RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-36-000-2013-01065-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2013-01065-01

Fecha
11 de agosto de 2025
Consejero ponente
José Roberto Sáchica Méndez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2013-01065-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 29 de agosto de 2017, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A. SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia a Procopal S.A., Bocacolina S.A. y Gaico Ingenieros Constructores S.A.; FIJAR como agencias en 63 Que fija, en su numeral 3.3.1., que las agencias de derecho podrán ser fijadas en hasta el 5% de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia. Este Acuerdo es aplicable a este caso pese a la derogatoria que hizo el Acuerdo 10554 de 2016, expedido con ocasión de la entrada en vigor del CGP. El Acuerdo 10554 estableció en su artículo 7º que “se aplicará respecto de los procesos iniciados a partir de dicha fecha. Los comenzados antes se siguen regulando por los reglamentos anteriores sobre la materia, de manera especial los contenidos en los Acuerdos 1887 de 2003”. 64 Cuaderno 2, folio 44. 21 Radicación: 250002336000-2013-01065-01 (60488) Actor: Procopal S.A. y otros Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- y otro Acción: Controversia contractual. derecho a su cargo y en favor del IDU y de Transmilenio S.A., para cada una de ellas, la suma de quince millones tres mil cuatrocientos setenta y tres pesos ($15’003.473), valor que deberá ser cancelado por los primeros en partes iguales. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2013-01065-01

Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez

11 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., once (11) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Expediente: 250002336000-2013-01065-01 (60488)
Actor: Procopal S.A. y otros
Demandada: Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá -IDU- y otro
Acción: Controversias contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia

Temas: INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO – Distinto al rompimiento de la
ecuación financiera del negocio jurídico / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
DE PAGO – Inexistencia.

La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A, por medio de la cual se negaron
las pretensiones de la demanda.

La parte actora solicitó declarar que las entidades demandadas incumplieron su
obligación de pago conforme a lo establecido en las cláusulas 20.2.8 y 20.2.1.2 del
contrato.

I. LA SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde al fallo adoptado el 29 de agosto de 2017 1, que resolvió la
demanda presentada el 21 de junio de 2013 2 por las sociedades Procopal S.A.,
Bocacolina S.A. y Gaico Ingenieros Constructores S.A., integrantes de la Unión
Temporal Américas 1 (la unión temporal, el contratista o los demandantes), en
contra del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá (IDU) y la Empresa de
Transporte del Tercer Milenio S.A. (Transmilenio S.A.), cuyas pretensiones y
principales fundamentos de hecho y de derecho, se exponen a continuación.

Fundamentos de la demanda y lo pretendido

2.
La Unión Temporal celebró con el IDU y con Transmilenio S.A. el contrato de
obra 220 el 25 de abril de 2002 (el Contrato), con un plazo total de seis (6) años y
cinco (5) meses divididos así: tres (3) meses de preconstrucción, catorce (14) meses

1 Cuaderno principal, folios 503 a 513.
2 Cuaderno 2, folios 27 a 64.

Radicación: 250002336000-2013-01065-01 (60488)
Actor: Procopal S.A. y otros
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- y otro
Acción: Controversia contractual.

de construcción y cinco (5) años de mantenimiento. Las obras de construcción y
redes fueron acordadas bajo un precio global.

3.
El acta de recibo de obras de construcción e inicio de la etapa de
mantenimiento fue firmada el 30 de diciembre de 2003 (Acta 53), por lo que, de
conformidad con la cláusula 20.2.1.2 del contrato, el remanente del valor global para
las obras de construcción y redes debía pagarse dentro de los sesenta (60) días
siguientes, esto es, en febrero de 2004; a pesar de lo anterior, el indicado remanente
fue pagado en el segundo semestre del año 2007. Afirmó que se le exigieron
requisitos no previstos en el contrato, particularmente “la aprobación de los planos
record” y aprobaciones de las empresas de servicios públicos domiciliarios.

4.
Bajo la cláusula 20.2.8 del Contrato se acordó que el contratista sería
compensado por las variaciones del índice de costos de la construcción pesada
(ICCP), entre la fecha de presentación de la propuesta, y la fecha de cada acta
mensual de obra ejecutada; a pesar de lo anterior, algunas actas del año 2004 3
fueron pagadas sin la actualización correspondiente.

5. Mediante acta 113 del 8 de junio de 2011 las partes liquidaron por mutuo
acuerdo el contrato, donde el contratista dejó consignada de manera expresa la
siguiente reserva sobre sus reclamaciones económicas a la entidad:

“Reclamaciones económicas.

Nota 1: La Unión Temporal contratista, y sus integrantes individualmente
considerados, hacen expresa reserva de su derecho a reclamar judicialmente
contra el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU el reconocimiento y
pago de los siguientes conceptos y valores según se detalla y soporta en la
solicitud de reconocimiento económico realizada por el Contratista al
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU mediante comunicación de la
UNIÓN TEMPORAL AMÉRICAS TRAMO 1 No. 290-0007-010 radicada en el
IDU con el No. 20105260565602 el 15 de diciembre de 2010:

1. Por el menor valor de ajustes reconocidos por el IDU por valor de
$595.508.834 m/cte.

2. Por el costo financiero generado por la demora en la facturación de las
ultimas actas de obra presentadas por razones no imputables al
contratista, por valor total de $4.497.349.093 m/cte.

El valor total de los valores reclamados, cuyo pago la Unión Temporal
contratista y sus integrantes individualmente considerados hace expresa
reserva de su derecho a reclamar judicialmente, asciende a la suma de
$5.092.857.927 pesos m/cte., más la actualización monetaria y los intereses
que se causen hasta su pago efectivo”.

3 Conforme a la demanda: “Acta de reajuste No. 65 correspondiente al Acta para cobro de parte de los saldos

de obras complementarias y redes No. 18 de julio 14 de 2004, Acta No. 69 de Obra No. 19 de noviembre 23 de
2004, Acta de Ajuste No. 70 correspondiente al acta de obra No. 19”.

2

Radicación: 250002336000-2013-01065-01 (60488)
Actor: Procopal S.A. y otros
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- y otro
Acción: Controversia contractual.

6. Con fundamento en lo anterior, solicitó 4 declarar que las entidades
demandadas incumplieron las cláusulas 20.2.8 y 20.2.1.2, por cuanto: (i) no se
pagaron debidamente actualizadas o corregidas monetariamente algunas actas de
obra del año 2004, y (i) no se pagó, dentro de la oportunidad contractualmente
pactada, el remanente del valor global para las obras de construcción y redes;
subsidiariamente solicitó declarar que tales circunstancias conllevaron un
desequilibrio económico del contrato.

7.
Como pretensiones consecuenciales solicitó condenar a las demandadas al
pago de: (i) las sumas correspondientes a la actualización dejada de realizar sobre
las actas de obra junto con los intereses moratorios causados 5, y (ii) la actualización
monetaria y los intereses moratorios por la demora en el pago del remanente del
valor global para las obras de construcción y redes.

