Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-31-000-2012-00131-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-31-000-2012-00131-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 68001-23-31-000-2012-00131-01
Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico
18 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 68001-23-31-000-2012-00131-01 (58316) acumulado con el
proceso 68001-23-31-000-2012-00179-01 (55528)
Actor: MARÍA CLEOFELINA CUADROS DE MONSALVE Y OTROS
Demandado: DEPARTAMENTO DE SANTANDER, SOCIEDAD SÁNCHEZ
CONSTRUCCIONES LTDA. Y OTRO
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
TEMAS: FUERO DE ATRACCIÓN - no se configura cuando la génesis de la reclamación
es una relación laboral entre particulares / FALTA DE JURISDICCIÓN - genera nulidad de
todo lo actuado / RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO POR
DAÑOS CAUSADOS EN DESARROLLO DE OBRAS PÚBLICAS – el hecho de que el
ejecutor de la obra sea un contratista particular no releva al ente público de responsabilidad
/ FALLA DEL SERVICIO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE REPARACIÓN DEL
PUENTE EL TABLAZO – resultó imputable al ente territorial por no profundizar acerca de
los daños presentados por el puente antes de contratar su reparación / NO SE PRESENTA
CAUSAL EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD DE CULPA DE LA VÍCTIMA / el
incumplimiento del deber de cuidado y custodia por parte de los padres del menor fallecido
no fue la causa eficiente del daño.
Procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por la parte
demandada, Andrés Julián Montero Pardo, sociedad Sánchez Constructores Ltda.
y el departamento de Santander, contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander el 16 de diciembre de 2015 y los recursos de apelación
interpuestos por los demandados sociedad Sánchez Constructora Ltda., Andrés
Julián Montero Pardo y el departamento de Santander, contra la sentencia dictada
por esa misma corporación el 23 de abril de 2015, providencias dictadas dentro de
los procesos acumulados de la referencia, en las cuales se decidió lo siguiente:
En la sentencia proferida en el proceso 68001-23-31-000-2012-00131-01 (58316)
(se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):
Primero. - DECLARAR no probadas las demás excepciones propuestas por los
demandados de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
sentencia.
Segunda. - EXONERAR de responsabilidad a TECNOLOGÍA Y
MANTENIMIENTO OUTSOURCING LTDA. de conformidad con lo expuesto en
Actor: María Cleofelina Cuadros de
Monsalve
Demandado Departamento de Santander y otros
Referencia: Reparación Directa No. 58316
acumulada con el No.55528
la parte motiva.
Tercero.- DECLARAR solidaria y patrimonialmente responsables a ANDRES
JULIAN MONTERO PARDO y a SANCHEZ CONSTRUCCIONES LTDA. por la
muerte del menor JORGE ELIECER MONSALVE GOMEZ ocurrida el 2 de
marzo de 2011, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
Cuarto. - ORDENAR al Departamento de Santander, pagar las sumas que a
continuación se ordenan en favor de los demandantes, y AUTORIZARLO para
que después repita por ellas contra ANDRES JULIAN MONTERO PARDO y
SANCHEZ CONSTRUCCIONES LTDA., en razón del 50% a cada uno de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
Quinto.- como consecuencia de lo anterior, y de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva, el Departamento de Santander deberá reconocer y pagar la
siguientes sumas de dinero:
Por perjuicios morales:
Demandante Vínculo Total reconocido
CARMEN DELIA GÓMEZ Madre 100 SMMLV
ELIECER MONSALVE Padre 100 SMMLV
YONATHAN MAURICIO MOSALVE Hermano 50 SMMLV
GOMEZ
KAREN DAYANA MONSALVE Hermana 50 SMMLV
GOMEZ SARMIENTO
MARIA CLEOFELINA CUADROS Abuela 25 SMMLV
MONSALVE
ABIGAIL ARIAS DE GOMEZ Abuela 25 SMMLV
VIRGILIO MOSALVEZ MENDIETA Abuelo 25 SMMLV
Parágrafo. Las anteriores sumas se cancelaran en salarios mínimos legales
mensuales vigentes al momento de ejecutoria de esta sentencia.
Sexto. - DENEGAR las demás súplicas de la demanda.
En la sentencia dictada en el proceso 68001-23-31-000-2012-00179-01 (55.528) (se
transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):
PRIMERO. Declarar no probadas las excepciones de falta de jurisdicción, falta
de competencia, caso fortuito o fuerza mayor, hecho exclusivo de la víctima y
falta de legitimación en la causa por pasiva del departamento de Santander.
SEGUNDO. Declarar responsable solidaria, administrativa y patrimonialmente
al departamento de Santander, a Andrés Julián Montero Pardo y Sánchez
Construcciones Ltda., de los perjuicios causados a los demandantes como
consecuencia de la muerte de José Abelardo Badillo Silva, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva.
TERCERO. Como consecuencia de la declaración anterior, condenar al
departamento de Santander, a Andrés Julián Montero Pardo y Sánchez
2
Actor: María Cleofelina Cuadros de
Monsalve
Demandado Departamento de Santander y otros
Referencia: Reparación Directa No. 58316
acumulada con el No.55528
Construcciones Ltda., a pagar solidariamente por concepto de perjuicios
morales derivados de la muerte de José Abelardo Badillo Silva, el equivalente
en salarios mínimos legales mensuales vigentes a la ejecutoria de la presente
sentencia, así
ALICIA SILVA MADRE 100 SMMLV
ROSENDO BADILLO PADRE 100 SMMLV
ZULAY BADILLO SILVA HERMANA 50 SMMLV
GLADYS BADILLO SILVA HERMANA 50 SMMLV
IVAN ANDRES BADILLO SILVA HERMANO 50 SMMLV
LINA MARCELA BADILLO SULVA HERMANA 50 SMMLV
LUZ DARY SILVA HERMANA 50 SMMLV
JORGE BADILLO SILVA HERMANO 50 SMMLV
CUARTO. Negar las demás súplicas de la demanda.
I. A N T E C E D E N T E S
1. Síntesis del caso
Se discute la responsabilidad extracontractual del departamento de Santander
como dueño de la obra pública, del ingeniero Andrés Julián Montero Pardo, en
calidad de contratista, y de la sociedad Sánchez Construcciones Ltda., en condición
de subcontratista, por la muerte del infante Jorge Eliécer Monsalve Gómez y del
trabajador Abelardo Badillo Silva, quienes fallecieron con ocasión del desplome del
puente El Tablazo, ubicado en el municipio de San Vicente del Chucurí, Santander,
ocurrido el 2 de marzo 2011, mientras dicha estructura era objeto de obras de
recuperación de su estribo, cuya ejecución había sido contratada por el
departamento en el marco de la declaratoria de urgencia manifiesta por la
emergencia producida en la zona a causa de la ola invernal.
2. Las demandas
Los demandantes1, a través de apoderado judicial, interpusieron demanda de
reparación directa contra el departamento de Santander, el señor Andrés Julián
Montero Pardo y la sociedad Sánchez Construcciones Ltda., con el fin de que se les
1
Demandantes en el proceso n.° 55528, Alicia Silva Espinosa y Rosendo Badillo, quienes actúan en
nombre propio y en representación de sus hijos menores Iván Andrés Badillo Silva y Lina Marcela
Badillo Silva; Zulay Badillo Silva, Gladys Badillo Silva, Luz Dary Silva Espinosa y Jorge Badillo Silva.
Demandantes en el proceso n.° 58316, Carmen Delia Gómez Arias y Eliécer Monsalve Cuadros,
quienes actúan en nombre propio y en representación de sus hijos menores Jonathan Mauricio
Monsalve Gómez y Karen Dayana Monsalve Gómez; María Cleofelina Cuadros de Monsalve, Virgilio
Monsalve Mendieta y Abigail Arias de Gómez.
3
Actor: María Cleofelina Cuadros de
Monsalve
Demandado Departamento de Santander y otros
Referencia: Reparación Directa No. 58316
acumulada con el No.55528
declarara solidariamente responsables por la muerte del señor Abelardo Badillo
Silva (proceso n.° 55528)2 y por la desaparición del menor Jorge Eliécer Gómez
Monsalve (proceso n.° 58316)3, ocurridas el 2 de marzo de 2011, como
consecuencia de la caída del puente El Tablazo, ubicado en el municipio de San
Vicente del Chucurí, Santander.
Por lo anterior, solicitaron, en cada uno de los procesos, que se condenara a los
demandados a pagar, por concepto de perjuicios morales, la suma equivalente a
1.000 salarios mínimos legales mensuales en favor de cada uno de los
demandantes.
3. Los hechos
Ante la identidad fáctica de los procesos acumulados, la Sala los sintetiza de la
siguiente manera:
3.1. Mediante Resolución 192 del 11 de enero de 2011, el departamento de
Santander declaró la urgencia manifiesta en la vía San Vicente – La Renta, debido
a la afectación de las vías y del puente El Tablazo que se produjo por la temporada
invernal.
3.2. En el marco de la anterior declaratoria, el 4 de febrero de 2011, el departamento
de Santander y el señor Andrés Julián Montero Pardo celebraron el contrato de
obra No. 22, para atender la emergencia que se presentó por «la pérdida total de
la banca en la vía La Renta – San Vicente y la afectación crítica del puente El
Tablazo en el estribo ubicado del lado del municipio de San Vicente de Chucurí»,
causadas «por un movimiento de tierra» que se produjo como consecuencia de la
temporada invernal -fenómeno de la niña-. Se dice en la demanda que la verdadera
ejecutora de ese contrato fue la sociedad Sánchez Construcciones Ltda.
3.3. El 2 de marzo de 2011, a las 16:30 horas, aproximadamente, mientras se
realizaban las labores de gateo en el puente, se produjo la caída de su estructura
y, como consecuencia, falleció el señor José Abelardo Badillo Silva, quien había
sido contratado ocho días antes por los ejecutores de la obra y, al momento de los
2
Demanda presentada el 7 de febrero de 2012 y admitida mediante auto del 15 de febrero de 2012.
Folio 75 del proceso n.° 55528.
3
Demanda presentada el 23 de febrero de 2012 y admitida en proveído del 22 de marzo de 2012.
Folio 70 del proceso n.° 58316.
4
Actor: María Cleofelina Cuadros de
Monsalve
Demandado Departamento de Santander y otros
Referencia: Reparación Directa No. 58316
acumulada con el No.55528
hechos, se encontraba con varios compañeros en la parte baja de la estructura,
«levantándola con gatos, cuando vieron que se partió por la mitad».
3.4. Con ocasión de la caída del puente también se produjo la desaparición del
menor Jorge Eliécer Monsalve Gómez, quien habitaba en la zona y «se la pasaba
en el puente», porque «se hizo amigo de los obreros». De acuerdo con la parte
actora, el cuerpo del menor no fue encontrado; no obstante, «los testigos
aseguraron la presencia del niño segundos antes sobre el puente El Tablazo.
4. Fundamentos de hecho y de derecho
Como fundamento de la reclamación, se afirmó que durante las labores de
reforzamiento ejecutadas se incurrió en «graves irregularidades», pues, según los
demandantes, el tránsito por el puente El Tablazo era absolutamente libre y no
había ningún tipo de restricción o señalización, la maquinaria y herramientas
utilizadas no eran las adecuadas y los trabajadores de la obra eran campesinos de
la zona que no tenían preparación ni experiencia, así como tampoco les
proporcionaron los elementos de seguridad correspondientes.
Se indicó que, al momento de realizar «los trabajos de gateo en el puente», la
estructura no se amarró, como lo sugieren «los protocolos de seguridad» y, de
acuerdo «con los vecinos de la zona esa fue la razón por la cual el puente colapsó».
Se dijo que «ni siquiera cuando se estaba gateando el puente» se restringió el paso
o se adoptó alguna medida tendiente a regular o vigilar el tránsito por esa zona.
Se mencionó que, según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, los
trabajos de reforzamiento del puente se consideran como una actividad peligrosa,
por lo que el contratista «estaba obligado a extremar las medidas de seguridad»
para evitar la ocurrencia de accidentes como el que acaeció.
Se afirmó que José Abelardo Badillo Silva, como la mayoría de sus compañeros,
era un campesino de la región, que «nunca supo el riesgo de la tarea que estaba
desarrollando (gateo), sus empleadores tampoco se lo hicieron ver, lo que a la
postre le causó la muerte».
5
Actor: María Cleofelina Cuadros de
Monsalve
Demandado Departamento de Santander y otros
Referencia: Reparación Directa No. 58316
acumulada con el No.55528
En su criterio, la muerte del señor José Abelardo Badillo Silva y la desaparición4 del
menor Jorge Eliécer Monsalve Gómez se produjeron como consecuencia de una
falla del servicio, «porque fueron causadas en el marco de una obra pública,
contratada bajo la responsabilidad del estado colombiano, en este caso el
departamento de Santander, en solidaridad con los contratistas Andrés Julián
Montero Pardo y Sánchez Construcciones Ltda.».
Se precisó que el ente territorial demandado debía responder solidariamente con
los contratistas precitados, porque «la juridicidad no encuentra justificación a los
actos de los miembros de aquellos, aquí cuestionados».
4. Contestaciones de demanda
Debido a la similitud de los argumentos expuestos por los demandados en los
escritos de defensa presentados en cada uno de los procesos, la Sala los resume
como sigue:
La sociedad Sánchez Constructores Ltda. contestó las demandas y se opuso a
sus pretensiones. Indicó que el accidente se presentó «por situaciones
concurrentes e involuntarias», toda vez que la estructura del puente El Tablazo
había sufrido los azotes de la ola invernal y, al momento de los hechos, se vio
afectada por la creciente del río, debido a las lluvias que se presentaron días atrás.
A su vez, propuso las siguientes excepciones:
• Falta de jurisdicción y/o competencia, porque el señor José Abelardo Badillo Silva
no era empleado público, sino un trabajador de la obra, cuya muerte se calificó
como un accidente de trabajo, según la certificación expedida por la Administradora
de Riesgos Laborales Positiva.
• Hecho exclusivo de la víctima, por cuanto el daño causado al menor Jorge Eliécer
Monsalve Gómez se produjo por la negligencia de sus padres, quienes lo
descuidaron y le permitieron permanecer en el puente mientras se realizaban las
obras de reparación5.
4
Se precisa que, aun cuando más adelante se profundizará, el término textual para la denominación
del daño reclamado fue el de desaparición; sin embargo, de la interpretación del texto inicial se
deduce que la génesis del daño alegado en realidad se identificó con la muerte del niño Monsalve
Gómez.
5
Folios 150 a 153 del proceso n.° 55528 y folios 224 a 236 del proceso n.° 58316.
6
Actor: María Cleofelina Cuadros de
Monsalve
Demandado Departamento de Santander y otros
Referencia: Reparación Directa No. 58316
acumulada con el No.55528
El señor Andrés Julián Montero Pardo contestó las demandas y se opuso a sus
pretensiones.
Señaló que en el expediente no había prueba sobre las causas de la muerte del
señor Badillo Silva ni de la desaparición del menor Monsalve Gómez, pues «las
simples afirmaciones y recortes de diarios informativos» allegados por la parte
actora carecían de eficacia probatoria.
Aseguró que, contrario a lo sostenido en las demandas, para la ejecución del
contrato de obra No. 22, cuyo objeto consistió en la recuperación de uno de los
estribos del puente, se adoptaron todas las medidas de seguridad necesarias para
alertar sobre el peligro de la zona y limitar el acceso de transeúntes por el lugar.
Afirmó que, sobre las labores realizadas por el contratista y las causas que dieron
lugar a la caída del puente, la Universidad Industrial de Santander, a través de un
grupo de ingenieros expertos en la materia, presentó un informe técnico a la
gobernación del departamento en el que se concluyó que el movimiento de coluvión
que desplazó el estribo izquierdo del puente durante la ola invernal de octubre de
2010, a su vez, produjo la ruptura de la articulación superior del arco metálico y eso
fue lo que ocasionó que el puente se partiera por la mitad.
Indicó que el contratista no tenía a su cargo la intervención del arco metálico del
puente, pues el objeto del contrato recaía únicamente sobre el estribo izquierdo que
había sido desplazado meses atrás.
En ese sentido, consideró que el colapso de la estructura se produjo por una falla
que presentó el arco metálico del puente, la cual resultó imprevisible e irresistible
para el contratista, pues, según el «considerando n.°6 del contrato de obra», la
estructura metálica del puente «era buena» y las obras contratadas «estaban
encaminadas a adicionar únicamente la estructura del puente cerca del estribo
izquierdo», por lo que se configuró la causal eximente de responsabilidad que
denominó «caso fortuito o fuerza mayor».
Sostuvo que, si se demostraba la presencia del menor Jorge Eliécer Monsalve
Gómez en el momento en que colapsó el puente, el daño ocasionado se produjo
por su propia culpa, toda vez que «una construcción no es un sitio de juegos por
todos los peligros que esta genera, luego, desde el momento en que el menor
7
Actor: María Cleofelina Cuadros de
Monsalve
Demandado Departamento de Santander y otros
Referencia: Reparación Directa No. 58316
acumulada con el No.55528
decide exponer su vida y su integridad frecuentando la obra, en últimas lo que está
propiciando es la producción del daño que aquí se alega»6.
El departamento de Santander contestó las demandas y se opuso a sus
pretensiones.
En el proceso No. 55528, señaló que en el contrato de obra No. 22 se estableció
como exigencia que el personal contara con los elementos de seguridad industrial
requeridos para ese tipo de obras y que, en caso de una eventual condena, el
llamado a responder por el accidente en que falleció el señor José Abelardo Badillo
Silva no era el departamento, sino el «contratista» con quien el señor Badillo Silva
sostenía una relación laboral, razón por la cual solicitó que se declarara su falta de
legitimación en la causa por pasiva.
Indicó que, si al momento en que colapsó el puente el señor Badillo Silva no contaba
con los elementos de seguridad industrial requeridos, se configuró la causal
eximente de responsabilidad del hecho exclusivo de la víctima, por cuanto «debió
prever que la introducción en dicha estructura sin mecanismos de protección
generaría un riesgo mayor»7.
En el proceso No. 58316, el ente territorial señaló que, mediante Resolución 192 del
11 de enero de 2011 se decretó la urgencia manifiesta en el departamento y que,
en virtud de ello, se celebró el contrato de obra No. 22 con una persona natural
idónea y con experiencia, quien, a su vez, subcontrató a Sánchez Construcciones
Ltda., sociedad que tenía conocimiento sobre las labores que se debían ejecutar,
dado que en el año 2000 había realizado trabajos sobre el puente.
Afirmó que, contrario a lo alegado por los demandantes, no descuidó la supervisión
de la obra, pues para ello contrató a la firma Tecnología y Mantenimiento
Outsourcing Ltda., la cual solicitó que fuera vinculada a este proceso; sin embargo,
no indicó a qué título elevaba esa petición de vinculación.
En ese sentido, manifestó que, como actuó de manera diligente y eficaz frente a la
ejecución de la obra contratada con la que, reiteró, se buscó hacer frente a los
efectos de la ola invernal que afectó las vías del departamento, no existía nexo de
causalidad entre sus actuaciones y la supuesta desaparición del menor Jorge
6
Folios 230 a 238 del proceso No. 55528 y folios 288 a 297 del proceso No. 58316.
7
Folios 304 a 310 del proceso No. 55528.
8
Actor: María Cleofelina Cuadros de
Monsalve
Demandado Departamento de Santander y otros
Referencia: Reparación Directa No. 58316
acumulada con el No.55528
Eliécer Monsalve Gómez, máxime cuando ni siquiera se demostró su presencia en
el momento en que se desplomó el puente.
Mediante auto del 16 de junio de 20148 se ordenó vincular al proceso a Tecnología
y Mantenimiento Outsourcing Ltda. -sin precisar en qué calidad la citaba a esta
actuación-, la cual contestó la demanda y se opuso a sus pretensiones.
Señaló que el contrato de obra No. 22 tenía un objeto general que incluía, entre
otros, la intervención de uno de los estribos del puente El Tablazo, razón por la cual
el contratista Andrés Julián Montero Pardo subcontrató a Sánchez Constructores
Ltda., empresa que contaba con la experiencia, el personal y la maquinaria idónea
para llevar a cabo la intervención, pues en el año 2000 había realizado obras en ese
lugar.
Indicó que durante el desarrollo de la interventoría verificó que el contratista y el
subcontratista adoptaran las medidas de seguridad exigidas en el contrato, tanto
para el personal que trabajaba en la obra como para los habitantes del sector, pues
se pusieron todas las señales que exigían las normas vigentes y se socializó el
riesgo con la comunidad, por lo que al cumplir con sus obligaciones y tratarse de un
hecho de la naturaleza la causa del desplome del puente, no recaía sobre ella
ninguna obligación de reparar.
