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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2013-00588-02

Fecha
26 de enero de 2023
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2013-00588-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Confírmase la decisión del Tribunal Administrativo de Santander del 26 de febrero de 2015. 2º) Condénase en costas en esta instancia a la parte demandante las cuales deberán liquidarse por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia de manera concentrada en caso de haberse causado. 3º) Fíjanse por concepto de agencias en derecho la suma equivalente a seis (6) salarios mínimos mensuales legales vigentes, suma que deberá ser pagada por la parte actora en forma solidaria. 5 El artículo 366 del Código General del Proceso prevé: “Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas (…)”. 19 Expediente no. 68001-23-33-000-2013-00588-02 (62.400) Actor: Iván Gabriel Lizarazo Tobías y otros Controversias contractuales Apelación de sentencia 4º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las correspondientes constancias secretariales.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 68001-23-33-000-2013-00588-02

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

26 de enero de 2023

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 68001-23-33-000-2013-00588-02 (62.400)
Demandante: IVÁN GABRIEL LIZARAZO TOBÍAS Y OTROS
Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVÍAS)
Medio de control: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – SUSPENSIONES Y
PRÓRROGAS DEL CONTRATO CON EXPRESA
RENUNCIA A RECLAMAR JUDICIAL Y
EXTRAJUDICIALMENTE

Síntesis del caso: la demanda consiste en la discusión sobre la ocurrencia de un desequilibrio
económico en cabeza del contratista por cuenta de varias situaciones que condujeron al aumento de
los costos de transporte, de la mano de obra y de la maquinaria para la ejecución del contrato, así
como de la mayor permanencia de personal y maquinaria por el tiempo de suspensión del contrato
y la definición de la liquidación del contrato.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia de 26 de febrero de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander que liquidó en cero el contrato de obra no. 2031 de 2008 y denegó las
demás pretensiones de la demanda (fls. 653 a 681 vlto. cdno. ppal.), en los
siguientes términos:

“PRIMERO: DECLÁRASE liquidado el Contrato de Obra No. 2031 de
2008, celebrado entre el INVIAS y el CONSORCIO VÍA LA PAS (sic)
CHIPATÁ, sin que se generen prestaciones debidas a favor de las partes
del contrato, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda de
conformidad con la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: CONDÉNASE en costas a la parte demandante, y a favor del
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS, las cuales deberán liquidarse
dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del
Proceso.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, archívense las diligencias
previas las anotaciones de rigor en el sistema de Justicia XXI.” (fl. 681
vlto. ibidem – negrillas y mayúsculas fijas del texto original).

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Expediente no. 68001-23-33-000-2013-00588-02 (62.400)
Actor: Iván Gabriel Lizarazo Tobías y otros
Controversias contractuales
Apelación de sentencia

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito radicado el 16 de enero de 2012 en la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca1, los señores Iván Gabriel Lizarazo Tobías, Diego
Ignacio Arenas y Guillermo Burgos Grillo (integrantes del consorcio Vía La Paz
Chipatá), actuando por intermedio de apoderado judicial, interpusieron demanda en
ejercicio del medio de control de controversias contractuales (fls. 6 a 25 cdno. no.
1) con las siguientes súplicas:

“3.1. DECLARATIVAS

PRIMERA: Que se declare que por hechos y omisiones imputables al
Instituto Nacional de Vías, o en su defecto, no imputables al contratista,
se presentó y persiste en perjuicio de IVÁN GABRIEL LIZARAZO
TOBÍAS, DIEGO IGNACIO ARENAS y GUILLERMO BURGOS GRILLO,
personas naturales que conformaron el CONSORCIO VÍA LA PAZ
CHIPATÁ, la ruptura del equilibrio económico del Contrato No. 2031
de 2008, sus adiciones y modificaciones, de acuerdo con los fundamentos
de hecho y de derecho que se presenten en esta demanda.

SEGUNDA: Que se declare que hubo por parte del Instituto Nacional de
Vías indebida planeación del Contrato de Obra No. 2031 de 2008, suscrito
con el Consorcio Vía La Paz Chipatá, lo cual generó daños y perjuicios
resarcibles a los miembros de esta última, y en consecuencia se ordene
a Instituto Nacional de Vías a adoptar todas las medidas necesarias para
que se cubran económicamente las situaciones que afectaron el
patrimonio del contratista.

TERCERA: Que se declare que dentro de los acontecimientos imputables
al Instituto Nacional de Vías, que han afectado el equilibrio económico del
Contrato de Obra No. 2031 de 2008, y que se erigen en causas
constitutivas de la inadecuada planeación del contrato realizada por la
citada entidad contratante, se encuentran los eventos descritos en el
acápite 2.2. de la convocatoria y aquellos que se llegaren a probar dentro
del proceso.

CUARTA: Que en virtud de las pretensiones anteriores, se declare que
con ocasión a la indebida planeación contractual por parte del Instituto
Nacional de Vías, se generaron diversas vicisitudes contractuales que
trastocaron la normal ejecución del Contrato de Obra No. 2031 de 2008,
produciendo déficit o pérdidas al contratista y la imposibilidad de recibir
las utilidades esperadas.

QUINTA: Que se declare la omisión del cumplimiento de la obligación de
liquidar el contrato de Obra No. 2031 de 2008, y en tal sentido, se declare

1 Por auto de 4 de febrero de 2013, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección A declaró

la falta de competencia por el factor territorial y remitió el expediente al Tribunal Administrativo de
Santander (fls. 199 a 200 cdno. no. 1).

