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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2010-01774-01

Jurisdicción: para conocer los conflictos entre subcontratistas de obras públicas con vinculación laboral y

Fecha
23 de septiembre de 2024
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2010-01774-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 23 de septiembre de 2020 por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, y en su lugar NEGAR las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: Sin condena en costas. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 76001-23-31-000-2010-01774-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

23 de septiembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., veintitrés (23) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 76001-23-31-000-2010-01774-01 (67.730)
Demandante: Luz Mery Gallego Cano y otros
Demandado: Municipio de Santiago de Cali y otros
Proceso: Reparación Directa

JURISDICCIÓN – para conocer los conflictos entre subcontratistas de obras públicas con vinculación laboral y
su empleador(contratista). FUERO DE ATRACCIÓN-Por existir imputaciones serias contra una persona de
derecho público – obligaciones de vigilancia y control. CULPA PATRONAL -art. 216 CST- título subjetivo
aplicable frente a la responsabilidad del empleador SOLIDARIDAD LABORAL -art. 34 CST, distinción frente a
la responsabilidad patrimonial imputable a la conducta de la entidad pública, DEBERES DE PROTECCIÓN
FRENTE AL EMPLEADO -alcance- AUSENCIA DE NEXO CAUSAL- por ausencia de configuración de prueba
indirecta frente a la fuente del daño-.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por las
partes contra la sentencia del 23 de septiembre de 2020, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

El señor Yonny Fajardo Gallego fue subcontratado para trabajar en una obra pública
encargada por el municipio de Santiago de Cali al contratista Luis Fernando
Ramírez Buenaventura, presunto empleador del señor Fajardo Gallego. El 1 de
diciembre de 2008, mientras el señor Fajardo Gallego laboraba en la referida obra,
murió electrocutado, al parecer, por manipular una mezcladora de cemento, durante
un fuerte aguacero.

Radicación: 76001-23-31-000-2010-01774-01 (67.730)
Demandante: Luz Mery Gallego Cano y otros
Demandado: Municipio de Santiago de Cali y otros
Proceso: Reparación Directa

ANTECEDENTES
La demanda1

El 26 de marzo de 2010, por intermedio de apoderado judicial los señores Luis
Eduardo Fajardo y Luz Mery Gallego Cano, interpusieron acción de reparación
directa en contra del municipio de Santiago de Cali- Secretaría de Infraestructura y
Valorización; y el señor Luis Fernando Ramírez Buenaventura, con el objeto de que
se les declare administrativamente responsables por la muerte de Yonny Fajardo
Gallego (Q.E.P.D.). Las pretensiones se elevaron en los siguientes términos:

(…) DECLARACIONES Y CONDENAS

PRIMERA.- Declarar al MUNICIPIO DE CALI — SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA y VALORIZACION, y al Señor LUIS FERNANDO RAMIREZ
BUENAVENTURA solidaria y administrativamente responsables por los perjuicios
civiles causados a mis poderdantes por la muerte de YONY (sic) FAJARDO
GALLEGO.

SEGUNDA.- Que como consecuencia de la anterior declaración, se condene a LUIS
FERNANDO RAMIREZ BUENAVENTURA y al MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
• SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA y VALORIZACION a reconocer y pagar a
LUZ MERY GALLEGO CANO y LUIS EDUARDO FAJARDO TRUJILLO en calidad
de afectados, por conducto de su apoderado o a quien sus derechos represente al
momento del fallo, las siguientes sumas de dinero:

2.1. Por Concepto de PERJUICIOS MORALES:

Para resarcir a la familia del fallecido YONY(sic) FAJARDO GALLEGO, constituida
por la señora madre LUZ MERY GALLEGO CANO, por su padre el señor LUIS
EDUARDO FAJARDO TRUJILLO; y sus hermanos, los menores BRAYAN FAJARDO
GALLEGO y HEIDI JULIETH FAJARDO GALLEGO, conforme se comprueba con los
respectivos Registros Civiles de nacimiento, (…) para cada uno de ellos, así:

LUZ MERY GALLEGO CANO, Madre 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes
LUIS EDUARDO FAJARDO TRUJILLO, Padre 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes
BRAYAN FAJARDO GALLEGO, Hermano500 salarios mínimos mensuales legales
vigentes
HEIDI JULIETH FAJARDO GALLEGO, Hermana500 salarios mínimos mensuales legales
vigentes

2.2. Por concepto de PERJUICIOS MATERIALES los cuales comprenden:

1 Índice 002 “Expediente digital archivo: 26ED_Digitaliza páginas 66 a 84. Subsanación en el mismo archivo

páginas 88 y 89.
2

Radicación: 76001-23-31-000-2010-01774-01 (67.730)
Demandante: Luz Mery Gallego Cano y otros
Demandado: Municipio de Santiago de Cali y otros
Proceso: Reparación Directa

A) DAÑO EMERGENTE:

El valor del seguro de vida que le pagaría una compañía de seguros legalmente
establecida teniendo en cuenta el valor mínimo de las primas regularmente aceptadas.

B) LUCRO CESANTE (Arts. 1613 y 2341 del C. C.):

El valor en moneda legal colombiana que tase el perito por el rendimiento del difunto
YONY (sic)FAJARDO GALLEGO en su vida probable, de acuerdo con las tablas
consolidadas de las Aseguradoras reconocidas legalmente.

TERCERA.-. Las sumas de dinero a reconocer solidariamente por parte del señor LUIS
FERNANDO RAMIREZ BUENAVENTURA y MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI —
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA y VALORIZACION a los afectados LUZ
MERY GALLEGO CANO y LUIS EDUARDO FAJARDO TRUJILLO se actualizarán de
acuerdo con las fórmulas matemáticas tradicionalmente acogidas.

CUARTA.- Condenar a LUIS FERNANDO RAMIREZ BUENAVENTURA y al
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA y
VALORIZACION al reconocimiento y pago de los gastos y costas procesales, incluidos
los honorarios de abogado.

4.3. PERJUICIOS POR DAÑO A LA VIDA DE RELACION:

Aceptado por la doctrina y la jurisprudencia, equivalente a la disminución de los
placeres de la vida como consecuencia de los perjuicios ocasionados a LUZ MERY
GALLEGO CANO, Madre, LUIS EDUARDO FAJARDO TRUJILLO, Padre, BRAYAN
FAJARDO GALLEGO, Hermano, y HEIDI JULIETH FAJARDO GALLEGO, Hermana,
que deben ser apreciados de manera independiente de los perjuicios morales y
materiales, que corresponden a una indemnización integral por la mengua de las
posibilidades de realizar aquellas actividades que cotidianamente cumplían, pues con
Los ingresos que por las distintas actividades que realizaba el difunto, se aportaba
significativamente una entrada económica al grupo familiar, solicitando reconocer a
cada uno de los demandantes, las siguientes sumas:

LUZ MERY GALLEGO CANO, Madre 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes
LUIS EDUARDO FAJARDO TRUJILLO, Padre 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes
BRAYAN FAJARDO GALLEGO, Hermano500 salarios mínimos mensuales legales vigentes
HEIDI JULIETH FAJARDO GALLEGO, Hermana500 salarios mínimos mensuales legales
vigentes

Como fundamento de las anteriores pretensiones, se expuso como hechos de la
demanda que, el 19 de septiembre de 2008, se celebró entre el municipio de
Santiago de Cali -Secretaría de Infraestructura y Valorización y el ingeniero Luis
Fernando Ramírez el contrato N° 4151.1.14.07.14.07.71.2008 que tuvo por objeto
3

Radicación: 76001-23-31-000-2010-01774-01 (67.730)
Demandante: Luz Mery Gallego Cano y otros
Demandado: Municipio de Santiago de Cali y otros
Proceso: Reparación Directa

el mantenimiento de la vía sin pavimentar del corregimiento “El Hormiguero” aledaño
al Colegio Pio XII Comuna 52.

Se relató que el señor Yonny Fajardo Gallego fue contratado para trabajar en la
citada obra. El 1 de diciembre de 2008, mientras el señor Fajardo Gallego laboraba
en la referida construcción murió electrocutado al manipular una mezcladora de
cemento, durante un fuerte aguacero. En la demanda se expuso que dicha
maquinaria se encontraba en la mitad de la vía y estaba «energizada», por estar
conectada a cuerdas de alta tensión, que atraviesan de poste a poste la vía. Se
expuso en la demanda que el contratista no realizó aportes parafiscales y pagos de
seguridad social, en favor de los trabajadores, ni les aportó elementos de seguridad
para una obra de esa naturaleza (cascos, botas aislantes de caucho,
guantes…etc.).

Contestaciones de la demanda

Por intermedio de apoderado judicial, el señor Luis Fernando Ramírez
Buenaventura2, contestó la demanda de la referencia, adujo que la vinculación a la
obra del señor Yonny Fajardo Gallego se realizó por el maestro de obra – el señor
Graciliano Quiñones- el día anterior (30 de noviembre de 2008) a su muerte, motivo
por el cual no se alcanzó a formalizar su ingreso a la seguridad social. Expuso que
el día que murió el señor Fajardo Gallego se habían suspendido las actividades
laborales; sin embargo, el occiso hizo presencia en la obra sin autorización y por su
cuenta y riesgo decidió correr una mezcladora eléctrica para dar paso a un vehículo.
En este sentido alegó como excepción el hecho exclusivo de la víctima y la fuerza
mayor – en referencia a la descarga eléctrica-. Por último, solicitó el llamamiento en
garantía de aseguradora Liberty Seguros SA, en virtud de la póliza no. 1374880 de
responsabilidad extracontractual derivada del contrato.

La llamada en garantía Liberty Seguros SA3 se opuso a las pretensiones de la
demanda y al llamamiento en garantía. Frente a la demanda reiteró los argumentos
en relación con la configuración del hecho exclusivo de la víctima, adujo que la

2 Índice 002 SAMAI “Expediente Digital” Archivo 27 ED_ Digitaliza páginas 17-31.
3 Llamamiento en garantía aceptado por Auto del 28 de abril de 2011. Consultable en Índice 0002 SAMAI

“Expediente Digital” Documento: “27ED_ Digitaliza” pp. 76-77
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Radicación: 76001-23-31-000-2010-01774-01 (67.730)
Demandante: Luz Mery Gallego Cano y otros
Demandado: Municipio de Santiago de Cali y otros
Proceso: Reparación Directa

cuantificación de perjuicios en la demanda fue desmedida y elevó la excepción de
inexistencia de la responsabilidad atribuida a los demandados.

En relación con el llamamiento en garantía, alegó que el amparo de las pólizas
únicas de seguro de cumplimiento n° 132453 y n°1378804, no cobija la
responsabilidad civil derivada de relaciones contractuales como la que se predica
frente al señor Fajardo Gallego. Asimismo, indicó que el legitimado en la causa por
activa, para hacer el llamado en garantía, correspondía al municipio de Santiago de
Cali, en su condición de entidad estatal asegurada y no al tomador -el señor Ramírez
Buenaventura-. Expuso que los daños reclamados no están cobijados en la
cobertura de la póliza n°132453, la cual se limitó al pago de salarios y prestaciones
sociales, sin extenderse a indemnizaciones de perjuicios. Finalmente, frente a la
eventual configuración de una obligación indemnizatoria, expresó que la misma se
debe limitar hasta la suma asegurada y con valoración de las exclusiones previstas
en la póliza.

