Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2014-00674-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2014-00674-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2014-00674-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
31 de marzo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00674-01 (56.002)
Actor: HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL E.S.E. (HOY, SUBRED
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.)
Demandado: DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ – ALCALDÍA LOCAL DE
KENNEDY
Referencia: LEY 1437 DE 2011 – MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES
Temas: CONTRATOS Y CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS: son instituciones
diferentes / LIQUIDACIÓN UNILATERAL: en los contratos interadministrativos sujetos
a la Ley 80 de 1993, la liquidación unilateral es procedente / PODERES
EXCEPCIONALES: las cláusulas excepcionales al derecho común son taxativas, y
solo se consideran como tales las enunciadas en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 /
La declaratoria de incumplimiento de un contrato puede decretarse luego de terminado
el plazo contractual, con el fin hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria / Subcontratar
un negocio jurídico con entidades sin capacidad deriva en la declaratoria de
incumplimiento de una obligación contractual.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en contra
de la sentencia del 30 de julio de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A (fls. 148 – 158, c. ppl.), por medio de
la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El 19 de mayo de 2014, el Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E. presentó
demanda (fls. 1 – 22, c1), en ejercicio del medio de control de controversias
contractuales, en contra de la alcaldía local de Kennedy, con la pretensión de que se
declarara la nulidad de las Resoluciones 273 del 21 de agosto de 2013 y 320 del 30
Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00674-01 (56.002).
Actor: Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E.
Demandado: Bogotá, D.C. – Alcaldía Local de Kennedy.
Referencia: Medio de control de controversias contractuales.
de agosto del mismo año, por medio de las cuales se declaró el incumplimiento
definitivo del contrato interadministrativo CIA-208 de 2011, que tenía por objeto
adelantar algunos componentes del plan de desarrollo en materia de salud, y se hizo
efectiva la cláusula penal pecuniaria. Lo anterior, por cuanto, en criterio del
demandante, el Fondo de Desarrollo Local actuó sin competencia funcional y temporal
e inmerso en una vía de hecho.
II. ANTECEDENTES
1. La demanda:
Mediante demanda radicada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 19
de mayo de 2014 (fls. 1 – 22, c1), el Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E.,
en ejercicio del medio de control de controversias contractuales, previsto en el artículo
141 del C.P.A.C.A., se dirigió en contra del Distrito Capital de Bogotá – Fondo de
Desarrollo Local de Kennedy, con el propósito de obtener las siguientes declaraciones
y condenas:
Primera.- Se declare la nulidad de la resolución No. 273 de veintiuno (21) de
agosto de 2013 proferida por el representante legal del fondo de desarrollo local
de Kennedy “por la cual se declara el incumplimiento definitivo del convenio
interadministrativo No. CIA-208-2011 (SIC) de 2012 suscrito con el HOSPITAL
OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL E.S.E., (NIT. 800196939-3), y se hace
efectiva la cláusula penal pecuniaria”.
Segunda.- Se declare la nulidad de la resolución No. 320 de agosto treinta (30) de
2013 proferida por el representante legal del fondo de desarrollo local de Kennedy
“por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto en contra de la
resolución No. 273 de 20 de agosto de 2013”, al incurrirse en nulidad de la misma
por falsa motivación, falta de competencia funcional y temporal y vía de hecho.
Tercera.- Se declare el cumplimiento a favor de la Empresa Social del Estado
Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E., del contrato CIA – 208 – 2011
suscrito entre el Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E. y el Fondo de
Desarrollo Local de Kennedy, Alcaldía Local de Kennedy.
Cuarto.- Se declare el incumplimiento del contrato CIA – 208 – 2011 por parte del
Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, Alcaldía Local de Kennedy representado
legalmente por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
Quinto.- Consecuencia de las anteriores declaraciones se solicita a título de
restablecimiento del derecho:
5.1 El pago total del valor acordado en la cláusula tercera del negocio jurídico
equivalente a setecientos doce millones quinientos mil pesos ($ 712.500.000).
5.2 El reconocimiento de intereses legales moratorios desde la ejecutoria de la
declaración de incumplimiento del convenio CIA – 208 – 2011 y hasta que se
verifique el pago de la obligación.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00674-01 (56.002).
Actor: Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E.
Demandado: Bogotá, D.C. – Alcaldía Local de Kennedy.
Referencia: Medio de control de controversias contractuales.
Sexto.- Se ordene el pago del perjuicio moral equivalente a cincuenta (50) salarios
mínimos mensuales legales vigentes que corresponden a los perjuicios causados
para el Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E. por afectación a su buen
nombre (fls. 1 – 2, c1).
1.1 Los fundamentos de hecho:
El actor sustentó sus pretensiones en los fundamentos fácticos, que, en síntesis, se
expresan a continuación:
El 26 de diciembre de 2011, el Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E. suscribió
con el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy el convenio interadministrativo No. CIA-
208-2011, que tenía por objeto desarrollar los componentes de: (i) promoción de los
derechos sexuales y reproductivos; (ii) promoción de los círculos de calidad de vida;
(iii) control de vectores en zonas públicas, y (iv) promoción de la prevención en
unidades de trabajo, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población en la
localidad de Kennedy, a través de la prestación de servicios de salud de manera
oportuna, eficiente y de buena calidad.
El valor del convenio se pactó en $712’500.000, y su plazo se acordó en 8 meses,
contados desde el acta de inicio.
La interventoría fue realizada por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo -CID-
de la Universidad Nacional de Colombia, en cumplimiento del convenio 002 de 2012,
suscrito entre esta institución educativa y el demandado.
Para desarrollar el objeto del convenio, el Hospital Occidente de Kennedy extendió las
invitaciones a cotizar No. HOK S.A. 029 y 030 de 2012. Previo a ello, mediante
documento con radicado 2012-082-002181-2 del 22 de febrero de 2012, le solicitó al
distrito la autorización para subcontratar la ejecución del contrato interadministrativo
CIA-208-2011. El 8 de marzo de ese año, la alcaldía autorizó dicha subcontratación.
Las invitaciones a cotizar culminaron el 30 de marzo de 2012, con la suscripción de
los contratos 064 y 065, celebrados por la E.S.E. con la Fundación Valparaíso y con la
Asociación ASEPROF, respectivamente. Mediante acta del 20 de marzo de 2012, se
dio inicio al convenio CIA-208-2011.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00674-01 (56.002).
Actor: Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E.
Demandado: Bogotá, D.C. – Alcaldía Local de Kennedy.
Referencia: Medio de control de controversias contractuales.
El 7 de mayo de 2012, se adelantó una mesa de trabajo, en la cual el hospital le informó
al interventor que realizó el proceso de subcontratación de los componentes
contemplados en el contrato interadministrativo -se dijo que los subcontratos se
suscribieron el 31 de marzo de 2012, pero se legalizaron el 30 de abril siguiente-. El
contrato CIA-208 finalizó el 19 de noviembre de 2012.
Durante la ejecución, el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy interpretó de manera
unilateral el contrato, ordenando incluir actividades que no fueron pactadas
inicialmente. Por esta razón, el actor debió reformular el plan de trabajo y el
cronograma de actividades, lo cual retrasó el inicio de las mismas por 150 días -
situación que no fue imputable a la E.S.E.-.
El demandado le entregó al actor un pago anticipado del 40% del valor total del
convenio, esto es, $285’000.000.
El 12 de septiembre de 2012, la interventoría le informó a la E.S.E. que los
subcontratistas debían estar habilitados conforme con el Decreto 1011 de 2006, para
que las actividades pudieran ser avaladas. El hospital manifestó en la mesa de trabajo
que, si bien las personas jurídicas que subcontrató no estaban habilitadas, el personal
que desarrolló las actividades sí lo estaba. De igual modo, recordó que las hojas de
vida de los profesionales ya habían sido aprobadas por la interventoría en los meses
de junio, julio y agosto de 2012.
El hospital elevó un derecho de petición, en el cual le solicitó a la interventoría que se
pronunciara formalmente sobre el aval -o no- de las actividades ya realizadas. Sumado
a ello, le pidió al demandado la suscripción de una prórroga. Aunque el Fondo conocía
los múltiples problemas suscitados durante la ejecución, aseguró que no encontraba
motivo alguno para ampliar el plazo.
Antes del vencimiento del plazo, la interventoría profirió el oficio CID-FDLK-002-027-
12, mediante el cual les informó a las partes que no certificaría las actividades
realizadas por la E.S.E., y que le recomendaba al contratante hacer exigible la cláusula
penal pecuniaria. Esta recomendación fue reiterada mediante oficio CID-FDLK-002-
028-12.
La interventoría insistió en que debía iniciarse el proceso administrativo sancionatorio,
y remitió el informe por el presunto incumplimiento.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00674-01 (56.002).
Actor: Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E.
Demandado: Bogotá, D.C. – Alcaldía Local de Kennedy.
Referencia: Medio de control de controversias contractuales.
El 21 de junio de 2013, se radicó el oficio mediante el cual se citó a la E.S.E. a la
audiencia de incumplimiento. En esencia, se indicó que no era posible avalar las
actividades realizadas en desarrollo del contrato, porque estas fueron ejecutadas por
el personal vinculado mediante los subcontratistas, que carecían de capacidad para
ejercer actividades de prevención y promoción en salud. Adicionalmente, ni el hospital
ni los proveedores contaban con habilitación para efectuar actividades de prevención
y promoción extramural.
Aunque el hospital argumentó que el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy carecía
de competencia funcional y temporal para declarar el incumplimiento, el distrito expidió
la Resolución 273 del 21 de agosto de 2013, que declaró el incumplimiento definitivo
del convenio CIA-208 de 2011 e hizo efectiva la cláusula penal.
Contra el anterior acto administrativo, el actor interpuso el recurso de reposición, que
fue resuelto mediante la Resolución 320 del 30 de agosto de 2013, que confirmó la
resolución recurrida.
1.2 Fundamentos de derecho:
El accionante invocó como fundamento de sus pretensiones, los siguientes
argumentos:
-Falta de competencia temporal: la alcaldía local de Kennedy no tenía la facultad para
declarar la terminación del contrato y hacer exigible la cláusula penal, porque la
potestad sancionatoria del Estado solo es posible desde el vencimiento del plazo
contractual y hasta los 6 meses siguientes, siempre que se haya requerido al
contratista para realizar la liquidación de mutuo acuerdo. En otros términos, la facultad
de imponer sanciones al contratista se condiciona a que este sea invitado a liquidar el
contrato.
-Falta de competencia funcional: la declaratoria de incumplimiento en sede
administrativa es un poder exorbitante, y estos poderes, según el parágrafo del artículo
14 de la Ley 80 de 1993, están proscritos en los contratos interadministrativos.
-Incursión en vía de hecho: al estar en presencia de un contrato interadministrativo, no
le es dable al alcalde local de Kennedy el ejercicio de las facultades exorbitantes. De
allí que la liquidación unilateral sea una facultad exorbitante, en la medida que el
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Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00674-01 (56.002).
Actor: Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E.
Demandado: Bogotá, D.C. – Alcaldía Local de Kennedy.
Referencia: Medio de control de controversias contractuales.
Estado impone su voluntad frente a la de un tercero. No obstante, la administración no
puede ejercer unilateralidades en contra de otra entidad pública, por lo que
necesariamente debe acudirse al juez. De esta manera, “[…] el plazo para liquidar el
contrato es de cuatro (4) meses para este caso particular, pues no puede hacerse uso
de la liquidación unilateral. Luego, la convocatoria a la audiencia para la declaración
de incumplimiento por fuera de este término es extemporánea, si es que la
administración, a pesar de los argumentos que preceden, considera que puede
realizarse, sin violación a las normas reglamentarias” (fl. 17, c. 1).
-Falsa motivación para hacer exigible la cláusula penal: la cláusula decimosegunda del
contrato interadministrativo CIA-208 de 2011 disponía que la cláusula penal pecuniaria
procedía en los casos de incumplimiento total de las obligaciones, lo cual no ocurrió,
dado que la E.S.E. presentó el cronograma de actividades, el plan de trabajo y
suscribió el acta de inicio -razón por la que se le giró un pago anticipado del 40% del
valor del contrato-. Si bien la alcaldía local afirmó que estas actividades no hacían
parte de la ejecución, tal razonamiento no es cierto, y evidencia la dificultad de debatir
con objetividad cuando el contratante es juez y parte.
-Falsa motivación para declarar el incumplimiento del contrato: en el convenio CIA-
208-2011 nunca se señaló la obligatoriedad de cumplir con la habilitación institucional
para desarrollar actividades de promoción y prevención, que corresponden a una
institución hospitalaria de primer nivel, porque en los contratos que celebró el fondo
con anterioridad no había condicionado el aval de las actividades a dicha habilitación.
Es decir, el fondo no validó las actividades desarrolladas, porque exigió un requisito
que nunca se pactó como obligación en el acuerdo.
-Violación del principio de confianza legítima: el distrito ya había celebrado contratos
con objetos similares al que es centro del debate, sin que nunca hubiese exigido los
requisitos de habilitación. Luego, este cambio operó en detrimento de los intereses del
hospital, razón por la cual el mismo esperaba, por lo menos, que se le invitara a liquidar
el negocio de mutuo acuerdo, y que se le pagaran las actividades realizadas.
-Falsa motivación por inexistencia de incumplimiento contractual: el tema a discutir no
se enfoca en la ejecución de actividades por parte del contratista, sino en el aval que
confiere la interventoría. Además, se generó un retraso en la ejecución del contrato,
que es un hecho imputable al demandado y al interventor, quien impuso obligaciones
que no fueron pactadas al inicio del contrato -como la inclusión del componente de
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Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00674-01 (56.002).
Actor: Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E.
Demandado: Bogotá, D.C. – Alcaldía Local de Kennedy.
Referencia: Medio de control de controversias contractuales.
salud oral, visual y auditiva y el componente de atención a pacientes con
enfermedades crónicas-1.
-Del cumplimiento contractual: la E.S.E. siempre asistió a las reuniones con la
interventoría y sus subcontratistas, contó con autorización para subcontratar, y se
reservó la posibilidad de ejecutar directamente el convenio interadministrativo, para lo
cual solicitó una prórroga. Por el contrario, la conducta del Fondo fue reprochable, pues
exigió requisitos no previstos originalmente, interpretó el contrato de manera unilateral
y se negó a suscribir la prórroga, a pesar de que el retraso le era imputable.
2. Trámite procesal:
2.1 Actuaciones procesales de primera instancia:
Por medio de auto del 9 de junio de 2014 (fls. 30 – 31, c1), el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca admitió la demanda; ordenó su notificación al representante legal de
la parte demandada y al Ministerio Público; fijó los gastos de notificación, y le reconoció
personería al apoderado de la parte actora.
2.2 Contestación de la demanda:
El 1 de agosto de 2014, el Distrito de Bogotá contestó la demanda (fls. 35 – 49, c1),
oponiéndose a las pretensiones de la misma. Aclaró que el negocio jurídico suscrito
entre las partes era un contrato interadministrativo, y no un convenio
interadministrativo, lo cual constituía una diferencia sustancial para efectos de
entender el proceso -recordó que en los contratos interadministrativos la entidad
pública contratista actúa de forma similar a los particulares-.
Afirmó que, si bien es cierto que se autorizó la subcontratación, dicha situación se
condicionó a que la E.S.E. no pudiera subcontratar la totalidad del valor del contrato;
a que la gerencia y administración de los proyectos fuera responsabilidad exclusiva del
hospital, y a que el Fondo pudiera ordenar la terminación del subcontrato en cualquier
tiempo.
1 También dijo que el Fondo se había equivocado al iniciar un proceso administrativo sancionatorio por
incumplimiento contractual, cuando dicho incumplimiento devino directamente de la falta de claridad de
los requisitos de ejecución del contrato interadministrativo.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00674-01 (56.002).
Actor: Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E.
Demandado: Bogotá, D.C. – Alcaldía Local de Kennedy.
Referencia: Medio de control de controversias contractuales.
Indicó que, pese a los constantes requerimientos de la interventoría y del Fondo de
Desarrollo Local, el contratista no aportó de manera oportuna los documentos
relacionados con la subcontratación, que eran indispensables para verificar la
capacidad técnica y financiera de los subcontratistas. Solo hasta el 3 de octubre de
2012, es decir, 6 meses después de la solicitud, y habiendo ya iniciado actividades con
los proveedores, se radicaron ante la interventoría los soportes de la Fundación
Valparaíso y de ASEPROF.
Afirmó que la E.S.E. contrató a las dos entidades antes referidas sin presentarle a la
interventoría información previa, que le permitiera realizar las observaciones
necesarias para evitar posibles riesgos durante la ejecución.
Aseveró que las revisiones adelantadas por el interventor hasta el mes de septiembre
de 2012, tuvieron como finalidad avanzar en la verificación de la ejecución de las
actividades, pero no constituyeron avales legales de la ejecución.
Dijo que los profesionales empleados en la ejecución fueron vinculados al proyecto a
través de los subcontratistas, quienes no gozaban de capacidad para realizar
actividades de promoción y prevención en salud, lo cual impedía certificar las
actividades desarrolladas por aquellos2.
Ahora bien, presentó como fundamentos de la defensa:
(i) Los convenios interadministrativos son verdaderos contratos, en los términos del
Código de Comercio, cuando su objeto lo constituyen obligaciones patrimoniales;
sumado a ello, la normativa a la cual se encuentran sujetos es, en principio, el Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública, junto con las disposiciones
civiles y comerciales pertinentes.
(ii) La entidad contratante tiene el deber de dirigir, vigilar y controlar la ejecución de los
contratos estatales. Adicionalmente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
precisado que el contrato no se extingue mientras subsistan obligaciones por cumplir,
y que, vencido el plazo, la administración puede exigir o avalar el cumplimiento de las
2 En la contestación se lee: “La ESE no informó en forma oportuna las acciones adelantadas para la
ejecución del contrato, particularmente sobre el proceso de subcontratación, situación que no le
permitieron a la interventoría ni al FDL, advertir sobre la falsa idoneidad de proveedores para la
ejecución del contrato CIA No. 208 de 2011. Esta situación solo se evidenció el 3 de octubre de 2012,
cuando entregaron los documentos requeridos” (fl. 37, reverso, c1).
