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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2014-00598-01

Actio in rem verso: caso de subcontratistas- CADUCIDAD – el cómputo inicia

Fecha
11 de diciembre de 2024
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2014-00598-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 23 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, y en su lugar: «(…) PRIMERO.- DECLARAR la falta de legitimación en la causa de la Nación- Ministerio de Salud y Protección Social y de la Superintendencia Nacional de Salud. SEGUNDO.- NEGAR las pretensiones de la demanda. TERCERO.-Sin condena en costas (…)» SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 76001-23-33-000-2014-00598-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

11 de diciembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 76001-23-33-000-2014-00598-01 (69.845)
Demandante: Dime Clínica Neurocardiovascular SA.
Demandado: Ministerio de Salud y Protección Social y otros
Proceso: Reparación Directa

ACTIO IN REM VERSO – caso de subcontratistas- CADUCIDAD – el cómputo inicia
desde que se conoció del empobrecimiento patrimonial- LEGITIMACIÓN EN LA
CAUSA- se predica del desplazamiento patrimonial- / ACTIO IN REM VERSO-
requisitos generales de procedencia – económicos y jurídicos- IMPROCEDENCIA
DE LA ACTIO IN REM VERSO – en el caso de que el empobrecimiento tenga su
causa en un subcontrato (justificación jurídica del desplazamiento patrimonial)-
ACTIO IN REM VERSO – su ejercicio no puede tener por finalidad desconocer el
principio de relatividad de los contratos-. ADECUACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL
improcedencia -

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
actora contra la sentencia proferida el 23 de febrero de 2023, por el Tribunal
Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la
demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

El Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, celebró con la
Fundación para el Desarrollo Familiar y Social «Famisalud», contratos de prestación
de servicios de salud, destinados a la atención a los pensionados y beneficiarios
existentes en la regional pacífico de la primera. Para cumplir con el objeto
contractual, la sociedad «Famisalud» subcontrato dicho objeto con la sociedad
DIME Clínica Neurocardiovascular SA, quien ahora acude a la jurisdicción
solicitando la compensación por el enriquecimiento sin causa que supuestamente
padeció. Esto último ante la falta de pago de cuentas de cobro por servicios de salud

Radicado: 76001-23-33-000-2014-00598-01 (69.845)
Demandante: Dime Clínica Neurocardiovascular SA.
Demandado: Ministerio de Salud y Protección Social y
otros
Proceso: Reparación Directa

prestados a favor de los pensionados y beneficiarios del Fondo Pasivo Social de
Ferrocarriles Nacionales de Colombia.

ANTECEDENTES
La demanda1

El 20 de mayo de 20142, por intermedio de apoderada judicial, la sociedad DIME
Clínica Neurocardiovascular SA – antes DIME-, interpuso el medio de control de
reparación directa contra el Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de
Colombia, la Nación- Ministerio de Salud y Protección Social- Superintendencia
Nacional de Salud y la Fundación para el Desarrollo Familiar y Social «Famisalud».
Las pretensiones se elevaron en los siguientes términos:

(…) 1. Solicito, DECLARAR que los demandados NACIÓN- MINISTERIO DE SALUD
Y PROTECCIÓN SOCIAL , de la NACIÓN – MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
SOCIAL -SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD y del FONDO PASIVO
SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA, se enriquecieron sin
causa, a costa de la entidad DIME CLÍNICA NEUROCARDIOVASCULAR SA en la
suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS
NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS ($458.493.141) que como
particular prestó servicios de salud a los afiliados y beneficiarios del FONDO PASIVO
SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA y tales servicios de
salud a los afiliados y beneficiarios del FONDO DEL PASIVO SOCIAL DE
FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA y tales servicios no le fueron
pagados, por tanto son ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLES toda vez que fue
por sus hechos y omisiones se permitió la prestación de los servicios en la forma en
que se hizo, causando con ello el detrimento patrimonial de mi mandante, y por parte
del FONDO PASIVO SOCIAL porque se beneficio (sic) de la prestación de unos
servicios a sus afiliados sin que a la fecha se haya pagado a DIME CLÍNICA
NEUROCARDIOVASCULAR SA el monto correspondiente a estos servicios.

2.- Que como consecuencia de la anterior declaración se CONDENE a la NACIÓN-
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, de la NACIÓN-MINISTERIO DE
SALUD -SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD y del FONDO DEL PASIVO
SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA a pagar a título de
restitución a favor de mi representado DIME CLÍNICA NEUROCARDIOVASCULAR
S.A. los valores que corresponden a servicios de salud prestados a los afiliados y
beneficiarios del FONDO DEL PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES
DE COLOMBIA , los cuales equivalen a la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA
Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO
CUARENTA Y UN PESOS ($458.493.141) contenidos en las siguientes cuentas de
cobro con el fin de restablecer el equilibrio del patrimonio de la entidad CONVOCANTE
que se vio afectado o empobrecido por hechos de los convocados y en atención a que

1 Índice 002 “Expediente digital Carpeta Apelación Sentencia, Archivo: “5d_000220150001000CU” pp. 3-14.
2CP Folios 246-271.

2

Radicado: 76001-23-33-000-2014-00598-01 (69.845)
Demandante: Dime Clínica Neurocardiovascular SA.
Demandado: Ministerio de Salud y Protección Social y
otros
Proceso: Reparación Directa

la entidad FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO FAMILIAR Y SOCIAL FAMISALUD
no respondió ni va a responder por ellos, siendo beneficiarios de estos hechos FONDO
DEL PASIVO SOCIAL (…)

Como fundamento de las anteriores pretensiones, se expuso como hechos de la
demanda que, el Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia se
trata de un establecimiento público encargado de la prestación del servicio integral
de salud, así como la promoción y prevención en salud a los pensionados y
beneficiarios de los programas de Ferrocarriles Nacionales de Colombia y Puertos
de Colombia.

En razón de la urgencia manifiesta decretada por la Resolución 2962 del 28 de
octubre de 2011, se celebró entre el referido Fondo y la Fundación para el Desarrollo
Familiar y Social «FAMISALUD» el Contrato de Prestación de Servicios de Salud
No. 0102 de 2011, en virtud del cual, «Familsalud» se comprometió a suministrar
los servicios de salud a los pensionados y beneficiarios existentes en la regional
pacífico – según lo dispuesto en el pliego de condiciones elaborado para la licitación
pública No. 002 de 2007-, lo que incluía las prestaciones reconocidas en POS (Plan
Obligatorio de Salud) como en el PAC (Plan de Atención Complementaria). Se
expuso por la demandante, que frente algunas observaciones de los proponentes,
se debatió si debía darse aplicación a las circulares 066 y 067 de 2010 de la
Superintendencia Nacional de Salud, que calificaban la intermediación y/o
subcontratación como prácticas inseguras.

En virtud de lo anterior, se suspendió el proceso de contratación, y se consultó el
tema a la Superintendencia Nacional, quien en consulta No. 2-2011-063941 del 21
de septiembre de 2011 dispuso que el Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles debía
dar estricto cumplimento a las mentadas circulares y a la normatividad vigente en la
materia. A lo anterior se agregó que el referido fondo, al ser una aseguradora en
salud, solo podía contratar servicios de baja complejidad en la modalidad de
capitación, los demás debían ser contratados por evento.

Pese a lo anterior, en la demanda se adujo que, el Fondo Pasivo de Ferrocarriles
Nacionales de Colombia insistió en contratar en «la forma que lo venía haciendo»,

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Radicado: 76001-23-33-000-2014-00598-01 (69.845)
Demandante: Dime Clínica Neurocardiovascular SA.
Demandado: Ministerio de Salud y Protección Social y
otros
Proceso: Reparación Directa

es decir sin las restricciones que imponían la Circular 066 de 2010, en otras
palabras, contrató con IPS que a su vez subcontrataban con otras IPS habilitadas.

En este sentido, se explicó que en el marco del Contrato de Prestación de Servicios
de Salud No. 0102 de 2011, «Famisalud» se encargó de la prestación integral de
servicios en salud, por capitación en los niveles de baja complejidad, II y III- atención
de alto costo-. En desarrollo del referido contrato, «Famisalud» requirió los servicios
de la entidad DIME CLINICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A. a quien expuso que
los servicios se destinaban a personas afiliadas del FONDO DE PASIVO SOCIAL
DE FERROCARRILES DE COLOMBIA. Debido a lo anterior, «Famisalud» y
«DIME» suscribieron el contrato de prestación de salud No. FS FPP-006-11, cuya
ejecución inició el 1 de noviembre de 2011 y tuvo por objeto, brindar la atención en
salud de mediana y alta complejidad a los afiliados del contratante que fueran
relacionados en la base de datos.

En el desarrollo del referido contrato, «DIME» iba presentando las cuentas de cobro
a «Famisalud», con sus respectivos soportes, que según el contrato se debían
pagar dentro de los 30 días siguientes a su presentación. Se indicó en la demanda
que el saldo debido a servicios prestados se elevó al monto de $458.493.141, que
no fueron cancelados. En vista de esta situación, «DIME» inició un proceso ejecutivo
singular contra la FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA SALUD
«Famisalud» el cual cursó en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali. No
obstante, las medidas cautelares fueron infructuosas «(…) en la medida en que
todas las entidades bancarias respondieron que no tenían dineros en las cuentas o
que la entidad no contaba siquiera con un establecimiento de comercio inscrito
(…)».

Informó que solicitó directamente al Fondo del Pasivo Social de Ferrocarriles
Nacionales de Colombia, el pago de las cuentas de cobro, el 21 de junio de 2012,
quien respondió que no se le adeudaba nada a la sociedad Fundación para el
Desarrollo Familiar y Social «Famisalud» porque cumplió con la obligación legal de
cancelar todos los meses que prestó el servicio. De igual forma, indicó que en el
proceso ejecutivo, «Famisalud» expuso que el valor de los servicios de salud
prestados al Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia excedió
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Radicado: 76001-23-33-000-2014-00598-01 (69.845)
Demandante: Dime Clínica Neurocardiovascular SA.
Demandado: Ministerio de Salud y Protección Social y
otros
Proceso: Reparación Directa

el monto inicialmente pactado en el contrato y señaló que las cuentas de cobro
reclamadas por «DIME» debían ser canceladas directamente por el «Fondo».