4 “PRIMERA. - Indemnización por mora en el pago del remanente del valor global para obras de
construcción y en el pago del saldo de obras complementarias y redes. 1.1. Que se declare que el IDU y/o
TRANSMILENIO incumplieron la cláusula 20.2.1.2 del Contrato No. 220 de 2002 al no pagar dentro de la
oportunidad contractualmente prevista el remanente del valor global para obras de construcción y el saldo de
obras complementarias y redes. Subsidiaria de la 1.1. En forma subsidiaria a la anterior pretensión, solicito que
se declare que la demora que existió en el pago del remanente del valor global para obras de construcción y en
el pago del saldo de obras complementarias y redes, obedeció a causas no imputables al contratista que
rompieron el equilibrio económico del Contrato No. 220 de 2002 y que, por tanto, se obligue al IDU y/o
TRANSMILENIO al pago de todas las sumas que compensen a la UTA 1 la mengua económica sufrida y se
restablezca el equilibrio existente al momento de la celebración del contrato. 1.2. Que como consecuencia de la
prosperidad de una cualquiera de las anteriores pretensiones, se condene al IDU y/o TRANSMILENIO a pagar
a la UTA 1 la actualización monetaria y los intereses moratorios causados por la demora en el pago del
remanente del valor global para obras de construcción y en el pago del saldo de obras complementarias y redes,
liquidados de conformidad con lo previsto en el Contrato No. 220 de 2002 y la ley, y según la cuantificación
pericial que resulte en el proceso. SEGUNDA. - Indemnización por el pago desactualizado o no corregido
monetariamente de las actas mensuales de obra ejecutada y del saldo del remanente del valor global
para obras de construcción 2.1. Que se declare que el IDU y/o TRANSMILENIO incumplieron la cláusula
20.2.8 del Contrato No. 220 de 2002 y la ley, al no pagar debidamente actualizadas o corregidas monetariamente
las actas de obra ejecutada y el saldo del remanente del valor global para obras de construcción. Subsidiaria
de la 2.1. En forma subsidiaria a la anterior pretensión, solicito que se declare que el pago no actualizado o
corregido monetariamente de las actas de obra ejecutada y del saldo del remanente del valor global para obras
de construcción, rompió el equilibrio económico del Contrato No. 220 de 2002 por causas no imputables al
contratista y que, por tanto, se obligue al IDU y/o TRANSMILENIO al pago de todas las sumas que compensen
a la UTA 1 la mengua económica sufrida y se restablezca el equilibrio existente al momento de la celebración
del contrato. 2.2. Que como consecuencia de la prosperidad de una cualquiera de las anteriores pretensiones,
se condene al IDU y/o TRANSMILENIO a pagar a la UTA 1 las sumas correspondientes a la actualización o
corrección monetaria dejada de realizar sobre las actas de obra ejecutada y el saldo del remanente del valor
global para obras de construcción, así como los intereses moratorios causados, liquidados de conformidad con
lo previsto en el Contrato No. 220 de 2002 y la ley, y según la cuantificación pericial que resulte en el proceso. TERCERA. Que se ordene a la parte demandada que el pago de las sumas a que se refieren los anteriores
numerales 1.2. y 2.2. se realice debidamente actualizado hasta la fecha en que efectivamente se efectúe y con
aplicación de la tasa de interés moratorio establecida en el Contrato No. 220 de 2002. Subsidiaria de la 3. Subsidiariamente a la anterior pretensión, solicito que se ordene a la parte demandada que el pago de todas las
sumas a que se refieren los anteriores numerales 1.2., y 2.2. se realice debidamente actualizado hasta la fecha
en que efectivamente se efectúe y con aplicación de la tasa de interés comercial establecida en la ley. Segunda
Subsidiaria de la 3.

En forma subsidiaria a las dos anteriores pretensiones, solicito que se ordene a la parte
demandada que el pago de todas las sumas a que se refieren los anteriores numerales 1.2. y 2.2. se realice
debidamente actualizado hasta la fecha en que efectivamente se efectúe y con aplicación de la tasa de interés
que indique el Señor Magistrado. CUARTA. Que se condene al IDU y/o TRANSMILENIO al pago de las costas
y gastos del proceso, incluidas las agencias en derecho, en la cantidad que determine el Señor Magistrado. QUINTA. Que para el caso en que el IDU y/o TRANSMILENIO no dieren cumplimiento inmediato a la sentencia
que ponga fin al proceso que se inicia, se les condene al pago de los intereses sobre el monto de la condena
líquida, señalados en el artículo 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencio so
Administrativo”. 5 Se indicó en la demanda que “No obstante lo pactado en la anterior estipulación contractual [cláusula 20.2.8]

y a pesar de las solicitudes realizadas por el contratista, el IDU y/o TRANSMILENIO no autorizaron que las
últimas actas presentadas por la UTA 1 por la ejecución del global para obras de construcción y por la ejecución
de obras para redes fueran pagadas debidamente actualizadas al mes anterior a su presentación”.

3

Radicación: 250002336000-2013-01065-01 (60488)
Actor: Procopal S.A. y otros
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- y otro
Acción: Controversia contractual.

Contestación de la demanda

8.
Transmilenio S.A. 6 se opuso a las pretensiones de la demanda. Adujo que
solo hasta la suscripción del Acta 94 de septiembre de 2007 se verificó la ejecución
de la totalidad de las obras de construcción y redes, y por ende, el cumplimiento de
la condición para proceder con el pago del remanente del valor global por es e
concepto; en consecuencia, el pago de ese remanente, realizado en noviembre de
2007, fue oportuno. Indicó que sus obligaciones bajo el contrato se limitaron a
realizar los pagos autorizados por el IDU, tal como en efecto lo hizo, de manera que
no puede imputársele un incumplimiento contractual o alguna responsabilidad frente
a los hechos aducidos en la demanda; con base en esto último, propuso la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

9.
El IDU 7 propuso las excepciones denominadas como, inexistencia de: (i) la
ruptura del equilibrio económico del contrato; (ii) la presunta mora en el pago del
valor global; (iii) la obligación de pago por corrección monetaria, e (iv) indisciplina o
irresponsabilidad contractual. Afirmó que el pago del remanente no solo dependía
de la culminación o terminación de la etapa de construcción, cuya acta se suscribió
el 30 de diciembre de 2003 (Acta 53), sino también de la firma del acta de recibo de
las obras de construcción y redes a satisfacción, lo cual solo ocurrió con la
suscripción del acta de “Pago Saldo Remanente del Valor Global para Obras de
Construcción” del 18 de septiembre de 2007 (Acta 94). Explicó que las
actualizaciones no eran procedentes, y por tanto, la interventoría no aprobó las
actualizaciones de las actas de obra del año 2004 aducidas por el demandante, toda
vez que el plazo máximo para la etapa de construcción era diciembre de 2003 y las
obras a que refieren las actas se ejecutaron incumpliendo el cronograma.

Alegatos en primera instancia

10.
Surtido el debate probatorio 8, en proveído del 29 de febrero de 2016 9, el a
quo corrió el traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público
para emitir concepto, quien guardó silencio, mientras que las partes presentaron sus
alegatos reiterando lo afirmado en la demanda y su contestación 10.

Los fundamentos de la sentencia de primera instancia

11.
El Tribunal a quo determinó11 que tanto el IDU como Transmilenio S.A.
estaban legitimadas en la causa por pasiva y negó las pretensiones de la demanda,
explicando para estos efectos, que:

6 Cuaderno 2, folios 99 a 135.
7 Cuaderno 2, folios 139 a 167.
8 En la audiencia inicial se decretaron las documentales aportadas por las partes, incluyendo el contrato, sus

modificatorios, los antecedentes administrativos, correspondencia cruzada, actas de obra y los pagos
efectuados. También se decretaron los testimonios y el dictamen pericial solicitado por la parte actora (Cuaderno
2, folios 217 a 220). La audiencia de pruebas se realizó el 26 de agosto de 2014, el 25 de mayo de 2015, el 1 y
29 de febrero de 2016 (Cuaderno 2, folios 259 a 265; 335 a 337; 401 a 403 y 432 a 434).
9 Cuaderno 2, folio 434.
10 Cuaderno 2, folios 435 a 493.
11 Folio 224 a 236 del cuaderno del Consejo de Estado.

4

Radicación: 250002336000-2013-01065-01 (60488)
Actor: Procopal S.A. y otros
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- y otro
Acción: Controversia contractual.

12. (i)
Tanto el IDU como Transmilenio S.A. adquirieron obligaciones respecto del
pago bajo el negocio jurídico objeto de controversia, que es precisamente aquella
prestación que se alega como incumplida por parte de los demandantes.

13. (ii)
No puede hablarse de un desequilibrio económico del contrato por el no
pago pactado, pues tal pretensión no es constitutiva de una ruptura de la ecuación
financiera del negocio jurídico, sino de un posible incumplimiento contractual.

14. (iii)
De conformidad con el contrato y su otrosí 9, el pago del remanente del
valor global para obras de construcción y de redes a favor del contratista estaba
condicionado no solo a la terminación de la etapa de construcción, sino también a
la suscripción del acta de recibo de las obras por parte del IDU y la interventoría.

15. (iv)
El plazo para el pago del concepto indicado no venció en febrero de 2004,
cuando se suscribió el Acta 53 de “Terminación del Plazo de la Etapa de
Construcción e Inicio de la Etapa de Mantenimiento”, pues para ese momento
existían obras pendientes por terminar; además, la entrega y aprobación de los
planos récord era un requisito para el recibo de las obras y una obligación a su
cargo, contrario a lo afirmado por los demandantes.

16. (v)
La obligación de pagar el remanente del valor global para obras de
construcción y redes solo surgió con la suscripción -el 18 de septiembre de 2007-
del Acta 94 de “Pago Saldo Remanente del Valor Global para Obras de
Construcción”, cuando las obras se recibieron a satisfacción; en consecuencia,
como estos valores fueron pagados el 2 de noviembre de 2007, dentro de los 60
días pactados para ello, no hay lugar a la prosperidad de las pretensiones
relacionadas con la indemnización por mora sobre suma alguna relacionada con el
remanente del valor global para obras de construcción y redes.

17. (vi)
En lo que refiere a la actualización de las actas de obra ejecutada por
variaciones del ICCP 12, señaló que en la medida que los pagos se realizaron dentro
de los plazos previstos, no se cuenta con elementos de juicio para concluir que los
valores reclamados debieron ser actualizados como medida de compensación por
la pérdida de poder adquisitivo del dinero.