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Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00674-01 (56.002).
Actor: Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E.
Demandado: Bogotá, D.C. – Alcaldía Local de Kennedy.
Referencia: Medio de control de controversias contractuales.
obligaciones, pudiendo imponer las sanciones previstas en la ley y en el acuerdo -aun
en la etapa de liquidación-3. Por tanto, es claro que la alcaldía local de Kennedy gozaba
de competencia para declarar el incumplimiento definitivo del convenio CIA-208, pues
estaban acreditados los incumplimientos en los que incurrió el hospital.
(iii) La declaratoria de incumplimiento no está prevista como uno de los poderes
exorbitantes contenidos en la Ley 80 de 1993. Cuando se inició el proceso
administrativo sancionatorio que culminó con la expedición de la Resolución 273 de
2013, ya el plazo había vencido, por lo que la figura de la caducidad no era aplicable.
En todo caso, si bien el parágrafo del artículo 14 de la Ley 80 prohíbe la inclusión de
las cláusulas excepcionales en los contratos interadministrativos, en este caso no se
recurrió a la modificación, interpretación o terminación unilaterales o a la caducidad,
por cuanto el procedimiento sancionatorio buscaba declarar el incumplimiento con
fundamento en la cláusula decimosegunda, que regulaba la cláusula penal.
(iv) El procedimiento administrativo sancionatorio se desarrolló con fundamento en el
procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.
(v) Es impreciso sostener que la entrega del cronograma de actividades y del plan de
trabajo y la suscripción del acta de inicio implicaron el cumplimiento de las obligaciones
contractuales, ya que estas últimas no fueron desarrolladas por el hospital -razón por
la que no fueron avaladas por la interventoría-.
(vi) Los subcontratistas de la E.S.E. no preveían en su objeto social la realización de
actividades afines al sector salud, por lo que no estaban facultados para ejecutar el
contrato CIA-208 de 2011. En consecuencia, ninguna de las actuaciones adelantadas
por ellos podía ser certificada por la interventoría y reconocida para el pago. Además,
los requerimientos hechos por la interventoría no pueden considerarse como
condiciones adicionales del contrato inicial, ni es posible que la entidad contratante
asuma las consecuencias derivadas de la irresponsabilidad de la contratista.
(vii) En este caso, no opera el principio de la confianza legítima, toda vez que el
contrato se desarrolló de conformidad con las condiciones previamente conocidas por
el contratista, sin que hubiera lugar a modificaciones o interpretaciones.
3 Se transcribieron algunas providencias de esta Corporación, en las que se ha precisado que, una vez
terminado el plazo, no puede recurrirse a la caducidad, por lo que la única posibilidad de la entidad
contratante es declarar el incumplimiento, con el fin de hacer efectiva la cláusula penal.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00674-01 (56.002).
Actor: Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E.
Demandado: Bogotá, D.C. – Alcaldía Local de Kennedy.
Referencia: Medio de control de controversias contractuales.
(viii) Pese a que el contratista fue oído en descargos, no logró desvirtuar el
incumplimiento endilgado, que fue esbozado por el interventor en su informe.
(ix) Los actos demandados se expidieron con cumplimiento de todos los requisitos
legales y constitucionales vigentes, es decir, se le notificó en debida forma el inicio del
proceso, se le permitió presentar descargos, participó de la audiencia y se analizaron
las pruebas aportadas, desvirtuando cada uno de los argumentos formulados.
También se le notificó el contenido de la decisión y se le permitió interponer los
recursos administrativos. Así, es claro que el distrito no violó de ninguna forma el
derecho al debido proceso del demandante.
(x) La alcaldía local de Kennedy tenía competencia para declarar el incumplimiento y
hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, dejando claro que la posibilidad de imponer
esta última emanó del contrato mismo -la cláusula penal buscaba conminar o
constreñir al contratista para el cumplimiento de las obligaciones contractuales-.
(xi) Los actos demandados están revestidos de la presunción de legalidad y se
encuentran en firme y ejecutoriados.
2.3 Audiencia inicial:
El 17 de febrero de 2015, se llevó a cabo la audiencia inicial, consagrada en el artículo
180 del C.P.A.C.A. (fls. 79 – 81 y CD, c1). El a quo determinó que el propósito de la
audiencia consistía en determinar si era procedente declarar la ilegalidad de las
Resoluciones 273 del 21 de agosto de 2013 y 320 del 30 de agosto de ese año, por
medio de las cuales se declaró el incumplimiento definitivo del contrato
interadministrativo CIA-208-2011 y se hizo efectiva la cláusula penal.
Al analizar si se habían presentado vicios procesales, concluyó que las partes no
habían invocado ninguna irregularidad de esta naturaleza, o no se advertían de oficio,
por lo que no era necesario que se adoptaran medidas de saneamiento.
Como la parte demandada no formuló excepciones previas o mixtas, y el a quo no
encontró configurada alguna que debiera declararse de oficio, se continuó con el
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Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00674-01 (56.002).
Actor: Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E.
Demandado: Bogotá, D.C. – Alcaldía Local de Kennedy.
Referencia: Medio de control de controversias contractuales.
desarrollo de la audiencia. Luego de recapitular los hechos narrados en la demanda,
el tribunal fijó el litigio en los siguientes términos:
5.4.) Escuchadas las partes se procede a fijar el litigio en el presente caso. Precisa
el Despacho que la fijación del litigio tiene dos perspectivas: fáctica y jurídica; en
el caso concreto se tiene:
a) la frente a la (sic) pretensión principal el problema es netamente jurídico y
guarda relación con la presunta vulneración al incurrirse en una vía de hecho por
parte de la entidad contratante; por cuanto: i) (sic) No tenía la competencia para
declarar el incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria.
b) Desde una perspectiva fáctica la fijación del litigio se centra en que HOSPITAL
OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL E.S.E. cumplió sus obligaciones
contractuales (fl. 80, c1).
Posteriormente, se decretaron como medios de prueba los documentos aportados por
las partes, al tiempo que se le ordenó al actor tramitar el informe juramentado ante el
alcalde de la localidad de Kennedy y se ordenó la práctica de los testimonios
solicitados por el hospital. Por último, se fijó la fecha de la audiencia de pruebas.
2.4 Audiencia de Pruebas:
El 7 de abril de 2015, se adelantó la audiencia de pruebas, regulada en el artículo 181
de la Ley 1437 de 2011 (fls. 92 – 93 y CD, c1). Luego de recordar que en el plenario
reposaban los documentos aportados por las partes, se indicó que, frente al informe
juramentado que debía rendir el alcalde local de Kennedy, se daría aplicación al
artículo 217 del C.P.A.C.A., previa verificación de la conducta de dicho funcionario,
pues este informe no fue allegado al proceso.
Se practicaron los testimonios de: (i) Carlos Hernán Hermida, asesor de la Secretaría
Distrital de Salud; (ii) Luis Alberto Novoa Gómez, quien fue jefe de planeación del
hospital y supervisor de los contratos 064 y 065 de 2012, y (iii) Erney Velásquez Torres,
interventor adscrito al CID de la Universidad Nacional de Colombia.
2.5 Continuación de la audiencia de pruebas:
El 26 de mayo de 2015, se continuó con la audiencia de pruebas (fls. 106 – 107 y CD,
c1), la cual se suspendió con el fin de oír el testimonio de la señora Claudia Patricia
Pedreros, jefe de la oficina asesora jurídica del Hospital Occidente de Kennedy.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00674-01 (56.002).
Actor: Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E.
Demandado: Bogotá, D.C. – Alcaldía Local de Kennedy.
Referencia: Medio de control de controversias contractuales.
Luego de lo anterior, el a quo prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento,
y dispuso que las partes podían presentar sus alegatos de conclusión, dentro de los
10 días siguientes.
2.6 Alegatos de conclusión:
El 9 de junio de 2015, la parte demandada presentó sus alegaciones finales (fls. 119 –
126, c1), reiterando los argumentos de la contestación.
El actor allegó sus alegatos el 10 de junio siguiente (fls. 127 – 129, c1), insistiendo en
los planteamientos de la demanda. Añadió que el conflicto suscitado en relación con
el contrato CIA-208-2011 debió ceñirse a los postulados de la Ley 80 de 1993, mas no
a la Ley 1474 de 2011, como equivocadamente lo hizo el Fondo de Desarrollo Local,
dado que esta disposición se expidió con el fin de sancionar y prevenir la corrupción,
sin que en este caso se avizorara tal situación. También dijo que el contrato fue objeto
de un problema de interpretación, que fue resuelto por la Secretaría de Salud, lo cual
constituyó un hecho de fuerza mayor que exigía prorrogar el negocio jurídico.
El 22 de julio de 2015, el Ministerio Público rindió su concepto (fls. 131 – 146, c1),
considerando que debían negarse las pretensiones, pues el Fondo gozaba de
competencia funcional y temporal para declarar el incumplimiento definitivo del
contrato interadministrativo CIA-208-2011, y estaba probado que la E.S.E. incurrió en
varios incumplimientos.
3. La sentencia impugnada:
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, profirió
la sentencia del 30 de julio de 2015 (fls. 148 – 158, c. ppl.), por medio de la cual decidió:
PRIMERO: Se NIEGAN las pretensiones de la demanda, de conformidad con la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Se fija por agencias en derecho a favor del DISTRITO CAPITAL –
ALCALDÍA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY, la suma de
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS
MCTE ($3.562.500.oo).
TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, liquídense por secretaria (sic)
de la sección los gastos ordinarios del proceso y en caso de remanentes
devuélvanse al interesado, lo anterior de conformidad con lo establecido por los
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Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00674-01 (56.002).
Actor: Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E.
Demandado: Bogotá, D.C. – Alcaldía Local de Kennedy.
Referencia: Medio de control de controversias contractuales.
artículos 7 y 9 del Acuerdo N° 2552 de 2004 de la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura.
Para sustentar lo anterior, explicó la noción de los contratos interadministrativos,
coligiendo que son acuerdos bilaterales celebrados entre dos entidades estatales, que
en virtud del artículo 24, numeral 1, literal c), de la Ley 80 de 1993, pueden ser suscritos
mediante contratación directa.
Luego, abordó la figura de las cláusulas exorbitantes, aclarando que la fuente de las
mismas es exclusivamente la ley, y que el parágrafo del artículo 14 de la Ley 80
proscribe su utilización en los contratos interadministrativos. No obstante, indicó que
el Distrito Capital no empleó ningún poder excepcional, ya que simplemente declaró el
incumplimiento de la E.S.E. y, como consecuencia, hizo efectiva la cláusula penal.
En este punto, recordó que el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 le otorgó a las
entidades estatales la competencia para declarar en sede administrativa el
incumplimiento, y hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria. Esta potestad puede ser
empleada en los contratos interadministrativos, ya que es diferente a las cláusulas
excepcionales del precitado artículo 14.
Como las partes incluyeron una cláusula penal en el contrato CIA-208-2011, y fue con
fundamento en dicha estipulación negocial que el demandado profirió la Resolución
273 de 2013 -que declaró el incumplimiento de la E.S.E.-, el a quo coligió que,
ciertamente, el distrito de Bogotá tenía competencia para declarar el incumplimiento
de las obligaciones del contratista, y como consecuencia de ello, hacer efectiva la
cláusula penal -reiterando que dicha potestad es diferente a las enunciadas en la Ley
80-.
Posteriormente, recapituló el objeto del contrato CIA-208-2011, las obligaciones a
cargo del Hospital Occidente de Kennedy y los diferentes hechos relevantes del caso.
Partiendo de lo anterior, aseveró que, en su criterio, el accionante incumplió el contrato
debatido, pues: (i) no ejecutó directamente alguna de sus obligaciones, diferente a la
de administrar el proyecto; (ii) las gestiones realizadas por la Fundación Valparaíso y
por ASEPROF fueron rechazadas, en tanto no cumplieron con los requerimientos
técnicos -no tenían capacidad técnica para prestar los servicios-, y (iii) el hospital fue
negligente ante los requerimientos de la interventoría.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00674-01 (56.002).
Actor: Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E.
Demandado: Bogotá, D.C. – Alcaldía Local de Kennedy.
Referencia: Medio de control de controversias contractuales.
Así, “[…] para la Sala el interventor del contrato no realizó exigencias por fuera de la
relación jurídico negocial; por el contrario, su función se encuentra acorde a una
adecuada interventoría contractual, por cuanto, tuvo como finalidad verificar -entre
otros- dos aspectos: i) preservar los recursos públicos, en el sentido, que el servicio
público se encontrara en armonía con las exigencias técnicas requeridas por la
Alcaldía Local; y, (ii) que la comunidad beneficiaria del programa se le prestara un
eficiente servicio público” (fl. 157, c. ppl.).
Sumado a ello, la decisión de la demandada no fue arbitraria, ni sorpresiva, porque el
requerimiento del interventor se formuló dos días después de la subcontratación, por
lo que desde ese momento se fijó que la falta de idoneidad conllevaba el rechazo de
los productos entregados.
4. Recurso de apelación:
El 20 de agosto de 2015, el Hospital Occidente de Kennedy presentó el recurso de
apelación en contra de la anterior decisión (fls. 167 – 171, c. ppl.), solicitando que la
misma sea revocada y que, en su lugar, se concedan las pretensiones.
Afirmó que las Resoluciones 273 y 320 de 2013 fueron falsamente motivadas, de lo
cual existe prueba en el plenario. Señaló, además, que:
[…] la falta de competencia temporal en cabeza de la Alcaldía Local de Kennedy
no la facultaba para [la] terminación del contrato y hacer exigible la cláusula penal
en sede administrativa por cuanto la potestad sancionatoria del Estado sólo es
posible desde el vencimiento del plazo contractual y hasta los seis (6) meses
siguientes, siempre y cuando se haya requería (sic) al contratista para la
liquidación de mutuo acuerdo del contrato dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a la terminación de la ejecución contractual, al fallar esta etapa, se
realiza de manera unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes.
Nótese que la demandada no logró probar en razón a que ello no ocurrió, que en
efecto, la Alcaldía no liquidó el contrato interadministrativo dentro del mencionado
término sin la necesidad de imponer sanciones al contratista de manera inmediata,
ya que la facultad sancionatoria del Estado está precedida de la invitación al
contratista para liquidar el contrato en una clara violación del artículo 17 de la Ley
1150 de 2007, norma que dispuso que al ser el debido proceso un principio rector
en materia sancionatoria, era obligación de las autoridades aplicar un
procedimiento mínimo que garantizara los derechos de contradicción y defensa, o
lo que es igual, debía asegurar que la decisión estuviera procedida de audiencia
del afectado en este caso el Hospital. El Estatuto de Contratación Estatal,
específicamente en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 optó por extender el
procedimiento administrativo sancionatorio para poder aplicar medidas de
diferente naturaleza (restauradoras, resarcitorias y conminatorias), por lo que se
debe agotar idéntico trámite.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00674-01 (56.002).
Actor: Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E.
Demandado: Bogotá, D.C. – Alcaldía Local de Kennedy.
Referencia: Medio de control de controversias contractuales.
De este modo el plazo para liquidar [el] contrato era de cuatro (4) meses para este
caso particular pues no puede hacerse uso [de] la liquidación unilateral. Luego la
convocatoria a la audiencia para la declaración y incumplimiento (sic) por fuera de
este término es extemporánea, si es que la administración, a pesar de los
argumentos que preceden, considera que puede realizarse, sin violación a las
normas reglamentarias (fl. 168, c. ppl.).
Sostuvo que la caducidad del contrato solo puede declararse mientras esté vigente su
ejecución, y mientras no se haya surtido la liquidación o no se haya vencido el plazo
para que la misma sea realizada. Como los contratos interadministrativos pretenden el
interés general, las autoridades no podrán actuar con desviación de poder, sino en
ejercicio de sus competencias y dentro de los límites fijados por la ley.
Insistió en que el distrito actuó con falta de competencia funcional, pues al declarar el
incumplimiento del contrato recurrió a un poder exorbitante, lo cual está prohibido en
el artículo 14 de la Ley 80 de 1993. Aunque esta disposición solo hace mención de las
cláusulas excepcionales, ontológicamente se erige como un canon ilustrativo de la
prohibición del ejercicio de poderes unilaterales en los contratos interadministrativos.
Aseveró que el demandado violó el principio de confianza legítima del actor, dado que
en negocios jurídicos suscritos por el distrito con anterioridad, este validó las
actividades de los subcontratistas, sin que se les exigiera requisitos de habilitación.
Luego, la variación de las reglas jurídicas para la prestación de estos servicios operó
en detrimento del hospital, lo cual hacía que este esperara que se le citara para liquidar
de mutuo acuerdo, con el fin de que se les pagaran las actividades hasta el momento
realizadas.
Indicó que si se revisa el material probatorio obrante en el expediente, es posible
concluir que, en efecto, el hospital intervino de manera directa en la ejecución del
contrato interadministrativo, incluso con posterioridad a la subcontratación. Consideró
que era contradictorio que el tribunal afirmara que no desconocía las gestiones
adelantadas por el hospital, entre ellas, la subcontratación, pero que concluyera que,
por el simple hecho de administrar el proyecto, no cumplió obligaciones directamente.
Dijo que el contrato fue cumplido, en ejercicio de las actividades desarrolladas por los
subcontratistas. De hecho, uno de los retrasos ocurridos durante la ejecución del
contrato fue imputable a la alcaldía local de Kennedy, al tiempo que la interventoría
impuso obligaciones que no habían sido pactadas al inicio del contrato. Al iniciar una
audiencia sancionatoria por incumplimiento, el demandado ocultó su propia culpa, al
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Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00674-01 (56.002).
Actor: Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E.
Demandado: Bogotá, D.C. – Alcaldía Local de Kennedy.
Referencia: Medio de control de controversias contractuales.
no suministrarle al hospital la información clara sobre los requisitos para la ejecución
del contrato; sumado a ello, se incluyeron componentes SOVA y crónicos, lo cual fue
una obligación impuesta por la interventoría4.
