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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-33-000-2017-00248-01

Fecha
8 de abril de 2024
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-33-000-2017-00248-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. MODIFICAR la sentencia del 31 de mayo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, la cual quedará así: PRIMERO: DECLARAR el incumplimiento contractual por parte del Departamento de Norte de Santander del contrato de Consultoría No. PDA-NS- FIA-009-2011, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: LIQUIDAR judicialmente el Contrato de Consultoría No. PDA-NS- FIA-009-2011 del 05 de octubre de 2011, celebrado entre el Departamento Norte de Santander y el Consorcio Consultoría Norte; como consecuencia, el departamento deberá pagarle a la parte demandante la suma de ciento sesenta y nueve millones quinientos sesenta y cuatro mil doscientos trece pesos con treinta y un centavos ($169.564.213,31). TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. SEGUNDO. - CONDENAR en costas, por esta instancia, al departamento de Norte de Santander, en favor del consorcio Consultoría Norte por la suma equivalente a un (1) SMLMV. Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal a quo. TERCERO. - Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 54001-23-33-000-2017-00248-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

8 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., ocho (8) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 54001233300020170024801 (67.446)
Demandante: Consorcio Consultoría Norte y otros
Demandado: Departamento de Norte de Santander
Acción: Controversias contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia

Temas: INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL – por el no pago de la remuneración pactada, examen
del contenido y alcance de las normas negociales – no procede por la inobservancia de la
administración de liquidar unilateralmente el contrato / ROMPIMIENTO DEL EQUILIBRIO
ECONÓMICO DEL CONTRATO – la inobservancia del principio de planeación como factor de
ruptura de la ecuación económica.

Surtido el trámite de ley sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado a
resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia mediante la cual se
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Se discute el incumplimiento de las obligaciones de la contratante por no pagar en
tiempo un acta de entrega de productos y por no aplicar correctamente las normas
del contrato relativas a la determinación del valor de remuneración; asimismo, se
debe establecer si se produjo una ruptura en el equilibrio económico del contrato
por desconocimiento del deber de planeación.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la decisión proferida el 31 de mayo de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, a través de la cual decidió:

“PRIMERO: Declárase liquidado judicialmente el Contrato de Consultoría No.
PDA-NS-FIA-009-2011 del 05 de octubre de 2011, celebrado entre el
Departamento Norte de Santander y el Consorcio Consultoría Norte, en la
forma expuesta en la parte motiva de la sentencia.

SEGUNDO: Niéguense las demás pretensiones de la demanda, por las
razones expuestas en la parte motiva.

TERCERO: Sin condena en costas.

CUARTO: Ejecutoriada la presente providencia, archívese el expediente
previas anotaciones secretariales de rigor y devuélvase a la parte actora los
valores consignados para gastos del proceso, excepto los ya causados”.

Radicación: 54001233300020170024801 (67.446)
Demandante: Consorcio Consultoría Norte y otros
Demandado: Departamento de Norte de Santander
Asunto: Controversias contractuales

2. La providencia cuestionada resolvió la demanda cuyas pretensiones, hechos
principales y fundamentos de derecho son, los siguientes:

Pretensiones

3. El 6 de abril de 2017 1 , el consorcio Consultoría Norte, Sugey Duarte
Cifuentes y David Rodrigo Prieto Gamboa2, en calidad de hijo y heredero del señor
Jaime César Prieto Moreno 3 , (en adelante los demandantes, el consorcio o el
contratista) presentaron demanda contra el departamento de Norte de Santander
(en adelante el departamento, la contratante o la entidad), con el fin de obtener las
siguientes declaraciones y condenas (se transcribe como obra en el texto original):

“1.1. PRIMERA.- Que se declare que el DEPARTAMENTO DE NORTE DE
SANTANDER incumplió el contrato de consultoría No. PDA-NS-FIA-009-2011
que suscribió el día 5 de octubre de 2011 (en adelante ‘el CONTRATO) con el
consorcio ‘Consultoría Norte’ (en adelante el ‘CONSORCIO’), así como su
Otrosí Modificatorio de Adición y Prórroga Nº 05 suscrito el 15 de febrero de
2013, porque, dentro de los cuatro (4), meses de que trata la cláusula décimo
sexta contractual, se abstuvo de adelantar el trámite de la liquidación bilateral,
y así mismo, una vez vencido este plazo, se abstuvo de realizar la liquidación
unilateral de que trata el artículo 11 de la ley 1150 de 2007.

1.2. SEGUNDA. - Que, atendiendo el incumplimiento de que trata la pretensión
primera inmediatamente anterior, se proceda a ordenar y realizar la
correspondiente liquidación judicial.

1.3. TERCERA. - Que como consecuencia de la pretensión segunda, se ordene
incluir en la liquidación judicial las sumas de dinero que el DEPARTAMENTO
DE NORTE DE SANTANDER se abstuvo de pagar por concepto del Acta de
terminación de productos Nº 6 suscrita entre las partes el 21 de julio de 2014
del CONTRATO.

1.4. CUARTA.- Que como consecuencia de la pretensión segunda se ordene
incluir en la liquidación judicial las sumas de dinero que el Departamento de
Norte de Santander se abstuvo de pagar por concepto del excedente
correspondiente al 8% del valor de las obras diseñadas con respecto a lo
inicialmente estimado en el CONTRATO y su Otrosí Modificatorio de Adición y
Prórroga Nº 05 suscrito el 15 de febrero de 2013, con el CONSORCIO,
conforme lo estipulado en la cláusula PRIMERA del contrato y la cláusula
SEGUNDA del otrosí.

1.5.QUINTA.- Que, como consecuencia del incumplimiento de que trata la
pretensión TERCERA, se condene al DEPARTAMENTO DE NORTE DE
SANTANDER a reconocer y pagar al CONSORCIO, e incluir en la liquidación
judicial, el valor que corresponde al Acta de terminación de productos Nº 6
suscrita entre las partes el 21 de julio de 2014 con las actualizaciones e
intereses a que haya lugar, calculados estos últimos desde la fecha en que
debió realizar el pago y hasta la fecha en que se produzca el desembolso
respectivo.

1 Folio 23 del archivo “2_ED_001DEMANDA(.PDF) NroActua 2” obrante en el EXPEDIENTE DIGITAL, del

índice 002 de SAMAI.
2 En los términos del documento de constitución, el consorcio Consultoría Norte se integró por Sugey Duarte

Cifuentes y Jaime Prieto Moreno, ambos con un 50% de participación (folios 21 y 22 del archivo
“3_ED_002ANEXOSDEMANDA(.PDF) NroActua 2” del EXPEDIENTE DIGITAL, índice 002 de SAMAI)
3 Quien falleció el 13 de diciembre de 2015, según registro civil de defunción que obra a folio 5 del archivo

“3_ED_002ANEXOSDEMANDA(.PDF) NroActua 2” del EXPEDIENTE DIGITAL, índice 002 de SAMAI.

2

Radicación: 54001233300020170024801 (67.446)
Demandante: Consorcio Consultoría Norte y otros
Demandado: Departamento de Norte de Santander
Asunto: Controversias contractuales

1.5. SEXTA.- Que, como consecuencia del incumplimiento de que trata la
pretensión CUARTA, se condene al DEPARTAMENTO DE NORTE DE
SANTANDER a reconocer y pagar al CONSORCIO, e incluir en la liquidación
judicial, el valor que por concepto del excedente del 8% del valor de las obras
diseñadas con respecto a lo inicialmente estimado en el CONTRATO y su
Otrosí Modificatorio de Adición y Prórroga Nº 05 suscrito el 15 de febrero de
2013, con el CONSORCIO, con las actualizaciones e intereses a que haya
lugar, calculados estos últimos desde la fecha en que debió realizar el pago y
hasta la fecha en que se produzca el desembolso respectivo.

1.7. SÉPTIMA. - Que se restablezca el equilibrio del contrato de consultoría No.
PDA-NS-FIA-009-2011 que suscribió el DEPARTAMENTO DE NORTE DE
SANTANDER el día 5 de octubre de 2011 con el CONSORCIO.

1.8. OCTAVA. - Que, como consecuencia del restablecimiento del equilibrio
económico del CONTRATO de que trata la pretensión SÉPTIMA, se conde al
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER a reconocer y pagar al
CONSORCIO, e incluir en la liquidación judicial, el valor que corresponde a
dicho restablecimiento con las actualizaciones e intereses a que haya lugar,
calculados estos últimos desde la fecha en que debió realizar el pago y hasta
la fecha en que se produzca el desembolso respectivo.

1.9. NOVENA. - Que se condene al DEPARTAMENTO DE NORTE DE
SANTANDER al pago de intereses moratorios a la máxima tasa legal permitida,
desde el momento en (sic) de la sentencia hasta el día de su pago efectivo.

1.10. DÉCIMA. - Que se condene en costas y agencias en derecho al
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER”4.

Hechos

4. El consorcio y el departamento suscribieron el contrato de consultoría PDA-
NS-FIA-009-2011, cuyo objeto consistió en la “Consultoría para el ajuste de los
diagnósticos existentes en Agua Potable y Saneamiento Básico, incluido el Catastro
de Redes, la Elaboración o Actualización de Planes Maestros y la Elaboración de
Estudios y Diseños detallados para Construcción y Planes de Obras e Inversiones
de los Sistemas de Acueducto y Alcantarillado de los municipios de Cácota,
Labateca, Lourdes, Puerto Santander, San Cayetano, Santo Domingo de Silos y
Toledo”5, por un valor de $1.627’603.903 y un término de 8 meses a partir de la
suscripción de su acta de inicio, hecho que tuvo lugar el 13 de diciembre de 2011.
En virtud de varias prórrogas y suspensiones el plazo finalizó el 21 de julio de 2014.

5. Con la adición y prórroga Nº 5 del 15 de febrero de 2013, además de
extender el plazo negocial en cuatro (4) meses, se aumentó el precio del contrato
en $491’161.170.

6. El 21 de julio de 2014 se suscribió el acta de terminación de productos No.
6 por valor de $78’216.776, iva incluido, mediante la cual se recibió el 10% de los
productos relacionados con la ejecución de los catastros adicionales de

4 Folios 1 a 3 del archivo “2_ED_001DEMANDA(.PDF) NroActua 2” obrante en el EXPEDIENTE DIGITAL, del

índice 002 de SAMAI.
5 Folio 4 del archivo “2_ED_001DEMANDA(.PDF) NroActua 2” obrante en el EXPEDIENTE DIGITAL, del índice

002 de SAMAI.

3

Radicación: 54001233300020170024801 (67.446)
Demandante: Consorcio Consultoría Norte y otros
Demandado: Departamento de Norte de Santander
Asunto: Controversias contractuales

alcantarillado del municipio de Puerto Santander y el 30% de los diseños
adicionales de la planta de tratamiento de aguas residuales de los municipios de
Santo Domingo de Silos y Toledo. En acta de la misma fecha, se dejó constancia
de que el consultor atendió todas las observaciones remitidas por el revisor del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (en adelante el Ministerio
o el MAVDT), viabilizó los proyectos asignados y, por ende, cumplió con los
alcances técnicos y administrativos fijados en el contrato.

7. Pese a que el consorcio presentó varias facturas para el cobro del acta de
productos No. 6, la cual se debía cancelar previo descuento del saldo pendiente
para amortizar el 100% del anticipo –$31’286.712–, el departamento se abstuvo de
pagarla.

8. En el parágrafo 2 de la cláusula primera del contrato se estableció que la
actividad 1.6 relativa a diseños de nuevas estructuras de acueducto y alcantarillado
se cancelaría sobre un 8% del valor de las obras diseñadas con inversiones
inicialmente previstas en $2.600’000.000, por lo cual se estimó una suma de
$208’000.000. De conformidad con la cláusula tercera, el valor definitivo de tales
obras se debía establecer según el que fuera determinado en la viabilización de los
proyectos por parte de la ventanilla única del Ministerio, trámite que arrojó para la
mayoría de los proyectos un valor de obras superior al inicialmente estimado. Solo
respecto de un proyecto el resultado fue inferior. Por lo anterior existe un saldo a
favor de la contratista de $259’774.331,12.

9. En el adicional del 15 de febrero de 2013 se asignaron recursos, antes de
IVA, por valor de $372’294.112,12 para el diseño de nuevas estructuras de planta
de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Silos, plantas de tratamiento
de agua potable y de residuales en el municipio de Toledo, y estudio
geomorfológico y dinámica fluvial del río Zulia en la zona de la bocatoma y se
acordó que se pagarían sobre el 8% del valor de las obras adicionales. El valor de
las obras en dos de los proyectos resultó superior al estimado, en los otros dos
resultó ser menor. Por este concepto se adeuda al contratista la suma de
$78’897.164,26.

10. Para la optimización de las estructuras actuales del sistema de acueducto y
alcantarillado de los municipios, también se requería la elaboración de diseños, por
lo cual para establecer su valor definitivo se debía aplicar el 8% al valor de las obras
que se estableciera en la viabilización de los proyectos por parte de la ventanilla
única del Ministerio. Al aplicar tal porcentaje se observó que los valores inicialmente
estimados no guardan relación con la dimensión de las obras resultantes, dado que
la entidad estimó unos valores globales, en atención a los diagnósticos existentes
y asignó el mismo presupuesto a todos los municipios, pese a que todos cuentan
con características técnicas, demográficas, de infraestructura y económicas muy
diferentes, lo que generó un desequilibrio de la ecuación económica en detrimento
del consorcio que asciende a $1.004’970.576.

4

Radicación: 54001233300020170024801 (67.446)
Demandante: Consorcio Consultoría Norte y otros
Demandado: Departamento de Norte de Santander
Asunto: Controversias contractuales

11. Añadió que todos los proyectos fueron viabilizados por la ventanilla única, a
excepción de la optimización del acueducto del municipio de Silos y de la
optimización del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial del municipio de Puerto
Santander, por razones ajenas al consorcio. Respecto de la optimización del
sistema de alcantarillado del municipio de San Cayetano, indicó que obtuvo
“concepto aceptable” por parte del Ministerio, dado que no se contaba con los
recursos de cofinanciación requeridos.

12. En la cláusula décima sexta del contrato se estipuló que debía ser liquidado
bilateralmente dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminación y
unilateralmente dentro de los dos (2) meses posteriores al vencimiento del plazo
anterior; sin embargo, a la fecha de presentación de la demanda no se había
realizado el balance final del contrato.

13. Al departamento le corresponde reconocer y pagar: (i) el valor contenido en
el acta de terminación de productos No. 6, previo descuento del saldo pendiente
por amortizar; (ii) el excedente correspondiente al 8% del valor de las obras
diseñadas con respecto a lo inicialmente estimado en el contrato y en el adicional;
y (iii) el desbalance generado por la subestimación, por parte de la entidad, del valor
de la optimización de las estructuras actuales de los sistemas de acueducto y
alcantarillado.

Fundamentos de derecho

14. En el acápite de fundamento de derecho se relacionaron los artículos 90 y
209 de la Constitución Política, 1602, 1603, 1604, 1608, 1609, 1613, 1614, 1615 y
1617 del Código Civil, 822, 864 y 871 del Código de Comercio, 27, 40, 50 y 60 de
la Ley 80 de 1993 y 13 de la Ley 1150 de 2007.

