revisar, analizar y validar. La mayor cantidad de predios se ve igualmente reflejada en un aumento de
actividades tendientes a realizar el estudio jurídico y catastral, demandando mayor tiempo y dedicación para la
realización de los registros topográficos (…) Los contactos con la comunidad no se iniciaron hasta tanto no se
realizaron las reuniones de inicio. Sin embargo, algunas de estas reuniones debieron ser aplazadas debido al
proceso electoral que se adelantaba no obstante haberse realizado la sensibilización con respecto al proyecto, no
fue posible con la programación del consultor por no contar con la disposición de los residentes en el área del
proyecto. Porque finalmente el tiempo excesivo por parte de la SDP y SDM para otorgar la viabilidad de los
proyectos, ha retrasado la ejecución del contrato (…)”
45 Cuaderno No. 2, folio 142.

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Radicación: 250002336000201302064 01 (59382)
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Acción: Controversia contractual.

servicios públicos46. Como en las anteriores prórrogas, se indicó expresamente que
“no generará para el IDU ningún tipo de costo adicional, ni reclamación por parte del
consultor”47.

(vii) En el Acta No. 109 de terminación del contrato suscrita por las partes, se dejó
constancia de los documentos que al 26 de enero de 2009 se encontraban en revisión
y aprobación del IDU, la interventoría y las demás entidades del Distrito (SDM, SDP,
ETB, Gas Natural); en ella se acordó que los productos que se encontraban en revisión
eran susceptibles de ser ajustados, frente a lo cual, el consultor se comprometió a
realizar las correcciones pertinentes hasta lograr las aprobaciones de los mismos, sin
dejar salvedad alguna sobre dicha circunstancia.

(viii) Mediante comunicación SEINSE 038-10-118 del 12 de julio de 2010, el
consultor solicitó al IDU que en el marco de la liquidación del contrato se hiciera el
reconocimiento del desequilibrio económico del contrato, refiriendo que, durante la
ejecución de los estudios y diseños, fue necesaria la utilización de tiempos adicionales
que lo obligaron a incurrir en mayor inversión de recursos técnicos, operativos y de
personal en detrimento de las condiciones iniciales del contrato. Agregó que el trámite
de aprobaciones y viabilidad de estudios de factibilidad tardó más de lo contemplado,
lo que le representó mayores recursos y mayor dedicación de personal profesional y
auxiliar. Adicionalmente manifestó que durante la ejecución tuvo que llevar a cabo
actividades que no estaban contempladas en el contrato y que fue necesario repetir
algunas, lo que conllevó a una mayor dedicación de los profesionales del equipo
consultor.

(ix) En la comunicación SEINSE 038-11-003 del 15 de marzo de 201148 el
contratista reiteró que se vio en la necesidad de modificar el plazo acordado por
eventos imputables a las entidades intervinientes en el proceso de aprobación de los
productos a cargo del contratista. Indicó que las entidades distritales se tomaron
tiempos adicionales que excedieron en más de un 200% los términos previstos
contractualmente, lo que afectó el equilibrio económico del contrato.

(x) En comunicación DTD 20113150841491 del 12 de diciembre de 2011, el IDU49
se pronunció frente a la solicitud del contratista indicando, que:

46 Sobre el particular, indicó que “2. En el proyecto No. 337 Puente Meissen, a pesar de que Transmilenio no se

pronunció sobre la sección vial para Transmilenio debido a que está esperando el plan maestro de transporte
integrado de transporte, y que la EEEB (sic) tampoco se pronunció sobre algunos parámetros de aislamiento
horizontal y vertical debido a la línea de Transmisión Nacional que interfiere en dicho proyecto informando que es
competencia del Ministerio de Minas, el IDU impartió la instrucción de continuar con los diseños , sin embargo esto
afectó el normal desarrollo de los diseños del proyecto. 3. Como se ha mencionado en las anteriores prórrogas, la
mayor cantidad de precios (sic) reconocidos mediante el adicional No. 3 y Otrosí No. 4 del contrato de consultoría
No. 038-06, ha demandado mayor cantidad de tiempo para realizar el estudio jurídico y catastral del caso, para la
realización de los registros topográficos, lo cual incluye levantamiento topográfico predio a predio, toma de registro
topográfico, compra de escrituras, estudio jurídico y realización de RT, entre otros (…) 4. Es necesario obtener los
resultados de aprobación inherente a las entidades siguientes CODENSA, ETB, EPM y TELECOM, dado que son
insumos básicos para la terminación de los apéndices y pliegos de condiciones, programación de obra y
presupuesto. Esta aprobación no depende del Consultor sino de un tercero”.
47 Parágrafo de la cláusula primera.
48 Cuaderno 2 folio 207 a 220.
49 Cuaderno 2 folio 238 a 263

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Radicación: 250002336000201302064 01 (59382)
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a) De conformidad con las estipulaciones conocidas desde los pliegos de
condiciones, el consultor estaba obligado a obtener las aprobaciones de los
estudios y diseños por parte de las entidades distritales y las empresas de
servicios públicos, para lo cual, debía hacer seguimiento a cada uno de sus
trámites y atender las observaciones que se generaren con el fin de obtener
la aprobación final.

b) Las obligaciones a cargo del contratista implicaban que hiciera entrega de
productos que cumplieran las condiciones de madurez necesarias para ser
aprobadas, situación que durante la ejecución del contrato, no fue cumplida
de manera oportuna.

c) Ante la solicitud de reconocimiento de recursos adicionales como
consecuencia de la mayor dedicación a causa de la espera de las
aprobaciones por parte de las entidades distritales, el IDU mediante
adicional No. 3 hizo un reconocimiento al contratista de una suma de
dinero, con la cual estuvo de acuerdo.

d) Después de hacer el análisis de los conceptos reclamados, reconoció la
suma de $290.525.633 por los diseños detallados para los puentes
peatonales en las intersecciones de los proyectos No. 170,143 y 130, valor
que se incluiría a favor del consultor en el acta de liquidación del contrato.

(xi) En el acta No. 118 de recibo final y de liquidación del contrato suscrita el 23 de
enero de 2012, las partes dejaron plasmadas las salvedades que consideraron
pertinentes en torno a las solicitudes de reconocimiento económico presentadas por
el consultor el 12 y 30 de julio de 2010, y además, se hizo un reconocimiento a favor
del contratista por la suma de $290´525.633 por concepto del diseño de tres puentes
peatonales.

63. De acuerdo con el material probatorio antes referido, la intención de las partes
con la suscripción de los otrosíes y adiciones, fue adoptar las medidas necesarias
para garantizar el debido cumplimiento de las obligaciones del contratista por cuenta
de los mismos conceptos ahora reclamados, esto es, las variaciones y demoras
ocasionadas por las aprobaciones de las empresas de servicios públicos y la
necesidad de una mayor gestión predial; con ocasión de ello, las partes convinieron
modificar las fechas de entrega de los productos a desarrollar, ampliar el plazo de
ejecución y adicionar el valor del contrato; estos ajustes y reconocimientos fueron
realizados conforme a las propias solicitudes del contratista, y en las ampliaciones del
plazo, expresamente se indicó que no generarían mayores valores a cargo del IDU.

64. Tales modificaciones contractuales, especialmente, la ampliación del plazo
contractual con la indicación de que no generarían sobrecostos a ser reconocidos por
el IDU, corresponden a acuerdos válidos y exigibles, decididos por las partes en
ejercicio de la autonomía de la voluntad en consonancia con el principio de buena fe
(artículos 871 del Código de Comercio y 1603 del Código Civil), con el fin de superar

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las circunstancias descritas por la parte actora para sustentar sus pretensiones. Por
tanto, está acreditado que durante la ejecución del negocio jurídico, se plantearon y
definieron remedios directos frente a los efectos de los asuntos ahora reclamados,
mediante acuerdos concretos, en aras de anticiparse a la construcción de
reclamaciones posteriores y evitar extender la controversia hasta su definición vía
litigiosa, como ahora se pretende por la parte actora.