5. Trámite de segunda instancia:
En proveído del 9 de septiembre de 2015 (fl. 178, c. ppl.), el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca concedió el recurso de apelación, y ordenó remitir el expediente a esta
Corporación para que decidiera sobre su admisibilidad.
Mediante auto del 21 de enero de 2016 (fls. 183 – 184, c. ppl.), el despacho del
magistrado sustanciador admitió el recurso. A través de auto del 23 de junio de 2016
(fl. 205, c. ppl.), se corrió traslado a las partes, por el término de 10 días, para que
presentaran sus alegatos de conclusión. Vencido este término, se dio traslado al
Ministerio Público, para que rindiera su concepto, en los términos del numeral 4 del
artículo 247 del C.P.A.C.A.
El 13 de julio de 2016, el distrito capital presentó sus alegaciones finales (fls. 206 –
210, c. ppl.), reiterando que la entidad demandada gozaba de competencia para
declarar el incumplimiento mediante acto administrativo y para hacer efectiva la
cláusula penal. Sumado a ello, insistió en que el demandante no desvirtuó el
incumplimiento que le fue endilgado por el distrito.
La parte actora y el Ministerio Público, por su parte, guardaron silencio (fl. 211, c. ppl.).
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia del Consejo de Estado:
Como la demanda y el recurso de apelación se presentaron antes de la entrada en
vigencia de la Ley 2080 de 2021, este proceso se rige por el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su texto original.
4 Al final del recurso, afirmó: “En el expediente existe suficiente acervo probatorio que demuestra el
proceder del Hospital al asistir siempre a las reuniones con la interventoría junto con sus subcontratistas,
aun así, se reservó la posibilidad de ejecutar directamente actividades propias de la ejecución del
contrato tal y como el mismo Tribunal lo acepta. Fue la demanda (sic) que exigió requisitos que no se
encontraban en el contrato para la ejecución del mismo, interpretó de manera unilateral el contrato
retrasando su ejecución y se negó a prorrogar el mismo a pesar de retraso en el desarrollo del objeto
por razones no necesariamente imputables al Hospital” (fl. 171, c. ppl.),
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Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00674-01 (56.002).
Actor: Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E.
Demandado: Bogotá, D.C. – Alcaldía Local de Kennedy.
Referencia: Medio de control de controversias contractuales.
De ese modo, el Consejo de Estado es funcionalmente competente para conocer de
los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas por los
Tribunales Administrativos en primera instancia, en los términos del artículo 150 del
C.P.A.C.A.
Por otra parte, el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 estableció que la jurisdicción de
lo contencioso administrativo conocería, como regla general, de las controversias y de
los litigios originados en los contratos, independientemente de su régimen, en los que
fuera parte una entidad pública, naturaleza que ostentan la E.S.E. demandante y el
ente territorial demandado.
También le asiste competencia a la Sala para conocer del recurso de apelación
interpuesto por la parte actora, por tratarse de un proceso iniciado en ejercicio del
medio de control de controversias contractuales con vocación de doble instancia en
razón de la cuantía, dado que la pretensión mayor (artículo 157 del C.P.A.C.A.) excede
los 500 SMLMV a la fecha de presentación de la demanda5.
2. Legitimación en la causa:
2.1 Por activa:
La Sala encuentra que el Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E. está
legitimado en la causa por activa, puesto que fue el destinatario de los actos
administrativos demandados, al tiempo que fue la entidad contratista del contrato
interadministrativo CIA-208 de 2011.
5 El 19 de mayo de 2014, fecha de presentación de la demanda, el salario mínimo en Colombia era igual
a $616.000 (que, multiplicado por 500, da como resultado: $308’000.000). Al estimar la cuantía, el
demandante la calculó en $456’995.000, el cual es un monto que supera los 500 salarios mínimos
exigidos por la norma para la segunda instancia ante esta Corporación.
Además, en las pretensiones de la demanda, se pidió como pretensión mayor el pago del valor total del
contrato -$712’500.000-, lo cual también supera el monto requerido para la segunda instancia.
De todos modos, como en el proceso está probado que el demandado le consignó al hospital un pago
anticipado del 40% del valor total del contrato -$285’000.000-, y la devolución de esta cifra no fue
ordenada en los actos demandados, es claro que la pretensión mayor se circunscribe al pago del precio
faltante -$427’500.000-, que igualmente excede de los 500 SMLMV.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00674-01 (56.002).
Actor: Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E.
Demandado: Bogotá, D.C. – Alcaldía Local de Kennedy.
Referencia: Medio de control de controversias contractuales.
2.2 Por pasiva:
De igual manera, el distrito de Bogotá – alcaldía local de Kennedy, como representante
del fondo de desarrollo local de esa localidad6, se encuentra legitimado en la causa
por pasiva, por ser el ente público que profirió las Resoluciones 273 y 320 de 2013,
cuya nulidad se solicita, y por ser el ente contratante del negocio jurídico objeto de la
controversia.
3. Naturaleza jurídica y régimen del contrato interadministrativo CIA-208 de 2011:
-En la demanda y en diferentes documentos contractuales -asunto que se hará más
evidente en el aparte de los hechos probados- se emplearon de manera indistinta las
nociones de contrato y de convenio interadministrativo. Si bien estas figuras guardan
cierta semejanza, en tanto se relacionan con la concepción general del negocio jurídico
-en ambas se expresa un consenso de voluntades de entidades públicas-, abarcan
diferencias sustanciales, que resultan determinantes para la solución del problema
jurídico.
Mientras en un convenio interadministrativo se busca cumplir, de manera conjunta, las
funciones a cargo de las entidades públicas que suscriben el acuerdo o prestar los
servicios que les han sido encomendados por la ley -enmarcados en los principios de
colaboración y de coordinación-, en un contrato existe una amalgama de derechos y
obligaciones recíprocas, siendo protagonista el interés meramente económico o
ganancial7.
6 El artículo octavo del Decreto 101 del 11 de marzo de 2010, expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá,
prescribe: “Delegar en los Alcaldes o Alcaldesas Locales la facultad para contratar, ordenar los gastos
y pagos con cargo al presupuesto de los Fondos de Desarrollo Local, de acuerdo con la estructura
establecida en el Plan de Desarrollo Local que esté vigente.
”Parágrafo primero. Los Alcaldes o Alcaldesas Locales asumirán la facultad de contratación y la
ordenación de los gastos y pagos, cuatro (4) meses después de la entrada en vigencia de este decreto,
periodo en el cual las entidades distritales que actualmente cuentan con UEL, realizaran (sic) la
asignación de asistencia técnica requerida para acompañar la ejecución de estas funciones delegadas.
”Parágrafo segundo. Los compromisos contractuales realizados por los Secretarios de Despacho,
Directores de Departamentos y de Establecimientos Públicos, con cargo a los presupuestos de los
Fondos de Desarrollo Local a la fecha de expedición de este decreto, de acuerdo con la facultad
delegada por el artículo 35 del Decreto 854 de 2001, continuarán en cabeza de las entidades creadas
o transformadas por el Acuerdo 257 de 2006, atendiendo al ámbito de sus competencias”.
7 En los contratos interadministrativos se generan obligaciones recíprocas y patrimoniales a cargo de
ambas entidades contrayentes, dado que concurren a su formación con intereses disímiles o
contrapuestos, pues, aunque la entidad que resulta contratista es de carácter público, tiene intereses
propios derivados de su actividad.
Sobre este tema, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado ha dicho: “De este modo
los contratos interadministrativos comportan el pago de una remuneración, dentro del cumplimiento de
un fin estatal que para el caso está radicado en la entidad estatal contratante, en tanto que la entidad
estatal contratista actúa en su propio interés, bajo el amparo de una relación jurídica de carácter
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Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00674-01 (56.002).
Actor: Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E.
Demandado: Bogotá, D.C. – Alcaldía Local de Kennedy.
Referencia: Medio de control de controversias contractuales.
En este caso, el rubricado contrato interadministrativo CIA-208 de 2011 tenía como
propósito que la E.S.E. ejecutara los componentes de (i) promoción de los derechos
sexuales y reproductivos; (ii) círculos de calidad de vida; (iii) control de vectores, y (iv)
promoción de la prevención en unidades de trabajo del proyecto denominado
“fortalecimiento de la gestión social de la salud desde los ámbitos de vida cotidiana”,
el cual hacía parte del plan de desarrollo del ente contratante. En otros términos, no
se pretendía que el Fondo de Desarrollo Local y el hospital aunaran esfuerzos en el
cumplimiento de las funciones a su cargo, sino que la E.S.E. debía ejecutar el proyecto
enunciado mediante “[…] la prestación de servicios de salud de manera oportuna,
eficiente y de buena calidad” (parte final de la cláusula del objeto).
Aunque en la minuta del contrato no se describieron las actividades que se
desprendían de cada uno de los componentes, de la lectura de la propuesta
presentada por el hospital (fls. 32 – 56, c3) y de los contratos 064 (fls. 37 – 46, c2) y
065 de 2012 (fls. 47 – 63, c2) -subcontratos mediante los cuales el Hospital de
Kennedy buscó cumplir con las prestaciones a su cargo- se puede colegir que el
contenido obligacional del contrato implicaba la realización de capacitaciones, talleres
y sesiones pedagógicas; la desratización y control de vectores en la localidad; el
diseño e implementación de planes de mejoramiento con los beneficiarios de los
proyectos; la entrega de kits; la realización de lavados auditivos; la realización de
valoraciones optométricas; el suministro de prótesis dentales, audífonos y ayudas
visuales; el suministro de métodos anticonceptivos y, en general, una serie de servicios
en cabeza del hospital, los cuales serían retribuidos mediante el pago de un valor a
cargo del Fondo de Desarrollo Local8.
patrimonial que, en definitiva, incide sobre los derechos subjetivos de las partes, a diferencia de los
convenios interadministrativos que, como se puntualizará más adelante, son acuerdos que permite la
autonomía de la voluntad celebrados entre entidades estatales para el cumplimiento de fines que les
son propios (fines estatales) y que no involucran una relación negocial fundada en un carácter
patrimonial ni tampoco una contraposición de intereses” (Consejo de Estado, Sala de Consulta y
Servicio Civil. Concepto del 9 de diciembre de 2016, C.P.: Álvaro Namén Vargas. Rad.: 11001-03-06-
000-2016-00129-00 (2.308)).
Por su parte, esta Subsección ha explicado: “De acuerdo con lo anterior, los convenios
interadministrativos se diferencian de los contratos interadministrativos en tanto los primeros buscan
aunar esfuerzos para la materialización de los intereses comunes o ejecución de funciones
complementarias con una misma finalidad, mientras que los segundos se caracterizan por la prestación
de un servicio específico, la ejecución de una obra o el suministro o dotación de un bien, o la realización
de una actividad determinada por parte de una entidad pública, que bien podría llevar a cabo un
particular” (Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 23 de abril de 2021, C.P.:
María Adriana Marín. Rad.: 85001-23-31-000-2011-00154-01 (49.148)).
8 Si bien, inicialmente, en la propuesta presentada por la E.S.E. se estableció que aquella cofinanciaría
el proyecto por un valor igual a $51’101.307, tal situación no se extendió al contrato, que no contempló
una erogación o aporte económico por parte del hospital. Sumado a ello, en el acta de inicio (fl. 36, c2)
se aclaró que no fueron incluidos aportes por concepto de cofinanciación. Esta situación refuerza la
conclusión de que el negocio objeto de análisis es un contrato, mas no un convenio, puesto que el
hospital prestaría un servicio, bajo la promesa de recibir una contraprestación económica, sin que se
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Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00674-01 (56.002).
Actor: Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E.
Demandado: Bogotá, D.C. – Alcaldía Local de Kennedy.
Referencia: Medio de control de controversias contractuales.
De este modo, para la Sala es claro que el negocio jurídico identificado con el número
CIA-208 de 2011 es un verdadero contrato interadministrativo, en el que convergen
intereses contrapuestos, siendo palpable la relación conmutativa que existía entre el
fondo y el hospital. A pesar de que ambas entidades son públicas, en el presente
asunto el papel de la E.S.E. era asimilable al de cualquier otro contratista del Estado.
-Ahora bien, para determinar el régimen jurídico del contrato CIA-208 del 26 de
diciembre de 2011, es necesario recordar que, diferente a los convenios
interadministrativos, que deben autorregularse por sus propias estipulaciones -que son
el producto de la autonomía de la voluntad-, los contratos interadministrativos, cuando
la entidad contratante se somete a la Ley 80 de 1993, están regidos por el Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública, con independencia de que la
entidad ejecutora cuente con un régimen exceptuado -sea este el derecho privado o
uno especial-.
La celebración de los contratos interadministrativos está prevista como una de las
causales de contratación directa. En efecto, el literal c) del numeral 4 del artículo 2 de
la Ley 1150 de 2007, modificado por la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, establece:
ARTÍCULO 2o. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del
contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación
pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base
en las siguientes reglas: […]
4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa,
solamente procederá en los siguientes casos: […]
c) <Inciso 1o. modificado por el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011> Contratos
interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan
relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus
reglamentos.
Se exceptúan los contratos de obra, suministro, prestación de servicios de
evaluación de conformidad respecto de las normas o reglamentos técnicos,
encargos fiduciarios y fiducia pública cuando las instituciones de educación
superior públicas o las Sociedades de Economía Mixta con participación
mayoritaria del Estado, o las personas jurídicas sin ánimo de lucro conformadas
por la asociación de entidades públicas, o las federaciones de entidades
territoriales sean las ejecutoras. Estos contratos podrán ser ejecutados por las
mismas, siempre que participen en procesos de licitación pública o contratación
abreviada de acuerdo con lo dispuesto por los numerales 1 y 2 del presente
artículo.
<Inciso modificado por el artículo 95 de la Ley 1474 de 2011> En aquellos eventos
en que el régimen aplicable a la contratación de la entidad ejecutora no sea el de
hiciera evidente la sumatoria de esfuerzos orientados, esencialmente, al cumplimiento de una finalidad
de interés público.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00674-01 (56.002).
Actor: Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E.
Demandado: Bogotá, D.C. – Alcaldía Local de Kennedy.
Referencia: Medio de control de controversias contractuales.
la Ley 80 de 1993, la ejecución de dichos contratos estará en todo caso sometida
a esta ley, salvo que la entidad ejecutora desarrolle su actividad en competencia
con el sector privado o cuando la ejecución del contrato interadministrativo tenga
relación directa con el desarrollo de su actividad.
En aquellos casos en que la entidad estatal ejecutora deba subcontratar algunas
de las actividades derivadas del contrato principal, no podrá ni ella ni el
subcontratista, contratar o vincular a las personas naturales o jurídicas que hayan
participado en la elaboración de los estudios, diseños y proyectos que tengan
relación directa con el objeto del contrato principal.
Estarán exceptuados de la figura del contrato interadministrativo, los contratos de
seguro de las entidades estatales; […]
Dado que el objeto del contrato CIA-208 se relaciona con las actividades a cargo del
Hospital de Kennedy 9, es claro que los contratos que este celebrara con el fin de
cumplir las prestaciones a su cargo estaban sometidos a su manual interno de
contratación. Sin embargo, la previsión legal en comento solo cubre las labores que el
ejecutor deba desarrollar en cumplimiento de sus obligaciones, sin que la relación
jurídica que surge con la celebración del contrato interadministrativo pueda extraerse
del Estatuto General de Contratación.
En casos como el de la referencia, el régimen propio del contrato interadministrativo
se debe definir desde la perspectiva de la entidad contratante -que está obligada a
observar los principios y las reglas establecidos en el Estatuto General de Contratación
Pública-, y no desde la perspectiva de quienes voluntariamente actúan como
contratistas del Estado, ya sean estos particulares o, incluso, otras entidades públicas
sujetas a regímenes de derecho privado10.
9 El Acuerdo No. 089 del 14 de julio de 1998 (fls. 95 – 100, c3), por medio del cual se expide el estatuto
del Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E., dispone, en el artículo 4, que el objeto del hospital
es “[…] la prestación de servicios de salud, entendidos como un servicio público a cargo del Estado y
como parte integrante del Sistema de Seguridad Social en Salud. En consecuencia, en desarrollo de
este objeto, adelantará acciones y servicios de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de
la salud, los cuales deberá dirigir prioritariamente a la población pobre y vulnerable” (fl. 100, c3).
10 La Sala de Consulta y Servicio Civil expresó: “El hecho de que el contratista sea una entidad estatal
y que por la calidad de las partes el contrato sea interadministrativo, en manera alguna puede cambiar
la naturaleza, objeto y finalidad de la relación jurídica patrimonial celebrada para, entre otros fines, la
construcción o concesión de una obra pública, suministro de bienes o prestación de servicios requeridos
por la Administración contratante con el objeto de cumplir con las funciones o competencias
constitucional o legalmente asignadas. De esta manera se estará al frente de un contrato
interadministrativo de obra pública, concesión o suministro, entre otros, que se sujetará a la regulación
que el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública trae para estos, en condiciones
similares a las de una relación entre la Administración y un contratista particular como colaborador de
ella” (Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 9 de diciembre de 2016, C.P.:
Álvaro Namén Vargas. Rad.: 11001-03-06-000-2016-00129-00 (2.308)).
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Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00674-01 (56.002).
Actor: Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E.
Demandado: Bogotá, D.C. – Alcaldía Local de Kennedy.
Referencia: Medio de control de controversias contractuales.
Finalmente, no sobra señalar que las partes, al estructurar el clausulado contractual,
definieron que el régimen del contrato interadministrativo sería el previsto en la Ley 80
de 1993, junto con sus modificaciones y decretos reglamentarios11.
4. Ejercicio oportuno de la acción:
La caducidad es la consecuencia jurídica prevista en la ley por el ejercicio tardío del
derecho de acción, esto es, la desatención de los plazos y términos definidos en el
ordenamiento jurídico para la presentación oportuna de la correspondiente demanda,
pudiendo ser declarada, incluso, de oficio.
En este proceso, la parte demandante acumuló dos tipos de pretensiones: la de
nulidad de los actos administrativos que declararon el incumplimiento del contrato e
hicieron efectiva la cláusula penal y la de incumplimiento a cargo del Fondo de
Desarrollo Local. En tanto ambas pretensiones abarcan presupuestos procesales
diferentes, es necesario que la Sala compute el término de caducidad de cada una de
manera independiente.