Por su parte, el municipio de Santiago de Cali5 argumentó como excepciones la
falta de legitimación por pasiva y la culpa exclusiva de la víctima. Aseguró que no
se evidenció ninguna falla del servicio de la cual pudiera imputarse su
responsabilidad. Agregó que ninguna dependencia de la entidad, presta el servicio
de construcción y/o mantenimiento de obras de infraestructura vial, por ende, esta
es adelantada por contratistas externos. Adujo que el municipio no tiene ninguna
función frente al manejo de cableado o fluido eléctrico. Señaló que en el caso se
configuró una culpa exclusiva de la víctima, en cuanto el señor Fajardo se dispuso
a manipular una mezcladora con partes metálicas durante una lluvia sin elementos
de protección suficientes. Por último, por escrito aparte6, solicitó que se llamara en
garantía a la sociedad La Previsora SA, en virtud de la póliza de responsabilidad
civil extracontractual No. 1005471.

En lo que toca a la llamada en garantía Previsora SA compañía de seguros7 , ésta
contestó la demanda coadyuvando la excepción de falta de legitimidad en la causa
por pasiva del municipio de Santiago de Cali. Estimó que la acción impetrada fue la

4 Póliza relativa a la estabilidad de la obra.
5 Ibidem páginas 64-73
6 Ibidem: Documento “34 ED_ Digitaliza” Páginas 36-39.
7 Ibidem páginas 48-56

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Radicación: 76001-23-31-000-2010-01774-01 (67.730)
Demandante: Luz Mery Gallego Cano y otros
Demandado: Municipio de Santiago de Cali y otros
Proceso: Reparación Directa

improcedente pues el daño alegado derivó de un accidente de trabajo y no una falla
del servicio. En lo que refiere al llamamiento en garantía, alegó la «inexistencia de
obligación por pago total de la suma asegurada en responsabilidad civil art.1979
CoCo.» punto en el que se refirió al deducible de la póliza No.1005471 y a la
existencia de varios procesos en trámite que podrían afectar en valor asegurado.
De igual forma, expresó que la cobertura de la póliza es frente al daño ocasionado
a terceros, circunstancia que no cobija la muerte del señor Fajardo Gallego.

Sentencia de primera instancia

El 23 de septiembre de 2015, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala
de Decisión, declaró no probadas las excepciones propuestas por las demandadas
y las declaró civil y solidariamente responsables, por los perjuicios derivados de la
muerte del joven Yonny Fajardo Gallego, el primero de diciembre de 2008. Respecto
al municipio de Santiago de Cali, para la Sala su responsabilidad solidaria se
desprendió de ser la dueña de la obra y frente al señor Luis Eduardo Fajardo
Jaramillo precisó que, por su influencia causal, debía responder por el 100% de la
condena.

Como premisas jurídicas para adoptar la anterior decisión, el a quo se refirió al
antecedente jurisprudencial, relativo a la responsabilidad del estado por los daños
derivados de una obra pública8 y al contenido del artículo 216 del Código Sustantivo
del Trabajo. Así, al descender al caso concreto, la Sala del Tribunal encontró
probado que existió una relación contractual entre el municipio de Santiago de Cali
y el señor Luis Fernando Ramírez, cuyo objeto era el mantenimiento de la vía del
corregimiento «El Hormiguero». Asimismo, la Sala consideró acreditado que el
joven Yonny Fajardo Gallego murió el 1 de diciembre de 2008, mientras trabajaba
en la referida obra pública como consecuencia de una descarga eléctrica, cerca a
una máquina mezcladora.

En lo que se refiere a la fuente de la descarga la Sala de primera instancia, precisó
que no existía prueba directa para determinar si esta provino de la red eléctrica o
de un rayo. No obstante, concluyó que del material probatorio valorado de forma

8 Punto en el que se refirió a la sentencia del 11 de mayo de 2017, rad. 2003-001208-01.

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Radicación: 76001-23-31-000-2010-01774-01 (67.730)
Demandante: Luz Mery Gallego Cano y otros
Demandado: Municipio de Santiago de Cali y otros
Proceso: Reparación Directa

conjunta se aprecia, por prueba indiciaria, que la descarga provino de la maquina
mezcladora, la cual «(…) se encontraba conectada a los postes de alumbrado
público del sector de la construcción y que debido a la lluvia se condujo la energía
hasta el cuerpo de la víctima (…)». Ahora, en lo que toca la imputación del daño, la
Sala atribuyó el mismo al señor Luis Fernando Buenaventura, para quien el señor
Yonny Fajardo Gallego prestó sus servicios como obrero.

Si bien, en el plenario no obra el contrato laboral por escrito, la Sala dedujo la
existencia de esa relación laboral al verificar los elementos de que trata el artículo
23 del CST. En relación con la culpa patronal adujo que se configuró por la ausencia
de prendas de protección (botas o guantes aislantes) el día de los hechos, según lo
exige el artículo 348 del CST y la falta de traslado del riesgo a una aseguradora de
riesgos profesionales. Precisó, que la responsabilidad resultaba solidaria con el
municipio «por ser dueño de la obra» pero la imputación del resultado resulta
totalmente atribuible al contratista.

Frente a los perjuicios, la Sala de primera instancia, estimó que a título de «(…)
indemnización ordinaria y plena de perjuicios, un equivalente a la pensión de
sobreviviente que debería haber asumido la administradora de riesgos laborales si
hubiera afiliado al trabajador (…)». Lo que calculó con la «fórmula matemática
financiera» que usa el Consejo de Estado, tomando como base el SMLMV y la vida
probable de los padres quienes dependían económicamente de su hijo.

En virtud de lo anterior, la Sala de primera instancia tasó la condena por concepto
de perjuicios materiales en $318’871.339.oo, en favor de los demandantes Luz Mery
Gallego Cano y Luis Eduardo Fajardo Trujillo c/u; y por concepto de perjuicios
morales se reconocieron 100 SMLMV en favor de Luz Mery Gallego Cano (madre)
y Luis Eduardo Fajardo Trujillo (padre) c/u y 50 SMLMVM en favor de Brayan
Fajardo Gallego Cano (hermano) y Heidi Yulieth Fajardo Gallego (hermana) c/u. Por
último, la referida decisión condenó a las aseguradoras llamadas en garantía,
Seguros La Previsora SA y compañía Liberty SA a cubrir el siniestro en favor de los
tomadores hasta el monto asegurado en las pólizas.

Recursos de apelación

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Radicación: 76001-23-31-000-2010-01774-01 (67.730)
Demandante: Luz Mery Gallego Cano y otros
Demandado: Municipio de Santiago de Cali y otros
Proceso: Reparación Directa

Contra la anterior decisión, elevaron recursos de apelación los apoderados de los
demandados municipio Santiago de Cali9 y Fernando Ramírez Buenaventura10, así
como la parte demandante11 y el llamado en garantía Previsora SA12.

El demandado Fernando Ramírez Buenaventura, solicitó que se revocara la
decisión de primera instancia y en su lugar se profiera sentencia absolviéndolo de
los cargos de la demanda. Expresó que en el plenario no existen elementos de juicio
para establecer las circunstancias de tiempo modo y lugar, en las que tuvo lugar la
muerte del señor Yonny Fajardo Gallego, como lo podían ser la prueba testimonial
o pericial. Agregó que le competía a la parte demandante probar los hechos de la
demanda, en especial, por alegarse la culpa patronal.

Contrario a lo concluido por el a quo, alegó que el señor Fajardo Gallego no se
encontraba laborando al momento de los hechos, comoquiera que no existen
pruebas que acrediten que se le ordenó seguir trabajando en condiciones de lluvia.
En este punto, objetó que el a quo valorara la prueba trasladada (investigación penal
adelantada por la Fiscalía 46), al no haberse controvertido en los términos del
artículo 185 del C.P.C. Por último, adujo que se configuró una culpa exclusiva de la
víctima en virtud de la condición de técnico en electricidad del señor Fajardo
Gallego, al mover por su cuenta y riesgo una mezcladora de cemento para darle
paso a un vehículo, pese a que la obra estaba suspendida por un aguacero.

En el caso de la demandada municipio de Santiago de Cali se solicitó que se
revocara la decisión del a quo y en su lugar se declare probada la excepción de falta
de legitimidad en la causa por pasiva propuesta y/o en su defecto se declare
responsabilidad exclusivamente del contratista Luis Fernando Ramírez
Buenaventura. Relató que la construcción y mantenimiento del municipio se hace a
través de contratistas externos, a través de la Secretaría de Infraestructura y
mantenimiento vial -D. 0203 del 16 de marzo de 2001, art. 213 núm. 1,2 y 3-. En
este sentido señaló que por contrato #4151.1.14.07.071-2008 del 19 septiembre de
2008, el ingeniero Ramírez Buenaventura asumió la contratación de personal bajo
su cuenta y riesgo, sin que con el municipio se estableciera ningún vínculo laboral

9 Índice 02 SAMAI “Expediente Digital” archivo 9ED_ 006 Recurso de Apelación.
10 Índice 02 SAMAI “Expediente Digital” archivo 7ED_004 Apelación parte dem.
11 Índice 02 SAMAI “Expediente Digital” archivo10ED_007Recursoapelación.
12 Índice 02 SAMAI “Expediente Digital” archivo5EDRecursoapelación

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Radicación: 76001-23-31-000-2010-01774-01 (67.730)
Demandante: Luz Mery Gallego Cano y otros
Demandado: Municipio de Santiago de Cali y otros
Proceso: Reparación Directa

– núm. 12.1-.

Expuso que el contratista es quien tiene el deber constituir una garantía única en
favor de municipio -clausula cuadragésima del contrato- y afiliar a sus empleados a
la ARP – L. 776 del 17 de diciembre 2002 y el D.L. 1295 de 1994-, como formas de
gestión del riesgo. En todo caso, arguyó la culpa exclusiva de la víctima – en los
mismos términos del recurso del demandado Ramírez Buenaventura-. Agregó que
el municipio no tiene competencia sobre el manejo del tendido eléctrico, función que
le compete a Emcali EICE ESP, entidad ante la cual el contratista debía solicitar las
autorizaciones para el uso de la red de forma externa. Por último, refirió que la
posible condena que pudiere desprenderse de los hechos de la demanda resultaba
cobijada bajo el amparo de las pólizas de seguro, suscritas por el municipio (póliza
R. extracontractual No. 1005471 de 2008) y el contratista (póliza No. 237742), con
Previsora SAA y Liberty Seguros SA -respectivamente-.

La llamada en garantía La Previsora SA expuso que la sentencia de primera
instancia vulneró su debido proceso, por no haberse referido a los argumentos de
la defensa en primera instancia. Sostuvo que no suscribió contrato con el señor
Ramírez Buenaventura ni intervino en la formación del acuerdo que este celebró
con el municipio de Santiago de Cali, punto en el que refirió que la empresa Liberty
Seguros fue la que amparó los riesgos asociados a dicho contrato, al haber otorgado
la póliza de cumplimiento.