Expresó, que el proceso ejecutivo adelantado contra «Famisalud», se libró el
mandamiento de pago No.1817 del 22 de noviembre de 2013: sin embargo, anticipó
que será imposible recobrar las sumas adeudadas. De lo cual, estimó que se derivó
un detrimento patrimonial -que sin desconocer que tuvo su causa en obligaciones
asumidas por «Famisalud»- resulta imputable al «Fondۚo» quien debía tenerse como
deudor solidario, en especial por incumplir las exigencias previstas en la Circular
0066 del 23 de diciembre de 2010, frente a proscripción de la intermediación. En
relación con «Famisalud» argumentó que se limitó a ser una entidad intermediadora
y sin patrimonio

Por último, adujo que en vista de las circunstancias, en relación con la Resolución
2962 del 28 de octubre de 2011, se convocó a la Superintendencia Nacional de
Salud y al Ministerio de Salud y Protección Social entidades que calificó como (…)
responsables del pago de los servicios que fueron prestados por la sociedad DIME
CLINICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A. (…) al permitir que el «Fondo»
contratara utilizando la figura de intermediación, a pesar que esta forma de
contratación estaba prohibida y, en el caso del ministerio, por dejar en el director del
«Fondo» la decisión sobre el «modo de contratar».

Contestaciones de la demanda

Por intermedio de apoderado judicial, la Superintendencia Nacional de Salud3:
dio contestación a la demanda, en el sentido de oponerse a la prosperidad de las
pretensiones. Estimó que no tenían mérito las imputaciones realizadas contra la
entidad, al verificarse que funcionalmente no es una entidad promotora de salud ni
desarrolla actividades de aseguramiento en esta materia. Frente a los hechos,
desconoció tener alguna responsabilidad en relación con los servicios contratados
por el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales y DIME Clínica
Neurocardiovascular S.A., en la medida que sus funciones en ningún caso se

3 Folios 370-377 CP

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Radicado: 76001-23-33-000-2014-00598-01 (69.845)
Demandante: Dime Clínica Neurocardiovascular SA.
Demandado: Ministerio de Salud y Protección Social y
otros
Proceso: Reparación Directa

asimilan a una administración con las entidades promotoras de salud ni asumir
obligaciones contractuales de estas.

Agregó que los elementos estructurales de la responsabilidad extracontractual, no
se configuraron frente a una posible omisión en las responsabilidades de
inspección, vigilancia y control de la Superintendencia, en especial el nexo causal.
Como excepciones, elevó: i) el hecho de un tercero; ii) la falta de legitimidad en la
causa por pasiva; iii) falta de determinación de una causa eficiente; iv) la inexistencia
de una obligación y v) el contrato de aseguramiento en salud y la asunción del riesgo
médico por parte del asegurador.

En el caso del Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia4
se opuso a las pretensiones de la demanda. Reconoció que suscribió 2 contratos
con Famisalud, pero en estos se pactó que el contratista mantendría indemne al
Fondo, con sujeción a lo establecido en el artículo 1 del Decreto 931 de 2009. Adujo
que resultaba contradictorio que la parte actora solicitara el restablecimiento
económico de prestaciones profesionales médico-asistenciales que prestó, en
conocimiento de la relación contractual del «Fondo» y «Famisalud», y ahora, en
sede judicial, califique dicha relación contractual de irregular. Aclaró que el «Fondo»
no ha celebrado ningún contrato con DIME Clínica Neurocardiovascular SA que
diera soporte dichas acreencias. Como excepciones, alegó la inexistencia de la
obligación, el cobro de lo no debido, la buena fe y la cosa juzgada – en relación con
el proceso ejecutivo-.

La Fundación para el Desarrollo Familiar y Social FAMISALUD5 no contestó la
demanda, pero por memorial allegado, en la primera instancia, por el señor German
Vivas quien se identificó como representante legal. En dicho escrito, señaló que se
entendió notificado de la admisión de la demanda y expuso que, por la situación
precaria de la entidad, se le impide la contratación de servicios de un profesional del
derecho. En el transcurso de la audiencia inicial, el a quo señaló que no se podía
aceptar el referido escrito, atendiendo que su autor no demostró tener la calidad de
abogado inscrito ni la calidad de representante legal de la empresa demandada.

4 Folios 324-330
5 Folios 378-380 CP

6

Radicado: 76001-23-33-000-2014-00598-01 (69.845)
Demandante: Dime Clínica Neurocardiovascular SA.
Demandado: Ministerio de Salud y Protección Social y
otros
Proceso: Reparación Directa

La Nación- Ministerio de Salud y de la Protección Social6, en su contestación
adujo que no le constaba nada frente a los hechos alegados por la parte actora,
agregó que dentro de sus funciones no tiene la de orientar lo relativo a la
contratación de EPS e IPS para cubrir la prestación de servicios de salud; ni el
Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles de Colombia – pese a estar adscrito al
ministerio- no depende presupuestalmente de su cartera, en la medida que este
cuenta con personería jurídica propia y autonomía administrativa. Como
excepciones elevó: i) La falta de legitimación en la causa por pasiva; ii) inexistencia
de nexo causal; y la iii) improcedencia del cobro e inexistencia de la obligación.

Sentencia de primera instancia

El 23 de febrero de 20237, el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del
Cauca, negó las pretensiones de la demanda de la referencia. Después de exponer
el marco jurisprudencial aplicable al enriquecimiento sin causa, se dispuso a
determinar si en el caso de la referencia el desplazamiento patrimonial que se
predicó entre el Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia,
Famisalud y la sociedad demandante configuró esta figura jurídica.

En este punto, se refirió al contexto en el cual el Fondo celebró el contrato de
prestación de servicios de salud No. 0102 de 2011, con la Fundación para el
Desarrollo Familiar Social – Famisalud-, para precisar que entre la clínica
demandante y el Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia no
existió ningún vínculo contractual, remarcando que entre los dos no se verificó una
«negociación o solicitud directa por parte del fondo». Agregó que la prestación de
los servicios de salud obedeció al cumplimiento del contrato celebrado entre la
demandante y «Famisalud».

En este sentido, la Sala de decisión estimó que la declaratoria de enriquecimiento
sin causa, resultaba improcedente, al verificarse que la prestación del servicio de
salud estuvo mediada por contrato, solo que el mismo fue celebrado con

6 Folios 393-401 CP.
7 ibidem

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Radicado: 76001-23-33-000-2014-00598-01 (69.845)
Demandante: Dime Clínica Neurocardiovascular SA.
Demandado: Ministerio de Salud y Protección Social y
otros
Proceso: Reparación Directa

«Famisalud» y con ocasión del mismo se adelantó un proceso ejecutivo en su
contra.

Recurso de apelación8

Contra la anterior decisión, la parte demandante interpuso el recurso de apelación,
por el cual solicitó que se revocara la decisión de primera instancia, y en su lugar se
concedieran las pretensiones de la demanda. Adujo que existió un error de
apreciación, en la decisión de primera instancia, al considerar que la existencia de
un contrato de la sociedad con demandante con «Famisalud», no hace
improcedente la actio in rem verso, habida cuenta no existió un contrato directo con
el «Fondo», quien se benefició de «artificios realizados en materia contractual»

Al respecto, señaló que el contrato celebrado entre «Famisalud» y el «Fondo» se
suscribió en virtud de una urgencia manifiesta, pero incurrió en múltiples irregulares
que colocaron en riesgo a todos los factores del sistema de salud al realizar una
contratación por «capitación» cuando esta estaba proscrita. En este sentido,
consideró que la pretensión del enriquecimiento sin causa procedía por motivos de
equidad y por prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, sin que el hecho
de existir un contrato entre DIME y FAMISALUD, le signifique la imposibilidad de
demandar en forma directa al «Fondo», más cuando el contrato entre el este y
«Famisalud» estaba «plagado de irregularidades».

En relación con el proceso ejecutivo que adelantó contra «Famisalud», señaló que
este no tendría ninguna posibilidad de prosperidad, al tenerse que esta entidad, ni
siquiera, contaba con un establecimiento de comercio. Por otro lado, adujo que en
el proceso también se demandó a la Nación Ministerio de Salud y Protección Social
y a la Superintendencia Nacional de Salud, como entes de vigilancia y control, a
quienes se les imputa acciones y omisiones que permitieron la suscripción de
contratos abiertamente ilegales, asunto sobre el a quo no se pronunció.

Por último, adujo que frente a los escenarios en los que resulta procedente la actio

8 SAMAI TA índice 0004

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Radicado: 76001-23-33-000-2014-00598-01 (69.845)
Demandante: Dime Clínica Neurocardiovascular SA.
Demandado: Ministerio de Salud y Protección Social y
otros
Proceso: Reparación Directa

rem in verso, la sentencia de unificación no señaló casos taxativos y el juez debe
revisar en cada caso particular si se dan los presupuestos de la acción.

Trámite en la segunda instancia

Por auto del 29 de marzo 2023, el tribunal concedió el recurso de apelación9.
Allegado el proceso al Consejo de Estado, por auto del 7 de julio de 2023,10 el
despacho sustanciador admitió el recurso interpuesto. Las partes y el Ministerio
Público guardaron silencio.