4.1 Caducidad de la pretensión de nulidad:
El literal j) del numeral 2 del artículo 164 del C.P.A.C.A. prescribe:
Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser
presentada: […]
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: […]
j) En las relativas a contratos el término para demandar será de dos (2) años que
se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de
derecho que les sirvan de fundamento.
Cuando se pretenda la nulidad absoluta o relativa del contrato, el término para
demandar será de dos (2) años que se empezarán a contar desde el día siguiente
al de su perfeccionamiento. En todo caso, podrá demandarse la nulidad absoluta
del contrato mientras este se encuentre vigente […].
11 La cláusula decimoquinta prescribía: “Este Contrato se rige por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007,
Decreto 2474 de 2008 y a falta de regulación expresa por las normas de los Códigos de Comercio y
Civil de Colombiano (sic). Las eventuales controversias que surjan las conocerá la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, previamente las partes podrán hacer uso de las mecanismos (sic)
alternativos de solución de controversias como la conciliación o la amigable composición” (fls. 33,
reverso – 34, c2).
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Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00674-01 (56.002).
Actor: Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E.
Demandado: Bogotá, D.C. – Alcaldía Local de Kennedy.
Referencia: Medio de control de controversias contractuales.
La Resolución No. 273 del 21 de agosto de 2013 (fls. 87 – 98, c2), por medio de la
cual se declaró el incumplimiento definitivo del contrato interadministrativo CIA-208 de
2011 y se hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria, fue confirmada por medio de la
Resolución 320 del 30 de agosto siguiente (fls. 110 – 118, c2). Dichos actos
administrativos quedaron en firme a partir del 2 de septiembre de 2013, tal como obra
en la constancia expedida por el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy (fl. 688, c3).
Por lo tanto, el término de caducidad para la pretensión de nulidad de los actos
contractuales comenzó a correr el 3 de septiembre de 2013, hasta el 3 de septiembre
de 2015. Como la demanda se presentó el 19 de mayo de 2014, se colige que la misma
fue oportuna.
4.2 Caducidad de la pretensión de incumplimiento:
La parte actora solicitó, además, que se declarara el incumplimiento del Fondo de
Desarrollo Local de Kennedy. Para determinar si esta pretensión se formuló de manera
oportuna, es necesario establecer si el contrato CIA-208 de 2011 debía liquidarse,
pues en aquellos contratos que deban ser liquidados, dicho acto se constituye en un
hito para determinar el momento en que inicia el conteo del término para acudir ante
la jurisdicción.
De acuerdo con lo establecido por la ley, los contratos de tracto sucesivo, aquellos
cuya ejecución o cumplimiento se prolonguen en el tiempo y los demás que lo
requieran, serán objeto de liquidación, la cual deberá llevarse a cabo de común
acuerdo entre las partes dentro del término fijado para ello o, en su defecto, antes del
vencimiento de los 4 meses siguientes a la finalización del plazo o a la expedición del
acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la
disponga. De no ser esto posible, porque el contratista no se presenta a la liquidación
o porque las partes no llegan a un acuerdo sobre su contenido, será practicada directa
y unilateralmente por la entidad contratante, mediante acto administrativo motivado.
La liquidación del contrato es un corte de cuentas final, que se lleva a cabo para
determinar el resultado económico definitivo de la ejecución contractual, establecer el
grado de cumplimiento de las prestaciones a cargo de las partes, y definir quién le
debe a quién y cuánto. Todo ello, con el fin de que los cocontratantes puedan
declararse a paz y salvo, extinguiendo -de manera definitiva- la relación contractual.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00674-01 (56.002).
Actor: Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E.
Demandado: Bogotá, D.C. – Alcaldía Local de Kennedy.
Referencia: Medio de control de controversias contractuales.
Si bien en el contrato CIA-208 de 2011 no se incluyó una cláusula de liquidación, al
definir la forma de pago (cláusula cuarta), se determinó que el último pago -del 10%-
se condicionaría a la existencia del acta de liquidación. De este modo, es evidente que
la voluntad de las partes se orientó a establecer que el presente acuerdo negocial sería
objeto del trámite de la liquidación. No obstante, no puede olvidarse que el contrato
CIA-208 se sujetó a la Ley 80 de 1993, por lo que, al ser de tracto sucesivo, la
obligación de liquidarlo operaba por ministerio de la ley.
Así, es innegable que, ante la ausencia de un acuerdo que definiera el término para la
liquidación bilateral, dicho trámite debía surtirse durante los cuatro meses siguientes,
contados desde el vencimiento del plazo -20 de noviembre de 2012-.
Ahora bien, es necesario precisar si este contrato podía liquidarse unilateralmente. La
respuesta a este interrogante es afirmativa, dado que, por ministerio legal, todo
contrato de tracto sucesivo sometido a las prescripciones del Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública, como el contrato interadministrativo CIA-
208 de 2011, está en la obligación de liquidarse, para lo cual la entidad pública
contratante podrá recurrir a la liquidación unilateral, en los términos del artículo 11 de
la Ley 1150 de 2007 -en caso de que no se logre la liquidación de mutuo acuerdo-.
Sobre este asunto, la Sala ha indicado:
En el orden expuesto, la Sala concluye que la entidad estatal que fungió como
contratante, en este caso el Ministerio de la Protección Social, se encontraba
facultada para liquidar unilateralmente el convenio interadministrativo No. 205 de
2006 [en la providencia citada se concluye que este era, en verdad, un contrato],
no solo por las razones advertidas relativas a la falta de correspondencia de esa
decisión con una potestad excepcional, como también por tratarse de una regla
general que rige los contratos estatales de tracto sucesivo, frente a la cual, valga
anotar, no opera una excepción legal que en este evento la restrinja.
Al respecto, no puede perderse de vista que, a la luz de lo dispuesto en el artículo
60 de la Ley 80 de 1993, en consonancia con lo consagrado en el artículo 11 de
la Ley 1150 de 2007, se tiene que los contratos de tracto sucesivo, como el
sometido a examen, serán objeto de liquidación de mutuo acuerdo o de forma
unilateral, a falta de aquella, de tal suerte que al no existir para el caso concreto
una excepción que convalide la ausencia de esta última facultad en cabeza de la
Administración para proceder en esa dirección, propio es concluir que debe
atenderse a la regla general que viabiliza su ejercicio.
Considera la Sala que no sobra aclarar que lo dicho en torno a la facultad del
Ministerio de la Protección Social para dictar el acto de liquidación unilateral del
contrato No. 205 de 2006 no podría hacerse extensivo al Instituto Nacional de
Salud para, a partir de las mismas conclusiones, dotarla de esa competencia.
Ello es así por cuanto dicha facultad se halla reservada a la entidad estatal que
hubiera desempeñado el rol de contratante en el vínculo negocial, esto es, a
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Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00674-01 (56.002).
Actor: Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E.
Demandado: Bogotá, D.C. – Alcaldía Local de Kennedy.
Referencia: Medio de control de controversias contractuales.
aquella que hubiera demandado de otro la prestación de un servicio para el
cumplimiento de su cometido misional, condición que en este caso ostentó el ente
ministerial y no el Instituto, en la medida en que la motivación para su celebración
por parte del Ministerio estribó en que, en cumplimiento de las competencias
asignadas por la Ley 715 de 2001 y el Decreto 205 de 2003, requería desarrollar
la capacidad técnica, operativa y logística para el fortalecimiento en la vigilancia
de los alimentos y del componente del laboratorio que diera soporte a las acciones
de vigilancia en salud pública y control sanitario12.
En un fallo más reciente, la Subsección A aseveró:
De acuerdo con lo anterior, además de no ser una exorbitancia, frente a la
imposibilidad de llevar a cabo una liquidación de común acuerdo con su contratista,
la realización de la liquidación unilateral, en sede de contratos interadministrativos
de tracto sucesivo, es una obligación de las entidades públicas que, de
conformidad con lo dispuesto por el literal d) del numeral 10 del artículo 136 del
CCA, debe efectuarse dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del plazo
acordado por las partes para la liquidación bilateral o, en su defecto, a los 4 meses
establecidos por la ley -art. 60, Ley 80 de 1993- para la misma. Motivo por el cual,
vencidos esos dos meses, se puede predicar el incumplimiento de la obligación de
liquidar, y empezará a correr el término de caducidad de la acción, tal y como lo
dispone la referida norma procesal13.
Bajo estos términos, es claro que el contrato CIA-208 de 2011 debía liquidarse, en
principio, bilateralmente, y si ese acuerdo no se lograba, el Fondo de Desarrollo Local
de Kennedy gozaba de competencia para hacerlo en forma unilateral, mediante acto
administrativo. A pesar de ello, del material probatorio obrante en el proceso, se colige
que el contrato no se liquidó, por lo que la regla de caducidad aplicable para la
pretensión de incumplimiento debe ser la del ordinal v) del literal j) del numeral 2 del
artículo 164 de la Ley 1437 de 201114, esto es, aquella que define la caducidad para
los contratos que, debiendo ser liquidados -de común acuerdo o unilateralmente-, no
lo son.
El contrato CIA-208 de 2011 contemplaba un plazo de 8 meses, contados desde el
acta de inicio, la cual fue suscrita el 20 de marzo de 2012 (fl. 36, c2). Por lo mismo, la
vigencia del negocio jurídico se extendió hasta el 20 de noviembre de 2012. A partir
del día siguiente, inició el término de la liquidación bilateral, el cual culminó el 21 de
12 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 25 de octubre de 2019, C.P.: Marta
Nubia Velásquez Rico. Rad.: 25000-23-26-000-2011-01002-01 (60.304).
13 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 23 de abril de 2021, C.P.: María
Adriana Marín. Rad.: 85001-23-31-000-2011-00154-01 (49.148).
14 Esta norma dispone: “En los siguientes contratos, el término de dos (2) años se contará así: […] v)
En los que requieran de liquidación y esta no se logre por mutuo acuerdo o no se practique por la
administración unilateralmente, una vez cumplido el término de dos (2) meses contados a partir del
vencimiento del plazo convenido para hacerlo bilateralmente o, en su defecto, del término de los cuatro
(4) meses siguientes a la terminación del contrato o la expedición del acto que lo ordene o del acuerdo
que la disponga; […]”.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00674-01 (56.002).
Actor: Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E.
Demandado: Bogotá, D.C. – Alcaldía Local de Kennedy.
Referencia: Medio de control de controversias contractuales.
marzo de 2013. Como este acuerdo no se surtió, el plazo de la liquidación unilateral
transcurrió hasta el 22 de mayo de 2013. Desde el 23 de mayo de ese año, y hasta el
23 de mayo de 2015, corrió el término de caducidad de la acción para la pretensión de
incumplimiento. Como la demanda se instauró el 19 de mayo de 2014, se concluye
que el medio de control fue oportuno.
Al margen de todo lo anterior, se aclara que la E.S.E. demandante presentó la solicitud
de conciliación extrajudicial ante el Ministerio Público el día 31 de octubre de 2013.
Dicha diligencia se adelantó el 25 de febrero de 2014, siendo declarada fallida, tal y
como obra en la constancia de esta última fecha (CD que se anexa junto con la
demanda).
5. Hechos probados y material probatorio relevante15:
En el sub-lite se aportó el siguiente material probatorio, que resulta relevante para el
estudio del caso. Dada la gran cantidad de documentos que reposan en el expediente,
solo se hará referencia a aquellos que contribuyen a la solución del litigio.
5.1 En el plenario obra el estudio previo (fls. 24 – 28, c3) y el acto administrativo de
justificación -Resolución 256 del 23 de diciembre de 2011- (fls. 29 – 31, c3) del proceso
contractual objeto de debate. En el primero de estos documentos se indicó que la
E.S.E., como cabeza de la red local de atención en salud, tenía la suficiente idoneidad
y experiencia para desarrollar los proyectos en salud contemplados en el plan de
desarrollo local.
5.2 El alcalde local de Kennedy profirió la Resolución 259 del 26 de diciembre de 2011
(fls. 113 – 115, c3), por medio de la cual se adjudicó el contrato al Hospital Occidente
de Kennedy III Nivel.
5.3 El Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E. y el Fondo de Desarrollo Local
de Kennedy suscribieron el contrato interadministrativo No. CIA 208 – 2011 del 26 de
diciembre de ese año (fls. 30 – 34, c2), el cual tenía por objeto: “Desarrollar los
15 Se aclara que el cuaderno 3 tiene dos tipos de foliatura, uno con lápiz y el otro con lapicero. El primero
de ellos, si bien empieza con el número uno, salta de un número a otro, con la ausencia de varios folios.
El segundo, por su parte, aunque es lineal, empieza con el folio 24. Para efectos de la citación en esta
providencia, se tuvo en cuenta la foliatura con lapicero.
Sumado a ello, en el expediente reposan diferentes actas de reunión elaboradas a mano, de las cuales
algunas son ilegibles, bien sea por la calidad de la copia o por la letra de quien escribió el documento.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00674-01 (56.002).
Actor: Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E.
Demandado: Bogotá, D.C. – Alcaldía Local de Kennedy.
Referencia: Medio de control de controversias contractuales.
componentes promoción de los derechos sexuales y reproductivos en los habitantes
de la localidad; promoción de los círculos de calidad de vida; control de vectores en
zonas públicas de la localidad; y promover la prevención en unidades de trabajo de la
localidad del proyecto no. 15 ‘fortalecimiento de la gestión social de la salud desde los
ámbitos de vida cotidiana’, del sector salud incluidos en el plan de desarrollo, con el
objeto de mejorar la calidad de vida de la población de la localidad de Kennedy, a
través de la prestación de servicios de salud de manera oportuna, eficiente y de buena
calidad mediante el desarrollo de los proyectos” (cláusula primera).
El numeral 1) de la cláusula segunda definía las obligaciones a cargo del hospital, entre
ellas, ejecutar, de acuerdo con las condiciones, metas y parámetros establecidos en
el plan de desarrollo de la localidad, los componentes previamente enunciados en el
objeto16. Sumado a ello, debía:
[…] E) Informar las acciones realizadas como parte de la ejecución del contrato.
F) Coordinar las acciones con la Dirección de Salud Pública, con el fin de intervenir
la población objeto. G) Proporcionar los insumos necesarios para la correcta y
eficiente ejecución de cada componente. H) Las demás que se generen de
acuerdo a la naturaleza del presente contrato de común acuerdo entre las partes
y bajo la normatividad vigente. I) Entregar los informes necesarios a los entes de
control que lo solicite al igual que a la interventoría del contrato y al FONDO en
caso de ser requerido. J) Acatar las instrucciones impartidas por el Supervisor del
Contrato o por la interventoría y proporcionarle toda la información necesaria para
que ejecute su labor. K) Mantener vigente la garantía constituida durante el tiempo
de ejecución del contrato y hasta su liquidación; en caso de requerirse. M). (sic)
Presentar los informes parciales que deberán contener la información referente al
desarrollo del objeto contratado. N) (sic) Presentar, dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes al vencimiento del plazo, un informe final que deberá contener
la síntesis de todos los informes parciales, además de la evaluación del contrato
como parte del proyecto de inversión, en cuanto al logro de las metas y objetivos
perseguidos dentro de este último, así como las recomendaciones para la
continuidad del proyecto y L) (sic) Las demás que se asignen por el Alcalde Local
y sean inherentes al objeto […] (fl. 32, c2).
El valor del contrato, conforme a la cláusula tercera, ascendía a $712’500.000 17 y su
plazo era de 8 meses, contados desde la firma del acta de inicio. La cláusula séptima
16 Se aclara que, en efecto, los literales A) a D) de las obligaciones del hospital disponían “Ejecutar de
acuerdo a las condiciones, metas, parámetros, establecidos en el plan de desarrollo de la Localidad el
componente […]”, enunciando a continuación cada uno de los proyectos descritos en el objeto.
17 La cláusula cuarta establecía la forma de pago, así: “El Fondo de Desarrollo Local pagará el valor del
contrato de la siguiente manera: a.- El 40% del valor total del contrato Cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento y ejecución del contrato EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL girara (sic) el valor
del presente contrato de la siguiente manera: a) el cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato a
título de pago anticipado, previa presentación del plan de trabajo y cronograma de actividades aprobado
por la Interventoría y suscripción del acta de inicio. B) Un segundo pago por valor del 30% del valor total
del contrato contra entrega de Informe de actividades desarrolladas con corte a la finalización del tercer
mes de ejecución del contrato, con un porcentaje de ejecución equivalente al treinta por ciento (30%),
informe financiero de los recursos ejecutados a la fecha y certificación a satisfacción expedido por la
Interventoría del contrato y certificación expedida por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal
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Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00674-01 (56.002).
Actor: Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E.
Demandado: Bogotá, D.C. – Alcaldía Local de Kennedy.
Referencia: Medio de control de controversias contractuales.
disponía que la E.S.E. solo podía subcontratar todo aquello que no implicara la
ejecución de la totalidad del objeto del contrato, para lo cual requería autorización
previa y escrita del Fondo. De igual modo, este último podía ordenar la terminación del
subcontrato en cualquier tiempo, sin que el subcontratista tuviera derecho a reclamar
indemnización de perjuicios.
La cláusula decimosegunda contenía la cláusula penal, en los siguientes términos: “Si
se llegare a suceder el evento de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA, deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria, la parte que
incumplió, el valor correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor total del
contrato, los que se podrán cobrar, previo requerimiento, con base en el presente
documento, el cual prestará mérito ejecutivo” (fl. 33, reverso, c2).
5.4 El acta de inicio del contrato fue suscrita el 20 de marzo de 2012, estableciendo
que, desde ese día, iniciaba el término de ejecución (fl. 36, c2).
5.5 En documento del 15 de febrero de 2012 (fl. 119, c2), el gerente del Hospital
Occidente de Kennedy le solicitó al Fondo de Desarrollo Local que se citara a comité
técnico, con el fin de evaluar y aprobar la subcontratación de algunas actividades del
contrato, por cuanto “[…] el Hospital no cuenta con suficiente personal de Planta,
capacidad instalada y la logística necesaria para ejecutar las actividades que se
sustentarán en dicho Comité”.