Contestación de la demanda

15. El departamento se opuso a las pretensiones de la demanda. Como
fundamento sostuvo que no procede el reconocimiento del 8% respecto de las
obras proyectadas a título de remuneración por la elaboración de sus diseños,
comoquiera que el consorcio liquidó dicho porcentaje con base en la cifra real de
las obras diseñadas y no con base en su valor estimativo, que fue lo que se pactó
en el contrato.

16. Dado que el valor a reconocer al contratista por la elaboración de los diseños
estaba definido en el contrato inicial teniendo como tope máximo el valor de
$208’000.000, resultante de aplicar el 8% al valor inicial estimado de las obras, para
superar dicho monto el consorcio debió manifestar al departamento el aumento de
tal cifra, con el fin de que éste pudiera atender dichos requerimientos y conservar
el equilibrio económico del negocio.
17. Formuló la excepción de caducidad. Para la fecha en la que se presentó la
solicitud de conciliación extrajudicial restaban dos (2) días para que aconteciera
dicho fenómeno procesal. Como la constancia de conciliación extrajudicial se

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Radicación: 54001233300020170024801 (67.446)
Demandante: Consorcio Consultoría Norte y otros
Demandado: Departamento de Norte de Santander
Asunto: Controversias contractuales

expidió el 5 de abril de 2017, el término se extendió hasta el 7 de ese mismo mes
y año, pero la demanda se radicó el 17 de abril siguiente 6.

Alegatos en primera instancia

18. Surtido el debate probatorio 7 , en el término para alegar de conclusión, el
consorcio8 señaló que no era cierto que en la demanda no se hubiere liquidado el
valor correspondiente al 8% solicitado y, en todo caso, el dictamen pericial aportado
daba cuenta de la suma a la que ascendía tal porcentaje. Respecto de la pretensión
concerniente al pago del acta de terminación de productos No. 6, señaló que el
departamento pagó el 11 de abril de 2017 la suma de $46’930.067 -incluido IVA-,
por lo que el saldo adeudado por este concepto, previo cálculo de los intereses
corrientes y moratorios, era de $33’777.855.

19. Añadió que los testimonios rendidos en el proceso soportan sus
pretensiones, en tanto dan cuenta de que la estructuración del contrato se basó en
diagnósticos preexistentes que resultaron diferentes a la realidad, lo que obligó al
diseño de obras que no se consideraron desde el principio y generó que los
estimativos en torno al valor inicial fueran menores respecto de los nuevos
diagnósticos e ingeniería de detalle; al tiempo que revelaron la realidad de los
sistemas de acueducto y alcantarillado. Agregó que el dictamen pericial aportado
al expediente fue rendido por un economista con amplia experiencia en el sector de
saneamiento básico y que no fue objetado.

20. El departamento9 ratificó las razones de su defensa y aseveró que el dictamen
pericial no aporta elementos de juicio para tener certeza sobre los perjuicios que
reclama la parte demandante. Dijo que el consorcio no presentó solicitudes o
reclamaciones fundadas en la alteración del equilibrio económico durante la

6 En la audiencia inicial, celebrada el 23 de abril de 2018, al a quo declaró no probada la excepción de caducidad

propuesta por el departamento. Decisión que no fue debatida por las partes. Al respecto, sostuvo:
“Conforme a lo expuesto, la parte actora tenía hasta el 22 de enero de 2017 para presentar la demanda, sin
embargo, dicho término se suspendió el día 20 de enero de 2017 con la solicitud de conciliación judicial, es
decir faltando dos días para finalizar el término.
Ahora bien, el término se reanudó el día 5 de abril de 2017, lo cual quiere decir que la parte actora contaba
hasta el día 7 de abril de 2017 para presentar la demanda en término, así las cosas, dado que se encuentra
probado que la demanda fue presentada el día 6 de abril de 2017, tal como se puede observar con el sello de
la oficina de apoyo judicial que obra a folio 23 del expediente, es diáfano para el Despacho que en el presente
asunto no operó la caducidad del medio de control” (folios 3 y 4 del archivo “11_ED_009ACTAAUDINI(.PDF)
NroActua 2” del EXPEDIENTE DIGITAL, índice 002 de SAMAI.
7 En la audiencia inicial del 23 de abril de 2018, el Tribunal incorporó como pruebas los medios documentales

aportados con la demanda -visibles en los siguientes archivos del EXPEDIENTE DIGITAL:
“3_ED_002ANEXOSDEMANDA(.PDF) NroActua 2” y “4_ED_002ANEXOSDEMANDA(.RAR) NroActua 2” - y
en la contestación de ésta –documento “8_ED_006CONTESTACIONDEMAN(.PDF) NroActua 2” del
EXPEDIENTE DIGITAL-; asimismo, decretó los testimonios de los señores Juan Manuel Gutiérrez Segura
(rendido en la audiencia de pruebas del 31 de julio de 2018), John Jairo Isaza Peña (se aceptó su desistimiento
en la audiencia de pruebas del 31 de julio de 2018) y Mayra Magdalena Delgado Bueno (practicado en la
audiencia de pruebas del 31 de julio de 2018) y respecto del dictamen pericial financiero que fue allegado con
la demanda, en la continuación de la audiencia de pruebas, celebrada el 28 de enero de 2019, el perito expuso
las razones y conclusiones del dictamen que rindió (archivo “16_ED_017ACTAAUDPRUEBASPD(.PDF)
NroActua2” del EXPEDIENTE DIGITAL).
8 Folios 2 a 18 del archivo “17_ED_019ALEGATOSCONCLUSIO(.PDF) NroActua 2” del EXPEDIENTE

DIGITAL, en el índice 002 de SAMAI.
9 Folios 19 a 23 del archivo “17_ED_019ALEGATOSCONCLUSIO(.PDF) NroActua 2” del EXPEDIENTE

DIGITAL, en el índice 002 de SAMAI.

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Radicación: 54001233300020170024801 (67.446)
Demandante: Consorcio Consultoría Norte y otros
Demandado: Departamento de Norte de Santander
Asunto: Controversias contractuales

ejecución contractual al suscribir las adiciones, suspensiones, o prórrogas del
plazo.

21. El Ministerio Público guardó silencio.

Fundamentos de la providencia recurrida

22. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander indicó que se acreditó que
no hubo liquidación bilateral ni unilateral y, por tanto, se incumplió la cláusula
décimo sexta del contrato, por lo cual lo liquidó judicialmente. Negó el
reconocimiento de las sumas dinerarias que el consorcio pidió incluir dentro del
corte de cuentas, por las siguientes razones:

• En el acta de terminación No. 6 del 21 de julio de 2014, el departamento no aceptó
el pago de ninguna suma de dinero. Se trató de un documento para dar por
terminado el negocio jurídico, sin que el consorcio realizara ninguna manifestación
sobre la existencia de pagos pendientes a su favor.

• El reconocimiento del 8% sobre la totalidad del valor definitivo de las obras
diseñadas que se pretende en la demanda se basa en una errada interpretación
del numeral 1.6 de la cláusula primera del contrato, la cual fijó ese monto como tope
máximo a reconocer por concepto de diseños de nuevas estructuras de acueducto
y alcantarillado. Lo que se reafirma porque en la cláusula tercera se previó que el
precio pactado incluía todos los gastos y costos en que deba incurrir el consultor
para la ejecución del objeto y que el departamento no asumiría ningún reajuste que
fuera previsible al momento de presentar la propuesta.

• Sobre el diseño de las obras que se pactaron a través del contrato adicional, indicó
que el otrosí no modificó el contrato original, ni estableció el reconocimiento del 8%
respecto de esas obras adicionales.

• La alegada subestimación que habría dado el departamento a las obras diseñadas
para la optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado respecto del
valor real de los diseños que fueron realizados por la consultoría no encuadra en
ninguno de los eventos que dan lugar a la ruptura del equilibrio económico del
contrato, en tanto desde la publicación del pliego de condiciones el consorcio tuvo
acceso a las condiciones establecidas para su desarrollo, momento en el que debió
formular los reparos sobre el valor que consideraba adecuado como remuneración
de las labores a contratar.

• La liquidación judicial se hizo teniendo en cuenta los parámetros consignados en
el acta de terminación del 21 de julio de 2014 –valor total del contrato, término de
duración y la no inclusión de saldos pendientes a favor de las partes–, con la
conclusión de que el departamento no debe ninguna suma a favor del contratista.

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Radicación: 54001233300020170024801 (67.446)
Demandante: Consorcio Consultoría Norte y otros
Demandado: Departamento de Norte de Santander
Asunto: Controversias contractuales

II. EL RECURSO DE APELACIÓN

23. El consorcio impugnó el fallo de primer grado, con el fin de que sea revocado
y, en su lugar, se acceda a los pedimentos de la demanda. Como sustento de su
inconformidad expresó que:

24. El a quo confundió el acta de terminación del contrato con el acta de recibo
de productos No. 6, documentos que se suscribieron el mismo 21 de julio de 2014.
Sí existió una deuda asociada a esa última acta, tanto que el departamento pagó
una cifra con sustento en ella, lo cual fue informado por el consorcio en la audiencia
inicial, así como en los alegatos de conclusión de primera instancia y dio lugar a
que se recalculara el saldo pendiente de pago en $33’777.855, con corte a 31 de
enero de 2019.

25. No se discute la tarifa del 8% para el pago de los diseños elaborados, sino
que, de conformidad con lo pactado en la cláusula 1.6 del contrato, ese porcentaje
debía ser aplicado al valor definitivo de las obras diseñadas que determinara la
Ventanilla Única del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, no a la cifra
estimada inicialmente para aquéllas en $2.600’000.000. La interpretación del
Tribunal riñe con lo previsto en el contrato y el entendimiento de ambas partes, pues
lo que se previó fue una estimación inicial que podía cambiar cuando se tuvieran
todas las obras prioritarias y sus diseños definitivos.

26. No existen razones para no otorgarle credibilidad a la declaración de la
supervisora del contrato, quien según su idoneidad y conocimiento en relación con
los aspectos que le fueron puestos de presente, reconoció que en aplicación de la
metodología prevista para el pago de los diseños, se debía al consorcio un monto
correspondiente a la variación del costo definitivo de las obras.

27. No se valoró el dictamen pericial financiero que fue aportado al proceso y
que no fue objetado por el departamento, el cual da cuenta de los reconocimientos
que se solicitan, lo que evidencia una vulneración al derecho del debido proceso
del accionante.

28. El Tribunal pasó por alto que los diseños elaborados para la optimización de
los sistemas de acueducto y alcantarillado se debían cancelar sobre la base del
cálculo del 8% del valor de la obras proyectadas; además, los montos inicialmente
previstos por la contratante en relación con este concepto no guardaron relación
con las obras resultantes, dado que esas cifras iniciales carecían de soporte técnico
y la realidad encontrada en los sistemas de acueducto y alcantarillado difiere
sustancialmente de lo que había fijado el departamento que se benefició de los
diseños de unas obras que a todas luces desbordaron lo plasmado en el contrato.

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Radicación: 54001233300020170024801 (67.446)
Demandante: Consorcio Consultoría Norte y otros
Demandado: Departamento de Norte de Santander
Asunto: Controversias contractuales

Trámite en segunda instancia

29. En auto del 4 de agosto de 2021 10 , el Tribunal concedió el recurso de
apelación y esta Corporación lo admitió en proveído del 27 de septiembre de ese
año11. Dado que al presente asunto le son aplicables las previsiones de la Ley 2080
de 202112, que modificó el artículo 247 del CPACA, no se corrió traslado a las partes
para alegar de conclusión, comoquiera que no hubo petición probatoria en segunda
instancia.

30. El Ministerio Público guardó silencio13.

III. CONSIDERACIONES

El objeto de la apelación

31. De conformidad con los argumentos que sustentan la alzada, la Sala dirigirá
su decisión a determinar: (i) si a partir del contenido del acta de recibo de productos
No. 6 del 21 de julio de 2014, es posible deducir que el departamento adeuda al
consorcio la suma de dinero allí indicada; (ii) si el valor a pagar por todos los diseños
debía calcularse con base en el 8% del valor definitivo de las obras que determinara
la ventanilla única del Ministerio; y, (iii) si se rompió el equilibrio económico del
contrato porque los valores inicialmente previstos para los diseños de optimización
no guardaron relación con el de las obras resultantes.

32. En lo que concierne al primer punto identificado en el objeto de la apelación,
la Sala encuentra que en el expediente obran dos actas del 21 de julio de 2014. La
primera, denominada “Acta de Terminación”14 suscrita por el secretario de Agua
Potable y Saneamiento Básico del departamento, la interventoría –Consorcio
Gerencia Norte–, la supervisora designada por la entidad –Mayra Delgado Bueno–
y la representante del contratista, en la que se da cuenta de la terminación del
negocio jurídico, con la constancia de que, en virtud de lo plasmado en las actas de
terminación de productos No. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, “el Consultor atendió las
observaciones remitidas por el profesional revisor del Ministerio de Vivienda Ciudad
y Territorio, viabilizó los proyectos asignados y cumplió con los alcances técnicos y
administrativos previstos en el contrato” 15 . La segunda, nombrada “Acta de
Terminación de Productos No. 6”, mediante la cual el contratista y la interventoría
plasmaron que se completó la ejecución del 100% del contrato y que, a través de
ésta, se recibía el 3,69% de la labor ejecutada, por un valor de $78’216.776, cuya

10 Índice 0024 de la “Gestión en otros despachos” de SAMAI.
11Índice 004 de SAMAI.
12 Toda vez que recurso de apelación se interpuso el 18 de junio de 2021, esto es, en vigencia de la Ley 2080

de 2021 -25 de enero de 2021-.
13 El numeral 6 del art. 247 del CPACA consagra que “[e]l Ministerio Público podrá emitir concepto desde que

se admite el recurso y hasta antes de que ingrese el proceso al despacho para sentencia”; sin embargo, según
consta en el informe secretarial del 8 de noviembre de 2021, índice 009 de SAMAI, el Ministerio Público de
abstuvo de pronunciarse.
14 Folios 107 a 109 del archivo “3_ED_002ANEXOSDEMANDA(.PDF) NroActua 2” del EXPEDIENTE DIGITAL,

índice 002 de SAMAI.
15 Folio 109 del archivo “3_ED_002ANEXOSDEMANDA(.PDF) NroActua 2” del EXPEDIENTE DIGITAL, índice

002 de SAMAI.

9

Radicación: 54001233300020170024801 (67.446)
Demandante: Consorcio Consultoría Norte y otros
Demandado: Departamento de Norte de Santander
Asunto: Controversias contractuales

sumatoria con las actas acumuladas resultaba en la ejecución de la totalidad del
precio pactado, incluida su adición, esto es, el monto de $2.118’765.070, así16:

33. El contenido de los referidos documentos es prueba suficiente del
cumplimiento de las obligaciones del contratista. Las actas son, por excelencia, el
medio idóneo que se utiliza, entre otras cosas, para dejar constancia del avance de
ejecución del contrato, así como de la forma en que se entrega y recibe el objeto
pactado, motivo por el cual es común que, como requisito para el pago, las partes
acuerden que estén suscritas por quienes están llamados a verificar el
cumplimiento técnico de las obligaciones como aval de la observancia de la
condición que da lugar a esa prestación correlativa, es decir, según el caso y de
conformidad con la Ley 1474 de 2011, por el interventor, el supervisor o por
ambos17.