Concluido el período probatorio en cada uno de los procesos, el Tribunal a quo corrió
traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que, si
lo consideraba pertinente, rindiera concepto de fondo9.
Los demandantes, la sociedad Sánchez Constructores Ltda. y el señor Andrés
Julián Montero Pardo reiteraron lo expuesto las demandas y en sus contestaciones,
respectivamente10.
8
Al respecto, en dicha providencia se indicó (se transcribe literal, con posibles errores incluidos): …
examinada la presente demanda de reparación directa (…) se encuentra que en la contestación de
la demanda por parte del departamento de Santander se presenta solicitud de vinculación al proceso
del interventor del contrato Tecnología y Mantenimiento Outsourcing Ltda. así las cosas, el despacho
procederá a vincular al proceso al interventor del contrato (…). De oficio, se ordena la vinculación de
Tecnología y Mantenimiento Outsourcing Ltda., quien puede verse afectado con los resultados de
este proceso. Folio 445 del proceso n.° 58316.
9
Autos del 27 de febrero y del 25 de noviembre de 2015, proferidos en los procesos No. 55528 y
58316, respectivamente.
10
Folios 735 a 739 y 831 a 838 del proceso No. 55528 y folios 1.013 a 1.024; 1.049 a 1.061 y 1.025
a 1.046 del proceso 58316.
9
Actor: María Cleofelina Cuadros de
Monsalve
Demandado Departamento de Santander y otros
Referencia: Reparación Directa No. 58316
acumulada con el No.55528
En el proceso No. 55528, el departamento de Santander insistió en su falta de
legitimación en la causa por pasiva11 y en el proceso No. 58316 guardó silencio.
Tecnología y Mantenimiento Outsourcing Ltda. y el Ministerio Público no se
pronunciaron en esta etapa del proceso.
5. Sentencias de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencias del 23 de abril y del
16 de diciembre de 2015, accedió parcialmente a las súplicas de las demandas en
los procesos Nos. 55528 y 58316, respectivamente, en los términos que quedaron
transcritos al inicio de esta providencia.
5.1. Proceso No. 55528
El Tribunal a quo señaló que, cuando se pretende la reparación de los daños
causados «a terceros» por la ejecución de una obra pública, la responsabilidad del
Estado sí se encuentra comprometida, toda vez que, de conformidad con la
jurisprudencia de esta Corporación, cuando la Administración contrata a un
particular es como si ella ejecutara la obra directamente, pues, además, de ser su
dueña, su pago afecta el patrimonio estatal y su realización obedece a razones del
servicio o interés general, a lo cual sumó que el régimen de responsabilidad
aplicable era el de actividades peligrosas.
Afirmó que no prosperaba la excepción de falta de jurisdicción propuesta por la
sociedad Sánchez Construcciones Ltda., dado que los demandantes en este caso
actuaron como damnificados por los perjuicios derivados de la muerte de su familiar
en una obra pública a cargo del Estado y no como herederos en ejercicio de la
acción laboral prevista en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, de
conformidad con la cual el empleador debe pagar a su empleado y sus herederos
la indemnización de perjuicios en el evento de demostrarse que aquel tuvo la culpa
en el accidente. En este caso se trataba de terceros ajenos a la relación laboral de
la víctima y el demandado.
También despachó desfavorablemente la excepción de falta de competencia, tras
hallar que se encontraba fundado el fuero de atracción por cuya virtud se demandó
a dos particulares, en tanto en la demanda se hizo una seria y sustentada
11
Folios 840 a 843 del proceso No. 55528.
10
Actor: María Cleofelina Cuadros de
Monsalve
Demandado Departamento de Santander y otros
Referencia: Reparación Directa No. 58316
acumulada con el No.55528
imputación de responsabilidad frente al departamento de Santander, como dueño
responsable de la obra en cuyo escenario se produjo la muerte del causante.
En el caso concreto, encontró demostrado que el señor José Abelardo Badillo Silva
trabajaba en las obras de reforzamiento del puente El Tablazo, luego de haber sido
contratado para ese propósito por Andrés Julián Montero Pardo, así como también
que falleció el 2 de marzo de 2011 como consecuencia del desplome de su
estructura, en momentos en que la sociedad Sánchez Construcciones Ltda.,
igualmente contratada por Andrés Julián Montero Pardo «desplegaba una actividad
peligrosa tendiente a recuperar el estribo del aludido puente», pese al estado de
«equilibrio inestable» en que se encontraba la estructura.
Afirmó que, de acuerdo con el informe que presentó la Universidad Industrial de
Santander y con los testimonios de los ingenieros que declararon en el proceso, la
caída del puente no se produjo por la ola invernal de la época ni por un sismo, sino
por una falla en el arco metálico de la estructura que, si bien a simple vista no se
podía detectar, pudo ser advertida por el departamento de Santander si realizaba
un estudio «de patología sobre el mismo».
En ese sentido, sostuvo que, como la falla en la estructura del puente no fue
detectada oportunamente por el departamento ni por el contratista encargado de
realizar los diseños de las obras a contratar, no podía operar la causal eximente de
responsabilidad de «caso fortuito o fuerza mayor» alegada por los demandados.
A la misma conclusión arribó frente a la supuesta imprudencia de la víctima, quien,
según los demandados, ingresó a la obra sin los elementos de seguridad
respectivos, pues, de conformidad con la necropsia practicada al cuerpo de la
víctima, el señor Badillo Silva logró ser identificado, entre otras cosas, por los
accesorios de seguridad industrial que portaba al momento de la caída de la
estructura.
Bajo ese entendido, consideró que como se demostró el daño y el nexo de
causalidad con la actividad peligrosa, sin que se hubiese demostrado alguna causal
eximente de responsabilidad, el departamento de Santander, el señor Andrés Julián
Montero Pardo y la sociedad Sánchez Construcciones Ltda. eran «solidaria,
11
Actor: María Cleofelina Cuadros de
Monsalve
Demandado Departamento de Santander y otros
Referencia: Reparación Directa No. 58316
acumulada con el No.55528
administrativa y patrimonialmente responsables por la muerte del señor José
Abelardo Badillo Silva, ocurrida el 2 de marzo de 2011 en la vereda El Tablazo»12.
5.2. Proceso No. 58316
En el caso concreto, el Tribunal a quo manifestó que con la sentencia del 30 de
junio de 2015, proferida por el Juzgado Tercero de Familia de Bucaramanga en el
proceso de muerte por desaparecimiento que promovieron los familiares del menor
Jorge Eliécer Monsalve Gómez y «los diferentes testimonios recolectados», se
demostró que el referido menor falleció el 2 de marzo de 2011, «tras el colapso del
puente El Tablazo en el que se encontraba en ese momento».
Indicó que, como lo sostuvieron los demandantes, el daño se produjo por la falta de
adopción de medidas de seguridad que garantizaran el paso seguro por el puente
mientras se realizaban las labores de reparación contratadas por el departamento
de Santander, dado que, si bien el contratista y el subcontratista de la obra
manifestaron que había señales de precaución, lo cierto fue que no se aportó
ningún medio de prueba tendiente a acreditar esa situación, máxime cuando de los
testimonios recibidos en el proceso se desprendía que «en ningún momento de la
ejecución de la obra se cerró el paso sobre el puente».
Afirmó que la «construcción de obras», tanto públicas como privadas, se
consideraba como una actividad peligrosa y que permitir el tránsito de personas le
imponía al contratista y subcontratista «el deber de advertirle de manera efectiva a
los peatones la peligrosidad que puede revestir su tránsito por la obra», así como
también el deber de «identificar los puntos que podían suponer un riesgo potencial,
con el fin de evitar la causación de daños», razón por la cual, ante la prueba del
incumplimiento de sus deberes, sobre ellos recaía «directamente la
responsabilidad» de lo ocurrido con el menor Jorge Eliécer Monsalve Gómez.
Señaló que, aunque las labores de reparación del puente El Tablazo fueron
ejecutadas por particulares, el departamento de Santander, como dueño de la obra,
respondía directamente por los daños que se hubiesen causado con ocasión de
aquellas, razón por la cual dicho ente territorial sería el encargado de asumir la
condena y, luego, debería repetir contra el señor Andrés Julián Montero Pardo y
Sánchez Construcciones Ltda.
12
Folios 857 a 880 del proceso n.° 55528.
12
Actor: María Cleofelina Cuadros de
Monsalve
Demandado Departamento de Santander y otros
Referencia: Reparación Directa No. 58316
acumulada con el No.55528
Por último, frente al argumento de los demandados, según el cual operó la causal
eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, manifestó que no
estaba llamada a prosperar, porque, según el Tribunal a quo, no se demostró que
la presencia del menor obedeció a «una intención deliberada o imprudente suya,
desconociendo las señales que advertían peligro», en la medida en que, insistió, el
paso por el lugar donde ocurrió el accidente era permitido y los testimonios daban
cuenta de que esa zona «no contaba con medidas eficaces para prevenir los riesgos
que suponía el tránsito por ese punto en específico»13.
6. Recursos de apelación y trámite de segunda instancia
6.1. Proceso No.° 55528
La sociedad Sánchez Construcciones Ltda. manifestó que el daño alegado por
los demandantes provenía «del contrato laboral, dado que la presencia de la víctima
no fue circunstanciada por elementos ajenos al trabajo como por ejemplo la falla
del servicio, sino lo fue exclusivamente por la subordinación y dependencia», razón
por la cual el asunto debía remitirse a la jurisdicción laboral.
Indicó que, en caso de que se confirmara la declaratoria de «responsabilidad
solidaria», la indemnización por concepto de perjuicios morales pedida por los
demandantes solo podía reconocerse si se demostraba la culpa del empleador14.
En su recurso de apelación, el señor Andrés Julián Montero Pardo señaló que el
Tribunal a quo se equivocó al aplicar el régimen de responsabilidad por actividades
peligrosas, dado que el señor Badillo Silva no era un tercero sino un trabajador del
contratista encargado de ejecutar la obra, cuyo título de imputación era el de falla
del servicio.
Aseguró que en el presente asunto se demostró que, en su calidad de contratista,
cumplió con todos sus deberes al ejecutar las labores de recuperación del estribo
del puente y de ello daba cuenta el informe final de la interventoría.
Sostuvo que, de acuerdo con el informe que presentó la Universidad Industrial de
Santander y con la declaración del ingeniero Álvaro Viviescas, quien suscribió dicho
documento, el desplome del puente no se produjo por una omisión o un descuido
13
Folios 1.067 a 1.080 del proceso n.° 58316.
14
Folios 882 a 885 del proceso n.° 55528.
13
Actor: María Cleofelina Cuadros de
Monsalve
Demandado Departamento de Santander y otros
Referencia: Reparación Directa No. 58316
acumulada con el No.55528
de sus funciones en la intervención de uno de los estribos del puente, sino por una
falla de difícil detección en la articulación superior del arco metálico de la estructura,
situación que, además de no estar contemplada en el objeto del contrato n.° 22, le
resultó ajena, oculta e imprevisible al contratista. En ese orden, precisó que la
estructura se encontraba seriamente averiada desde diciembre de 2010 y cualquier
tipo de intervención iba a generar el mismo resultado.
Afirmó que no estaba demostrado el nexo de causalidad entre las actividades
desplegadas por el contratista y el colapso del puente.
En ese sentido, indicó que, «habiéndose demostrado la inexistencia de la falla del
servicio por parte del contratista, así como una causa extraña (falla oculta en la
articulación superior del puente)», no se configuraron los requisitos para declarar
su responsabilidad15.
El departamento de Santander señaló que debió aplicarse un régimen de
responsabilidad subjetivo y no uno objetivo, por cuanto el «daño se produjo en
ejercicio de una actividad asumida voluntariamente por el administrado y/o
particular».
Afirmó que, aunque se demostró el daño, consistente en la muerte del señor Badillo
Silva, no se acreditó que aquel le resultara imputable al departamento, toda vez
que, si bien suscribió el contrato de obra No. 22 con el señor Andrés Julián Montero
Pardo, lo cierto era que él fue quien contrató al señor José Abelardo Badillo Silva y
como su empleador era el único llamado a responder, dado que la ocurrencia «de
un siniestro como consecuencia de la concreción de un riesgo laboral le
corresponde al contratista bajo el juicio de culpa patronal».
Los recursos de apelación se admitieron mediante proveído del 11 de marzo de
201616. Posteriormente se corrió traslado a las partes para que alegaran de
conclusión y al Ministerio Público para que rindiera el concepto correspondiente,
oportunidad en la cual los demandados reiteraron lo expuesto en sus escritos de
apelación17.
La parte actora y el Ministerio Público guardaron silencio.
15
Folios 887 a 900 de proceso n.° 55528.
16
Folio 931 del proceso n.° 55528.
17
Folios 953 a 966 del proceso n.° 58316.
14
Actor: María Cleofelina Cuadros de
Monsalve
Demandado Departamento de Santander y otros
Referencia: Reparación Directa No. 58316
acumulada con el No.55528
6.2. Proceso n.° 58316
La sociedad Sánchez Constructores Ltda. interpuso recurso de apelación contra
la sentencia del 16 de diciembre de 2015, con fundamento en los siguientes
argumentos:
Indicó que el Tribunal a quo encontró acreditado el daño alegado por los
demandantes con base en unos documentos que, pese a que no fueron pedidos
como pruebas en la demanda, se allegaron con posterioridad al cierre del período
probatorio y frente a los cuales no se garantizó el derecho al debido proceso de los
demandados, quienes no tuvieron la oportunidad de ejercer sus derechos de
defensa y contradicción.
Manifestó que la declaratoria judicial de muerte por desaparecimiento del menor
Jorge Eliécer Monsalve Gómez resultaba insuficiente para atribuirle algún grado de
responsabilidad, dado que para ello se debía acreditar, al menos, que la causa de
la desaparición del referido niño fue el desplome del puente y ello no ocurrió en el
presente caso.
Adujo que esa sociedad no formaba parte del contrato estatal y su actuación se dio
en virtud de la oferta laboral, cuyo objeto era suministrar elementos para el
cumplimiento de aquel, de ahí que no era solidariamente responsable por lo que
ocurriera en el marco del contrato de obra principal.
Insistió en que en este asunto operó la causal eximente de responsabilidad de culpa
exclusiva de la víctima, de un lado, por cuanto el menor Monsalve Gómez se expuso
imprudentemente al riesgo que implicaba la construcción de la obra en el puente El
Tablazo y, de otra parte, porque fueron sus padres, quienes, pese a que conocían
esos riesgos, lo descuidaron y permitieron la exposición del menor18.
El departamento de Santander interpuso recurso de apelación, con el propósito
de que se revoque el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, se ordene que «la condena sea asumida por quienes
causaron el daño». Al respecto, esto fue lo único que manifestó (se transcribe de
forma literal, con posibles errores incluidos):
18
Folios 1.120 a 1.130 del proceso n.° 58316.
15
Actor: María Cleofelina Cuadros de
Monsalve
Demandado Departamento de Santander y otros
Referencia: Reparación Directa No. 58316
acumulada con el No.55528
Dejamos en consideración de los honorables magistrados del Consejo de
Estado que, ante la claridad en la imputación del daño por parte del contratista,
se estudie la posibilidad de revocar parcialmente el numeral cuarto de la
sentencia y a su turno exonerar al departamento de Santander para que la
condena sea cancelada directamente por quienes causaron el daño.
Por su parte, el señor Andrés Julián Montero Pardo interpuso recurso de
apelación, con base en los siguientes argumentos:
Señaló que el Tribunal a quo incurrió en una vía de hecho, porque la sentencia del
30 de junio de 2015, proferida por el Juzgado Tercero de Familia de Bucaramanga
nunca fue solicitada por la parte actora, tampoco fue decretada como prueba y,
pese a ello, el apoderado de los demandantes la allegó «arbitraria y
caprichosamente» y el Tribunal a quo la valoró.
Indicó que, al otorgarle validez probatoria, el Tribunal de primera instancia
desconoció el derecho al debido proceso de los demandados, razón por la cual
solicitaba su exclusión como medio de prueba y, como consecuencia, absolverlos
de responsabilidad, por falta de prueba del daño.
Manifestó su inconformidad con la afirmación del Tribunal a quo, según la cual no
se aportó prueba de la señalización de la obra en el puente El Tablazo, dado que
si se hubiera tenido en cuenta el informe final que presentó la firma interventora se
habría percatado de que el señor Montero Pardo cumplió con todos sus deberes
como contratista, «específicamente el de aseguramiento de calidad», toda vez que
se realizaron controles al material, a las maquinarias y a los equipos utilizados
«para el procedimiento constructivo», así como también se revisó «la calidad del
personal del contratista y la cantidad y calidad de las señales preventivas» ubicadas
en la obra.
Aseguró que en la sentencia de primera instancia tampoco se valoraron las actas
de recibo final de la obra y de liquidación bilateral, en las que se dejó constancia de
que el contratista Andrés Julián Montero Pardo cumplió con el objeto del contrato
No. 22 y las obligaciones en él contenidas, así como tampoco el informe final de la
interventoría y de la Universidad Industrial de Santander que sirvieron de sustento
para suscribir las referidas actas.
Cuestionó la conclusión del Tribunal a quo, según la cual la responsabilidad por la
muerte del menor Jorge Eliécer Monsalve Gómez recaía únicamente en el
16
Actor: María Cleofelina Cuadros de
Monsalve
Demandado Departamento de Santander y otros
Referencia: Reparación Directa No. 58316
acumulada con el No.55528
contratista y el subcontratista, por la supuesta omisión de garantizar la seguridad
de los peatones que transitaban por el puente, de un lado, porque, como daba
cuenta el informe de la interventoría, no era cierto que se hubiese incumplido el
deber de prevención y señalización y, de otra parte, porque, de conformidad con lo
dispuesto «en la Ley 80 de 1993 y normas concordantes», el departamento de
Santander, en su calidad de contratante, tenía la obligación de supervisar la obra,
razón por la que, en caso de que se demostrara que no había señalización y que
aquella fue la causa del daño, también se debía declarar la responsabilidad del
departamento de Santander y condenarlo a asumir la condena.
Afirmó que el a quo no valoró debidamente el material probatorio allegado al
proceso, lo cual se tradujo en conclusiones equivocadas, por cuanto la supuesta
falta de señalización o las labores de recuperación realizadas en el puente no
fueron la causas adecuadas del daño, sino «el hecho de no haberse detectado una
falla en la rótula del arco superior del puente», el cual resultó imprevisible para el
contratista y respecto del cual no era el llamado a responder, por cuanto, insistió,
el objeto del contrato No. 22 recaía única y exclusivamente sobre uno de los
estribos del puente y no sobre otras partes de su estructura.
Alegó que el paso peatonal sí estaba permitido, pero no de manera imprudente,
como lo sostuvo el tribunal, sino de manera coordinada a través de paleteros
ubicados a cada lado del puente. En consonancia con esto, insistió en que en este
caso operó la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima,
dado que no fue la falta de señalización la causa del daño, sino que fue el menor
quien se expuso imprudentemente al peligro, situación que, en su criterio, tenía la
capacidad de romper el nexo de causalidad, por cuanto una construcción no es un
campo de juego y según la misma demanda, el niño se hizo amigo de los obreros
y por su propia voluntad y bajo la anuencia de sus padres asumió el riesgo del
siniestro19.
Lo recursos de apelación se admitieron mediante auto del 15 de febrero de 201720.
Posteriormente se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al
Ministerio Público para que rindiera el concepto correspondiente, oportunidad en la
cual los demandados reiteraron los argumentos de sus escritos de apelación21.
19
Folios 1.134 a 1.153 del proceso No. 58316.
20
Folio 1.171 del proceso No. 58316.
21
Folios 1.175 a 1.201 del proceso No. 58316.
17
Actor: María Cleofelina Cuadros de
Monsalve
Demandado Departamento de Santander y otros
Referencia: Reparación Directa No. 58316
acumulada con el No.55528
El Ministerio Público solicitó modificar el fallo de primera instancia, en el sentido de
declarar solidariamente responsables a los condenados junto con el departamento
de Santander, por considerar que la desaparición del menor Jorge Eliécer Monsalve
Gómez se presentó por la omisión de los deberes de cuidado, vigilancia,
señalización y control del paso sobre el puente El Tablazo, deberes que no eran
ajenos para el departamento de Santander, toda vez que sobre la entidad recaía la
supervisión de la obra22.
La parte actora guardó silencio.