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Expediente no. 68001-23-33-000-2013-00588-02 (62.400)
Actor: Iván Gabriel Lizarazo Tobías y otros
Controversias contractuales
Apelación de sentencia

judicialmente su liquidación.

3.2. DE CONDENA:

PRIMERA: Que como consecuencia de las declaraciones anteriores, se
condene al Instituto Nacional de Vías, a favor de los integrantes del
Consorcio Vía La Paz Chipatá, IVÁN GABRIEL LIZARAZO, DIEGO
IGNACIO ARENAS y GUILLERMO BURGOS GRILLO, al
reconocimiento y pago de la indemnización plena y perjuicios materiales
e inmateriales, en sus modalidades de daño emergente y lucro cesante,
consolidados y futuros, así:

• La suma de $333.867.393,90 por los precios unitarios de las
actividades de obra y/o ítems adicionales no cancelados durante la
ejecución de la obra, así como los valores que se logren probar en el
proceso devenidos con nexo adecuado de causalidad en la falta de
planeación incurrida por el Instituto Nacional de Vías al interior del
contrato de obra No. 2031 de 2008, o de eventos no imputables al
contratista.

• La suma de $982.760.000,00 por concepto de costos indirectos o AIU
causados durante las suspensiones y/o prórrogas ocurridos (sic)
durante la ejecución de la obra, así como los valores que se logren
probar en el proceso devenidos con nexo adecuado de causalidad en
la falta de planeación incurrida por el Instituto Nacional de Vías al
interior del contrato de obra No. 2031 de 2008, o de eventos no
imputables al contratista.

• La suma de $999.177.368,87 por concepto de ajustes de los precios
dentro del contrato, así como los valores que se logren probar en el
proceso devenidos con nexo adecuado de causalidad en la falta de
planeación incurrida por el Instituto Nacional de Vías al interior del
contrato de obra No. 2031 de 2008, o de eventos no imputables al
contratista.

SEGUNDA: Que en todo caso se repare integralmente los perjuicios
sufridos conforme lo indica el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, así como
bajo los cánones que la reciente Jurisprudencia Contencioso
Administrativa de la Sección 3ª del CONSEJO DE ESTADO ha
establecido para el efecto, es decir, conforme a los cálculos actuariales
aplicables en el caso.

TERCERA: Que se liquide el contrato de Obra No. 2031 de 2008.

CUARTA: Que el valor de las condenas aquí señaladas, sean
actualizadas al ejecutoriarse la sentencia con base en la variación
porcentual del I.P.C., la liquidación de los respectivos intereses moratorios
y la fórmula establecida por la Jurisprudencia de la Sección 3ª del
Honorable CONSEJO DE ESTADO. Lo anterior, para efectos de
compensar la pérdida del valor adquisitivo de la moneda (Art. 187 Ley
1437 de 2011).

QUINTA: Que la Sentencia de mérito favorable a las pretensiones de la
demanda, se le dé cumplimiento en los términos del capítulo VI de la Ley
1437 de 2011.

SEXTA: Que se condene al demandado, al pago de las costas y agencias

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Expediente no. 68001-23-33-000-2013-00588-02 (62.400)
Actor: Iván Gabriel Lizarazo Tobías y otros
Controversias contractuales
Apelación de sentencia

en derecho, de conformidad con las disposiciones legales vigentes al
momento de proferirse sentencia que ponga fin al presente proceso.” (fls.
13 y 14 cdno. no. 1 – mayúsculas sostenidas, negrillas y subrayado del
original).

2. Hechos

Como fundamento fáctico la parte demandante expuso en el escrito contentivo de
la demanda, en síntesis, lo siguiente:

1) El 10 de noviembre de 2008, el Instituto Nacional de Vías (Invías) suscribió con
el consorcio Vía La Paz Chipatá el contrato de obra no. 2031 con el objeto de llevar
a cabo la “RECONSTRUCCIÓN, PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE
LAS VÍAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL
PLAN 2500 EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER MÓDULO
5 – Reconstrucción, Pavimentación y/o Repavimentación de la vía La Paz – Chipatá
(segmento) del K9 + 400 al K 12 + 500” (fl. 9 cdno. no. 1 – mayúsculas fijas del
original), por un valor de $2.059.217.299, para ser ejecutado en un plazo de 4
meses.

2) El 12 de febrero de 2009, las partes suscribieron el acta de inicio y, a menos de
un mes de ejecución, el contratista solicitó la suspensión del contrato, porque, como
no contaba con las autorizaciones de Ingeominas, no podía explotar la cantera
determinada en el pliego de condiciones, solicitud que fue denegada por el Invías,
razón por la cual debió acudir a una cantera ubicada a 57.7 kilómetros de distancia
del proyecto, decisión que generó un incremento en los costos de desplazamiento.

3) Durante la fase precontractual la Empresa Proservicios SA instaló dentro de la
banca de la vía la acometida de la tubería que suministra el gas natural al municipio
La Paz (Santander), sin embargo, en el pliego de condiciones se estimó el ítem de
excavación con medios mecánicos, sin tener en cuenta, detallar o informar la
ubicación de la cometida de gas en comento, situación que generó una dilación en
la actividad y extensión de la permanencia en obra.