El 8 de marzo de 2012, el alcalde local de Kennedy emitió un oficio (fl. 35, c2), por
medio del cual autorizó la subcontratación del contrato CIA-208-2011, aclarando que:
(i) la E.S.E. no podía subcontratar la totalidad del valor; (ii) la gerencia y la
acreditando los pagos de aportes al sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y A.R.P) y
de aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) de sus empleados. c) Un tercer
pago equivalente al 20% del valor total del contrato contra entrega Informe de actividades desarrolladas
con corte a la finalización del sexto mes de ejecución del contrato, con un porcentaje de ejecución
equivalente al sesenta por ciento (60%), informe financiero de los recursos ejecutados a la fecha,
certificación a satisfacción expedido por el supervisor del contrato y certificación expedida por el Revisor
Fiscal y/o Representante Legal acreditando los pagos de aportes al sistema de Seguridad Social Integral
(salud, pensiones y A.R.P) y aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) de
sus empleados. d) Un pago final equivalente al 10% del valor total del contrato contra acta de liquidación
e Informe final de Actividades que resuma el cumplimiento del objeto, los productos y obligaciones
pactadas en su totalidad, informe financiero de la inversión total de los recursos, acompañado de
certificación a satisfacción expedido por el interventor del contrato, además de la evaluación del contrato
como parte del proyecto de inversión, en cuanto al logro de las metas y objetivos perseguidos dentro de
este último, así como las recomendaciones para la continuidad del proyecto y certificación expedida por
el Revisor Fiscal y/o Representante Legal acreditando los pagos de aportes al sistema de Seguridad
Social Integral (salud, pensiones y A.R.P) y de aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de
Compensación Familiar) de sus empleados dentro de los 30 días de iniciada la ejecución del objeto,
previo concepto favorable de la Supervisión” (fls. 32, reverso – 33, c2).
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Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00674-01 (56.002).
Actor: Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E.
Demandado: Bogotá, D.C. – Alcaldía Local de Kennedy.
Referencia: Medio de control de controversias contractuales.
administración de cada uno de los proyectos serían responsabilidad única y exclusiva
del hospital, sin que los subcontratistas pudieran tener a su cargo dicha obligación, y
(iii) el Fondo podía ordenar la terminación de los subcontratos en cualquier tiempo, sin
que el subcontratista tuviera derecho a reclamaciones por este asunto.
5.6 El 30 de marzo de 2012, la E.S.E. y la Fundación Valparaíso suscribieron el
contrato 064-12 (fls. 37 – 46, c2), que tenía por objeto la “Prestación del servicio de
implementación de acciones de promoción y prevención para el desarrollo del proyecto
No.15-2010: Fortalecimiento de la gestión social de la salud desde los ámbitos de vida
cotidiana. Componente: promoción de una cultura de prevención en el ámbito laboral
de la localidad de Kennedy y fortalecimiento de la gestión social de la salud […] desde
los ámbitos de vida cotidiana. Componente: promoción de la salud y prevención de la
enfermedad crónica no transmisible en adultos y personas mayores de la localidad de
Kennedy. Subcomponente: Hábitos saludables de vida – Autocuidado. De conformidad
con el convenio interadministrativo No. CIA 208 – 2011 suscrito con el Fondo de
Desarrollo Local de Kennedy, como se detalla a continuación: […]” (fl. 37, reverso, c2).
De las actividades que debía desarrollar el subcontratista, se destacan: el diseño e
implementación del plan de mejoramiento de las condiciones del entorno laboral de las
unidades de trabajo informal; la realización de sesiones informativas en materia de
envejecimiento autónomo, envejecimiento saludable (subtemas: promoción del
autocuidado integral, patrones en hábitos y alimentación saludable), envejecimiento
protegido y envejecimiento productivo, y la entrega de kits.
El valor de este contrato ascendió a $180’500.000, y su plazo era de 6 meses.
Entre las obligaciones de la Fundación Valparaíso, estaban: (i) cumplir con el contrato
CIA-208-2011, teniendo en cuenta los lineamientos y parámetros de ese negocio
jurídico; (ii) asistir a las reuniones convocadas por la interventoría del contrato
interadministrativo, con el fin de revisar el estado de ejecución del mismo; (iii) aplicar
y acatar las obligaciones y recomendaciones de la interventoría, y desarrollar el
respectivo plan de ajuste, cuando fuere necesario18.
18 El parágrafo de la cláusula cuarta decía: “El Contratista deberá presentar todas las hojas de vida del
equipo con certificaciones y de acuerdo a los perfiles solicitados para el aval de la Oficina de Planeación
de la Empresa y el aval de la interventora contratada por el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy” (fl.
44, reverso, c2).
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Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00674-01 (56.002).
Actor: Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E.
Demandado: Bogotá, D.C. – Alcaldía Local de Kennedy.
Referencia: Medio de control de controversias contractuales.
5.7 El Hospital Occidente de Kennedy y la Asociación de Servicios Profesionales
ASEPROF suscribieron el contrato 065 del 30 de marzo de 2012 (fls. 47 – 63, c2), cuyo
objeto fue la “Prestación de Servicios la prestación del servicio (sic) de implementación
de acciones de promoción y prevención para el desarrollo del proyecto no. 15 – 2010
fortalecimiento de la gestión social de la salud desde los ámbitos de vida cotidiana
como son: promoción de la salud y prevención de la enfermedad crónica no
transmisible en adultos y personas mayores de la localidad de Kennedy.
Subcomponente: salud oral, visual y auditiva, desarrollar un programa para el control
integral de vectores y roedores en la localidad de Kennedy y promoción de la salud
sexual y reproductiva en los habitantes de la localidad de Kennedy. De conformidad
con el contrato interadministrativo no. cia 208 – 2011 suscrito entre el Fondo de
Desarrollo Local de Kennedy y el Hospital Occidente de Kennedy III Nivel ESE, como
se detalla a continuación: […]” (fls. 47, reverso – 48, c2).
Las tareas a cargo de ASEPROF implicaban, entre otras cuestiones: la realización de
valoraciones optométricas, tamizajes y lavados auditivos, y tamizajes de inscripción
por parte de un odontólogo y un higienista; el desarrollo de talleres de promoción para
la salud visual, auditiva y oral; la entrega de ayudas ópticas, ayudas auditivas y prótesis
dentales, con su posterior seguimiento de control; la entrega de kits, y la realización
de valoraciones médicas, previo a la inserción de métodos de planificación -implantes
subdérmicos-.
El valor del contrato fue igual a $496’375.000 y su plazo fue de 6 meses.
La cláusula cuarta determinaba las obligaciones de la asociación, así: “EL
CONTRATISTA se compromete a realizar todas aquellas actividades incluidas en la
invitación HOK-SA-029-2.012, de conformidad con el contrato interadministrativo No.
CIA 208 – 2011 y la solicitud del contrato la cual forman parte integral del presente
documento” (fl. 61, reverso, c2). El parágrafo tercero de esta cláusula indicaba,
además, que: “El CONTRATISTA deberá prestar el servicio con la persona o personas
idóneas en la materia, es decir, con profesionales debidamente especializados en la
materia y demás personal profesional propuesto” (fl. 61, reverso, c2). Finalmente, el
parágrafo cuarto precisaba: “El contratista se compromete a allegar al Supervisor del
contrato las hojas de vida del personal con el cual prestará los servicios, con los
respectivos documentos que acreditan la idoneidad de los profesionales y requisitos
exigidos por habilitación” (fls. 61, reverso – 62, c2).
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Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00674-01 (56.002).
Actor: Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E.
Demandado: Bogotá, D.C. – Alcaldía Local de Kennedy.
Referencia: Medio de control de controversias contractuales.
5.8 A través del oficio CID-FDLK-002-03-12 del 16 de abril de 2012, el interventor le
comunicó al gerente de la E.S.E. el denominado primer riesgo de incumplimiento (fls.
212 – 213, c3)19, solicitándole dar inicio inmediato a las actividades, al tiempo que
alertaba respecto al riesgo de incumplimiento que se estaba presentando. Por tal
situación, el interventor le requirió al hospital el plan de mejoramiento de cada
componente -con el fin de evidenciar las estrategias, recursos y responsables de las
actividades, garantizando el cumplimiento de las metas contratadas en el plazo
preestablecido-; el estudio de tiempos y movimientos; el cronograma administrativo y
financiero, y la designación de un profesional que realizara la coordinación del
contrato.
5.9 El 7 de junio de 2012, mediante documento CID-FDLK-002-012-12 (fls. 358 – 359,
c3), el interventor le envió al gerente del hospital el segundo riesgo de incumplimiento.
Como fundamento de esta situación, argumentó:
[…] 2. A la fecha han transcurrido 2 meses de ejecución del plazo contractual, sin
que el hospital haya iniciado las actividades operativas directas con la población
beneficiaria del proyecto.
3. No se cuenta con el Talento Humano requerido para el inicio de actividades,
pese a que se cuenta con concepto favorable de algunos de los perfiles
presentados por el Hospital.
Por lo anterior, solicitó el plan de mejoramiento, el estudio de tiempos y movimientos
y la proyección físico financiera de cada uno de los componentes. Además, aclaró que,
de no evidenciarse un avance significativo en la ejecución del contrato, podría
recomendar la imposición de una multa y que, de requerirse una prórroga, se
conceptuaría como no favorable.
5.10 En oficio del 20 de junio de 2012 (fls. 123 – 139, c2), el gerente de la E.S.E. le
manifestó al interventor su interés por ejecutar los proyectos objeto del contrato, dentro
de los tiempos establecidos y conservando la calidad y oportunidad requerida. Para el
efecto, aportó los planes de mejoramiento, las proyecciones físico financieras y los
estudios de tiempo y movimiento de los componentes de promoción de la salud sexual,
control de vectores y cultura de prevención en el ámbito laboral -aclaró que el
19 Previamente, el 30 de marzo de 2012, el interventor había remitido al gerente de la E.S.E. el oficio
CID-FDLK-002-02-12 (fls. 274 – 275, c3), por medio del cual requería conocer los documentos de
vinculación laboral del equipo de trabajo o la autorización del Fondo que habilitaba la subcontratación.
Asimismo, solicitaba iniciar urgentemente la etapa de ejecución, con el fin de cumplir las obligaciones
contractuales.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00674-01 (56.002).
Actor: Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E.
Demandado: Bogotá, D.C. – Alcaldía Local de Kennedy.
Referencia: Medio de control de controversias contractuales.
componente de círculos de calidad de vida dependía de que la alcaldía entregara el
proyecto viabilizado-.
5.11 El 28 de junio de 2012, la E.S.E. le envió a la Secretaría de Salud un oficio por
medio del cual consultaba si los subcomponentes de SOVA y de hábitos saludables
de vida – autocuidado pertenecían al componente de promoción de los círculos de
calidad de vida (fls. 140 – 141, c2).
El subsecretario de salud de Bogotá respondió la anterior petición (fls. 144 – 145, c2),
emitiendo concepto técnico favorable, en relación con la conexidad que existía entre
el componente de círculos de calidad de vida y los subcomponentes de SOVA y hábitos
saludables de vida. Este concepto fue enviado por la E.S.E. a la alcaldía local mediante
oficio del 19 de julio de 2012 (fl. 155, c2).
5.12 El 17 de octubre de 2012, el gerente de la E.S.E. le solicitó al alcalde local de
Kennedy la suspensión del contrato CIA-208 (fls. 237 – 238, c3), dado que era
necesario requerir a los subcontratistas el cumplimiento del Decreto 1011 de 2006,
relacionado con la habilitación para el ejercicio de las actividades contratadas -asunto
que no fue considerado en las mesas de trabajo inicialmente-. También se indicó: “La
entidad suscrita procedió de manera unilateral a suspender los contratos celebrados
con los operadores a partir del 09 de octubre y hasta el 09 de noviembre de 2012, sin
perjuicio de reanudar las actividades por mutuo acuerdo entre las partes. Dicha
suspensión se realizó con el fin de dirimir el conflicto originado con esta solicitud,
requiriendo de la firma interventora y de la Secretaría de Salud, parámetros claros para
exigir el cumplimiento de este requisito a los subcontratistas”. Tal solicitud se reiteró el
7 de noviembre de 2012 (fl. 303, c3).
La alcaldía local le pidió al hospital que ampliara la justificación de la solicitud y aclarara
el tiempo de la suspensión (fl. 296, c3). Para el efecto, la E.S.E. le remitió a la alcaldía
local una comunicación con fecha del 15 de noviembre de 2012 (fls. 297 – 302, c3).
En ella, manifestó que era necesario suspender el contrato hasta el mes de febrero de
2013 y, además, se requería prorrogar el plazo por 5 meses.
La alcaldía local de Kennedy se negó a la anterior solicitud, mediante oficio con
radicado 20120820273611 del 13 de diciembre de 2012 (fls. 401 – 405, c3). Lo anterior,
en tanto consideró que el hospital no justificó adecuadamente las razones por las
cuales no pudo ejecutar las obligaciones a su cargo.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00674-01 (56.002).
Actor: Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E.
Demandado: Bogotá, D.C. – Alcaldía Local de Kennedy.
Referencia: Medio de control de controversias contractuales.
5.13 En oficio con radicado CID-FDLK-002-027-12 del 2 de noviembre de 2012 (CD
sin folio que se anexa junto con la demanda y fl. 276, c3), la interventoría le señaló al
gerente de la E.S.E. que los objetos sociales de los subcontratistas no contemplaban
la realización de actividades del sector salud y que el personal empleado para la
realización de las actividades había sido vinculado a través de la Fundación Valparaíso
y de ASEPROF, mas no del hospital, por lo que no podían avalarse para pago ninguna
de las actividades adelantadas hasta ese momento.
5.14 A través de documento con radicado CID-FDLK-002-028-12 del 6 de noviembre
de 2012 (CD sin folio que se anexa junto con la demanda y fls. 354 – 357, c3), el
director de proyectos de la interventoría le recomendó al alcalde local de Kennedy la
aplicación de la cláusula penal, en atención al incumplimiento del hospital contratista.
En tal oficio, se lee:
En tal sentido, tal como se ha señalado en el presente oficio, las decisiones
administrativas asumidas por el Hospital durante la ejecución del contrato
interadministrativo No. 208 de 2011 han hecho que a contados días de finalización
del plazo contractual no sea posible certificar la ejecución de actividades pues al
contratar a la Fundación Valparaíso y ASEPROF sin que estos contaran con la
competencia legal para la ejecución de acciones de promoción y prevención de la
salud, imposibilita a la Interventoría la certificación de las mismas.
Por todo lo anterior se concluye que no será posible cumplir el objeto contractual
establecido en el Contrato Interadministrativo 208 de 2011 pese a las expectativas
generadas en la población a la cual se dirigían las acciones contratadas. En este
orden de ideas, el Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad
Nacional de Colombia, recomienda al Fondo de Desarrollo de Kennedy la
aplicación de la “Cláusula Décima Segunda: Cláusula Penal Pecuniaria: […]”.
5.15 Mediante documento con radicado CID-FDLK-100-0181-13 del 19 de abril de
2013 (fl. 67, reverso, c2), el director de proyectos de interventoría de la Universidad
Nacional le remitió al alcalde local de Kennedy el informe por medio del cual consignó
el presunto incumplimiento de la E.S.E.
En este documento, con fecha de corte del 12 de noviembre de 2012 (fls. 68 – 73, c2),
se precisó que, pese a los constantes requerimientos de la interventoría, orientados a
obtener los documentos relacionados con la subcontratación, la E.S.E. solamente los
aportó el 3 de octubre de 2012, habiendo iniciado ya actividades con los proveedores 20.
20 El jefe de la oficina de planeación de la E.S.E. le remitió al director de interventoría los documentos
que sirvieron como soporte de la subcontratación, a través de una comunicación externa con fecha del
2 de octubre de 2012 (fl. 434, reverso, c3).
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Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00674-01 (56.002).
Actor: Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E.
Demandado: Bogotá, D.C. – Alcaldía Local de Kennedy.
Referencia: Medio de control de controversias contractuales.
Frente al cumplimiento de las obligaciones, señaló que el hospital presentó las hojas
de vida de diferentes profesionales para concepto de interventoría. No obstante, todos
ellos fueron vinculados al proyecto por intermedio de los subcontratistas, quienes, de
acuerdo con su certificado de existencia y representación legal, no incluían en su
objeto social la realización de actividades del sector salud. Por lo mismo, las labores
que se habían ejecutado no podían ser certificadas para pago. Además, ni la E.S.E. ni
los subcontratistas contaban con habilitación para la realización de actividades de
prevención y promoción extramural, lo cual impedía avalar aquellas gestiones que se
habían llevado a cabo.
En relación con el componente de promoción de los círculos de calidad de vida, dijo:
Se realizaron reuniones con el Fondo de Desarrollo Local, la UEL Salud, la ESE y
la Interventoría para tratar el tema de la realización de actividades de SOVA y
CRÓNICOS como acciones propias de CÍRCULOS DE CALIDAD DE VIDA – CVV.
La UEL salud, emitió un concepto técnico en el que indica que las actividades
previstas en los componentes de salud oral, visual y auditiva y en las referidas a
la prevención de enfermedades crónicas están relacionadas con la estrategia de
Atención Primaria en Salud (APS), sin embargo, la Interventoría señala que el
lineamiento Distrital para APS y en particular para CCV no se orientan a la
intervención de carácter asistencial mediante la entrega de ayudas visuales,
prótesis dentales y audífonos ni a la promoción de hábitos de vida saludable en
pacientes diagnosticados con enfermedades crónicas, sino a la generación de
espacios de participación comunitaria para la construcción colectiva de
diagnósticos participativos en salud para abordar a través de acciones de
promoción de la salud las problemáticas sociales identificadas por diferentes
grupos etarios.
En reunión realizada el 26 de Septiembre de 2012, con la participación de la UEL
Salud, el Hospital Occidente de Kennedy, el FDL y la Interventoría se acordó
realizar un modificatorio a la Cláusula Segunda literal b del contrato para precisar
que se realizaría en el componente de CCV, actividades de SOVA y Crónicos.