Adujo que la póliza que suscribió con el municipio no cubre los riesgos derivados de
la contratación del municipio, ni con el fallecido como presunta víctima de omisiones
laborales en condición de trabajador de la obra contratada. Coadyuvó, la solicitud
de declarar la falta de legitimidad en la causa por pasiva del municipio y agregó que
las pruebas no dan cuenta de la relación causal entre el daño deprecado y la
conducta del municipio. Alegó que existía indebida escogencia acción, al tenerse
que la responsabilidad no podía desprenderse del ejercicio de la reparación directa,
en virtud que la misma se desprende de un accidente de trabajo -art. 216 CST-.

Frente al alcance del amparo, aseguró que el mismo llegaba hasta un 70 % de la
eventual responsabilidad, pues un 30 % le corresponde a la aseguradora
Colseguros SA, en virtud de lo pactado en la póliza No. 1005471, su monto se eleva
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Radicación: 76001-23-31-000-2010-01774-01 (67.730)
Demandante: Luz Mery Gallego Cano y otros
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hasta el valor asegurado, su cobertura solo cobija el daño frente a terceros- el cual
no es el caso del señor Fajardo Gallego quien tenía una relación laboral- y el amparo
cobija el «exceso de la responsabilidad del contratista».

Por último, la parte demandante elevó recurso de apelación a efecto que se
modifique la sentencia de primera instancia en sus numerales tercero, cuarto y
séptimo, con la finalidad que se profiera condena por mayores perjuicios y obtener
el reconocimiento de la indemnización de perjuicios por concepto de la vulneración
de la vida de relación. Frente a los perjuicios morales, adujo que debían tasarse en
cuantía superior a los 500 SMLMV, al considerar que la sentencia de unificación del
28 de agosto de 2014, rad (26.251) no resulta aplicable a su caso al radicarse la
demanda en el año 2010.

En relación con la tasación de los perjuicios morales, adujo que debió reconocerse
frente a un monto mayor al SMLMV, al tenerse que no se pudo probar un monto
mayor de ingresos por la reticencia de la demandada en presentar al testigo
Graciliano Quiñonez. Por último, frente al daño en la vida en relación adujo que al
momento de radicarse la demanda esta categoría de perjuicio aún resultaba vigente
y al momento de muerte el señor Fajardo Gallego, este gozaba de buena salud.

Trámite en la segunda instancia

En audiencia del 13 de julio de 2021, el tribunal concedió los recursos de
apelación13. Allegado el proceso al Consejo de Estado, por auto del 3 de diciembre
de 202114 el despacho sustanciador admitió los recursos interpuestos y por decisión
del 1 de abril de 202215 se dio traslado a las partes para alegar de conclusión. Dicha
oportunidad fue empleada por los demandados Fernando Ramírez Buenaventura16,
la llamada en garantía La Previsora SA17 y Liberty Seguros SA18 y la parte
demandante19, para reiterar los argumentos expuestos en los recursos de apelación

13 Índice 00088 SAMAI Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
14 Índice 004 SAMAI.
15 Índice 010 SAMAI.
16 Índice 014 SAMAI
17 Indice 0015 SAMAI
18 Indice 0017 SAMAI
19 Indice0018 SAMAI

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Radicación: 76001-23-31-000-2010-01774-01 (67.730)
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y a lo largo de la primera instancia.

Además de los referidos argumentos, en los alegatos elevados por el apoderado de
la Previsora SA, se adujo que la cobertura de la póliza 1005471 ampara la
responsabilidad civil extracontractual del municipio «en las actividades del municipio
de Santiago de Cali», por lo cual la muerte del señor Fajardo no está bajo dicha
cobertura, al haber tenido lugar en el desarrollo de una actividad laboral de orden
contractual.

Por su parte, el apoderado de la llamada en garantía Liberty Seguros, agregó en
esta oportunidad que la Sala no debía dar valor probatorio a las imágenes con las
cuales el a quo estructuró la prueba indiciaria al no existir certeza del momento en
que fueron captadas y/o su autenticidad. El mencionado apoderado también insistió
que en el plenario no existe prueba directa que la maquina mezcladora estaba
conectada a los postes de luz, de lo cual dedujo que la prueba indiciara resulta
desvirtuada, al estimar que no resultaba suficiente acreditar que el señor murió
cerca a dicha maquina y unos cables, para tener por causa del daño una
electrocución proveniente del contacto con estos. De igual forma señaló que el a
quo se extralimitó en el reconocimiento de perjuicios al reconocer la indemnización
por lucro cesante con sobre la presunción que el occiso devengaba 1 SMLMV, que
sus padres dependían económicamente de él y sin tener en cuenta los requisitos
para acceder a la pensión de sobrevivientes del art. 46 de la Ley 100 de 1993.

CONSIDERACIONES

1. La demanda se presentó el 26 de marzo de 2010; por lo tanto, el régimen
aplicable es el Código Contencioso Administrativo –en adelante CCA–. Conforme
al artículo 266 del C.C.A., en los procesos iniciados antes de la vigencia de ese
código, los recursos interpuestos, los términos que comenzaron a correr y las
notificaciones en curso, se rigen por la ley vigente al momento de esas
actuaciones.

2. Por su parte, el artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo (en adelante, CPACA) –que empezó a regir

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Radicación: 76001-23-31-000-2010-01774-01 (67.730)
Demandante: Luz Mery Gallego Cano y otros
Demandado: Municipio de Santiago de Cali y otros
Proceso: Reparación Directa

desde el 2 de julio de 2012– prevé que las actuaciones administrativas, las
demandas y procesos que se encontraran en curso a la fecha de su entrada en
vigor, seguirían rigiéndose y culminarían conforme al régimen jurídico anterior, esto
es, el CCA. Adicionalmente, conforme al artículo 267 del CCA, en los aspectos no
regulados se seguiría el Código de Procedimiento Civil (en adelante, CPC) en lo
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo.

I. Presupuestos procesales

Jurisdicción y competencia

3. En principio la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral, conoce de las
controversias que recaen sobre «1. Los conflictos que se originen directa o
indirectamente en el contrato de trabajo» (art. 2 Código Procesal del Trabajo y de
la Seguridad Social)20. Por ende, una controversia que surja en el marco de una
relación de trabajo, a prima facie debe conocerse por dicha jurisdicción; sin
embargo, el conocimiento del litigio podrá ser asumido por esta jurisdicción, con
fundamento el artículo 82 del CCA modificado por el artículo 1 de la Ley 1107 de
2006, por configurarse el fuero de atracción21.

20 En este se precisa que la Corte Constitucional al pronunciarse sobre los conflictos de jurisdicción suscitados

en controversias que tienen su objeto en un contrato de trabajo, a deferido su conocimiento a la jurisdicción
ordinaria en su especialidad laboral. Inclusive, tratándose de un subcontrato donde los cocontratantes no era
personas de derecho público remitió el asunto a la jurisdicción ordinaria: Auto del 1 de febrero de 2023, No. 072
de 2023 exp. CJU-1393, MP José Fernando Reyes Cuartas. En efecto, aún cuando se persiga la declaración
del contrato de trabajo y a su vez se persiga la responsabilidad solidaria de una entidad de derecho público, la
competente resulta la jurisdicción ordinaria: Auto del 12 de agosto de 2022 No. 1146 de 2022, CJU-1228 MP
Alejandro Linares Cantillo.
21 Al respecto ver sentencias: Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, CP

Ruth Stella Correa Palacio, Sentencia del 11 de noviembre de 2009, Rad: 19001-23-31-000-1996-07003-
01(17380) [ Fundamento de derecho 1]; Sección Tercera, CP Mauricio Fajardo Gómez, Sentencia del 29 de
agosto de 2007, rad: 25000-23-26-000-1995-00670-01(15526) [ Fundamento de derecho 2.2]. En esta última
se precisó: (…) Sin embargo, en relación con el factor de conexión el cual, como se advierte, es el que da
lugar a la aplicación del denominado “fuero de atracción” la Sala estima oportuno destacar que su operatividad
resulta procedente siempre y cuando desde la formulación de las pretensiones y la presentación del soporte
probatorio de las mismas en el libelo contentivo de la demanda, pueda inferirse que existe una probabilidad
mínimamente seria de que la entidad o entidades públicas demandadas, por cuya implicación en la litis resultaría
competente el juez administrativo, sean efectivamente condenadas. Tal circunstancia es la que posibilita al
mencionado juez administrativo adquirir y mantener la competencia para fallar el asunto en lo relativo a las
pretensiones enderezadas contra aquellos sujetos no sometidos a su jurisdicción fuero de atracción, incluso
en el evento de resultar absueltas, por ejemplo, las personas de derecho público, igualmente demandadas, cuya
vinculación a la litis determina que es la jurisdicción de lo contencioso administrativo la llamada a conocer del
pleito, atendidos los otros cuatro factores atributivos de competencia recién referidos. (…)
12

Radicación: 76001-23-31-000-2010-01774-01 (67.730)
Demandante: Luz Mery Gallego Cano y otros
Demandado: Municipio de Santiago de Cali y otros
Proceso: Reparación Directa

Lo anterior, al verificarse de los hechos y pruebas conocidos con la demanda
motivos serios22 para considerar que el daño endilgado puede tener su fuente en
la actividad de una persona de derecho público, con independencia que, en la
sentencia que resuelva la controversia de fondo, se concluya la ausencia de
participación real de la entidad pública en la generación del daño.

Ahora bien, en el plenario no se aportó copia de un contrato de trabajo celebrado
entre el señor Fernando Ramírez Buenaventura (contratista) y el señor Yonny
Fajardo Gallego (subcontratista); no obstante, en relación con dicha relación
laboral, en la contestación se reconoció de forma expresa por parte del apoderado
del señor Luis Fernando Ramírez Buenaventura, que «(…) el joven YONNY
FAJARDO GALLEGO cumplía su segundo día laboral (…) » -hecho cuarto-, lo que
en términos del artículo 193 del CPC23, permite tener por acreditado que entre los
señores Ramírez Buenaventura y Fajardo Gallego existió una relación laboral, en
los términos de los artículos 22 y 23 del Código Sustantivo del Trabajo -ahora CST.