4) Durante la ejecución del contrato, el Departamento de Santander ordenó el cierre
temporal del paso vehicular sobre el puente de la quebrada La Gacha, situación que

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Actor: Iván Gabriel Lizarazo Tobías y otros
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conllevó al uso de una vía alterna para vehículos livianos y al transporte de material
en volquetas con menor capacidad, lo que conllevó un incremento en el tiempo y
del costo de transporte de materiales.

3. Posición de la parte demandada

A través de escrito radicado el 8 de noviembre de 2013 contestó la demanda, se
opuso a las pretensiones, solicitó que sean denegadas y formuló excepciones (fls.
234 a 244 cdno. no. 1), con los siguientes argumentos:

1) Es preciso aclarar que, desde los estudios y documentos previos, se comunicó a
los interesados en presentar oferta para la adjudicación del contrato, el deber de
adelantar los trámites de permisos ambientales para la explotación de canteras,
obligación que se determinó del resorte exclusivo del contratista, a su costo y riesgo,
razón por la cual no es de recibo que ahora argumente el consorcio contratista que
se desequilibró económicamente por cuenta de la falta de cumplimiento de una
obligación a su cargo.

2) Contrario a lo aducido por la parte demandante, su solicitud de declaración de
desequilibrio económico no tiene justificación ni soporte alguno, pues, cimenta las
pretensiones en las obligaciones que tenía a su cargo y que dilató para su ejecución.

3) Propuso como excepciones las siguientes:

a) “Inexistencia del derecho reclamado”, pues, la parte actora no acreditó en forma
alguna su derecho de indemnización.

b) “Genérica”, en virtud de la cual el juez puede declarar las excepciones que de
oficio encuentre probadas en el proceso.

4. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Santander en providencia de 26 de febrero de 2015
(fls. 653 a 681 vlto. cdno. ppal.) liquidó en cero el contrato y denegó las demás
súplicas de la demanda, con base en la siguiente sustentación:

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Actor: Iván Gabriel Lizarazo Tobías y otros
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1) De la revisión de los documentos contractuales, es claro que quien tenía la
obligación de suministrar el material, los equipos necesarios y la mano de obra
requeridos para dar cumplimiento al objeto contratado era el contratista, máxime si
se tiene en cuenta que, desde el pliego de condiciones, se impuso la obligación de
inspección al sitio de ejecución de la obra, así como también de los alrededores con
el fin de tener claridad sobre las características, localización, materiales, transporte
y fuentes de materiales.

2) Adicionalmente, en el pliego de condiciones se determinó que el contratista debía
ceñirse a las fuentes de materiales establecidas en el estudio de impacto ambiental,
razón por la cual no es atendible la causal invocada por la parte actora en cuanto a
la configuración de un desequilibrio económico por causa de la inexistencia de
permisos ambientales para la explotación de canteras, ya que era obligación del
contratista adelantar tales trámites previamente el inicio de la ejecución de la obra.

3) La decisión de cambiar la fuente de materiales constituyó un riesgo asumido por
el contratista, sobre el cual no tiene injerencia la entidad contratante.

4) En cuanto a la suspensión de tránsito vehicular y la necesidad de acudir a vías
alternas que generaron retrasos en la entrega y aumento en el costo de transporte,
se evidenció que el contratista hizo caso omiso de la restricción impuesta por el
Departamento de Santander y realizó el transporte de material en los vehículos
determinados en el contrato de obra.

5) Por último, en relación con la acometida de la tubería de gas natural, llamó la
atención la manifestación expresa de la contratista en los documentos contentivos
de las suspensiones del contrato según la cual “RENUNCIA EXPRESAMENTE, EN
EL MOMENTO DE SE SOLICITAR LA PRESENTE PRÓRROGA DEL CONTRATO
A RECLAMAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE MAYORES COSTOS
GENERADOS POR LUCRO CESANTE Y/O DAÑO EMERGENTE;
DESEQUILIBRIO ECONÓMICO POR INTERRUPCIÓN DE SECUENCIA
CONSTRUCTIVA (…)” (fl. 679 cdno. ppal. – mayúsculas sostenidas del original).

6) Sin perjuicio de lo anterior, si bien la tubería no fue tenida en cuenta en el pliego
de condiciones, estimación de actividades y costos, lo cierto es que la entidad

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adelantó las gestiones correspondientes encaminadas a prevenir las afectaciones
que esto tendría sobre la ejecución de la obra, todo lo cual se fundamentó en el
trámite de reajuste de precios correspondientes a material y mano de obra para la
excavación en los tramos que requerían traslado de redes, así como las prórrogas
números 2, 3, 4 y 5.

7) En relación con la liquidación del contrato, se tiene que el 22 de noviembre de
2010 se hizo la entrega definitiva de la obra y se precisó como valor final la suma
de $2.013.091.327, precio que incluye los costos básicos de obra contratados, el
valor de los ajustes y obras complementarias, por lo tanto, se declara liquidado
judicialmente el contrato sin que se generen prestaciones debidas en favor de las
partes del contrato.