I. CONSIDERACIONES

1. Como la demanda se presentó el 20 de mayo de 2014, el régimen aplicable es el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –en
adelante CPACA–. Conforme al artículo 308 del CPACA, este código empezó a regir
el 2 de julio de 2012 y sólo se aplica a los procedimientos y actuaciones
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se
instauren, con posterioridad a su entrada en vigencia, es decir, a partir del mentado
2 de julio de 2012. Adicionalmente, conforme al artículo 306 de este código, en los
aspectos no contemplados se seguirá el Código General del Proceso –en adelante
CGP– en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones
que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

I. Presupuestos procesales

Jurisdicción y competencia

2. La jurisdicción contencioso-administrativa, como guardián del orden jurídico,
conoce las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa
sea una acción u omisión de una entidad estatal, según el artículo 104 del CPACA.
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este

9 Folio 544 Cp. .
10 Índice 003 SAMAI.

9

Radicado: 76001-23-33-000-2014-00598-01 (69.845)
Demandante: Dime Clínica Neurocardiovascular SA.
Demandado: Ministerio de Salud y Protección Social y
otros
Proceso: Reparación Directa

asunto de conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo
615 del CGP, según el cual conoce los recursos de apelación contra las sentencias
dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta
Corporación es competente en razón a la cuantía, pues el valor de la pretensión
material mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 152.6 del CPACA,
esto es, $308’000. 000.oo millones de pesos11.

Medio de control procedente

3. En lo que se refiere al medio de control procedente para conocer las pretensiones
de restablecimiento patrimonial, derivado del enriquecimiento sin causa, el
precedente unificado de la corporación12, dispone que deberá encaminarse por la
vía procesal del medio de control de reparación directa -art. 140 CPACA-. En este
sentido, la demanda se encaminó por la vía procesal procedente para un
pronunciamiento de fondo, al tenerse que la controversia fue circunscrita en el
alegado enriquecimiento del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de
Colombia y el presunto empobrecimiento de la sociedad DIME Clínica
Cardiovascular S.A., ante la supuesta prestación del servicio de salud, a favor de
pensionados y beneficiarios del referido Fondo, sin que mediara causa jurídica.

Demanda en tiempo

4. De acuerdo con el antecedente de unificación de esta corporación, cuando la
pretensión propia de la actio in rem verso se encausa por el medio de control de
reparación directa13, la oportunidad para interponer la demanda está determinada
por el artículo 164.2.i del CPACA, que al respecto precisó que dicho plazo se
extiende por «(…) dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia

11 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de [2014], [$ 308.000.000,oo], por 500.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, Sentencia del 19 de

noviembre de 2012, rad: 73001-23-31-000-2000-03075-01(24897) [ Fundamento jurídico 11.1]. Allí se precisó:
(…) Pues bien, si se tiene en cuenta que el enriquecimiento sin causa constituye básicamente una pretensión y
que la autonomía de la actio de in rem verso se relaciona con la causa del enriquecimiento y no con la vía
procesal adecuada para enrutarla, fácilmente se concluye que en materia de lo contencioso administrativo a la
pretensión de enriquecimiento sin causa le corresponde la vía de la acción de reparación directa. (…)
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, Sentencia del 19 de

noviembre de 2012, rad: 73001-23-31-000-2000-03075-01(24897) [ Fundamento jurídico 11.114. Corolario de
lo anterior es que todo lo atinente a la competencia y a los términos de caducidad en los casos de
enriquecimiento sin causa se rigen por los de la reparación directa porque esa pretensión se hace valer mediante
esta acción.
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Radicado: 76001-23-33-000-2014-00598-01 (69.845)
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Demandado: Ministerio de Salud y Protección Social y
otros
Proceso: Reparación Directa

de la acción u omisión causante del daño, (…) o de cuando el demandante tuvo o
debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior (…)».

5. Ahora, de acuerdo con las pruebas obrantes en el plenario, se evidencia que
el empobrecimiento que alega haber padecido «DIME Clínica Neurovascular SA»,
se identifica con la falta de pago de las prestaciones en salud que prestó, en favor
de pensionados y beneficiarios del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles
Nacionales de Colombia. En efecto, las prestaciones a las que se refirió la parte
demandante surgen de los compromisos adquiridos con ocasión del Contrato de
Prestación de Servicios de Salud N° FSFPP-006-1114 celebrado entre FAMISALUD
y DIME Clínica Neurovascular S.A., que tuvo por objeto, la prestación de servicios
de salud de mediana y alta complejidad a los afiliados del contratante y a usuarios
de los Programas Ferrocarriles y Puertos en la Regional Pacífico15.

6. En dicho contrato se estableció que su duración se extendería, por cinco
meses, a partir de 1 de noviembre de 2011 hasta el 31 de marzo de 2012 (con
renovación automática por el término pactado, si no obra manifestación escrita de
darlo por terminado) y la forma de pago se indicó se realizaría dentro de los treinta
días siguientes a la recepción de las facturas o cuentas de cobro -cláusula sexta-16.
De otro lado, en la demanda se indicó que las cuentas de cobro que no fueron
canceladas están fechadas entre el 3 de febrero y el 4 de mayo de 2012 -hecho 15-
.
7. En vista que la demanda se interpuso el 20 de mayo de 2014 y de acuerdo a
la constancia de la Procuraduría 18 Judicial II para Asuntos Administrativos de
Santiago de Cali, el cómputo del término de caducidad estuvo suspendido entre el
26 de febrero al 19 de mayo de 201417. En esta línea de argumentación, la demanda

14 Folios 140 14 C1.
15 In extenso el objeto del referido contrato comprendió: (…) PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. El
contratista se compromete a la prestación de servicios de salud de mediana y alta complejidad de atención
definidos contenidos en el plan obligatorio de salud contributivo mediante su experiencia profesional y técnica
de los de el (sic) contratante, usuarios de los Programas Ferrocarriles y Puertos en la Regional Pacífico,
residentes habituales en el Municipio de Cali , que fueren relacionados en la base de datos que entregará
mensualmente FAMISALUD al CONTRATISTA, el cual ejecutará este contrato con toda su infraestructura
técnica y científica, capacidad instalada, sus recursos humanos, físicos y hospitalarios suficientes y necesarios
para cumplir con el objeto del contrato, de acuerdo a las guías de atención definidas por el Ministerio de la
Protección Social,(…)
16 (…) SEXTA FORMA DE PAGO: FAMISALUD cancelará a EL CONTRATISTA la facturas o cuentas de cobro

dentro de los treinta días siguientes a su recepción por cualquiera de los medios establecidos en la ley en caso
de no presentarse objeción o glosa alguna (…).
17 Folios 131-232 CP.

11

Radicado: 76001-23-33-000-2014-00598-01 (69.845)
Demandante: Dime Clínica Neurocardiovascular SA.
Demandado: Ministerio de Salud y Protección Social y
otros
Proceso: Reparación Directa

se interpuso cuando no había operado la caducidad del medio control frente a las
facturas o cuentas de cobro cuya radicación fuera posterior al 16 de enero de
201218, teniendo en cuenta que la parte demandante solo podría ser consciente del
empobrecimiento derivado de la ausencia de pago por la prestación de servicios de
salud, 30 días después de radicada la factura o cuenta de cobro ante «Famisalud».
Lo anterior, con sujeción a lo estipulado numeral 1 del artículo 1608 del C.Civil19, y
en vista del contenido de la-cláusula sexta- de contrato celebrado y «Famisalud» y
DIME Clínica Neurovascular S.A., el deber de esta última de conocer su
empobrecimiento, solo se configura hasta verificarse la falta de pago de las facturas
o cuentas de cobro, en el plazo de treinta días desde su radicación, según el marco
obligacional previsto en el referido contrato de prestación de servicios de salud.

Legitimación en la causa

8. En lo que toca la legitimación en la causa de Dime Clínica Cardiovascular
S.A, se verifica que en la demanda, la referida sociedad alegó que fue empobrecida
en su patrimonio por la prestación de servicios de salud en favor de afiliados del
«Fondo», lo que acreditó con las cuentas de cobro que aportó con la demanda20,
en las que se tiene por responsable del pago de los gastos de procedimientos en
salud de los pacientes allí indicados, a la Fundación para el Desarrollo Familiar y
Social «Famisalud».

9. Por otro lado, en el plenario obra constancia del 4 de febrero de 201421 del
Secretario General del Ministerio de Salud y Protección Social, donde se expuso
que el Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles de Colombia, fue creado como
establecimiento del orden nacional por Decreto 1591 de 1989, con autonomía
administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Obras Públicas
y Transporte, el cual en virtud del Decreto 1128 de 1999 paso a estar adscrito al
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. De igual forma, obra en certificación de la

18 Que corresponde a los 30 días hábiles anteriores al 26 de febrero de 2012.
19(…) Artículo 1608. Mora del deudor

El deudor está en mora: 1o.) Cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado; salvo que la
ley, en casos especiales, exija que se requiera al deudor para constituirlo en mora. (…)
20 Las que obran en el plenario a folios 166 y 167 CP, y corresponden a las cuentas No.

15914,16338,16429,16502,16810,16860,16890,17218,17227,17331 y 17334.
21 Folio7 (respaldo) CP.

12

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Demandante: Dime Clínica Neurocardiovascular SA.
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Secretaría Jurídica de la Gobernación del Valle del Cauca 30 de abril de 201222, en
la cual se indicó que por Resolución No. 0001675 del 9 de julio de 199823 la
Gobernación del Valle reconoció personería jurídica a la Fundación Para el
Desarrollo de la Salud Familiar y Social «Famisalud».

10. En este sentido, respecto de las demandadas «Famisalud» y el «Fondo» se
predica que participaron en el desplazamiento patrimonial sin causa del que la
actora estima se derivó su empobrecimiento, como fruto de la ejecución del contrato
de prestación de servicios de Salud N° FS FPP-006-1124; en favor de los usuarios
de los programas de ferrocarriles y puertos de la regional pacífico del «Fondo», sin
que se le hubiere reconocido el pago. Se resalta que la anterior convención, es un
subcontrato derivado del contrato de prestación de Servicios de Salud, No. 102 de
2011, celebrado entre el Fondo de Pasivo de Ferrocarriles de Colombia y la
Fundación para el Desarrollo de la Salud Familiar y Social «Famisalud»( ver ut infra).