34. En el parágrafo de la cláusula tercera del contrato –“VALOR DEL
CONTRATO Y FORMA DE PAGO”– las partes estipularon expresamente que todos
los pagos estaban sujetos a la aprobación de los informes de la interventoría –
pues, se insiste, es la que tiene a su cargo la función específica de hacer el
seguimiento del cumplimiento técnico de las obligaciones–, los cuales debían luego
ser revisados por el supervisor y, como es apenas obvio, antes de hacer el egreso
por el ordenador del gasto18:

16 Folio 113 del archivo “3_ED_002ANEXOSDEMANDA(.PDF) NroActua 2” del EXPEDIENTE DIGITAL, índice

002 de SAMAI.
17 Sobre las funciones y responsabilidades de los interventores y supervisores se deben consultar los artículos

82 a 85 de la Ley 1474 de 2011.
18 Respecto del ordenador del gasto cabe precisar que a él correspondía corroborar que se cumpliera con los

requisitos para proceder a realizar el egreso. Sin embargo, su labor no puede confundirse con la del interventor
o con las del supervisor. De conformidad con el inciso tercero del art. 83 de la Ley 1474 de 2011 al interventor
corresponde realizar el seguimiento técnico del cumplimiento de las obligaciones del contrato cuando se
requiere de conocimiento especializados, al supervisor corresponde hacer el seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, cuando no se
requieren conocimientos especializados. De ahí que no se exija ni se hubiere pactado en el contrato de
consultoría que las actas de seguimiento y de estado de su finalización estuvieran suscritas por el ordenador
del gasto.

10

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Asunto: Controversias contractuales

“PARÁGRAFO: FORMA DE PAGO. EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE
SANTANDER pagará al consultor, el valor por el cual se le adjudique el contrato
así: (…) e)Todos los pagos estarán sujetos a la aprobación de los informes por
parte de la interventoría del contrato previa revisión del supervisor y del
ordenador del gasto y sujetos a la siguiente fórmula: 1) Un pago mensual
correspondiente al 90% del al (sic) valor de los productos recibidos a
satisfacción por la interventoría, y el 10% con el acta de recibo final a
satisfacción … PARÁGRAFO 1. Reglas comunes para los pagos. Los pagos
relacionados con el contrato quedan sometidos, además de las condiciones
anteriormente previstas, a las siguientes reglas: a) Deberán ser refrendados
por el Supervisor en los formatos que la Tesorería General del departamento
de Norte de Santander suministre para el efecto. b) El consultor deberá
acreditar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el inciso 2º del
artículo 41 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 23 de la Ley 1150
de 2007. c) Se realizarán dentro de los diez (10) días calendario siguiente a la
fecha de aprobación de los informes previa radicación de las facturas o
cuentas, según sea el caso”19.

35. Se agrega a lo anterior que los documentos fueron aportados oportunamente
con la presentación de la demanda y no fueron cuestionados por la parte
demandada. Así, al estar suscritos por quienes, de conformidad con la Ley y las
reglas del contrato, estaban llamados a dar fe del cumplimiento de las obligaciones
del contratista y no existir conflicto sobre su contenido o validez, la Sala reitera que
constituyen medios demostrativos que prueban con suficiencia que el contratista
cumplió a cabalidad con las prestaciones que daban lugar a que se realizara el
pago pactado.

36. Precisado lo anterior y analizado el contenido de las dos actas del 21 de julio
de 2014, en concordancia con lo estipulado por las partes para el pago del precio
pactado, la Sala concluye que asiste razón a los recurrentes al señalar que sí hay
prueba en el expediente que da cuenta de la existencia de una obligación insoluta
a su favor y a cargo del departamento.

37. A través del otrosí del 15 de febrero de 2013 20, las partes modificaron la
cláusula tercera del contrato para aumentar su valor en $491’161.17021; asimismo,
establecieron la forma en la que se haría el pago de ese monto adicional, pero no
modificaron las reglas comunes para los pagos, las cuales, por tanto, también eran
aplicables al pago de ese mayor valor.

38. Así las cosas, comoquiera que el acta de terminación de productos No. 6 da
cuenta del porcentaje de ejecución del objeto pactado que a través suyo se entregó
y recibió, de su valor y del aval de la interventoría y, en concordancia con ello, en
el acta de terminación de esa misma fecha suscrita por el contratista, la supervisora
y la interventoría, se dejó constancia de que en virtud de lo consignado, entre otras,
en esa acta No. 6, el consorcio cumplió con sus obligaciones, queda demostrado el
surgimiento de la correlativa obligación de pago a cargo del departamento, la cual

19 Folios 34 y 35 del archivo “3_ED_002ANEXOSDEMANDA(.PDF) NroActua 2” del EXPEDIENTE DIGITAL,

índice 002 de SAMAI.
20 Folios 69 a 74 del archivo “3_ED_002ANEXOSDEMANDA(.PDF) NroActua 2” del EXPEDIENTE DIGITAL,

índice 002 de SAMAI.
21 Inicialmente se había estimado en $1.627’603.903.

11

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para hacerse exigible requería, además, que el consorcio acreditara el pago de los
aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social Integral y presentara
la factura respectiva.

39. Está probado también que el contratista presentó ante el departamento
varias facturas con el fin de obtener el pago del acta de terminación de productos
No. 6, en las cuales, además, indicó que el monto pendiente por amortizar del
anticipo correspondía a $31’286.712, por lo cual el capital adeudado ascendía a
$46’930.067. Las antedichas facturas fueron: (i) la 0037 del 10 de diciembre de
201522, (ii) la 0039 del 6 de abril de 201623 y (iii) la 0041 del 2 de enero de 201724;
sin embargo, según se dijo en la demanda, el consorcio no recibió el pago,
manifestación que no requería de prueba por tratarse de una negación indefinida 25.

40. Tanto en la audiencia inicial del 23 de abril de 2018, como en las alegaciones
de primera instancia, el consorcio manifestó que después de la presentación de la
demanda, recibió un abono del departamento por concepto de la pretensión de
incumplimiento en el pago del acta de terminación de productos No. 6. En
específico, en los alegatos aseguró (se transcribe dada su relevancia con este
asunto):

“Tal como se informó al Despacho en la Audiencia Inicial, el 11 de abril se
efectuó un pago asociado al Acta de Terminación No. 6, por lo que a
continuación se precisa la forma en que el mismo afecta el monto de la
pretensión:

(…)

Sin embargo, a cuenta de terminación del Acta de terminación de productos
No. 6 y los intereses generados, la demandada pagó el 11 de abril de 2017 la
suma de $46.930.064,00 –incluido IVA- con un abono neto en cuenta de
$34.909.565,35.

(…)

22 Folio 120 del archivo “3_ED_002ANEXOSDEMANDA(.PDF) NroActua 2” del EXPEDIENTE DIGITAL, índice

002 de SAMAI.
23 Folio 122 del archivo “3_ED_002ANEXOSDEMANDA(.PDF) NroActua 2” del EXPEDIENTE DIGITAL, índice

002 de SAMAI.
24 Folio 123 del archivo “3_ED_002ANEXOSDEMANDA(.PDF) NroActua 2” del EXPEDIENTE DIGITAL, índice

002 de SAMAI.
25 Código General del Proceso, art. 167, inc. final.

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(…)

El saldo a pagar por este concepto [nuevo capital más intereses causados
del 12 de abril de 2017 a 31 de enero de 2019 –calculó los intereses por ese
interregno en $11.076.118,43-] con corte a 31 de enero de 2019 corresponde
a la suma de $33.777.855,00”26 (énfasis agregado).

41. La manifestación de la parte actora respecto del pago que recibió es prueba
suficiente de aquél, pues se trata de una confesión que cumple con los requisitos
del artículo 191 y 193 del Código General del Proceso, en la medida que se hizo en
la audiencia inicial y se ratificó en los alegatos de conclusión, la parte tiene
capacidad y puede disponer sobre la acreencia cuya pago reclamó, se hizo de
manera consciente voluntaria y libre, versa sobre hechos de los que el consorcio
tiene conocimiento y produce consecuencias que favorecen al departamento.

42. Adicionalmente, la prueba debe tenerse en cuenta para proferir el fallo, en la
medida que se trata de un hecho que recae directamente sobre el derecho
sustancial sobre el cual versa el litigio que ocurrió después de presentada la
demanda y que aparece probado en la etapa de alegatos de conclusión, al que el
consorcio ha hecho expresa mención con el objeto de que se modifique el monto
por el que formuló la pretensión del incumplimiento en el pago del acta de
terminación de entrega de productos No. 6 para reducir su monto27.

43. En conclusión, la Sala tiene por acreditado el pago de $46.930.064 que
realizó el departamento respecto del saldo contenido en el acta No. 6 de entrega
de productos; sin embargo, no avala la imputación que de ese valor el demandante
hace a intereses y a capital y a partir de la cual concluye que continúa vigente la
deuda por un valor de $22’701.736 por el primer concepto, más intereses de mora
sobre ese saldo que, hasta el 31 de enero de 2019, calculó en $11’076.118,48.

26 Folios 9 a 12 del archivo “17_ED_019ALEGATOSCONCLUSIO(.PDF) NroActua 2” del EXPEDIENTE
DIGITAL, índice 002 de SAMAI.
27 C.G.P., art. 281.

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44. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1653 del Código Civil, si se
deben capital e intereses el pago se debe imputar primero a los intereses, salvo
que el acreedor manifieste expresamente su aquiescencia para que se impute a
capital, o que expida carta de pago del capital sin mencionar los intereses, evento
en el que la ley presume que fueron pagados. Como en este caso no ha ocurrido
ninguna de las dos circunstancias, se debe concluir que para determinar el valor de
la deuda después del pago del 11 de abril de 2017 era procedente que éste se
imputara primero a los intereses que se hubieren causado hasta esa fecha y,
posteriormente, el saldo al capital. No obstante, no es posible acoger el ejercicio
aritmético que realizó la parte demandante, porque aplicó parte del pago a intereses
corrientes y moratorios que no se causaron.

45. En cuanto a lo primero, debe señalarse que los intereses corrientes ostentan
una naturaleza eminentemente retributiva, en la medida que se pactan para ser
causados entre el momento del surgimiento de la obligación y aquel en el que debe
verificarse su pago y se explican en razón del beneficio o provecho que reporta para
el deudor el hecho de tener a su disposición el dinero por ese lapso o de diferir en
el tiempo el pago de un bien o servicio que ha recibido con anterioridad28, se trata
pues de un rendimiento del capital que recibe el acreedor por el uso que de dicho
bien hace el deudor por un determinado tiempo.

46. La obligación de pago del valor contenido en el acta de terminación de
productos No. 6 no encaja en ninguno de tales supuestos, en la medida que no se
trata de un préstamo de dinero a plazo, ni del pago de los productos diferido en el
tiempo. Las partes no pactaron que entre la fecha de recibo de los productos y la
de exigibilidad de la obligación de pago se causarían esta clase de intereses. En
consecuencia, no es posible descontar del valor pagado por el departamento la
suma de $8’831.803,24 que el contratista afirma se habrían causado por concepto
de intereses corrientes entre el 21 de julio de 2014 y el 10 de diciembre de 201529.

47. En lo que respecta a los intereses de mora, es importante retomar la
distinción entre ésta y la exigibilidad, pues como en otras oportunidades lo ha
señalado la Sala, son nociones diferentes. La exigibilidad se predica de las
obligaciones puras y simples, esto es, de las que no se encuentran sometidas a
plazo, condición o modo, porque no se sujetaron a estas modalidades o porque ya
se realizaron30. La mora, en cambio, supone el retardo culpable del deudor en el
cumplimiento de la obligación y para constituir en ella al deudor se requiere la
reconvención del acreedor. No basta, por tanto, que la obligación sea exigible y no
se cumpla para que el deudor se constituya en mora; es necesaria su reconvención.

28 Los intereses corrientes "... se devengan durante el tiempo que media entre el surgimiento de la obligación

y el día en que ha de cancelarse, y corresponden al beneficio o la ventaja que implica para el deudor tener a
su disposición el dinero a él prestado o no tener que satisfacer aún el precio del bien o del servicio de que ya
entró a disfrutar" Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 24
de febrero de 2005, radicación 85001-23-31-000-1997-00508-02(21120), Consejero Ponente: Ramiro
Saavedra Becerra.
29 Se infiere que toma el 15 de diciembre que es la fecha emisión de la factura No. 0037.
30 Al respecto, ver las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, del 10 de julio de

1995, Exp. 4540. M.P. Pedro Lafont Pianetta y del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A del 23
de octubre de 2020, radicación 25000232600020060206202 (45.190), C.P. José Roberto Sáchica Méndez.

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48. El numeral 3 del artículo 1608 del Código Civil exige una reconvención o
requerimiento judicial del acreedor para el cumplimiento de la obligación, una
interpelación para que el deudor ejecute la prestación exigible que se comprometió
a dar o hacer. Los dos primeros numerales de esa misma disposición establecen
excepciones a la reconvención judicial para la constitución en mora: el primero se
refiere a la hipótesis de que se haya estipulado plazo para el cumplimiento de la
obligación y el segundo a que la obligación no haya podido ser cumplida sino dentro
cierto tiempo que el deudor dejó pasar. El artículo 1617 del mismo Código, que
regula los perjuicios por la mora en el cumplimiento de obligaciones dinerarias, no
contempla una regla diferente, aunque aclara que el acreedor insatisfecho no tiene
necesidad de justificar perjuicios cuando solo cobra intereses, pues basta el hecho
de la mora.

49. En el presente asunto, como se lee de la cláusula tercera del contrato de
consultoría ya transcrita, la obligación de pago se tornaba exigible transcurridos
diez (10) días calendario siguientes a la radicación de las facturas o cuentas de
cobro correspondientes, para lo cual era necesario obtener previamente la
aprobación de los informes por parte del interventor, refrendados por el supervisor
con la satisfacción de los productos entregados. Adicionalmente, el contratista
debía acreditar el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral, según
lo prevé el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.

50. Como en los términos del parágrafo de la cláusula tercera del contrato el
cumplimiento de la obligación de pago se sometió a un plazo específico, los
intereses de mora solo se empezarían a causar si ésta no se satisfacía una vez
cumplido dicho plazo, por lo cual forzoso es concluir que no se originaron desde la
fecha de suscripción del acta de terminación de productos No. 6 del 21 de julio de
2014 como calculó la parte demandante, por cuanto para ese momento la
obligación, aunque existente, no era exigible, pues no se había radicado la factura
de venta con sus anexos y, por lo mismo, no habían transcurrido los diez (10) días
estipulados como plazo para el pago, de ahí que el deudor tampoco se constituyó
en mora desde ese momento.