5. El recurso de apelación

La parte actora interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera
instancia el cual fue rechazado por el a quo por auto de 24 de marzo de 2015,
decisión contra la cual el apelante formuló recurso de queja que esta Corporación
mediante auto de 29 de mayo de 2018 declaró mal denegado y concedió el recurso
de alzada (fls. 687 a 700, 713 y vlto., 716 a 718 y 730 a 737 vlto. 538 cdno. ppal.),
impugnación que fue sustentada en los términos que se resumen a continuación:

1) En cuanto a la inexistencia de permisos ambientales para la explotación de
canteras, pasó por alto el tribunal que diche falta no puede ser un evento imputable
al contratista y resultó ser una carga que no debió soportar el contratista, pues, aun
cuando el contrato finalmente se suspendió ello generó que las actividades debieran
adelantarse en un mayor tiempo al estimado inicialmente y con incremento en los
costos de transporte, maquinaria y personal.

2) El tribunal malinterpretó la situación suscitada con la suspensión del tránsito
vehicular sobre el puente de la quebrada La Gacha ubicado en la vía Chipatá – La
Paz, porque en la demanda se estableció que la orden emitida por el Departamento
de Santander consistió en la reducción de toneladas en tránsito lo cual incrementó
los costos de transporte, ya que se hicieron necesarios más viajes de material que

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los estimados con la oferta y finalmente el tiempo estimado para esta actividad tuvo
que prolongarse.

3) Por último, acerca de la referida acometida de gas natural es evidente, con las
pruebas que conforman el expediente, que tal situación causó retrasos en la
programación de las actividades inicialmente delimitadas por las partes y que
incrementaron los costos de mano de obra y materiales que no tiene que asumir la
contratista, situación que resulta contradictora a la conclusión adoptada por el
tribunal de primera instancia que estimó imprevisible el hecho pero, que fue
solventado con las adiciones al plazo del contrato, cuando realmente lo que acredita
tal afirmación es que por tratarse de un hecho no atribuible al manejo del contratista,
la entidad contratante debe compensar económicamente las consecuencias que
ello generó en la ecuación financiera del contrato.

6. Actuación surtida en segunda instancia

1) Por auto de 22 de agosto de 2019 se admitió el recurso de apelación (fls. 742 y
vlto. cdno. ppal.).

2) El 15 de octubre de 2019 (fl. 745 ibidem) se ordenó correr traslado a las partes
para alegar de conclusión por el término de 10 días y, vencido este, por el mismo
lapso, correr traslado al Ministerio Público para emitir el respectivo concepto.

3) En dicho término las partes presentaron escritos de alegaciones finales (fls. 748
a 752 y 763 a 772 cdno. ppal.) y, a su turno, el Ministerio Público presentó concepto
en los siguientes términos:

De conformidad con las estipulaciones contractuales y las pruebas obrantes en el
plenario, las pretensiones de la parte actora están llamadas al fracaso, pues,
además de no dejar salvedades o reclamaciones en las actas del contrato, de
manera voluntaria renunció a presentar reclamación judicial o extrajudicialmente por
los mayores valores y/o desequilibrio económico del contrato, razón por la cual debe
confirmarse el fallo objeto de apelación.

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de
la decisión, 2) análisis de la impugnación, 3) conclusiones y, 4) condena en costas
y agencias en derecho.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

El centro de la controversia planteada consiste en la discusión sobre la ocurrencia
o no de un desequilibrio económico en cabeza del contratista por cuenta de varias
situaciones que condujeron al aumento de los costos de transporte, de la mano de
obra y de la maquinaria para la ejecución del contrato, así como también la mayor
permanencia de maquinaria por el tiempo de suspensión del contrato y la definición
de la liquidación del contrato.

El Tribunal Administrativo de Santander declaró liquidado el contrato en cero y
denegó las demás súplicas de la demanda.

En el presente asunto, la parte actora interpuso recurso de apelación en contra de
la sentencia de primera instancia sobre la base de afirmar que la inexistencia de
permisos ambientales para la explotación de canteras no puede ser un evento
imputable al contratista, que la suspensión del tránsito vehicular sobre el puente de
la quebrada La Gacha ubicado en la vía Chipatá – La Paz conllevó al incremento de
los costos de transporte, y que de acuerdo con las pruebas que conforman el
expediente se acreditó que la existencia de la acometida de gas natural en el punto
de ejecución del proyecto causó retrasos en la programación de las actividades y
se incrementaron los costos de mano de obra y materiales, todo lo cual constituye
un desequilibrio económico que no debe porque soportar el contratista y que no se
solventó con las suspensiones y prórrogas al plazo del contrato.

La sentencia apelada será confirmada, pero por las razones que se exponen a
continuación.

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Actor: Iván Gabriel Lizarazo Tobías y otros
Controversias contractuales
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2. Análisis de la impugnación

2.1 Hechos probados

Analizadas las pruebas allegadas al proceso, se tiene acreditado lo siguiente:

1) El 10 de noviembre de 2008, el Instituto Nacional de Vías – Invías celebró con el
consorcio Vía La Paz (integrado por los señores Iván Gabriel Lizarazo Tobías, Diego
Ignacio Arenas y Guillermo Burgos Tobías) el contrato de obra no. 2031 con el
objeto de llevar a cabo la “RECONSTRUCCIÓN, PAVIMENTACIÓN Y/O
REPAVIMENTACIÓN DE LA VÍA LA PAZ CHIPATÁ (SEGMENTO) DEL K9+400 AL
K12+500 CON UNA LONGITUD TOTAL DE 3.1 KILÓMETROS EN EL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER – MÓDULO 5” (fl. 28 cdno. no. 1 – mayúsculas
sostenidas del original), con un plazo general de cuatro (4) meses.