7. Acumulación de procesos
Mediante proveído del 26 de julio de 202123, dictado en el proceso n.° 58316, se
dispuso su acumulación con el proceso n.° 55528.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Para resolver la segunda instancia de la presente litis, se abordarán los siguientes
temas: 1) jurisdicción: 1.1) fuero de atracción en el proceso 55528: 1.2)
configuración del fuero de atracción en el proceso 55528 frente a los demandados
Andrés Julián Montero y la sociedad Sánchez Construcciones Ltda. en la demanda
formulada por los familiares del trabajador José Abelardo Badillo Silva: 1.2.1)
naturaleza contractual de la responsabilidad de Andrés Julián Montero y la sociedad
Sánchez Construcciones Ltda.; 1.2.2) imposibilidad de aplicar el fuero de atracción
frente a Andrés Julián Montero y la sociedad Sánchez Construcciones Ltda.; 1.2.3)
legitimación en la causa por pasiva frente a accidentes de trabajo ocurridos en
ejercicio de funciones propias del empleo; 1.2.4) consecuencias de la declaratoria
de falta de jurisdicción para conocer de la responsabilidad reclamada a Andrés
Julián Montero y la sociedad Sánchez Construcciones Ltda. en el proceso 58528;
1.3) fuero de atracción en el proceso 58316; 2) competencia de la Sala; 3) ejercicio
oportuno de la acción; 4) objeto de la apelación: 4.1) hechos probados: 4.1.1) sobre
la temporada lluvias en el departamento y la declaratoria de urgencia manifiesta
para contratar la reparación del puente El Tablazo; 4.1.2) sobre las actividades
desarrolladas en cumplimiento del contrato No. 22, dirigidas a la rehabilitación del
puente El Tablazo; 4.1.3) sobre la caída del puente El Tablazo y su causa; 5) análisis
de los elementos de la responsabilidad con base en los cargos de la apelación
22
Folios 1.202 a 1.209 del proceso No. 58316.
23
Índice 70 del aplicativo SAMAI.
18
Actor: María Cleofelina Cuadros de
Monsalve
Demandado Departamento de Santander y otros
Referencia: Reparación Directa No. 58316
acumulada con el No.55528
planteados: 5.1) frente a la configuración del daño alegado en la demanda
promovida por la desaparición del menor; 5.2) frente a la falla del servicio que
ocasionó la caída del puente en la que se produjo la muerte del menor Jorge Eliécer
Monsalve Gómez; 5.3) sobre la imputación de la muerte del menor a la falla del
servicio del departamento de Santander y a la conducta del ingeniero Andrés Julián
Montero Pardo – configuración de la causal eximente de responsabilidad de la culpa
exclusiva de la víctima y 6) costas.
1. Jurisdicción
En la demanda ejercida en el proceso 55528, los demandantes, familiares de la
víctima José Abelardo Badillo Silva, imputaron responsabilidad de carácter
“extracontractual” a las entidades demandadas – departamento de Santander,
Andrés Julián Montero Pardo y a la sociedad Sánchez Construcciones Ltda.
En las condiciones analizadas, la Sala verificará si, en efecto, esta jurisdicción se
encuentra habilitada para conocer de las referidas pretensiones.
Para lo anterior, se determinará el alcance del fuero de atracción y su configuración
en el sub lite, dado que es en virtud de tal institución que esta jurisdicción puede
conocer de las demandas presentadas, de manera conjunta, en contra del Estado
y de algún sujeto de derecho privado.
1.1. Fuero de atracción
En virtud del fuero de atracción24, esta jurisdicción tiene competencia para fallar las
pretensiones formuladas frente a los sujetos de derecho privado cuando se les
demande de manera conjunta con una entidad pública..
24
“El factor de conexión implica que cuando se demanda a una entidad pública (...) en conjunto con
otras entidades o incluso con particulares (…), por aplicación del ‘factor de conexión’, el juez de lo
contencioso administrativo adquiere competencia para conocer del asunto (…).
Un buen ejemplo de aplicación del factor de conexión en la jurisdicción contenciosa administrativa
es el llamado fuero de atracción. En virtud de dicha figura, al demandarse de forma concurrente a
una entidad estatal, cuyo conocimiento corresponde a esta jurisdicción y a otra entidad privada, cuya
competencia le correspondería a la jurisdicción ordinaria, el proceso debe adelantarse ante la
primera –Jurisdicción Contenciosa Administrativa–, la cual tiene competencia, entonces, para fallar
acerca de la responsabilidad de las dos demandadas.
“Para que se pueda aplicar el fuero de atracción, se requiere de un fundamento jurídico y fáctico
sólido” (se destaca). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
providencia del 18 de junio de 2015, expediente 51.714, M.P. Hernán Andrade Rincón; además:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencias del 1° de marzo de 2018, expediente 43.269, y del 28 de agosto de 2019, expediente
52603.
19
Actor: María Cleofelina Cuadros de
Monsalve
Demandado Departamento de Santander y otros
Referencia: Reparación Directa No. 58316
acumulada con el No.55528
Para lo anterior se requiere que los hechos en los que se sustenten las imputaciones
formuladas en contra de la entidad y el particular sean los mismos25, que tengan la
misma fuente, pues se parte de la existencia bien sea de un litisconsorcio
necesario por pasiva26 o de una con-causalidad27, en virtud de la cual los dos
sujetos eventualmente contribuyeron con su conducta a generar el daño y, por ende,
son responsables de los perjuicios causados28.
Esta Subsección29, en sentencia del 20 de noviembre de 2020, precisó que tal
supuesto no se configura cuando al Estado y al particular demandado se le imputan
pretensiones de distinta naturaleza: extracontractual a las entidades y contractual al
privado, razonamiento con fundamento en el cual se concluyó que en el caso
analizado en esa oportunidad no resultaba aplicable el fuero de atracción30 y, por
ende, lo procedente era declarar probada la excepción de falta de jurisdicción frente
al asunto contractual de carácter particular.
De este modo, al juez le corresponde determinar la naturaleza y la fuente de la
responsabilidad imputada a cada sujeto, con el fin de evitar que la jurisdicción que
debe conocer el asunto sea alterada de manera temeraria31, sino que, en efecto, la
autoridad judicial que conozca del proceso sea la habilitada para tal fin32.
25
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto
del 1° de junio de 2020, expediente 25000-23-26-000-2010-00966-01(52337).
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, M.P. Alier Eduardo
Hernández Enríquez, providencia del 19 de mayo de 2005. Rad: 25000-23-27-000-2002-90106-
01(AP).
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencias del: i) 22 de marzo de 2017, expediente 38.958; ii) 11 de abril de 2019, expediente 45205;
iii) 25 de julio de 2019, expediente 51.687; iv) 28 de agosto de 2019, expediente 52.603; v) 12 de
diciembre del 2019, expediente 45.978, M.P. María Adriana Marín.
28
El criterio del fuero de atracción ha sido establecido de tiempo atrás por la Sección Tercera del
Consejo de Estado. Entre las providencias en las que inicialmente se delimitó su alcance y se analizó
la concausalidad se encuentran las proferidas el 10 de septiembre de 1993, el 12 y el 28 de octubre
de 1993, expedientes 8549, 8148 y 8043, M.P. Julio Cesar Uribe Acosta y Carlos Betancur Jaramillo
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 20 de noviembre de
2020, expediente 50.433, M.P. Roberto Sáchica Méndez.
30
Frente a la divergencia en la responsabilidad imputada, se sostuvo “[d]e acuerdo con lo expuesto,
en tanto que no se trata de los mismos hechos, no es posible mediante el fuero de atracción estudiar
un asunto contractual entre particulares, en tanto la demanda se presentó junto con una presunta
falla de la administración que es un asunto extracontractual”.
31
Así lo ha sostenido de tiempo atrás esta Corporación:
“no se puede manejar con ligereza conceptual, ni con valoración descuidada de la realidad
fáctica, pues se corre el riesgo de desnaturalizar la jurisdicción, ya que bastaría buscar un
centro de imputación jurídica, de cuyos hechos, actos y omisiones conozca la jurisdicción de lo
contencioso - administrativo, para que justicia ordinaria sea relevada, sin causa, motivo o razón, del
conocimiento de los asuntos que le están asignados por la ley” (Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 27 de noviembre de 1994, M.P. Julio
César Uribe Acosta).
32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, providencia del 19
de julio de 2006, expediente 30836, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
20
Actor: María Cleofelina Cuadros de
Monsalve
Demandado Departamento de Santander y otros
Referencia: Reparación Directa No. 58316
acumulada con el No.55528
En suma, en virtud de la garantía del juez natural, del derecho a que un asunto sea
definido de acuerdo con la normativa previamente definida y del carácter de orden
público de las normas que rigen la jurisdicción, la aplicación del fuero de atracción
debe ser excepcional, porque la modificación de las autoridades legalmente
facultadas para conocer de una controversia no pueden quedar al arbitrio de las
partes, máxime cuando cada una de las jurisdicciones que se encuentran
establecidas en nuestro ordenamiento jurídico, verbigracia la ordinaria o de lo
contencioso administrativo, tienen acciones y procesos propios que atienden a la
naturaleza sustancial de los asuntos que han sido puestos bajo su consideración.
Con todo, el fuero de atracción implica la modificación de la jurisdicción, pero
no el régimen jurídico al amparo del cual se deben resolver las pretensiones
formuladas en contra de los particulares, toda vez que, al margen de que el proceso
lo conozca el juez de lo contencioso administrativo, a ellos no les resultan aplicables
las reglas de la responsabilidad estatal, sino las del derecho privado33, al punto de
que les son aplicables los criterios jurisprudenciales establecidos por la Corte
Suprema de Justicia.
Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala determinará si en el sub
lite se configuraron los supuestos para conocer de las pretensiones formuladas en
contra de Andrés Julián Montero y la sociedad Sánchez Construcciones Ltda., en
virtud del fuero de atracción.
1.2. Configuración del fuero de atracción frente a los demandados Andrés
Julián Montero y la sociedad Sánchez Construcciones Ltda. en la demanda
formulada por los familiares del trabajador José Abelardo Badillo Silva
La Sala reitera que en el sub lite se imputó responsabilidad extracontractual en
contra de todas los demandados, situación que, en principio, daría cuenta de la
configuración del fuero de atracción; sin embargo, al analizar el asunto, en virtud de
las facultades de interpretación de la demanda, se advierte que las pretensiones
formuladas en contra de Andrés Julián Montero Pardo y la sociedad Sánchez
Construcciones Ltda. tienen como fuente una relación contractual de tipo laboral,
como se explicará a continuación.
33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 5 de diciembre de 2016, expediente 38.806, C.P., Danilo Rojas Betancourth; reiterada
en sentencia del 30 de noviembre de 2017, expediente 44760, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.
21
Actor: María Cleofelina Cuadros de
Monsalve
Demandado Departamento de Santander y otros
Referencia: Reparación Directa No. 58316
acumulada con el No.55528
En este punto, con fin de determinar el alcance de las pretensiones planteadas en
el sub lite, la Subsección recurrirá a las facultades del juez para interpretar la
demanda y, a partir de ello, encauzar las pretensiones como contractuales, a pesar
de que se hubiesen formulado como extracontractuales.
Pues bien, el deber de interpretación de la demanda tiene como finalidad que las
autoridades judiciales determinen lo materialmente pretendido por quien demanda
y se establezca la vía idónea para tramitar la controversia34.
La facultad analizada tiene por objeto que, ante la falta de claridad del escrito inicial,
se le dé el sentido y el alcance que se derive de la intención real del
demandante, sin desconocer o variar abiertamente sus factores esenciales, por
ende, se debe atender el daño que el demandante pide indemnizar y la fuente del
que proviene.
Así las cosas, en los eventos en los que la parte actora ejerce formalmente una
pretensión, pero invoca como fuente del daño un supuesto propio de otra vía
procesal, el juez debe encauzar el asunto a través del mecanismo que se derive del
segundo supuesto.
En cuanto a la determinación del alcance de la demanda en los eventos en que se
alega responsabilidad extracontractual, pese a que, materialmente, la controversia
es de carácter contractual, la Corte Suprema de Justicia ha señalado:
[E]l juez tiene el deber de desentrañar el verdadero y más equitativo sentido de
la demanda, por supuesto, sin distorsionarla, labor en cuya realización puede
acontecer que el demandante, descuidada o ambiguamente sitúe su
petición en el ámbito de la responsabilidad extracontractual, pero al
exponer el objeto de su reclamación o la causa para expedir evidencie con
nitidez lo contrario, es decir que su pedimento se afinca en la
responsabilidad derivada del incumplimiento negocial, pues en esa
hipótesis deberá el juzgador emprender el ejercicio intelectivo pertinente,
enderezado a establecer el genuino sentido de dicho libelo, sin que necesaria e
ineludiblemente deba atenerse a la denominación que al desgaire le hubiere
imprimido el accionante. Otro tanto ocurrirá en la hipótesis antagónica” 35 (se
destaca).
34
Sobre este tema, la Corte Suprema de Justicia ha señalado: Al] encargado de administrar justicia
se le atribuye, como misión ineludible interpretar los actos procesales, entre ellos la demanda inicial,
a fin de desentrañar el verdadero alcance e intención del demandante al formular sus súplicas,
lógicamente sin aislar el petitum de la cusa petendi, buscando siempre una afortunada integración
y con ello poder precisar el auténtico sentido o aspiración de quien procura una tutela efectiva de
sus derechos”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 12 de marzo de
2019, expediente SL 960-2019, M.P. Giovanni Francisco Rodríguez Jiménez.
35
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 16 de julio de 2008, expediente
1997-00457, M.P. Pedro Octavio Munar Cadena.
22
Actor: María Cleofelina Cuadros de
Monsalve
Demandado Departamento de Santander y otros
Referencia: Reparación Directa No. 58316
acumulada con el No.55528
En pronunciamiento posterior, la Corte Suprema de Justicia reiteró el criterio según
el cual el juez debe interpretar la demanda en los casos en los que formalmente se
ejerce una pretensión de responsabilidad de carácter extracontractual, pero,
materialmente, la controversia es contractual, porque la fuente del daño alegado es
un contrato 36.
En las condiciones analizadas, en virtud del deber de interpretación de la demanda,
el juez tiene la facultad de definir el alcance material de las pretensiones y
encauzarlas en los términos en los que corresponda, razón por la cual, cuando el
demandante incurre en alguna equivocación en la elección del tipo de acción
sustancial que rige el caso, el juez debe adecuar la controversia al instituto jurídico
pertinente.
1.2.1. Naturaleza contractual de la responsabilidad de Andrés Julián Montero
y la sociedad Sánchez Construcciones Ltda.
Si bien en el acápite del petitum se indicó que la responsabilidad de Andrés Julián
Montero Pardo y de la sociedad Sánchez Construcciones Ltda. era de carácter
“extracontractual”, no es menos cierto que las pretensiones formuladas en su
contra tienen como fuente –porque así se afirmó por los actores- un vínculo
contractual, derivado del hecho de que, de acuerdo con lo aseverado en el escrito
inicial, ambos fueron contratistas del departamento para la ejecución de las obras
de reparación del puente El Tablazo y fungieron, a su turno, como contratantes de
los servicios de mano de obra de la víctima, José Abelardo Badillo Silva.
El centro de imputación de la responsabilidad que se atribuyó a esos dos
particulares de manera indistinta en la demanda estribó en que:
No adoptaron las medidas de seguridad exigidas para salvaguardar la vida
de los trabajadores de la obra, tales como dotarlos de guantes, arneses,
gafas.
Los materiales utilizados en la obra eran deficientes e inapropiados.
La maquinaria utilizada para realizar las labores de gateo resultaba
inadecuada y no cumplía con las condiciones mínimas de seguridad.
36
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 11 de mayo de 2017, expediente
11001-22-03-000-2017-00682-01, M.P. Ariel Salazar Ramírez. El anterior criterio fue reiterado por la
Corte Suprema de Justicia” Sala de Casación Civil, en sentencia del 17 de noviembre de 2017,
expediente 11001-3103-018-1999-00533-01, M.P. William Namén Vargas.
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Actor: María Cleofelina Cuadros de
Monsalve
Demandado Departamento de Santander y otros
Referencia: Reparación Directa No. 58316
acumulada con el No.55528
Durante los trabajos de gateo ejecutados en el puente el día del colapso no
se observaron los protocolos de seguridad exigidos y que consistían en
realizar labores de amarre de la estructura para asegurarla.
Subcontrataron trabajadores sin ninguna preparación técnica ni experiencia
en trabajos de alta ingeniería, ni fueron supervisados por un ingeniero civil
que los guiara correctamente acerca de las labores realizadas.
Los empleadores expusieron a la víctima a un riesgo para el que no estaba
preparada ni había sido debidamente instruida.
Por lo anterior, lo que se le imputa tanto a Andrés Julián Montero y a la sociedad
Sánchez Construcciones Ltda. estribó en la alegada culpa del empleador del
trabajador fallecido en la producción del daño, en síntesis, por no haberlo capacitado
para el ejercicio de la actividad riesgosa ni haber adoptado las medidas de
seguridad exigidas para prevenir el colapso del puente.
Cabe precisar que en el proceso está demostrado que el 24 de enero de 2011, el
ingeniero Andrés Julián Montero Pardo, contratista del departamento de Santander,
subcontrató a la sociedad Sánchez Construcciones Ltda. para cortar y cargar
material de excavación en los vehículos programados por el contratante, la totalidad
del volumen de tierra “que se demarque en obra por la topografía para ejecución del
contrato principal”37.
Así mismo, el 21 de febrero de 2011 el Ingeniero Andrés Julián Montero Pardo
celebró contrato individual de trabajo con el señor José Abelardo Badillo Silva en
cuya virtud este último se comprometía a prestar su mano de obra en las actividades
de conservación y atención de emergencias en la vía San Vicente38.
Con todo, aun cuando no hay evidencia de que el subcontratista sociedad Sánchez
Construcciones Ltda. y José Abelardo Badillo Silva hubieran suscrito un contrato de
trabajo, se reitera que en la demanda se afirma que la relación laboral en cuyo
marco se produjo el deceso del trabajador, también existió entre la sociedad
Sánchez Construcciones Ltda. y el fallecido José Abelardo Badillo Silva, y las
imputaciones formuladas en contra de aquel se elevaron con fundamento en el
reproche del incumplimiento de sus deberes como empleador.
37
Folios 207 a 210 del proceso No. 55528.
38
Folios 203 a 209 del proceso No. 58316.
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Referencia: Reparación Directa No. 58316
acumulada con el No.55528
1.2.2. Imposibilidad de aplicar el fuero de atracción frente a Andrés Julián
Montero y la sociedad Sánchez Construcciones Ltda.
En las condiciones analizadas, la fuente de la responsabilidad atribuida tanto a
Andrés Julián Montero como a la sociedad Sánchez Construcciones Ltda. habría de
recaer en una relación contractual de naturaleza laboral, aspecto que no puede
evaluar esta Sala, pues debieron ser materia de discusión dentro de un proceso de
responsabilidad contractual que los beneficiarios del trabajador fallecido debieron
promover contra su empleador, dado que el accidente que sufrió ocurrió ejecutando
una actividad laboral39.
La indemnización plena de perjuicios debe ser asumida por el empleador en el
evento en el que se pruebe su culpa, pues si la causa es ajena a él, se rompe el
nexo causal por un eximente de responsabilidad, tal como “la culpa exclusiva de la
víctima o de un tercero, el caso fortuito o la fuerza mayor (denominados por la
doctrina causas ajenas)”, como lo ha precisado la Corte Suprema de Justicia en
varias de sus sentencias40.
De este modo, en el sub lite lo relacionado con los sujetos de derecho privado
demandados –Andrés Julián Montero y la sociedad Sánchez Construcciones
Ltda.– debe dirimirse al amparo de los institutos que la ley tiene reservados frente
a la respectiva relación contractual, sin que exista regla jurisprudencial o legal que
habilite a la jurisdicción administrativa para desplazar al juez natural y acumular tal
controversia a una de reparación directa.
39
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 15 de septiembre de 2021,
exp. SL1730-2020 (82711), acta 19, MP: Jorge Luis Quiroz Alemán: “(…) en principio, le
corresponderá a la víctima o a sus beneficiarios demostrar la culpa del empleador en la ocurrencia
del accidente de trabajo, como fuente de la responsabilidad prevista en el artículo 216 del estatuto
laboral.(…) Así mismo, la jurisprudencia del trabajo ha explicado que los afectados con el siniestro
bien pueden imputar al empleador el incumplimiento de las obligaciones de seguridad y protección,
como causa fundamental del accidente de trabajo. Bajo esta segunda hipótesis, la carga de la prueba
queda en cabeza del dador del laborío, quien deberá demostrar su diligencia o la existencia de un
eximente de responsabilidad, en los términos atrás descritos”.