II. EL RECURSO DE APELACIÓN

18.
El apoderado de la parte demandante solicitó que se revoque 13 la sentencia
de primera instancia y se acceda a las pretensiones de la demanda. Aseguró que la
obligación de pago del remanente de las obras de construcción y redes surgió desde
la suscripción del Acta 53 y no desde el Acta 94. Aunque el Acta 53 se denominó
de “Terminación del Plazo de la Etapa de Construcción e Inicio de la Etapa de
Mantenimiento”, tal documento corresponde al “Acta de Recibo de Obras de
Construcción y de Obras para Redes” a que hace referencia la cláusula 20.2.1.2 del
contrato, por lo que desde su suscripción surgió para las demandadas la obligación

12 Índice de costos de la construcción pesada.
13 Cuaderno principal, folios 517 a 537.

5

Radicación: 250002336000-2013-01065-01 (60488)
Actor: Procopal S.A. y otros
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- y otro
Acción: Controversia contractual.

de pago. Explicó que ello está acreditado, pero fue desconocido por el a quo, en
tanto y en cuanto:

19. (i)
El “Acta de Recibo de Obras de Construcción y de Obras para Redes”
correspondía a aquella mediante la cual se ponía fin a la etapa de construcción y se
iniciaba la de mantenimiento, lo cual, sin discusión, se produjo con el Acta 53.

20. (ii)
En la medida que se suscribió el Acta 53, determinando la finalización de la
etapa de construcción y el inicio de la fase de mantenimiento, es porque se estaban
recibiendo las obras construidas.

21. (iii)
Con posterioridad al Acta 53, no existe ninguna otra suscrita por las partes
que se denomine “Acta de Recibo de Obras de Construcción y de Obras para
Redes”, como tampoco otra donde conste el recibo de obras de construcción, lo que
confirma que el Acta No. 53 de “Terminación del Plazo de la Etapa de Construcción
e Inicio de la Etapa de Mantenimiento” efectivamente corresponde a la referida Acta
de Recibo.

22. (iv)
El Acta 94 no determina el momento a partir del cual debía pagarse el
señalado remanente, pues no se denomina “Acta de Recibo de Obras de
Construcción y de Obras para Redes”, tampoco fue aquella a través de la cual se
puso fin a la etapa de construcción y se dio inicio a la de mantenimiento, y mucho
menos, contiene el recibo de obra alguna, como sí lo hizo el Acta 53; además, el
Acta 94 no fue suscrita por el IDU.

23. (v)
Luego de que los demandantes solicitaran la intervención del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca para obtener el decreto y práctica de pruebas
anticipadas 14 a fin de demostrar que todas las obras de construcción estaban
concluidas desde el 30 de diciembre de 2003, en octubre de 2006, los demandantes
y el IDU presentaron, y el Tribunal aceptó, una solicitud de desistimiento con
fundamento en que “ya ha sido elaborada la correspondiente Acta de Recibo”. En
consecuencia, si en octubre de 2006 el IDU reconoció que ya se había suscrito el
acta de entrega de las obras, mal podría concluirse que esto ocurrió el 18 de
septiembre de 2007 con el Acta 94.

24.
Agregó que, a diferencia de lo indicado por el a quo, para el 30 de diciembre
de 2003, esto es, antes de la suscripción del Acta 53, la totalidad de las obras de
construcción y redes estaban ejecutadas, pues para esa fecha la Troncal Américas
en el Tramo 1 fue puesta en servicio, aspecto que no se desvirtúa con ocasión de:
(i)
las obras que fueron reseñadas como pendientes en el Acta 53, por cuanto éstas
tenían un valor ínfimo y obedecían en su mayoría a detalles, acabados y daños
derivados del uso de las obras por parte de los usuarios, que se repararían como
parte de las labores de mantenimiento; y (ii) haberse exceptuado la terminación

14 Inspección judicial y un dictamen pericial.

6

Radicación: 250002336000-2013-01065-01 (60488)
Actor: Procopal S.A. y otros
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- y otro
Acción: Controversia contractual.

dentro de la etapa de construcción de unas obras 15, en la medida que su ejecución
se trasladó a la etapa de mantenimiento por causas ajenas a su responsabilidad 16.

25.
Finalmente, indicó que la cláusula 20.2.8 del contrato imponía a las
demandadas la obligación de compensar al contratista por las variaciones del ICCP,
entre la fecha de presentación de la propuesta y la fecha de cada acta mensual de
obra ejecutada, salvo que existiera mora del contratista en la ejecución del
cronograma de obras, sin que tal compensación estuviere sujeta a la mora en el
pago de las actas por parte del contratante como equivocadamente asumió el
Tribunal a quo, por lo que se incumplió la obligación de pagar correctamente las
actas 65 y 70 que el perito determinó no fueron indexadas al mes anterior de su
suscripción.

Trámite en segunda instancia

26.
El 24 de octubre de 2017 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
concedió el recurso de apelación 17, el cual fue admitido por esta Corporación el 22
de enero de 2018 18. El 8 de marzo de 2018 se corrió traslado 19 a las partes para
que alegaran de conclusión.

27. De manera oportuna, las partes presentaron sus alegatos de conclusión en
los siguientes términos:

(i)
28.
El IDU 20 reafirmó las conclusiones del Tribunal a quo vertidas en el fallo de
primera instancia, por lo que solicitó confirmarlo.

(ii)
29.
Transmilenio S.A. 21 insistió en que: (a) solo hasta la suscripción del Acta
94 se verificó la ejecución de la totalidad de las obras, y por ende, el cumplimiento
de la condición para el pago del remanente del valor global por construcción y redes;
y, (b) sus obligaciones bajo el contrato se limitaron a efectuar los pagos autorizados
y ordenados por el IDU, lo cual cumplió a cabalidad.

(iii)
30. Los demandantes 22 reiteraron los argumentos expuestos en el recurso de
apelación.

31.
El Ministerio Público 23 solicitó revocar el fallo impugnado y acceder a las
pretensiones de la demanda, pues en su concepto, “los pagos se hicieron
irrespetando las condiciones pactadas dentro del contrato”.

15 Correspondientes, por construcción, a la bocacalle y la Carrera 69 Costado Norte, acceso al barrio Marsella,

demolición de los puentes peatonales de la Carrera 52 y 60, obras de construcción en la zona de fundación y
otras menores correspondientes a redes.
16 Indicó que “si las dos obras a que se alude en el acta fueron las únicas que se exceptuaron dentro de la etapa

de construcción, en razón a que no se pudieron ejecutar por causas ajenas al Contratista, es porque todas las
demás ya se encontraban terminadas y recibidas para ese momento”.
17 Cuaderno principal, folio 542.
18 Cuaderno principal, folio 547.
19 Cuaderno principal, folio 551.
20 Cuaderno principal, folios 554 y 555.
21 Cuaderno principal, folios 556 a 577.
22 Cuaderno principal, folios 578 a 588.
23 Cuaderno principal, folios 589 a 598.

7

Radicación: 250002336000-2013-01065-01 (60488)
Actor: Procopal S.A. y otros
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- y otro
Acción: Controversia contractual.

32. Mediante auto del 23 de noviembre de 2023, la Sala Plena de la Sección
Tercera del Consejo de Estado avocó conocimiento de este proceso por razones de
importancia jurídica y necesidad de sentar jurisprudencia. Posteriormente, en sesión
celebrada el 17 de julio de 2025, decidió desescalar el asunto y devolver el
expediente a la Subsección A de la Sección Tercera.

III. CONSIDERACIONES

Objeto de la apelación

33.
Corresponde a la Sala establecer en el caso concreto si se acreditó el
incumplimiento por parte de las demandadas de las obligaciones contenidas en las
cláusulas 20.2.1.2 y 20.2.8 del contrato de obra 220 el 25 de abril de 2002, relativas
al pago del remanente del valor global para obras de construcción y redes, y la
actualización de las actas por la variación del ICCP.

El remanente del valor global para las obras de construcción y redes

34.
Conforme al expreso clausulado del contrato de obra 220 de 200224, los
demandantes se obligaron “a ejecutar las labores necesarias para la adecuación de
la Troncal Américas para el Sistema Transmilenio, tramo 1”, objeto contractual
dividido bajo tres etapas distintas (preconstrucción, construcción y
mantenimiento) 25. En especial, los actores se obligaron a “La ejecución completa”
de las obras de construcción y redes requeridas para: (i) la reparación, rehabilitación,
construcción y adecuación de las Calzadas de Transmilenio y de Tráfico Mixto, (ii) la
construcción, reparación, rehabilitación y/o adecuación de las zonas de espacio
público, y (iii) las necesarias para la reparación, rehabilitación, reubicación y
renovación de redes, así como la construcción de las redes y/o accesorios de
servicios públicos domiciliarios de acuerdo con las previsiones contenidas en los
anexos del contrato. Además, se acordó que el contratista debería ejecutar las obras
y labores de mantenimiento, una vez terminada la etapa de construcción.