65. Estos acuerdos tienen pleno entendimiento a la luz de los artículos de sus
artículos 4° numerales 3 y 9, 5º numeral 1, 25° numeral 5 y 28° de la Ley 80 de 1993,
a partir de los cuales se insta a las partes del contrato estatal a adoptar las medidas
necesarias, mediante la firma de pactos sobre cuantía, condiciones y forma de pago
de gastos adicionales, reconocimiento de costos financieros e intereses, para
garantizar su corrección ante los múltiples escenarios y vicisitudes que se pueden
presentar durante la ejecución del negocio jurídico; tal como se presentó en el caso
concreto, donde las partes, al modificar las fechas límite de los entregables, adicionar
el valor del contrato y ampliar el plazo de ejecución, expresando que ello no generaría
otros conceptos susceptibles de ser reclamados, autorregularon su relación
contractual bajo las condiciones y medidas que estimaron necesarias y suficientes
para garantizar la debida ejecución del objeto pactado.

66. Así las cosas, en tanto la adopción de estos pactos se fundó en el ejercicio de
la autonomía de la voluntad de la parte actora, es claro que ahora no puede
desconocer su contenido y pretender un reconocimiento sobre estos, pues en el curso
de la ejecución contractual, manifestó su voluntad y consentimiento con la
justificación, alcance y efectos de las modificaciones celebradas, sin que ahora pueda
desconocerlas, pues, como todo negocio jurídico, tales acuerdos son ley para las
partes (art. 1602, Código Civil) y solo pueden invalidarse por consentimiento de esas
mismas partes o por causas legales.

67. Así, no se abre paso el reconocimiento de mayores costos por permanencia y
disponibilidad durante la ejecución del contrato, toda vez que de acuerdo con las
pruebas mencionadas, se constata que sí bien se presentaron demoras en las
aprobaciones y viabilidad de los productos entregados a las empresas de servicios
públicos, además de haberse requerido una mayor gestión predial, las partes
acordaron de manera pacífica y concertada la manera de mitigar estos inconvenientes
presentados durante la ejecución del contrato. Para ello, se variaron las fechas de los
entregables, se amplió el plazo del contrato y se hicieron reconocimientos económicos
al consultor, indicando en las prórrogas acordadas, que no generarían mayores
costos.

68. Visto lo anterior, la sala se abstiene de incursionar en el análisis del dictamen
pericial contable, en tanto se encuentra ampliamente demostrado que los tiempos
adicionales en los que debió incurrir el consultor fueron compensados bajo los
mecanismos atrás referidos.

69. Por las razones anotadas, la Sala declarará probada la excepción denominada
“el contrato es ley para las partes” propuesta por la demandada, principio consagrado

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positivamente en nuestro ordenamiento (art. 1602 del CC) y a partir del cual, no es
admisible que la demandante reclame por vía judicial sobrecostos que desconocen y
contravienen lo estipulado por ella en los otrosíes y adicionales, negocios jurídicos
que suscribió libremente. Resulta en consecuencia improcedente, en el caso
concreto, el reconocimiento de los costos adicionales reclamados con fundamento en
la mayor permanencia y disponibilidad durante la ejecución del contrato.

Mayor alcance de los proyectos al inicialmente contemplado

70. Refirió el demandante que el alcance de los trabajos iniciales sobrepasó las
previsiones establecidas en el contrato, y por ende, tuvo que disponer de mayor
cantidad de recursos con una afectación económica evidente y cuantificable. Sobre el
particular, obra en el expediente lo siguiente:

(i) El contrato de consultoría No. 038 de 2006, fue celebrado “a precio global fijo
sin reajuste”. En el numeral 2º, se definió su valor discriminando las sumas
correspondientes a cada uno de los proyectos -que no actividades- a cargo del
consultor en etapa de factibilidad, en etapa de estudios y en las aprobaciones finales
de los proyectos. En el mismo sentido, al definirse las obligaciones a cargo del
consultor, se acordó que éste ejecutaría el negocio jurídico de conformidad con lo
previsto en los términos de referencia, apéndices, la propuesta y el clausulado del
contrato.