ARTICULO 216 del Código Sustantivo del Trabajo. CULPA DEL EMPLEADOR. Cuando exista culpa
suficiente comprobada del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad
profesional, está obligado a la indemnización total y ordinaria por perjuicios, pero del monto de ella
debe descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas en razón de las normas
consagradas en este Capítulo.
40
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 30 de julio de 2014, exp.
SL14420-2014 (42532), acta 27, MP: Clara Cecilia Dueñas Quevedo; sentencia del 20 de septiembre
de 2017, exp. SL15114-2017 (63629), acta 11, MP: Ana María Muñoz Segura; sentencia del 4 de
julio de 2018, exp. SL2617-2018 (602039), acta 21, MP: Cecilia Margarita Durán Ujueta y sentencia
del 30 de octubre de 2018, exp. SL4704-2018 (38012), acta 38, MP: Dolly Amparo Caguasango
Villota.
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Demandado Departamento de Santander y otros
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En suma, ante la falta de concurrencia de los supuestos para recurrir al fuero de
atracción, la Sala declarará la falta de jurisdicción41 para conocer de la
responsabilidad reclamada respecto de Andrés Julián Montero y la sociedad
Sánchez Construcciones Ltda. con el fin de que indemnicen los perjuicios
causados por la muerte de José Abelardo Badillo Silva, situación que, según la
demanda, ocurrió en cumplimiento de la relación laboral que existía entre este y
aquellos.
1.2.3 Legitimación en la causa por pasiva frente a accidentes de trabajo
ocurridos en ejercicio de funciones propias del empleo
De cara al panorama expuesto, correspondía a los empleadores del trabajador José
Abelardo Badillo Silva garantizar las condiciones de seguridad necesarias para que
la víctima realizara sus actividades42, obligaciones que, según la demanda, fueron
incumplidas, por lo que fueron quienes asumieron el riesgo de emplearlo en el
ejercicio de una actividad peligrosa, como lo era la ejecución de obras de reparación
de un puente que, como más adelante se profundizará, se encontraba en
condiciones de amenaza de colapso, y en medio de las cuales se produjo el siniestro
de su muerte43.
Así pues, la génesis del daño correspondió a un accidente de trabajo44, por lo que
la discusión sobre la culpa en que incurrió el empleador es un aspecto que escapa
41
En este punto se reitera el criterio adoptado recientemente por la Subsección: Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 20 de noviembre de 2020, expediente 50.433,
M.P. Roberto Sáchica Méndez. Postura adoptada igualmente en la sentencia del Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 22 de noviembre de 2021, expediente 45.850.
42
Según los testimonios de los señores Eduardo Silva y Gerardo Monsalve, el señor José Abelardo
Silva había sido contratado para trabajar en las obras de reparación del puente y mientras él y sus
compañeros realizaban labores de gateo en el estribo izquierdo, la estructura del puente se cayó.
Lo anterior, además de ser corroborado con el contrato de trabajo42 y los respectivos certificados de
afiliación a seguridad social y riesgos laborales42 del señor Badillo Silva, según los cuales el
mencionado señor se desempeñaba como obrero del ingeniero Andrés Julián Montero Pardo y
cumplía sus funciones en «las obras de conservación y atención de emergencias en las vías
secundarias del departamento de Santander, vía la Renta – San Vicente», encuentra respaldo en el
informe ejecutivo de la noticia criminal n.° 2011-80018, elaborado el 3 de marzo de 2011, según el
cual, durante el accidente ocasionado el 2 de marzo de ese año por el desplome del puente El
Tablazo, la persona identificada como José Abelardo Badillo Silva falleció, dos personas resultaron
heridas y otras dos se encontraban desaparecidas. Folios 624 a 626 del proceso n.° 55528.
43
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 3 de junio de 2019, exp.
SL2582-2019 (71655), acta 22, MP: Clara Cecilia Dueñas Quevedo.
44
Al respecto, esa corporación judicial ha precisado que el accidente laboral es el que ocurre con
causa o con ocasión del trabajo. Así lo indicó al resolver un asunto en el que un trabajador encargado
de controlar la entrada y salida de volquetas fue víctima de homicidio en su lugar de trabajo por parte
de desconocidos: (…) el 13 de septiembre de 2007 cuando Sánchez Barbosa se encontraba en el
lugar de trabajo y al servicio de la empresa recibió disparos por parte de desconocidos cuyas heridas
le causaron la muerte (…).
Pues bien, el Colegiado de instancia estimó que en el sub lite, el siniestro que le ocasionó la muerte
al trabajador fue con ocasión del trabajo, puesto que aconteció en el sitio de prestación del servicio
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acumulada con el No.55528
al conocimiento de esta jurisdicción, sin que resulte válido el análisis desde una
óptica extracontractual por el hecho de haber traído a juicio a una entidad estatal,
en tanto se reitera que la génesis del daño que se reclama era de naturaleza laboral,
vínculo en el que no intervino el ente público.
Al respecto se agrega que en la demanda no se realizaron imputaciones concretas
de responsabilidad frente al ente territorial accionado, pues, si bien alegaron que el
departamento de Santander había contratado la obra y que este había incurrido en
una falla del servicio, no desarrollaron argumentos concretos dirigidos a explicar en
qué consistían las supuestas anomalías constitutivas de falla de la entidad pública
y causalmente relacionadas con el daño alegado.
Por el contrario, en la fundamentación jurídica se limitaron a referir la jurisprudencia
de la Corte Suprema de Justicia en relación con la obligación del constructor de
extremar medidas de seguridad en la ejecución de una obra, según lo dispuesto en
el Código Civil, con lo que se reafirma que la fuente del daño no es otra que aquella
que se derivó del vínculo del trabajador y sus empleadores ejecutores de la obra en
el marco de la cual perdió la vida.
Como consecuencia, se modificará la sentencia de primera instancia, para negar
las pretensiones de la demanda formulada contra el departamento de Santander en
lo que respecta al proceso No. 55528.
1.2.4. Consecuencias de la declaratoria de falta de jurisdicción para conocer
de la responsabilidad reclamada respecto de Andrés Julián Montero y la
sociedad Sánchez Construcciones Ltda. en el proceso 58528
y cuando aquel se encontraba bajo la subordinación del empleador; además, porque la relación de
causalidad que se dio con el entorno laboral, no fue desvirtuada por Positiva Compañía de Seguros
S.A. en cuanto omitió demostrar que existían circunstancias que permitían desligarlo del mismo.
En síntesis, con fundamento en las sentencias de esta Corporación que mencionó, estimó que existía
responsabilidad objetiva imputable a la administradora de riesgos laborales accionada.
De entrada advierte la Sala que tal razonamiento no es errado. De hecho la Corte ha elaborado una
profusa línea jurisprudencial (CSJ SL 17429, 19 feb. 2002, CSJ SL 21629, 29 oct. 2003, CSJ SL
23202, 29 ag. 2005, 25986, 4 abr. 2006, CSJ SL 24924, 12 sep. 2006, CSJ SL 28841, 5 jun. 2007,
CSJ SL 29156, 4 jul. 2007, CSJ SL 36922, 16 mar. 2010, CSJ SL351-2013 y CSJ SL417-2018),
según la cual, la responsabilidad que se establece al empleador frente a los infortunios que ocurren
en su esfera, o la administradora de riesgos laborales que asume ese mismo riesgo, es objetiva; que
la causalidad que debe haber entre el siniestro y la actividad laboral contratada, puede ser directa
(con causa del trabajo) o indirecta (con ocasión del trabajo), y que no se rompe por un hecho del
trabajador, de un tercero o por fuerza mayor o caso fortuito. Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Laboral, sentencia del 3 de junio de 2019, exp. SL2582-2019 (71655), acta 22, MP: Clara
Cecilia Dueñas Quevedo.
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En virtud de lo dispuesto en el artículo 165 del Código Contencioso Administrativo45,
las causales de nulidad aplicables a los procesos de conocimiento de esta
jurisdicción iniciados con anterioridad al 2 de julio de 2012, así como las reglas para
proponerlas y el procedimiento para decidirlas, se regulan por lo consagrado en el
Código de Procedimiento Civil.
Pues bien, el artículo 140 del C.P.C. establece de manera expresa los vicios que
afectan la validez del proceso, enunciación que se rige por el principio de
taxatividad46, según el cual solo pueden alegarse como causales de nulidad los
supuestos contemplados en la ley. La norma citada, en su numeral 1, establece lo
siguiente:
Artículo 140. Causales de Nulidad. El proceso es nulo en todo o en parte,
solamente en los siguientes casos:
1. Cuando corresponda a distinta jurisdicción (…).
La jurisdicción es entendida como la potestad de decidir el derecho y se concreta
en la función pública de administrar justicia a la que se refieren los artículos 116 y
45
“Artículo 165. Nulidades, causales y procedimiento. Serán causales de nulidad en todos los
procesos, las señaladas en los artículos 152 y 153 del Código de Procedimiento Civil, y se
propondrán y decidirán como lo previenen los artículos 154 y siguientes de dicho estatuto”.
46
En relación con la taxatividad en materia de nulidades procesales, la Corte Constitucional ha
sostenido:
“(…) Nuestro sistema procesal, como se deduce del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil,
ha adoptado un sistema de enunciación taxativa de las causales de nulidad. La taxatividad de
las causales de nulidad significa que sólo se pueden considerar vicios invalidadores de una
actuación aquellos expresamente señalados por el legislador y, excepcionalmente, por la
Constitución, como el caso de la nulidad que se presenta por práctica de una prueba con violación
del debido proceso. Cualquier otra irregularidad no prevista expresamente deberá ser alegada
mediante los recursos previstos por la normativa procesal, pero jamás podrá servir de
fundamento de una declaración de nulidad. En este sentido, la Corte expresó lo siguiente en la
sentencia C-491 de 1995:
‘El Código de Procedimiento Civil que nos rige con un criterio que consulta la moderna técnica del
derecho procesal, señala la taxatividad de las causales de nulidad, es decir, de los motivos que
dan lugar a invalidar un acto procesal, y el principio de que no toda irregularidad constituye
nulidad, pues éstas se entienden subsanadas si oportunamente no se corrigen a través de los
recursos.
‘El legislador eligió un sistema de causales taxativas de nulidad con el fin de preservar los principios
de seguridad jurídica y celeridad en los procesos judiciales. En efecto, este sistema permite presumir,
la validez de los actos procesales, mientras no se declare su nulidad con arreglo a una de las
causales específicamente previstas en la ley’.
“La naturaleza taxativa de las nulidades procesales se manifiesta en dos dimensiones: En primer
lugar, de la naturaleza taxativa de las nulidades se desprende que su interpretación debe ser
restrictiva. En segundo lugar, el juez sólo puede declarar la nulidad de una actuación por las
causales expresamente señaladas en la normativa vigente y cuando la nulidad sea manifiesta
dentro del proceso. Es por ello que en reiteradas oportunidades tanto esta Corte, como el Consejo
de Estado han revocado autos que declaran nulidades con fundamento en causales no previstas
expresamente por el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil o el artículo 29 de la Constitución
(…) (se destaca) (Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión de Tutelas, providencia del 23 de
febrero de 2010, expediente T- 2448.218, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub)”.
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228 de la Constitución Política, función que, a pesar de no ser fraccionable por ser
una prerrogativa del Estado, sí se encuentra especializada con el ánimo de
imprimirle mayor dinamismo y racionalizar su prestación47 y, en atención a ello, se
encuentran establecidas las jurisdicciones ordinaria y de lo contencioso
administrativo, entre otras.
En estos términos, determinar si el asunto corresponde a una jurisdicción u otra es
de gran importancia para garantizar el derecho al debido proceso, en su dimensión
de juez natural y aplicación de las normas preexistentes –principio de legalidad-.
En relación con la posibilidad de saneamiento o no de la falta de jurisdicción, el
artículo 144 del C.P.C. señala “[n]o podrán sanearse las nulidades de que tratan las
nulidades 3 y 4 del artículo 140, ni la proveniente de falta de jurisdicción o de
competencia funcional”.
De otro lado, cuando un proceso iniciado en vigencia del C.P.C. es tramitado por
una jurisdicción distinta a la que le corresponde debe declararse la nulidad de todo
lo actuado, en la medida en que la irregularidad se entiende estructurada desde el
primer momento, desde que se decidió avocar el conocimiento de un asunto frente
al cual no se contaban con la jurisdicción y competencia pertinentes.
Así las cosas, en tales eventos deberá anularse todo lo actuado desde el auto
admisorio de la demanda, incluso la sentencia que se hubiese dictado, con
fundamento en el artículo 146 del C.P.C., en virtud del cual, “[l]a nulidad (…)
comprenderá la actuación posterior al motivo que la produjo y que resulte afectada
por este”.
De conformidad con lo expuesto, la Sala encuentra configurada la causal de nulidad
establecida en el numeral 1 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil14,
consistente en la falta de jurisdicción, la cual, por expresa disposición legal15, no es
susceptible de saneamiento, de ahí que se imponga su declaratoria desde que se
configuró, es decir, desde que el Tribunal Administrativo de Santander admitió la
demanda.
47
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, expediente 2166-
11, providencia del 4 de marzo de 2016, M.P. William Hernández Gómez.
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En atención a lo dispuesto en el artículo 146 del C.P.C., pese a la nulidad del proceso,
“la prueba practicada dentro de dicha actuación conservará su validez y tendrá
eficacia respecto a quienes tuvieron oportunidad de contradecirla”.
La demanda será remitida a los Jueces Laborales de Bucaramanga, autoridad que
la tramitará sólo respecto de la controversia suscitada entre los actores y los
demandados Andrés Julián Montero Pardo y sociedad Sánchez Construcciones
Ltda., pues en lo relacionado con el departamento de Santander habrá de
observarse lo dispuesto en esta providencia acerca de su falta de legitimación en la
causa para integrar el extremo pasivo, de ahí que no deba tramitarse ninguna
actuación judicial en la que se analice su conducta.
Para los fines relacionados con la interrupción de la prescripción y la inoperancia de
la caducidad, se tendrá en cuenta la fecha en la que se presentó la demanda en
este asunto -7 de febrero de 201248-.
1.3. Fuero de atracción en el proceso 58316
Se imputó responsabilidad «de carácter extracontractual» al departamento de
Santander, al señor Andrés Julián Montero Pardo y a la sociedad Construcciones
Sánchez Ltda., al considerar que incurrieron en una serie de acciones y omisiones
que determinaron la producción del hecho lesivo.
El departamento de Santander, por ser el dueño de la obra y contratar las
reparaciones del estribo del puente El Tablazo con una persona que supuestamente
no tenía experiencia para ello; el contratista Andrés Julián Montero Pardo, por
permitir el tránsito por el puente El Tablazo sin ningún tipo de señalización ni
advertencia y por no capacitar al señor Badillo Silva, a quien, según los
demandantes, tampoco se le brindaron los elementos de protección
correspondientes; y la sociedad Sánchez Construcciones Ltda., porque, como
subcontratista, incurrió en graves irregularidades durante la ejecución de las labores
de gateo en uno de los estribos del puente.
En criterio de la Sala, las pretensiones formuladas por los demandantes, en efecto,
son de carácter extracontractual, toda vez que se trata de terceras personas que se
habrían visto afectadas por la desaparición del menor Jorge Eliécer Monsalve y
48
Folio 75 del proceso 55528.
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posterior muerte, ocurrida como consecuencia del desplome del puente El Tablazo,
el cual, según la parte actora, habría sido provocado por las conductas activas y
omisivas del departamento de Santander, del señor Andrés Julián Montero Pardo y
de la sociedad Sánchez Construcciones Ltda., con quienes los aquí demandantes
no tienen vínculo contractual alguno.
Bajo ese entendido, toda vez que la fuente del daño reclamado por los demandantes
es de naturaleza extracontractual y que las imputaciones realizadas en contra de la
entidad pública y los particulares se sustentan en unas acciones y omisiones que,
en el sentir de aquellos, resultaron determinantes en la producción del resultado
lesivo, la aplicación del fuero de atracción resulta procedente y, por ende, esta
jurisdicción se encuentra habilitada para decidir el fondo del asunto.
2. Competencia de la Sala
La Sala es competente para conocer del proceso No. 58316, en segunda instancia,
en virtud de los recursos de apelación interpuestos por los demandados en contra
de la sentencia del 16 de diciembre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo
de Santander, toda vez que la cuantía fijada por la pretensión mayor49, supera la
exigida por la norma para tal efecto50.
3. Ejercicio oportuno de la acción
En atención a lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso
Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos
años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión,
49
Conviene señalar que al momento de presentación de la demanda - 23 de febrero de 2012, se
encontraba vigente la Ley 1395 de 2010, modificatoria del artículo 20 del Código de Procedimiento
Civil, según el cual en los casos en los cuales en la demanda se acumularan pretensiones, la
competencia por el factor cuantía se determinaba por la sumatoria de todas ellas; no obstante, la
Ley 1450 de 2011 dispuso que en aquellos procesos en los cuales al 16 de junio de 2011 -fecha de
entrada en vigencia de la referida norma- no se hubiese notificado en debida forma el auto admisorio
de la demanda o este no se hubiere expedido y cuyas demandas se presentaran hasta antes del 2
de julio de 2012, la competencia por razón de la cuantía se determinaría de acuerdo con lo previsto
en el artículo 157 de la Ley 1437 de 2011, esto es, por la pretensión mayor, sin tener en cuenta la
estimación de los perjuicios morales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen, como
en los casos en comento.
50
Según lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo,
modificado por el artículo 40 de la Ley 446 de 1998, los Tribunales Administrativos conocían en
primera instancia, entre otras, de las acciones de reparación directa cuando la cuantía excediera la
suma equivalente a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes; en ese sentido, como en cada
una de las demandas la pretensión mayor correspondió a 1.000 salarios mínimos legales mensuales,
por concepto de perjuicios morales, se impone concluir que esta Corporación es competente para
conocer de los recursos de apelación interpuestos.
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de la operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble de
propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.
Como se indicó de manera precedente, los demandantes pretenden la
indemnización de los perjuicios que se les habrían ocasionado por la desaparición
del menor Jorge Eliécer Monsalve Gómez, ocurrida el 2 de marzo de 2011. Esta
misma fecha fue considerada como el día en que se produjo su muerte presunta por
desaparición, declarada mediante sentencia dictada el 30 de junio de 2015 por el
Juzgado Tercero de Familia de Bucaramanga, providencia sobre cuyo análisis
volverá la Sala más adelante.
Por lo anterior, la Sala estima que el daño reclamado consistente en la desaparición
del menor, posteriormente declarada como muerte presunta, debe contarse desde
la fecha que tuvo en cuenta el juez de familia como día de su ocurrencia, es decir,
el 2 de marzo de 2011, por las razones que en acápite posterior serán retomadas.
Así las cosas, toda vez que la demanda se presentó el 23 de febrero de 2012,
cuando todavía no se había cumplido el plazo de dos años que la ley dispuso para
demandar, se impone concluir que la acción se ejerció en la oportunidad prevista
para ello51.
4. Objeto de la apelación
En la medida en que se negarán las pretensiones formuladas frente al
departamento de Santander y se declarará la falta de jurisdicción para conocer las
atribuciones de responsabilidad que se hacen en el proceso 55528, la competencia
de la Sala para pronunciarse en este asunto está sujeta a los argumentos de
inconformidad invocados por los demandados en sus recursos de apelación
correspondientes al proceso 58316, los cuales giraron en torno a lo siguiente:
Según el a quo, el daño se concretó en la muerte del menor Jorge Eliécer
Monsalve Gómez, sin tener en consideración que ese no fue el supuesto
alegado en la demanda, en la que no se habló de muerte sino de
desaparición. Se agregó que, en todo caso, la muerte presunta del menor
51
Lo anterior, sin perjuicio de verificar que la parte actora en ambos procesos hubiere agotado el
requisito de conciliación extrajudicial. Al respecto, en el proceso n.° 58316, según la constancia
expedida por el Procurador Judicial 16 para Asuntos Administrativos, el 25 de noviembre de 2011 se
presentó la respectiva solicitud y el 30 de enero de 2012 el Ministerio Público certificó que las partes
no llegaron a ningún acuerdo y, como consecuencia, declaró fallida la diligencia. Folios 56 y 57 del
proceso No. 58316.
32
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por desaparición se declaró más de dos años después de presentada la
demanda, lo que indica que el daño reclamado no se había consolidado y
por tanto no se podía condenar a reparar un daño inexistente a la fecha de
presentación de la acción y que, en todo caso, la sentencia que declaró la
muerte presunta no fue oportunamente pedida por la parte actora ni allegada
a la causa en el término legal previsto.