Previsto lo anterior, para la Sala existen dentro de los hechos alegados
imputaciones serías de responsabilidad contra el municipio de Santiago de Cali,
en su calidad de entidad contratista dueña de la obra, que revisten el mérito
suficiente para conservar la jurisdicción, en virtud del fuero de atracción. En efecto,
al tenerse probado en el expediente que la muerte del señor Yonny Fajardo
Gallego tuvo su origen en una electrocución (ver ut infra), susceptible de calificarse
como un accidente de trabajo en el marco de la ejecución de una obra pública, se
estima que las alegaciones efectuadas en la demanda frente al presunto
incumplimiento por parte del municipio de Santiago de Cali – Secretaria de
Infraestructura y Valorización de sus obligaciones y deberes -derivados de la

22 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, CP Ruth Stella Correa Palacio,

Sentencia del 11 de noviembre de 2009, Rad: 19001-23-31-000-1996-07003-01(17380) [ Fundamento de
derecho 1]. Allí se se precisó (…) No sobra agregar que la imputación del daño a la entidad pública, que permite
la aplicación del fuero de atracción debe ser seria, es decir, estar debidamente fundamentada. Asunto distinto
es que, de acuerdo con los criterios jurídicos y las pruebas que obran en el expediente, el juez, en la sentencia,
llegue a la conclusión de que la entidad pública no es responsable del daño. (…) Reiterado en, Subsección B,
Sentencia del 5 de diciembre de 2016, rad: 25000-23-26-000-2005-00996-01(38806) [ Fundamento de derecho
9.4] (…) 9.4. Es de anotar que la competencia para declarar la responsabilidad de la persona pública o privada
atraída se adquiere de forma definitiva y no provisional ni condicionada, en aplicación del principio de la
perpetuatio jurisdictionis, lo que significa que no está sujeta a la prosperidad de las pretensiones elevadas en
contra de la entidad pública22, pero sí requiere de un fundamento jurídico y fáctico sólido. (…)
23 (…) ARTÍCULO 193. CONFESIÓN POR APODERADO JUDICIAL. La confesión por apoderado judicial

valdrá cuando para hacerla haya recibido autorización de su poderdante, la cual se entiende otorgada para la
demanda y las excepciones, las correspondientes contestaciones, la audiencia inicial y la audiencia del proceso
verbal sumario. Cualquier estipulación en contrario se tendrá por no escrita. (…)
13

Radicación: 76001-23-31-000-2010-01774-01 (67.730)
Demandante: Luz Mery Gallego Cano y otros
Demandado: Municipio de Santiago de Cali y otros
Proceso: Reparación Directa

supervisión, vigilancia y seguimiento del contrato de obra, frente a las medidas de
seguridad y previsión de accidentes– hecho 3.14-; ameritan un pronunciamiento
de la jurisdicción, en relación de la posible imputación del daño al municipio de
Santiago de Cali por falla del servicio (ver ut infra).

En virtud de los anteriores razonamientos, a juicio de la Sala se cuenta con
jurisdicción en esta instancia, al no poderse descartar la responsabilidad del
municipio de Santiago de Cali por este hecho, sin una valoración conjunta de las
pruebas-art. 187CPC-, propia de una sentencia judicial, sin perjuicio que en la
presente decisión se denieguen las pretensiones frente a la entidad estatal
demandada.

Por otra parte, el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para
estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 del C.C.A., según el cual
conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos. Así mismo, esta corporación es
competente en razón a la cuantía pues, de conformidad con el artículo 20.2 del
C.P.C., el valor de la pretensión mayor supera los 500 S.M.LM.V. exigidos por el
artículo 132.6 del C.C.A, esto es, $257.500.00024.

Acción procedente

4. La reparación directa es la acción idónea para perseguir la declaratoria de
responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un
hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta
a un contrato estatal o un acto administrativo25, cuya legalidad no se cuestiona.

5. En este caso por imputarse la responsabilidad patrimonial del municipio de
Santiago de Cali, derivada de la falla del servicio por el incumplimiento de sus
deberes frente a supervisión, vigilancia e interventoría de la obra (art. 14 L.80 de

24 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2010, $515.000, por 500.
25 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por

actos administrativos cuya legalidad no se encuentra demandada. Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303 y sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421 [fundamento
jurídico 3].
14

Radicación: 76001-23-31-000-2010-01774-01 (67.730)
Demandante: Luz Mery Gallego Cano y otros
Demandado: Municipio de Santiago de Cali y otros
Proceso: Reparación Directa

1993) del contrato N° 4151.1.14.07.071.200826 y el daño derivado de las presuntas
omisiones en que incurrió el señor Luis Fernando Ramírez Buenaventura en la
alegada calidad de empleador del difunto Yonny Fajardo Gallego- culpa patronal -
art. 216 CST-y de la cual puede derivar la responsabilidad solidaria del municipio de
Santiago de Cali -art. 34 CST-.

Demanda en tiempo

6. De acuerdo con el artículo 136.8 del CCA, se cuenta con un término de dos
(2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u
operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del
inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra
causa. En el presente caso, se acreditó que la muerte del señor Yonny Fajardo
Gallego tuvo lugar el 1 de diciembre de 2008, según consta en su registro civil de
defunción27, en este sentido la demanda se interpuso cuando no había operado la
caducidad el 26 de marzo de 2010. Anotando que el cómputo de la caducidad estuvo
suspendido entre el 25 de agosto de 2009 y el 13 de octubre de 2009, mientras se
agotó la conciliación prejudicial, según se hizo constar en constancia de la
Procuradora 57 Judicial I para Asuntos Administrativos28.

Legitimación en la causa

7. Los integrantes de la parte demandante se encuentran legitimados en la
causa por activa, en vista que acreditaron su parentesco con el señor Yonny Fajardo
Gallego. En el caso de los señores Luz Mery Gallego Cano y Luis Eduardo Fajardo
Trujillo demostraron su calidad de padres del occiso con el registro civil de víctima
obrante en el plenario29. Por su parte, los señores Brayan Fajardo Gallego y Heidi
Julieth Fajardo Gallego demostraron ser hermanos de la víctima directa y menores
de edad al momento de interponer la demanda con sus registros civiles de
nacimiento30.

26 Índice 02 SAMAI “Expediente Digital” archivo: 31 ED_ Digitaliza_ 202102188343 Páginas 5 a 16.
27 Índice 02 SAMAI “Expediente Digital” archivo26ED_ Digitaliza_202102183338 Página 18
28 Ibidem pp. 51 y 52.
29 Índice 02 SAMAI “Expediente Digital” archivo 26ED_ Digitaliza_202102183338 Página 11
30 Índice 02 SAMAI “Expediente Digital” archivo26ED_ Digitaliza_202102183338 Pagina 12 y 13. Fecha de

nacimiento de Brayan Fajardo 5 de diciembre de 1996; fecha de nacimiento de Heidi Julieth Fajardo Gallego24
de diciembre de 1999.
15

Radicación: 76001-23-31-000-2010-01774-01 (67.730)
Demandante: Luz Mery Gallego Cano y otros
Demandado: Municipio de Santiago de Cali y otros
Proceso: Reparación Directa

8. En el caso de las demandadas, se tiene por legitimado en la causa al señor
Luis Fernando Buenaventura, quien reconoció en la contestación de la demanda
que el señor Yonny Fajardo Gallego fue vinculado laboralmente31 para
desempeñarse como obrero en la ejecución del contrato de obra No
4151.1.14.07.071.2008.32. De igual forma, se tendrá por legitimado en la causa al
municipio de Santiago de Cali, en virtud de su calidad de entidad contratante de la
referida obra pública, sin perjuicio de los cargos sobre la falta de legitimidad en la
causa elevados por el municipio en la apelación, los cuales serán abordados al
resolverse lo relativo a la imputación del daño endilgado en la demanda.

II. Problema jurídico

9. Vista la argumentación expuesta en el recurso de apelación, en los alegatos
de conclusión y las consideraciones elevadas en la decisión de primera instancia,
a juicio de la Sala, se deberá establecer si el deceso del señor Yonny Fajardo
Gallego en los hechos del 1 de diciembre de 2008, tiene su causa en la descarga
eléctrica proveniente de una máquina mezcladora que presuntamente manipuló. En
caso afirmativo, deberá precisarse por la Sala si el referido daño resulta imputable
al señor Luis Fernando Ramírez Buenaventura -contratista- en su calidad de
empleador y al municipio de Santiago de Cali, en su calidad de dueño de la obra.
Punto donde deberá examinarse si operó un eximente de responsabilidad
predicable de una fuerza mayor o del hecho de la propia víctima.

Responsabilidad de la administración por los daños soportados en el marco
de una obra pública -subcontratistas con vínculo laboral-.

10. En lo que se refiere a los daños que encuentran su causa directa en los
trabajos de construcción, mantenimiento y/ o rehabilitación de obras públicas, la
corporación ha estudiado la imputación de responsabilidad que puede
desprenderse de las mismas bajo varios regímenes. Se ha considerado, que frente

31 A través del maestro de obra Graciliano Quiñones.
32 Índice 02 SAMAI “Expediente Digital” archivo: 31 ED_ Digitaliza_ 202102188343 Páginas 5 a 16.

16

Radicación: 76001-23-31-000-2010-01774-01 (67.730)
Demandante: Luz Mery Gallego Cano y otros
Demandado: Municipio de Santiago de Cali y otros
Proceso: Reparación Directa

a terceros33 y usuarios34, la imputación del daño puede derivarse de la aplicación
del régimen objetivo de responsabilidad, por la creación de un riesgo o daño
especial35, en ausencia de la configuración de una falla del servicio36.

11. Por otro lado, en los casos en los que el afectado sea un operador de la obra
–ej.: contratistas y subcontratistas-37, se ha dado aplicación de un régimen subjetivo
de responsabilidad, ya sea la falla del servicio38 o la culpa patronal -art. 216 CST-39.
A juicio de esta Sala, tratándose de los casos en los que el afectado sea un
subcontratista vinculado laboralmente con el contratista -persona de derecho

33 Sobre el régimen aplicable a terceros y la preferencia del régimen subjetivo para estos casos ver: Consejo de

Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 19 de julio de
2023, rad. 68001233100020120012701(58.482) [Fundamento de derecho 12 y 13] Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, Sentencia del 6 de junio de 2012, rad: 52001-23-31-000-1999- 01113-01(24592)
[Fundamento de derecho 5]
34 A título de ilustración Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección

C, Sentencia del 19 de julio de 2023, rad. 68001233100020120012701(58.482) [Fundamento de derecho 12 y
13]. Caso de usuaria de obras de recuperación «El Tablazo».
35 A título de ilustración, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera en

sentencia del 8 de abril de 2024, CP María Adriana Marin rad. 25000-23-36-000-2013-02242-02 (64.860)
[Fundamento jurídico 5], obras del sistema de Transmilenio que impidieron la operación de un establecimiento
de comercio.
36 Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, CP: Mauricio Fajardo Gomes,

Sentencia del 7 de junio de 2007, Rad: 76001-23-31-000-1995-02796-01(16089) [Fundamento de derecho
2.2.1] Sentencia citada en Subsección B, Martín Bermúdez Muñoz, Sentencia del 20 de mayo de 2024, rad.
05001-23-31-000-2010-01409-01 (55036) [Fundamento de derecho 12 y 13].
37 Vale precisar que algunos despachos de la Sección Tercera, la valorar que de los hechos no es posible

predicar una concausalidad de han remitido asuntos a la jurisdicción ordinaria. A título de ilustración ver Consejo
De Estado Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección Tercera – Subsección A CP: Marta Nubia Velásquez
Rico, Sentencia del 18 de marzo de 2022, Rad: 68001-23-31-000-2012-00131-01 (58316) acumulado con el
proceso 68001-23-31-000-2012-00179-01 (55528) [Fundamento de derecho 1.1]; Sección Tercera - Subsección
A, CP: José Roberto Sáchica Méndez, Auto Del 6 de mayo De 2024, Rad.: 68001-23-31-000-2004-02060-01
(52623).
38
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, CP Myriam Guerrero Escobar,
Sentencia del 29 de enero de 2009, rad. 660012331-000-1997-03728-01 (16689) [ Fundamento de derecho
6.2]. Allí se precisó: (…) Tratándose de la ejecución de obras públicas la jurisprudencia ha manejado distintos
regímenes de responsabilidad según sea la calidad de la víctima que sufre el daño, el operador, es decir la
persona que ejecuta la obra, el usuario o el tercero, bajo el entendido que si se trata del operador que ejecuta
una obra pública en beneficio de la administración, el régimen aplicable sería el de la responsabilidad subjetiva
bajo el título de imputación de la falla del servicio. En cambio, por regla general, un tratamiento distinto operó si
la víctima del daño era el usuario o el tercero, porque en estos casos el régimen adecuado sería el de la
responsabilidad objetiva, y en este escenario, en algunas oportunidades privilegió el título de imputación del
riesgo creado y en otros casos habló del daño especial por el rompimiento del principio de igualdad antes las
cargas públicas. (…) Otras providencias donde se ha empleado el régimen de subjetivo por fallar del servicio:
Subsección A, en sentencia de 24 de julio de 2013, rad: 44001-23-31-000-2001-00706-01 (25.640); CP Mauricio
Fajardo Gómez [ Fundamento de derecho 6] ; Subsección A, Sentencia del 12 de febrero de 2015, CP Henrán
Andrade Rincón (e), rad: 68001-23-15-000-1999-00921-01(31318) [ Fundamento de derecho 2]
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Martín Bermúdez