2) De acuerdo con la cláusula segunda del contrato, el valor del contrato se estimó
en la suma de $2.059.217.299,00, equivalente a 4.462 salarios mínimos legales
mensuales vigentes, incluido el valor del IVA.

3) Durante la ejecución del contrato las partes acordaron ocho (8) suspensiones (fls.
329 a 331, 342 a 344, 345 a 347 y 437 a 439 cdno. no. 4 y fls. 76 a 78, 79 a 81, 84
a 86 y 502 a 504 cdno. no. 5) y en todas las actas de documentación de ellas, con
idéntica redacción se incluyó la siguiente expresa renuncia:

“EL CONTRATISTA LIBRE Y ESPONTÁNEAMENTE RENUNCIA
EXPRESAMENTE, EN EL MOMENTO DE SOLICITAR LA
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO, A RECLAMAR JUDICIAL O
EXTRAJUDICIALEMENTE MAYORES COSTOS GENERADOS POR:
LUCRO CESANTE Y/O DAÑO EMERGENTE; DESEQUILIBRIO
ECONÓMICO POR INTERRUPCIÓN DE SECUENCIA
CONSTRUCTIVA, DESEQUILIBRIO ECONÓMICO POR STAND BY DE
EQUIPOS Y MAQUINARIAS, DESEQUILIBRIO ECONÓMICO POR
DISPONIBILIDAD DE PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIA,
DESEQUILIBRIO ECONÓMICO POR MAYOR CANTIDAD DE
DESPLAZAMIENTOS Y/O TRANSPORTE DE MAQUINARIA, EQUIPO O
PERSONAL Y DESEQUILIBRIO ECONÓMICO POR MAYOR
PERMANENCIA Y DISPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA
DE LA EMPRESA, TODA VEZ QUE EL CONTRATISTA ES
ENTERAMENTE LIBRE PARA DISPONER DE LOS RECURSOS
ASIGNADOS AL CONTRATO” (fls. 331, 344, 347 y 439 cdno. no. 478,
81, 86 y 504 cdno. no. 5 – mayúsculas sostenidas del original – negrillas
adicionales).

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Expediente no. 68001-23-33-000-2013-00588-02 (62.400)
Actor: Iván Gabriel Lizarazo Tobías y otros
Controversias contractuales
Apelación de sentencia

4) Asimismo, las partes suscribieron el 9 de septiembre de 2009 una prórroga del
plazo contractual por dos (2) meses adicionales (fls. 348 y vlto. cdno. no. 4); el 2 de
noviembre de 2009 prórroga en un (1) mes más (fls. 375 y vlto. ibidem); el 17 de
diciembre de 2009 prórroga hasta el 31 de diciembre de 2009 (fls. 376 y vlto. cdno.
no. 4) y, el 5 de febrero de 2010 prórroga del plazo hasta el 5 de marzo de 2010 (fls.
392 y vlto. ibidem), y en cada uno de los cuatro (4) documentos contractuales en
comento el contratista manifestó la misma renuncia incluida en el parágrafo primero
de la cláusula primera en las siguientes explícitas e inequívocos términos:

“PARÁGRAFO PRIMERO: La presente ampliación en plazo se concede
por solicitud del CONTRATISTA y no implica adición en valor para el
INSTITUTO, por lo que el CONTRATISTA no presentará reclamación
alguna por mayor permanencia en el sitio de los trabajos que tengan como
causal la prórroga concedida por cuanto se reprograma[n] los recursos
existentes del contrato incluyendo esta prórroga” (fls. 348, 375, 376 y 392
cdno. no. 4 – mayúsculas sostenidas y negrillas del original).

5) Mediante escrito radicado el 24 de julio de 2014, por solicitud de la parte actora
el ingeniero civil Luis Alfredo Duarte Rueda presentó un dictamen técnico, con las
siguientes conclusiones:

“4.1 En cuanto a la Licencia ambiental

Las condiciones determinadas en los pliegos de condiciones cuando
establecen que el contratista previo al inicio de las obras debería contar
con los permisos ambientales y que el no contar con los permisos
ambientales no sería causa alguna para ampliar o modificar el contrato,
no correspondiente a la realidad ya que las condiciones exigidas por
INGEOMINAS eran diferentes teniendo en cuenta la manifestación de la
Interventoría y la supervisión del contrato en el sentido que para iniciar el
trámite de permisos se exigía que el contratista debiera presentar el acta
de inicio y este fue presentado a partir del 12 de febrero [de 2009] – fecha
de inicio- aunque con anterioridad había iniciado el trámite. Este hecho
afectó la ejecución del contrato.

4.2 De la fuente de materiales

En los Pliegos de Condiciones (página 56) se condiciona que el
proponente se ceñirá a las fuentes de materiales identificadas en el
Estudio de Impacto Ambiental en los volúmenes estimados por el
contratista en el capítulo de Aprovechamiento de Recursos Naturales, que
en caso de resultar favorecido, utilizará en la ejecución de la obra; por lo
tanto, el Instituto no reconocerá costos adicionales por el cambio de
dichas fuentes de materiales.

La realidad fue otra en el sentido de la demora en el trámite de la licencia
ambiental, la utilización de otra fuente diferente al Amarillo y el
desmantelamiento de la Planta de Asfaltos Barranca, que se volvieron
causas no imputables al Contratista. (…).