El desplome del puente no se produjo por causas imputables al contratista o
al subcontratista, sino por una falla en el arco metálico que no pudo ser
detectada por el departamento al contratar las obras de reparación de la
estructura y no le resultaba previsible al contratista.
La supuesta falta de señalización no fue la causa adecuada del daño, sino
la exposición imprudente del menor al peligro que implicaba la rehabilitación
del estribo del puente, la cual fue asumida por sus familiares.
La subcontratista sociedad Sánchez Construcciones Ltda. fue un tercero
ajeno a la relación entre el departamento y el contratista Andrés Julián
Montero Pardo y su única función fue suministrar mano de obra y actividades
de movimiento de tierra con sus máquinas, por lo que ninguna
responsabilidad le cabe en la caída del puente.
En caso de confirmar la condena, el departamento de Santander también
era el llamado a responder, por incumplir con su deber de supervisión.
La Sala no se pronunciará respecto de la situación de Tecnología y Mantenimiento
Outsourcing Ltda., por cuanto en la sentencia del 16 de diciembre de 2015, dictada
en el proceso No. 58316, se declaró su ausencia de responsabilidad por la
desaparición del menor Monsalve Gómez y dicho aspecto no fue objeto de los
recursos de apelación interpuestos en contra de dicha providencia.
La Sala tampoco estudiará el recurso de apelación interpuesto por el departamento
de Santander en contra de la sentencia del 16 de diciembre de 201552, porque,
52
Se recuerda que en la referida providencia el Tribunal Administrativo de Santander declaró la
responsabilidad del señor Andrés Julián Montero Pardo y de la sociedad Sánchez Construcciones
«por la muerte del menor Jorge Eliécer Monsalve Gómez», pero le ordenó a departamento de
Santander asumir el pago de la condena «para que después repita por ella contra Andrés Julián
Montero Pardo y Sánchez Construcciones Ltda., en razón del 50% cada uno, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva».
33
Actor: María Cleofelina Cuadros de
Monsalve
Demandado Departamento de Santander y otros
Referencia: Reparación Directa No. 58316
acumulada con el No.55528
pese a que la referida entidad territorial cuestionó formalmente la decisión que le
ordenó asumir la condena impuesta en favor de los familiares del menor Jorge
Eliécer Monsalve Gómez, lo cierto es que materialmente no la sustentó.
En efecto, como se indicó en el acápite de antecedentes, el departamento de
Santander señaló que «ante la claridad en la imputación del daño por parte del
contratista», dejaba «en consideración de los honorables magistrados del Consejo
de Estado la posibilidad de revocar parcialmente el numeral cuarto de la sentencia
y a su turno exonerar al departamento de Santander para que la condena sea
cancelada directamente por quienes causaron el daño».
Surge de lo transcrito que el departamento busca en realidad que la condena se
imponga en forma directa al contratista y subcontratista de la obra.
Sin embargo, como se advierte, en el recurso se plantea que será discrecional del
ad quem definir la prosperidad de esa solicitud, sin que al efecto se brinde por el
recurrente algún argumento fáctico o jurídico que lleve a concluir que el ente
territorial debe ser exonerado de la condena impuesta y que deben ser los
contratistas los llamados a asumirla de manera directa.
Ante la ausencia de argumentos que al menos permitan hacer un ejercicio de
interpretación por el juez, orientado a desentrañar el fundamento de su reclamación,
es propio considerar que no existe sustentación material del recurso de apelación,
falencia que no puede ser sustituida por el juez de la causa, a quien le está vedado
asumir la carga del recurrente en cuanto a llenar de contenido jurídico unos cargos
tan genéricos como los presentados por el apelante.
Esta Subsección, de manera reiterada53, ha sostenido que la carga de sustentación
del recurso de apelación no se suple con la manifestación genérica de encontrarse
en desacuerdo con el fallo de primera instancia, en la medida en que la finalidad
53
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 24 de septiembre de 2020, C.P.
José Roberto Sáchica Méndez, Exp. 44.707. A partir del contenido de los citados artículos [del CPC
y del CCA señalados], diáfano es que la carga de sustentación que corresponde cumplir a la parte
recurrente no se satisface con la simple manifestación de disenso frente a la providencia recurrida,
tampoco con la solicitud de que se revoque para que, en su lugar, se acceda a los intereses de la
parte inconforme o con la mera reiteración de las razones expuestas en el curso de la primera
instancia, bien sea en la demanda o en la contestación. No, lo que la ley impone es que se ataquen
los fundamentos de hecho y/o de derecho que sirvieron de sustento a la providencia en aquello que
se considere desfavorable, no solo porque la decisión sea contraria a los intereses de quien la
impugna, sino porque exista en realidad, a su juicio, una razón por la que piense que lo fallado en
primera instancia no corresponde, en derecho, a la decisión acertada, lo cual, por tanto, delimita el
marco al que debe sujetarse el juez al revisar la sentencia recurrida.
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Actor: María Cleofelina Cuadros de
Monsalve
Demandado Departamento de Santander y otros
Referencia: Reparación Directa No. 58316
acumulada con el No.55528
del recurso de apelación es que un juez de superior jerarquía revise la cuestión
decidida en primera instancia, con fundamento en los motivos de inconformidad
expuestos por el recurrente contra dicha determinación y no que realice un nuevo
análisis -sin limitaciones- de todo lo ocurrido en el proceso, dado que ello implicaría
una extralimitación de la competencia del juez de segunda instancia y, por contera,
una vulneración al derecho fundamental del debido proceso.
Bajo ese entendido, toda vez que el departamento de Santander no planteó ninguna
censura concreta contra la decisión del Tribunal a quo, que le ordenó asumir la
condena impuesta por la muerte del menor Jorge Eliécer Monsalve Gómez, así
como tampoco contra los motivos que se esgrimieron para llegar a ella, la Sala se
abstendrá de realizar algún pronunciamiento frente al recurso de apelación
interpuesto por la referida entidad territorial en el proceso No. 52316.
A continuación, la Sala se referirá a los hechos que se probaron y que interesan
para resolver la impugnación54.
4.1 Hechos probados
4.1.1. Sobre la temporada lluvias en el departamento y la declaratoria de
urgencia manifiesta para contratar la reparación del puente El Tablazo
Mediante decreto 262 del 21 de diciembre de 201055, el departamento de Santander
declaró la alerta roja por el recrudecimiento de la ola invernal -debido al fenómeno
de la niña-, ordenó revisar y poner en práctica sus planes de emergencia y
contingencias por efectos del invierno y recomendó a los comités locales para la
prevención y atención de desastres que reportaran oportunamente al puesto de
mando unificado56 las alertas que en cada municipio se llegasen a presentar.
54
Lo anterior, según lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 159 del CPC, según el cual:
«Decretada la acumulación, los procesos continuarán tramitándose conjuntamente» y la
jurisprudencia de esta Corporación, que sobre el particular ha señalado: «(...) al tratarse de procesos
acumulados, estos pueden valerse de las mismas pruebas, pues la litis en ambos se refieren a los
mismos hechos (...)». Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección B, sentencia del 16 de octubre de 2020, exp. 47271, acumulado con el n.° 45.599, C.P.
Ramiro Pazos Guerrero, citada por esta Subsección, entre otras, en la sentencia del 23 de abril de
2021, exp. 53870, acumulado con los nros. 50332, 54198, 48471, 47877 y 52074.
55
Folios 182 a 184 del proceso n.° 58316.
56
Conformado por las secretarías del interior, de salud, de infraestructura, educación, planeación y
agricultura del departamento, así como también por el Ideam, Ingeominas, Invías, Policía Nacional,
Fuerzas Militares, departamento de bomberos y Clopads de Santander.
35
Actor: María Cleofelina Cuadros de
Monsalve
Demandado Departamento de Santander y otros
Referencia: Reparación Directa No. 58316
acumulada con el No.55528
El 5 de enero de 2011, el municipio de San Vicente de Chucurí solicitó apoyo al
departamento de Santander para atender las emergencias presentadas por
«pérdida total de la vía San Vicente - La Renta» y «el potencial colapso del puente
El Tablazo», que dejaron incomunicada a la población57.
Por lo anterior, el 11 de enero de 2011, el departamento realizó una visita a la vía
San Vicente – La Renta, en la que se evidenció la pérdida total de la banca en 1.8
km y el desplazamiento de uno de los estribos del puente El Tablazo, provocado por
la sobresaturación del terreno donde estaba ubicado, así se consignó en el informe
de la visita (se transcribe de forma literal, con posibles errores incluidos):
El puente El Tablazo ubicado en la vía La Renta – San Vicente se ha visto
afectado por el incremento del invierno y la sobresaturación del terreno, que ha
provocado desplazamientos y deslizamientos en el estribo ubicado en el
costado de San Vicente, teniendo en cuenta que en los últimos días ha
presentado desplazamiento de la estructura.
El desplazamiento tuvo un comportamiento históricamente muy inesperado
debido a que los empujes desplazaron el estribo más de 3.5 metros, cuando
estadísticamente por cada 5 años se proyectan desplazamientos de cerca de 1
metro, situación que terminó por producir el colapso de la placa de aproximación
al puente58.
La referida diligencia contó, además, con la participación del ingeniero especialista
en estructuras Rafael Zafra Dulcey y del ingeniero especialista en geotecnia Jaime
Suárez, quienes, en sus respectivos informes, describieron las condiciones en las
quedó el puente luego del desplazamiento de uno de sus estribos y las actividades
que sugerían realizar para rehabilitar su estructura y permitir el paso de la población,
por lo menos, durante tres años siguientes, mientras Isagen construía un nuevo
puente como parte del proyecto Hidrosogamoso. Al respecto, esto se indicó (se
transcribe de forma literal, con posibles errores incluidos):
Sobre el estado del puente, el ingeniero especialista estructural Rafael Zafra Dulcey,
manifestó:
Esta construido en doble arco metálico tri-articulado en celosía y su condición
estructural se aprecia buena. Sin embargo, debido a que en el apoyo del
costado de San Vicente el estrato sobre el cual se apoya sobre materiales
aluviales que descansan sobre rocas cacareas (..) se ha desplazado por efecto
de la fuerza (socavación y asentamiento de las lodolitas que han sufrido
57
Folios 211 a 213 del proceso n.° 58316.
58
Folios 185 a 195 del proceso n.° 58316.
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Actor: María Cleofelina Cuadros de
Monsalve
Demandado Departamento de Santander y otros
Referencia: Reparación Directa No. 58316
acumulada con el No.55528
procesos de disolución producto de su composición química) de un movimiento
masivo el puente ha perdido el alineamiento vertical en aprox. -1.50m. su apoyo
estructural de diseño ya no opera cumpliendo este trabajo el perfil del cordón
inferior, el cual como es lógico al no soportar esta carga se ha deformado a
niveles irrecuperables. Adicionalmente, todos los elementos de arrostramiento
del tramo cercano al apoyo también están deteriorados. Por lo anterior, y
teniendo en cuenta la importancia de la estructura para la conexión vial y de que
interviniéndolo a tiempo se puede salvar es necesario acometer las obras a la
mayor brevedad posible59.
Por su parte, el especialista en geotecnia Jaime Suarez expresó:
En cuanto a la atención del puente remover los suelos y bloques de roca del pie
de coluvión junto del estribo del puente en el área indicada con el objeto de
aliviar los esfuerzos sobre el estribo y sobre el puente, se recomienda desplazar
este material en dirección al rio Sogamoso para que sirva a su vez como soporte
del pie del coluvión, el cual se encuentra dentro del cauce del río, y se
recomienda construir un estribo apoyado sobre pilas de concreto ciclópeo con
soporte del puente, este estribo se puede cimentar dentro del coluvión en
movimiento. Se recomienda adicionar la estructura del puente cerca del estribo
para permitir un apoyo eficiente que permita los desplazamientos60.
(…).
Como solución manifestada por el ingeniero Jaime Suárez, con miras a
rehabilitar la estructura de forma provisional, mientras Isagen ejecuta la nueva
vía de ingreso al municipio de San Vicente, buscando que soporte tráfico por
los siguientes tres años aproximadamente mientras sale de uso, con la entrega
de la nueva vía se plantea:
Como medida principal, descargar el coluvión que constantemente está
ejerciendo presión sobre el estribo del puente con el fin de liberar la estructura
de estas fuerzas, buscando remover cerca de 10.000 metros cúbicos de
material alrededor del estribo, de tal forma que este quede aislado de coluvión
y que el desplazamiento que este pueda tener sea direccionado o canalizado
mediante la sección de excavación que se realice alrededor del estribo.
Una vez descargado el coluvión, realizar nuevamente la cimentación de una
nueva estructura de soporte para el puente la cual está comprendida por
soportes en concreto reforzado en forma de dados cimentados en el terreno
sobre los cuales se debe construir una nueva viga cabezal para apoyar sobre
esta el puente, una vez este sea reparado en sus elementos estructurales que
sufrieron daños. (…)61.
59
Folios 534 y 535 del proceso No. 58316
60
Folios 535 del proceso No. 58313
61
Folios 185 a 195 del proceso n.° 58316.
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Actor: María Cleofelina Cuadros de
Monsalve
Demandado Departamento de Santander y otros
Referencia: Reparación Directa No. 58316
acumulada con el No.55528
Con apoyo en los anteriores informes, el departamento de Santander, a través de
Resolución 192 del 11 de enero de 201162, declaró la urgencia manifiesta en la vía
San Vicente – La Renta, por lo que el 22 de enero ese ente territorial y el ingeniero
Andrés Julián Montero Pardo celebraron el contrato de obra No. 22, con el objeto
de «ejecutar a precios unitarios las obras relacionadas con la conservación y
atención de emergencias en las vías secundarias del departamento de Santander.
Resolución 192 de enero 11/2011 – (vía La Renta – San Vicente), en un todo de
acuerdo a los términos de la invitación realizada y la propuesta presentada por el
contratista», cuyo alcance sería el siguiente (se transcribe de forma literal, con
posibles errores incluidos):
SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO. El alcance del presente contrato
comprende los aspectos técnicos, administrativos, financieros, ambientales y
sociales que se requieran para atender la urgencia manifiesta por la emergencia
vial decretada en la vía La Renta – San Vicente del departamento de Santander,
debiendo: elaborar los estudios y diseños del proyecto vial a recuperar, elaborar
los estudios y diseños de las obras de recuperación del estribo del puente El
Tablazo y las obras de movimiento de tierra del coluvión en este sitio, así como
realizar la correspondiente logística, ajuste de estudios, elaboración de
informes, presentaciones, liquidación parcial y total del contrato de obra,
controlar, exigir, colaborar, prevenir y verificar la ejecución y el cumplimiento de
los trabajos y servicios, obras y actividades necesarias, teniendo como
referencia los principios rectores de la ley de contratación estatal (…)63.
Para el desarrollo de lo anterior, el 24 de enero de 2011, el ingeniero Andrés Julián
Montero Pardo subcontrató a la sociedad Sánchez Construcciones Ltda., para cortar
y cargar material de excavación en los vehículos programados por el contratante,
en la totalidad del volumen de tierra “que se demarque en obra por la topografía
para ejecución del contrato principal”64.
De otra parte, el 26 de enero de 2011, el departamento de Santander y la sociedad
Tecnología y Mantenimiento Outsourcing Ltda. suscribieron el contrato de
interventoría No. 23, cuyo objeto consistió en realizar «la interventoría de las obras
relacionadas con la conservación y atención de emergencia en las vías secundarias
del departamento de Santander. Resolución 192 de enero 11/2011»65.
62
Folios 216 a 219 del proceso n.° 58316.
63
Folios 512 a 519 del proceso No. 55528.
64
Folios 207 a 210 del proceso No. 55528.
65
Folios 525 a 531 del proceso No. 55528.
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Actor: María Cleofelina Cuadros de
Monsalve
Demandado Departamento de Santander y otros
Referencia: Reparación Directa No. 58316
acumulada con el No.55528
4.1.2. Sobre las actividades desarrolladas en cumplimiento del contrato No. 22
dirigidas a la rehabilitación del puente El Tablazo
Según el informe final de interventoría del 26 de julio de 2011, realizado sobre el
contrato celebrado entre el departamento Santander y el ingeniero Andrés Julián
Montero Pardo, las actividades que se surtieron para la rehabilitación del estribo del
puente El Tablazo se ejecutaron desde el 13 de enero de 2011 hasta el 3 de marzo
de esa anualidad, cuando se suspendieron por el desplome del puente.
En cuanto a la rehabilitación del puente, cuyo estribo había perdido su funcionalidad
por el movimiento de coluvión que se presentó en el margen de San Vicente, en el
mencionado informe se indicó que, de conformidad con los diseños aprobados, las
labores a realizar eran las siguientes: i) construir un estribo nuevo que permitiera el
movimiento libre del puente sobre los rodillos existentes, cuyos rieles de
desplazamiento evitarían nuevos daños en caso de que se presentaran
movimientos del coluvión mayores a los estimados por los especialistas; ii) abrir una
franja de seguridad mediante la excavación de material en una zona adyacente que,
en caso de movimiento de tierra, permitiera que el material desplazado se
depositara en ella y no sobre el puente y iii) realizar obras para mitigar la afectación
de las aguas de infiltración y escorrentía y de ese modo evitar la sobresaturación
del coluvión y una aceleración en su desplazamiento. Dichas actividades contarían
con el acompañamiento de los ingenieros Jaime Suárez y Rafael Zafra Dulcey,
funcionarios del departamento, quienes eran los encargados de entregar los
conceptos a medida que avanzaban las obras.
Se mencionó que, para lograr lo anterior, se requería, en primer lugar, levantar o
gatear la superestructura del puente, por cuanto era la única manera de reparar los
elementos dañados y construir el nuevo estribo, en donde la referida estructura se
apoyaría nuevamente, de ahí que la metodología a emplear sería la siguiente (se
transcribe de forma literal, con posibles errores incluidos):
… se planteó la ubicación de cuatro gatos hidráulicos (1 por viga) de capacidad
de 50 toneladas sobre el estribo existente y bajo cada una de las vigas
longitudinales. Los gatos se deberían ubicar lo más cerca de posible de la unión
de la viga longitudinal con la vía transversal controlando que la aplicación de la
carga sea uniforme. Teniendo en cuenta que el trabajo inducido en el gateo
genera esfuerzos inversos a las estructuras se determinó la necesidad de
reforzar previamente las vigas longitudinales de la zona de apoyo de los gatos
con rigidizadores, para evitar el pandeo del alma y el alabeo del patín inferior;
asimismo, reforzar la conexión de la viga transversal al arco principal del puente.
39
Actor: María Cleofelina Cuadros de
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acumulada con el No.55528
Se indicó que, durante el primer mes de ejecución, se adelantaron las obras de
demolición del estribo existente, labores de fundición en concreto reforzado de los
muros de soporte sobre el cual se proyectaba apoyar el puente y algunas
excavaciones en material común y roca sobre el sector.
Se señaló que, en el segundo mes, la ejecución de las obras correspondía a un
60%, pero que fue necesario «suspender el contrato debido al colapso que sufrió la
estructura del puente El Tablazo», situación que impidió «dar continuación al
desarrollo de las labores objeto del presente contrato e hizo necesario llevar a cabo
la liquidación de la obra como resultado de sucesos de fuerza mayor»66.
Por último, se aseguró que, durante la ejecución del contrato, se verificó el
cumplimiento de las «actividades ambientales» a cargo del contratista, entre ellas,
la implementación de las normas de seguridad industrial y la señalización preventiva
e informativa de la obra, las cuales se respaldaban con el registro fotográfico
respectivo67.
Surge de lo anotado que, en desarrollo del contrato suscrito entre el departamento
de Santander y el ingeniero Andrés Julián Montero Pardo, las actividades
ejecutadas se concentraron en la reparación del estribo del puente el Tablazo y que
durante su realización fueron acatadas las obligaciones relativas a la señalización
preventiva e informativa sobre las obras desarrolladas.
4.1.3. Sobre la caída del puente El Tablazo y su causa
Se acreditó que el 2 de marzo de 2011, a las 4:50 pm, aproximadamente, mientras
se realizaban labores de gateo en el estribo izquierdo del puente, su estructura se
cayó. Al respecto, esto se desprende de los siguientes medios de convicción:
Según lo informado por el ingeniero Rafael Zafra Dulcey al contratista y a la
interventoría del contrato, el 1° de marzo de 2011 se terminaron los trabajos de
reforzamiento en la estructura, por lo que el 2 de marzo siguiente inició la labor de
gateo del puente «por la sección que se encontraba desnivelada con respecto a la
horizontal, buscando que la diferencia en altura entre las vigas longitudinales fuese
pequeña con el fin de ganar altura sin desnivelar el puente hasta alcanzar una altura
de 70 cm».