Muñoz, Sentencia del 17 de junio de 2024, rad. 66001-23-31-000-2011-00091-01 (55557) [ Fundamento de
derecho 15 y 24]. Allí se consideró: «(…) 15.- La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que negó
las pretensiones de la demanda. Esta decisión se adopta porque, en contra de lo afirmado por la demandante
en su recurso de apelación, no está demostrado en el proceso que la empleadora de la víctima directa
hubiese incurrido en una culpa patronal que comprometa la responsabilidad del Invías como dueño de
la obra, en virtud de la solidaridad establecida en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo. En
este caso, por el contrario, está probado que la empleadora capacitó a la víctima en el cargue y desargue de
volquetas; lo instruyó en que la forma adecuada de descargar dicho vehículo era por la parte lateral y no por la
parte trasera. Los medios de prueba permiten inferir que la indebida ubicación de la víctima directa en el
momento del accidente, que fue determinante en la causación del daño, obedeció a su propia imprudencia y no
a una culpa del empleador.(…)»( negrilla por fuera del original)
17

Radicación: 76001-23-31-000-2010-01774-01 (67.730)
Demandante: Luz Mery Gallego Cano y otros
Demandado: Municipio de Santiago de Cali y otros
Proceso: Reparación Directa

privado- por reunirse los elementos del artículo 23 del Código Sustantivo del
Trabajo40, deberá darse aplicación al régimen subjetivo de responsabilidad previsto
por el artículo 216 del CST -culpa patronal-41. Sin embargo, el conocimiento de
dichos hechos es excepcional42, en la medida que el asunto solo puede ser objeto
de pronunciamiento de la jurisdicción contencioso- administrativa por configurarse
el fuero de atracción, lo que en todo caso no desplaza el régimen jurídico43 aplicable

40 (…) Artículo 23. Elementos esenciales, 1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos

tres elementos esenciales:
a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;
b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para
exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo,
e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin
que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o
convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país; y
c. Un salario como retribución del servicio.
2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y
no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen.
(…)”
41 Sobre la aplicación del régimen subjetivo de culpa patronal en esta jurisdicción ver: Consejo de Estado Sala

de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 17 de junio de 2024 rad. 66001-
23-31-000-2011-00091-01 (55557), M.P. Martín Bermúdez Muñoz [ Fundamento de derecho 15]. Consejo de
Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 20 de mayo de
2024, rad:050012331000201001409-01 (55.036) , M.P. Martín Bermúdez Muñoz [ Fundamento de derecho 10].
Por otro lado, sentencias de esta jurisdicción pese a identificar como aplicable el régimen jurídico laboral,
estiman que es improcedente acumular la responsabilidad contractual laboral y extracontractual del Estado
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 4 de
julio de 2023, rad. 73001-23-31-000-2010-00408-021 (60.784), C.P.José Roberto Sáchica [ Fundamentos de
derecho 48,49 y 50]. A título de ilustración allí se precisó: «48. En esas condiciones, la fuente de la
responsabilidad solidaria atribuida a Fertécnica S.A., en virtud de las subcontrataciones por ella realizadas recae
en una relación contractual de naturaleza laboral, aspecto que no puede evaluar esta Sala, pues debieron ser
materia de discusión dentro de un proceso de responsabilidad contractual que los beneficiarios del trabajador
fallecido debieron promover contra su empleador66 y, en su caso, si así lo consideraban, solidariamente a la de
la entidad estatal y/o las empresas (cadena de contratistas) beneficiarias del trabajo67, en los términos previstos
en el artículo 34 del CST68 . (…)50. En este contexto, lo relacionado con los sujetos de derecho privado
demandados y llamados en garantía (Fertécnica S.A, Polyuprotec S.A. y el señor Ángel Viña) debe dirimirse al
amparo de los institutos que la ley tiene reservados frente a la respectiva relación contractual - laboral, sin que
exista una regla legal que habilite a la jurisdicción administrativa para desplazar al juez natural y acumular tal
controversia a una de reparación directa. Por ende, ante la falta de concurrencia de los supuestos para recurrir
al fuero de atracción, la Sala declarará la falta de jurisdicción para conocer de la responsabilidad reclamada
respecto de Fertécnica S.A. con el fin de que indemnicen los perjuicios causados por la muerte de José
Guillermo Morales Laverde, situación que, conforme se probó, ocurrió en cumplimiento de la relación laboral
que existía entre éste y Ángel Viña, subcontratista de Polyuprotec S.A. y, ésta a su vez, de Fertécnica S.A.(…)»
También ver: Consejo De Estado Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección Tercera – Subsección A C.P:
Marta Nubia Velásquez Rico, Sentencia del 18 de marzo de dos mil veintidós (2022) Rad: 68001-23-31-000-
2012-00131-01 (58316) acumulado con el proceso 68001-23-31-000-2012-00179-01 (55528), CP Marta Nubia
Velásquez Rico [ Fundamento de derecho 1.2.2 ]
42 Sobre la excepcionalidad del fuero de atracción se consideró en el antecedente de la corporación: (…) En

suma, en virtud de la garantía del juez natural, del derecho a que un asunto sea definido de acuerdo con la
normativa previamente definida y del carácter de orden público de las normas que rigen la jurisdicción, la
aplicación del fuero de atracción debe ser excepcional, porque la modificación de las autoridades legalmente
facultadas para conocer de una controversia no pueden quedar al arbitrio de las partes, máxime cuando cada
una de las jurisdicciones que se encuentran establecidas en nuestro ordenamiento jurídico, verbigracia la
ordinaria o de lo contencioso administrativo, tienen acciones y procesos propios que atienden a la naturaleza
sustancial de los asuntos que han sido puestos bajo su consideración.(…) Consejo De Estado Sala De Lo
Contencioso Administrativo Sección Tercera – Subsección A CP: Marta Nubia Velásquez Rico, Sentencia del
18 de marzo de 2022, Rad: 68001-23-31-000-2012-00131-01 (58316) acumulado con el proceso 68001-23-31-
000-2012-00179-01 (55528)[ Fundamento de derecho 1.1]
43
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, C.P., Danilo
Rojas Betancourth, Sentencia del 5 de diciembre de 2016, Rad25000-23-26-000-2005-00996-01(38806) [
18

Radicación: 76001-23-31-000-2010-01774-01 (67.730)
Demandante: Luz Mery Gallego Cano y otros
Demandado: Municipio de Santiago de Cali y otros
Proceso: Reparación Directa

a las referidas relaciones laborales (ver ut supra).

12. En este sentido, en el examen de causalidad deberá examinarse y distinguir
los hechos que resulten atribuibles a la conducta de la persona de derecho privado
que funge como contratista/empleador de los que resulten directamente imputables
a la conducta de la entidad estatal contratante, quien no funge como empleadora.

13. Frente a los perjuicios que resulten imputables al contratista/empleador, se
deberá dar aplicación al régimen subjetivo de responsabilidad previsto en el artículo
216 ejusdem44, escenario en el cual, la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia precisó que la carga de la prueba recae sobre el demandante,
salvo que se impute la violación de las obligaciones de seguridad y protección,
evento donde opera una inversión de la carga de la prueba –en favor del empleado-
45, siempre que se acredite el nexo causal entre el incumplimiento patronal y el

accidente de trabajo46. En este caso la responsabilidad que puede predicarse de la
entidad demandada, con fundamento en la garantía legal o solidaridad47 prevista en

Fundamento de derecho 5]. Postura reiterada en sentencia del 30 de noviembre de 2017, Rad 44760, M.P.
Ramiro Pazos Guerrero [Fundamento de derecho 101].
44 (…) Artículo 216. Culpa del empleador Cuando exista culpa suficiente comprobada del {empleador} en la

ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, está obligado a la indemnización total y
ordinaria por perjuicios pero del monto de ella debe descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas
en razón de las normas consagradas en este Capítulo. (…)
45 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 15 de septiembre de 2021, exp. SL1730-

2020 (82711), acta 19, MP: Jorge Luis Quiroz Alemán: “(…) en principio, le corresponderá a la víctima o a sus
beneficiarios demostrar la culpa del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo, como fuente de la
responsabilidad prevista en el artículo 216 del estatuto laboral.(…) Así mismo, la jurisprudencia del trabajo ha
explicado que los afectados con el siniestro bien pueden imputar al empleador el incumplimiento de las
obligaciones de seguridad y protección, como causa fundamental del accidente de trabajo. Bajo esta segunda
hipótesis, la carga de la prueba queda en cabeza del dador del laborío, quien deberá demostrar su diligencia o
la existencia de un eximente de responsabilidad, en los términos atrás descritos”.
46 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia del 1 de julio de 2020, M.P. Fernando Castillo

Cadena, exp. SL2336-2020 (72972) «(…) en cuanto a que para que se cause la indemnización ordinaria y plena
de perjuicios consagrada en el literal b), artículo 12 de la Ley 6ª de 1945 (sector oficial) y en el Art. 216 CST
(sector particular), debe encontrarse suficientemente comprobada la culpa del empleador en la ocurrencia del
accidente de trabajo o la enfermedad profesional, de modo que su establecimiento amerita, además de la
demostración del daño originado en una actividad relacionada con el trabajo, la prueba de que la afectación
a la integridad o salud fue consecuencia o efecto de la negligencia o culpa del empleador en el
acatamiento de los deberes que le corresponden de velar por la seguridad y protección de sus
trabajadores. La causalidad, es decir, la relación de causa-efecto que debe existir entre la culpa patronal
y el daño, a más de ser un elemento sine qua non de la responsabilidad plena y ordinaria de perjuicios del
empleador, es una pauta de justicia, en la medida que, nadie está obligado a resarcir un daño sino cuando ha
dado causa o contribuido a él (…)» (negrilla por fuera del original).
47 Frente a la naturaleza de la responsabilidad solidaria por a garantía legal prevista en el artículo 34 del CST,

se tiene que la Sala Laboral la Corte Suprema de Justicia conceptuó: “(…) Esta figura jurídica no puede
asimilarse ni confundirse con la vinculación laboral (como parece hacerlo la oposición), pues tiene cada
una alcances y consecuencias distintas. Es claro que la vinculación de carácter laboral es con el contratista
independiente y que el obligado solidario no es más que un garante para el pago de sus acreencias, de
quien, además, el trabajador puede también exigir el pago total de la obligación demandada, en atención al
establecimiento legal de esa especie de garantía. Y no por ello puede decirse que se le esté haciendo extensiva
la culpa patronal al Municipio demandado. No, la culpa es del empleador, pero los derechos respecto de los
salarios, las prestaciones e indemnizaciones (como lo enuncia el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo)
que de ella emanan son exigibles a aquel en virtud, como atrás se anotó, de haberse erigido legalmente la
19

Radicación: 76001-23-31-000-2010-01774-01 (67.730)
Demandante: Luz Mery Gallego Cano y otros
Demandado: Municipio de Santiago de Cali y otros
Proceso: Reparación Directa

el -artículo 34 del CST-, como propietaria de la obra, siempre que la construcción,
rehabilitación o mantenimiento de obras públicas corresponda al giro normal de sus
negocios o se inscriba en el marco de sus competencias -según sea el caso-48.