11. Precisa la Sala en este punto que el análisis de la legitimación en la causa
de las anteriores autoridades se deriva de la naturaleza pretensión de
enriquecimiento sin causa, como quiera, que en el presente caso se endilga un
desplazamiento patrimonial indirecto, es decir cuando la ganancia patrimonial
alegada transitó a través del patrimonio de un tercero intermediario entre el
enriquecido y el empobrecido25. Lo anterior hace referencia de forma exclusiva al

22 Folio 8 CP.
23 Resolución obrante en el plenario a ff. 9 y 10 CP. En la que se resolvió «ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer

Personería Jurídica a la entidad denominada Fundación para el Desarrollo de la salud Familiar y Social
«Famisalud» con domicilio en el municipio de Cali Valle, ubicada en la Carrera 76 No. 1C-140 Oficina 501 bloque
5 barrio Nápoles.
24 Celebrado entre Famisalud y Dime Clínica Neurocardiovascular SA
25 Al respecto ver: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Silvio Fernando Trejos Bueno, Sentencia

del 7 de junio de 2002,rad 7360 [ Fundamento de derecho 2]. (…) 2) Que haya un empobrecimiento correlativo,
lo cual significa que la ventaja obtenida por el enriquecido haya costado algo al empobrecido, o sea que a
expensas de éste se haya efectuado el enriquecimiento. Es necesario aclarar que la ventaja del enriquecido
puede derivar de la desventaja del empobrecido, o, a la inversa, la desventaja de éste derivar de la ventaja de
aquél. Lo común es que el cambio de la situación patrimonial se opere mediante una prestación hecha por el
empobrecido al enriquecido, pero el enriquecimiento es susceptible de verificarse también por intermedio
de otro patrimonio. El acontecimiento que produce el desplazamiento de un patrimonio a otro debe relacionar
inmediatamente a los sujetos activo y pasivo de la pretensión de enriquecimiento, lo cual equivale a exigir que
la circunstancia que origina la ganancia y la pérdida sea una y sea la misma.(…) ( negrilla por fuera del original).
También Chénede F., Terré F., Simler P. Lequette.Y, Droit Civil, Les obligations, 12eme édition, Dalloz(2019).p
1377. (…)2°) En cas d’enrichissement indirect : En présence d’un enrichissement sans cause « indirect»,
c’est-a dire lorsque le profit obtenu par l’enrichi a transité par le patrimoine d’un tiers intermédiaire, le principe
de subsidiarité signifie que l’appauvri doit agir en priorité contre ce tiers , l’action de in rem verso á l’encontre de
l’enrichi n’étant ouverte que dans l’hypothèse où celui ce révélait insolvable. La subsidiarité remplit alors le rôle
d’une sorte de bénéfice de discussion. (…) traducción propia: (…)2°) En el caso del enriquecimiento indirecto:
En el caso del enriquecimiento injusto "indirecto", es decir, cuando el beneficio obtenido por la persona
enriquecida ha pasado a través del patrimonio de un tercero intermediario, el principio de subsidiariedad significa
13

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análisis de la legitimación en la causa por pasiva de los mencionados demandados
y no puede entenderse como el pronunciamiento en relación con la existencia,
procedencia y/o reconocimiento del enriquecimiento sin causa (ver ut infra),
elementos que serán objeto de esta decisión, al decidirse el mérito de las
pretensiones.

12. En lo que se refiere a las imputaciones que tocan las actuaciones de la
Superintendencia Nacional de Salud y la Nación- Ministerio de Salud y Protección
Social, se tiene que la primera entidad cuenta con personería jurídica y patrimonio
propio (art. 1 D. 1259 de199426, art. 1 D.1018 de 200727y art. 1 D 2462 de 2013) y
le corresponde ejercer la inspección, vigilancia y control de los actores del sistema
de seguridad social en salud (arts. 3 y 4 D.1018 de 2007 y art. 6 D. 2462 de 2013),
y el ministerio, por su parte, tiene a su cargo la dirección coordinación y evaluación
del sistema general de seguridad social en salud (Art. 1, 2 D.4107 de 2011).

13. Precisado lo anterior, se destaca por la Sala que, en la demanda se imputó
a estas demandadas el empobrecimiento patrimonial alegado por la actora, en virtud
de las omisiones de las referidas entidades, al permitir un margen discrecionalidad
al director del «Fondo» en la adopción de la Resolución 2962 de 2011 y al tolerar la
intermediación o subcontratación por parte de este. Examinados, los anteriores
reproches, la Sala observa que en la demanda enmarcó la litis en el enriquecimiento
sin causa, el cual pretendió imputar a la conducta de las referidas entidades. En
este sentido, la parte actora no podía prevalerse del recurso de apelación para variar
la causa petendi y solicitar el examen de la responsabilidad administrativa de la
Nación- Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de
Salud, de conformidad al artículo 90 de la constitución, cuando ello no fue solicitado
en la demanda.

que la persona empobrecida debe actuar con prioridad frente a este tercero, quedando abierta la acción in rem
verso contra la persona enriquecida sólo en el caso de que la persona enriquecida resulte insolvente. La
subsidiariedad cumple entonces el papel de una especie de beneficio de la discusión (…)
26 ARTÍCULO 1º. Naturaleza Jurídica. La Superintendencia Nacional de Salud es un organismo de carácter

técnico, adscrito al Ministerio de Salud, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio
independiente.
27 ARTÍCULO 1º. Naturaleza. La Superintendencia Nacional de Salud, como cabeza del Sistema de Inspección,

Vigilancia y Control del Sistema General de Seguridad Social en Salud, es una entidad de carácter técnico
adscrita al Ministerio de la Protección Social, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio
independiente.
14

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14. Por consiguiente, la legitimación en la causa de la Nación- Ministerio de Salud
y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud se examinará a la luz
de la pretensión de enriquecimiento sin causa, lo que colige verificar si frente a las
referidas entidades se les endilga un desplazamiento patrimonial que hubiera
podido enriquecerlas en su patrimonio. En este sentido, no se desprende de los
hechos expuestos en la demanda que la Nación- Ministerio Nacional de Salud y la
Superintendencia Nacional de Salud hayan obtenido beneficio económico, como
producto del enriquecimiento que hubiera podido derivarse de la prestación de
servicios de salud por la demandada, por ende, estas entidades carecen de
legitimidad en la causa por pasiva, frente al asunto de la referencia.

II. Problema jurídico

15. Vista la argumentación expuesta en el recurso de apelación, y en la sentencia
de primera instancia, la Sala deberá precisar si, en el caso de la referencia, la actio
in rem verso es procedente, al tenerse que los correlativos enriquecimientos del
Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia y el
empobrecimiento de DIME Clínica Neurovascular S.A tiene su explicación jurídica
en las relaciones contractuales que independientemente mantuvieron con la entidad
sin ánimo de lucro denominada Fundación Para el Desarrollo de la Salud Familiar y
Social «Famisalud».

Análisis que, en vista de los argumentos de la alzada, deberá valorar si frente a las
presuntas irregularidades incurridas en la suscripción del contrato de Prestación de
Servicios de Salud No. 102 y 103 de 2011, entre el «Fondo» y «Famisalud», en
virtud del principio de equidad y el iura novit curia, podría tenerse procedente el
enriquecimiento sin causa alegado por DIME, en su calidad de subcontratista del
referido contrato.

Enriquecimiento sin causa– «Actio in rem verso»-, posición unificada de la
corporación.

12. En lo que toca al «enriquecimiento sin causa o injustificado» como figura jurídica,
15

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se trata de una figura de origen pretoriano que persigue restablecer el equilibrio
económico, alterado como producto de un desplazamiento de riqueza sin
justificación o causa jurídica, entre quien se empobreció en su patrimonio y aquel
que resulta enriquecido28, de forma que la «actio in rem verso» es la acción personal
que tiene el empobrecido, para que en virtud de la equidad, sea restablecido en su
patrimonio por el enriquecido29.

16. Su adopción inicial en el ordenamiento jurídico colombiano fue de la mano de
la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia30,
corporaciones que identifican su consagración en derecho positivo en el numeral 1