66
Folios 531 a 591 del proceso n.° 55528.
67
Sobre dichos aspectos se profundizará en el análisis de la imputación.
40
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acumulada con el No.55528
Indicó que, para ello, se ubicaron 5 gatos hidráulicos, con capacidad de 50
toneladas cada uno, y se utilizaron grandes cantidades de apoyos y láminas de
acero para soportar y asegurar la estructura mientras se ganaba altura.
Señaló que cuando se logró una altura de 14 cm, «con lo cual se terminaba la
jornada a desarrollar en el primer día», a las 4:50 pm, aproximadamente, «se
presentó el colapso (falla que lo inhabilita en el servicio) de la estructura, donde el
personal y los testigos del evento manifestaron que observaron que en un instante
la estructura se partió por la mitad, sin dar alguna señal previa de fallo»68.
A su vez, se recibieron las declaraciones de los señores Eduardo Silva69, Gerardo
Monsalve y Hernando Monsalve70, quienes se identificaron como trabajadores en
las obras de rehabilitación del puente.
En este punto conviene señalar que, si bien el artículo 217 del Código de
Procedimiento Civil establece que son sospechosas para declarar las personas que
en concepto del juez se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o
imparcialidad, en razón de parentesco, dependencia, sentimientos o interés en
relación con las partes o sus apoderados, antecedentes personales u otras causas,
la jurisprudencia de esta Corporación71 ha precisado que sus dichos no pueden
despacharse de plano, sino que deben valorarse de manera más rigurosa, de
cara a las demás pruebas obrantes en el expediente y a las circunstancias de
cada caso, todo ello basado en las reglas de la sana crítica.
Así, en lo que a este caso interesa, pese a la sospecha que recae en las
declaraciones de Hernando Monsalve, Gerardo Monsalve y Eduardo Silva, por
haber trabajado en las obras de rehabilitación del puente El Tablazo, la Sala
valorará sus testimonios, por cuanto sus declaraciones son espontáneas, claras
y coherentes, además, porque, al ser trabajadores de la obra, ostentan
conocimiento directo de las labores que se realizaban al momento de la caída
del puente, lo cual no implica que se les otorgue credibilidad respecto de las
68
Folios 282 a 285 del proceso n.° 55528.
69
Declaración recibida en el proceso n.° 58316.
70
Declaraciones recibidas en el proceso n.° 55528.
71
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 25 de julio de 2019, exp. 48968 y sentencia del 28 de agosto de 2019, exp. 51439,
entre muchas otras.
41
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causas del accidente, en tanto que para ello deberán confrontarse con los demás
medios de prueba que reposan en el expediente.
Sobre las causas del desplome, los señores Eduardo Silva, Gerardo Monsalve,
Hernando Monsalve y Graciliano Velásquez afirmaron que el accidente se produjo
porque «el puente no se amarró», versión a la que se suman las declaraciones de
los señores Milton Pinilla y Néstor Pinilla, residentes del sector y testigos
presenciales de lo sucedido el 2 de marzo de 201172.
Sin embargo, la versión ofrecida por los testigos sobre la causa del desplome del
puente -falta de amarre de la estructura- no ofrece credibilidad alguna para la Sala,
por cuanto, como ellos mismos dijeron, sus afirmaciones no se sustentaron en un
conocimiento técnico o científico, sino en lo que, a su parecer, implicaba la ejecución
de las labores de gateo que se realizaban momentos antes del accidente.
Tampoco se trata de testigos que contaran con experiencia en ese tipo de
actividades relacionadas con la construcción, pues, aunque los señores Eduardo
Silva y Gerardo Monsalve se desempeñaban como obreros en ese momento, lo
cierto es que su principal actividad económica era la pesca y oficios varios,
respectivamente. Idéntica situación se predica de los señores Hernando Monsalve,
Milton Pinilla y Néstor Pinilla, vigilante de la obra y residentes del sector,
respectivamente, quienes sostuvieron que tampoco tenían algún tipo de
preparación o conocimiento técnico sobre puentes.
Adicional a lo anterior, sus afirmaciones tampoco coinciden con las demás pruebas
que reposan en el expediente, en especial, el estudio técnico sobre las causas de
colapso del puente El Tablazo73, elaborado por la Universidad Industrial de
Santander y dirigido por el ingeniero Álvaro Viviescas, con destino a la gobernación
del departamento de Santander.
El estudio fue solicitado como prueba documental por los demandados y decretado
como tal por el Tribunal a quo74. A su vez, permaneció a disposición de los sujetos
procesales para su contradicción en ambos procesos, por lo que cualquier
irregularidad que se hubiere podido presentar quedó saneada75.
72
Folios 643 a 645 del proceso No. 58316. Folios 646 a 649 del proceso No. 58316.
73
Folios 300 a 342 del proceso No. 58316 y folios 239 a 281 del proceso No. 55528.
74
Folios 346 a 348 del proceso No. 55528 y 590 a 592 del proceso No. 58316.
75
«… dichos informes técnicos difieren del concepto de dictamen pericial, pues se elaboran por
fuera del proceso y por personas distintas a los auxiliares de la justicia, de modo que tanto esta
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Actor: María Cleofelina Cuadros de
Monsalve
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acumulada con el No.55528
De acuerdo con el estudio realizado por la Universidad Industrial de Santander, el
puente el Tablazo se identificaba como una estructura metálica, en arco
triarticulado, construida en la década de los 40’s, que en varias oportunidades -años
2000, 2006 y 2011- había sido intervenida por los desplazamientos que sufría el
estribo del costado de San Vicente de Chucurí, los cuales habían sido ocasionados
por los movimientos del coluvión ubicado en la margen izquierda del puente76.
Se señaló que la alta pluviosidad de los últimos meses de 2010, provocada por el
fenómeno de la niña, generó la sobresaturación y la desestabilización del coluvión
y, como consecuencia de ello, la movilización del suelo aledaño a la estructura que
fue la que comprimió el estribo izquierdo del puente, ocasionando un
desplazamiento horizontal de 4 metros y otro de 1.5 metros, en el apoyo sobre el
margen de San Vicente, «con serios daños visibles en el estribo y en el apoyo de
dicho lado», evento que habría sido registrado el 16 de diciembre de 2010.
Corporación como la Corte Constitucional, han expresado que no se sujetan a las reglas de
contradicción previstas en el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil: ‘ por su parte, los
experticios de que tratan los artículos 10 [1] de la Ley 446 de 1998 y 183 del Código de Procedimiento
Civil, si bien también son conceptos o informes, éstos son presentados por fuera del proceso por
profesionales escogidos por las partes y no por el juez y posteriormente se allegan al juicio dentro
de las oportunidades procesales para que sean tenidos como prueba. En este sentido la Corte
Constitucional se pronunció (sent. T-417/08) y precisó que el legislador diseñó un nuevo concepto
de prueba judicial técnica, diferente a la prueba pericial. Primero en el artículo 21 del Decreto 2651
de 1991(E) y más tarde en el artículo 10 de la Ley 446 de 1998. Norma reiterada por el artículo 18
de la Ley 794 de 2003 que modificó el artículo 183 del Código de Procedimiento Civil (…). La
incorporación de los conceptos técnicos se efectúa válidamente de la misma manera que se
aportan al proceso las demás pruebas documentales (…). En cuanto a la contradicción de los
conceptos técnicos se tiene que no se ejerce mediante el traslado de 3 días, como ocurre en
la prueba pericial, sino en las oportunidades previstas en el procedimiento para que la contraparte
manifieste su oposición y sus razones para restar credibilidad al mismo. Por esa misma razón, la
validez de su incorporación al proceso se valora dentro de la sana crítica judicial, como las demás
pruebas, y se aprecian en conjunto, pues al igual que el dictamen pericial, el juez es autónomo para
valorar las pruebas técnicas y verificar la veracidad de sus fundamentos y conclusiones, en tanto
que es al juez, y no al perito o al profesional especializado, a quién corresponde administrar justicia
y resolver la controversia que se somete a su decisión final. De este modo, la Sala encuentra que
dicho concepto fue debidamente incorporado en la oportunidad procesal permitida por la ley en
calidad de una prueba documental, por lo que de ser necesario, las conclusiones a las que allí se
aluden, serán valoradas, de acuerdo a la sana crítica y en conjunto con los demás elementos de
convicción, dentro del análisis del caso concreto» (se destaca). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 4 de marzo de 2019, exp.
47803. C.P. Ramiro Pasos Guerrero; reiterada por esta Subsección en las sentencias del 25 de julio
de 2019, exp. 48968 y del 4 de diciembre de 2020, exp. 54588.
76
Según se consignó en el estudio, se trató de intervenciones correctivas encaminadas: i) en el año
2000, a la rehabilitación de la estructura metálica con reemplazo de elementos como pernos y
tornillos, a recuperar la posición de la estructura de soporte mediante labores de gateo y a la
construcción de un pontón que actuara como fusible ante la posibilidad de otro movimiento de
coluvión; ii) en el 2006, a reforzar los estribos mediante la construcción de una nueva viga cabezal y
de una junta de dilatación que le dieran soporte al apoyo móvil del puente y que permitieran absorber
los movimientos del estribo hasta en 21 cm, aproximadamente y iii) en 2011, a descargar el coluvión
que ejercía presión sobre el estribo izquierdo y a realizar la cimentación de una nueva estructura de
soporte para el puente en soportes de concreto reforzado sobre los cuales se debería construir una
nueva viga cabezal para apoyar sobre ella el puente.
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Se consignó que, además de lo anterior, «cuando el movimiento de coluvión
desplazó el estribo izquierdo», también «se generó una falla en la parte central del
arco (rótula)», consistente en la ruptura de la articulación superior del arco metálico
del puente, que lo dejó en un estado de «equilibrio inestable» y que
«posteriormente» fue la que «ocasionó su caída», durante las obras de reparación
que se realizaban el 2 de marzo de 2011.
Se dijo que, con base en la información recolectada y las cargas aplicadas al modelo
estructural, se estableció la siguiente secuencia de caída del puente, la cual,
coincidía, además, «con el reporte de los obreros sobre la rotura del puente por la
mitad del mismo» (se transcribe de forma literal, con posibles errores incluidos):
Análisis de resultados
El modelo 1 evidenció claramente la secuencia de falla de esta estructura,
registrando como punto débil inicial la rótula central de los arcos.
Se evidencia que una vez la rótula se rompe, el puente experimenta un
incremento de aproximadamente 3.6. veces su reacción en el apoyo del puente
de la zona Bucaramanga, en el sentido longitudinal del puente y en dirección
opuesta a la de su soporte, lo que significaría que lo arrancó de su apoyo.
Un modelo de tres dimensiones es analizado bajo las condiciones de carga
anteriormente mencionadas y adicionalmente el análisis del paso de un vehículo
para: primero, constatar que el punto débil de la estructura por donde empieza
el colapso de la estructura es la rótula central y segundo para determinar el
estado de sobreesfuerzo al que estaba sometida la estructura si pasaba un
vehículo estándar.
Para el estado de deflexiones que alcanzó el tablero una vez la rótula falla, este
se parte y es arrastrado hacia el extremo de San Vicente, pues se obtienen
reacciones en cada apoyo de 8700kN para un total aproximadamente de
17500kN en la dirección longitudinal del puente.
La simulación de la rotura de la articulación en la parte superior del arco explica
el reporte de los obreros de la rotura del puente por la mitad del mismo. La rotura
del puente por la mitad produjo una gran fuerza que arrancó al puente de su
apoyo del lado de Bucaramanga y ocasionó el volteo del puente en el margen
del lado de San Vicente, los cuales fueron claramente evidentes también en los
modelos numéricos. Por consiguiente, las obras de reparación en el día del
colapso del puente ocasionaron la pérdida de equilibrio inestable que tenía el
puente, desencadenando la rotura del arco en la parte superior del mismo y
produciendo los eventos narrados por los obreros y simulados con los modelos
numéricos.
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Actor: María Cleofelina Cuadros de
Monsalve
Demandado Departamento de Santander y otros
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Como resultado del estudio en cuestión, la UIS conceptuó lo siguiente (se transcribe
de forma literal, incluso con posibles errores):
Conclusiones
1. El puente el Tablazo es una estructura construida en la década de los 40 del
siglo pasado. Históricamente ha estado sometido a los movimientos del coluvión
en su margen izquierdo (estribo del costado San Vicente de Chucurí) que han
producido desplazamientos del estribo y de los apoyos de dicho punto.
Consecuencia de esto, tal y como se describió en el cuerpo del informe, el
puente ha estado sometido a varias intervenciones correctivas (al menos según
los archivo, año 200, año 2006 y la que se estaba realizando en el momento del
colapso), que han incluido gateo del puente, sustitución de elementos del arco
metálico (pernos y tornillos, etc), podemos hablar de una estructura que se
encontraba en un estado muy vulnerable)
2. Los reportes del evento registrado el 6 de diciembre de 2010 registran
desplazamiento horizontal y vertical de 4 y 1.5 m, respectivamente, en el apoyo
sobre el margen del lado de San Vicente que ocasionaron serios daños visibles
en el estribo y en el apoyo de dicho lado. Durante la intervención para
solucionar los daños causados por dicho evento se presentó el colapso de la
estructura.
3. La simulación numérica demuestra que el evento del 16 de diciembre de 2010
cuando el movimiento de coluvión desplazó el estribo (costado San Vicente de
Chucurí), generó el fallo del arco en su articulación superior, llevando al puente
a un estado de equilibrio inestable.
4.- Los relatos de los obreros y residentes registrados por la prensa, la
interventoría y la gobernación, sobre el evento del colapso del puente Tablazo
ocurrido el 02 de marzo de 2011, establecen como mecanismo de colapso la
ruptura del arco del puente en la parte superior del mismo y posteriormente su
caída al río.
5. Los modelos 2 y 3 que simulan los dos desplazamientos a los cuales fue
sometido el apoyo del lado de San Vicente muestra que el arco del puente
estuvo sometido a sobreesfuerzo y grandes desplazamientos en los elementos
cerca a la articulación en la parte superior del arco, comparados con el modelo
1 de la estructura que simula el estado normal del servicio (con carga muerta y
carga viva, sin las fuerzas inducidas por el movimiento del coluvión sobre el
estribo). Por consiguiente, las fuerzas inducidas por el movimiento de coluvión
en la margen de San Vicente produjo una ruptura de la articulación superior del
arco pero dejando al puente en un estado de equilibrio inestable.
6.- La simulación de la rotura de la articulación en la parte superior del arco
explica el reporte de los obreros de la rotura del puente por la mitad del mismo.
La rotura del puente por la mitad produjo una gran fuerza que arrancó al puente
de su apoyo del lado de Bucaramanga y ocasionó el volteo del puente en el
margen del lado de San Vicente, los cuales fueron claramente evidentes
también en los modelos numéricos. Por consiguiente, las obras de reparación
en el día del colapso del puente ocasionaron la pérdida de equilibrio inestable
que tenía el puente, desencadenando la ruptura del arco en la parte superior
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Actor: María Cleofelina Cuadros de
Monsalve
Demandado Departamento de Santander y otros
Referencia: Reparación Directa No. 58316
acumulada con el No.55528
del mismo y produciendo los eventos narrados por los obreros y simulados con
los modelos numéricos77.
De igual manera, se recibió la declaración del señor Álvaro Viviescas Jaimes, quien
se identificó como ingeniero civil, PhD en ingeniería estructural y docente de la
Universidad Industrial de Santander. Señaló que en 2011 atendieron un llamado de
la gobernación de Santander para realizar una visita al puente El Tablazo un día
después de su caída y que, debido a la imposibilidad de determinar la causa del
colapso durante la inspección visual, fue necesario realizar un estudio técnico y
científico detallado en el que actuó como director y especialista de estructuras.
Indicó que el puente El Tablazo sufrió una grave afectación por el empuje de un
coluvión ubicado del lado de San Vicente, el cual generó movimientos o
desplazamientos fuera de lo común, 4 metros horizontal y 1.5 metros vertical, en
uno de los estribos del puente, situación que dio lugar a decretar la urgencia
manifiesta para contratar la reparación del estribo izquierdo y recuperar la
transitabilidad por la zona.
Aseguró que, pese a que el desplome del puente se produjo mientras se realizaban
las labores de reparación del estribo, dicha situación se presentó por una falla de la
articulación superior del arco metálico que no había sido detectada y que, de
acuerdo con los modelos aplicados, fue la que absorbió los esfuerzos generados
por el empuje del coluvión sobre el estribo del puente, la cual, al momento en que
se liberó la losa de concreto del tablero, ocasionó que aquel se partiera por su propio
peso.
Explicó que la sobresaturación de la tierra, provocada por la ola invernal de 2010,
generó el desplazamiento del coluvión, el cual, al encontrarse con el estribo, desató
«una fuerza de empuje considerable» que fue absorbida por la rótula del arco
metálico del puente, «donde con su rotura dispuso la misma y por lo cual al perder
una condición de apoyo que brindaba este arco como elemento estructural
resistente, el puente entró en equilibrio inestable, por lo cual al liberar el estribo del
tablero carecía de elementos que los resistiesen, produciendo su colapso».
Aclaró que la falla de la articulación superior del arco metálico no era fácil de
detectar en una inspección visual, como la que se llevó a cabo previo a contratar las
77
Folios 341 del proceso No. 58316.
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Actor: María Cleofelina Cuadros de
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Demandado Departamento de Santander y otros
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obras de rehabilitación, de un lado, «por la ubicación misma de la rótula, en el punto
más alto del arco metálico» y, de otra parte, por el tipo de falla que se presentó, toda
vez que, si bien la articulación superior «perdió su capacidad», lo cierto era que
mantenía su posición geométrica dentro de la estructura.
Al preguntarle si el contratista de las obras de rehabilitación del estribo del puente
debió conocer la falla de la articulación superior del arco metálico, respondió (se
transcribe de forma literal, con posibles errores incluidos):
PREGUNTADO: ingeniero dentro del contrato 22 de 2011 suscrito por el
departamento de Santander y Andrés Montero en la cláusula 2 denominada
alcance del objeto se establece que el contratista deberá realizar obras de
recuperación del estribo del puente el tablazo, teniendo en cuenta este alcance
contractual, junto con las declaraciones por usted aquí rendidas, podría me
establecerse que la falla en el arco metálico del puente es o no para el
contratista una circunstancia oculta o imprevista para el contrato, o sea debía el
contratista conocer respecto de la falla en la articulación del puente.
CONTESTO. Si el alcance es como usted lo menciona es una intervención muy
concreta, que no abarcaría los demás elementos del puente como el arco o el
mismo tablero, es muy específico.
Por último, frente al desplome del puente, manifestó (se transcribe de forma literal,
con posibles errores incluidos):
PREGUNTADO: teniendo en cuenta la anterior respuesta donde se afirma la
necesidad de gatear el puente, podría concluirse o no de acuerdo también con
la declaración respecto de la falla de puente que cualquier tipo de intervención
que se le realizara al puente iba a generar el colapso del mismo. CONTESTO.
El puente estaba fallando, necesitaba ser sustituido, la articulación era la que
garantizaba estabilidad la rótula. PREGUNTADO: en el numeral 3 de las
conclusiones mencionadas se registra la expresión "equilibrio inestable", para
referirse al estado del puente el tablazo previo al colapso, ingeniero en palabras
comunes que es equilibrio inestable. CONTESTO: Que mírame y no me toques.
(…). PREGUNTADO: ingeniero de acuerdo a los estudios por usted realizados
sabe usted si en las labores de gateo que se estaban realizando en el momento
en que el puente el tablazo colapsó, dicha estructura estaba amarrada o
asegurada: CONTESTO: es importante recordar tal como lo menciona el
informe de la UIS que al gatear el puente y liberarlo de la compresión que
generaba el estribo, el tablero falló por arrancamiento lo cual es una acción
horizontal no vertical y su posterior ruptura por la mitad, esto para ilustrar que
el gateo de por sí no fue al actividad crítica sino el hecho de que esta lo liberó
del empuje sufrido por el estribo sobre él, lo cual evitaba que este cayera.