14. Por otro lado, frente el hecho dañoso que se predique directamente de los
hechos u omisiones imputables a la(s) entidad(es), ya no por el solo hecho de ser
propietaria de la obra -art. 34 CST-, el régimen de responsabilidad deberá ser
examinado de forma independiente, según se desprenda del examen de los hechos
de la demanda. Como es el caso de los escenarios, en los que se puede perseguir
la responsabilidad estatal, por falla del servicio que se deriva de la infracción de los
deberes de supervisión y vigilancia de la obra, en relación con las condiciones de
seguridad49.

La ausencia de acreditación del nexo causal en el caso para poder imputar
responsabilidad a las demandadas.

15. Hechas las anteriores precisiones, para la Sala pese a que se acreditó el
daño padecido por los integrantes de la parte demandante con el Registro Civil de
Defunción del señor Yonny Fajardo Gallego, donde se dejó consignado que éste,
murió el 1 de diciembre de 200850, las pruebas obrantes en el plenario resultan
insuficientes para dilucidar la atribución causal del daño alegado en la demanda, a
las entidades demandadas y al señor Ramírez Buenaventura. En relación con los
elementos de juicio aportados al plenario se acreditó que:

solidaridad que estableció el estatuto sustantivo laboral, en procura de proteger los derechos de los asalariados
o sus causahabientes. (…)”(negrilla por fuera del original Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,
Sentencia del 26 de septiembre de 2000 rad 14038, acta No42 M.P. Luis Gonzalo Toro Correa.
48
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencia del 29 de noviembre de 2022. Rad. 86844,
(…)”En este orden, la solidaridad de que trata dicha preceptiva supone la existencia de un encargo al contratista,
esto es, el desarrollo de un servicio o la realización de una obra y, además, que las actividades entre el
contratante o dueño de la obra y la contratista sean afines, similares, conexas o complementarias, así se
desprende de los dos supuestos previstos en la disposición que se acaba de reproducir, lo que significa que no
cualquier actividad desarrollada por el contratista o el trabajador puede generar el pago solidario de las
obligaciones laborales. En este sentido se precisó en la sentencia CSJ SL3774-2021: «Recuérdese que en los
términos del artículo 34 del CST, son dos los requisitos para que proceda la solidaridad del contratante frente a
su contratista, a saber: ser beneficiario de la obra o del servicio contratado y, que las actividades ejecutadas por
la contratista a favor de la contratante no se traten de labores extrañas a las actividades normales de esta última
(CSJ SL3718-2020) Al respecto, la Sala ha reiterado que las actividades contratadas deben ser afines con las
labores propias y ordinarias de la parte contratante; y que no cualquier actividad desarrollada por el contratista
o el trabajador puede generar el pago solidario de las obligaciones laborales (…)»
49 Al respecto ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,

Sentencia del 14 de octubre de 2021, Rad: 76001-23-31-000-2009-00703-02(53448)CP Jaime Enrique
Rodríguez Navas [ Fundamento de derecho 4.5]
50 SAMAI índice 2 “Expediente Digital”: Archivo 26ED_ Digitaliza página 18.

20

Radicación: 76001-23-31-000-2010-01774-01 (67.730)
Demandante: Luz Mery Gallego Cano y otros
Demandado: Municipio de Santiago de Cali y otros
Proceso: Reparación Directa

En primer lugar, se demostró la relación jurídica entre el señor Luis Fernando
Ramírez Buenaventura y el municipio de Santiago de Cali- Secretaría de
Infraestructura Vial estuvo medida por contrato de obra No. 4151.1.14.07.071.2008
suscrito, el 19 de septiembre de 2008, cuyo objeto fue:

«(…) Cláusula Segunda: Objeto: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL
CONTRATANTE aprecios unitarios fijos sin reajuste y en los términos que señala
este contrato todas las obras y trabajos necesarios para el MANTENIMIENTO DE VIA
SIN PAVIMENTAR CORREGIMIENTO EL HORMIGUERO ALEDAÑO AL COLEGIO
PIO XII COMUNA 52, según el cuadro de Cantidades y Precios (anexo No. 1, que
forma parte integral del presente contrato. (…). 2.2. EL CONTRATISTA aportará todos
los equipos, maquinaria, mano de obra, servicios profesionales , técnicos o accesorios
y en general cualquier otro elemento o servicio que requiera para el cabal
cumplimiento del objeto antes descrito (…)51

El plazo de ejecución52 del este acuerdo transcurrió entre el 27 de octubre de 2008,
hasta el 10 de diciembre del 2008, según el Acta de liquidación final de Contrato No.
4151.1.14.07.071.2008, obrante en el expediente53.

En segundo lugar, se acreditó que entre el señor Yonny Fajardo Gallego y el señor
Fernando Ramírez Buenaventura existió una relación de carácter laboral, desde el
30 de noviembre de 2008, circunstancia que fue reconocida en la contestación de
la demanda (ver ut supra).

En tercer lugar, se acreditó en el expediente que la causa de muerte del señor Yonny
Fajardo Gallego fue producto de una descarga eléctrica, en el Informe Pericial de
Necropsia N°200801076001002612, se consignó: «(…) Muerte por asfixia,
secundaria, a la electrocución, compatible con muerte violenta (…)»

Precisado los anteriores hechos acreditados, para la Sala los demás elementos
obrantes en el expediente no tienen el mérito suficiente para establecer el nexo
causalidad, entre la muerte de señor Fajardo Gallego y la conducta de las
demandadas. Pues contrario a lo considerado por el Tribunal, no se configuró en

51 Ibidem pp 32-43.
52 En relación al plazo de ejecución se precisó en el contrato «(…) CLÁUSULA QUINTA: PLAZO. El plazo para

la ejecución de la obra será de CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del acta de
iniciación de la obra, la cual se firmará dentro de los (2) días siguientes al recibo del anticipo, anticipo previo
el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y el cumplimiento de los requisitos de ejecución del
contrato. (…)»
53 Índice 2 “Expediente Digital”, archivo 31D_ Digitaliza_20210218(..)”; pp 34-36.

21

Radicación: 76001-23-31-000-2010-01774-01 (67.730)
Demandante: Luz Mery Gallego Cano y otros
Demandado: Municipio de Santiago de Cali y otros
Proceso: Reparación Directa

los términos del art.250 CPC 54, prueba indirecta o indiciaria que permitiera concluir
que la descarga eléctrica tuvo su causa en las omisiones que se le endilgan al señor
Fernando Ramírez Buenaventura en su calidad de empleador o en las omisiones
del municipio de Santiago de Cali en el ejercicio de sus facultades y/o en la
infracción de sus deberes de control y vigilancia de la obra ( art 14 L.80 de 199355 y
Cláusula Décima Primera del contrato56).

16. Cabe resaltar que la exigencia de acreditación del nexo causal supone una
carga probatoria del demandante, en los términos del artículo 177 del CPC, que le
impone por regla general57, además de acreditar el daño y su hecho generador, la
relación de causalidad existente estos dos, de allí que se califique este concepto
como «estrictamente naturalístico»58. Ahora bien, dada la necesidad en algunos
casos de recurrir a saberes técnicos o científicos para establecer la relación de
causalidad, la existencia de posibles causas concurrentes y la imposibilidad de
determinar con certeza absoluta el nexo de causalidad59, se ha admitido por la

54 Sobre la apreciación de la prueba por indicios el artículo 250 del CPC, precisó: (…)El juez apreciará los

indicios en conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia y su relación con las
demás pruebas que obren en el proceso.(…) Igualmente sobre la prueba indirecta o por indicios, se precisó en
decisión Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, CP Enrique
Gil Botero, Sentencia del 24 de marzo de 2011 rad: 05001-23-26-000-1995-01411-01(17993) (…) La existencia
y convergencia de hechos indicadores, los cuales se encuentran debidamente acreditados, entraña una
pluralidad simétrica de hechos indicados que corresponden a las conclusiones como producto de las inferencias,
a partir de un número igual de hechos probados. Y es que como ya se sabe, el indicio se estructura sobre tres
elementos: 1. Un hecho conocido o indicador, 2. Un hecho desconocido, que es el que se pretende demostrar,
y 3. Una inferencia lógica a través de la cual, y partiendo del hecho conocido, se logra deducir el hecho que se
pretende conocer. (…) [ Fundamento jurídico 7]
55
(…) ARTÍCULO 14.- De los Medios que pueden utilizar las Entidades Estatales para el Cumplimiento
del Objeto Contractual. Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al
celebrar un contrato: 1o. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de
la ejecución del contrato. (…).
56 «(…) Cláusula Décima Primera: Interventoría para los efectos del presente Contrato(sic) EL CONTRATANTE

realizará la Interventoría a través de la Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vía l de la Secretaría
de Infraestructura y Valorización y demás INTERVENTORES externos si es necesario y quienes ejercerán las
funciones de Interventoría (sic), supervisión y vigilancia en cuanto a la ejecución de la obra contratada. El
nombre del INTERVENTOR no será comunicado por escrito al CONTRATISTA mediante comunicación suscrita
por el Subsecretario de Infraestructura y el CONTRATANTE (…) PARÁGRAFO II Las ordenes o instrucciones
que imparta el INTERVENTOR al CONTRATISTA , deberán expedirse o notificarse siempre por escrito al
contratista.(…)»
57 Por regla general es el demandante quien tiene que acreditar el nexo causal, Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo Sección Tercera, Exp. 11.901 citada en Consejo De Estado, Sala De Lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, CP: Mauricio Fajardo Gómez, sentencia del 6 de
junio de 2012, rad: 19001-23-31-000-1997-02300-01(21014)
58 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Bogotá, D.C.,

veintiséis (26) de marzo de dos mil nueve (2009), rad: 50001-23-31-000-1999-04688-01(17994). Además, sobre
la distinción entre la relación de causalidad y la imputación allí se aclaró: (…) En otros términos, la
causalidad –y sus diferentes teorías naturalísticas– puede ser empleada para determinar probablemente cuál
es el origen de un hecho o resultado en el mundo exterior, esto es, en el campo de las leyes propias de la
naturaleza o del ser. A contrario sensu, la imputación surge de la atribución de un resultado en cabeza de un
determinado sujeto; parte del hecho de la sanción originada en el incumplimiento normativo a un precepto de
conducta, es decir, del deber ser. (…)
59 Tamayo Jaramillo J. Tratado de Responsabilidad Civil, Tomo II, Segunda edición 2001 Legis Editores S.A. p.