35. Respecto de la forma de pago 26, se contempló que las obras de construcción
y redes se haría por un precio global, el cual sería pagado a partir de actas en la
medida en que las obras se fueran confeccionando, mediante la multiplicación de
ítems previamente definidos por las cantidades mensualmente ejecutadas, sin que
se pudiera superar el monto total acordado. Adicionalmente, en la cláusula 20.2.1.2,
se estableció que el valor remanente entre el monto total del valor global para obras
de construcción y la sumatoria de los valores pagados mediante las actas
mensuales de obra ejecutada, de existir, se cancelaría así:

“20.2.1.2. Si, al terminar la Etapa de Construcción por haberse recibido a
satisfacción la totalidad de las Obras de Construcción cabalmente
terminadas y cumpliendo con todos los requisitos establecidos en este

24 Cuaderno 8, folios 67 a 190.
25 Cláusula 5.
26 Cláusula 20.

8

Radicación: 250002336000-2013-01065-01 (60488)
Actor: Procopal S.A. y otros
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- y otro
Acción: Controversia contractual.

Contrato, sus anexos y Apéndices, resultare que el valor acumulado por el
subconcepto 1.1 a que se refiere el numeral 20.2.1.1 de esta misma cláusula-
en términos nominales-, en todas las Actas Mensuales de Obra suscritas, fuera
inferior al Valor Global para Obras de Construcción, TRANSMILENIO pagará
al Contratista- dentro de los sesenta (60) Días siguientes al recibo, por parte
del IDU de i) el Acta de Recibo de Obras de Construcción y de Obras para
Redes debidamente suscrita por el Contratista, el Interventor y el IDU, y ii) la
totalidad de los documentos necesarios para el trámite de pago, según lo
determine el IDU- la diferencia entre i) el valor nominal acumulado por el
subconcepto 1.1 descrito en el numeral 20.2.1.1 de esta misma clausula y ii)
el monto nominal del Valor Global para Obras de Construcción menos la suma
del Pago Anticipado sobre el Valor Global para Obras de Construcción que
quede por amortizar” (subrayas propias).

36. La previsión anteriormente transcrita fue modificada mediante la cláusula
primera del Otrosí 9, suscrito el 26 de septiembre de 2003 27, quedando en los
siguientes términos:

“Al terminar la Etapa de Construcción y por haberse recibido a satisfacción
la totalidad de las Obras de Construcción cabalmente terminadas y
cumpliendo con todos los requisitos establecidos en el Contrato, sus anexos
y Apéndices, TRANSMILENIO pagará al contratista el valor restante del
remanente -dentro de los sesenta (60) Días siguientes al recibo, por parte del
IDU de i) el Acta de Recibo de Obras de Construcción y de Obras para
Redes debidamente suscrita por el Contratista, el Interventor y el IDU, y ii)
la totalidad de los documentos necesarios para el trámite del pago, según lo
determine el IDU” (subrayas propias).

37.
Aunque el demandante funda su pretensión en que el remanente del valor
global para obras de construcción y redes “se cancelaría al terminar la etapa de
construcción” 28, la realidad es que dicho pago estaba sujeto a que se cumplieran
dos condiciones: la finalización de esa etapa contractual y la terminación “a
satisfacción de la totalidad de las obras”, de lo cual se dejaría constancia escrita
bajo un acta suscrita por las partes -denominada Acta de Recibo de Obras de
Construcción y de Obras para Redes-; esta afirmación resulta literal y patente, en
tanto y en cuanto: (i) así se pactó expresa y libremente por las partes, tanto en el
texto original de la cláusula 20.2.1.2. como en su posterior modificación,
explicitándose que las obras debían estar terminadas en su “totalidad” o
“cabalmente”; y (ii) solo una vez terminadas a satisfacción la totalidad de las obras
contratadas resultaba posible establecer la existencia -o no- de un remanente del
valor global acordado, así como su monto.

38.
Los demandantes afirman que la totalidad de las obras de construcción y
redes estaban ejecutadas para el 28 de diciembre 2003, y que, en consecuencia, el
Acta 53, suscrita el 30 de diciembre del mismo año y denominada “Acta de
Terminación del Plazo de la Etapa de Construcción e Inicio de la Etapa de
Mantenimiento”, corresponde al acta de recibo a satisfacción de la totalidad de las

27 Cuaderno 8, folios 246 a 248.
28 Hecho SÉPTIMO de la demanda.

9

Radicación: 250002336000-2013-01065-01 (60488)
Actor: Procopal S.A. y otros
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- y otro
Acción: Controversia contractual.

obras a que refiere la cláusula antes transcrita. Con fundamento en lo anterior,
sostienen que el pago del remanente del valor global debía pagarse en febrero de
2004, a pesar de lo cual, las demandadas y la interventoría “condicionaron la
realización de los pagos anteriores a la aprobación de los planos récord
correspondientes por parte de las empresas de servicios públicos y al recibo por
parte de aquellas de las obras para redes ejecutadas (…) condiciones que no
estaban establecidas en el Contrato No. 220 de 2002”.

39.
Partiendo lo anterior, no le asiste razón al contratista demandante, ahora
recurrente, por lo que la pretensión bajo estudio estaba llamada a ser negada, pues
las pruebas obrantes en el expediente acreditan con suficiencia, que:

40. (i)
De conformidad con las cláusulas 26 y 27 del contrato, las obras de
construcción y redes estaban sujetas a una verificación previa para su entrega, para
lo cual, el contratista debía hacer entrega de una “Memoria Técnica” que debía
incluir, entre muchos otros elementos, “[l]os Planos récord elaborados y
presentados conforme a lo establecido por las diferentes empresas de servicios
públicos para este efecto y que se encuentre vigente en el momento de presentación
de la memoria técnica”; así mismo, de conformidad con la cláusula 6, literal t), los
demandantes estaban expresamente obligados a “Tramitar y obtener ante las
respectivas empresas de servicios públicos el recibo y paz y salvo a satisfacción de
las obras ejecutadas en las redes y accesorios de servicios públicos”. Por tanto, no
es cierto que al contratista se le hubiesen exigido requisitos no previstos en el
contrato para proceder con el pago del remanente de las obras de construcción y
redes, conclusión que, además, fue sustentada y definida por el a quo en el fallo de
primera instancia, sin que en el recurso de alzada se hubiese presentado motivo de
reproche alguno que permita a la Sala realizar un análisis y llegar a una conclusión
diferente.

41. (ii)
La totalidad de las obras de construcción y redes contratadas no estaban
finalizadas para el 28 de diciembre de 2003, como afirman los demandantes con
especial énfasis para sustentar su inconformidad con el fallo recurrido, pues acorde
con el material probatorio, con posterioridad a esa fecha e inclusive hasta el año
2006 se continuaban ejecutando, así como obteniendo las correspondientes
aprobaciones de las empresas de servicios públicos domiciliarios. Sobre el
particular, es preciso resaltar que:

(a)
Mediante oficio 290-5375-03 del 26 de diciembre de 2003 29, esto es, dos (2)
días antes de la fecha en que los demandantes afirman que la totalidad de
las obras estaban terminadas, los mismos actores informaron a la
interventoría del contrato que “es imposible presentar a verificación a esa
Interventoría las obras” correspondientes a: terminación de los accesos al
barrio Marsella; sumideros en bocacalles; cajas de gas natural; empates
EAAB; placas en calzada Transmilenio; iluminación de la Diosa del Agua; y
espacio público calle 13. En esa medida, los demandantes reconocieron bajo

29 Cuaderno 4, folios 741 y 742.

10

Radicación: 250002336000-2013-01065-01 (60488)
Actor: Procopal S.A. y otros
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- y otro
Acción: Controversia contractual.

dicho oficio “no poder poner a disposición de verificación de las obras de
construcción y las obras para redes el próximo 29 de diciembre”.

(b)
Igualmente, en el oficio 290-5381-03 del 29 de diciembre de 2003 30, los
demandantes, aunque instaron a la Interventoría a proceder con la
verificación de las obras, explicaron que la “Memoria Técnica” necesaria para
la entrega seguía siendo objeto de revisiones y ajustes, y que, además, “se
encuentra pendiente la terminación de los sitios de obra” informados en la
comunicación citada en el punto anterior.

(c)
En el Acta 5331 del 30 de diciembre de 2003, se dejó plena constancia de que
las obras no estaban finalizadas, en la medida que existían algunas
pendientes así como detalles de acabados; además, expresamente se indicó
que algunas obras de construcción y redes se aplazarían para ser ejecutadas
durante la etapa de mantenimiento, específicamente, las correspondientes a
la bocacalle y la carrera 69, costado norte, acceso barrio Marsella; la
demolición de los puentes peatonales de la carrera 52 y 60; construcción en
la zona de fundación del puente de la carrera 52; y maniobras por ejecutar
de redes de Codensa.