51. El referido término de diez (10) días no puede contabilizarse tomando como
referencia las dos primeras facturas emitidas por el consorcio, a saber, la 0037 del
10 de diciembre de 2015 y la 0039 del 6 de abril de 2016. A pesar de que en el
expediente obra guía de envío de las mismas, no es posible establecer con certeza
en qué fecha fueron recibidas por el departamento31, por tanto, tampoco es posible
establecer entre qué fechas habrían corrido los diez (10) días pactados en el
contrato para la exigibilidad del pago; aunado a ello, aunque no hay prueba de que
las facturas hubieren sido rechazadas o devueltas por la entidad32, lo cierto es que,

31 En el acta 07 del 4 de abril de 2017, suscrita por el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del
departamento, se hace alusión a esas facturas y a la fecha de envío, no se indica cuándo fueron efectivamente
recibidas en la entidad.
32 Aunque en el acta 07 del 4 de abril de 2017, suscrita por el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del

departamento se aseguró que no se pagaron esas facturas porque contenían un valor distinto al que
correspondía sufragar por concepto del acta de terminación de productos No. 6, en el documento no se da
cuenta si las facturas se devolvieron o se presentó reclamo escrito; sin embargo, sí hay prueba de que el
consorcio las presentó en 3 oportunidades, la última de ellas con corrección del valor.

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incluso, si se asumiera que fueron tácitamente aceptadas33, lo cierto es que no debe
olvidarse que para el pago de la obligación el contratista debía acreditar,
paralelamente, el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral; sin
embargo, no obra información en el proceso que permita establecer que para el
momento en que fueron remitidas tales facturas se hubiere cumplido con esa carga
y, por tanto, que la obligación correlativa de pago se hubiere hecho exigible.

52. Al respecto, la Sala estima pertinente destacar que la carga de acreditar el
pago de los aportes al sistema de seguridad social integral como condición previa
para que la entidad realice la contraprestación correspondiente del contrato estatal
que fue expresamente introducida en el contrato de consultoría, deriva
directamente del imperativo legal contenido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993
que así lo dispone, de manera que no es posible eludir la verificación de su
cumplimiento para establecer cuándo la obligación se hizo exigible.

53. Ahora, según información que se consignó en el acta No. 07 del 4 de abril
de 2017, suscrita por el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del
departamento, la entidad aseguró que el 17 de enero de 2017 se radicó la factura
0041, con la precisión del valor correcto del acta de terminación de productos No.
6 -$78’216.776- y seguidamente afirmó que “a la fecha, se cumple el procedimiento
para su pago”34; de manera que, aun cuando en el expediente no obra constancia
que acredite el pago de los aportes que debía realizar el contratista al sistema de
seguridad social integral, la afirmación realizada por la entidad en ese documento
da cuenta certera de que para la fecha en que se suscribió tal acta, el contratista
ya había cumplido con todas las condiciones que se requerían para hacer exigible
la obligación, incluido el transcurso del término de diez (10) días calendario. La Sala
arriba a esta conclusión ante la ausencia de pruebas que acrediten que la
exigibilidad de la obligación se concretó en un momento anterior.

54. En esa medida y en atención a que no hay prueba de que el departamento
hubiere realizado el pago de la obligación entre el 5 y el 10 de abril de 2017, se
tendrá como fecha del pago aquella en que la parte demandante afirmó que lo
recibió, es decir, el día 11 siguiente; por tanto, se concluye que el demandado se
constituyó en mora desde el 5 de abril de ese año y que los intereses se causaron
sobre el total del capital adeudado hasta el día anterior a la fecha del pago.

55. Llegados a este punto, la Sala advierte que no es posible adoptar las
conclusiones a las que se arribó en el dictamen que se aportó con la demanda
respecto de los intereses que se habrían causado en relación con el acta de
terminación de productos No. 635, en tanto: (i) el perito calculó intereses corrientes
no pactados en el contrato; (ii) los intereses de mora los calculó desde la fecha en
que se expidió la factura No. 0037 del 10 de diciembre de 2015, sin que pudieran
contabilizarse desde ese momento porque, aun si se admitiera hipotéticamente que
la factura hubiere sido radicada en esa misma fecha ante el departamento, lo cierto
33 Código de Comercio, art. 773.
34 Folio 16 del archivo “11_ED_009ACTAAUDINI(.PDF) NroActua 2” del EXPEDIENTE DIGITAL, índice 002 de

SAMAI.
35 Folios 212 y 213 del archivo “3_ED_002ANEXOSDEMANDA(.PDF) NroActua 2” del EXPEDIENTE DIGITAL,

índice 002 de SAMAI.

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es que no habría corrido el plazo de diez (10) días calendario siguientes estipulados
para la exigibilidad de la obligación y, además, no hay prueba de que para ese
momento el consorcio ya hubiere acreditado el pago de los aportes al sistema de
seguridad social integral; (iii) el perito realizó el cálculo de los intereses moratorios
con base en las tasas de interés bancario corriente certificadas por la
Superintendencia Financiera de Colombia. Aunque se trata de una tarifa válida en
el escenario de los contratos mercantiles, lo cierto es que su aplicación a los
contratos sometidos al EGCAP solo tiene cabida cuando proviene de una
convención negocial expresa, la cual no se pactó en el contrato sometido a estudio;
por tanto, ante la falta de estipulación sobre la materia, procede la tarifa supletiva
consagrada en el numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993 –el doble del interés
legal civil (12%)–.

56. Así las cosas, se pasa a calcular los intereses moratorios causados respecto
del acta de terminación de productos No. 6 y su correspondiente factura No. 0041,
cuyo valor ascendió a $78’216.776, menos el saldo del anticipo pendiente de
amortizar -$31’286.712-, es decir, respecto de la suma de $46’930.064 desde el 5
de abril de 2017 hasta el 10 de ese mismo mes y año, comoquiera que el 11 de
abril de esa anualidad la entidad pagó al consorcio la suma de $46’930.064, es
decir, se determinan los intereses moratorios causados durante 6 días, así:

Inicio Final Días Interés Interés Capital Intereses Intereses
moratorio proporcional moratorios acumulados
anual período
5/04/2017 10/04/2017 6 12,00% 0,20% $ 46.930.064 92.574,37 92.574,37

57. Comoquiera que a la fecha del pago, 11 de abril de 2017, ya se había
causado un valor $92.574,37 por concepto de intereses de mora, el valor de
$46’930.064 resultó insuficiente para cumplir los compromisos derivados del acta
de terminación de productos No. 6; por tanto, y ante la constatación de que lo
pagado por el departamento no cubrió la totalidad de la obligación, se aplicará lo
dispuesto en el artículo 1653 del Código Civil36, relativo a la imputación del pago
primero a intereses y luego a capital, al que ya se hizo alusión.

58. En esa medida, de los $46’930.064 pagados por el departamento,
$92.574,37 se deben imputar a intereses moratorios, lo que arroja un saldo de
$46’837.489,63 que se asigna al capital debido, quedando pendiente el pago de la
suma de $92.574,37 del capital, valor que pasará a incluirse como un débito a cargo
del departamento, sobre el cual se siguen causando intereses de mora, hasta la
fecha en que se profiera la presente providencia, por tratarse de un saldo insoluto.
Estos valores se incluirán en el corte de cuentas del contrato que se realizará en
acápites posteriores.

59. Respecto del precio que debía pagarse por la elaboración de los diseños, la
Sala anuncia desde ahora que solo respecto de los de nuevas estructuras su valor

36 “ARTICULO 1653. IMPUTACION DEL PAGO A INTERESES. Si se deben capital e intereses, el pago se

imputará primeramente a los intereses, salvo que el acreedor consienta expresamente que se impute al
capital”.
Si el acreedor otorga carta de pago del capital sin mencionar los intereses, se presumen éstos pagados.

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se establecía aplicando el 8% al valor que determinara la ventanilla única del
Ministerio para las obras diseñadas, pues para los de optimización, el precio no se
sometió a tal operación, sino que su monto se determinó desde el momento mismo
de la celebración del contrato.

60. Para explicar las razones que conducen a la Sala a la anterior conclusión,
resulta ineludible traer de presente las normas negociales que gobernaron esta
materia, en aras de dilucidar el sentido de las mismas y la forma en la que procede
la aplicación del porcentaje referido por la demandante.

61. El contrato de consultoría dividió su objeto en seis (6) actividades principales
a efectuar en los municipios de Lourdes, San Cayetano, Puerto Santander, Cácota,
Silos, Toledo y Labateca. Estas son:

I. Catastro de los sistemas de acueducto (redes, estructuras) y su
implementación en el sistema de información geográfico.
II. Catastro de redes de los sistemas de alcantarillado y su implementación
en el sistema de información geográfico.
III. Socializaciones, actualización y/o elaboración del diagnóstico y plan
maestro de acueducto y alcantarillado en las zonas urbanas de las
entidades territoriales.
IV. Optimización de las estructuras actuales de los sistemas de acueducto
de los municipios.
V. Optimización de las estructuras de los actuales sistemas de alcantarillado
de los municipios.
VI. Diseños de las nuevas estructuras de acueducto y alcantarillado que se
autoricen.

62. Para cada actividad se diferenció la forma de remuneración. A partir del
cuadro que se incluyó en la cláusula primera del contrato, se concluye que: en
relación con las labores de catastro, el valor se estipuló a precios unitarios, en tanto
la unidad de medida se fijó en función de kilómetros, y su precio total se determinó
por el resultado de multiplicar la cantidad de unidades por el valor pactado respecto
de cada una de ellas (numerales 1.1 y 1.2 de la cláusula primera del contrato); en
lo que concierne a las actividades de socialización (numerales 1.3 de la cláusula
primera) y de optimización, en la casilla denominada “UNIDAD” del cuadro se
incluyó la expresión “GLOBAL”, la casilla de “CANTIDAD” se dejó vacía y la de
“PRECIO UNITARIO” se diligenció con el mismo valor que el que se dejó
consignado en la del “VALOR TOTAL”, es decir, la remuneración por estos
conceptos se pactó al precio global que se definió desde el inicio del contrato
(numerales 1.4 y 1.5 de la cláusula primera), así37:

37 Folio 28 del archivo “3_ED_002ANEXOSDEMANDA(.PDF) NroActua 2” del EXPEDIENTE DIGITAL, índice

002 de SAMAI.

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Finalmente, en lo que concierne a diseños de nuevas estructuras, se estipuló lo
siguiente:

63. A su vez, en relación con la forma de pago, en la cláusula tercera se
estableció:

“TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.…
PARÁGRAFO: FORMA DE PAGO. EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE
SANTANDER pagará al consultor, el valor por el cual se le adjudique el contrato
así: … e) Todos los pagos estarán sujetos a la aprobación de los informes por
parte de la interventoría del contrato previa revisión del supervisor y del
ordenador del gasto y sujetos a la siguiente fórmula: 1) Un pago mensual
correspondiente al 90% del al (sic) valor de los productos recibidos a
satisfacción por la interventoría, y el 10% con el acta de recibo final a
satisfacción. 2) Para el caso de los diseños, un pago del setenta por ciento
(70%) calculado según la metodología establecida en el presente contrato y
recibidos a satisfacción por la Interventoría, y el treinta por ciento (30%)
conforme al valor que se establezca en la viabilización de los proyectos por
parte de la Ventanilla Única. Estos pagos se valorizarán y equilibrarán con
respecto al valor que determine para el proyecto la ventanilla Única del MADVT.
Solo se pagará al consultor por los informes efectivamente entregados y
aprobados por el interventor del contrato. Para cada pago el consultor deberá
radicar en la Secretaría de Agua potable y Saneamiento Básico la factura
correspondiente”38 (énfasis agregado).

38 Folio 34 del archivo “3_ED_002ANEXOSDEMANDA(.PDF) NroActua 2” del EXPEDIENTE DIGITAL, índice

002 de SAMAI.

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64. A juicio de la parte demandante, como la labor de optimización implicaba la
realización de diseños, para establecer el valor de su remuneración debía aplicarse
lo dispuesto en el numeral 2 de la cláusula tercera del contrato, es decir, para definir
el precio final, se debía aplicar un 8% sobre el valor que señalara la ventanilla única
del Ministerio para las obras del proyecto, al igual que debía hacerse para los
diseños de nuevas estructuras. Según el departamento, el monto de la
remuneración de todos los diseños quedó definido desde el momento mismo de
celebración del contrato, solo que para los de las nuevas estructuras se estipuló en
un 8% del valor inicialmente estimado para las obras. La Sala concluye que a
ambas partes les asiste razón en su dicho, pero solo de manera parcial.

65. En lo que concierne al ítem de optimización, el texto del contrato es diáfano
en cuanto a que el valor de su remuneración era el global que quedó determinado
en el contrato en la suma que allí se consignó para cada municipio. No se trató de
un precio meramente estimativo o indeterminado para el momento de la
celebración, pero determinable en función del valor que la ventanilla única del
Ministerio fijara para las obras. A partir del texto del contrato no se observa ninguna
previsión que conduzca a una conclusión diferente, tampoco obran pruebas que
indiquen que más allá del tenor literal de las palabras, la intención de las partes
hubiere sido otra (art. 1618, Código Civil 39 ); al contrario, una interpretación
sistemática del texto negocial (art.1622, Código Civil40) ratifica lo que expresa su
contenido literal.

66. Al respecto, se empieza por destacar que el hecho de que el precio de la
actividad de optimización se haya establecido en un monto global, impide que se
pretendan desagregar los diseños incluidos en ella para que sean remunerados por
encima del monto total pactado por ese concepto, en la medida que esa modalidad
de precio supone el establecimiento de una suma única que remunera en su
totalidad esa labor. Como las partes no estipularon que los diseños de optimización
no estuvieran comprendidos dentro de esa actividad, se descarta que su
remuneración deba hacerse al margen del precio global pactado para ella,
aplicando el 8% sobre el valor de las obras que fuera definido por la ventanilla única
del Ministerio, pues ello resultaría en un valor superior al pactado globalmente por
esa actividad.

67. Se añade que tampoco es posible confundir las actividades de elaboración
de diseños de nuevas estructuras y las optimización de los sistemas actuales, pues,
aunque ambas implican una labor intelectual, la primera parte de la base de edificar
o construir un trazado desde el comienzo, ante la ausencia de una estructura previa,

39 “ARTICULO 1618. <PREVALENCIA DE LA INTENCIÓN.Conocida claramente la intención de los
contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras”.
40 “ARTICULO 1622. <INTERPRETACIONES SISTEMÁTICA, POR COMPARACIÓN Y POR APLICACIÓN

PRÁCTICA>. Las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándosele a cada una el sentido
que mejor convenga al contrato en su totalidad.
Podrán también interpretarse por las de otro contrato entre las mismas partes y sobre la misma materia.
O por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes, o una de las partes con aprobación de la
otra parte”.

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mientras que la segunda se ciñe, dado su significado gramatical41, a mejorar el
rendimiento de algo o hacerlo más efectivo o funcional, lo que denota que se repara,
perfecciona o reforma una cosa que ya existe; por ende, no es procedente asimilar
la retribución de una actividad con otra, por tratarse de actividades disímiles,
respecto de las cuales las partes dispusieron, expresamente, efectos económicos
diferenciados.