248-254.
22

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jurisprudencia de la Corporación su demostración mediante pruebas directas o
indirectas, y la flexibilización de la carga probatoria en ciertos ámbitos (ej:
responsabilidad médica)60.

En todo caso, en la jurisprudencia es predominante el empleo de la «teoría de la
causalidad adecuada»61, de allí que la determinación del nexo causal repose sobre
la valoración empírica del juzgador quien deberá apreciar entre dos hechos, aquel
que pueda aportar la explicación causal directa y cierta más normal62.

17. En lo que se refiere a las circunstancias en las que tuvo lugar la muerte del
señor, la decisión del a quo le dio especial valor probatorio a la Inspección Técnica
de Cadáver -FPJ -10 del 1 de diciembre de 2008, del CTI, documento aportado
como prueba trasladada -art. 174 CPC63-, pues obra en el expediente de

60 Por ejemplo, en providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de abril de 2011, rad.
17001-23-31-000-1996-08017-01(20502), C.P. Ruth Stella Correa Palacio, [ Fundamento de derecho 3] se
precisó: (…)Así, se ha acudido a reglas como res ipsa loquitur, desarrollada en el derecho anglosajón; o de la
culpa virtual elaborada por la doctrina francesa, o la versión alemana e italiana de la prueba prima facie o
probabilidad estadística60, que tienen como referente común el deducir la relación causal y/o la culpa en la
prestación del servicio médico a partir de la verificación del daño y de la aplicación de una regla de experiencia,
conforme a la cual existe nexo causal entre un evento dañoso y una prestación médica cuando, según las reglas
de la experiencia (científica, objetiva, estadística), dicho daño, por su anormalidad o excepcionalidad, sólo
puede explicarse por la conducta negligente del médico y no cuando dicha negligencia pueda ser una entre
varias posibilidades, como la reacción orgánica frente al procedimiento suministrado o, inclusive, el
comportamiento culposo de la propia víctima.
“Cabe destacar que la aplicación de esas reglas probatorias, basadas en reglas de experiencia guardan armonía
con el criterio adoptado por la Sala en relación con la teoría de la causalidad adecuada o causa normalmente
generadora del resultado, conforme a la cual, de todos los hechos que anteceden la producción de un daño sólo
tiene relevancia aquel que, según el curso normal de los acontecimientos, ha sido su causa directa e
inmediata60. La elección de esa teoría se ha hecho por considerar insatisfactoria la aplicación de otras, en
particular, la de la equivalencia de las condiciones, según la cual basta con que la culpa de una persona haya
sido uno de los antecedentes del daño para que dicha persona sea responsable de él, sin importar que entre la
conducta culposa y el daño hubieran mediado otros acontecimientos numerosos y de gran entidad.
“En varias providencias proferidas por la Sala se consideró que cuando fuera imposible demostrar con certeza
o exactitud la existencia del nexo causal, no sólo por la complejidad de los conocimientos científicos y
tecnológicos en ella involucrados sino también por la carencia de los materiales y documentos que probaran
dicha relación, el juez podía “contentarse con la probabilidad de su existencia”60, es decir, que la relación de
causalidad quedaba probada cuando los elementos de juicio que obraran en el expediente conducían a ‘un
grado suficiente de probabilidad’60’, que permitían tenerla por establecida.(…) Reiterada en, Sección Tercera,
Subsección A, CP Mauricio Fajardo Gómez, sentencia del 6 de junio de 2012, rad. 19001-23-31-000-1997-
02300-01(21014) [ Fundamento de derecho 3.2.2]
61 Consejo de Estado Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección Tercera CP: Carlos Betancur Jaramillo,

Sentencia del 11 de septiembre de 1997, Rad: 11764. [Fundamento jurídico C], allí se precisó: (…) Tal
concepción debe entonces complementarse en el sentido de considerar como causas jurídicas del daño, sólo
aquéllas que normalmente contribuyen a su producción, desechando las que simplemente pueden considerarse
como condiciones. Tal como lo proponen los partidarios de la teoría de la causalidad adecuada, expuesta por
el alemán Von Kries, "sólo son jurídicamente causas del daño, aquellos elementos que debían objetiva y
normalmente producirlo."(…).
62 B. Plessix, Droit Administratif, 4éme édition, Lexis Nexis, Paris- Francia (2022) p.1735.
63 «(…) Artículo 174. Prueba trasladada y prueba extraprocesal. Las pruebas practicadas válidamente en un

proceso podrán trasladarse a otro en copia y serán apreciadas sin más formalidades, siempre que en el proceso
de origen se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. En caso
contrario, deberá surtirse la contradicción en el proceso al que están destinadas. La misma regla se aplicará a
las pruebas extraprocesales. La valoración de las pruebas trasladadas o extraprocesales y la definición de sus
consecuencias jurídicas corresponderán al juez ante quien se aduzcan. (…)» El referido expediente fue allegado
23

Radicación: 76001-23-31-000-2010-01774-01 (67.730)
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investigación penal No. 760016000193200810963. Sobre las circunstancias en que
se encontró el cuerpo del señor Fajardo Gallego precisó el referido informe, lo
siguiente:

(…) La diligencia al estado del tiempo es lluvioso, con buena iluminación natural
seguidamente se contactó a la patrulla de la Policía Nacional que conoció del caso (…)
se observa que el hoy obituado se encuentra en posición de cubito dorsal, cubierto con
una sábana, sobre el mencionado callejón, junto a unos elementos o materiales para
la construcción y una máquina mezcladora y se cerca (sic) de esta máquina se
observan dos cables delgados, de los que se utilizan para conducir energía (…)

Sobre la descripción de las prendas de vestir del señor se precisó:

(…) Una (1) zapatilla, color negro con gris y blanco; pantalón, Jean, Color Gris;
Camiseta Color verde; Camiseta Color Blanco; Correa Color Beige; medias Blancas

En caso de ser necesario realizar modificaciones y procedimientos a las prendas, deje
las constancias respectivas:

Camiseta azul estampada jean azul; boxer Gris, correa negra, botas color café.
(…)64

Pese a los reparos elevados por la parte demandada Fernando Ramírez
Buenaventura, frente a la valoración del referido expediente penal como prueba
trasladada, la Sala subraya que dichas piezas probatorias se allegaron por Oficio
del 2 de diciembre de 2013 de Fiscal 46 Seccional Unidad de Vida65 las cuales no
fueron incorporadas inmediatamente, por auto que así lo hiciera. No obstante, se
tiene que en decisión interlocutoria del 18 de octubre de 201966, el despacho
sustanciador ordenó el cierre probatorio y valoró el referido expediente penal, de lo
cual se sobreentiende la incorporación del mismo al presente proceso.

En este sentido, para ejercer la contradicción art. 289 CPC-, las partes contaban
con el plazo de 5 días desde el 7 de noviembre de 201967; sin embargo, en dicha
oportunidad no se objetó la veracidad o valor probatorio del referido medio de
prueba y, por el contrario, el apoderado del señor Ramírez Buenaventura solicitó su

por Oficio del 2 de diciembre de 2013 de la Fiscalía 46 Seccional Unidad de Vida Índice 2 “Expediente Digital”,
archivo 31D_ Digitaliza_20210218(..)” Pág. 86
64 Índice 2 “Expediente Digital”, archivo 31D_ Digitaliza_20210218(..)” Páginas 95 y 96.
65Ibidem P. 86
66 Sobre la contradicción de la prueba trasladada se precisó: (…) En cuanto a los documentos, públicos o

privados autenticados, se tiene claro que podrán ser valorados en el proceso contencioso administrativo al cual
son trasladados siempre que se haya cumplido el trámite previsto en el artículo 289 del Código de Procedimiento
Civil. En tal virtud, una vez allegado el documento, deberá expedirse un auto que ordene tenerlo como prueba
y la parte contra la cual se aduce podrá tacharlo de falso dentro de los cinco días siguientes a su notificación.
(…) Consejo De Estado Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección A, CP: Hernán
Andrade Rincón Sentencia del 8 de febrero de 2012, Rad: 25000-23-26-000-1999-00479-01(22943)
67 La notificación por Estado tuvo lugar el 6 de noviembre de 2014.

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Radicación: 76001-23-31-000-2010-01774-01 (67.730)
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Demandado: Municipio de Santiago de Cali y otros
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valoración en los alegatos de conclusión de primera instancia. Con lo cual, la Sala
valorará las pruebas allegadas con la investigación penal No.
760016000193200810963.

Hecha la anterior aclaración, se precisa que el referido informe apreciado en
conjunto con las demás pruebas probatorias no tiene mérito suficiente para concluir
que la descarga eléctrica que impactó al obrero Fajardo Gallego provino de la
máquina mezcladora, ni que la misma estuviera conectada a cables de alta tensión
como lo adujo la demanda y lo consideró acreditado el tribunal.

18. En este punto se resalta del examen del informe de necropsia, la ausencia
de signos de trauma externo en las extremidades inferiores68 y superiores69 del
occiso, que sugieran que la descarga eléctrica que produjo la muerte del señor
Gallego tuviera su origen en haber pisado un elemento cargado eléctricamente o
haberlo tomado con su mano. Sin embargo, el referido informe consignó: «(…)
quemadura de 0.5x0.5 en la región escapular derecha, con halo eritematoso y fondo
gris (…)», de lo cual se colige que la descarga eléctrica impactó la espalda del señor
Fajardo Gallego. Así, las precisiones realizadas en el informe de necropsia
desvirtúan la credibilidad de las aseveraciones realizadas en la demanda y acogidas
por el a quo, frente a la manipulación de la mezcladora, como hecho que originó la
descarga eléctrica.

19. Por otro lado, en la decisión de primera instancia se tuvo por acreditado que
la mezcladora estaba conectada a cables de alta tensión hecho que se tomó como
indicativo de que la referida herramienta estaba energizada, pero no se acreditó en
el plenario la existencia de pruebas directas de este evento. Por el contrario, por
Oficio 560-DCE 0592 del 14 de agosto de 2013 el Jefe del Departamento de Control
de Energía de Emcali, expresó que no se autorizó por parte de la sociedad EMCALI
EICE ESP, la realización conexiones a líneas o redes en energía en baja media o
alta tensión al señor Fernando Ramírez Buenaventura70.

68 «(…) EXTREMIDADES INFERIORES: sin signos de trauma externo (…) »
69 «(…) EXTREMIDADES SUPERIORES: los dedos ni las uñas presentan lesiones ni residuos de material
biológico. Sin lesiones ni residuos de material biológico. Sin lesiones traumáticas en dorso de manos, nudillos
y espacios interdigitales (…) »
70 SAMAI Índice 2 “Expediente Digital”: 32ED_ Digitaliza 2021021188344 p. 31

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Radicación: 76001-23-31-000-2010-01774-01 (67.730)
Demandante: Luz Mery Gallego Cano y otros
Demandado: Municipio de Santiago de Cali y otros
Proceso: Reparación Directa

20. De igual forma, se advierte por la Sala que el a quo, le dio plena credibilidad
a lo consignado documento «Actuación Primer respondiente» donde los agentes
Armando Varón y Jhonathan Ortiz en el acápite «Información obtenida de los
hechos» consignaron los eventos relatados en la demanda71. No obstante, dicho
documento no tiene valor probatorio al tenerse que supone un recuento indirecto de
los hechos realizado por los agentes, con sustento en las declaraciones de los
compañeros del señor Galindo Fajardo, que no fueron ratificados en el presente
proceso ni fueron solicitados como pruebas.