(ii) En la comunicación SEINSE-038-10-119 del 12 de julio de 201050, el consultor
manifestó al IDU que en los términos de referencia se contempló la obligación de
elaborar un inventario forestal, sin embargo, no tuvo en cuenta que dicho inventario
es el resultado de otros productos como la línea base ambiental o el diseño paisajístico
y de espacio público, razón por la cual, se vio en la necesidad de presentar un
inventario forestal sin que en ese momento se contara con un diseño definitivo,
llevándolo a inventariar 874 árboles, incluyendo algunos que quedaron por fuera del
área de intervención, implicando una dedicación de personal que superó la prevista
por el IDU al momento de estructurar los pliegos de condiciones.

Adicionalmente, aseguró que por las decisiones adoptadas por la EAAB, el consultor
debió atender solicitudes extracontractuales y extemporáneas, toda vez que durante
el trámite de aprobaciones de sus productos impartió instrucciones por fuera del límite
de intervención del proyecto51, emitió observaciones contradictorias a las inicialmente
dadas52 y solicitó el rediseño de algunos aspectos incluidos en los diseños iniciales.
Explicó que incurrió en mayores alcances físicos de cara a las alternativas
presentadas en factibilidad y que fueron aprobadas para cada uno de los proyectos53.

50 Cuaderno 2 folio 167 a 206
51 Como fundamento de esa afirmación refirió que en el proyecto No. 117 solicitó el diseño hidrosanitario de la

avenida ciudad de Cali costado oriental, el cual se encontraba por fuera del límite de intervención del proyecto,
adicionalmente debieron diseñar dos manijas adicionales y una red de alcantarillado con dos descargas adicionales
y el análisis de estabilidad de los taludes en las descargas.
52 Ya que ordenó trasladar una red nueva de aguas negras que se encontraba en el andén de la calzada,

observación contraria a la impartida inicialmente cuando indicaron que no se tocaría esa red.
53 Como sustento de esa afirmación refirió, entre otras cosas, que adicional al corredor vial diseñado, debieron

diseñar giros derechos canalizados, carriles de aproximación e incorporación, aumentando con ello un 40% la

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Finalmente, se refirió a los estudios y diseños adelantados para la construcción de
algunos puentes peatonales que no se habían contemplado inicialmente.

(iii) Posteriormente, en comunicación SEINSE 038-11-003 del 15 de marzo de
54
2011 , el consultor reiteró su solicitud, añadiendo que de acuerdo con lo definido en
el plan de obras del Acuerdo 180, el contrato a celebrar entre las partes debía tener
un grado importante de certeza y por ello no podía definirse bajo cifras globales, ya
que las fichas técnicas incluían de manera detallada las magnitudes, longitudes, áreas
por construir de espacio público, número de predios por afectar, perfil de la vía de
acuerdo con el POT, entre otros aspectos.

(iv) En comunicación DTD 20113150841491 del 12 de diciembre de 2011, el IDU55
aclaró que los recursos adicionales por el inventario forestal adelantado en la
ejecución del contrato no podían ser reconocidos, toda vez que en los términos de
referencia se contempló para la etapa de estudios y diseños que el consultor debía
cumplir con la entrega de productos ambientales, tal y como se acordó mediante acta
No. 030 de terminación de la etapa de factibilidad. Agregó que no es cierto que las
actividades ejecutadas hubieren superado las condiciones definidas en las fichas
técnicas de obras, toda vez que las mismas no se incorporaron a los términos de
referencia del proceso de selección, ni tampoco hicieron parte del contrato de
consultoría, ya que esas fichas técnicas son unos indicadores del IDU para contar con
una estimación aproximada de los valores de los presupuestos a ser destinados en la
consultoría y contratos de construcción, pero no deben considerarse como las metas
físicas derivadas del contrato.