A fecha del presente informe la modificación no se concretó (fls. 68, reverso – 69,
c2).
De igual modo, reiteró que la E.S.E. no informó de manera oportuna las acciones
adelantadas para la ejecución del contrato, en particular, lo referido al proceso de
subcontratación, lo cual implicó que se subcontratara a dos proveedores que no eran
idóneos.
De las obligaciones a cargo del hospital, la única que el interventor avaló como
cumplida fue la prevista en el literal F) del numeral 1) de la cláusula segunda, esto es,
“Coordinar las acciones con la Dirección de Salud Pública, con el fin de intervenir la
población objeto”, dado que “La ESE estableció contacto con Salud Pública de SDS
para acceder a las Fichas Técnicas existentes o contar con la aprobación de las
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Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00674-01 (56.002).
Actor: Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E.
Demandado: Bogotá, D.C. – Alcaldía Local de Kennedy.
Referencia: Medio de control de controversias contractuales.
elaboradas por el Hospital para el desarrollo de las actividades previstas en los
componentes contratados” (fl. 69, reverso, c2)21.
La obligación de presentar los informes parciales se consideró incumplida
parcialmente, por cuanto no se presentaron los informes de julio, agosto, septiembre -
pese a que estos tres fueron retroalimentados por la interventoría- y octubre.
Finalmente, la interventoría concluyó que la ejecución técnico financiera del contrato
fue igual al 0%, por lo que emitió un concepto desfavorable y recomendó hacer efectiva
la cláusula penal.
5.16 En el plenario reposan los certificados de existencia y representación legal de la
Asociación de Servicios Profesionales ASEPROF -del 27 de febrero de 2012- (fls. 420
– 422, c3) y de la Fundación Valparaíso -del 24 de febrero de ese año- (fls. 423 – 425,
c3). De la lectura de sus objetos sociales, se evidencia que no se incluyó, de manera
expresa, la prestación de servicios de salud, ni tampoco el manejo y control de
vectores, la capacitación en temas de autocuidado integral, etc.22
5.17 El alcalde local de Kennedy profirió la Resolución No. 273 del 21 de agosto de
2013 (fls. 87 – 98, c2), por medio de la cual se declaró el incumplimiento definitivo del
contrato CIA-208 de 2011 y se hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria -por valor de
$142’500.000-. Esta decisión, en esencia, se fundó en el informe de interventoría
enunciado con anterioridad. En otros términos, se estimó que no podían avalarse las
21 Otra obligación que se estimó cumplida fue la relativa a mantener la vigencia de la garantía.
22 El objeto social de ASEPROF es el siguiente: “La Asociación de Servicio Profesionales ASEPROF,
tendrá por objeto vigilar, diseñar, asesorar, realizar, implementar, ejecutar y desarrollar planes,
programas, proyectos, acciones y actividades que contribuyan al desarrollo, promoción y fortalecimiento
social, cultural, educativo, nutricional, administrativo, financiero, tecnológico y comunitario de las
acciones propias y de las diferentes entidades a nivel territorial, internacional, nacional, departamental,
municipal, distrital y local; con el fin de garantizar la efectiva prestación de los servicios a su cargo, la
participación y desarrollo social y comunitario, el control social y desarrollo socio económico de los
diferentes grupos etareos (sic). Se fomentará la educación, capacitación informal y no formal, nutrición
y el empleo, y para tal efecto podrá negociar, recibir, administrar, gestionar y asignar recursos
nacionales e internacionales designados a la financiación de planes, programas y proyectos
comunitarios en forma independiente o en coordinación con entidades públicas y/o privadas”.
Por su parte, el objeto social de la Fundación Valparaíso es: “La Fundación Valparaíso tendrá como
objeto formular, promocionar, fomentar, gestionar y ejecutar planes, programas y proyectos de
desarrollo social y humano tendientes a mejorar la calidad de vida de las familias de los sectores más
deprimidos y vulnerables, en los siguientes aspectos: […]”. Dichos aspectos son: nutrición -producir y
comercializar alimentos o crear comedores comunitarios-, educación formal y no formal -no se realizarán
actividades propias del sistema nacional de educación-, acceso a la justicia -creando centros de
conciliación y arbitramento- y acceso al trabajo -creando y promoviendo la formación de microempresas
o alguna forma de trabajo asociativo-.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00674-01 (56.002).
Actor: Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E.
Demandado: Bogotá, D.C. – Alcaldía Local de Kennedy.
Referencia: Medio de control de controversias contractuales.
actividades realizadas por los subcontratistas, porque estos no incluían en su objeto
social la realización de actividades del sector salud y no se encontraban habilitados.
Se resalta que, durante el desarrollo de la audiencia, la E.S.E. formuló como
argumentos de defensa: (i) la falta de competencia funcional del Fondo; (ii) la falta de
competencia temporal, y (iii) la comisión de una vía de hecho, sustentando estos
descargos en los mismos términos que se plantearon en la demanda 23.
5.18 El hospital interpuso en audiencia -e igual lo aportó por escrito- el recurso de
reposición en contra del anterior acto administrativo (fls. 108 – 109, c2), argumentando:
(i) la declaratoria unilateral de incumplimiento es un poder exorbitante, y estos, según
el artículo 14 de la Ley 80, están proscritos en los contratos interadministrativos -por
lo que las cláusulas incluidas en el contrato son ineficaces-; (ii) la posibilidad de
terminar el contrato y hacer exigible la cláusula penal solo es posible desde el
vencimiento del plazo, y hasta que culmina el término de liquidación, siempre que se
haya requerido al contratista para la liquidación bilateral; (iii) el plazo para liquidar y
terminar el contrato unilateralmente era de 6 meses, contados desde su vencimiento.
Por tanto, no puede acudirse a la liquidación unilateral luego de haberse causado dicho
término, y citar a la audiencia de incumplimiento por fuera del mismo deviene en
extemporáneo, y (iv) no puede hablarse de un incumplimiento total de la E.S.E., en
tanto esta entregó el plan de trabajo y el cronograma de actividades, al tiempo que
suscribió el acta de inicio -motivo por el cual se le consignó el pago anticipado-. En
otros términos, no puede hacerse efectiva la cláusula penal, porque la misma solo
procedía frente a incumplimientos totales, y en el presente caso es claro que, de no
haberse cumplido con algunas obligaciones, no se habría desembolsado el pago
anticipado.
5.19 El interventor remitió al alcalde local el oficio CID-FDLK-LIQ-002-003 del 29 de
agosto de 2013 (fls. 526 – 528, c3), por medio del cual ratificó el presunto
incumplimiento de la E.S.E.
5.20 El alcalde de la localidad de Kennedy expidió la Resolución 320 del 30 de agosto
de 2013 (fls. 110 – 118, c2), que confirmó en su totalidad la Resolución 273. En este
acto, se reiteró que el Fondo gozaba de competencia para declarar el incumplimiento
de la E.S.E., el cual se encontraba sustentado en las diferentes comunicaciones
23 Los representantes de la E.S.E. entregaron en la audiencia un documento denominado “Presentación
de descargos”, en el cual se desarrollaron los argumentos que se acaban de enunciar (fls. 85 – 86, c2).
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Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00674-01 (56.002).
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Demandado: Bogotá, D.C. – Alcaldía Local de Kennedy.
Referencia: Medio de control de controversias contractuales.
emanadas de la interventoría. Adicionalmente, se indicó que no se le violó el debido
proceso al hospital y que este no pudo desvirtuar el incumplimiento de sus
obligaciones.
Aseguró que, si bien es cierto que el parágrafo del artículo 14 de la Ley 80 proscribe
el uso de los poderes excepcionales en los contratos interadministrativos, en el
presente caso no se recurrió a la figura de la caducidad, sino a la declaratoria de
incumplimiento -con fundamento en la cláusula decimosegunda del contrato-, que no
es un poder excepcional.
Finalmente, aseveró que la entrega del cronograma y del plan de trabajo solo
denotaban el cumplimiento de la cláusula cuarta, relacionada con la forma de pago,
mas no implicaban un avance técnico, administrativo y financiero del contrato, dado
que esto exigía el cumplimiento de las actividades consagradas en el numeral 1) de la
cláusula segunda.
6. Problema jurídico:
Teniendo en cuenta los hechos probados y los términos del recurso de apelación, le
corresponde a la Sala determinar si el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy profirió
las Resoluciones 273 y 320 de 2013 sin contar con la competencia funcional y temporal
para hacerlo. Asimismo, debe definir si el ente demandado incurrió en falsa motivación,
al declarar el incumplimiento definitivo del contrato CIA-208 de 2011, pese a las
actuaciones y gestiones adelantadas por el Hospital Occidente de Kennedy.
Finalmente, deberá establecer si el demandado incumplió el contrato, al incluir
unilateralmente algunos ítems que no habían sido previstos desde el comienzo y al
incidir en el retraso del inicio de las actividades.
6.1 La ausencia de competencia funcional del Fondo de Desarrollo Local de
Kennedy:
El actor indicó en el recurso de apelación que el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy
actuó sin competencia funcional, dado que la declaratoria de incumplimiento es un
poder excepcional, y estos, según el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, están proscritos
en los contratos interadministrativos.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00674-01 (56.002).
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Demandado: Bogotá, D.C. – Alcaldía Local de Kennedy.
Referencia: Medio de control de controversias contractuales.
Desde un inicio, debe descartarse el cargo del hospital, puesto que, tal como lo indicó
el tribunal de primer grado y el ente demandado, la posibilidad de declarar el
incumplimiento con el fin de hacer efectiva la cláusula penal no es un poder
excepcional, por lo que no aplica la prohibición prevista en el parágrafo del precitado
artículo 14.
La jurisprudencia de esta Corporación ya ha precisado que el artículo 14 de la Ley 80
de 1993 es taxativo, por lo que solo son poderes excepcionales (i) la terminación
unilateral, (ii) la interpretación unilateral, (iii) la modificación unilateral, (iv) el
sometimiento a las leyes nacionales, (v) la caducidad y (vi) la reversión. De esta forma,
cualquier otra unilateralidad, como la liquidación unilateral o la imposición de multas y
la declaratoria de incumplimiento, no constituirá un poder excepcional al derecho
común24.
Por otro lado, que este contrato fuera interadministrativo no impedía que la entidad
contratante pudiera declarar el incumplimiento unilateralmente, con el fin de hacer
efectiva la cláusula penal, por cuanto dicha potestad se pactó expresamente en el
contrato (cláusula decimosegunda) y se fundamentó en el artículo 17 de la Ley 1150
de 2007 -que es plenamente aplicable, como ya se vio-25.
Frente al tema enunciado con anterioridad, la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado ha aseverado:
Lo expuesto hasta el momento permite deducir que las competencias unilaterales
de la Administración para imponer las multas, hacer efectiva la cláusula penal y
declarar el siniestro del incumplimiento para hacer el cobro de las garantías
constituidas a su favor, se ejercen, según el caso, evidenciado un posible
incumplimiento de un contrato estatal, incluidos los contratos interadministrativos
y frente a cualquier contratista colaborador de la Administración, sin importar si es
particular o entidad estatal contratista, a lo cual puede agregarse lo siguiente:
24 La Sala ha sostenido: “Ahora bien, en esta ocasión siguiendo el derrotero trazado en veces
precedentes, la Sala considera que la taxatividad de las cláusulas excepcionales agrupadas en el
artículo 14 de la Ley 80 de 1999 (sic), conduce a que su aplicación sea restrictiva y que, en esa virtud,
solo se conciban como tales las que allí se enuncian, sin que con ello se pretenda desconocer el carácter
de prerrogativas especiales de las demás facultades unilaterales de que se encuentra investida la
administración por ministerio de la Ley” (Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia
del 8 de marzo de 2017, C.P.: Marta Nubia Velásquez Rico. Rad.: 25000-23-36-000-2013-00249-01
(50.890)).
25 La Subsección recuerda que, a diferencia de los contratos regidos por el Decreto 222 de 1983, en los
contratos sometidos a la Ley 80 de 1993 -entre ellos, los interadministrativos- la inclusión de la cláusula
penal en el acuerdo negocial se condiciona a la autonomía de la voluntad -a que sea pactada
expresamente-. Y la posibilidad de imponerla y hacerla efectiva en forma unilateral se fundamenta en el
artículo 17 de la Ley 1150, el cual prescribe que las entidades públicas contratantes “[…] podrán declarar
el incumplimiento con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria incluida en el contrato”.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00674-01 (56.002).
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Referencia: Medio de control de controversias contractuales.
a. En los contratos en general se encuentra presente el riesgo de cumplimiento, el
cual no puede descartarse en los interadministrativos, motivo por el cual las
entidades estatales contratantes están en el deber constitucional y legal de
prevenir dicho riesgo, a través de diferentes mecanismos preventivos y
disuasorios, entre los que se encuentran los previstos en los artículos 7 y 17 de la
Ley 1150 de 2007 y el citado artículo 86 de la Ley 1474 de 2011;
b. Respecto de las multas y cláusula penal, debe recordarse que no operan porque
la ley lo exija obligatoriamente (como era el caso del Decreto Ley 222 de 1983),
sino que deben ser acordadas por las partes, aspecto cuya necesidad, en virtud
de los principios de planeación, transparencia, responsabilidad y precaución,
empieza a visualizarse desde el momento mismo de elaboración de los estudios
previos que soportan la contratación, por lo que al ser aceptadas por la entidad
estatal contratista, será la voluntad coincidente de las partes la fuente del
establecimiento de la multa y de la cláusula penal y, una vez pactada, con base en
los artículos 17 de la Ley 1150 y 86 de la Ley 1474, la entidad estatal contratante
tendrá la competencia para imponerla unilateralmente siguiendo el procedimiento
descrito;
c. Procede la declaratoria mediante acto administrativo del incumplimiento, lo cual
implicará el acaecimiento del siniestro y, en consecuencia, la entidad estatal
contratante podrá cobrar la garantía a la aseguradora, para cuya efectivadad (sic)
podrá acudir al cobro coactivo.
d. Como se ha explicado, el objeto de los contratos interadministrativos lo
constituyen obligaciones de contenido patrimonial, son onerosos y conmutativos,
motivo por el cual existe responsabilidad por el incumplimiento del mismo, en los
términos que prevea la ley, de tal forma que no resulta de recibo beneficiarse del
contrato pero excusarse de las cargas y sanciones por el incumplimiento, alegando
su calidad de entidad pública;
e. Además, desde los mismos estudios previos la entidad estatal contratista sabe
que su posición contractual es la de contratista colaborador de la Administración,
la cual en virtud de sus deberes de control y dirección del contrato actúa en una
posición de preeminencia;
f. Dado que los artículos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011
establecen una potestad pública que tiene como consecuencia la imposición de
sanciones, su interpretación es restrictiva y, por lo mismo, se observa que no
distinguen ni consagran excepciones frente al tipo de contrato estatal ni frente a la
calidad del contratista. La noción “contrato” corresponde a todo tipo de contratos
estatales cuya ejecución se rige por el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública, incluidos los interadministrativos, y “contratista”, no solo
incluye a los particulares, sino a las entidades públicas que voluntariamente han
asumido dicha posición contractual26.
Con base en lo expuesto, es evidente que el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy
gozaba de competencia funcional para declarar el incumplimiento del contrato CIA-208
de 2011, puesto que, además de que esta facultad no hace parte de los poderes
excepcionales del artículo 14 de la Ley 80 -lo cual bastaba para descartar el cargo de
la E.S.E.-, las partes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, incluyeron la cláusula
penal ante los posibles y eventuales incumplimientos del contratista, lo cual, con
26 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 26 de julio de 2016, C.P.: Álvaro
Namén Vargas. Rad.: 11001-03-06-000-2015-00102-00 (2.257).
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Demandado: Bogotá, D.C. – Alcaldía Local de Kennedy.
Referencia: Medio de control de controversias contractuales.
fundamento en el artículo 17 de la Ley 1150, le permitía al Fondo contratante declarar
el incumplimiento unilateralmente.
6.2 La falta de competencia temporal del Fondo de Desarrollo Local:
Si bien la formulación de este cargo es algo confusa, la Sala entiende que el actor
estima que la competencia temporal del Fondo de Desarrollo Local se extendía desde
la terminación del plazo de ejecución del contrato, y hasta el vencimiento del término
de la liquidación. Por lo mismo, si el ente contratante adelantaba el procedimiento
administrativo sancionatorio por fuera de esta última etapa, estaría actuando sin
competencia ratione temporis. Aunado a ello, consideró que solo podía valorarse el
plazo de la liquidación bilateral, dado que estaba prohibida la liquidación unilateral, y
que el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio se condicionaba a que se
citara al contratista a intentar celebrar la liquidación de mutuo acuerdo.
Lo primero que debe aclararse es que, tal y como se planteó al determinar la
oportunidad de la acción, el contrato CIA-208 de 2011 podía liquidarse unilateralmente,
por lo que el plazo de 6 meses para liquidar el contrato (4 para la liquidación bilateral
y 2 para la unilateral) corrió del 21 de noviembre de 2012 al 22 de mayo de 2013. Como
el acuerdo negocial no fue liquidado, las partes o el Fondo, según el artículo 11 de la
Ley 115027, podían liquidarlo -de mutuo acuerdo o de manera unilateral- en los dos
años siguientes, término que es, en principio, coincidente con el de caducidad del
medio de control.
Ahora bien, es cierto que esta Corporación ha precisado que, a diferencia de la
declaratoria de caducidad y de la imposición de las multas -que solamente proceden
durante la vigencia del contrato-, la declaratoria de incumplimiento para hacer efectiva
27 “Artículo 11. Del plazo para la liquidación de los contratos. La liquidación de los contratos se hará de
mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del
que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los
cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la
expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria
que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la
facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 136 del C. C. A. Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado
la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al
vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente,
sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A. Los contratistas tendrán derecho a efectuar
salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá
en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo”.
40
Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00674-01 (56.002).
Actor: Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E.
Demandado: Bogotá, D.C. – Alcaldía Local de Kennedy.