68. En esa misma línea, al analizar el numeral 1.5 y confrontarlo con el 1.6 de la
cláusula primera del contrato, salta a la vista que las partes quisieron regular la
remuneración de las actividades de optimización y la de diseños de nuevas
estructuras de manera diferenciada, por lo cual no hay razón para que la Sala, en
contra de la voluntad de los contratantes, equipare ambos conceptos de cara a la
forma de fijar su precio.

69. En efecto, mientras que para las actividades de optimización se pactó
expresamente un precio global que quedó definido desde el momento mismo de la
celebración del contrato en los montos que allí se consignaron respecto de cada
municipio, para las actividades de diseños de nuevas estructuras lo que se estipuló
fue que el precio sería determinado en función del “8% del valor de las obras
diseñadas con inversiones inicialmente previstas de … ($2.600.000.000)”. Es decir,
el precio final de las labores de optimización no se hizo depender del valor de las
obras que debieran ser diseñadas por ese concepto, mientras que la definición del
precio de los diseños de las nuevas estructuras sí quedó sujeto a ese aspecto.

70. De lo anterior se deriva que, si la intención de las partes hubiere sido que los
diseños de optimización y de nuevas estructuras se remuneraran de misma
manera, no habrían distinguido en el clausulado del contrato que reguló ese
aspecto, una actividad de la otra, o habrían señalado expresamente que, al margen
de lo pactado por concepto de las actividades de optimización, los diseños
asociados a ella se debían remunerar de la misma manera que los de nuevas
estructuras, lo cual no ocurrió.

71. Siguiendo la misma lectura sistemática del contrato, la Sala concluye que
para la remuneración de las actividades de optimización aplicaba lo dispuesto en el
numeral primero del parágrafo de la cláusula tercera, no lo previsto en el numeral
segundo como alegan los demandantes. Esto es así por cuanto:

• En el numeral segundo se estipuló que el 70% del pago de los diseños se
calcularía “según la metodología” establecida en el contrato. Esta previsión solo
podría aplicarse respecto de la forma de pago prevista para los diseños de nuevas
estructuras, en tanto, según se vio, para encontrar el precio era necesario aplicar
primero el 8% al valor de las obras diseñadas. En contraste, no sería predicable
respecto de las actividades de optimización, en la medida que la determinación de

41 Según la RAE, el verbo optimizar se define “normalmente en textos técnicos especializados, con el sentido

de 'obtener el máximo rendimiento o provecho [de algo]': «Tenemos que optimizar cada
centavo» (Proceso [Méx.] 14.7.1996); y, más raro, 'mejorar [algo] al máximo': «Muchos atletas de élite se
someten a toda clase de sistemas y métodos para optimizar su rendimiento deportivo»” (consultado en:
https://www.rae.es/dpd/optimizar).

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su valor no estaba sometida a ningún procedimiento, pues el monto quedó fijado
desde el momento mismo de la celebración del negocio jurídico.

• Según ese mismo numeral segundo, el 30% restante debía calcularse según el
valor que estableciera el Ministerio en la viabilización de los proyectos. Este
lineamiento se explica en razón de lo dispuesto respecto de la remuneración de los
diseños de nuevas estructuras, pues, como se vio, su precio se hizo depender del
valor de las obras diseñadas, en tanto sobre ese monto se debía aplicar el
porcentaje al que equivalía la remuneración. Como se dijo, respecto de la actividad
de optimización no existe una estipulación en ese mismo sentido.

• En la última parte del referido numeral 2 las partes acordaron que el 100% de los
diseños se debían valorizar y equilibrar con respecto al valor que determinara para
el proyecto la ventanilla única del Ministerio. Por lo dicho en el párrafo anterior, esta
estipulación se explica en función de la forma de remuneración pactada para los
diseños de nuevas estructuras, no así respecto de las actividades de optimización.

72. Hechos los anteriores análisis, surge con meridiana claridad que el pago de
las actividades de optimización, incluidos los diseños, debía hacerse en los
términos del numeral primero del parágrafo de la cláusula tercera del contrato, es
decir, un pago mensual correspondiente al 90% del valor de los productos recibidos
y el 10% restante con el acta de recibo final, sin que hubiere lugar a aplicar el 8%
sobre el valor que determinara el Ministerio para las obras diseñadas por ese
concepto. En este orden de ideas, el consorcio no puede desconocer el contenido
obligacional al que se sujetó y pretender obtener una remuneración ajena a las
condiciones que se pactaron para el efecto, en trasgresión del principio de
normatividad de los contratos -artículo 1602 del Código Civil- y la buena fe y lealtad
que debe regir las relaciones negociales – artículo 1603 del Código Civil–.

73. Ahora, la interpretación sistemática de las cláusulas primera y tercera del
contrato de consultoría a las que ya se hizo alusión, otorga razón a los argumentos
del apelante en cuanto a la forma de remuneración de los diseños de nuevas
estructuras, por cuanto, leídas en conjunto, son claras en establecer que los valores
previstos en el numeral 1.6 corresponden a la estimación inicial de los recursos a
los que podrían ascender tales obras, mas no a la cifra cierta, firme y definitiva a la
que debía aplicarse el 8% allí estipulado. De hecho, una lectura diferente anularía
los efectos de lo dispuesto en el numeral 2 del parágrafo de la referida cláusula
tercera (art. 1620 del Código Civil42), como pasa a explicarse:

• Como se vio, en el numeral 1.6 se determinó una metodología para calcular el
valor de los diseños de las nuevas estructuras de acueducto y alcantarillado,
consistente en que el monto de su remuneración se obtiene al calcular el 8%
respecto del valor de las obras diseñadas; por ende, la cifra resultante de dicha
operación aritmética corresponde a la contraprestación a cargo de la entidad y a
favor del contratista, por la elaboración de dichos diseños.

42 “ARTICULO 1620. <PREFERENCIA DEL SENTIDO QUE PRODUCE EFECTOS>. El sentido en que una

cláusula puede producir algún efecto, deberá preferirse a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno”.

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• En el numeral 1.6 se indicó que las obras diseñadas tendrían inversiones
“inicialmente previstas” por $2.600’000.000, monto que se enmarcó en el escenario
de la tasación anticipada de los recursos que podrían implicar las obras diseñadas,
mas no en la determinación de una suma fija e inamovible, como límite máximo al
cual podrían ascender las obras resultantes.

• Ese entendimiento se ratifica de cara al contenido del numeral 2 del parágrafo de
la cláusula tercera, en el que expresamente se estipuló que los diseños de las
nuevas estructuras debían sufragarse mediante un pago del 70%, según la
metodología fijada –el cálculo del 8% aplicado a los valores inicialmente estimados
de las obras a diseñar– y el 30% restante conforme al valor que se estableciera en
la viabilización de los proyectos ante la ventanilla única del MAVDT y que, en todo
caso, “[e]stos pagos se valorizarán y equilibrarán con respecto al valor que
determine para el proyecto la ventanilla Única del MADVT”.

• Si se entendiera que la suma de $2.600’000.000 a la que se refiere el numeral 1.6
del artículo primero del contrato no era estimativa sino definitiva del valor de las
obras que el consultor debía diseñar y sobre la que debía aplicarse el 8% fijado
como su remuneración, ningún efecto podría derivarse de lo pactado en el numeral
2 del parágrafo del artículo tercero, en cuanto a que el 30% de los diseños se debía
pagar según el valor que se estableciera en la viabilización de los proyectos por
parte de la ventanilla única del Ministerio y que, en todo caso, el 100% de los pagos
por ese concepto debía valorizarse y equilibrarse según el valor que determinara
esa misma entidad para los proyectos.

74. En esa medida, el valor de $208’000.000, resultante de aplicar el 8% a esa
suma de $2.600’000.000, se configuró como una suma apreciativa del valor al que
podrían ascender los diseños efectuados, mas no en una tasación categórica e
indiscutible de los mismos, ni en su tope máximo de reconocimiento. Sin dudarlo,
el monto definitivo de los diseños correspondía a la suma que arrojara el cálculo
del 8% sobre el valor de las obras viabilizadas por el MAVDT.

75. Esta misma conclusión se obtiene respecto del “Otrosí modificatorio, adición
y prórroga No. 005” del 15 de febrero de 2013, a través del cual, entre otras cosas,
las partes acordaron la elaboración de diseños de nuevas estructuras. Se convino
lo siguiente:

“SEGUNDA: EL DEPARTAMENTO pagará al Consultor el valor adicional al
Contrato así: (a) El cuarenta por ciento (40%) de Anticipo al cumplimiento de
los requisitos de legalización del contrato, previa aprobación de la póliza que
garantice el buen manejo del mismo … (b) El sesenta por ciento (60%) restante,
estará sujeto a la aprobación de los informes por parte de la Interventoría del
Contrato, previa revisión del supervisor y del ordenador del gasto y sujetos a:
(1) Las actividades de que tratan los literales (a), (b), (c) y (d) contenidos en la
consideración 6) del presente otro sí, un pago del setenta por ciento (70%)
calculado de los valores indicados en el numeral 8) literal (d) del presente Otro
sí, de acuerdo con la metodología prevista en el contrato original y recibidos a
satisfacción por la Interventoría, y el treinta por ciento (30%) conforme al valor
que se establezca en la viabilización de los proyectos por parte de la Ventanilla
Única. (2) Para en caso de los catastros en el numeral 8) literal (d) del presente

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Otro sí, se pagará un 90% del valor del producto recibidos a satisfacción por la
Interventoría y el 10% con el acta de recibo final a satisfacción”43 (se subraya).

76. Las actividades de que tratan los literales (a), (b), (c) y (d) de la consideración
6 del otrosí No. 005 y los valores estimados en el numeral 8 en virtud de lo aprobado
en el Comité Directivo No. 22, son los siguientes44:

Literal Descripción Valor total
a) Recursos para diseños de nuevas estructuras de la nueva $158.095.750.00
Planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de
Silos. Se cancelará sobre el 8% del valor de las obras
diseñadas
b) Recursos para diseños de nuevas estructuras de la nueva $78.765.420.00
Planta de tratamiento de Agua Potable del municipio de
Toledo. Se cancelará sobre el 8% del valor de las obras
diseñadas
c) Recursos para diseños de nuevas estructuras de la nueva $100.000.000.00
Planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de
Toledo. Se cancelará sobre el 8% del valor de las obras
diseñadas
d) Estudio geomorfológico y dinámica fluvial del río Zulia, en la $95.000.000.00
zona de la bocatoma del sistema de acueducto municipio de
Puerto Santander. Se cancelará sobre el 8% del valor de las
obras diseñadas

77. Para el pago del 70% de los literales a) a d) del numeral 6 de la parte
considerativa del otrosí, la cláusula segunda remite expresamente a la metodología
pactada en el contrato original, esto es, a la aplicación del 8% sobre el valor
estimativo inicial, que luego debía ser actualizado y equilibrado según el valor que
se determinara en la ventanilla única del Ministerio para el proyecto. En línea con
ello, señala que, igualmente, el 30% restante se pagaría de conformidad con el
valor que el Ministerio determinara a través de dicha ventanilla. En consecuencia,
se concluye que también el valor definitivo de los diseños de las nuevas estructuras
a las que se refiere el otrosí debe calcularse aplicando el 8% al valor de las obras
que fuera aprobada por el Ministerio.

78. Reafirma el entendimiento que la Sala encuentra que debe dársele a la forma
de pago establecida para los diseños de nuevas estructuras, tanto en el contrato
inicial como en el otrosí del 15 de febrero de 2013, la declaración de la señora
Mayra Magdalena Delgado Bueno 45 , asesora técnica de la Secretaría de Agua
Potable y Saneamiento Básico de la Gobernación de Norte de Santander, quien se
desempeñó como supervisora del contrato de consultoría objeto de examen 46 y

43 Folio 73 del archivo “3_ED_002ANEXOSDEMANDA(.PDF) NroActua 2” del EXPEDIENTE DIGITAL, índice

002 de SAMAI.
44 Folio 72 del archivo “3_ED_002ANEXOSDEMANDA(.PDF) NroActua 2” del EXPEDIENTE DIGITAL, índice

002 de SAMAI.
45 Rendida en la audiencia de pruebas del 31 de julio de 2018. Minuto 52:00 a 1:16:28 de la audiencia de

pruebas llevada a cabo el 31 de julio de 2018.
46 “DECIMO
PRIMERA. CONTROL. VIGILANCIA E INTERVENTORÍA. La supervisión del presente contrato
será ejercida por el DEPARTAMENTO, a través del funcionario designado por el Secretario de Agua Potable y
Saneamiento Básico, quién deberá vigilar que el objeto del contrato se cumpla a entera satisfacción, la
Interventoría será ejercida por el consorcio Gerencia Norte en su calidad de Gerencia Asesora del Plan
departamental de agua PDA de Norte de Santander”.

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manifestó que los recursos para diseños de nuevas estructuras de acueducto y
alcantarillado se debían cancelar sobre un 8% de las obras finalmente diseñadas
por la consultoría y que fueran viabilizadas por el Ministerio, pero que la diferencia
en el valor surgió porque el contratista incluyó de forma doble el pago del diseño de
un tanque del plan de Puerto Santander y clasificó el plan maestro de acueducto
como una obra nueva, pese a que ello no correspondía con lo consagrado en las
cláusulas contractuales. Este entendimiento también estuvo avalado por los
demandantes en su apelación.

79. Es decir, según el dicho de la testigo, la divergencia en el valor a reconocer
al contratista por concepto de diseños de nuevas estructuras no se originó en la
forma de establecer su monto –aplicando el 8% sobre el valor de las obras que
fuera determinado por el Ministerio–, sino en el hecho de que en ese cálculo el
consorcio incluyó dos veces un mismo diseño –el del tanque elevado– e introdujo
la elaboración del plan maestro de Puerto Santander, bajo la remuneración que no
le correspondía, pues no era un diseño de una nueva estructura.

80. Al respecto, dijo la testigo que, en virtud de la ejecución del contrato inicial,
se arribó a la conclusión de que solamente se requería elaborar nuevos diseños de
estructuras respecto de cuatro (4) ítems y que se consideraron como
optimizaciones las labores en el resto de municipios. Los cuatro (4) productos que
se clasificaron como “diseños de nuevas estructuras” fueron:

a) Planta de tratamiento de agua potable de Labateca.
b) Plan maestro de acueducto de Puerto Santander, en lo relativo al tanque
elevado, redes matrices y redes de distribución.
c) Planta de tratamiento de aguas residuales de Lourdes.
d) Emisario de Cácota

81. Visto el contenido del testimonio acabado de referir y en aplicación de la
sana crítica por parte del fallador judicial, para su valoración de cara a los supuestos
que sustentan el sub lite, la Sala no encuentra razones suficientes para restarle
credibilidad a lo expuesto por la declarante, comoquiera que su testimonio
corresponde al de una persona que aunque no hace parte de los extremos de la
litis, sí conoció directamente lo acontecido respecto del negocio jurídico, en virtud
de su encargo profesional, puesto que ostentó la calidad de supervisora del
contrato; además, expresó un relato coherente con las demás pruebas presentes
en el plenario, dado que lo dicho sobre la forma de aplicación del 8% como
remuneración de los diseños, coincide con los previsto en las cláusulas negociales,
según se explicó.