Agregó que revisados los productos entregados, de conformidad con el alcance
contemplado en los términos de referencia, era viable el reconocimiento de los diseños
finales y detallados de las estructuras de los puentes peatonales ubicados en la
intersección de la avenida Santa Lucia con avenida Jorge Gaitán, en la intersección
de la avenida Boyacá con la avenida Agoberto Mejía, y en la avenida Ciudad de
Villavicencio con avenida Boyacá, razón por la que accedió al reconocimiento de la
suma de $290.525.633 en el acta de liquidación del contrato.

71. De la lectura de los argumentos esbozados por el consultor y de las pruebas
recaudadas, se puede evidenciar que durante la ejecución del contrato efectivamente
fueron necesarias modificaciones a los productos entregados, las cuales, tal y como
el mismo demandante lo afirma, obedecieron a las aprobaciones y condiciones
generales de las actividades a su cargo, que dependían del visto bueno de las
empresas de servicios públicos.

longitud inicialmente prevista por el IDU. Teniendo en consideración que se proyectó la incorporación del sistema
Transmilenio en la Avenida Villavicencio fue necesario un estudio cumpliendo con la sección V-2B con el fin de
que se proyecte reservar una zona mínima para la implementación del Transmilenio, aspecto que difiere lo
contemplado inicialmente por el IDU que en principio se refirió a una V2 A. Agregó que debió diseñar ciclorrutas
en proyectos en los cuales la ficha de obra proyectada por el IDU no las contemplaba, etc.…
54 Cuaderno 2 folio 207 a 220.
55 Cuaderno 2 folio 238 a 263

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Radicación: 250002336000201302064 01 (59382)
Actor: Consorcio SEINSE
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-
Acción: Controversia contractual.

72. Sin embargo, no es posible concluir que dichas exigencias hayan superado el
alcance inicial del contrato como lo afirmó en su comunicación SEINSE 038-10-118,
ya que no obran en el proceso elementos probatorios, como la propuesta, los pliegos,
el anexo técnico o los términos de referencia, a partir de los cuales pueda
determinarse que esas actividades desbordaban las obligaciones asumidas por el
consultor al suscribir el contrato, mucho más, atendiendo a la modalidad de precio
acordada -global fijo-.

73. Adicionalmente, en el acta de liquidación bilateral se puede evidenciar que las
partes segregaron los aspectos relacionados con la ejecución del contrato, se
refirieron a la ejecución presupuestal del mismo, a la entrega de los documentos y a
las metas físicas del diseño, en las que se dejó evidencia de las cantidades diseñadas;
no obstante, a pesar de que en algunos de los ítems hay una diferencia superior entre
las cantidades iniciales y lo ejecutado, lo cierto es que también se indica que otros
ítems fueron realizados en cantidades inferiores a las previstas inicialmente, y por otra
parte, no es posible establecer que las mayores cantidades no se hubieren
compensado con el reconocimiento de recursos adicionales realizado mediante la
Adición No. 3 y el acta de liquidación del contrato.

74. Así mismo, como se ha señalado, se destaca que el contrato fue celebrado bajo
la modalidad de precio global fijo sin reajustes, por lo que su valor incluía todos los
costos directos e indirectos para la ejecución de la obra, y en ese orden, le
correspondía al contratista precaver un margen de solvencia que le permitiera
asumirlos, tales como el posible incremento de las cantidades de obra inicialmente
previstas; sin embargo, no se acreditó en el proceso que, a pesar de haber realizado
tales previsiones, las cantidades ejecutadas las hubiesen excedido afectando la
equivalencia de las prestaciones pactadas de forma real, grave y significativa, pero
además, con ocasión de circunstancias imprevistas o por causas atribuibles a la
administración por la expedición de actos en ejercicio legítimo de su autoridad, lo cual
de hecho no fue aducido en la demanda. Por tanto, en adición a lo expuesto, la Sala
encuentra que los supuestos fácticos bajo los cuales se pretende fundar un
desequilibrio en el balance económico del contrato por un mayor alcance del contrato,
no se ajustan a aquellos que pueden determinar su ocurrencia.