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Expediente no. 68001-23-33-000-2013-00588-02 (62.400)
Actor: Iván Gabriel Lizarazo Tobías y otros
Controversias contractuales
Apelación de sentencia

(…)

4.3 Red de Gas

Al momento de iniciar el contrato, INVIAS debía entregar saneado el sitio
donde se iban a ejecutar los trabajos. No fue previsible al momento de
elaboración del estudio ambiental, estudios previos, matriz de riesgos y
pliegos de condiciones porque no existía, pero fue una omisión del INVIAS
y un hecho imprevisible no imputable al Contratista. Este hecho afectó la
ejecución del Contrato.

4.4 Puente la Gacha

Hecho imprevisible no imputable a las partes del contrato que afectó la
ejecución del Contrato. (…)” (fls. 460 a 477cdno. no. 2 – negrillas y
subrayado del original).

6) El 26 de septiembre de 2014, la contadora pública Ana Patricia Amaya
Betancourth rindió por petición de la parte actora un dictamen contable con las
siguientes conclusiones:

“Se calculó y estableció que los gastos en que incurrió el Contratista
durante la ejecución del contrato 2031 de 2008 fueron de DOS MIL
NOVECIENTOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS
MIL VEINTINUEVE PESOS ($2.904.692.029.00) MCTE. Como se aprecia
en la siguiente table:

RESUMEN COSTOS Y GASTOS VALOR
COSTO OBRA EJECUTADA SEGÚN CONTRATO [$1.739.382.150]
COSTOS ADICIONALES POR EXTRATIEMPOS [$854.400.000]
DIFERENCIA AJUSTE EN ACTAS IPC [$20.590.406,67]
COSTO ADICIONAL POR DISTANCIAS [$290.319.473]
TOTAL COSTOS Y GASTOS [$2.904.692.029]

También se calculó y estableció que las utilidades dejadas de percibir por
el contratista durante la ejecución del contrato 2031 de 2008 fueron de
CUATROCIENTOS CUATRO PESOS ($435.703.804.00[)] MCTE…
Como se puede apreciar en la tabla que presentamos a continuación

RESUMEN UTILIDAD DEJADA DE PERCIBIR VALOR
PÉRDIDA OBRA EJECUTADA SEGÚN CONTRATO [$260.907.322]
PÉRDIDA ADICIONES POR EXTRATIEMPOS [$128.160.000]
PÉRDIDA POR DIFERENCIA AJUSTE EN ACTAS IPC [$3.088.561]
PÉRDIDA ADICIONES POR DISTANCIAS [$43.547.921]
TOTAL COSTOS Y GASTOS [$435.703.804]

(…)” (fls. 499 a 501 cdno. no. 1 – mayúsculas sostenidas y negrillas del
original).

7) Al respecto, es especialmente relevante advertir que en el proceso no se
cuestionó ni tachó la veracidad de ninguno de los documentos antes referidos y

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Expediente no. 68001-23-33-000-2013-00588-02 (62.400)
Actor: Iván Gabriel Lizarazo Tobías y otros
Controversias contractuales
Apelación de sentencia

mucho menos se probó que fuesen falsos o que hubieran sido suscritos con algún
vicio en el consentimiento, razón por la cual prestan pleno valor probatorio.

En contexto, según lo acreditado en el expediente procede la Sala a resolver el
problema jurídico consistente en determinar si en el presente asunto, con el fin de
establecer la liquidación del contrato, tiene efectos vinculantes la renuncia a
reclamar judicial o extrajudicialmente consignada en las actas de suspensión y
adiciones del contrato, y si es procedente el reconocimiento de desequilibrio
económico en favor del contratista por cuenta del incremento de los costos de
transporte, de los costos de mano de obra y materiales, y stand by de maquinaria
durante los periodos de suspensión.

2.2 El caso concreto

De la revisión de las pruebas que conforman el expediente, es evidente que en
todas y cada una de las ocho (8) actas de suspensión del contrato, así como de las
cuatro (4) prórrogas o adiciones del plazo el contratista, inequívoca y expresamente,
renunció a cualquier reclamación judicial o extrajudicial por los efectos derivados de
las respectivas suspensiones y prórrogas en el plazo general.

Al respecto, es preciso hacer las siguientes consideraciones:

1) Los motivos que condujeron a la aprobación de las suspensiones fueron los
siguientes:

a) Suspensión no. 1: demora en el trámite de licencias ambientales ante Ingeominas
para la explotación de las canteras La Olla y El Amarillo (fl. 530 cdno. no. 4).

b) Suspensiones números 2 y 3: en trámite la prórroga del permiso de Ingeominas,
así como la licencia para la explotación de las canteras y el inicio del estudio para
el traslado de la acometida de gas natural (fls. 343 y 346 ibidem).

c) Suspensiones números 4, 5 y 6: en trámite la prórroga del permiso de Ingeominas
para la explotación de las canteras y las dificultades en el transporte sobre el puente
La Gacha (fl. 438 cdno. no. 3).

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Expediente no. 68001-23-33-000-2013-00588-02 (62.400)
Actor: Iván Gabriel Lizarazo Tobías y otros
Controversias contractuales
Apelación de sentencia

d) Suspensión no. 7: debido a que el Invías no contaba con recursos disponibles
para adicionar el contrato de interventoría en atención a la prórroga solicitada por el
contratista (fl. 503 cdno. no. 5), y

e) Suspensión no. 8: por cuenta de la necesidad de analizar la solicitud del
contratista de ajustar algunos precios (fl. 434 cdno. no. 4).