82. Asimismo, los datos manifestados por la declarante resultan
contextualizados y correspondientes con los supuestos fácticos puestos de
presente y su exposición resultó concatenada y lógica frente a los cuestionamientos
que se le elevaron y ninguna de las partes formuló tacha respecto del mismo.

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83. Si bien la testigo pudo haber sido calificada como “sospechosa” por su
relación de dependencia con el departamento, porque ocupó el cargo de asesora
técnica dentro de éste, vinculación que mantenía al momento de rendir su
testimonio, lo cierto es que ese aspecto no es suficiente para abstenerse de
considerar la prueba y restarle valor, pues en virtud de los parámetros antedichos,
resulta claro que las manifestaciones allí puestas de presente guardan un vínculo
con el iter contractual y no contradicen su contenido, puesto que ratifican las
conclusiones a las que arribó la Sala luego de realizar la labor interpretativa de las
normas negociales; por tanto, la se acoge esta declaración como un medio que
comprueba la forma de pago pactada para los diseños de nuevas estructuras y que
ratifica que el 8% fijado debe calcularse con base en el valor de las obras que fueran
viabilizadas por el MAVDT.

84. Definido así el alcance de las cláusulas de remuneración del contrato en los
ítems de optimización y diseño de nuevas estructuras, se hace necesario establecer
cuáles diseños corresponden a cada ítem, para determinar si existe un saldo
pendiente a favor del contratista por este concepto por no haberse aplicado el 8%
sobre el valor determinado por el Ministerio en la viabilización de los proyectos.

85. En sus alegaciones de primera instancia, el consorcio aseguró que la
supervisora se equivocó en su testimonio al aducir que sólo fueron incluidas como
obras nuevas las previstas en el acta del 7 de mayo de 201247, pese a que también
ostentaban dicha categoría las obras señaladas en el otrosí 005 y la ingeniería en
detalle que se tuvo que adelantar para lograr la optimización de los sistemas de
acueducto y alcantarillado.

86. En el texto del contrato no se especificó cuáles diseños debían ser
considerados como de nuevas estructuras y tampoco se referenció cómo serían
identificados. En el expediente tampoco obran el pliego de condiciones ni los
anexos técnicos en los que, según la testigo y los alegatos de conclusión de la parte
demandante, se habrían definido tales aspectos. No obstante, sobre este asunto se
pronunció en su testimonio la supervisora del contrato –punto sobre el cual la parte
demandante no reprochó su dicho– quien, se itera, expuso un recuento coherente
y concordante con los hechos que fundan el sub examine, por lo cual resulta
pertinente acudir a su declaración para esclarecer ese punto.

87. Según la testigo y lo ratificado por la parte demandante en sus alegatos de
conclusión, la determinación de cuáles constituían nuevas estructuras de
acueducto y alcantarillado se hacía a partir de la información que resultara del plan
maestro que para cada municipio debía elaborar el consultor, quien, previa
aprobación de la interventoría y de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento
Básico, definiría para cada una de las estructuras cuáles requerían nuevos diseños
y cuáles diseños de optimización.

47 Visible a folios 126 a 129 del archivo “3_ED_002ANEXOSDEMANDA(.PDF) NroActua 2” del EXPEDIENTE

DIGITAL, índice 002 de SAMAI).

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88. Según el acta del 7 de mayo de 2012 que obra en el proceso 48 y a la que
hizo referencia la testigo y el consorcio en los alegatos de conclusión, suscrita por
la interventoría, el contratista y un asesor técnico, en esa fecha se definieron como
prioritarias y obras nuevas las mismas que referenció la supervisora en su
declaración, esto es: 1) la planta de tratamiento de agua potable de Labateca, 2) al
plan maestro de acueducto de Puerto Santander, con la comprensión de la
construcción de tanques elevados y redes matrices de distribución y sectorización,
3) la planta de tratamiento de aguas residuales de Lourdes y 4) el emisario de
Cácota, a las que les estimaron un valor por concepto de los diseños a realizar de
$208’000.000. En el adicional de 15 de febrero de 2013, se relacionaron como
diseños de nuevas obras los relacionados en los literales (a), (b), (c) y (d) de la
consideración 6 de ese acuerdo.

89. No obra en el expediente ninguna prueba que indique que la ingeniería en
detalle que se tuvo que adelantar para lograr la optimización de los sistemas de
acueducto y alcantarillado fuera catalogada, según el procedimiento pactado, como
diseño de nueva estructura, por lo cual la Sala no puede considerarla para efectos
de establecer su precio con base en la aplicación del 8% sobre el valor definido por
el Ministerio para los proyectos.

90. Así las cosas y dado que no hay prueba de que las partes hubieren fijado
diseños diferentes a los relacionados en el acta del 7 de mayo de 2012 y en el otrosí
del 15 de febrero de 2013 como de nuevas estructuras, la Sala solo tendrá en
cuenta éstos para efectos de establecer la diferencia en el pago del 8% sobre el
valor de las obras viabilizadas por el Ministerio.

91. Para el efecto, se desarrollarán dos (2) tablas, la primera, referente a los
diseños de las nuevas estructuras efectuados en virtud del contrato de consultoría,
teniendo como sustento lo dicho por la Supervisora y el contenido del acta del 7 de
mayo de 2012, en torno a los cuatro (4) productos que se clasificaron como nuevos,
y, la segunda, concerniente a las nuevas estructuras contempladas en el otrosí No.
005, las cuales fueron expresamente mencionadas en ese acuerdo adicional.

Tabla 1. Valores de los diseños de las nuevas estructuras de acueducto y
alcantarillado para el contrato de consultoría

Valor de los Valor de los
Nuevas
diseños, diseños,
estructuras Valor de las
Valor de las obras calculado el calculado el
de acueducto obras estimado
viabilizadas por el MAVDT 8% sobre la 8% sobre la
y en el contrato
estimación viabilización
alcantarillado
de las obras de las obras
Planta de No se hizo una No se hizo
tratamiento de estimación una
$796’106.13949 $63’688.491
agua potable individual estimación
de Labateca individual

48 Folio 127 del archivo “3_ED_002ANEXOSDEMANDA(.PDF) NroActua 2” del EXPEDIENTE DIGITAL, índice

002 de SAMAI).
49 Folios 136 a 138 del archivo “3_ED_002ANEXOSDEMANDA(.PDF) NroActua 2” del EXPEDIENTE DIGITAL,

índice 002 de SAMAI.

27

Radicación: 54001233300020170024801 (67.446)
Demandante: Consorcio Consultoría Norte y otros
Demandado: Departamento de Norte de Santander
Asunto: Controversias contractuales

Plan maestro No se hizo una
de acueducto estimación
de Puerto individual
Santander, en No se hizo
lo relativo al una
$1.670’559.09050 $133’644.727
tanque estimación
elevado, redes individual
matrices y
redes de
distribución
Planta de No se hizo una
No se hizo
tratamiento de estimación
una $59’240.601,3
aguas individual $740’507.51751
estimación 6
residuales de
individual
Lourdes
Emisario de No se hizo una No se hizo
Cácota estimación una
$169’187.55352 $13’535.004
individual estimación
individual
TOTAL $2.600’000.000 $3.376’360.299 $208’000.000 $270’108.584

92. La Sala advierte que:

• En relación con el ítem 1 del cuadro, del escrito de viabilización No.
2014EE0049613 del Ministerio correspondiente a aquél, se toma solamente el valor
referente a la construcción de la planta de tratamiento de agua potable, que fue el
aspecto que en el acta del 7 de mayo de 2012 se identificó como diseño de nueva
estructura. Este valor corresponde al señalado en la demanda y también al referido
por la supervisora en su declaración. A través del mismo documento, también
viabilizó la optimización del sistema de acueducto y la interventoría de obra civil y
suministro, conceptos que, por lo dicho, no se tienen en cuenta.

• Respecto del ítem 2 del cuadro, se pone de presente que en sus alegaciones de
primera instancia, el consorcio señaló que el valor a reconocer por éste
correspondía a $2.470’818.845 por la fase I y $1.670’559.090 por la fase II. En su
testimonio la supervisora señaló que el valor viabilizado por obras nuevas en este
municipio correspondía a $1.755’647.695; sin embargo, no expresó de donde
resultaba ese valor.

La Sala tomará el valor de $1.670’559.090, en tanto es el que se puede derivar del
contenido del documento de viabilización del Ministerio del 19 de julio de 2013 –
radicado 7323-2-68444–. Al respecto, se destaca que en este documento no se
encuentra especificada una diferencia respecto de cada fase del proyecto, sino que
la suma total de $3.009’744.307 está compuesta por varias actividades, sin que sea
posible establecer que todas correspondan a diseños de nuevas estructuras: (i) la
optimización de la sectorización existente -$85’288.605-, (ii) la instalación de
hidrantes -$36’292.601-, (iii) la instalación de micromedidores -$499’758.978-, (iv)
la implementación de herramientas de medición -$48’050.913-, (v) la optimización
del sistema de captación mediante la instalación de un tambor -$459’919.756-, (vi)
la construcción de un tanque elevado de almacenamiento -$1.670’559.090- y (vii)
la interventoría -$209’874.364-.

50 Folios 140 a 143 del archivo “3_ED_002ANEXOSDEMANDA(.PDF) NroActua 2” del EXPEDIENTE DIGITAL,

índice 002 de SAMAI.
51 Folios 147 a 149 del archivo “3_ED_002ANEXOSDEMANDA(.PDF) NroActua 2” del EXPEDIENTE DIGITAL,

índice 002 de SAMAI.
52 Folios 47 a 49 del archivo “8_ED_006CONTESTACIONDEMAN(.PDF) NroActua 2” del EXPEDIENTE
DIGITAL, índice 002 de SAMAI.

28

Radicación: 54001233300020170024801 (67.446)
Demandante: Consorcio Consultoría Norte y otros
Demandado: Departamento de Norte de Santander
Asunto: Controversias contractuales

Según lo concluido previamente, para efectos de determinar la remuneración del
contratista por este concepto, solo corresponde incluir lo relativo a la construcción
del tanque elevado de almacenamiento, toda vez que, de conformidad con el acta
del 7 de mayo de 2012, esa fue la actividad que se enmarcó como diseño de nuevas
estructuras. Se aclara que, aunque en ese mismo ítem del acta se incluyó lo
concerniente a redes matrices de distribución y sectorización, lo cierto es que la
Sala no cuenta con la información técnica pertinente que le permita establecer que
estas actividades corresponden a alguna de las demás mencionadas en el
documento de viabilización, lo que impide que se incluyan esos valores en el
cálculo.

• En lo que concierne al ítem 3 del documento de viabilización No. 2014EE0054872,
la Sala toma solamente el valor de la viabilización de las obras de construcción de
la planta de tratamiento de aguas residuales de Lourdes, sin incluir los valores
presupuestados para la interventoría de la obra. Este valor corresponde al señalado
en la demanda y también al referido por la supervisora en su declaración.

• En lo referente al ítem 4 se adopta la suma de $169’187.553, en tanto, si bien en
el documento de viabilización 19 de julio de 2013, sin número, el valor por el que
se viabilizaron las obras de este proyecto, sin incluir la interventoría, se determinó
en una cifra total de $479’234.767, lo cierto es que tal valor se estableció de manera
global respecto de varias actividades, sin que la Sala cuente con elementos de
juicio suficientes para hacer la discriminación. Sin embargo, se adopta la
mencionada suma porque coincide con lo señalado en la demanda y lo expresado
por la supervisora en su testimonio respecto del emisario de Cácota53.

Tabla 2. Valores de los diseños de las nuevas estructuras de acueducto y
alcantarillado para el otrosí No. 005 del contrato de consultoría

Nuevas estructuras de Valor de las Valor de los Valor de los diseños,
acueducto y alcantarillado obras viabilizado diseños calculado el 8%
por el MAVDT estimados en el sobre la viabilización
otrosí de las obras
1 Planta de tratamiento de $1.471.771.32654 $158’095.750 $117’741.706,1
aguas residuales de Silos
2 Planta de tratamiento de $1.097’575.33055 $78’765.420 $87’806.026.4
agua potable de Toledo

53 “… inicialmente la supervisión la asumió un ingeniero … posterior a eso, por delegación del Secretario de

Agua Potable y Saneamiento Básico, yo asumo la supervisión pero simultaneo a esta labor, como asesora
técnica, hice acompañamiento en todo lo relacionado con la viabilización de los productos formulados por la
consultoría … PREGUNTADO PARTE ACTORA: Buenas tardes, me puede precisar de las obras iniciales que
se consideraron viables cuál es el balance de los valores estimados oficialmente y los que fueron viabilizados
finalmente. CONTESTO: Sí señor, inicialmente las obras prioritarias fueron la PTAP de Labateca, el plan
maestro de Puerto Santander, la planta de tratamiento de aguas residuales de Lourdes y el emisario final de
Cácota, en la obra viabilizada para la primera que es Labateca fueron $796’106.139, para el plan maestro de
acueducto de Puerto Santander fueron $1.755’847.695, para la PTAR de Lourdes $740’507.512 y para el
emisario final de Cácota $169’187.553 con 60 centavos, dando un valor de la obra viabilizada de
$3.461’648.899, con un valor estimado de las obras del proyecto de consultoría o de los diseños de
$208’000.000, dado que los valores de las obras viabilizadas superó el monto de los $2.600’000.000, el valor
de los estudios equivaldría a $276’931.911 con 97 centavos”. Audiencia de pruebas, minuto 1:10:28 al 1:12:24.

54 Proyecto viabilizado a través de documento 2015EE0097009, obrante a folios 79 a 82 del archivo
“8_ED_006CONTESTACIONDEMAN(.PDF) NroActua 2” del EXPEDIENTE DIGITAL, índice 002 de SAMAI.
55 La construcción de esta planta de tratamiento fue viabilizada mediante el documento 2014EE0040097,

visibles a folios 95 a 97 del archivo “8_ED_006CONTESTACIONDEMAN(.PDF) NroActua 2” del EXPEDIENTE
DIGITAL, índice 002 de SAMAI

29

Radicación: 54001233300020170024801 (67.446)
Demandante: Consorcio Consultoría Norte y otros
Demandado: Departamento de Norte de Santander
Asunto: Controversias contractuales

3 Planta de tratamiento de $2.064’566.26256 $100’000.000 $165’165.300,96
aguas residuales de Toledo
4 Protección del rio Zulia a la $865’645.98657 $95’000.000 $69’251.978,88
altura de la bocatoma del
sistema de acueducto de
Puerto Santander
TOTAL $5.499’558.904 $431’861.170 $439’964.712,32

93. Respecto de los anteriores valores, se explica:

• En lo concerniente al ítem 1 del cuadro, del escrito de viabilización
2015EE0097009 del Ministerio que le corresponde, se toma solamente el valor
referente a la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, sin
tener en cuenta: (a) la constatación de las condiciones de ejecutabilidad del
proyecto, (b) los estudios complementarios para obtener el permiso ambiental, (c)
el suministro de tubería y (d) los valores de la interventoría. En su demanda, el
consorcio adujo que la viabilización por este concepto ascendió a $1.612’103.376;
sin embargo, la Sala se aleja de tal reconocimiento, comoquiera que la cifra aludida
por el contratista contiene tanto la construcción de la obra civil -$1.471’771.326-
como el suministro de tubería -$120’332.050-. Como se observa en el referido
documento 2015EE0097009, los valores de los diseños de nuevas estructuras solo
tienen como base la viabilización de las obras constructivas, en este caso, en el
monto de $1.471’771.326, que fue el que se incluyó en la tabla precedente.