Referencia: Medio de control de controversias contractuales.
la cláusula penal puede surtirse luego del vencimiento del plazo, teniendo como único
límite temporal la liquidación. Al respecto, la Sección Tercera explicó:
En este orden de ideas, la Sala precisa que luego de terminado el plazo de
ejecución del contrato, desaparece la facultad exorbitante de la Administración
para declarar su caducidad y, en tal virtud, en caso de que se descubra o detecte
el incumplimiento de alguna obligación con posterioridad a esa etapa, lo
procedente, actualmente, como se establece en la reforma que introdujo al
régimen de contratación pública la Ley 1150 de 2007, será la declaratoria
unilateral de incumplimiento del contratista por parte de la entidad pública
contratante para hacer efectiva la cláusula penal y a la vez las garantías que
amparen el contrato, como constitutivo ese hecho del siniestro que las hace
exigibles, además, por supuesto, podrá ejercer la acción contractual por el
incumplimiento. Esta solución tiene precedentes en nuestra legislación, pues en
vigencia del Decreto ley 222 de 1983 (arts. 72 y 73), si el plazo se vencía y se
advertía el incumplimiento del contrato, la Administración, mediante acto
administrativo motivado, podía declararlo y hacer efectiva la cláusula penal
pecuniaria, facultad que excluía, entonces, la posibilidad de decretar la caducidad.
[…]
En esos eventos, luego de terminado el plazo de ejecución, la Administración,
como se dijo, podrá declarar el incumplimiento del contrato (según se establecía
expresamente en el artículo 62 del Decreto ley 222 de 1983 y actualmente en el
artículo 11 de la Ley 1150 de 2007), para hacer efectiva la garantía única de
cumplimiento y la cláusula penal si trata de obtener anticipada y previamente a la
instancia judicial el resarcimiento de los perjuicios que la infracción del contrato le
generó, pero ya le habrá fenecido la facultad excepcional de imponer la sanción
de caducidad al contratista28.
Posteriormente, la Subsección C señaló:
[…] la Sección Tercera también se ha pronunciado en relación con la posibilidad
de declarar el incumplimiento del contrato, pero sólo para hacer efectiva la
cláusula penal pecuniaria. Al respecto sostiene, invariablemente, que no sólo
puede hacerlo durante el plazo de ejecución, sino también cuando ha vencido,
incluso hasta su liquidación, de manera que la vigencia del plazo no limita la
competencia sancionatoria. […]
En los términos indicados, queda claro que en vigencia de todos los estatutos
contractuales, incluidas las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, la potestad
sancionatoria para cobrar la cláusula penal se puede ejercer durante el plazo del
contrato e incluso con posterioridad a su vencimiento29.
28 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 20 de noviembre de 2008, C.P.: Ruth Stella
Correa Palacio. Rad.: 05001-23-26-000-1992-01369-01 (17.031).
También la Subsección B de la Sección Tercera ha dicho: “26.- Esta potestad [la declaratoria de
caducidad] no puede asimilarse a la facultad de declarar el incumplimiento del contrato con el exclusivo
propósito de hacer efectiva la cláusula penal. Es sobre esta última facultad que la jurisprudencia del
Consejo de Estado estimó que su ejercicio era lícito incluso luego de vencido el contrato; y dicha
posibilidad fue establecida expresamente en la ley 1150 de 2007” (Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B. Sentencia del 3 de agosto de 2020, C.P.: Martín Bermúdez Muñoz. Rad.: 73001-23-31-
000-2010-00728-01 (50.869)).
29 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 24 de octubre de 2013, C.P.:
Enrique Gil Botero. Rad.: 23001-23-31-000-2000-02857-01 (24.697).
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Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00674-01 (56.002).
Actor: Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E.
Demandado: Bogotá, D.C. – Alcaldía Local de Kennedy.
Referencia: Medio de control de controversias contractuales.
Asimismo, esta Subsección expresó: “Atendiendo a esa misma lógica, en lo que atañe
a la cláusula penal como mecanismo indemnizatorio de perjuicios, esta Subsección ha
discurrido que la declaratoria de incumplimiento encaminada a hacer efectiva aquella
podrá realizarse luego de vencerse el plazo contractual, autorización que, como se
anotará en el acápite siguiente, no podrá hacerse extensiva en el evento en que esa
declaratoria se produzca con miras a imponer una multa […]”30.
De esta manera, si bien es cierto que en vigencia del Decreto 222 de 1983 y de la Ley
80 de 1993 31, la Sección Tercera estimó que la competencia temporal para hacer
efectiva la cláusula penal se extendía hasta el vencimiento de los términos de las
liquidaciones bilateral y unilateral, esto es, 6 meses, la Sala considera que el
razonamiento no puede ser idéntico para los contratos regulados por la Ley 1150 de
2007 -como el que es objeto de análisis-, porque esta normativa permite que el contrato
sea liquidado durante el término de caducidad del medio de control de controversias
contractuales32_33.
30 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 1 de febrero de 2018, C.P.: Marta
Nubia Velásquez Rico. Rad.: 25000-23-26-000-2009-00082-01 (52.549).
En vigencia de un contrato regido por el Decreto 222 de 1983, la Subsección A señaló: “Sea lo primero
decir que la declaratoria de incumplimiento del contrato, a diferencia de la caducidad, la cual constituye
una de las formas de terminación anticipada del contrato, podrá hacerse después de vencido el término
del convenio, con la finalidad de permitir a la Administración el cobro de los perjuicios derivados del
incumplimiento, constituidos, entre otros, por el monto de la cláusula penal pecuniaria pactada por las
partes. […] Ahora bien, como ha sido admitido por la Jurisprudencia de la Sala, la Administración podrá
declarar el incumplimiento del contratista luego de que se haya vencido el plazo contractual, sin que
éste hubiere ejecutado la totalidad de la obra, entregado todos los bienes o prestado el servicio
convenido, únicamente como medida para hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria. […] Ahora bien,
en cuanto a la competencia temporal que tiene la Administración para declarar el incumplimiento del
contrato después de su vencimiento, la Corporación de manera reiterada ha sostenido que dicha figura
opera ‘después del vencimiento del plazo contractual de ejecución y antes de la liquidación o dentro del
acto liquidatorio mismo, pero no después de la expedición de éste’, dado que efectuada la liquidación
del contrato o vencido el plazo para hacerlo por mutuo acuerdo o unilateralmente por la Administración,
ésta queda despojada de sus potestades sancionatorias y cualquier incumplimiento que se le impute al
contratista debe ser constatado por el juez” (Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.
Sentencia del 13 de marzo de 2013, C.P.: Hernán Andrade Rincón. Rad.: 25000-23-26-000-1995-
01122-01 (20.628)).
31 Sobre este tema en contratos regidos por la Ley 80, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C. Sentencia del 9 de julio de 2014, C.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Rad.: 52001-
23-31-000-2001-01115-01 (29.741).
32 Este asunto, pero en sede de medida cautelar, fue tratado en: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A. Auto del 16 de agosto de 2022, C.P.: María Adriana Marín. Rad.: 52001-23-33-000-2020-
00974-01 (67.526).
33 La Sala puntualiza que, incluso, en contratos celebrados antes de la entrada en vigencia de la Ley
1150 de 2007, la declaratoria de incumplimiento era procedente una vez se vencieran los términos de
las liquidaciones bilateral y unilateral, siempre que aquel trámite se surtiera antes del vencimiento del
término de caducidad o antes de que se notificara el auto admisorio de la demanda. Lo anterior, por
cuanto la jurisprudencia mayoritaria de la Sección Tercera estimó que los plazos para la liquidación de
los contratos eran indicativos, por lo que era perfectamente posible que las partes o la entidad
contratante liquidaran el acuerdo en el término de caducidad de la acción contractual. En vista de que
la oportunidad para la declaratoria de incumplimiento luego de vencido el plazo de ejecución se ha
vinculado a la extinción del plazo para la liquidación, es justificable que el incumplimiento se surta por
fuera del término indicativo de 6 meses, dado que la jurisprudencia explicó que dicho plazo no era
preclusivo, lo cual se reafirmó con la Ley 1150 de 2007.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00674-01 (56.002).
Actor: Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E.
Demandado: Bogotá, D.C. – Alcaldía Local de Kennedy.
Referencia: Medio de control de controversias contractuales.
En otros términos, si bien las Resoluciones 273 y 320 se profirieron en agosto de 2013,
esto es, cuando ya se había vencido el plazo para liquidar el contrato unilateralmente,
su expedición se realizó durante los dos años siguientes, terminó en el que las partes
o el ente contratante seguían estando habilitados para liquidar el contrato -salvo que
se hubiera notificado el auto admisorio de la demanda-.
Por lo mismo, no puede predicarse una falta de competencia temporal del Fondo de
Desarrollo Local, pues la posibilidad de hacer efectiva la cláusula penal se extiende
hasta el término de la liquidación, lo cual, con la Ley 1150 de 2007, se compagina con
el término de caducidad.
Aunque la Sala no desconoce que el término de caducidad es diferente al de
liquidación, es la misma ley la que permite que, durante los dos años siguientes al
vencimiento del plazo para la liquidación unilateral, y mientras no se acuda ante el
juez, se pueda surtir la liquidación, lo cual, mutatis mutandis, permite que la entidad
contratante declare el incumplimiento para hacer efectiva la cláusula penal -resaltando,
además, que no existe una disposición que restrinja el ejercicio de esta facultad-.
Finalmente, no es verdad que el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio
se condiciona a que se cite al contratista para surtir la liquidación de mutuo acuerdo,
ya que la ley solo exige que se respete el debido proceso, siguiendo el procedimiento
del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Por tanto, dado que en ningún momento se
elevó un cargo relacionado con el desconocimiento del debido proceso, al tiempo que
está probado que el Fondo respetó los lineamientos de la Ley 1474, es claro que este
planteamiento no tiene vocación de prosperidad34.
Recientemente, la Subsección A abordó el tema relativo al carácter indicativo de los plazos de la
liquidación, así: “29. Respecto del primer asunto discutido, es decir, la naturaleza perentoria o
meramente indicativa de los plazos de cuatro (4) y dos (2) meses para la liquidación bilateral y unilateral,
si bien en concepto No. 1453 de 6 de agosto de 2003 la Sala de Consulta y Servicio Civil dictaminó que
los plazos establecidos en la legislación para la liquidación unilateral eran de carácter perentorio y
preclusivo, la postura mayoritaria de la Corporación sostuvo lo contrario, es decir, aseveró que no se
perdía la competencia para liquidar el contrato a pesar de que hubieren transcurrido los referidos seis
(6) meses siguientes al vencimiento del plazo contractual. Así, la facultad para liquidar el contrato
unilateral y bilateralmente estuvo llamada a subsistir durante los dos (2) años siguientes al vencimiento
de la obligación de liquidar unilateralmente, que no es otro que el término de caducidad para el ejercicio
de la acción contractual, ‘…pues en tal caso habrá caducado cualquier acción que las partes pudieran
promover con fundamento en el contrato’, o antes de la notificación del auto admisorio de la demanda
formulada en ejercicio de la acción contractual, lo primero que ocurriere” (Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A. Sentencia del 12 de diciembre de 2022, C.P.: José Roberto Sáchica Méndez.
Rad.: 25000-23-36-000-2013-02064-01 (59.382).
34 Independientemente de lo sostenido en estas líneas, la Sala precisa lo siguiente: aunque
cronológicamente podrían coincidir los términos destinados para liquidar el contrato y para declarar el
incumplimiento, ambas figuras obedecen a lógicas y a presupuestos diferentes (es decir, una no es
condición de la otra). Empero, la liquidación bilateral sí deberá intentarse, y más cuando sea el
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Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00674-01 (56.002).
Actor: Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E.
Demandado: Bogotá, D.C. – Alcaldía Local de Kennedy.
Referencia: Medio de control de controversias contractuales.
6.3 La falsa motivación de las Resoluciones 273 y 320 de 2013 y el
incumplimiento de las obligaciones a cargo del hospital:
En el recurso se invocó la falsa motivación de los actos demandados, ya que, en
criterio del hospital, este sí cumplió con varias de las prestaciones a su cargo, incluso
luego de la subcontratación. Además, entregó el plan de trabajo y el cronograma de
actividades y suscribió el acta de inicio, razón por la que se le consignó el pago
anticipado, lo cual imposibilitaba predicar un incumplimiento total de las obligaciones,
que era el presupuesto exigido por la cláusula decimosegunda para la imposición de
la cláusula penal.
-Aunque del material probatorio obrante en el proceso, es posible colegir que, durante
el plazo de ejecución, se adelantaron algunas gestiones orientadas a cumplir con el
objeto contractual, como la contratación de varios profesionales o la escogencia de
algunos de los kits que serían entregados, dichas actividades no permiten desvirtuar
el incumplimiento definitivo que se le endilga al hospital, dado que, en realidad,
ninguno de los componentes contratados se ejecutó en su totalidad35, y las actividades
efectuadas no podían avalarse, en tanto fueron llevadas a cabo por los subcontratistas.
contratista quien promueva esta etapa, puesto que la administración solo podrá recurrir a la liquidación
unilateral cuando las partes no lleguen a un acuerdo o cuando ninguna de ellas promueva la liquidación
en el término respectivo y se guarde silencio.
35 En el testimonio rendido por el señor Luis Alberto Novoa Gómez, jefe de planeación del hospital y
supervisor de los contratos 064 y 065 de 2012, se dijo: ante el cuestionamiento “doctor Novoa, por favor
indíquele al despacho si el Hospital Occidente de Kennedy, a través de las personas jurídicas que usted
indica ASEPROF y Valparaíso, realizó actividades, independientemente de que hayan sido aprobabas
o no, para cumplir con el convenio CIA-208 de 2011 y qué tipo de actividades realizó”, el testigo
respondió: “yo [palabra inentendible] que hicieron unas actividades, inclusive, dentro de la, creo que fue
un … dentro de eso fueron actividades que daban como el 8% o el 9% de la ejecución del convenio.
Son actividades que ellos pues contrataron, creo que contrataron a unos profesionales, unos
profesionales (sic), dos o tres profesionales, que inclusive nosotros le pedimos la hoja de vida que
tenían, para comenzar a hacer todo el proceso de, digamos, todo el proceso de hacer el plan de trabajo
[…]” (minutos 36:15 – 37:12 de la audiencia de pruebas). Y ante la pregunta: “doctor, en su calidad de
supervisor de los contratos de ASEPROF y Valparaíso, desde que usted envió las hojas de vida a la
Universidad Nacional, en su calidad interventora, y hasta que se presentó el requerimiento formal de
habilitación. En ese espacio de tiempo, ¿los contratistas desarrollaron actividades para cumplir con el
convenio 208 de 2011, en su calidad de contratistas y representantes del hospital para ese negocio
jurídico?”, manifestó: “[…] Tengo entendido que no se hicieron ninguna actividad, así de esa parte. O
sea no, porque las actividades eran muy específicas. Lo que ellos tenían era contrataron profesionales,
pero para apoyar la elaboración del cronograma, de pronto para hacer cotizaciones, toda la cuestión,
pero no para, digamos… digamos apoyos logísticos, mas no para la ejecución de actividades inherentes
a lo que estaba en el contrato, porque no se ejecutó esa parte” (minutos 57:39 – 58:51 de la audiencia
de pruebas).
Por su parte, el testigo Erney Velásquez Torres, interventor adscrito al CID de la Universidad Nacional
de Colombia, sostuvo que el contrato no pudo ejecutarse, debido a algunas circunstancias que
impidieron, además, el aval y la verificación por parte de la interventoría.
Para finalizar, en el informe de interventoría descrito en el numeral 5.15 de los hechos probados se
manifiesta: “La ejecución física del Contrato a la fecha de corte del presente informe alcanzó el 0,00%.
[…] Los recursos asignados al contrato ascienden a $ 712.500.000 m/cte., a la fecha de corte del
presente informe la ejecución física global del contrato asciende a $ 0, equivalente al 0% del total de los
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Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00674-01 (56.002).
Actor: Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E.
Demandado: Bogotá, D.C. – Alcaldía Local de Kennedy.
Referencia: Medio de control de controversias contractuales.
Si se revisa el informe de interventoría enunciado en el numeral 5.15 de los hechos
probados, que fue el fundamento de las resoluciones demandadas, se advierte que el
interventor no soportó sus reparos en que no se hubieran adelantado labores en torno
al cumplimiento del contrato 36 , sino en que las mismas fueron cumplidas por los
subcontratistas, que no estaban habilitados y que no contemplaban en su objeto social
la realización de actividades de promoción y prevención en salud.
Si bien el Fondo autorizó la subcontratación de los proyectos (numeral 5.5), esto no
habilitaba al Hospital de Kennedy a contratar con entidades sin capacidad. Aunque es
verdad que los subcontratos son negocios jurídicos autónomos e independientes del
contrato principal 37 , por lo que la escogencia de la Fundación Valparaíso y de
ASEPROF se sometió al manual interno de contratación de la E.S.E., es irrefutable
que uno de los presupuestos necesarios para suscribir cualquier negocio jurídico es
que los contratistas tengan capacidad, la cual, para el caso de las personas jurídicas,
se delimita en el objeto social38.
recursos disponibles, quedando un saldo global por ejecutar de $ 712.500.000 que corresponde al
100%”.
36 En todo caso, se recuerda que antes de la suscripción del informe final, el interventor le remitió al
hospital varios oficios (numerales 5.8 y 5.9 de los hechos probados), en los que llamaba la atención
sobre las demoras en el inicio de las actividades.