(d)
En oficio 290-295-04 del 14 de mayo de 2004 32, los demandantes
manifestaron a la interventoría del contrato dificultades en las obras de redes,
solicitando, en consecuencia, “su valiosa colaboración para (…) lograr la
terminación de los puntos anteriormente expuestos y así mismo la entrega
definitiva de las obras”.

(e)
Con oficio IDU-115998 del 9 de julio de 2004 33, soportado con el
correspondiente registro fotográfico, el IDU requirió del contratista proceder
con la terminación de algunas obras propias de la etapa de construcción,
particularmente: nivelación de pozos; señalización y demarcación; ciclorruta
costado norte entre la carrera 69c y la plazoleta del puente peatonal de la
carrera 69, en el barrio Marsella; iluminación en la calle 13 y Puente Aranda,
costado sur; aguja conectante en la Av. Américas calle 13; retiro de postes y
subterranización de acometidas eléctricas en el Barrio Marsella; juntas box
del río Fucha; e implementación del diseño paisajístico.

(f)
En oficio AT1-437-04 del 22 de junio de 2004 34, la interventoría confirmó al
IDU que las obras antes indicadas continuaban pendientes, así como la
entrega completa de la “Memoria Técnica”.

(g)
Con el oficio 290-380-04 del 9 de agosto de 2004 35, los demandantes
solicitaron a la interventoría colaboración “[c]on el propósito de agilizar la
entrega de planos récord y también la entrega de obras a las ESP”.

30 Cuaderno 4, folio 743.
31 Cuaderno 11, folios 271 a 274.
32 Cuaderno 4, folios 766 y 767.
33 Cuaderno 4, folios 773 y 774.
34 Cuaderno 4, folios 783 a 787.
35 Cuaderno 4, folio 793.

11

Radicación: 250002336000-2013-01065-01 (60488)
Actor: Procopal S.A. y otros
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- y otro
Acción: Controversia contractual.

(h)
Mediante oficio IDU-177689 del 24 de septiembre de 2004 36, se solicitó
nuevamente al contratista culminar las obras pendientes para efectos de
“poder suscribir el Acta de Recibo de Obras de Construcción y de Obras para
Redes”.

(i)
A través del oficio IDU-215739 del 20 de noviembre de 2004 37, el IDU reiteró
al contratista la necesidad de aportar “los planos en scad-gis, segmentación
vial y demás memoria técnica que también hacen parte del recibo de la Etapa
de Construcción”.

(j)
En el oficio AT1-028-05 del 21 de febrero de 2005 38, la interventoría informó
y dejó constancia de las obras pendientes en las redes ETB conforme a visita
realizada conjuntamente con el contratista, “que además aplican para las
correcciones de los planos récord”.

(k)
Mediante el oficio 290-047-05 del 16 de junio de 2005 39, los demandantes
manifestaron remitir a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
(EAAB) los documentos necesarios para proceder con la aprobación de
obras de redes.

(l)
Por cuanto el 13 de julio de 2005, el IDU solicitó al contratista informar “una
fecha definitiva de terminación de los pendientes que en la actualidad
persisten de la Etapa de Construcción y en especial de los correspondientes
a las obras para redes del contrato”, mediante oficio 290-018-05 del 18 de
julio del mismo año 40, este último manifestó que “la definición de una fecha
de recibo resulta imposible a una sola de las partes”.

(m)
Con el oficio 290-125-05 del 9 de noviembre de 2005 41, el contratista hizo
entrega a la interventoría de las actas de recibo de obras de redes
correspondientes a Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., la Secretaría
de Tránsito de Bogotá y la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB).

(n)
Mediante oficio IDU-004230 del 27 de enero de 2006 42, el IDU solicitó al
contratista dar cumplimiento a los compromisos adquiridos “que a la fecha no
se encuentran cumplidos a cabalidad y satisfacción para el recibo de las
obras de construcción y obras para redes del contrato”.

(o)
En oficio 290-015-06 del 6 de febrero de 2006 43, el contratista remitió al IDU
“el cálculo estimado del volumen y valor de las excavaciones y rellenos
realizados” para las redes EAAB.

36 Cuaderno 4, folios 805 y 806.
37 Cuaderno 4, folios 829 a 831.
38 Cuaderno 4, folios 866 a 872.
39 Cuaderno 4, folio 949.
40 Cuaderno 4, folio 969.
41 Cuaderno 4, folio 1007.
42 Cuaderno 4, folio 1060.
43 Cuaderno 4, folios 1061 A y 1062.

12

Radicación: 250002336000-2013-01065-01 (60488)
Actor: Procopal S.A. y otros
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- y otro
Acción: Controversia contractual.

(p)
Con oficio 290-052-06 del 2 de mayo de 2006 44, el contratista remitió a la
interventoría copia del acta de recorrido efectuado con la EAAB, con la cual
“se concluye la entrega a la EAAB por parte de la UTA 1 de las observaciones
realizadas al Sistema de Alcantarillado de Aguas Lluvias y de Aguas Negras”.

(q)
En el oficio IDU-033317 del 8 de junio de 2006 45, el IDU remitió a la
interventoría el acta de recibo de obra de redes suscrita por Colombia
Telecomunicaciones S.A. E.S.P. y solicitó adelantar “la elaboración del Acta
de Recibo de Obras de Construcción y Obras para Redes”.

(r)
Mediante oficio IDU-068184 del 5 de octubre de 2006 46, el IDU remitió a la
interventoría “copia del oficio 2901-003-06-ING, con radicado IDU No.
078045 (28-09-06), por medio del cual la Unión Temporal Américas Tramo 1,
adjunta Acta No. 88 de recibo de obras de construcción y obras para redes
del contrato en referencia”.

42.
Además, las pruebas recaudadas dan cuenta de que la posición de los
demandantes estuvo siempre fundada en su inconformidad con el alcance de su
obligación respecto de las aprobaciones de las obras de redes por parte de las
empresas de servicios públicos domiciliarios, luego de lo cual, en septiembre de
2007 y aun estando en trámite algunas de ellas 47, el contratista y la interventoría
suscribieron el Acta 94 de “Pago Saldo Remanente del Valor Global para Obras de
Construcción” y 95 de “Reajuste del Acta N o 94”, en donde se acordó el
cumplimiento por parte del contratista de los otrosíes:

43. (i)
N.º 9, donde, como se indicó, se modificó la cláusula 20.2.1.2 relativa al
pago del remanente del valor global para obras de construcción y redes 48;
adicionalmente, se estipuló que “Una vez vencido el plazo de la Etapa de
Construcción el Contratista, Interventor y el IDU, suscribirán un acta de terminación
de la misma, con el fin de dar inicio de la Etapa de Mantenimiento”.

(ii)
44. N.º 11, mediante el cual se prorrogó el plazo de la etapa de construcción 49
y se excluyeron de ésta, para ser ejecutadas durante la etapa de mantenimiento 50,
las obras que el demandante reconoce en su escrito de apelación.

44 Cuaderno 4, folio 1081.
45 Cuaderno 4, folio 1091.
46 Cuaderno 4, folio 1101.
47 Tal como dan cuenta textualmente las constancias obrantes en las actas 94 de “Pago Saldo Remanente del

Valor Global para Obras de Construcción” y 95 de “Reajuste del Acta No 94”, sin manifestación distinta de los
actores.
48 Cláusula primera.
49 Cláusula tercera. “Modificar el inciso primero del numeral 5.2 de la Cláusula 5 del Contrato, en el sentido que

la Etapa de Construcción tendrá una duración estimada de quince (15) meses y diez y seis (16) Días
Calendario”.
50 Cláusula cuarta. “Se exceptúa de la Etapa de Construcción las obras relacionadas en el numeral 3.6 del oficio

del Interventor con radicado IDU 091755 del 24 de octubre de 2003, las cuales se ejecutarán en la Etapa de
Mantenimiento”.

13

Radicación: 250002336000-2013-01065-01 (60488)
Actor: Procopal S.A. y otros
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- y otro
Acción: Controversia contractual.

45. (iii)
N.º 12 en el cual, nuevamente, se amplió el plazo de la etapa de obras de
construcción y redes 51, y por otra parte, se reiteró que “La verificación de las Obras
de Construcción, Obras para Redes y Obras Complementarías se realizará de
conformidad con lo estipulado en la cláusula 27 del Contrato” 52, cláusula que, como
se explicó, en armonía con la cláusula 26, dispuso que las obras de construcción y
redes estaban sujetas a una verificación previa para su entrega, para lo cual el
contratista debía hacer entrega, entre otros, de la “Memoria Técnica”.