PREGUNTADO: en consecuencia con su respuesta anterior se puede afirmar
que los trabajos de gateo que se estaban realizando sobre el puente del colapso
nada tuvieron que ver con la caída de esa estructura. CONTESTO: los trabajos
probablemente no, pero la actividad sí. PREGUNTADO: de acuerdo a su
experiencia en materia de puentes como ha quedado consignado, sírvase
manifestar si los trabajos reparativos en el estribo del puente se llevaron de
acuerdo a su conocimiento de manera técnica. CONTESTO: como no estuve
presente durante la ejecución de los mismos y teniendo en cuenta que el
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Actor: María Cleofelina Cuadros de
Monsalve
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Referencia: Reparación Directa No. 58316
acumulada con el No.55528
colapso del puente destrozó la estructura resulta difícil conceptuar sobre los
mismos, sin embargo, por la evidencia que permaneció allí después del colapso,
los trabajos se desarrollaban con solvencia técnica para el alcance requerido78.
Con fundamento en lo descrito en precedencia, para la Sala resulta claro que:
El 16 de diciembre de 2010 se registró un evento en el puente el Tablazo, que
consistió en que su estribo izquierdo se desplazó como consecuencia del peso
generado por un coluvión formado por fenómenos de alta pluviosidad y corrientes
fluviales.
Con todo, ese no fue el único efecto que produjo el movimiento del coluvión en la
estructura del puente. De manera concomitante con el desplazamiento del estribo,
el incidente también generó una falla en la articulación superior del arco metálico
del puente, la que absorbió la fuerza generada por ese movimiento.
Esa falla en la articulación del arco condujo a que el puente llegara a un punto de
equilibrio inestable, lo cual se traducía en que cualquier manipulación sobre su
estructura, a través de la ejecución de obras de reparación, podría ocasionar su
colapso inminente.
En secuencia con lo anterior, al haber ejecutado las obras de recuperación del
estribo en una estructura que tenía un fallo en el arco de su articulación, se originó
una pérdida total del equilibrio del puente que llevó a su colapso.
En otras palabras, no fueron las obras de recuperación del estribo llevadas a cabo
en la parte inferior del puente las que por sí mismas desencadenaron su desplome,
fue el hecho de haberlas ejecutado sobre una estructura vial que, dada la falla
presentada en su parte superior, y que a la fecha del colapso no había sido
evidenciada, no soportaba que la intervinieran.
5. Análisis de los elementos de la responsabilidad con base en los cargos de
la apelación planteados
Al respecto, se considera oportuno señalar que, tal y como lo ha sostenido la
Sección Tercera de esta Corporación79, todo debate acerca de la responsabilidad
patrimonial del Estado debe resolverse con fundamento en el artículo 90 de la
78
Folios 729 a 731 del proceso n.° 55528.
79
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de
unificación del 19 de abril de 2012, exp. 21515. C.P. Hernán Andrade Rincón.
48
Actor: María Cleofelina Cuadros de
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Referencia: Reparación Directa No. 58316
acumulada con el No.55528
Constitución Política80, cláusula general de responsabilidad que no privilegió ningún
título de imputación en específico, sino que dejó en manos del juez definir, en cada
caso, la construcción de una motivación que consulte las razones, tanto fácticas
como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar.
De este modo, en aplicación del principio iura novit curia, la Sala procede a analizar
el caso bajo la óptica del régimen de responsabilidad aplicable de cara a los hechos
probados en el proceso, sin que esto implique una suerte de modificación o
alteración de la causa petendi, ni que responda a la formulación de una hipótesis
que se aleje de la realidad material del caso o que se establezca un curso causal
hipotético de manera arbitraria81.
5.1. Frente a la configuración del daño alegado en la demanda promovida por
la desaparición del menor Jorge Eliécer Monsalve Gómez
Uno de los cargos de los recursos formulados estribó en que, para el a quo, el daño
se concretó en la muerte del menor Jorge Eliécer Monsalve Gómez, sin tener en
consideración que ese no fue el supuesto alegado en la demanda, en la que no se
habló de muerte sino de desaparición. Se agregó que, en todo caso, la muerte
presunta del menor por desaparición se declaró más de dos años después de
presentada la demanda, lo que indica que el daño reclamado no se había
consolidado y, por tanto, no se podía condenar a reparar un daño inexistente a la
fecha de presentación de la acción.
Agregó que la parte actora no solicitó que se demostrara la muerte presunta del
menor por desaparición a través de declaratoria judicial, de tal suerte que la
sentencia proferida el 30 de junio de 2015 por el Juzgado Tercero de Familia de
Bucaramanga que fue allegada a este proceso y valorada por la primera instancia
no podía ser apreciada, en tanto no había sido debidamente solicitada.
En orden a resolver estos argumentos de la apelación, lo primero que concierne
precisar es que, si bien es cierto que al formular las pretensiones de la demanda se
reclamaron los perjuicios sufridos por el desaparecimiento de Jorge Eliécer
Monsalve Gómez, de una lectura integral de la demanda puede interpretarse que
80
Según el cual «el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas».
81
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 13 de mayo de 2015, exp. 17037. C.P. Hernán Andrade Rincón.
49
Actor: María Cleofelina Cuadros de
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en realidad la base del daño en que se estructura la reclamación obedeció a su
fallecimiento.
Así se desprende del hecho 15 de la demanda, en el que, luego de sustentar los
perjuicios pretendidos indicaron textualmente que su imputación se hacía por la
muerte del infante al sostener que todos los demandantes “sufrieron profundamente
con su muerte porque existían excelentes relaciones de cariño afecto y ayuda
mutuas”.
Igualmente, en las pretensiones invocadas se pidió el reconocimiento de 1.000
salarios mínimos legales mensuales, monto que, incluso, supera aquel pretendido
en los casos del deceso de un ser querido, de lo cual se colige que la motivación
para el señalamiento de ese monto se identificó con el dolor por el deceso del
menor.
En segundo lugar, observa la Sala que, como lo sostienen los recurrentes, la parte
actora no elevó petición probatoria dirigida a que se aportara la sentencia proferida
el 30 de junio de 2015 por el Juzgado Tercero de Familia de Bucaramanga en la
que se declaró la muerte presunta por desaparición del menor Jorge Eliécer
Monsalve Gómez, ciertamente esa prueba sí fue solicitada por la parte demandada,
departamento de Santander, en el acápite de pruebas de su contestación, en la que
pidió (se transcribe de forma literal, incluso con posible errores):
Oficie el juez del último domicilio del desaparecido sobre el estado actual del
proceso si existiere de presunción de muerte por desaparecimiento del mismo
menor, JORGE ELIECER MOSALVE GOMEZ82.
Con fundamento en lo anterior, mediante auto del 20 de mayo de 2015, el tribunal
de primera instancia abrió la etapa probatoria y ordenó oficiar al Juzgado Tercero
de Bucaramanga, con el fin de que informara sobre el estado actual del proceso, si
existiere, de presunción de muerte por desaparecimiento del menor Jorge Eliécer
Monsalve Gómez83.
La anterior decisión fue recurrida vía reposición por la demandada, sociedad
Sánchez Construcciones Ltda., bajo el argumento de que la génesis de la
reclamación fue la desaparición del niño Jorge Eliécer Monsalve Gómez la cual no
82
Folio 114 del proceso 58316
83
Folios 590 a 592 del proceso 58316
50
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Referencia: Reparación Directa No. 58316
acumulada con el No.55528
se hallaba probada ni de forma presunta, por lo que consideraba un “contrasentido”
solicitar la prueba de la muerte del menor84.
El recurso de reposición fue resuelto desfavorablemente, mediante providencia del
4 de septiembre de 2015, en la cual el Tribunal explicó que lo que se requería a
través de la práctica de esa prueba era recaudar todo el material probatorio posible
para el esclarecimiento de los hechos objeto de la presente, cuyo suceso relevante
era la muerte del infante85.
Como consecuencia de todo lo narrado, se allegó e incorporó al proceso copia
auténtica de la sentencia proferida el 30 de junio de 2015, mediante la cual el
Juzgado Tercero de Familia de Bucaramanga declaró la muerte presunta por
desaparecimiento del menor Jorge Eliécer Monsalve Gómez, nacido en San Vicente
de Chucurí (Santander) el 08 de julio de 2004, hijo de los señores ELIÉCER
MONSALVE CUADROS Y CARMEN DELIA GÓMEZ ARIAS. En ese sentido
dispuso86 (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):
Fijar como día de la muerte del menor JORGE ELIECER MONSALVE GOMEZ
el 02 de marzo de 2011, en el accidente de la caída del puente el Tablazo del
Municipio de Betulia Santander.
La anterior decisión, según constancia anexa, cobró ejecutoria el 27 de julio de
2015.
Cabe anotar que la anterior pieza procesal fue aportada el 4 de agosto de 2015,
encontrándose el proceso en la etapa probatoria, que fue concluida el 25 de
noviembre del mismo año.
De lo anotado, la Sala estima que no le asiste la razón a los recurrentes cuando
afirman que la prueba de la muerte presunta por desaparecimiento del menor Jorge
Eliécer Monsalve Gómez no podía ser apreciada.
De acuerdo con el recuento que antecede, surge con claridad que la prueba
relacionada con la declaratoria judicial de la muerte presunta por desaparecimiento
del menor fue oportunamente solicitada por una de las partes y, por lo mismo, fue
decretada por el tribunal a través del auto que abrió el debate probatorio,
84
Folios 593 a 594 del proceso 58316.
85
Folios 916 a 918 del proceso 58316.
86
782 a 793 del proceso 58316.
51
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oportunidad en la cual las partes tuvieron la posibilidad de controvertir su práctica,
como en efecto lo hicieron.
En esa ocasión el a quo resolvió la inconformidad planteada en torno a su decreto,
aduciendo que la prueba era relevante para determinar los hechos relacionados con
la muerte del menor, al margen de que en la demanda se hubiera hablado de
desaparecimiento. Por lo anterior mantuvo su decisión de practicarla.
De ahí que, en todo momento, a lo largo del debate probatorio se discutió lo relativo
a la acreditación del deceso del infante, sin que la parte demandante fuera
sorprendida en la sentencia con la intempestiva demostración del daño consistente
en su fallecimiento, como lo sugiere el extremo demandado.
Ahora bien, el hecho de que la sentencia de declaratoria de muerte presunta hubiera
sido proferida durante el curso de este proceso y no se hubiera contado con esa
decisión al momento de presentar la demanda, en criterio de la Sala, constituye un
asunto que concierne directamente a la prueba del acaecimiento del daño alegado,
mas no a su consolidación, como a continuación se explica:
Es comprensible que el haberse anunciado ab inicio que durante el colapso del
puente se produjo la desaparición del niño Monsalve Gómez, obedeció a que para
entonces no se tenía la declaratoria judicial de muerte presunta por
desaparecimiento, en tanto no habían transcurrido los dos años previstos por la
legislación civil para que así se procediese y tampoco se había encontrado su
cadáver, pero en manera alguna se dudaba, por el dicho de los demandantes, que
el menor había perdido la vida con ocasión del colapso del puente el Tablazo
ocurrido el 2 de marzo de 2011.
En secuencia con lo anotado, es importante precisar, además, que el alcance de la
sentencia del Juzgado Tercero de Familia de Bucaramanga es netamente
declarativo y no tiene la naturaleza de una circunstancia constitutiva del supuesto
fáctico en que se apoyó la reclamación. La muerte del menor no se produjo con
ocasión de su declaratoria judicial, sino como resultado del desplome del puente, tal
cual lo anunciaron los demandantes desde el escrito inicial.
Es así como la decisión judicial, no obstante haberse dictado en 2015, fue enfática
en reconocer que la muerte ocurrió el 2 de marzo de 2011, con ocasión del
desplome del puente el Tablazo; por contera, esa providencia no hizo nada distinto
52
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a dotar de vigor y sustento probatorio lo sostenido por los actores desde la
presentación de la demanda.
Por las razones advertidas, la Sala desestimará los argumentos de la apelación
orientados a censurar la demostración del daño consistente en la muerte del menor
Monsalve Gómez, la que también se encuentra acreditada con el registro civil de
defunción, inscrito el 5 de agosto de 2015 con fundamento en la sentencia del
Juzgado Tercero de Familia de Bucaramanga87.
5.2. Frente a la falla del servicio que ocasionó la caída del puente en la que se
produjo la muerte del menor Jorge Eliecer Monsalve Gómez
Al respecto, se recuerda que el Tribunal de primera instancia consideró que el hecho
generador del daño se produjo por irregularidades imputables a los contratistas de
la obra Andrés Julián Montero Pardo y la sociedad Sánchez Construcciones, en
tanto habían omitido la instalación de señales de seguridad que indicaran o evitaran
el peligro que comportaba el desarrollo de las actividades ejecutadas, cuestión que
constituía una falla en el servicio que hacía inocuo el estudio de la responsabilidad
desde la óptica objetiva. En ese sentido declaró la responsabilidad solidaria de
ambos particulares y ordenó al departamento pagar la condena para luego repetir
en su contra.
Inconforme con lo anterior, el ingeniero Andrés Julián Montero Pardo, en su recurso,
alegó que el colapso del puente no se produjo por causas atribuibles al contratista,
sino por una falla en el arco metálico que no fue detectada por el departamento al
contratar las obras de reparación de la estructura.
Sostuvo que el a quo llegó a conclusiones equivocadas de la valoración probatoria,
por cuanto la supuesta falta de señalización o las labores de recuperación
realizadas en el puente no fueron la causa adecuada del daño, sino «el hecho de
no haberse detectado una falla en la rótula del arco superior del puente», el cual
resultó imprevisible para el contratista y respecto del cual no era el llamado a
responder, por cuanto el objeto del contrato No. 22 recaía única y exclusivamente
sobre uno de los estribos del puente y no sobre otras partes de su estructura.
A la par con lo anterior, cuestionó la conclusión del Tribunal a quo, según la cual,
la responsabilidad por la muerte del menor Jorge Eliécer Monsalve Gómez recaía
87
Folio 795 del proceso 58316.
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únicamente en el contratista y el subcontratista, por la supuesta omisión de
garantizar la seguridad de los peatones que transitaban por el puente, de un lado,
porque, como daba cuenta el informe de la interventoría, no era cierto que se
hubiese incumplido el deber de prevención y señalización y, de otra parte, porque,
de conformidad con lo dispuesto «en la Ley 80 de 1993 y normas concordantes»,
el departamento de Santander, en su calidad de contratante, tenía la obligación de
supervisar la obra, por lo que la condena, en caso de que se confirmara, se le debía
hacer extensiva.
Por su parte, la demandada, sociedad Sánchez Construcciones Ltda., adujo que no
formaba parte del contrato estatal, sino que, en virtud de la oferta laboral,
suministraba elementos para el cumplimiento de aquel. De ahí que no era
solidariamente responsable por lo que ocurriera en el marco del contrato de obra
principal.
Para resolver los cargos de la apelación, la Sala parte de precisar que, según quedó
acreditado en precedencia, la causa del desplome del puente, en efecto, como lo
afirma el recurrente Montero Pardo, fue una falla en el arco metálico que no se
detectó oportunamente y cuyo origen fue provocado por el mismo movimiento del
coluvión que produjo la afectación en el estribo.
La mencionada falla generó un equilibrio inestable del puente que, por lo mismo,
llevaba a que cualquier manipulación tendiente a repararlo fuera contraindicada por
el riesgo de producir su caída.
Lo adecuado, según el concepto especializado de la UIS y de su director, analizado
párrafos atrás, era disponer su reemplazo y no pretender alargar la vida útil de una
estructura que no resistía más labores de intervención o rehabilitación.
Las premisas sentadas permiten a la Sala advertir que en el caso se presentaron
varias irregularidades atribuibles al departamento de Santander pero no así el
contratista al contratista Andrés Julián Montero Pardo, como se explica a
continuación.
En la visita realizada por los funcionarios del departamento de Santander el 11 de
enero de 2011, para determinar la génesis del evento registrado en el puente desde
el 16 de diciembre de 2010 y dar soluciones técnicas a la problemática, los expertos
coincidieron en que existía una afectación seria en el estribo que ameritaba su
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reemplazo. Frente al resto de la estructura del puente aseveraron que se encontraba
en buen estado. Estos conceptos fueron los que sirvieron de base para la
declaratoria de urgencia manifiesta adoptada en la Resolución 192 de ese mismo
día y para la celebración del contrato de obra con el ingeniero Montero Pardo.
Como se aprecia, el insumo de la declaratoria de urgencia manifiesta y de las
medidas que habrían de adoptarse para mitigarla se limitó a una inspección visual
sin ahondar más allá en estudios técnicos de diagnóstico que corroboraran las
conclusiones que a simple vista se habían adoptado por los especialistas.
La Sala no pretende desconocer que en el marco de la urgencia manifiesta se
requería agilidad y celeridad en la toma de decisiones encaminadas a prevenir el
peligro que amenazaba el daño sufrido por el puente.
Sin embargo, el escenario de la urgencia manifiesta no puede traducirse o
confundirse con el ejercicio de medidas improvisadas e irreflexivas que en nada
aporten a la solución de los inconvenientes que se procuran conjurar y, por el
contrario, hagan más gravoso el problema que se espera resolver.
Dicho esto, la Sala considera que el departamento de Santander ha debido
profundizar en mayor medida acerca de la magnitud del suceso producido en la
estructura del puente y no simplemente quedarse con una impresión ocular para
determinar las acciones a ejecutar.
No de otra manera podría establecerse si el puente era susceptible de ser
intervenido o no. Resultaba necesario hacer un diagnóstico de su estado general
para, a partir de ahí, determinar la viabilidad de someter su estructura a pesos o
actividades de recuperación.
Sumado a lo anterior, se evidencia que, al declarar la urgencia manifiesta y celebrar
el contrato de obra con el ingeniero Andrés Julián Montero Pardo en el marco de
esa declaratoria, el departamento de Santander tampoco le encomendó la
elaboración de estudios estructurales sobre todo el puente, para determinar un
diagnóstico sobre su estado general antes de intervenirlo. Todas las actividades
contratadas, en lo que respecta al puente, se limitaron al estribo, como lo afirmó el
contratista en su recurso.
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Actor: María Cleofelina Cuadros de
Monsalve
Demandado Departamento de Santander y otros
Referencia: Reparación Directa No. 58316
acumulada con el No.55528
Sobre el particular, cabe recordar que en la cláusula segunda del contrato No. 22
celebrado entre esas dos partes, al definir el alcance de su objeto se acordó que el
contratista debía: i) elaborar los estudios y diseños del proyecto vial a recuperar, ii)
elaborar los estudios, diseños y las obras de recuperación del estribo del puente El
Tablazo y iii) realizar las obras de remoción del coluvión.
Resulta de importancia aclarar que, si bien en el contenido de la cláusula en
comento se estableció que el contratista debía elaborar los estudios y diseños del
proyecto vial a intervenir, ello no equivale a afirmar que a partir de ese canon se le
hubiera asignado al constructor la obligación de realizar los estudios de diagnóstico
de todos los elementos integrantes del puente.
Como apoyo del anterior aserto, se presentan las siguientes consideraciones:
En primer lugar, la redacción ambigua y genérica de la estipulación en estudio no
permite concluir con exactitud cuáles estudios se debían confeccionar y sobre qué
parte debían recaer, en tanto, ni en esa cláusula ni en ninguna otra que hiciera parte
del contrato, se indicaron de manera expresa y detallada en qué consistía su
elaboración.
Como segundo punto, al revisar las obligaciones específicas asumidas por el
contratista, Andrés Julián Montero Pardo, pactadas en la cláusula octava, se
observa que en ellas se convino que la obra contratada se ejecutaría de acuerdo
con los planos y especificaciones de construcción, contenidos en la propuesta
presentada y la invitación realizada; sin embargo, no se demostró que en la
invitación o la propuesta se hubiera acordado la elaboración de estudios de
diagnóstico estructural sobre todo el puente averiado.
En tercera medida, no puede perder de vista la Sala que las razones técnicas y
fácticas que dieron lugar a la declaratoria de urgencia manifiesta y,
consecuencialmente, a la celebración del contrato de obra No. 22 producto de
aquella, fueron las expuestas en la visita realizada al puente por los funcionarios
especialistas del departamento, luego de la emergencia presentada tras evidenciar
el movimiento del coluvión.
En ese sentido, se recuerda que, al revisar la totalidad del puente, se concluyó por
parte del departamento que “estaba construido en arco metálico triarticulado en
celosía y su condición estructural se aprecia buena”. Con base en ello, las
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Monsalve
Demandado Departamento de Santander y otros
Referencia: Reparación Directa No. 58316
acumulada con el No.55528
recomendaciones dadas por sus funcionarios versaron de manera exclusiva sobre
la remoción del coluvión y la recuperación del estribo del puente, partiendo
precisamente del supuesto –derivado de una inspección visual- de que el resto del
puente se encontraba en buenas condiciones.