28 Chénede F., Terré F., Simler P. Lequette.Y, Droit Civil, Les obligations, 12eme édition, Dalloz(2019).pp 1361-
1398 Señalaron que autores como Labbe y Aubry y Rau abogarían por la consagración de un cuasi- contrato
en la jurisprudencia del Corte de Casación Francesa, quien en un primer momento la rechazó, pero luego
reconoció la figura de la «actio rem verso» en la famosa sentencia Pautereauc/ Bourdier, del 15 de junio de
1892, donde lo contempló como la concreción del principio de equidad, el cual impide enriquecerse en
detrimento de otro.. Allí se precisó (…) Ante tal constatación de deficiencia, diversos autores, como Labbe y
Aubry y Rau, abogaron por el cuasi contrato de enriquecimiento injusto.
Esta idea no convenció inmediatamente al Tribunal de Casación. Al principio, incluso se opuso firmemente a la
creación de este nuevo cuasi contrato (…) Probablemente, al darse cuenta, a finales del siglo XIX, de su poder
creativo, el Tribunal de Casación decidió dar el paso. En su famosa sentencia Patureau contra Boudier del 15
de junio de 1892, estableció oficialmente la existencia de la actio in rem verso, precisando que este nuevo
cuasicontrato derivaba del “principio de equidad” que prohíbe enriquecerse en detrimento de los demás (...) –
en el idioma original-: (…) Face a un tel constat de carence de carence de, différents auteurs, tels Labbe et
Aubry et Rau, plaidèrent en faveur du quasi – contrat d’enrichissement sans cause .
La cour de cassation ne fut pas immédiatement séduit par cette idée. Dans un premier temps, elle s’opposa
même fermement á la création de ce nouveau quasi-contrat (…) Prenant vraisemblablement conscience, á la
fin du XIX siècle , de son pouvoir créateur la Cour de Cassation décida de franchir le pas. Dans son fameux
arrêt Patureau c/Boudier en date du 15 juin 1892, elle consacra officiellement l’existence de l’actio rem verso en
précisant que ce nouveau quasi-contrat dérivait du «principe d’équité» qui défend de s’enrichir au détriment
d’autrui(…)»
29La equidad como fundamento de la pretensión funda el enriquecimiento sin causa fue abordado en la sentencia

de unificación, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena, Sección Tercera,
Sentencia del 19 de noviembre de 2012, CP Jaime Orlando Santofimio Gamboa, rad: 73001-2331-000-2000-
03075-01 (24897) a partir de la doctrina que estudió la sentencia la Corte de Casación Francesa del 12 de
mayo de 1914 : (…)8. Adviertáse entonces que de conformidad con el recuento que hasta aquí se ha hecho la
actual actio de in rem verso se empieza a construir a partir del pasaje dePomponio,24 contenido en las regulas
iuris del Digesto, según el cual es equitativo que nadie se enriquezca a expensas de otro y por consiguiente se
edifica como un mecanismo para obtener las correspondientes restituciones en los eventos en que alguien se
ha hecho más rico en detrimento de otro, es decir que dentro de sus elementos están y deben estar
necesariamente el enriquecimiento de alguien y el
correlativo empobrecimiento de otro. (…)[ Fundamento jurídico 8] Por su parte la Corte Suprema de Justicia
conceptuó Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 19 de diciembre de 2012, radicación
No. Referencia: 54001-3103-006-1999-00280-01,MP Jesús Val de Rutén: "(…)En tal acción, pues, subyace un
imperativo moral, como que el ordenamiento jurídico no quiere patrocinar el acrecimiento económico de un
sujeto a expensas de otro, cuando no existe ningún fundamento jurídico que /o justifique, postulado que encaja,
desde luego, con la necesidad de dar a cada quien lo suyo, esto es, lo que verdaderamente le corresponde de
acuerdo con los principios de justicia y equidad". (Sent. Cas. Civ. de 7 de octubre de 2009, exp. 00164-01).(…)
30 Corte Suprema de Justicia sentencias de 6 de septiembre de 1935; 6 de septiembre de 1940, M.P. Hernán

Salamanca; 10 de diciembre de 1999, M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo; 11 de enero de 2000, M.P.
Manuel Ardila Velásquez; 10 de diciembre de 1999, M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo, exp: 5294: EN esta
última se expresó:
16

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del artículo 95 de la Constitución Política31, los artículos 8 de la Ley 153 de 188732
y del artículo 831 del Código de Comercio33; y la califican de «principio general del
derecho» y fuente de obligaciones34. De igual forma, han establecido como
condiciones generales para que proceda el reconocimiento del enriquecimiento sin
causa: i) unas de carácter económico y ii) otras de carácter jurídico35.

17. Entre las características, de carácter económico que la jurisprudencia -de
forma general- exige para la procedencia de la «actio in rem verso», se contemplan:
i) a la existencia de un enriquecimiento o una ventaja patrimonial y ii) un correlativo
empobrecimiento, en otras palabras, que exista un nexo de causalidad entre el
enriquecimiento y el empobrecimiento alegado. Como condicionantes de carácter
jurídico: iii) la transferencia de valor debe carecer de causa o resultar injustificado
-no debe existir título para la transferencia patrimonial36-; iv) es subsidaria, en la
medida que el actor debe carecer de cualquier otra acción 37 y/o medio de control38;

31(…) Artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos

están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta
Constitución implica responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son
deberes de la persona y del ciudadano:
1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios (…)
32 ARTÍCULO 8. Cuando no hay ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que

regulen casos o materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales de
derecho.
33 Artículo 831. Enriquecimiento sin justa causa Nadie podrá enriquecerse sin justa causa a expensas de otro.

34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 22 de julio de

2009, CP Enrique Gil Botero, rad. Radicación número: 85001-23-31-000-2003-00035-01(35026) [Fundamento
jurídico 4](…) En esa perspectiva, el enriquecimiento sin justa causa es fuente directa de las obligaciones, en
aquellos eventos en que sin existir un acto jurídico, ni un hecho ilícito como tal, existe un patrimonio que se
enriquece a causa de otro que en la misma proporción se empobrece de manera injustificada, razón por la que
se debe compensar dicho detrimento para el segundo.. (…) Ver también: Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia de 25 de octubre de 1991, exp. 6103, M.P. Daniel Suárez Hernández.
35 Distinción propuesta por Chénede F., Terré F., Simler P. Lequette.Y, Droit Civil, Les obligations, 12eme

édition, Dalloz(2019) p. 1364-1383.
36 De allí que algunos eventos del enriquecimiento patrimonial, que en otras latitudes pueda predicarse de la

ilegalidad del contrato, (ver Droits des Contrats Administratifs, L. Richer y F. Lichére, 10eme edition, L.G.D.J,
Issy-les-Moulineaux, Francia, 2016, pp. 216-221 y CE, arret du 17 novembre 2008 Enterprise Aubelec, 29421)
no sean extrapolables al caso colombiano para el caso de los contratos estatales. Por ejemplo : para el caso de
la nulidad absoluta del contrato estatal los artículos 45 y 48 de la Ley 80 de 1993, consagran títulos legales por
los cuales, hay lugar reconocimiento económico de prestaciones prestadas, aún en ausencia del contrato – ante
el evento de su declaratoria de nulidad-.
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 22 de julio de

2009, CP Enrique Gil Botero, rad. Radicación número: 85001-23-31-000-2003-00035-01(35026) [Fundamento
jurídico 5]. En igual sentido, consultar, entre otras, la siguiente providencia: Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil, sentencia del 19 de diciembre de 2012, radicación No. Referencia: 54001-3103-006-1999-
00280-01,MP Jesús Val de Rutén .
38 Sobre la subsidiariedad de la Actio rem in verso en esta jurisdicción, ver: Consejo de Estado Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Auto del 17 de junio de 2021, CP Nicolás Yepes
Corrales, rad: 68001-23-33-000-2019-00256-01 (64.766) [ Fundamento de derecho 5]; Subsección A, Sentencia
del 12 de julio de 2024, rad: 05001-23-33-000-2016-00126-00 (69.733) [ Fundamento de derecho 48]
17

Radicado: 76001-23-33-000-2014-00598-01 (69.845)
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y v) su empleo no puede tener por finalidad soslayar una disposición imperativa de
la Ley 39.

18. Tratándose de la figura de la actio in rem verso la Sala Plena de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, definió su alcance, en sede de lo contencioso-
administrativo, principalmente, en los asuntos donde el enriquecimiento sin causa
“(…) es el relacionado con la ejecución de actividades en favor de una entidad
estatal sin que medie un contrato entre esta y el ejecutor (…)”40.

19. En este sentido, la sentencia de unificación precitada se dispuso a establecer
que por regla general el enriquecimiento sin causa no puede ser incoado para (…)
reclamar el pago de obras, entrega de bienes o servicios ejecutados sin la previa
celebración de un contrato estatal que los justifique (…)41. En este sentido, el
ejercicio de la actio in rem verso, no puede tener por finalidad desconocer normas
imperativas y/o de orden público, que imponen la solemnidad del escrito, para el
perfeccionamiento del contrato estatal, como lo son los artículos 39 y 41 de la Ley
80 de 1993.

20. En esta línea argumentativa, no basta con que la conducta del contratista se
haya desarrollado en un (…) estado de convencimiento o creencia de estar actuado
conforme a derecho (…)”42 – buena fe subjetiva-, sino que debe (…) desplegar un
comportamiento que convenga la realización y ejecución del contrato sin olvidar el

39 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil , Sentencia del 19 de diciembre de 2012 Referencia:
54001-3103-006-1999-00280-01, MP Jesús Vall de Rutén Ruiz. In extenso al referirse al tema sostiene: «(...)
En síntesis, la acerada jurisprudencia en materia de enriquecimiento sin causa exige, tanto en materia civil como
mercantil que un individuo obtenga una ventaja patrimonial; que como consecuencia de dicha ganancia exista
un empobrecimiento de otro sujeto, esto es, que entre el enriquecimiento y la mengua haya correlación y
correspondencia, es decir, que se observe un nexo de causalidad, que uno se deba a u origine en el otro; que
el desplazamiento patrimonial se verifique sin causa jurídica que lo justifique, o lo que es igual, que la relación
patrimonial no encuentre fundamento en la ley o en la autonomía privada; que el afectado no cuente con una
acción diversa para remediar el desequilibrio; y, que, con el ejercicio de la acción no se pretenda soslayar una
disposición legal imperativa.(…)»( negrilla por fuera del original)
40 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena, Sección Tercera, Sentencia del

19 de noviembre de 2012, CP Jaime Orlando Santofimio Gamboa, rad: 73001-2331-000-2000-03075-01 (24897)
[Fundamento 5.2]
41Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena, Sección Tercera, Sentencia del

19 de noviembre de 2012, CP Jaime Orlando Santofimio Gamboa, rad: 73001-2331-000-2000-03075-01 (24897)
[ Fundamento 12.1]
42Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22

de junio de 2011, expediente 18836 obtenido de Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Plena, Sección Tercera, Sentencia del 19 de noviembre de 2012, rad: 73001-2331-000-
2000-03075-01 (24897) [ Fundamento jurídico 12.1]
18

Radicado: 76001-23-33-000-2014-00598-01 (69.845)
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interés del otro contratante también debe cumplirse y cuya satisfacción depende en
buena medida la lealtad y corrección de la conducta propia (…)”43 – buena fe
objetiva-. Postulado que guarda coherencia con el deber de lealtad que le prevé
para los particulares el artículo 3 de la Ley 80 de 199344, a quienes se les impone
el deber de adherirse a las finales de interés general45, inherentes al contrato que
persiguen celebrar.