46.
En las actas antes indicadas, los actores también aceptaron que, una vez
revisadas las obras ejecutadas y efectuados los descuentos correspondientes, el
monto por concepto de remanente del valor global para obras de construcción y
redes correspondía a la suma de $591’499.033, el cual, no se discute, fue pagado
dentro de los sesenta (60) días siguientes.

47.
Verificado lo anterior, la Sala encuentra que los argumentos de los
recurrentes tendientes a controvertir lo decidido en primera instancia respecto del
presunto incumplimiento de la cláusula 20.2.1.2 del contrato, concerniente al pago
del remanente del valor global para obras de construcción y redes, carecen de
fundamento fáctico y jurídico, toda vez que está acreditado que las obras
contratadas no estaban ejecutadas en su totalidad para el 30 de diciembre de 2003
con la finalización de la etapa de construcción como afirman los actores, pues de
hecho, se acordó mediante una modificación contractual la ejecución de algunas de
ellas durante la etapa de mantenimiento. Adicionalmente, aunque se aceptara que
tal determinación se dio por causas no imputables a los demandantes, como se
afirma en el recurso de alzada, lo cierto es que la postergación de esas obras fue
aceptada por el contratista mediante la suscripción del otrosí 11, sin salvedad o
manifestación en contrario, mucho menos, relacionada con el alcance de la cláusula
20.2.1.2 del contrato, que no fue variada 53 y que exigía la ejecución total de las
obras contratadas para el pago del remanente.

48. Así mismo, por cuanto la cláusula 20.2.1.2 del contrato imponía la ejecución
a cabalidad y verificada de la totalidad de las obras contratadas para proceder con
el pago del remanente del valor global para las obras de construcción y redes, no
son de recibo los argumentos de los recurrentes fundados en que la condición
pactada para el pago estaba cumplida dado que, aunque sí existían algunas
pendientes, su valor no era representativo, o por cuanto estaban terminadas las
aquellas que permitían la puesta en servicio de la Troncal Américas en el Tramo 1,
pues ninguno de éstos argumentos desvirtúa el hecho objetivo de que las obras no
estaban ejecutadas en su totalidad, condición pactada explícitamente en el negocio
jurídico y necesaria para establecer la existencia y cuantía de un remanente a favor
del contratista.

51 Cláusula segunda. “Otorgar al Contratista un plazo hasta el 9 de diciembre de 2003 para la terminación de
la totalidad de las Obras de Construcción, Obras para Redes y Obras Complementarias, que no están
terminadas a fa fecha, por causas imputables a éste, sin perjuicio de los procedimientos de imposición de
multas”.
52 Cláusula tercera.
53 Cláusula décima segunda. “Las demás estipulaciones contenidas en el Contrato como en los demás

documentos contractuales no modificados mediante el presente Otrosí continúan vigentes y surten los efectos
legales que ellos fijan”.

14

Radicación: 250002336000-2013-01065-01 (60488)
Actor: Procopal S.A. y otros
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- y otro
Acción: Controversia contractual.

49. Tampoco puede afirmarse que, aunque el Acta 53 se denominó de
“Terminación del Plazo de la Etapa de Construcción e Inicio de la Etapa de
Mantenimiento”, esta corresponde al “Acta de Recibo de Obras de Construcción y
de Obras para Redes” a que hace referencia la cláusula 20.2.1.2 del contrato, pues
previamente, con la suscripción del otrosí 9 del 26 de septiembre de 2003, las partes
habían acordado que una vez vencido el plazo de la etapa de construcción,
suscribirían “un acta de terminación de la misma, con el fin de dar inicio de la Etapa
de Mantenimiento”, que sin lugar a dudas corresponde a la citada Acta 53; ello es
así porque en esa acta, precisamente, se da cuenta de la finalización de una etapa
contractual y el inicio de la otra, mas no el recibo a satisfacción de la totalidad de
las obras, máxime cuando en ella se dejó constancia de que las obras de
construcción y redes no estaban terminadas, y dado que, en el otrosí 11 del 24 de
octubre de 2003, se había convenido la ejecución de obras de construcción y redes
durante la subsiguiente etapa de mantenimiento.

50.
Aunque bajo el clausulado inicial del contrato está definido que el “Acta de
Recibo de Obras de Construcción y de Obras para Redes” correspondía a aquella
mediante la cual se ponía fin a la etapa de construcción y se iniciaba la de
mantenimiento, como se indicó, mediante los otrosíes 9 y 11 se acordó la
suscripción de un acta de finalización o terminación de una etapa e inicio de la otra,
así como la ejecución de obras durante la fase de mantenimiento, por lo que el inicio
de esta última y la suscripción del acta acordada, no significaba automáticamente
la ejecución total de las obras contratadas.

51. Si bien con posterioridad al Acta 53, no existe otra que se denomine “Acta de
Recibo de Obras de Construcción y de Obras para Redes”, fue mediante las actas
94 y 95 que la interventoría confirmó la ejecución de la totalidad de las obras de
construcción y redes, especialmente aquellas que fueron aplazadas para ser
ejecutadas en la etapa de mantenimiento, y por ende, la existencia de un remanente
y su cuantía, lo cual fue aceptado expresamente por los recurrentes al suscribirlas;
además, aun cuando estas actas no fueron suscritas por el IDU: (i) conforme a la
cláusula 30 del contrato, correspondía a la interventoría ejercer el control técnico,
jurídico y administrativo del contrato, particularmente, “Verificar que las Obras de
Construcción y las Obras de Redes cumplan con lo señalado en los apéndices A, B
y C del Contrato”; y, (ii) no hay duda de que el IDU estuvo conforme con el contenido
de las actas reseñadas, pues así lo afirmó durante el proceso, y por cuanto ordenó
proceder con el pago reconocido en ellas como se ha indicado.

52.
La sola manifestación efectuada por el IDU respecto de la denominación del
Acta 53, en el proceso adelantado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
en el año 2006 para el decreto y práctica de pruebas anticipadas, no desvirtúa el
contenido expreso del acta suscrita por las partes, ni las demás pruebas recaudadas
bajo el presente proceso que permiten evidenciar, como se ha expuesto, que la
suscripción del Acta 53, y la sola finalización de la etapa de construcción e inicio de
mantenimiento, no significó o determinó automáticamente la ejecución total de las
obras contratadas y el cumplimiento de la condición prevista en el negocio jurídico
para proceder con el pago del remanente.

15

Radicación: 250002336000-2013-01065-01 (60488)
Actor: Procopal S.A. y otros
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- y otro
Acción: Controversia contractual.

53. En consecuencia, se concluye que no se acreditó el incumplimiento de la
cláusula 20.2.1.2 del contrato relativa al pago del remanente de las obras de
construcción y redes.

La actualización de las actas de obra conforme al de presentación de la
propuesta y la fecha de cada acta mensual de obra ejecutada

54. El a quo determinó la improcedencia del pago indexado de las actas de obra,
con fundamento en que la entidad contratante no había incurrido en incumplimiento
ni mora al proceder con su pago.

55.
De acuerdo con el contrato, el IDU y Transmilenio S.A. compensarían al
contratista por los cambios en el ICCP con el objetivo de mantener el equilibrio
económico, ya que los valores iniciales del Valor Global para Obras de
Construcción, el Valor Global Ambiental y Social, el Valor Global por Manejo de
Tráfico, Señalización y Desvíos, y los Precios Unitarios para Obras de Construcción
y para Redes, se calcularon con base en los precios de la fecha de presentación de
la propuesta. Para el cálculo de esta compensación, se consideraría la variación del
ICCP entre la fecha de presentación de la propuesta y la fecha de cada acta
mensual de obra, sin que la mora del acreedor tuviese incidencia alguna en la
aplicación de esta estipulación. La cláusula en cuestión es del siguiente tenor:

“20.2.8. Concepto 7: Compensación para restablecer el equilibrio
económico del Contrato por Ajustes derivados de la variación del ICCP

Puesto que el Valor Global para Obras de Construcción, el Valor Global
Ambiental y Social, el Valor Global por Manejo de Tráfico, Señalización y
Desvíos, los Precios Unitarios para Obras de Construcción y los Precios
Unitarios para Redes están calculados a precios de la fecha de presentación
de la Propuesta, el IDU y TRANSMILENIO compensarán al Contratista, por las
variaciones del ICCP que ocurran entre esa fecha y la fecha de cada Acta
Mensual de Obra, Para tal efecto se utilizará el porcentaje de variación entre el
ICCP certificado para el mes calendario anterior a la fecha de presentación de
la Propuesta y el ICCP certificado para el mes calendario anterior a la fecha de
suscripción del Acta Mensual de Obra correspondiente.