75. En este orden de ideas, no procede la reclamación presentada, puesto que la
actora incumplió la carga de probar las razones en las que sustentó su solicitud.

Mayores costos por particularidades asociadas a cada uno de los proyectos a
cargo del consultor

76. En la demanda el actor manifestó que debió incurrir en mayores gastos como
consecuencia de los mayores costos que implicó el cumplimiento de las obligaciones
a su cargo por las particularidades que tenía cada uno de los proyectos,
particularidades que no fueron advertidas en el alcance inicial del negocio jurídico.
Indicó que por ello se vio obligado a ejecutar mayores alcances físicos de diseño en
relación con las áreas de espacio público y longitudes de vías, ciclorrutas y puentes
peatonales.

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Radicación: 250002336000201302064 01 (59382)
Actor: Consorcio SEINSE
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-
Acción: Controversia contractual.

77. Sobre el particular, es preciso indicar que si bien el actor asoció esta causal al
rompimiento del equilibrio económico del contrato, no lo soportó probatoriamente, toda
vez que no demostró que efectivamente hubiese incurrido en unos sobrecostos, su
cuantía, el impacto económico generado por cada una de esas circunstancias, ni que
las mismas no fueron compensadas con los reconocimientos económicos realizados
por la entidad contratante a su favor; tampoco se acreditaron las causas de las
variaciones y las razones por las cuales éstas superaron el alea normal del contrato,
no siendo suficiente para ello la comunicación del contratista reclamando por estos
conceptos con posterioridad a su terminación, única prueba obrante en el expediente
en relación con esta pretensión. Por su parte, el dictamen pericial contable practicado
en el proceso tuvo por objeto exclusivo describir y tasar “los sobrecostos
administrativos, financieros y otros indirectos derivados de la mayor permanencia en
obra”56, de manera que no refiere, y mucho menos acredita, la causa, existencia y
cuantía de los presuntos sobrecostos causados por cuenta de los mayores alcances
alegados.

78. Además, se reitera, no obra en el proceso la propuesta, el anexo técnico, o los
términos de referencia que determinaban el alcance inicial de las obligaciones a cargo
del contratista, lo que impide establecer si lo argumentado por el demandante en
efecto correspondió a un mayor alcance físico en los diseños, o si en realidad, fueron
ajustes necesarios para efectos de cumplir con el alcance previsto desde el proceso
de selección.

79. Por tanto, no procede la reclamación presentada.

Perjuicios causados a los miembros del consorcio por el enriquecimiento sin
causa del IDU

80. El actor solicita que se declare patrimonialmente responsable al IDU por los
perjuicios causados a los miembros de los integrantes del consorcio contratista en
virtud de un supuesto enriquecimiento sin causa. Como sustento de su afirmación,
refirió que la consultoría tuvo un costo mayor al pagado por la entidad.

81. Para la Sala, esta pretensión es abiertamente improcedente, pues no es posible
predicar la ausencia de causa en las prestaciones ejecutadas y que fundamentan el
supuesto enriquecimiento sin causa, toda vez que todas las reclamaciones de la parte
actora están sustentadas y cobijadas bajo el marco de ejecución del contrato de
consultoría, lo que descarta la presencia de la pretendida figura. En este sentido, los
aspectos reclamados por el demandante se refieren a la ejecución de actividades
amparadas bajo un contrato debidamente acreditado en el proceso, sin que se hubiere
demostrado otra ejecución al margen de dicho negocio jurídico, o probado
circunstancia de apremio en la que el contratista hubiera sido compelido a la ejecución
de objeto diverso al que se comprometió.