2) Como parte de los deberes y derechos de los contratistas, en relación con las
renuncias de estas a la desestimación o abandono de peticiones y reclamaciones
el numeral 3 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993 dispone lo siguiente:

“ARTÍCULO 5o. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS
CONTRATISTAS. Para la realización de los fines de que trata el artículo
3. de esta ley, los contratistas:

3. Podrán acudir a las autoridades con el fin de obtener la protección de
los derechos derivados del contrato y la sanción para quienes los
desconozcan o vulneren.

<Aparte tachado derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007> Las
autoridades no podrán condicionar la participación en licitaciones o
concursos ni la adjudicación, adición o modificación de contratos,
como tampoco la cancelación de las sumas adeudadas al
contratista, a la renuncia, desistimiento o abandono de peticiones,
acciones, demandas y reclamaciones por parte de éste.” (resalta la
Sala).

De la transcripción de la norma en comento, es claro que el legislador prohíbe a las
entidades condicionar, entre otras acciones, la adición o prórrogas de contratos a la
renuncia de presentar reclamación judicial o extrajudicial por tales conceptos.

3) En el presente asunto, las renuncias fueron incluidas en el texto de las
respectivas actas de suspensiones del contrato y de las adiciones y prórrogas en el
plazo general del negocio jurídico, sin que en modo alguno el contratista haya
manifestado ser objeto de presión o constreñimiento y, ante todo, no existe ningún
medio de prueba que acredite o indique lo contrario, sumado al hecho
especialmente relevante en este examen, que la parte actora tampoco aportó ni
solicitó la práctica de pruebas con esa específica finalidad.

De lo acreditado en el expediente no obra prueba de que el Invías, en modo alguno,
hubiera ejercido presión, constreñimiento o fuerza sobre el consorcio contratista

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Expediente no. 68001-23-33-000-2013-00588-02 (62.400)
Actor: Iván Gabriel Lizarazo Tobías y otros
Controversias contractuales
Apelación de sentencia

para que incluyera en las actas y demás documentos contractuales su renuncia, así
como tampoco que tal manifestación hubiera sido condicionada para suscribir tales
actas de suspensión del contrato y prórroga del plazo.

4) En esa perspectiva, la inclusión de una renuncia a posteriores reclamos judiciales
o extrajudiciales no constituye un elemento susceptible de declaración de ineficacia,
pues, se trata simplemente de un acuerdo libre y espontáneo de voluntades que
cobra sentido por las especiales circunstancias que rodearon el motivo de tales
suspensiones y prórrogas ya que, todas y cada una de las modificaciones del
contrato tuvieron origen en la petición expresa del contratista y cobra mayor
relevancia el hecho de que este, libre y autónomamente, manifestó renunciar a
cualquier tipo de reclamaciones por tales conceptos, esto es, por unos intereses o
derechos de libre disposición, sin que para tal decisión y actuación hubiese sido
objeto de presión ni condicionamiento, pues, se reitera, en el proceso no existe
ningún medio de prueba que acredite y ni siquiera que sugiera lo contrario; en otras
términos, se trata de una manifestación de voluntad libre de apremio y carente por
completo de vicio alguno en el consentimiento, pues, no se trató de una
determinación obligada y ni siquiera sugerida.

5) En las circunstancias antes puestas de presente, es claro que el comportamiento
de las partes durante la ejecución de sus negocios es determinante para la
prosperidad de sus pedimentos en el escenario judicial, por lo tanto, no es razonable
que precisamente ahora el actor pretenda fundamentar su solicitud de desequilibrio
económico sobre la base de las consecuencias de las suspensiones y prórrogas del
contrato cuando, en forma previa, autónoma, libre de apremio y explícita manifestó
no reclamar posteriormente, ni extrajudicial como tampoco judicialmente, por los
efectos o consecuencias adversos que pudiesen tener las suspensiones o prórrogas
que del contrato pactaron las partes, sumado al hecho especialmente relevante
sobre ese preciso punto de la controversia y del negocio jurídico que la compone,
que se trata de manifestaciones libres y espontáneas de renuncias sobre derechos
o intereses de libre disposición, en ejercicio válido de la autonomía de la voluntad,
cuyo pacto o estipulación tiene debido fundamento en el artículo 40 de la Ley 80 de
1993, por tratarse de acuerdos en expresión del principio de autonomía de la
voluntad y que no son contrarios a la Constitución ni a la ley, ni al orden público, ni
a principios y finalidades de dicha ley y de la buena administración.

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Expediente no. 68001-23-33-000-2013-00588-02 (62.400)
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Apelación de sentencia

6) Al respecto, debe advertirse que si bien la Sección Tercera de esta Corporación
en una sentencia de 31 de agosto de 2011, expediente 18080, se centró en la
omisión del contratista consistente en guardar silencio respecto de las
reclamaciones económicas que tenía al momento de celebrar unos contratos
modificatorios y adicionales, lo cierto es que se trata del mismo comportamiento
contrario a los propios actos ejercidos durante la ejecución del contrato, el cual fue
calificado como antijurídico y constitutivo de una “práctica malsana que violenta los
deberes de corrección, claridad y lealtad negociales (…) Por lo tanto, no puede venir
ahora en esta instancia a alegar un restablecimiento de la ecuación contractual y del
equilibrio económico por ser extemporánea, improcedente e impróspera por vulnerar
el principio de la buena fe contractual”2 (resalta la Sala).