• Sobre del ítem 2 del cuadro, del escrito de viabilización No. 2014EE0040097 se
aplica únicamente el monto relativo a la construcción de la planta de tratamiento
del municipio de Toledo, sin incluir la cifra concerniente a la interventoría, que
también se viabilizó mediante este documento, puesto que la referida construcción
fue el concepto que se estipuló en el otrosí No. 005; además, esta cifra coincide
con la expresada, en punto a este aspecto en la demanda.

• Respecto del ítem 3, en el documento de viabilización No. 2015EE0078562, la
Sala toma solamente el valor de la viabilización de las obras de construcción de la
planta de tratamiento de aguas residuales, sin incluir los valores presupuestados
para la constatación de las condiciones de ejecutabilidad del proyecto, los estudios
complementarios para obtener el permiso ambiental y la interventoría de la obra.
Valor que, se precisa, concuerda con lo manifestado por este concepto en el libelo
introductorio.

• En punto al ítem 4, la Sala se sustenta en el documento de viabilización
2014EE044892, en relación solamente con el valor referente a la protección de la
margen derecha del río Zulia a la altura de la bocatoma del sistema de acueducto
de Puerto Santander, puesto que en ese documento también viabilizó la
interventoría de la obra civil. Se resalta que el valor incluido en la relación
antecedente es el mismo que el consorcio consignó en la liquidación que aportó
con la demanda.

56 En lo relativo a la construcción de la planta de aguas residuales, viabilizado por el ministerio por medio del

documento 2015EE0078562, obrante a folios 98 a 101 del archivo “8_ED_006CONTESTACIONDEMAN(.PDF)
NroActua 2” del EXPEDIENTE DIGITAL, índice 002 de SAMAI.
57 Proyecto viabilizado a través de documento 2014EE044892, obrante a folios 156 a 158 del archivo

“3_ED_002ANEXOSDEMANDA(.PDF) NroActua 2” del EXPEDIENTE DIGITAL, índice 002 de SAMAI.

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Radicación: 54001233300020170024801 (67.446)
Demandante: Consorcio Consultoría Norte y otros
Demandado: Departamento de Norte de Santander
Asunto: Controversias contractuales

94. Los anteriores esquemas ilustran con claridad que el valor estimado de los
diseños de las nuevas estructuras resultó inferior al valor definitivo de éstos,
comoquiera que al aplicar el 8% respecto del monto de las obras viabilizadas por el
MAVDT, tratándose tanto del contrato de consultoría inicial, como su otrosí No. 005,
se advirtió un saldo de diferencia que debe ser reconocido a favor del consorcio.

95. En efecto, para el contrato de consultoría se estimó que el valor de los
diseños podría ascender a $208’000.000; sin embargo, al aplicar la metodología
prevista respecto del monto de las obras viabilizadas, el valor de los diseños resultó
en la suma de $270’108.584, razón por la cual existe una diferencia de $62’108.581,
que se reconocerá al contratista.

96. Igualmente, en relación con el otrosí No. 005 se encontró un saldo a favor
del consorcio de $8’103.542,32, toda vez que se estimaron los diseños por el monto
de $431’861.170, mientras que la cuantía de las obras viabilizadas arrojó que esos
diseños ascendían a $439’964.712,32; por tanto, también se reconocerá ese
resultado a favor del demandante.

97. Finalmente, se aclara que tampoco se acogió el dictamen pericial aportado
al expediente en este punto, por cuanto, en relación con el municipio de Puerto
Santander, tuvo en cuenta un valor que no corresponde con el que se indica en el
documento de viabilización de este proyecto. Según el dictamen, el valor que
debería tenerse en cuenta para calcular el 8% sobre el valor de las obras
viabilizadas por el Ministerio en este municipio habría correspondido a
$4.141’367.935, discriminados en: $2.470’818.845 de la fase I y $1.670’559.090
por la fase II, información que habría extraído del oficio de viabilización 7323-2-68-
444- del “19 de junio de 2013”.

98. La Sala encuentra que el oficio de viabilización del proyecto de ese
municipio, que obra en el expediente, corresponde al mismo número indicado en el
dictamen, pero con fecha de expedición del 19 de julio de 2013. No obra otro
documento con la fecha indicada por el perito ni con la información que aquél dice
que reporta, por lo cual se toma la que reposa en el expediente.

99. En el documento del 19 de julio de 2013, como ya se indicó (párrafo 89, ítem
2), el Ministerio no discriminó entre la fase I y la fase II, sino que hizo una sumatoria
de actividades que ascendió, en total, a $3.009’744.307 y no a $4.141’367.935
como referenció el perito. De tales actividades solo es posible clasificar en el ítem
de diseños de nuevas estructuras la referida a la construcción del tanque elevado
de almacenamiento, por coincidir con el contenido del acta del 7 de mayo de 2012.
En relación con las demás, como también se mencionó, la Sala carece de
elementos de juicio técnicos que le permitan determinar que están comprendidas
dentro de ese aspecto, o dentro de los otros que fueron referidos en la indicada
acta, esto es, redes matrices y redes de distribución, además de que varias de ellas
corresponden a temas de optimización, razón por la cual no es posible incluirlas
para aplicar el valor de 8% al que se refiere el numeral 1.6 de la cláusula primera

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Radicación: 54001233300020170024801 (67.446)
Demandante: Consorcio Consultoría Norte y otros
Demandado: Departamento de Norte de Santander
Asunto: Controversias contractuales

del contrato, lo que, a su vez, impide adoptar como ciertas las conclusiones de la
experticia.

100. Ahora, la Sala se ocupará de resolver lo concerniente a la impugnación de
la negativa del Tribunal de declarar la ocurrencia de la alteración del equilibrio
económico. La consultoría sostuvo que el valor previsto para la optimización de los
sistemas de acueducto y alcantarillado de cada uno de los municipios generó un
desbalance en la economía del contrato, comoquiera que no existe ninguna
correlación entre los valores estimados por el contratante y la dimensión del valor
de las obras resultantes 58 . Asimismo, aseguró que el departamento fijó valores
iguales para todos los municipios, pese a que ostentan características técnicas,
demográficas, de infraestructura y económicas muy diferentes y que tales aspectos
no fueron íntegramente analizados por el a quo al momento de emitir su fallo.

101. Se empieza por señalar que el parámetro de comparación que utilizó la parte
actora para establecer una supuesta alteración del sinalagma contractual
contemplado al momento de la celebración del contrato no es correcto, en tanto,
de conformidad con lo concluido en el acápite anterior, el valor que en el contrato
se fijó como remuneración para las actividades de optimización, incluidos los
diseños, no se definió en función del valor que estableciera la ventanilla única del
Ministerio respecto de las obras diseñadas por ese concepto.

102. La ecuación del equilibrio económico del contrato debe verificarse en
consideración a las condiciones que las partes pudieron observar o anticipar al
momento de la celebración del negocio jurídico, pues ese es el momento en el que
cada una de ellas evalúa la relación que debe existir entre sus prestaciones
correlativas. Según esas condiciones, las partes estipulan la prestación y su
remuneración, relación de equilibrio que en los términos del numeral 1 del artículo
5 de la Ley 80 de 1993, se debe mantener durante la ejecución del contrato para
garantizar el cumplimiento del objeto pactado.

103. Así las cosas, resulta claro que el hecho de que, en sentir de los
demandantes, el valor de las obras de optimización que fue definido por el Ministerio
no guarde relación con el que cobraron por esos diseños no revela una alteración
del sinalagma contractual, por la sencilla razón de que no fue el parámetro con base
en el cual se fijó la remuneración para ese ítem. En suma, como la premisa en la
que se funda la pretensión de alteración del equilibrio económico del contrato no es
correcta, la conclusión que la parte demandante hace derivar de aquélla tampoco
lo es.

104. Aun si la Sala analizara la pretensión de cara al valor que verdaderamente
se pactó como remuneración para las actividades de optimización, en
consideración a que la parte demandante también alega que la contraprestación se
fijó con base en premisas técnicas erróneas, lo cierto es que no se podría arribar a

58 “Al hacer un análisis integral
del valor de las obras diseñadas para la optimización de los sistemas y aplicar
la metodología del contrato para el pago de los mismos, es decir que “Se cancelará sobre un 8% del valor de
las obras diseñadas”, se observa que los valores inicialmente establecidos por la entidad contratante no
guardan ninguna relación con la dimensión de las obras resultantes” (énfasis agregado).

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Radicación: 54001233300020170024801 (67.446)
Demandante: Consorcio Consultoría Norte y otros
Demandado: Departamento de Norte de Santander
Asunto: Controversias contractuales

una conclusión diferente a la que llegó el a quo, por las razones que se pasan a
exponer.

105. La causa que sustenta la pretensión de rompimiento del equilibrio económico
del contrato se ubica en el marco de la presunta vulneración del principio de
planeación, toda vez que se reprochan los cimientos que dieron lugar a la
celebración y ejecución del contrato, al aducir que los estudios de orden técnico,
financiero, jurídico y económico utilizados para determinar la conveniencia y
viabilidad del objeto a contratar, así como los costos y recursos requeridos,
resultaron desfasados de la realidad encontrada durante la ejecución negocial.

106. Frente a este debate, resulta pertinente señalar que el desequilibrio
económico surge ante una modificación sustancial de la simetría prestacional
originalmente pactada por razones ajenas a la conducta del contratista, en tanto
tiene génesis en la existencia de circunstancias sobrevenidas, o se presenta como
consecuencia del ejercicio legítimo de los actos de autoridad de la administración,
cuyo impacto es capaz de romper la medida de equivalencia recíproca en que se
fundaron las mutuas prestaciones de los contratantes, es decir, la ecuación
contractual acordada.

107. La Sala ha estimado que bajo este espectro de posibilidades, cabe la
inadecuada planeación del negocio jurídico, en las hipótesis en las que, a pesar del
conocimiento y experiencia del contratista, solo se pudieren advertir las falencias
en uno o varios de los elementos estructurantes del contrato –como sus
condiciones técnicas, el precio y el plazo– con posterioridad a la suscripción del
mismo, con efectos en el sinalagma contractual, al tratarse de la modificación
significativa de las condiciones previstas al momento de su celebración, derivada
de la negligencia de la autoridad pública en la estructuración de las bases del
negocio jurídico59.

108. De modo que, si el fundamento de la reclamación del contratista consiste en
que solo una vez iniciada la ejecución pudo identificar los desatinos en el
establecimiento de los elementos estructurantes del negocio jurídico, originados en
el desconocimiento del principio de planeación, “solo podrá alegar en contra de su
experiencia, o la existencia de algún vicio del consentimiento o un desequilibrio -
cuando no se esté en presencia de un error-”60, en este último evento, para que se
abra paso al derecho de que se revisen las condiciones materiales del negocio
jurídico y se restablezca el sinalagma económico pactado al momento de proponer
o contratar.

109. Bajo este panorama, la Sala observa que tampoco se demostró la
insuficiencia de la entidad en la fijación de los elementos estructurantes del negocio
jurídico, ni se acreditó la ocurrencia de los demás supuestos en que se soporta la
reclamación base del petitum, tal como se expone a continuación:

59 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 12

de diciembre de 2022, radicación 250002336000201302064 01 (59382), Consejero Ponente: José Roberto
Sáchica Méndez.
60 Ibidem.

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Radicación: 54001233300020170024801 (67.446)
Demandante: Consorcio Consultoría Norte y otros
Demandado: Departamento de Norte de Santander
Asunto: Controversias contractuales

• La simple lectura de la cláusula primera, en donde se plasmó el precio global fijo
bajo el cual se contrató la optimización de los sistemas de acueducto y
alcantarillado para cada uno de los municipios –ya referenciada– permite colegir
que no es cierto que la entidad hubiere estipulado los mismos valores para todas
las entidades territoriales. A partir de su contenido, salta a la vista que se fijó un
precio global, pero individualizado respecto de cada municipio, precio que no en
todos los casos correspondió a la misma cifra.

• El establecimiento de valores disímiles para cada municipio revela que el
departamento sí tuvo en cuenta las condiciones distintivas y diferenciadoras de
cada uno de ellos para su fijación y, en todo caso, no se aportó un insumo que
acredite que esa distinción en los precios convenidos en relación con cada entidad
territorial obedeció a un factor diverso a la contemplación de las características
propias de cada municipio.

• En la cláusula tercera del contrato se dispuso que “d) Sistema de pago. El precio
previsto incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración,
ejecución y liquidación del contrato … EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE
SANTANDER no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el
consultor en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel
requería para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de
la presentación de la propuesta”61 (énfasis agregado). El consorcio no demostró
que, a pesar de su experiencia, no eran previsibles las discrepancias advertidas en
relación con las características de cada municipio, teniendo en cuenta que el
proceso de selección tuvo como premisa básica la escogencia de un consultor con
conocimiento y habilidades para avanzar en el sector de saneamiento básico,
específicamente en acueducto y alcantarillado, que contara con la experticia
suficiente para la elaboración de los diagnósticos, diseños, planes de obra y
proyectos en calidad, con el fin de proveer herramientas y bases sólidas tendientes
a solucionar los problemas de prestación de los servicios de saneamiento y agua
potable del departamento.

• Más allá de la mera aseveración del consorcio, no hay razones para
considerar nada distinto a que, desde la concepción, se estudió, desarrolló y definió
de manera clara el alcance de las labores a ejecutar y sus implicaciones
económicas, de cara a la contraprestación llamada a recibir por el contratista,
insumo a partir del cual la entidad concretó las condiciones y alcance del contrato
de consultoría PDA-NS-FIA-009-2011.

• Asimismo, está demostrado que el consultor estuvo de acuerdo con las
condiciones y alcance definidos, toda vez que no obra evidencia de observaciones
del contratista en la etapa precontractual relacionadas con insuficiencias,
contradicciones o incoherencias, mucho menos, de oposición o salvedad para
proceder a la suscripción del contrato, sin considerar, además, que no hay prueba

61 Folio 32 del archivo “3_ED_002ANEXOSDEMANDA(.PDF) NroActua 2” del EXPEDIENTE DIGITAL, índice

002 de SAMAI.

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Radicación: 54001233300020170024801 (67.446)
Demandante: Consorcio Consultoría Norte y otros
Demandado: Departamento de Norte de Santander
Asunto: Controversias contractuales

de que el consorcio no tenía la oportunidad de acceder a una mejor, completa y
fidedigna información por obra o causa de la entidad contratante.