56 Cuaderno No. 4, folio No. 1.

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Radicación: 250002336000201302064 01 (59382)
Actor: Consorcio SEINSE
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-
Acción: Controversia contractual.

82. Por las razones señaladas, en tanto y en cuanto la parte actora no acreditó lo
contrario, la Sala declarará probada la excepción de “inexistencia del desequilibrio
económico del contrato”. Adicionalmente, dado que la parte actora no probó la
existencia, cuantía y origen de ninguno de los sobrecostos reclamados, como tampoco
la configuración de un enriquecimiento sin causa, la Sala también absolverá
favorablemente la excepción de “cobro de lo no debido” propuesta por la parte pasiva.

Costas

83. De conformidad con lo consagrado en el artículo 18857 del CPACA58 y con la
disposición especial del artículo 36559 del CGP, la condena en costas no requiere de
la apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte a quien se le
imponen, toda vez que en el régimen actual, dicha condena se determina con
fundamento en un criterio netamente objetivo60, en este caso frente a la parte que ha
resultado vencida, “siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de
que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley”61.

84. En el presente caso se observa que el IDU, como parte demandada, atendió el
proceso de manera diligente y oportuna, pues contaba con apoderado que asumió su
representación judicial, gestión que se estima suficiente para que se disponga a su
favor la fijación de agencias en derecho en la liquidación de las costas, de acuerdo
con lo previsto en los artículos 365 y 366 del CGP.

85. El artículo 365 ejusdem, en el numeral 4, dispone que cuando la sentencia de
segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada
a pagar las costas de ambas instancias. La liquidación de las costas se debe adelantar
de manera concentrada en el Tribunal que conoció del proceso en primera instancia,
de acuerdo con lo que dispone el artículo 366 del CGP.

57 “Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la

condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.
58 Con la expedición de la Ley 2080 de 2021 se introdujo una reforma al CPACA, norma procesal que en el inciso

final de su artículo 86, contempló que los recursos interpuestos “se regirán por las leyes vigentes cuando se
interpusieron los recursos”.
Por lo anterior, como en el presente asunto el recurso de apelación se interpuso el 9 de diciembre de 2015, con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 2080 de 2021 -26 de enero de 2021-, le son aplicables “las leyes
vigentes” cuando se interpuso el recurso, es decir, las disposiciones del CPACA sin las reformas introducidas por
la Ley 2080 de 2021.
59 “Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la

condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso,
o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión
que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código (…) 8. Solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación” (subrayado fuera del
texto).
60 Al respecto consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación de 31 de

mayo de 2022, radicación 11001-03-15-000-2021-11312-00 (IJ), C.P. Rocío Araújo Oñate.
61 De acuerdo con la Corte Constitucional, “La condena en costas no resulta de un obrar temerario o de mala fe, o

siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en el proceso o recurso que haya
propuesto, según el artículo 365. Al momento de liquidarlas, conforme al artículo 366, se precisa que tanto las
costas como las agencias en derecho corresponden a los costos en los que la parte beneficiaria de la condena
incurrió en el proceso, siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a
actuaciones autorizadas por la ley. De esta manera, las costas no se originan ni tienen el propósito de ser una
indemnización de perjuicios causados por el mal proceder de una parte, ni pueden asumirse como una sanción en
su contra”. Sentencia C-157/13. M.P. Mauricio González Cuervo.

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Radicación: 250002336000201302064 01 (59382)
Actor: Consorcio SEINSE
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-
Acción: Controversia contractual.