21. Asimismo, en el expediente no se tiene claridad si la referida mezcladora era
eléctrica o funcionaba con gasolina, al respecto, la única prueba representativa de
dicho hecho es la consignada en Oficio del 14 de agosto de 2013 suscrito por el
Subsecretario de Infraestructura y Mantenimiento Vial72, que aseguró no tener
evidencias que la mezcladora sea eléctrica o a gasolina, ni de su conexión
fraudulenta73.

22. Tampoco las fotografías obrantes en el plenario y aportadas con la
demanda74 resultan representativas de los hechos, además que no pueden ser
objeto de valoración, al no existir certeza de su procedencia por desconocerse su
autor, ni el tiempo modo y lugar en las que fueron tomadas75. Por ende, no se tiene
certeza que la obra vial que se ilustra en las mismas o la mezcladora a gasolina que
allí aparece, coincidan con la obra en la cual laboró el señor Fajardo Gallego. Igual
se puede concluir de las noticias de prensa aportadas con la demanda76, pues en
el proceso obran medios de prueba a los cuales la Sala les dará mayor convicción77,
al tenerse como directamente representativos de los hechos relatados en la
demanda como lo son el informe de la necropsia del cuerpo del señor Fajardo
Gallego y el informe de inspección judicial del cadáver.

71 Allí se consignó: «(…) Manifiestan los compañeros que por darle vía darle vías a un camión cogió una

mezcladora la cual tenía unos cables conectados a un poste de electricidad de vía pública lo cual produjo la
muerte (…)»
72 SAMAI Índice 2 “Expediente Digital”: 31ED_ Digitaliza 2021021188344. pp 3 y 4.
73Allí se precisó: (…) No hay evidencias de que la mezcladora haya sido eléctrica o con motor a gasolina, ni de

su forma de conexión fraudulenta si la hubo. (…)
74 SAMAI índice 2 “Expediente Digital”: Archivo 26ED_ Digitaliza pp. 55-65.
75 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, CP Danilo Rojas

Betancourth, Sentencia del 28 de agosto de 2014, rad: 25000-23-26-000-2000-00340-01(28832)
76 SAMAI índice 2 “Expediente Digital”: Archivo 26ED_ Digitaliza, página: 20.
77 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, CP Danilo Rojas

Betancourth, Sentencia del 28 de agosto de 2014, rad: 25000-23-26-000-2000-00340-01(28832)
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Radicación: 76001-23-31-000-2010-01774-01 (67.730)
Demandante: Luz Mery Gallego Cano y otros
Demandado: Municipio de Santiago de Cali y otros
Proceso: Reparación Directa

23. Cabe agregar que, en el plenario, se extraña la existencia de pruebas directas
que permitan conocer con alto grado de certeza los hechos ocurridos el 1 de
diciembre de 2008, lo que resulta evidente al no contarse con declaraciones de
testigos presenciales de la muerte del señor Fajardo Gallego en dicha fecha o un
dictamen pericial, elementos de juicio necesarios para que la Sala pueda reconstruir
las circunstancias fácticas de su muerte. En este sentido, las pruebas obrantes en
el plenario son evidentemente insuficientes para establecer si la descarga eléctrica,
fue la concreción de un riesgo atribuible a las presuntas omisiones de los deberes
de vigilancia y debida ejecución del contrato del municipio de Santiago de Cali o del
señor Ramírez Buenaventura, en su calidad de contratista de la obra y/o de
empleador.

24. Frente al presunto incumplimiento de los deberes protección, seguridad y
salud en el trabajo, como fuente del daño, vale precisar que dicha obligación no
tiene un alcance absoluto. Como lo ha precisado la jurisprudencia de la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia quien frente al alcance de estos
precisó que existen deberes i) genéricos, ii) específicos y iii) excepcionales78. Solo
siendo predicables a todas las relaciones laborales los primeros79, así frente a los
específicos y excepcionales, habrá de precisarse el riesgo al que está expuesto el
empleado, con relación a las tareas encargadas: «deberes específicos».

En este punto, pese a demostrarse la relación laboral que existió entre el señor
Gallego Fajardo y el contratista Fernando Ramírez, no se aportaron elementos de
juicio, en relación con las funciones laborales que el primero debía desempeñar, a

78Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia del 4 de noviembre de 2020, SL5154-2020,

rad n. 61653 Acta No. 41c, M.P. Iván Mauricio Lenis Gómez, allí se precisó:«(…) Para ello, en los programas
de salud ocupacional -hoy denominados sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo-, los
empleadores tienen deberes (i) genéricos, (ii) específicos y (iii) excepcionales. Los primeros están vinculados a
las obligaciones generales de prevención que tiene el empleador en toda relación de trabajo, tales como el
deber de información, de ejecución de medidas de protección y prevención de los riesgos laborales, identificar,
conocer, evaluar y controlar los riegos laborales, conforme lo disponen los artículos 21, 56 y 58 del Decreto
1295 de 1994, 57 del Código Sustantivo del Trabajo, entre otros. Así, por ejemplo, a efectos de la prevención
de riesgos, los empleadores cuentan, entre otras, con las siguientes herramientas: (…) Por su parte, los
específicos tienen relación con los deberes concretamente establecidos en la ley y que reglamentan las
obligaciones generales de prevención frente a la realización de una tarea puntual. Entre otras, está
precisamente la Resolución 2400 de 1979 para la realización de trabajo en alturas. último, los deberes
excepcionales son aquellos que, si bien no están contemplados como un deber específico en cabeza del
empleador, las circunstancias en las cuales se da la exposición a un riesgo obligan a este último a tomar
medidas especiales de prevención y protección. Ello ocurre, por ejemplo, cuando se le ordena al trabajador a
realizar actividades en una zona territorial considerada como de alto riesgo de peligro o violencia por presencia
de grupos armados al margen de la ley, y frente a lo cual si bien el legislador no establece una obligación
específica de prevención, el empleador debe preverlo a fin de proteger la humanidad de la persona trabajadora
y tomar las medidas de seguridad del caso (CSJ SL16367-2014).(…)» ( negrilla por fuera del original)
79 Ibidem

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Radicación: 76001-23-31-000-2010-01774-01 (67.730)
Demandante: Luz Mery Gallego Cano y otros
Demandado: Municipio de Santiago de Cali y otros
Proceso: Reparación Directa

efecto de establecer los riesgos a los que éste estaba expuesto, y demarcaban
extensión del deber de prevención del empleador. Punto en el que erró el a quo en
identificar la infracción del deber de protección, seguridad y salud en el trabajo por
parte del contratista, sin consultar este elemento de la relación laboral.

A efecto de ilustrar el anterior punto, resultan distintos los elementos que debieron
brindarse al señor Gallego Fajardo, según la labor encomendada fuera propia de la
construcción «al respecto ver: «Resolución 2413 de 1979 del Ministerio del Trabajo
y de la Seguridad Social»; a que se le hubieran encomendado labores de un técnico
eléctrico que efectúa trabajos en tensión «Resolución 18-1924 de 2008
Viceministerio de Minas y energía». Tratándose del primero debía emplear guantes
de cuero (art. 103 R.2413) y botas de caucho con punta de acero (art. 104 ejusdem);
mientras que en el segundo serán botas dieléctricas y guantes aislantes (art. 20.2
R. 18-1924).

Sin que la inspección técnica del cadáver se haya detallado con precisión el tipo de
vestimenta de seguridad que portó el occiso, en el momento del accidente, se
desprende que no obran pruebas en el plenario de las cuales concluirse que dichos
elementos de protección no le fueron otorgados. Además, al tenerse que la
descarga que impactó al señor Gallego lo hizo en su espalda, no resulta claro como
los referidos elementos de protección, de ser exigibles, habrían impedido o
prevenido su muerte.

25. Por último, frente la ausencia de afiliación del señor Gallego Fajardo a la ARL,
para la Sala este hecho no supone en los términos del artículo 216 del CST, un
evento susceptible de configurar la culpa patronal. En efecto, la jurisprudencia de
la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha distinguido entre las
prestaciones que reconoce el Sistema General de Riesgos Laborales -S.G.R.L. y
la sumas que debe asumir el empleador por concepto de indemnización plena de
perjuicios derivada de la aplicación del artículo 216 del CST80.

80 Corte Suprema de Justicia, sala de Casación Laboral, Sentencia del 24 de julio de 2019, SL2845-2019 rad:

77082, MP Clara Cecilia Dueñas, Reiterada en Sentencia SL 5154-2020, rad. 61563, MP. Iván Mauricio Lenis
Gómez.
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Radicación: 76001-23-31-000-2010-01774-01 (67.730)
Demandante: Luz Mery Gallego Cano y otros
Demandado: Municipio de Santiago de Cali y otros
Proceso: Reparación Directa

Así, la afiliación a una aseguradora de riesgos profesionales supone el traslado de
los riesgos asegurados por el S.G.R.L, a una aseguradora profesional de los
mismos, ARL. Por lo cual, la ausencia de la afiliación supone para el empleador la
carga de asumir directamente las prestaciones previstas por el sistema de seguridad
social (ej: pensión de sobrevivientes)81, sin que esta omisión legal, por si sola, pueda
tenerse como fuente del daño.

Por los anteriores razonamientos, para la Sala los elementos de juicio obrantes en
el plenario resultan insuficientes para establecer la fuente de la descarga eléctrica
que produjo la muerte del joven Gallego Fajardo, circunstancia que impide
establecer el origen del riesgo que se concretó en su muerte. Por ende, con las
pruebas obrantes en el plenario para la Sala no resulta posible precisar si dicho
evento resultó del incremento del riesgo atribuible a la omisión de un deber legal a
cargo del municipio de Santiago de Cali, como entidad contratista y dueña de la
obra y/o al señor Fernando Ramírez Buenaventura como empleador del señor
Gallego Fajardo y contratista, con lo cual tampoco se configuró la solidaridad de la
que trata el art. 34 CST sobre el municipio contratista.

Por consiguiente, la Sala de Subsección revocará la decisión adoptada por el
Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca el 23 de septiembre de
2020, y en su lugar se negarán las pretensiones de la demanda.

Costas

En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las
partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto
en el artículo 171 del CCA, subrogado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

81 Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, Sentencia del 27 de octubre de 2021 SL 5698-2021 rad. 74015,

MP. Iván Mauricio Lenis Gómez Ver también: Corte Constitucional, Sentencia del 23 de marzo de 2023, T-079
de 2023, MP Jorge Enrique Ibáñez Najar; Sentencia del 11 de diciembre de 2023 T-550 de 2023, MP: Cristina
Pardo Schlesinger.
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Radicación: 76001-23-31-000-2010-01774-01 (67.730)
Demandante: Luz Mery Gallego Cano y otros
Demandado: Municipio de Santiago de Cali y otros
Proceso: Reparación Directa

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 23 de septiembre de 2020 por el
Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, y en su lugar NEGAR las
pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente
al Tribunal.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
JEQJ

Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de
forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el link . Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono
celular el código QR que aparece a la derecha. Se recuerda que,
con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados
tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

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