37 La subcontratación ha sido explicada por la Sección Tercera, así: “Este negocio jurídico supone la
celebración de un contrato accesorio a otro principal, entre un contratista del Estado y un tercero, en
virtud del cual el sub contratista o tercero ‘sustituye parcial y materialmente al primero, quien conserva
la dirección general del proyecto y es responsable ante la entidad estatal contratante por el cumplimiento
íntegro de las obligaciones derivadas del contrato adjudicado’. Esta institución hace surgir una relación
jurídica autónoma entre el contratista del Estado y el sub contratista, es decir, independiente de la
relación que preexiste entre el Estado y el contratista. En este sentido, las obligaciones que adquiere el
sub contratista con el contratista sólo son exigibles entre ellos, y no vinculan a la entidad estatal –
contratante-, en virtud del principio de relatividad del contrato –sólo produce efectos para las partes, no
para terceros-, pero sin que ello limite o restrinja a la entidad estatal en la dirección general para ejercer
el control y vigilancia de la ejecución del contrato, a que se refiere el artículo 14 de la Ley 80. En este
sentido, el contratista conserva frente a la entidad pública la responsabilidad por la ejecución del
contrato, así que desde el punto de vista subjetivo la sub contratación es material y no jurídica, porque
traslada el cumplimiento del contrato a un tercero, pero no sustituye al contratista” (Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 12 de agosto de 2013, C.P.: Enrique Gil Botero. Rad.:
52001-23-31-000-1999-00985-01 (23.088).
38 Para el caso de las sociedades mercantiles, la Subsección B ha precisado: “El objeto social de las
sociedades define su capacidad jurídica. Este puede ser específico o indeterminado. En la legislación
comercial colombiana, frente al objeto social de las sociedades comerciales, se adoptó la teoría ultra
vires u objeto específico, que impone que los estatutos societarios definan de manera precisa las
actividades que la sociedad puede desplegar” (Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.
Sentencia del 14 de febrero de 2018, C.P.: Ramiro Pazos Guerrero. Rad.: 17001-23-31-000-2003-
00896-01 (37.485)). Aunque las entidades subcontratistas son sin ánimo de lucro, los planteamientos
que acaban de transcribirse les resultan plenamente aplicables, dado que las ESAL deben gozar de un
objeto social específico. Por supuesto, dejando claro que, cuando los conceptos generales que se
utilicen en el documento de constitución o en el certificado de existencia y representación legal se
encuentren definidos por disposiciones jurídicas, para el entendimiento de tales actividades deberá
recurrirse a dicha normativa.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00674-01 (56.002).
Actor: Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E.
Demandado: Bogotá, D.C. – Alcaldía Local de Kennedy.
Referencia: Medio de control de controversias contractuales.
En el expediente reposan los certificados de existencia y representación legal de los
subcontratistas (numeral 5.16), los cuales no previeron la realización de actividades
de promoción y prevención en salud, ni, en general, ninguna de las actividades
descritas en los subcontratos o en la propuesta del contrato interadministrativo. Por
tanto, es claro que la interventoría no podía avalar las actuaciones desarrolladas por
la Fundación Valparaíso y por ASEPROF, en tanto ellos carecían de capacidad para
ejecutar materialmente las obligaciones derivadas del contrato CIA-208 de 2011 -no
tenían la capacidad para desarrollar los componentes tantas veces mencionados-.
A lo expuesto, debe sumársele que el hospital, que era quien debía responder por el
cumplimiento de las obligaciones ante el Fondo, no atendió de manera oportuna los
requerimientos de la interventoría, ya que solo facilitó los soportes de la
subcontratación en octubre de 2012 (fl. 434, reverso, c3), es decir, cuando ya faltaba
poco tiempo para el vencimiento del plazo. Lo anterior, pese a que, desde el inicio, el
ente público contratante había solicitado los soportes de los subcontratistas, con el fin
de evaluar su capacidad39.
-Tampoco es de recibo el argumento del recurrente, en virtud del cual la entrega del
plan de trabajo y del cronograma de actividades, así como la suscripción del acta de
inicio, denotaban un cumplimiento contractual, en vista de que estas labores
constituían requisitos para la consignación del pago anticipado, mas no equivalían a
un avance técnico o financiero de las prestaciones contractuales.
-Finalmente, en cuanto al tema de la habilitación, resulta apropiado explicar lo
siguiente: el Decreto 1011 de 2006, “Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de
Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social
en Salud”40, regula el sistema único de habilitación, el cual es definido como “[…] el
conjunto de normas, requisitos y procedimientos mediante los cuales se establece,
39 Por ejemplo, en el acta de reunión del 3 de abril de 2012 (fls. 277 – 278, c3), en la que participaron
funcionarios del hospital, del fondo y de la interventoría, se dijo (está escrito a mano): “La alcaldía
menciona que se puede realizar subcontratación. Esta debe estar con visto bueno de la alcaldía. La
interventoría menciona que no está facultada para dar aval a la subcontratación solo lo puede avalar la
alcaldía. En tal caso la alcaldía menciona que se debe presentar la propuesta financiera de la
subcontratación y técnica por parte del hospital, y menciona evaluar la capacidad para ejecutar. El
componente vectores, la parte de alistamiento no puede ser subcontratada ni gestión operativa”.
Sumado a ello, en el acta de reunión del 7 de mayo de 2012 (fls. 279 – 280, c3), el hospital se
comprometió a enviar a la interventoría el soporte documental del proceso de subcontratación.
40 Este decreto fue modificado por el Decreto 903 de 2014 y compilado en el Decreto Único
Reglamentario 780 de 2016. No obstante, como dichos cambios normativos acontecieron con
posterioridad a la suscripción del contrato interadministrativo -26 de diciembre de 2011- y de los
subcontratos -30 de marzo de 2012-, no resultan aplicables, por lo que su mención se hace con fines
ilustrativos.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00674-01 (56.002).
Actor: Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E.
Demandado: Bogotá, D.C. – Alcaldía Local de Kennedy.
Referencia: Medio de control de controversias contractuales.
registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad
tecnológica y científica, de suficiencia patrimonial y financiera y de capacidad técnico
administrativa, indispensables para la entrada y permanencia en el Sistema, los cuales
buscan dar seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a la
prestación de servicios y son de obligatorio cumplimiento por parte de los Prestadores
de Servicios de Salud y las EAPB [Empresas Administradoras de Planes de
Beneficios]” (artículo 6).
Esta habilitación es necesaria para prestar servicios de salud, y la falta de ella impide
que puedan suscribirse contratos con los prestadores. Así lo estipula el artículo 26 del
decreto en mención:
ARTÍCULO 26°.- RESPONSABILIDADES PARA CONTRATAR. Para efectos de
contratar la prestación de servicios de salud el contratante verificará que el
prestador esté inscrito en el registro especial de prestadores de servicios de salud.
Para tal efecto la Entidad Departamental y Distrital establecerá los mecanismos
para suministrar esta información.
Si durante la ejecución del contrato se detecta el incumplimiento de las
condiciones de habilitación, el Contratante deberá informar a la Dirección
Departamental o Distrital de Salud quien contará con un plazo de sesenta (60)
días calendario para adoptar las medidas correspondientes. En el evento en que
no se pueda mantener la habilitación la Entidad Departamental o Distrital de Salud
lo informará al contratante, quien deberá abstenerse de prestar los servicios de
salud con entidades no habilitadas.
Como se observa, diferente a lo afirmado por el demandante, la habilitación sí era un
requisito indispensable para prestar los servicios de salud que se desglosaban del
contrato CIA-208. Por ello, si los subcontratistas serían los ejecutores materiales de
los proyectos contratados con el hospital, debían contar con dicha habilitación. El que
no la tuvieran, impedía que se avalara cualquier actuación adelantada por ellos, lo cual
se traducía en un incumplimiento contractual a cargo del directo responsable del
cumplimiento de las obligaciones, esto es, la E.S.E.
En párrafos precedentes se dijo que el contrato interadministrativo CIA-208 de 2011
no especificó las actividades que se desprendían de cada uno de los componentes
contratados. Sin embargo, la propuesta presentada por el hospital y los contratos 064
y 065 de 2012 permiten identificar que el negocio jurídico objeto de debate contenía
varias actividades relacionadas con la prevención y promoción en salud, como la
realización de valoraciones optométricas, de lavados auditivos y de valoraciones
médicas -lo cual era previo a la inserción de un método anticonceptivo-.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00674-01 (56.002).
Actor: Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E.
Demandado: Bogotá, D.C. – Alcaldía Local de Kennedy.
Referencia: Medio de control de controversias contractuales.
A pesar de esto, no todas las actividades derivadas de la propuesta y de los
subcontratos pueden entenderse propiamente como un servicio de salud -así se
relacionen con este derecho fundamental-, en vista de que se contemplaron
capacitaciones relacionadas con seguridad y salud en el trabajo o la desratización de
la localidad. Con todo, e independientemente de esta situación, el hecho de que
algunas tareas y obligaciones a cargo del demandante exigieran esta habilitación,
implica que él o sus subcontratistas debían contar con ella, so pena de incumplir con
el acuerdo negocial.
Habiendo hecho la anterior puntualización, el accionante no puede sostener que en
oportunidades anteriores el Fondo no le solicitó la habilitación de sus subcontratistas,
por lo que, al hacerlo en esta oportunidad, infringió el principio de confianza legítima,
porque la obligación de verificar que los contratistas estuviesen habilitados emana de
una norma de carácter general, la cual es de obligatorio cumplimiento. Si no le está
permitido a un particular invocar la ignorancia de la ley como excusa de su
incumplimiento, mucho menos a una entidad pública, que, dicho sea de paso, es
experta en el campo de la salud.
Además, debe recordarse que el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 establece que en
los contratos se entienden incorporadas las normas vigentes al momento de su
celebración, lo cual significa que, a pesar de que no se hizo mención expresa de la
habilitación en el contrato interadministrativo -pese a que sí se enunció en los
subcontratos-, este requisito para la prestación de servicios de salud resultaba
imperativo en el marco de las obligaciones de los contratos que involucraran esas
actividades.
De todos modos, el hospital no debía esperar a que el Fondo lo requiriera para verificar
que los subcontratistas estaban habilitados, ya que, se reitera, los subcontratos son
independientes del contrato principal. Por lo mismo, quien debió constatar la idoneidad
de los subcontratistas era el Hospital de Kennedy.
Partiendo de lo explicado hasta este momento, es indiscutible que el contratista
incumplió definitivamente las obligaciones a su cargo, lo cual descarta el vicio de falsa
motivación formulado en la apelación41.
41 Al margen de lo plasmado en este título, la Sala también advierte que los contratos 064 y 065 de
2012, en realidad, contenían la totalidad de las actividades que el hospital se comprometió a ejecutar
en su propuesta (solo se modificaron algunas cantidades o algunos precios unitarios), de donde es
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Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00674-01 (56.002).
Actor: Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E.
Demandado: Bogotá, D.C. – Alcaldía Local de Kennedy.
Referencia: Medio de control de controversias contractuales.
6.4 El presunto incumplimiento del Fondo de Desarrollo Local:
La E.S.E. sostuvo que el ente demandado incurrió en un incumplimiento contractual,
puesto que incluyó obligaciones que no habían sido previstas desde el inicio (los
subcomponentes de SOVA y crónicos) y generó un retraso de 150 días en el inicio de
las actividades.
Frente al primer punto, la Sala encuentra que este no es de recibo, pues la ejecución
de los subcomponentes de salud oral, visual y auditiva y de hábitos saludables de vida
– autocuidado, siempre estuvo prevista en el contrato, ya que estos subcomponentes,
que se derivaban del componente de círculos de calidad de vida, fueron incluidos en
la propuesta presentada por el hospital y en los objetos de los contratos 064 y 065 de
2012. Por tanto, no fueron obligaciones impuestas por el interventor o resultaron
sorpresivas para el contratista.
Es más, del material probatorio obrante en el proceso, se deriva que, en realidad, el
actor siempre opinó que estos subcomponentes hacían parte del contrato, debido a
que fue la interventoría quien consideró que, de los lineamientos distritales en salud,
se desprendía que el componente de círculos de calidad de vida no se relacionaba con
intervenciones de carácter asistencial.
Así, no es cierto que el Fondo interpretó unilateralmente el contrato e impuso
obligaciones distintas a las originalmente establecidas a cargo del hospital, dado que,
se insiste en ello, la ejecución de ambos subcomponentes estuvo valorada, prevista y
contratada desde la suscripción del negocio.
Respecto al segundo argumento invocado, este tampoco es procedente, ya que no
está probado que el supuesto retraso de 150 días fuera imputable al Fondo de
Desarrollo Local. Por el contrario, la Sala encuentra que fueron las demoras del
contratista las que derivaron en la modificación constante de los cronogramas y de los
planes de trabajo, lo cual finalizó con el ya tantas veces referido incumplimiento
definitivo de las obligaciones a cargo del hospital.
posible colegir que el contrato interadministrativo CIA-208 de 2011 se subcontrató completamente, lo
cual desconoce el contenido de la cláusula séptima y el sentido de la autorización referida en el numeral
5.5 de los hechos probados (si bien no se subcontrató todo el precio, sí todas las actuaciones que se
desligaban de los proyectos).
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Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00674-01 (56.002).
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Referencia: Medio de control de controversias contractuales.
7. Costas:
Con el sistema procesal actual, la condena en costas adoptó un régimen objetivo, en
el que se condena a la parte vencida, con independencia de su conducta. Teniendo
esto presente, y para efectos de la condena en costas en segunda instancia, se tiene
que, de conformidad con el artículo 188 del C.P.A.C.A., en la sentencia se dispondrá
sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el
procedimiento civil.
Así, el artículo 365 del Código General del Proceso señala que hay lugar a condenar
en costas a la parte vencida en un proceso; sin embargo, el artículo 361 ibídem
establece que las costas “[…] están integradas por la totalidad de las expensas y
gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”. Estas
últimas, vale aclarar, serán determinadas por las tarifas que, para el efecto, establezca
el Consejo Superior de la Judicatura, en virtud del numeral 4 del artículo 366 de esa
misma disposición.
Bajo estos términos, se condenará en costas a la parte demandante, es decir, a quien
interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia,
debido a que no prosperó 42 . La liquidación de las costas la hará de manera
concentrada el tribunal a quo, en los términos del artículo 366 del Código General del
Proceso.
En relación con las agencias en derecho correspondientes a esta instancia, y de
acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del artículo 366 del CGP, se tiene en cuenta
la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada, la cuantía del proceso, y otras
circunstancias especiales, si las hubiere. En ese sentido, se observa que:
Se trata de un proceso de controversias contractuales, cuyas pretensiones se dividían
en: (i) el pago de la totalidad del valor del contrato -como está probado que se consignó
42 El numeral 3 del artículo 365 del CGP dispone: “[…] 3. En la providencia del superior que confirme en
todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda”.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00674-01 (56.002).
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Demandado: Bogotá, D.C. – Alcaldía Local de Kennedy.
Referencia: Medio de control de controversias contractuales.
el 40% del mismo a título de pago anticipado43, y que este monto no se devolvió 44, la
Sala entiende que la pretensión se condicionaba al pago del precio faltante, esto es,
$427’500.000-.
(ii) El pago de 50 SMLMV, a título de perjuicio moral -este monto, en valores del año
2023, es igual a $58’000.000-.
Teniendo en cuenta lo anterior, para efectos de la fijación de las agencias en derecho
correspondientes a la segunda instancia, acerca de la duración y la complejidad de la
gestión procesal, se observa que, además del seguimiento propio que amerita un caso
como el presente, la alcaldía local de Kennedy presentó, de manera oportuna, los
alegatos de conclusión.
En atención a lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en el acuerdo
vigente para la fecha en que se presentó la demanda, en materia de tarifas de agencias
en derecho, se tiene en cuenta lo siguiente:
ACUERDO No. 1887 DE 2003
(Junio 26)
“Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”
[…] ARTÍCULO SEGUNDO.- Concepto. Se entiende por agencias en derecho la
porción de las costas imputables a los gastos de defensa judicial de la parte
victoriosa, a cargo de quien pierda el proceso, el incidente o trámite especial por
él promovido, y de quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación, casación, revisión o anulación que haya propuesto, y en los casos
especiales previstos en los códigos de procedimiento.
ARTÍCULO TERCERO.- Criterios. El funcionario judicial, para aplicar
gradualmente las tarifas establecidas hasta los máximos previstos en este
Acuerdo, tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión
ejecutada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, autorizada por la
ley, la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, de modo
que sean equitativas y razonables. Las tarifas por porcentaje se aplicarán
inversamente al valor de las pretensiones. […]
ARTÍCULO CUARTO.- Fijación de tarifas. Las tarifas máximas de agencias en
derecho se establecen en salarios mínimos mensuales legales vigentes, o en
porcentajes relativos al valor de las pretensiones de la demanda reconocidas o
negadas en la sentencia. […]
43 En el proceso obra un certificado suscrito por el Subgerente Financiero de la E.S.E., en el que se
señala: “[…] le informo que el día 31 de octubre de 2012, el Hospital recibió una consignación por valor
de $285.000.000.00 del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy en cumplimiento a lo pactado en el
contrato interadministrativo CIA 208-2011. Esta suma se encuentra en cuenta especial para el manejo
de este contrato” (fl. 175, c2).
44 En la Resolución 273 de 2013 no se ordenó, pese a la declaratoria de incumplimiento, la devolución
de los dineros entregados a título de pago anticipado.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00674-01 (56.002).
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Referencia: Medio de control de controversias contractuales.
ARTÍCULO SEXTO. Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho:
[…]
III CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. […]
3.1.3. Segunda instancia.
Sin cuantía: Hasta siete (7) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones
reconocidas o negadas en la sentencia.
Por tanto, se fijarán las agencias en derecho de la segunda instancia en el 1% de las
pretensiones, es decir, la suma de $4’855.000. La anterior condena deberá incluirse
en el auto de liquidación de costas a cargo de la parte vencida, en este caso, la
demandante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia, en nombre de la República y
por autoridad de la ley.
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 30 de julio de 2015, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A (fls. 148 – 158, c.
ppl.).
SEGUNDO: CONDENAR a la parte demandante a pagar las costas del proceso. Como
consecuencia, el tribunal de origen deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 366 del Código General del Proceso. Como agencias en derecho en esta
instancia, se fija la suma equivalente a $4’855.000.
TERCERO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE al tribunal de origen para lo de
su competencia.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado, y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
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Actor: Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E.
Demandado: Bogotá, D.C. – Alcaldía Local de Kennedy.
Referencia: Medio de control de controversias contractuales.
autenticidad del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Firmado electrónicamente
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Aclaración de voto
VF
53
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