De acuerdo con la Jurisprudencia reiterada de esta corporación, la buena fe objetiva
le son inherentes las normas imperativas, que rigen la celebración y ejecución de
los contratos, en virtud de los mandatos previstos por los artículos 871 del Código
de Comercio y 1603 del Código Civil, y su falta constituye – en principio- una
presunción de mala fe que no admite prueba en contrario (art. 768 Código Civil).

21. Sin embargo, en la referida sentencia de unificación46 se identificaron algunas
hipótesis, entre otras, en las que, excepcionalmente, resulta procedente la
procedencia de la actio in rem verso, por motivos de interés público:

(…)
a) Cuando se acredite de manera fehaciente y evidente en el proceso, que fue
exclusivamente la entidad pública, sin participación y sin culpa del particular
afectado, la que en virtud de su supremacía, de su autoridad o de su imperium
constriñó o impuso al respectivo particular la ejecución de prestaciones o el
suministro de bienes o servicios en su beneficio, por fuera del marco de un contrato
estatal o con prescindencia del mismo.

b) En los que es urgente y necesario adquirir bienes, solicitar servicios, suministros,
ordenar obras con el fin de prestar un servicio para evitar una amenaza o una lesión
inminente e irreversible al derecho a la salud, derecho este que es fundamental por
conexidad con los derechos a la vida y a la integridad personal, urgencia y necesidad
que deben aparecer de manera objetiva y manifiesta como consecuencia de la
imposibilidad absoluta de planificar y adelantar un proceso de selección de

43 Ibidem.
44 «ARTÍCULO 3.- De los Fines de la Contratación Estatal. (…) Los particulares, por su parte, tendrán en

cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades
cuya protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función
social que, como tal, implica obligaciones). (Negrilla por fuera del original y el texto subrayado fue derogado
por el art. 32 de la Ley 1150 de 2007.)(…)».
45 Sobre el particular Gasón Jéze indicó: “ (…) el contratante no es obligado únicamente a ejecutar sus

obligaciones como lo haría un particular frente a otro particular, sus obligaciones deberán ser interpretadas para
comprender todo lo que es absolutamente necesario para asegurar el funcionamiento regular y continuo del
servicio público (…)”Traducción propia de Les contrats Adminitratifs, 1927, Y.I.p.14 “ Le cocontractant n’est pas
tenu seulement d’exécuter son obligation comme s’éntendant á tout ce qui est absolument necessaire pour
assurer le fonctionement régulier et continu du service publics” (citado en Droit des contrats administratifs, L.
Richer et F. Lichëre, 10 édition , 2016 L.G.D.J., Paris p.236)
46 Ibidem.

19

Radicado: 76001-23-33-000-2014-00598-01 (69.845)
Demandante: Dime Clínica Neurocardiovascular SA.
Demandado: Ministerio de Salud y Protección Social y
otros
Proceso: Reparación Directa

contratistas, así como de la celebración de los correspondientes contratos,
circunstancias que deben estar plenamente acreditadas en el proceso contencioso-
administrativo, sin que el juzgador pierda de vista el derrotero general que se ha
señalado en el numeral 12.1 de la presente providencia, es decir, verificando en todo
caso que la decisión de la administración frente a estas circunstancias haya sido
realmente urgente, útil, necesaria y la más razonablemente ajustada a las
circunstancias que la llevaron a tomar tal determinación.

c) En los que debiéndose legalmente declarar una situación de urgencia manifiesta, la
administración omite tal declaratoria y solicita la ejecución de obras, prestación de
servicios y suministro de bienes, sin contrato escrito alguno, en los casos en que
esta exigencia imperativa del legislador no esté excepcionada conforme a lo
dispuesto en el artículo 41 inciso 4º de la Ley 80 de 1993.(…)47

22. Escenarios estos, que si bien no resultan taxativos para la procedencia a de
la actio in rem verso, resultan ilustrativos de la excepcionalidad a la que misma está
sometida, al no poderse invocar el enriquecimiento sin causa con la finalidad de
eludir los mandatos imperativos de ley, que precisamente tocan lo relativo a la
debida formación del contrato48.

23. Por último, la decisión unificada de la Sala precisó que los reconocimientos
que pueda hacer la jurisdicción de lo contencioso-administrativa en virtud del
enriquecimiento sin causa son esencialmente compensatorios, (…) y por
consiguiente el demandante, de prosperarle sus pretensiones, solo tendrá derecho
al monto del enriquecimiento. (…)49

Caso concreto: «La improcedencia de la actio in rem verso en el presente
caso».

47 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena, Sección Tercera, Sentencia del

19 de noviembre de 2012, CP Jaime Orlando Santofimio Gamboa, rad: 73001-2331-000-2000-03075-01 (24897)
[Fundamento 12.2]
48 Ibidem [ Fundamento 12.1]. Al respecto allí se precisó: «(…) Pero por supuesto en manera alguna se está

afirmando que el enriquecimiento sin causa no proceda en otros eventos diferentes al aquí contemplado, lo que
ahora se está sosteniendo es que la actio de in rem verso no puede ser utilizada para reclamar el pago de obras
o servicios que se hayan ejecutado en favor de la administración sin contrato alguno o al margen de este,
eludiendo así el mandato imperativo de la ley que prevé que el contrato estatal es solemne porque debe
celebrarse por escrito, y por supuesto agotando previamente los procedimientos señalados por el legislador.
(…)» Mas adelante, se advirtió al referirse a los tres casos en los que procede la actio rem verso: (…) se insiste,
estas posibilidades son de carácter excepcional y por consiguiente de interpretación y aplicación restrictiva, y
de ninguna manera con la pretensión de encuadrar dentro de estos casos excepcionales, o al amparo de ellos,
eventos que necesariamente quedan comprendidos dentro de la regla general que antes se mencionó. Esos
casos en donde, de manera excepcional y por razones de interés público o general, resultaría procedente la
actio de in rem verso a juicio de la Sala, serían entre otros los siguientes: (…) (negrilla por fuera del original)
[Fundamento 12.2]
49 Ibidem [ Fundamento de derecho 12.3]

20

Radicado: 76001-23-33-000-2014-00598-01 (69.845)
Demandante: Dime Clínica Neurocardiovascular SA.
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otros
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Precisado el marco jurídico de la actio in rem verso, en el presente caso, la misma
no puede tenerse como procedente en la medida que: i) el alegado enriquecimiento
del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles de Colombia y el presunto
empobrecimiento la sociedad DIME Clínica Neurocardiovascular SA, tienen
justificación jurídica en contratos que las referidas sociedades suscribieron, de
forma independiente con Fundación para el Desarrollo de la Salud Familiar y Social
«Famisalud»; ii) la actio in rem verso, no puede invocarse para desconocer el efecto
o principio de relatividad de los contratos «res inter allios acta» (art. 1602 C. Civil50)

i) Por tener justificación jurídica los desplazamientos patrimoniales alegados, en la
ejecución de los contratos de prestación de servicios de salud suscritos entre el
«Fondo», «Dime» y «Famisalud».

24. En relación con las convenciones suscritas entre el «Fondo», «Dime» y
«Famisalud» , obra como prueba documental copia de los Contratos de Prestación
de Servicios en Salud No. 10251 y 103 de 201152 celebrados entre el Fondo Pasivo
Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia y la Fundación para el Desarrollo
de la Salud Familiar y Social «Famisalud». Como objeto de los referidos contratos,
el contratista -Famisalud- se obligó a prestar los servicios médico-asistenciales53,en
favor de la población usuaria de los Programas Ferrocarriles y Puertos en la
«Regional Pacífico», las que están compuestas por pensionados y beneficiarios –
señalados en la base de datos aportada por el contratista- (Contrato No. 102 de
2011) y a dotar servicios en la promoción y prevención en salud a dichos usuarios
(Contrato No. 103 de 2011); el plazo de ejecución de ambos contratos se extendería
desde el 1 de noviembre de 2011 hasta el 31 de marzo de 2012; y la cuantía del
Contrato No. 102 se elevó al monto de ($12.759.618.816,oo m/cte), por su parte la
del Contrato No. 103 tuvo por valor ($117.626.934,oo m/cte).

50 ARTÍCULO 1602. <LOS CONTRATOS SON LEY PARA LAS PARTES>. Todo contrato legalmente celebrado

es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas
legales.
51 Folios 294-299 CP.
52 Folios 300-304 CP.
53 «(…) Contenidos en el Pliego de Condiciones No. 002 de 2007, y sus respectivos anexos y la propuesta

presentada por el CONTRATISTA (…) »
21

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Por otro lado, entre la Fundación para el Desarrollo de la Salud Familiar y Social «
Famisalud» y Dime Clínica Neurocardiovascular, se suscribió el 1 de noviembre de
2011, el contrato N° FS FPP-006-1154, cuyo objeto55 fue la prestación de los
servicios de salud de mediana y alta complejidad en favor de usuarios de los
programas Ferrocarriles y Puertos en la Regional Pacífico, cuya duración se fijó
entre el 1 de noviembre de 2011 hasta el 31 de marzo de 2012 (cláusula séptima) y
su valor se tuvo como indeterminado, y la forma de pago sería por facturación
(cláusula sexta).

Examinados las anteriores convenciones, se verifica que el desplazamiento
patrimonial alegado por la actora «DIME», que dio origen al empobrecimiento
deprecado, y que se pretende acreditar con las copias de las cuentas de cobro y
facturas56relativas a la prestación de servicios de usuarios de los programas
Ferrocarriles y Puertos en la Regional Pacífico, se dio en el marco del contrato
celebrado entre la demandante y «Famisalud».