86. El Acuerdo 1887 de 2003 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura,
vigente para la fecha en que se presentó la demanda62, establece en su artículo
tercero que en la fijación de las tarifas en los asuntos contencioso administrativos,
debe tenerse en cuenta la naturaleza, la calidad y la duración útil de la gestión
realizada por el apoderado, así como la cuantía de la pretensión y demás
circunstancias relevantes. A su vez, el artículo 4 del Acuerdo consagró que las tarifas
máximas de agencias en derecho deben establecerse en salarios mínimos o en
porcentajes relativos al valor de las pretensiones de la demanda reconocidas o
negadas en la sentencia.

87. En lo que a este caso interesa, dado que se revocó totalmente la sentencia de
primera instancia, resulta oportuno anotar que en cuanto a la tasación de las agencias
en derecho de procesos en primera instancia con cuantía, el numeral 3.1.2 del
Acuerdo establece que se fijarán por hasta el veinte por ciento (20%) del valor de las
pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia. Por su parte, el numeral 3.1.3
dispone que las agencias en derecho en segunda instancia en los procesos con
cuantía, se fijarán por hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones
reconocidas o negadas en la sentencia.

88. A partir de lo expuesto, la Sala fijará las agencias en derecho de ambas
instancias, que estarán a cargo de las sociedades SESAC S.A. y SERVINGE LTDA.,
integrantes del Consorcio SEINSE, de forma solidaria, y a favor del Instituto de
Desarrollo Urbano – IDU, teniendo en consideración valor de las pretensiones
económicas de la demanda que fueron negadas, y que ascendieron a la suma de
$1.550.595.27563.

En relación con la primera instancia, se fijan en el 0,5% de las pretensiones, que
equivale a $7.752.976.37 Así mismo, en la segunda instancia, se fijan en el 1% de
las pretensiones, equivalente a $15.505.952,75.

IV. PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida 20 de abril de 2017, por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A.

62 Que fija, en su numeral 3.3.1. que las agencias de derecho podrán ser fijadas en hasta el 5% de las pretensiones

reconocidas o negadas en la sentencia. Este Acuerdo es aplicable a este caso pese a la derogatoria que hizo de
él el Acuerdo 10554 de 2016 que fue expedido con ocasión de la entrada en vigencia del CGP. El Acuerdo 10554
estableció en su artículo 7º que “se aplicará respecto de los procesos iniciados a partir de dicha fecha. Los
comenzados antes se siguen regulando por los reglamentos anteriores sobre la materia, de manera especial los
contenidos en los Acuerdos 1887 de 2003”.
63 Cuaderno No. 5, folios 4 y 39.

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Radicación: 250002336000201302064 01 (59382)
Actor: Consorcio SEINSE
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-
Acción: Controversia contractual.

SEGUNDO: DECLARAR probadas la excepciones de “inexistencia del desequilibrio
económico del contrato”, “el contrato es ley para las partes” y “cobro de lo no debido”
propuestas por la parte demandada, y en consecuencia, NEGAR las pretensiones de
la demanda.

TERCERO: CONDENAR en costas de ambas instancias a las sociedades SESAC S.A.
y SERVINGE LTDA., integrantes del Consorcio SEINSE, las cuales serán liquidadas
de manera concentrada por el Tribunal de primera instancia, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 366 del Código General del Proceso.

Para el efecto, las agencias en derecho en primera instancia se fijan en la suma de
siete millones setecientos cincuenta y dos mil novecientos setenta y seis pesos con
treinta y siete centavos ($7.752.976.37), cifra a cargo de las sociedades SESAC S.A.
y SERVINGE LTDA., integrantes del Consorcio SEINSE, de forma solidaria, en favor
del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU.

Como agencias en derecho en segunda instancia, se fija la suma de quince millones
quinientos cinco mil novecientos cincuenta y dos pesos con setenta y cinco centavos
($15.505.952,75) cifra a cargo de las sociedades SESAC S.A. y SERVINGE LTDA.,
integrantes del Consorcio SEINSE, de forma solidaria, en favor del Instituto de
Desarrollo Urbano – IDU.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE64
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

VF

64 Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se

suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado
digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

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