Lo anotado llevó a que las obligaciones contenidas en el contrato No. 22, celebrado
para conjurar la emergencia presentada, se centraran de manera exclusiva en la
parte del puente en la que se había descubierto la avería y que había motivado la
declaratoria de urgencia manifiesta.
Así pues, se evidencia que el objeto del contrato No. 22 se acompasó con las
observaciones que presentaron los especialistas en la visita realizada de manera
previa a la declaratoria de emergencia y, en esa medida, se focalizó en realizar los
estudios y diseños y obras atinentes a la recuperación del estribo del puente sobre
el cual recaía todo el peso del coluvión.
A lo expuesto se añade que en la declaración rendida por el ingeniero Álvaro
Viviescas Jaimes, quien fungió como director del proyecto de investigación que dio
como resultado el informe rendido por la UIS sobre las causas del colapso del
puente, se manifestó que la intervención del contratista era muy concreta en relación
con el estribo y el alcance del objeto del contrato no se extendía a la revisión de los
demás elementos de su estructura, tales como el arco metálico.
Por lo anterior, la Sala estima de recibo el cargo del recurrente Andrés Julián
Montero Pardo, en cuanto señala que la falla en el arco metálico del puente no fue
una situación que debiera ser conocida o precavida por él antes de realizar las obras
de recuperación del estribo, pues, como se vio, la elaboración de estudios
necesarios para su hallazgo no hizo parte del contrato que suscribió con el ente
territorial.
Esto hace que las irregularidades concernientes a la falta de elaboración de estudios
para establecer el estado general del puente antes de ser objeto de obras de
rehabilitación recaigan en el departamento de Santander.
En el orden trazado se concluye que al ente territorial no le bastaba con alegar que
esa falla era de difícil detección para quedar relevado de responsabilidad en la
ejecución de obras de reparación del puente. Era indispensable demostrar que,
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Monsalve
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acumulada con el No.55528
pese a realizar los estudios indicados para establecer las condiciones de equilibrio
del puente, no fue posible evidenciarla. Con todo, está visto que esto no aconteció.
Ahora, en lo que concierne a la responsabilidad de la subcontratista del ingeniero
Montero Pardo, sociedad Sánchez Construcción Ltda., la Sala estima de asidero los
cargos del recurso de apelación por esta presentada, toda vez que su labor, de cara
a los compromisos del subcontrato, no pasó de ser un ejercicio instrumental.
Su tarea consistía en remover la tierra con su maquinaria y suministrar personal de
mano de obra para la ejecución de labores. De ahí que su participación no se
extendió a la elaboración de estudios para determinar el estado del puente.
Simplemente se ciñó a cumplir las instrucciones del contratista sobre la ejecución
de las tareas de rehabilitación encomendadas.
Además, de conformidad con el panorama probatorio, no están demostrados
ninguno de los cargos que se le imputaron en la demanda, tales como que la
maquinaria fuera inadecuada, que el personal no fuera apto para la ejecución de las
obras, que los materiales utilizados fueran defectuosos o que no se adoptaran
medidas de señalización preventiva sobre el peligro que comportaba la realización
de las obras -aun cuando sobre esto último se profundizará más adelante- y menos
que esto hubiera incidido en el derrumbe del puente.
Según lo expuesto, no encuentra la Sala que la sociedad Sánchez Construcción
Ltda. hubiera incurrido en alguna irregularidad en la ejecución de obras, menos aun
cuando se acreditó que las actividades de gateo estaban siendo adecuadamente
realizadas desde el punto de vista de su técnica.
Lo que ocurrió es que, desde un principio, ninguna obra estaba indicada por la
condición de inestabilidad del puente; sin embargo, el desconocimiento de esta
circunstancia no era una cuestión que pudiera reprochársele a la subcontratista,
habida cuenta de que sus obligaciones no se extendieron a la realización de
estudios que alertaran sobre la inviabilidad de intervenirlo.
En consonancia, el aspecto referente a la señalización de la ejecución de labores y
medidas de prevención será analizado en el acápite siguiente cuando se examine
lo concerniente a la culpa de la víctima, no sin antes anticipar que, de lo anotado
hasta ahora, es claro que, como lo sostiene en el recurso invocado por el
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acumulada con el No.55528
demandado Montero Pardo, no fue la supuesta falta de señalización la causante del
desplome del puente.
Igualmente, emerge que resulta de recibo el dicho del apelante en cuanto apunta a
que la conducta del departamento fue la constitutiva de falla del servicio, lo que
apareja que, en el evento de que se reúnan todos los elementos de la
responsabilidad, habría de comprometerse de manera directa la actuación de la
entidad territorial, tal y como lo advirtió el Ministerio Público en su concepto rendido
en esta instancia.
Así las cosas, las irregularidades en que incurrió el departamento como aspecto
determinante de la caída del puente consistió en que, al no haberse detectado la
falla del arco metálico, debiendo realizar los estudios dirigidos a evidenciarla, se
ordenó la ejecución de obras que por el estado de inestabilidad del puente no
estaban llamadas a realizarse, llevándolo a un punto de inestabilidad que provocó
su derrumbamiento.
5.3. Sobre la imputación de la muerte del menor a la falla del servicio del
departamento de Santander y a la falta de señalización de la obra a cargo del
contratista – configuración de la causal eximente de responsabilidad de la
culpa exclusiva de la víctima
En la sentencia de primera instancia se concluyó que la muerte del menor se produjo
con ocasión del desplome del puente El Tablazo, en hechos ocurridos el 2 de marzo
de 2011, hecho que en cuanto a la acreditación del daño ya quedó definido al
analizar este elemento de la responsabilidad, por lo que no se volverá sobre ese
aspecto.
Consideró el tribunal que en el caso no había operado la causal eximente de
responsabilidad del hecho de la víctima, por cuanto no se demostró que el niño
hubiera entrado de manera imprudente a una zona de construcción desconociendo
señales que advirtieran peligro, ya que el lugar estaba habilitado para el paso
peatonal y no contaba con medidas para prevenir los riesgos que suponía el tránsito
sobre el punto.
El demandado Andrés Julián Montero Pardo apeló la anterior decisión con el
argumento de que la supuesta falta de señalización no fue la causa adecuada del
daño, sino la exposición imprudente del menor al peligro que implicaba la
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Demandado Departamento de Santander y otros
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rehabilitación del estribo del puente, riesgo que fue asumido por él y por sus
familiares, quienes permitieron esa conducta.
Frente a la culpa exclusiva de la víctima, esta Corporación ha sostenido que, para
que se configure, se debe probar no solo la participación de la víctima en la
producción del daño sino que, además, “que dicha conducta provino del actuar
imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a
las que debía estar sujeta”88.
En este punto, debe advertirse que el menor Jorge Eliécer Monsalve Gómez para
el momento del accidente contaba con 7 años, por lo que es aplicable lo prescrito
en el artículo 2346 del Código Civil89, toda vez que la imposibilidad de predicar dolo
o culpa se encuentra instituida para los menores de 10 años y los dementes.
Además, no puede pasarse por alto que esta Sección ha establecido que, en
aquellos eventos en los que se estudia la responsabilidad por actividades
peligrosas, se ha considerado que los padres del menor lesionado son víctimas
indirectas, por lo que su actuar negligente también puede contribuir a la causación
del daño90.
El mencionado deber encuentra su configuración legal en los artículos 7, 20 y 39,
entre otros, de la Ley 1098 de 2006; además, la Corte Constitucional se ha referido
sobre este tema y ha enfatizado que es deber de los padres el cuidado personal de
sus hijos91.
De acuerdo con las anteriores consideraciones, en el presente asunto se observa
que los padres del menor no cumplieron con sus deberes de cuidado y custodia,
pues es claro que, desde la presentación de la demanda, los hechos en que se
88
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 25 de
julio de 2002, expediente 13.744.
89
Artículo 2346. Los menores de diez años y los dementes no son capaces de cometer delito o culpa;
pero de los daños por ellos causados serán responsables las personas a cuyo cargo estén dichos
menores o dementes, si a tales personas pudiere imputárseles negligencia. Si bien el mencionado
artículo refiere a la responsabilidad que tienen los menores frente a terceros, lo cierto es que esa
lógica también resulta aplicable para los eventos en los que aún no ha completado su desarrollo
psicológico y fisiológico conocer las normas y actuar de conformidad con lo que ellas señalan. Al
respecto ver, sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, sentencia del 11 de noviembre de 2016, expediente, 34.639, sentencia del 20 de febrero de
2014, expediente 29.723, reiterada en sentencia del 11 de mayo de 2017, expediente 40.590.
90
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 25 de
julio de 2002, expediente 13811.
91
Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2018.
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Referencia: Reparación Directa No. 58316
acumulada con el No.55528
sustentó dieron cuenta inequívoca de que el niño Jorge Eliécer Monsalve Gómez
“se la pasaba en el puente porque se hizo amigo de los obreros. Muchas veces le
dijimos que se no se hiciera allá, pero no hacía caso”92.
Obran también los testimonios de los señores Milton Pinilla, Néstor Pinillo y Eduardo
Silva Espinosa, vecinos de la zona y quienes presenciaron el accidente. Ellos
narraron que el niño Monsalve, quien vivía en inmediaciones a la construcción, se
la pasaba transitando el puente y jugando en la construcción y afirmaron que allí se
encontraba el menor al momento de su colapso93.
Sin embargo, la Sala estima que aun cuando lo anterior resulta reprochable, en
cuanto al cuidado y custodia que debieron observar los padres del menor Monsalve
Gómez, lo cierto es que tal censura resulta insuficiente para romper el nexo de
causalidad entre el daño y las irregularidades advertidas en acápites anteriores, por
las razones que a continuación se explican:
Sea lo primero precisar que, como quedó anotado en precedencia, el contratista
Montero Pardo sí cumplió con su obligación de instalar señales preventivas e
informativas acerca de la realización de la obra y la implementación de las normas
de seguridad industrial, tal cual se consignó en el informe final de interventoría,
obligaciones que, además, fueron debidamente supervisadas por el departamento
de Santander.
Así también se comunicó por parte de la interventoría al departamento de
Santander, al consignar que “se solicita al contratista el suministro y colocación de
la señalización preventiva en la obra, así como de señalización informativa que
alertara a los usuarios de la vía de zonas con destrucción en la misma…adjuntamos
fotografías que testimonian las labores de señalización preventiva e informativa para
los usuarios de la vía…”94.
También da cuenta del cumplimiento de ese deber el informe final de interventoría
del contrato de obra No. 22 en el cual se advirtió que el contratista “dispuso sobre
la vía, la instalación de la señalización preventiva para la obra, así como de
pasacalles informativos con miras a realizar prevención y evitar accidentes con los
usuarios del corredor, ubicando sobre la vía señales para el cumplimiento al manual
92
Cita textual del hecho No. 2C de la demanda.
93
Folios 643 a 652 del proceso 58316
94
Folios 527 del proceso 58316.
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Referencia: Reparación Directa No. 58316
acumulada con el No.55528
de señalización como se describe en siguiente bosquejo…igualmente se
adelantaron actividades de cerramiento en material poli sombra de
aproximadamente 150 metros lineales en los estribos con miras a tener aislados el
sitio de los trabajos. Se dispuso en obra los sectores para el paso y acceso obligado
a los peatones que realizan transbordo en este punto”95.
Se desprende de esos informes que las señales colocadas en el lugar de los
trabajos eran las adecuadas en función de las obras que se estaban ejecutando.
También se colige que era viable el paso de peatones de manera limitada, en tanto
la realización de trabajos, al menos en atención al riesgo normal que hasta entonces
era conocido por el contratista, no indicaba la inhabilitación del puente o que su
paso debiera restringirse totalmente.
Con lo anterior, la Sala considera que tal circunstancia hace que el contratista
Andrés Julián Montero Pardo quede exonerado de responsabilidad, habida cuenta
de que acató la obligación respecto de la colocación de señales preventivas, de
acuerdo con el riesgo que, en su entender, comportaba la obra que ejecutaba a
órdenes del departamento.
No obstante, la Sala estima que la observancia de tales obligaciones y la supervisión
que de ellas realizó el ente territorial como director de la obra, no conduce a concluir
que las irregularidades en que incurrió el departamento de Santander en la etapa
previa a la celebración del contrato no hubieran incidido de manera directa y
eficiente en la causación del daño.
Se reitera que el solo hecho de haber ordenado intervenir el puente sin advertir que
existía una circunstancia que suponía que las obras que se realizaran sobre el
mismo entrañaban un riesgo de colapso inminente, se traducía en que cualquier
señal preventiva o informativa resultaría inocua e insuficiente frente al verdadero y
real peligro que comportaba su manipulación –lo cual era desconocido para el
contratista de cara al objeto del contrato por él celebrado pero no debía serlo para
el departamento que ordenó su ejecución-.
Lo que se quiere significar con lo anterior es que las señales utilizadas en sí mismas
no alertaban sobre el riesgo que, atendiendo al contexto real, escondía esa obra y
que era desconocido por la entidad a cargo de la misma debiendo serlo.
95
Folios 532 a 591 del proceso 58316.
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Actor: María Cleofelina Cuadros de
Monsalve
Demandado Departamento de Santander y otros
Referencia: Reparación Directa No. 58316
acumulada con el No.55528
No se trataba entonces de que se ejerciera la debida supervisión sobre la utilización
de señales dirigidas a prevenir o alertar sobre la peligrosidad que emanaba de
cualquier obra por el uso de maquinaria pesada o por la manipulación de materiales
que tuvieran mayor potencialidad de causar daño.
Se trataba de una obra que no debió haberse emprendido, de tal suerte que ninguna
señal, por informativa y preventiva que fuera, daba cuenta de lo que ciertamente
podría ocurrir y ocurrió.
Se agrega que el puente en todo momento estuvo habilitado para el paso peatonal;
de manera restringida por carriles, sí, pero en todo caso habilitado, de tal suerte que
todos pasaban por ahí cuando lo indicado, con sujeción a la realidad circundante,
era interrumpir su utilización tan pronto se produjo la afectación en su estribo y
ordenar su reemplazo.
Es por lo anotado que la debida supervisión sobre la utilización de señalización no
puede servir como argumento para exonerar de responsabilidad al departamento
de Santander en la producción del daño, pues tal conducta no era la que, en
términos jurídicos y técnicos se exigía para evitarlo y así poder romper el nexo
causal entre la falla del servicio y la muerte del infante.
La habilitación por el paso del puente fue la que dio lugar a que el menor transitara
por allí como le era permitido a cualquier adulto, al extremo de que lo ocurrido pudo
haberle pasado a otra persona mayor con plena capacidad para desplazarse por su
cuenta por donde se hallara autorizado el paso.
De ahí que, si bien el hecho de que los padres no hubieran insistido en que su hijo
regresara a su casa para mantenerlo bajo su resguardo y cuidado es una conducta
censurable, ciertamente tal actuación no constituyó la causa eficiente del daño,
puesto que aun de haberse encontrado el niño en compañía de un adulto, el
siniestro también se habría producido.
Lo que importa enfatizar es que el paso por el puente estaba permitido, cuando
nunca ha debido estarlo. Lo recomendable desde el punto de vista técnico era su
sellamiento y posterior reemplazo. Es por esto que la Sala encuentra que la
conducta de los padres de la víctima no contribuyó de forma eficiente en la
producción del daño, en tanto este se habría producido aun de encontrarse el menor
en la debida compañía de sus guardadores.
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Actor: María Cleofelina Cuadros de
Monsalve
Demandado Departamento de Santander y otros
Referencia: Reparación Directa No. 58316
acumulada con el No.55528
En conclusión, la falla del servicio del departamento de Santander, consistente en
las irregularidades concernientes a la falta de elaboración de estudios para
establecer el estado general del puente antes de ser objeto de obras de
rehabilitación, fue la causa adecuada y exclusiva en la causación del daño.
Por lo anterior, se declarará administrativamente responsable al departamento de
Santander por la muerte del menor Jorge Eliécer Monsalve Gómez en hechos
ocurridos el 2 de marzo de 2011, con ocasión del desplome del puente El Tablazo.
Conclusión
Las sentencias proferidas por el Tribunal Administrativo de Santander el 16 de
diciembre de 2015 en el proceso 58316 y el 23 de abril de 2015 en el proceso 55528,
serán revocadas para en su lugar disponer:
En el proceso 55528: i) se declarará la falta de jurisdicción para conocer de la
responsabilidad reclamada respecto de Andrés Julián Montero Pardo y la sociedad
Sánchez Construcciones Ltda. ii) se declarará la nulidad de todo lo actuado en el
proceso 55528 por falta de jurisdicción desde la admisión de la demanda proferida
el 15 de febrero de 2012, por el Tribunal Administrativo de Santander; iii) se negarán
las pretensiones de la demanda formuladas contra el departamento de Santander.
En el proceso: 58316: i) se declarará administrativamente responsable al
departamento de Santander por la muerte del menor Jorge Eliécer Monsalve Gómez
en hechos ocurridos el 2 de marzo de 2011, con ocasión del desplome del puente
El Tablazo. ii) como consecuencia, se condenará al departamento de Santander a
pagar las siguientes sumas de dinero:
Por perjuicios morales:
Demandante Vínculo Total reconocido
CARMEN DELIA GÓMEZ ARIAS Madre 100 SMMLV
ELIÉCER MONSALVE CUADROS Padre 100 SMMLV
YONATHAN MAURICIO MONSALVE GÓMEZ Hermano 50 SMMLV
KAREN DAYANA MONSALVE GÓMEZ Hermana 50 SMMLV
MARÍA CLEOFELINA CUADROS FLÓREZ Abuela 25 SMMLV
ABIGAIL ARIAS DE GÓMEZ Abuela 25 SMMLV
VIRGILIO MONSALVE MENDIETA Abuelo 25 SMMLV
iii) se negarán las demás pretensiones de la demanda.
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Actor: María Cleofelina Cuadros de
Monsalve
Demandado Departamento de Santander y otros
Referencia: Reparación Directa No. 58316
acumulada con el No.55528
6. Costas
De conformidad con lo previsto en el artículo 171 del CCA, subrogado por el artículo
55 de la Ley 446 de 1998, en este asunto no hay lugar a la imposición de costas,
por cuanto no se evidencia en el sub examine que alguna de las partes hubiere
actuado temerariamente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR las sentencias proferidas por el Tribunal Administrativo de
Santander el 16 de diciembre de 2015 en el proceso 58316 y el 23 de abril de 2015
en el proceso 55528, por las razones expuestas en la parte considerativa, para en
su lugar disponer:
En el proceso 55528:
1) Declarar la falta de jurisdicción para conocer de la responsabilidad reclamada
al señor Andrés Julián Montero Pardo y la sociedad Sánchez Construcciones
Ltda.
2) Declarar la nulidad de todo lo actuado en el proceso 55528 por falta de
jurisdicción desde la admisión de la demanda proferida el 15 de febrero de 2012,
por el Tribunal Administrativo de Santander. Como consecuencia se ordena
remitir el asunto a los Juzgados Laborales de Bucaramanga reparto, para lo de
su cargo.
3) Negar las pretensiones de la demanda formuladas en contra del
departamento de Santander.
En el proceso: 58316:
1) Declarar administrativamente responsable al departamento de Santander por
la muerte del menor Jorge Eliecer Monsalve Gómez en hechos ocurridos el 2
de marzo de 2011, con ocasión del desplome del puente El Tablazo.
2) Como consecuencia, condenar al departamento de Santander a pagar las
siguientes sumas de dinero:
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Actor: María Cleofelina Cuadros de
Monsalve
Demandado Departamento de Santander y otros
Referencia: Reparación Directa No. 58316
acumulada con el No.55528
Por perjuicios morales:
Demandante Vínculo Total reconocido
CARMEN DELIA GÓMEZ ARIAS Madre 100 SMMLV
ELIÉCER MONSALVE CUADROS Padre 100 SMMLV
YONATHAN MAURICIO MONSALVE GÓMEZ Hermano 50 SMMLV
KAREN DAYANA MONSALVE GÓMEZ Hermana 50 SMMLV
MARÍA CLEOFELINA CUADROS FLÓREZ Abuela 25 SMMLV
ABIGAIL ARIAS DE GÓMEZ Abuela 25 SMMLV
VIRGILIO MONSALVE MENDIETA Abuelo 25 SMMLV
3) Negar las demás pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Para el cumplimiento de esta sentencia, se dará aplicación a lo
dispuesto en los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.
CUARTO: Se ordena expedir copias con destino a las partes, con las precisiones
del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. Las copias destinadas a la
demandante serán entregadas al apoderado judicial que ha venido ejerciendo su
representación.
QUINTO: Cumplido lo anterior, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Salvamento parcial de voto
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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