Hechas estas constataciones, para la Sala se deduce que aun cuando el
desplazamiento patrimonial fue indirecto – por tenerse que el tránsito de valor debía
pasar a través del patrimonio de «Famisalud»- se torna improcedente la «actio in
rem verso», en la medida que la prestación de los servicios de salud en favor de los
beneficiarios del Fondo, tuvo fuente en obligaciones jurídicas nacidas de los
referidos contratos 57. En este sentido, la demandante para obtener el pago
contractualmente pactado como remuneración por los servicios de salud tenía las
acciones judiciales procedentes, como lo fue el proceso ejecutivo que ejerció contra
«Famisalud», en el cual se libró mandamiento contra la Fundación Para el
Desarrollo Familiar y Social Famisalud por Auto Interlocutorio N° 982, rad. 2012-

54 Folios12-16 CP.
55 (…) PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. El Contratista se compromete a la prestación de servicios de

salud de mediana y alta complejidad de atención definidos y contenidos Enel plan obligatorio de salud
contributivo mediante su experiencia profesional y técnica a los afiliados de el (sic) contratante, usuarios de los
programas Ferrocarriles y Puertos en la Regional Pacífico, residentes habituales en el Municipio de Cali, que
fueren relacionados en la base de datos que entregará mensualmente FAMIDALUD al Contratista, el cual
ejecutará este contrato con toda su infraestructura técnica y científica, capacidad instalada, sus recursos
humanos, físicos y hospitalarios suficientes y necesarios para cumplir con el objeto del contrato, de acuerdo a
las guías de atención definidas por el Ministerio de Protección Social (…)
56 Folios 17-97 CP y
57 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 12

de julio de 2024, rad: 05001-23-33-000-2016-00126-00 (69.733) [Fundamento jurídico 60]
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00165-00 del Juzgado Tercero Civil de Circuito de Cali el 21 de junio de 2012 para
conseguir el pago de las cuentas de cobro58.

25. Por consiguiente, la Sala comparte las consideraciones del a quo, en lo relativo
a que se encuentra acreditada la ausencia de causa jurídica como elemento para la
procedencia de la actio in rem verso (ver numeral 7). Consideración, que no resulta
enervada por la alegada falta de prosperidad o de efectividad de los referidos
instrumentos jurídicos, por parte del recurrente, en especial, cuando se tiene en
cuenta naturaleza subsidiaria de la actio in rem verso.

ii) La improcedencia de emplear la actio in rem verso, para desconocer el principio
de relatividad entre el contrato principal y el subcontrato y para evitar el juez del
contrato.

26. En relación con los argumentos depositados en la alzada, a juicio de la Sala
estos no permiten superar lo referido a la inexistencia de causa jurídica del
desplazamiento patrimonial como presupuesto, que impide la prosperidad de las
pretensiones de enriquecimiento sin causa, en la medida que ello supondría en el
caso concreto, desconocer el principio de relatividad aplicable a los acuerdos de
voluntades e interfiere en el ámbito del juez del contrato, quien resulta el competente
para pronunciarse sobre la regularidad de este.

27. En efecto, la prestación de servicios de salud adelantada por «DIME» se dio en
virtud de un subcontrato, es decir, un acuerdo de voluntades accesorio a otro
principal, en virtud del cual se le confía a un tercero (frente al acreedor principal), el
cumplimiento parcial o total del objeto del contrato principal. De acuerdo con el
precedente de la Corporación, los subcontratos resultan negocios autónomos e
independientes al acuerdo principal59, en otras palabras, el principio de relatividad

58 Las que obran en el plenario a folios 166 y 167 CP, y corresponden a las cuentas No.
15914,16338,16429,16502,16810,16860,16890,17218,17227,17331 y 17334,
59 Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, CP: Enrique

Gil Botero, Sentencia del doce (12) de agosto dos mil trece (2013), rad.: 52001-23-31-000-1999-00985-
01(23088) [ Fundamento de derecho 3.2]. (…) Este negocio jurídico supone la celebración de un contrato
accesorio a otro principal, entre un contratista del Estado y un tercero, en virtud del cual el sub contratista o
tercero “sustituye parcial y materialmente al primero, quien conserva la dirección general del proyecto y es
responsable ante la entidad estatal contratante por el cumplimiento íntegro de las obligaciones derivadas del
contrato adjudicado”59.Esta institución hace surgir una relación jurídica autónoma entre el contratista del Estado
y el sub contratista, es decir, independiente de la relación que preexiste entre el Estado y el contratista. En este
23

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de los contratos (Arts.1602 y 1603 C. Civil) se predica también de estos y la
convención principal60.

28. Sobre el efecto relativo de los contratos, vale clarificar que este principio tiene
por finalidad, proteger i) a los contratantes, de terceros que sin su consentimiento
pretendan intervenir en la esfera del contrato; y ii) a terceros para no ser forzados a
cumplir obligaciones frente a las cuales, no otorgaron su consentimiento. Lo
anterior, no puede entenderse de forma absoluta, en la medida que los contratos, si
bien en principio solo está llamado a afectar los intereses de los suscribientes,
resulta inevitable que en algunos eventos porten efectos sobre los intereses de
terceros, sin que estos lo hayan consentido, en especial uno celebrado por la
administración. En vista de esta última circunstancia, el ordenamiento ha previsto
algunas atenuaciones frente a este principio61, e inclusive, el CPACA amplió la
legitimidad de quienes puede acudir62 al medio de control de controversias

sentido, las obligaciones que adquiere el subcontratista con el contratista sólo son exigibles entre ellos, y no
vinculan a la entidad estatal –contratante-, en virtud del principio de relatividad del contrato –sólo produce
efectos para las partes, no para terceros-, pero sin que ello limite o restrinja a la entidad estatal en la dirección
general para ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato, a que se refiere el artículo 14 de la Ley
80(…).En este sentido, el contratista conserva frente a la entidad pública la responsabilidad por la ejecución
del contrato, así que desde el punto de vista subjetivo la sub contratación es material y no jurídica, porque
traslada el cumplimiento del contrato a un tercero, pero no sustituye al contratista59. Reiterada en: Subsección
A, Sentencia del 31 de marzo de 2023, rad: 2500023360002014-00674-01(56.002), [ Fundamento de derecho
6.3].
60 Sobre le principio de relatividad de los contratos, ver de esta jurisdicción: Consejo De Estado, Sala De Lo

Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, C.P.: Enrique Gil Botero, Sentencia del 12 de junio
de 2014, Rad: 05001-23-31-000-1996-00036-01 (26.550) [ Fundamento de derecho 3] (…) En consecuencia,
los efectos de un contrato sólo se producen para las partes que intervienen, es por ello que diversos contratos
pueden tener diferentes alcances, porque nada se opone a que unas personas acuerden unas obligaciones y
otras pacten otras, e incluso parecidas o idénticas. Lo importante es que aún si se tratara de obligaciones
similares, contenidas en diferentes contratos, sólo son exigibles entre quienes suscriban el acuerdo60
(…) (negrilla por fuera del original);. Subsección A, CP: José Roberto Sáchica Méndez, Sentencia del 20 de
noviembre de 2020, Rad: 25000-23-26-000-2007-00333-01 (50433), [ Fundamento de derecho 18]. En la Corte
Suprema ver, Sala de Casación Civil, Sentencia del 4 de abril de 2018, MP Ariel Salazar Ramírez, SC3201-
2018, Radicación n° 05001-31-03-010-2011-00338-01; Subsección C, Sentencia del 9 de diciembre de 2022,
rad: 05001-23-31-000-2006-03162-01(46332)[ Fundamento de derecho 1]. En relación al subcontrato como una
expresión del principio de relatividad de los contratos y no como una excepción, ver la tesis doctoral: P. Blanquet,
Le sous-contrat,étude de droit adminsitratif, Nouvelle Bibliotheque des Theses, 2022, Dalloz (Paris Francia)
61 Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, C.P.: Enrique

Gil Botero, Sentencia del 12 de junio de 2014, Rad: 05001-23-31-000-1996-00036-01 (26.550) (…) Claro está
que las excepciones al principio de la relatividad de los contratos también las contempla la ley, es decir,
establece los supuestos en los que un contrato pueden afectar a terceros, como sucede con la “estipulación a
favor de otro” –art. 1506 CC-; pero salvo los supuestos admitidos por el ordenamiento, nadie puede
comprometer a otro sin su consentimiento. ( …). Una excepción prevista legalmente es la solidaridad prevista
en el artículo 34 CST, al respecto se referencia, Subsección C, Sentencia del 23 de septiembre de 2024, CP
William Barrera Muñoz, rad. 76001-23-31-000-2010-01774-01 (67.730) [Fundamentos de derecho 13 y 14]
62 Consejo De Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección A, CP: María Adriana

Marín Sentencia del 17 de junio de 2024 [ Fundamento de derecho 3](…) Sobre este aspecto, es necesario
subrayar que, para la activación del medio de control de controversias contractuales, el legislador impuso una
legitimación cualificada que está reservada para las partes del contrato, y excepcionalmente, cuando la
pretensión es de nulidad absoluta del contrato, para el Ministerio Público y los terceros que acrediten un interés
24

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contractuales a solicitar la nulidad absoluta del contrato a «un tercero que acredite
un interés directo» -art. 141 CPACA63-.

29. En este sentido, la demandante «DIME» como tercero, no puede prevalerse de
su condición de subcontratista para pretender que la relación contractual que se
derivó del acuerdo que suscribió con «Famisalud» exceda el campo de la
«estipulación para otro -art. 1506C. Civil-»64, y cree un compromiso contractual a
cargo de un tercero a tal relación, como lo es el «Fondo», sin que la obligación cuyo
reconocimiento se persigue tenga respaldo legal o contractual.