Los valores a incluir en las Actas Mensuales de Obra que serán objeto de ajuste
serán, exclusivamente: i) los correspondientes a los Precios Unitarios para
Obras de Construcción y los Precios Unitarios para Redes utilizados para
determinar los conceptos 1.1, 2, 3 y 4 descritos en los numerales 20.2.1.1,
20.2.2, 20.2.3 y 20.2.4 de esta misma clausula, ii) la suma remanente del Valor
Global para Obras de Construcción (Vf) que sea pagada al Contratista a la
terminación de la Etapa de Construcción, en el caso previsto en el numeral
20.2.1.2 de esta misma clausula, iii) El valor mensual correspondiente al Valor
Global Ambiental y de Gestión Social que resulte en aplicación de lo dispuesto
en el numeral 20.2.6 de esta cláusula, y iv) El valor mensual correspondiente
al Valor Global por Manejo de Tráfico, Señalización y Desvíos que resulte en
aplicación de lo dispuesto en el numeral 20.2.7 de esta cláusula.

16

Radicación: 250002336000-2013-01065-01 (60488)
Actor: Procopal S.A. y otros
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- y otro
Acción: Controversia contractual.

Sin embargo, si el Contratista durante la ejecución del Contrato llegare a
incumplir con el cronograma a que se refiere la CLÁUSULA 22 del Contrato en
los términos allí descritos, las Actas Mensuales de Obra que correspondan a
los periodos en que el Contratista esté en mora en el cumplimiento de dicho
cronograma, no incluirán los ajustes señalados en el presente numeral”.

56. En la etapa probatoria se decretó la elaboración de un dictamen pericial por
parte del contador público Luis Eduardo Carrillo, a quien se le solicitó, respecto del
punto bajo examen, determinar aquellas actas que no fueron debidamente
actualizadas al mes anterior a su presentación. Frente a ello, el perito concluyó que
“sólo las Actas de Reajuste No. 65 y 70, no fueron pagadas actualizadas al mes
anterior a su presentación por parte del IDU y TRANSMILENIO”. Esta conclusión
del dictamen no fue desconocida u objeto de aclaración y complementación por
parte del demandante, sino que fue aceptada, tal como da cuenta el recurso de
apelación en donde lo reprochado frente al fallo de primera instancia se circunscribió
a que “el A quo debió condenar al IDU y/o TRANSMILENIO a pagar a la UTA 1 el
ajuste de las Actas No. 65 del 21 de septiembre de 2004 y No. 70 del 23 de
noviembre de 2004, así como los intereses que se han causado sobre dichas
sumas, en lugar de exonerar a las demandadas de cumplir con la obligación
contractual que les imponía el Contrato No. 220 en su cláusula 20.2.8”.

57.
Revisado el expediente, puede verificarse que el Acta 65 del 4 de agosto de
54
2004 , corresponde al ajuste del Acta Mensual de Obra 18 del 14 de julio de 2004,
mientras que el Acta 70 del 23 de noviembre de 200455 concierne al ajuste del acta
mensual de obra 19 del mismo día. También puede advertirse que, aunque los
meses anteriores a las actas 18 y 19 eran junio y octubre de 2004, el mes empleado
para hacer el reajuste en las actas 65 y 70 fue diciembre de 2003.

58.
No obstante, si bien las actas 65 y 70 no utilizaron el mes anterior de su
suscripción para efectos del reajuste de los precios de la oferta del contratista, la
pruebas allegadas al expediente evidencian que no existió un incumplimiento de la
cláusula 20.2.8., pues el extremo actor no tenía derecho a que estas fuesen
actualizadas con precios del 2004, toda vez que el reajuste solo resultaba
procedente en caso de que se hubiese cumplido el cronograma previsto para la
ejecución de las obras contratadas.

59.
Bajo el otrosí 12, el contratista aceptó expresamente que el plazo definitivo
para la “terminación de la totalidad de las Obras de Construcción, Obras para Redes
y Obras Complementarias, que no están terminadas a fa fecha” era el 9 de diciembre
de 2003, sin perjuicio de la responsabilidad que le asistía por el ya incumplido
cronograma, y por ende, de la eventual imposición de las sanciones pactadas,
teniendo que asumir los costos de la interventoría, de la eventual mayor
permanencia y de los sobrecostos que se generaran 56.

54 Cuaderno 11, folio 285 reverso.
55 Cuaderno 11, folio 290.
56 “SEGUNDA: Otorgar al Contratista un plazo hasta el 9 de diciembre de 2003 para la terminación de la totalidad

de las Obras de Construcción, Obras para Redes y Obras Complementarias, que no están terminadas a fa
fecha, por causas imputables a éste, sin perjuicio de los procedimientos de imposición de multas. (…) CUARTA:
El presente otrosí no genera ningún costo y por lo tanto, el Contratista asume con cargo al Valor Global para

17

Radicación: 250002336000-2013-01065-01 (60488)
Actor: Procopal S.A. y otros
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- y otro
Acción: Controversia contractual.

60. Las actas 65 y 70 corresponden a la actualización de obras de construcción
y redes de los meses de julio (acta 18) y noviembre de 2004 (acta 19), tal como dan
cuentan los conceptos que en ellos se relacionan:

Acta 18 del 14 de julio de 2004 Acta 19 del 23 de noviembre de 2004

61. En consecuencia, las actas de reajuste 65 y 70 concernieron a la
actualización de obras de construcción y redes posteriores al plazo acordado para
la “terminación de la totalidad” de ellas conforme a lo pactado en el otrosí 12, que
era diciembre de 2003, de manera que el mes tomado para efectos de realizar el
reajuste de los precios de la propuesta fue precisamente este último, a partir del
cual, el contratista incurría en mora. La cláusula 20.2.8. establecía que si el
contratista incumplía el cronograma durante la ejecución del contrato, las actas
mensuales de obra correspondientes a esos periodos no incluirían los ajustes
señalados en la misma disposición, por lo que resulta improcedente la pretensión
de actualización de actas de obras de construcción y redes del año 2004 al mes
anterior de su suscripción, cuando tales actividades debían estar finalizadas
integralmente en diciembre de 2003.

62.
Si bien en el otrosí 11 se convino la ejecución de algunas obras de
construcción y redes durante la subsiguiente etapa de mantenimiento, que inició en
enero de 2004, lo cierto es que no hay prueba, ni el demandante afirmó, que las
obras de las actas 18 y 19 correspondieran a las aludidas en esa modificación
contractual, pero, además, estas últimas debían en todo caso estar finalizadas en
febrero de 2004 según consta en el Acta 53, por lo que su celebración no desvirtúa
la extemporaneidad de las obras de construcción y redes de julio y noviembre de
ese año. Las obras de construcción aplazadas refirieron a la bocacalle y la carrera
69 costado norte, acceso barrio Marsella, así como la demolición de los puentes
peatonales de la carrera 52 y 60 y construcción en la zona de fundación del puente
de la carrera 52, cuyo plazo máximo de ejecución era el 7 de febrero de 2004; las
de redes consistían en maniobras por ejecutar que se extenderían hasta el 29 de
febrero de 2004.

63.
Además, la parte actora no discute la extemporaneidad de las obras de las
actas 18 y 19 para los meses de junio y noviembre de 2004, sino que su posición

Obras de Construcción los costos posibles derivados de la mayor permanencia de obra y de las labores Socio
Ambientales, de Tráfico, Señalización y Desvíos, descritas en los del (sic) Contrato. (…) PARÁGRAFO: Del
Valor Global de Obras para Construcción se descontará el valor adicional de las labores de interventoría
correspondientes a Obras para Construcción, Obras para Redes y Obras Complementarias causadas con
ocasión de la prórroga de la Etapa de Construcción”.

18

Radicación: 250002336000-2013-01065-01 (60488)
Actor: Procopal S.A. y otros
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- y otro
Acción: Controversia contractual.

para sustentar la actualización pretendida, tal como dejó consignado en las actas
de reajuste 65 y 70, consiste en que “[l]as obras objeto de ajuste y cobro fueron
ejecutadas con anterioridad al 29 de diciembre de 2003, sin embargo, el proceso de
verificación y revisión con la interventoría demoró el cobro de las mismas”,
afirmación que no se encuentra probada en el proceso, por las siguientes razones:

64. (i)
La interventoría dejó constancia en las actas de reajuste 65 y 70, de que:
(a)
inmediatamente el contratista presentaba los proyectos de acta de recibo de obra,
fueron revisados oportuna y diligentemente, formulando observaciones y objeciones
cuando ello correspondía; (b) los recibos de obra se efectuaron una vez los tramos
contemplados en las actas fueron debidamente terminados y verificados, lo que no
había sucedido cuando el contratista presentó los proyectos iniciales de acta; y (c)
las obras correspondían a la etapa de construcción, cuyo plazo final fue acordado
para diciembre de 2003 mediante el otrosí 12, por lo que no correspondía aplicar
índices de ajustes con fechas posteriores. No obstante y pese a que al demandante
le corresponde probar los fundamentos fácticos de sus pretensiones, no allegó en
la demanda ni en el recurso de apelación argumentos, ni adelantó algún esfuerzo
probatorio, tendiente a acreditar que las obras de las actas mensuales de obra 18 y
19 correspondían a obras ejecutadas antes del 1 de enero de 2004, y mucho menos,
que la interventoría hubiese demorado injustificadamente la suscripción de esos
instrumentos.