En ese contexto, fáctico, normativo y jurisprudencial, es claro que el comportamiento
de las partes durante la ejecución de sus negocios es determinante para la
prosperidad de sus pedimentos en el escenario judicial, máxime si se tiene en
cuenta que durante la ejecución del contrato, el consorcio contratista fue quien
solicitó las suspensión y prórrogas del plazo general del contrato, actuaciones que
no justifican el por qué ahora acude al escenario judicial a pedir el reconocimiento
económico de las consecuencias de sus propias solicitudes en las que
expresamente manifestó, puntual e inequívocamente, renunciar a cualquier
reclamación posterior extrajudicial o judicial.

7) Por consiguiente, como en el presente asunto el actor no acreditó y ni siquiera
intentó hacer que su renuncia a reclamar judicial o extrajudicialmente por cuenta de
las suspensiones y prórrogas en el plazo del contrato se produjo como
consecuencia de condicionamiento, presión o constreñimiento de la entidad
contratante que viciaran su consentimiento3, para la Sala no existe sustento para
invalidar la voluntad de las partes, por lo que se confirmará la sentencia de primera
instancia que desestimó las pretensiones de la demanda.

2
Sentencia de 31 de agosto de 2011 de la Sección Tercera de esta Corporación en el expediente
25000-23-26-000-1997-04390-01 (18.080) con ponencia de la Dra. Ruth Stella Correa Palacio.
3 De acuerdo con el artículo 1508 del Código Civil, los “vicios de que puede adolecer el

consentimiento, son error, fuerza y dolo”.

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Expediente no. 68001-23-33-000-2013-00588-02 (62.400)
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Apelación de sentencia

3. Conclusiones

a) La demanda se centró en la discusión sobre la ocurrencia de un desequilibrio
económico en cabeza del contratista por cuenta de varias situaciones que
condujeron al aumento de los costos de transporte, de la mano de obra y de la
maquinaria para la ejecución del contrato, así como la mayor permanencia de
maquinaria por el tiempo de suspensión y prórroga del contrato, así como la
definición de la liquidación del contrato.

b) Luego de la revisión de las pruebas que conforman el expediente, no hay duda
alguna de que en la totalidad de las actas de suspensión y prórrogas o adición del
plazo general del contrato, el consorcio contratista expresamente renunció, libre y
autónomamente, a presentar reclamación judicial o extrajudicial por cuenta de tales
hechos, determinación consciente y voluntaria que le impide en esta instancia
pretender el reconocimiento de perjuicios económicos derivados de los hechos
fuente de estas suspensiones y prórrogas, razón por la cual la Sala confirmará la
sentencia de primera instancia.

4. Condena en costas y agencias en derecho

Según el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, salvo que se ventile un interés
público4, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil, a su turno,
el artículo 365 del Código General del Proceso consagra que se condenará en
costas “a la parte vencida”.

En el presente caso la parte vencida es la actora, conformada por los señores Iván
Gabriel Lizarazo Tobías, Diego Ignacio Arenas y Guillermo Burgos Grillo
(integrantes del consorcio Vía La Paz Chipatá), de manera que en lo que se refiere
a los gastos del proceso estos serán liquidados por la Secretaría del Tribunal

4 Al respecto consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, del 11

de octubre de 2021, expediente no. 11001-03-26-000-2019-00011-00 (63.217), MP Fredy Ibarra
Martínez.

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Expediente no. 68001-23-33-000-2013-00588-02 (62.400)
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Apelación de sentencia

Administrativo de Antioquia de manera concentrada, según el artículo 366 del
Código General del Proceso5.

Sobre las agencias en derecho en esta instancia, se tiene que para la fecha de la
presentación de la demanda se hallaba vigente el artículo 6 numeral 3.1.3 del
Acuerdo 1887 de 2003 expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de
la Judicatura, de este modo, la Sala considera razonable tasar las agencias en
derecho en seis (6) salarios mínimos mensuales legales vigentes para la fecha de
ejecutoria de la presente providencia que deberán ser pagados por la parte actora
en forma solidaria, en atención a que la parte actora otorgó poder a un profesional
del derecho quien actúo en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,

FALLA:

1º) Confírmase la decisión del Tribunal Administrativo de Santander del 26 de
febrero de 2015.

2º) Condénase en costas en esta instancia a la parte demandante las cuales
deberán liquidarse por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia de
manera concentrada en caso de haberse causado.

3º) Fíjanse por concepto de agencias en derecho la suma equivalente a seis (6)
salarios mínimos mensuales legales vigentes, suma que deberá ser pagada por la
parte actora en forma solidaria.

5
El artículo 366 del Código General del Proceso prevé: “Las costas y agencias en derecho serán
liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única
instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado
el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas (…)”.

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Expediente no. 68001-23-33-000-2013-00588-02 (62.400)
Actor: Iván Gabriel Lizarazo Tobías y otros
Controversias contractuales
Apelación de sentencia

4º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al
tribunal de origen, previas las correspondientes constancias secretariales.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección
(firmado electrónicamente)
(con aclaración de voto)

FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Ponente Magistrado
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
(con salvamento de voto)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados en
la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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