30. Con mayor razón, para la Sala la actio in rem verso, no puede emplearse para
obtener el reconocimiento de tal obligación, con infracción al principio del efecto
relativo de los negocios jurídicos. En este punto, la Sala resalta que no desconoce
los argumentos del demandante que se refirieron a las presuntas irregularidades en
las que habría incurrido, el «Fondo», en lo relativo a la autorización para
subcontratar o intermediar servicios de salud de esa entidad, pero dichas
consideraciones debían elevarse ante el juez del contrato65 .

31. En este caso, pese a que, podría asistirle un interés jurídico a la actora, habida
cuenta en su condición de subcontratista se trata de un tercero relativo66, frente a la

directo. Este mandato se soporta no solo en la aplicación del principio de relatividad de los contratos, por cuya
virtud los acuerdos inter-partes, por regla general, no afectan ni benefician a terceros –res inter alios acta aliis
neque nocere neque prodesse potest–, sino que primordialmente se vincula al principio de conservación de los
contratos –favor contractus–, a través del cual se promueve el cumplimiento y protección de los acuerdos de
voluntades.(…) Allí se citó Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de noviembre de 2020, exp.:
46.975. C.P.: José Roberto Sáchica Méndez
63 Artículo 141. CPACA «(…) El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo podrán pedir

que se declare la nulidad absoluta del contrato. El juez administrativo podrá declararla de oficio cuando esté
plenamente demostrada en el proceso, siempre y cuando en él hayan intervenido las partes contratantes o sus
causahabientes. (…)»
64 (…) Artículo 1506. Estipulación por otro: cualquiera puede estipular a favor de una tercera persona, aunque

no tenga derecho para representarla; pero sólo esta tercera persona podrá demandar lo estipulado; y mientras
no intervenga su aceptación expresa o tácita, es revocable el contrato por la sola voluntad de las partes que
concurrieron a él. Constituyen aceptación tácita los actos que solo hubieran podido ejecutarse en virtud del
contrato. (…) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia del 25 de septiembre de 2023,
rad. 11001-31-03-003-2016-00637-01, Sentencia del 25 de septiembre de 2023[ Fundamento de derecho 13]
(…) Para abordar la violación por falta de aplicación del artículo 1506 del Código Civil, conviene recordar que
dicha norma incorpora la regulación de la «estipulación para otro», dispositivo en que la doctrina ha encontrado
una de las excepciones legales al principio de relatividad de los contratos, desde un arista que permite que el
acuerdo de voluntades sirva de fuente de beneficios en provecho de personas diferentes de los negociantes
(…)

66 Al respecto ver: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, M.P. Ariel Salazar Ramírez, Sentencia

del 9 de agosto de 2018, SC3201-2018, rad. 05001-31-03-010-2011-00338-01[ Fundamento de derecho 1] Allí
se precisó: (…) Los no-contratantes pueden ser terceros absolutos (penitus extranei) o verdaderos terceros,
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convención principal, para la Sala no resulta posible adecuar el medio de control67
al de controversias contractuales para conocer los argumentos elevados por esta,
habida cuenta ello escapa a la causa petendi propuesta en la demanda, donde no
se hicieron solicitudes expresas en relación con el Contrato No. 102 de 2011 y/o del
Contrato de Prestación de Servicios de Salud contrato N° FS FPP-006-11.

32. En suma, la Sala modificará la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle del Cauca, para declarar la falta de legitimación en la causa
por pasiva de la Nación- Ministerio de Salud y Protección Social y de la
Superintendencia Nacional de Salud, y se negarán las pretensiones de demanda
por no reunirse los presupuestos de procedencia del enriquecimiento sin causa.

que son jurídica y definitivamente ajenos a las partes contratantes; o terceros relativos, que no intervienen en
la celebración del convenio pero con posterioridad sus intereses resultan afectados por las consecuencias que
genera aquella relación jurídica-sustancial. «En términos generales, terceros son todas aquellas personas
extrañas a la convención. Todos aquellos que no han concurrido con su voluntariedad a su generación. Toda
persona que no es parte, es tercero».66 Sin embargo, esa condición de ajenidad puede cambiar en el curso del
cumplimiento del negocio jurídico o después, involucrando los intereses de personas que no participaron en su
conformación y que por ello adquieren la calidad de terceros relativos. Son terceros porque no celebraron el
convenio, directamente o mediante representante; y son relativos porque más adelante quedan relacionados
por sus efectos jurídicos.(…) En relación con la consideración de la condición del subcontratista y a como su
intereses pueden verse afectados por el contrato principal, pese que no pueda ser obligado por este. Ver la
tesis doctoral: P. Blanquet, Le sous-contrat,étude de droit adminsitratif, Nouvelle Bibliotheque des Theses,
2022, Dalloz (Paris Francia) Allí se precisó: p. 120 párrafo 249: (…) Alors pourquoi le sous- contrat illustre une
définition affinée du principe de l’effet relatif des contrats ? Parce que sans remettre en cause son existence
même, comme Savatier l’affirmait, il permet de mesurer combien ce principe ne condamné pas le contrat a un
isolement inutile, qu’un contrat a nécessairement des effets sur les tiers et que certains aménagements sont
possibles afin d’en tenir compte. (…). Or le principe de l’effet relatif ne s’oppose pas á la reconnaissance de lien
témoignant de la connexion entre le contrat et l’environnement dans lequel il s’insère. Des liens entre plusieurs
contrat d’abord en ce que, par exemple, un tiers au contrat initial est chargé d’une prestation qui est le produit
de la duplication de celle contenue dans le contrat premier. Si celui-ci amené a disparaitre alors le second contrat
disparaitra normalement avec lui. Des liens, ensuite, entre les personnes puisque la loi organise un «lien
financier» entre la personne publique, partie au marché public, et le sous-traitant tiers vis á vis dudit marché :
le sous -traitant n’a pas consenti aux obligations contenues dans le contrat premier et l’effet relatif nous oblige
á le regarder comme un tiers (…) traducción propia: (…) Entonces, ¿por qué el subcontrato ilustra una definición
refinada del principio del efecto relativo de los contratos? Porque sin cuestionar su existencia misma del
principio, como afirmó Savatier, permite medir en qué medida este principio no condena el contrato a un
aislamiento innecesario, que un contrato tiene necesariamente efectos sobre terceros y que ciertos ajustes son
posibles para para tener esto en cuenta. (…).Sin embargo, el principio de efecto relativo no se opone al
reconocimiento de un vínculo que acredite la conexión entre el contrato y el entorno en el que se inserta. La
relación entre varios contratos primero en el sentido de que, por ejemplo, un tercero del contrato inicial es
responsable de un servicio que la duplicación del objeto del en el primer contrato. Si éste desaparece, el
segundo contrato normalmente desaparecerá con él. Vínculos, entonces, entre personas puesto que la ley
organiza un “vínculo financiero” entre la persona pública, parte en el contrato público, y el tercero subcontratista
respecto de dicho contrato: el subcontratista no ha consentido las obligaciones contenidas en el contrato
primario y el efecto relativo nos obliga a considerarlo como un tercero (…)
67 Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, CP: Marta Nubia

Velásquez Rico, Sentencia del 2 de diciembre de 2015, rad.: 47001-23-31-000-2001-00660-01(36285) [
Fundamento de derecho 5]. Allí se precisó: (…) La adecuación de la causa petendi a los conceptos jurídicos
que son fuente de la responsabilidad en el caso de las controversias contractuales puede hacerse dentro de
tres límites: i) el petitum de la demanda y el contenido de la apelación -si se trata de la interpretación en segunda
instancia-; ii) el alcance de la acción contractual definido en la ley –en este caso en el artículo 87 del Código
Contencioso Administrativo- y iii) la oportunidad en el ejercicio de la acción, esto es que no haya operado la
caducidad respecto de los hechos que se adecúan a los conceptos jurídicos. (…)
26

Radicado: 76001-23-33-000-2014-00598-01 (69.845)
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Proceso: Reparación Directa

Costas

33. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011,
en la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por el Código General del Proceso.

El artículo 365 del CGP señala que hay lugar a condenar en costas a la parte
vencida en un proceso o a quien se resuelve desfavorablemente el recurso. El
artículo 361 ibidem establece que las costas «(…) están integradas por la totalidad
de las expensas y gastos sufragados durante el curso de proceso y por las agencias
en derecho (…)». Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por las tarifas
que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura.

El numeral 8 del artículo 365 del CGP dispone que «solo habrá lugar a costas cuando
en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
En relación con las agencias en derecho correspondientes a esta instancia, el
numeral 1 del mismo artículo establece que «se condenará en costas a la parte
vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación». Asimismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo
366 del mismo estatuto, se tiene en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la
gestión realizada, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales si las
hubiere.

En atención a lo dicho, la Sala fijará no fijará suma de agencias en derecho, en
segunda instancia, a cargo de la parte demandante. Por observarse que, en el
desarrollo de esta etapa procesal, las demandadas no efectuaron actos de gestión
judicial.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

27

Radicado: 76001-23-33-000-2014-00598-01 (69.845)
Demandante: Dime Clínica Neurocardiovascular SA.
Demandado: Ministerio de Salud y Protección Social y
otros
Proceso: Reparación Directa

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 23 de febrero de 2023, proferida
por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, y en su lugar:

«(…) PRIMERO.- DECLARAR la falta de legitimación en la causa de la Nación-
Ministerio de Salud y Protección Social y de la Superintendencia Nacional de
Salud.

SEGUNDO.- NEGAR las pretensiones de la demanda.

TERCERO.-Sin condena en costas (…)»

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES

Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de
forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evali
dador . Igualmente puede acceder al aplicativo de validación
escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al
expediente, los abogados tienen la responsabilidad de
registrarse en el sistema Samai.

VF

28

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