110. Así las cosas y como no obran en el expediente las pruebas que permitan a
la Sala determinar que en la etapa precontractual el departamento se apartó del
principio de planeación, o de que, asumiendo hipotéticamente la existencia de tales
falencias, pese a la experiencia del contratista, solo podían ser advertidas durante
la fase de ejecución del contrato, la Sala confirmará la decisión del Tribunal de
negar la pretensión de rompimiento del equilibrio económico del contrato.

111. Se añade que a la anterior decisión también se arriba porque la alteración
del equilibrio económico del contrato no se establece en función de una prestación
singular, sino de cara al contrato como un todo, por tanto, no basta con señalar que
una de sus prestaciones supuso mayores costos a los inicialmente previstos, sino
que se debe acreditar cómo afectó eso a la economía global del negocio jurídico 62.

112. La expresión ecuación económica entre derechos y obligaciones –artículo
5.1 de la Ley 80 de 1993– responde a esa lógica. Cada parte celebra el contrato
teniendo en cuenta que existe una relación entre sus beneficios y sus costos: las
obligaciones que adquiere representan los costos, en el sentido de que para
cumplirlas debe disponer de ciertos activos, y los beneficios corresponden al valor
que se asigna a los derechos que el contrato confiere63. Por ello, la demostración
de la ruptura del equilibrio económico no se reduce a probar el incremento de los
costos asociados al cumplimiento de una prestación aisladamente considerada,
como en este caso pretende la parte demandante.

Liquidación judicial del contrato

113. En este punto de la providencia la Sala estima necesario hacer la siguiente
precisión en relación con la pretensión que se planteó en la demanda para que se
declare el incumplimiento del contrato por parte del departamento por no haberlo
liquidado unilateralmente, en el sentido de que la misma no es procedente.

114. La falta de liquidación unilateral del contrato no denota una inobservancia
del contenido obligacional al que las partes se comprometen, puesto que al margen
de la responsabilidad de los servidores estatales sobre su realización en el marco
de sus funciones, lo cierto es que el balance final del negocio jurídico a cargo de la
Administración, tratándose de negocios regidos por el estatuto de la contratación
pública, comporta el ejercicio de una atribución legal, por lo que su falta de ejercicio
no significa un incumplimiento de las prestaciones convenidas, sino la
inobservancia de una prerrogativa fijada por el legislador, cuya desatención no
compromete su responsabilidad contractual 64 . Sin embargo, ante la falta de

62 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia

del 10 de septiembre de 2021, Exp. 51.219. C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
63Sobre este punto, véase: Hugo Palacios Mejía. Soluciones jurídicas alternativas a problemas económicos en

contratos de ejecución sucesiva. Bogotá: Depalma, Universidad Javeriana, 2010, p. 33.
64 En este sentido, las Subsecciones B y C de esta Sección han manifestado que el no uso de la prerrogativa

de liquidación unilateral no constituye un incumplimiento contractual, a través de las sentencias del 2 de marzo

35

Radicación: 54001233300020170024801 (67.446)
Demandante: Consorcio Consultoría Norte y otros
Demandado: Departamento de Norte de Santander
Asunto: Controversias contractuales

liquidación del contrato, las partes quedan habilitadas para solicitar la liquidación
judicial.

115. Así las cosas, demostrado en el proceso que el contrato de consultoría PDA-
NS-FIA-009-2011 se encuentra terminado, que no ha sido liquidado de mutuo
acuerdo, ni de forma unilateral por parte del departamento y analizado el contexto
de los conceptos que se pidieron introducir como base su finiquito, la Sala lo
declarará liquidado. Para el efecto, se reitera que, de conformidad con lo que se
encuentra acreditado en el proceso, específicamente con base en el contenido del
“Acta de Terminación”65 del 21 de julio de 2014 (párrafos 32 a 35), el contratista
cumplió a cabalidad con sus obligaciones, por lo cual los saldos que se incluirán
serán los que se encontraron causados a favor del contratista y que no fueron
pagados por el demandado.

116. Se incluirá como saldo a favor del consorcio las sumas de $92.574,37,
concerniente al incumplimiento de la entidad en el pago del acta de terminación de
productos No. 6 y de $70’212.123,32, resultante de la sumatoria de las diferencias
encontradas en torno a aplicación de la metodología de remuneración de los
diseños de las nuevas estructuras de acueducto y alcantarillado66; por consiguiente,
se actualizarán dichas sumas y, a su vez, se calcularán los intereses moratorios
respecto del capital actualizado, conforme a la tarifa supletiva consagrada en el
numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993 –el doble del interés legal civil (12%)-
, tal como se observa en las tablas que a continuación se muestran:

Suma relativa al incumplimiento de la entidad en el pago del acta de terminación de
productos No. 6

117. Esta cifra corresponde a $92.574,37, la cual se actualizará y se calcularán
los intereses de mora causados, desde el momento en que esta obligación se tornó
exigible, esto es, a partir del 5 de abril de 2017, como se explicó con precedencia,
así:

IPC inicial (abril de
Valor histórico Mes de IPC final IPC final Valor actualizado
2017)

$ 92.574 dic-17 96,92 95,91 $ 93.549
$ 92.574 dic-18 100 95,91 $ 96.522
$ 92.574 dic-19 103,8 95,91 $ 100.190
$ 92.574 dic-20 105,48 95,91 $ 101.812
$ 92.574 dic-21 111,41 95,91 $ 107.535
$ 92.574 dic-22 126,03 95,91 $ 121.647
$ 92.574 dic-23 137,72 95,91 $ 132.930
$ 92.574 abr-24 141,48 95,91 $ 136.560

de 2022, expediente 64.165, Consejero Ponente: Nicolás Yepes Corrales y del 30 de noviembre de 2023,
expediente 54.170, Consejero Ponente: Freddy Ibarra Martínez.
65 Folios 107 a 109 del archivo “3_ED_002ANEXOSDEMANDA(.PDF) NroActua 2” del EXPEDIENTE DIGITAL,

índice 002 de SAMAI.
66 Esta cifra se obtuvo de la suma de los montos de $62’108.581 -relativo a la diferencia encontrada respecto

de los diseños de las nuevas estructuras de cara a lo estimado en el contrato inicial- y de $8’103.542,32 -
consistente en el saldo advertido a favor del contratista frente a los valores de los diseños estimados en el
otrosí No. 005 y el monto definitivo de éstos, en virtud de las obras efectivamente viabilizadas ante el MAVDT-
.

36

Radicación: 54001233300020170024801 (67.446)
Demandante: Consorcio Consultoría Norte y otros
Demandado: Departamento de Norte de Santander
Asunto: Controversias contractuales

Inicio Final Días Interés Interés Capital Intereses Intereses
moratorio proporcional (actualizado) moratorios acumulados
anual periodo
pactado
5/04/2017 31/12/2017 271 12,00% 8,91% $ 93.549,24 8.334,85 8.334,85
1/01/2018 31/12/2018 365 12,00% 12,00% $ 96.522,12 11.582,65 19.917,51
1/01/2019 31/12/2019 365 12,00% 12,00% $ 100.189,97 12.022,80 31.940,30
1/01/2020 31/12/2020 366 12,00% 12,03% $ 101.811,54 12.250,86 44.191,16
1/01/2021 31/12/2021 365 12,00% 12,00% $ 107.535,30 12.904,24 57.095,40
1/01/2022 31/12/2022 365 12,00% 12,00% $ 121.646,83 14.597,62 71.693,02
1/01/2023 31/12/2023 365 12,00% 12,00% $ 132.930,27 15.951,63 87.644,65
1/01/2024 8/04/2024 99 12,00% 3,25% $ 136.559,50 4.444,73 92.089,38

Condena por este concepto a favor de la parte actora
Valor histórico actualizado $136.560
Intereses moratorios $92.089
TOTAL $228.649

El excedente a favor del consorcio, resultante de aplicar la metodología de
remuneración de los diseños de nuevas estructuras, en relación con el contrato
original y el otrosí No. 005

118. Como se precisó, la diferencia advertida entre el valor de los diseños de
nuevas estructuras que fue estimado y el valor real de éstos, en virtud de la
metodología de remuneración aplicada al monto de las obras viabilizadas por el
MAVDT, tanto respecto del contrato original, como su otrosí No. 005, que adicionó
su precio, corresponde a la suma de $70’212.123,32 la cual se indexará y se
calcularán los intereses de mora que correspondan.

119. Para el efecto y dado que no obra constancia de la presentación de factura
o cuenta de cobro ante la entidad respecto de este ítem y comoquiera que el inciso
segundo del artículo 94 del CGP, en punto a la constitución en mora, dispone que
la “notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo
produce el efecto del requerimiento judicial para constituir en mora al deudor,
cuando la ley lo exija para tal fin”, se tendrá como fecha de exigibilidad de este pago
el momento de notificación del auto admisorio de la demanda, es decir, el 14 de
agosto de 201767. Se realizan los cálculos correspondientes en las tablas que a
continuación de muestran:

67 Archivo “7_ED_005NOTIADMISION(.PDF) NroActua 2”, obrante en el EXPEDIENTE DIGITAL, índice 002

del aplicativo SAMAI.

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Radicación: 54001233300020170024801 (67.446)
Demandante: Consorcio Consultoría Norte y otros
Demandado: Departamento de Norte de Santander
Asunto: Controversias contractuales

IPC inicial (agosto
Valor histórico Mes de IPC final IPC final Valor actualizado
de 2017)

$ 70.212.123 dic-17 96,92 96,32 $ 70.649.491
$ 70.212.123 dic-18 100 96,32 $ 72.894.646
$ 70.212.123 dic-19 103,8 96,32 $ 75.664.643
$ 70.212.123 dic-20 105,48 96,32 $ 76.889.273
$ 70.212.123 dic-21 111,41 96,32 $ 81.211.925
$ 70.212.123 dic-22 126,03 96,32 $ 91.869.123
$ 70.212.123 dic-23 137,72 96,32 $ 100.390.507
$ 70.212.123 abr-24 141,48 96,32 $ 103.131.346

Inicio Final Días Interés Interés Capital Intereses Intereses
moratorio proporcional (actualizado) moratorios acumulados
anual periodo
pactado
14/08/2017 31/12/2017 140 12,00% 4,60% $ 70.649.491,20 3.251.812,20 3.251.812,20
1/01/2018 31/12/2018 365 12,00% 12,00% $ 72.894.646,30 8.747.357,56 11.999.169,75
1/01/2019 31/12/2019 365 12,00% 12,00% $ 75.664.642,86 9.079.757,14 21.078.926,90
1/01/2020 31/12/2020 366 12,00% 12,03% $ 76.889.272,92 9.251.991,42 30.330.918,31
1/01/2021 31/12/2021 365 12,00% 12,00% $ 81.211.925,45 9.745.431,05 40.076.349,37
1/01/2022 31/12/2022 365 12,00% 12,00% $ 91.869.122,74 11.024.294,73 51.100.644,10
1/01/2023 31/12/2023 365 12,00% 12,00% $ 100.390.506,89 12.046.860,83 63.147.504,92
1/01/2024 8/04/2024 99 12,00% 3,25% $ 103.131.345,59 3.356.713,39 66.504.218,31

Condena por este concepto a favor de la parte actora
Valor histórico actualizado $103.131.346
Intereses moratorios $66.504.218,31
TOTAL $169.335.564,31

120. Así las cosas, la condena a cargo del departamento está integrada por los
montos derivados de su incumplimiento en el pago del acta de terminación de
productos No. 6 y del excedente del valor de los diseños de las nuevas estructuras
de acueducto y alcantarillado, en aplicación del 8% sobre el monto de las obras
viabilizadas, en los siguientes términos:

Condena a cargo del departamento
Por el no pago de la totalidad del $228.649
acta de terminación de
productos No. 6
Por el no pago del excedente del $169.335.564,31
valor de los diseños de las
nuevas estructuras
TOTAL $169.564.213,31

38

Radicación: 54001233300020170024801 (67.446)
Demandante: Consorcio Consultoría Norte y otros
Demandado: Departamento de Norte de Santander
Asunto: Controversias contractuales

121. Por ende, el valor de la condena actualizada, con el cálculo de los intereses
moratorios, que en esta oportunidad se profiere por concepto de la liquidación
contractual, asciende a la suma de CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES
QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS CON
TREINTA Y UN CENTAVOS ($169.564.213,31), la cual deberá ser pagada a favor
de la demandante.

Costas

122. Habida consideración de que en este proceso se aplica el artículo 188 del
CPACA, de conformidad con el artículo 365 del Código General del Proceso,
numerales 168 y 569, la Sala condenará en costas al departamento demandado, ya
que fue la parte vencida en el proceso, con la precisión de que esa condena se
ordenará de forma parcial, dado que prosperó sólo una parte de las pretensiones
de la demanda, como se explicó previamente.

123. Asimismo, bajo las reglas del código en cita, la condena en costas no
requiere de la apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte a la
cual se le imponen, toda vez que en el régimen actual, dicha condena se determina
con fundamento en un criterio netamente objetivo, en este caso frente a la parte
que ha resultado vencida, “siempre que exista prueba de su existencia, de su
utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley” y, en el sub
lite, se acreditó la actuación de la demandante que fue la que propuso la alzada.

124. La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el
Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que
dispone el artículo 366 del Código General del Proceso.

125. En relación con las agencias en derecho, se pone de presente que se regirán
por el Acuerdo PSAA16-10554, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura,
vigente para la fecha en que se presentó la demanda70.

126. En este caso, la Sala advierte que condenará al departamento a pagar las
costas de la segunda instancia, bajo el concepto de agencias en derecho, por el
monto de un (1) SMLMV, a favor del consorcio demandante, pues a favor de esta
forma asociativa se formularon los pedimentos económicos instaurados en la
alzada.

68“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en

que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos
especiales previstos en este código”
69 “ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en

que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
(…)
5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o
pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión”.
70 En su artículo 5 determina que, en los procesos declarativos de segunda instancia, la tarifa de agencias en

derecho se debe fijar 1 y 6 S.M.M.L.V

39

Radicación: 54001233300020170024801 (67.446)
Demandante: Consorcio Consultoría Norte y otros
Demandado: Departamento de Norte de Santander
Asunto: Controversias contractuales

IV. PARTE RESOLUTIVA

124. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de La ley,

FALLA:

PRIMERO. MODIFICAR la sentencia del 31 de mayo de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, la cual quedará así:

PRIMERO: DECLARAR el incumplimiento contractual por parte del
Departamento de Norte de Santander del contrato de Consultoría No. PDA-NS-
FIA-009-2011, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: LIQUIDAR judicialmente el Contrato de Consultoría No. PDA-NS-
FIA-009-2011 del 05 de octubre de 2011, celebrado entre el Departamento
Norte de Santander y el Consorcio Consultoría Norte; como consecuencia, el
departamento deberá pagarle a la parte demandante la suma de ciento sesenta
y nueve millones quinientos sesenta y cuatro mil doscientos trece pesos con
treinta y un centavos ($169.564.213,31).

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

SEGUNDO. - CONDENAR en costas, por esta instancia, al departamento de Norte
de Santander, en favor del consorcio Consultoría Norte por la suma equivalente a
un (1) SMLMV. Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal a
quo.

TERCERO. - Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ
(aclaración de voto) (aclaración de voto)

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la
responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

VF

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