65. (ii)
Como se expuso al analizar el cargo de apelación relativo al pago del
remanente de las obras de construcción y redes, está acreditado que estas últimas
se adelantaron al menos hasta finales del 2006, lo que resulta coincidente con el
hecho de que dos (2) años antes, en los meses de junio y noviembre de 2004,
persistía su ejecución. Además, el demandante afirma que las únicas obras
pendientes de ejecución para diciembre de 2003 ascendían a la suma de
$204’517.589 (por construcción) y $115’931.850 (por redes), lo cual no resulta
coincidente con las obras referidas en las actas 18 y 19, que ascendieron a
$1.241’758.677 y $581’875.995, respectivamente.

66. Debe indicarse también, que la finalidad de la cláusula 20.2.8., según su clara
y expresa redacción, consistía en mantener el equilibrio económico del contrato por
ajustes derivados de la variación del ICCP, de manera que los precios ofertados por
el contratista no resultaran inferiores a los costos realmente incurridos al momento
de su ejecución por el paso del tiempo. En esa medida, la afirmación del
demandante en el sentido de que las obras de las actas 18 y 19 fueron ejecutadas
en diciembre de 2003 descarta un desconocimiento de esa previsión contractual y
de su propósito, pues precisamente mediante las actas 65 y 70 las obras fueron
actualizadas a ese mismo mes y año, evidenciando la inexistencia de algún tipo de
afectación al contratista por cuenta de la variación de precios, por cuanto estos
fueron actualizados al momento de la ejecución de las actividades
correspondientes.

67. En consecuencia, la Sala concluye que la parte actora tampoco acreditó el
incumplimiento en el pago de las actas de reajuste 65 y 70.

19

Radicación: 250002336000-2013-01065-01 (60488)
Actor: Procopal S.A. y otros
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- y otro
Acción: Controversia contractual.

68. Finalmente, bajo los mismos razonamientos anotados, la Sala concluye que
la pretensión subsidiaria a las estudiadas fundada en un presunto rompimiento del
equilibrio económico del contrato, resulta improcedente, pues además de apoyarse
en los mismos hechos ya descartados, esto es, “la demora que existió en el pago
del remanente” y el “no pagar debidamente actualizadas o corregidas
monetariamente las actas de obra ejecutada”, los argumentos de la demanda
refieren al proceder contrario a las obligaciones contraídas al suscribir el acuerdo
de voluntades por parte de las demandadas, particularmente, el incumplimiento de
la obligación de pago, mas no a circunstancias exógenas que hubiesen variado de
forma sustancial la simetría prestacional originalmente pactada por circunstancias
sobrevenidas, o como consecuencia del ejercicio legítimo de los actos de autoridad
de la administración, supuestos que podrían dar origen a un rompimiento del
sinalagma contractual y que se contraponen al incumplimiento contractual alegado
como ha expuesto esta Subsección 57.

69.
Por las razones señaladas, en tanto no se acreditó el incumplimiento de las
obligaciones contenidas en la cláusulas 20.2.1.2 y 20.2.8 del contrato por parte de
las entidades demandadas, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que
negó las pretensiones de la demanda.

Costas

70. De conformidad con lo consagrado en el artículo 188 58 del CPACA 59 y con la
disposición especial del artículo 365 60 del CGP, la condena en costas no requiere
de la apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte a quien se le
imponen, toda vez que, en el régimen actual, dicha condena se determina con
fundamento en un criterio netamente objetivo 61, en este caso, frente a la parte que
ha resultado vencida, “siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y
de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley” 62.

57 V.gr. Sentencia del 12 de diciembre de 2022. Exp. 250002336000201302064 01 (59382).
58 “Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre

la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.
59 Con la expedición de la Ley 2080 de 2021 se introdujo una reforma al CPACA, norma procesal que, en el

inciso final de su artículo 86, contempló que los recursos interpuestos “se regirán por las leyes vigentes cuando
se interpusieron los recursos”. Por lo anterior, como en el presente asunto el recurso de apelación se interpuso
el 11 de diciembre de 2017, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 2080 de 2021 -25 de enero de
2021-, le son aplicables “las leyes vigentes” cuando se interpuso el recurso, es decir, las disposiciones del
CPACA sin las reformas introducidas por la Ley 2080 de 2021.
60 “Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia

la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el
proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación
o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código (…) 8. Solo habrá
lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación ”
(subrayado fuera del texto).
61 Al respecto consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación de 31

de mayo de 2022, radicación 11001-03-15-000-2021-11312-00. C.P. Rocío Araújo Oñate.
62 De acuerdo con la Corte Constitucional, “La condena en costas no resulta de un obrar temerario o de mala

fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en el proceso o recurso que
haya propuesto, según el artículo 365. Al momento de liquidarlas, conforme al artículo 366, se precisa que tanto
las costas como las agencias en derecho corresponden a los costos en los que la parte beneficiaria de la
condena incurrió en el proceso, siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que
correspondan a actuaciones autorizadas por la ley. De esta manera, las costas no se originan ni tienen el
propósito de ser una indemnización de perjuicios causados por el mal proceder de una parte, ni pueden
asumirse como una sanción en su contra”. Sentencia C-157/13. M.P. Mauricio González Cuervo.

20

Radicación: 250002336000-2013-01065-01 (60488)
Actor: Procopal S.A. y otros
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- y otro
Acción: Controversia contractual.

71.
El Acuerdo 1887 de 2003 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura,
vigente para la fecha en que se presentó la demanda 63, establece en su artículo
tercero que, en la fijación de las tarifas en los asuntos contencioso-administrativos,
debe tenerse en cuenta la naturaleza, la calidad y la duración útil de la gestión
realizada por el apoderado, así como la cuantía de la pretensión y demás
circunstancias relevantes. En el presente caso, se observa que las entidades
demandadas atendieron el proceso de manera diligente y oportuna, pues contaban
con un apoderado que asumió su representación judicial, gestión que se estima
suficiente para que se disponga a su favor la fijación de agencias en derecho en la
liquidación de las costas, de acuerdo con lo previsto en los artículos 365 y 366 del
CGP.

72.
Por su parte, el artículo 4 del Acuerdo 1887 de 2003 consagró que las tarifas
máximas de agencias en derecho deben establecerse en salarios mínimos o en
porcentajes relativos al valor de las pretensiones de la demanda reconocidas o
negadas en la sentencia. En lo que a este caso interesa, el numeral 3.1.3 dispone
que las agencias en derecho en segunda instancia en los procesos con cuantía, se
fijarán por hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas
o negadas en la sentencia.

73. A partir de lo expuesto, la Sala fijará las agencias en derecho de la segunda
instancia que estarán a cargo de los demandantes y a favor de las entidades
demandadas, teniendo en consideración el valor de las pretensiones económicas
que fueron negadas y que ascendieron a la suma de $6.001’389.496 64. En
consecuencia, se fija por concepto de agencias en derecho, la suma de
$30’006.947, correspondiente al 0.5% de las pretensiones, valor que se dividirá en
partes iguales para cada una de las demandadas, y que se cancelará también por
parte iguales por los demandantes.

IV. PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 29 de agosto de 2017, por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A.

SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia a Procopal S.A.,
Bocacolina S.A. y Gaico Ingenieros Constructores S.A.; FIJAR como agencias en

63 Que fija, en su numeral 3.3.1., que las agencias de derecho podrán ser fijadas en hasta el 5% de las

pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia. Este Acuerdo es aplicable a este caso pese a la
derogatoria que hizo el Acuerdo 10554 de 2016, expedido con ocasión de la entrada en vigor del CGP. El
Acuerdo 10554 estableció en su artículo 7º que “se aplicará respecto de los procesos iniciados a partir de dicha
fecha. Los comenzados antes se siguen regulando por los reglamentos anteriores sobre la materia, de manera
especial los contenidos en los Acuerdos 1887 de 2003”.
64 Cuaderno 2, folio 44.

21

Radicación: 250002336000-2013-01065-01 (60488)
Actor: Procopal S.A. y otros
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- y otro
Acción: Controversia contractual.

derecho a su cargo y en favor del IDU y de Transmilenio S.A., para cada una de
ellas, la suma de quince millones tres mil cuatrocientos setenta y tres pesos
($15’003.473), valor que deberá ser cancelado por los primeros en partes iguales.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la
responsabilidad de registrarse en el sistema SAMAI.

22

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.