Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2014-00332-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2014-00332-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2014-00332-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
2 de junio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., dos (2) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 250002336000201400332 01 (56.854)
Demandante: Consorcio CG
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU-
Acción: Controversias contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia
Temas: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – Silencio administrativo positivo durante
la ejecución contractual / DEBIDO PROCESO CONTRACTUAL – garantías que lo
integran / FALSA MOTIVACIÓN – características y estudio probatorio / DESVIACIÓN DE
PODER – no se demostró
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a
resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia de primera instancia, mediante la cual se negaron las pretensiones de
la demanda.
Insiste el actor en la declaratoria de nulidad de los actos que decidieron acerca
del incumplimiento contractual del consorcio interventor, y plantea que la
frustración del objeto convenido ocurrió por actuaciones de la entidad pública al
tomar posesión de la obra e impedirle recibir los trabajos ejecutados y realizar el
informe final. Indicó que los errores encontrados en las redes se originaron por la
falta de planeación del negocio jurídico suscrito.
I. SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la decisión proferida el 19 de noviembre de 2015 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, a través de la
cual se adoptaron las siguientes determinaciones:
“PRIMERO: Se NIEGAN las pretensiones de la demanda, de conformidad con la
parte motiva de esta providencia.
“SEGUNDO: Se liquida judicialmente el contrato 150 de 28 de diciembre de
2007, el cual quedara (sic) en ceros (0) de conformidad con la parte motiva de
Radicación: 250002336000201400332 01 (56.854)
Demandante: Consorcio CG
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU-
Asunto: Controversias contractuales
esta providencia. Por consiguientes (sic) los extremos jurídico negóciales (sic) se
encuentran a Paz y Salvo por todo concepto.
“TERCERO: Se fija por agencias en derecho a favor del INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO, la suma de QUINCE MILLONES CIENTO OCHO MIL
CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE ($15.108.158.oo) las cuales
deberá pagar que deberá pagar (sic) los miembros que conforman el
CONSORCIO CG.
“CUARTO: Ejecutoriada la presente providencia, liquídense por secretaria (sic)
de la sección los gastos ordinarios del proceso y en caso de remanentes
devuélvanse al interesado, lo anterior de conformidad con lo establecido en los
artículos 7 y 9 del Acuerdo Nº 2552 de 2004 de la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura”1 (resaltado del texto original).
El anterior proveído resolvió la demanda cuyas pretensiones, hechos principales y
fundamentos de derecho son los siguientes:
Pretensiones
2. El 13 de marzo de 20142, el consorcio CG3 presentó demanda contra el Distrito
Capital de Bogotá y el Instituto de Desarrollo Urbano (en adelante IDU), con el fin
de obtener las siguientes declaraciones y condenas (transcripción literal, incluidos
los errores de forma advertidos):
“PRIMERO: Que se realice la liquidación judicial del respectivo contrato, a fin de que
las partes puedan declararse a paz y salvo el uno del otro y se reconozcan y paguen
los montos establecidos y debidos al contratista los cuales a la fecha ascienden a la
suma de QUINIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($503.605.283) M/CTE; conforme se
expone en un acápite de la demanda denominado LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
DE INTERVENTORÍA.
“SEGUNDO:
“a) QUE SE DECLARE LA NULIDAD de los actos administrativos contractuales
sancionatorios, dejándose sin efectos la RESOLUCIÓN No. 4152 del 04 de octubre
de 2011 y RESOLUCIÓN No. 170 del 23 de Enero de 2012, por la cual se le impone
y se confirma una sanción al contratista, declárandole el incumplimiento y de hacerle
exigible la póliza Penal Pecuniaria; toda vez que dichos actos administrativos, están
viciados de nulidad.
“b) QUE COMO CONSECUENCIA DE LA ANTERIOR DECLARACIÓN, SE
RESTABLEZCAN LOS DERECHOS de mis poderdantes, consistentes en el NO
PAGO del valor de la respectiva sanción; valores, que nunca fueron justificados,
sustentados, probados o verificados.
“c) Así mismo, se RESTABLEZCA EL DERECHO AL BUEN NOMBRE de las
empresas que represento, toda vez que, en las resoluciones acusadas, la entidad
pública, ordenó comunicar dicha sanción al sistema electrónico para la contratación
pública (SECOP); a la Cámara de Comercio de Bogotá, a la Procuraduría General de
la Nación; Contraloría General de la República; y a las demás dependencias internas
de la institución.
1 Folios 268 y 269 del cuaderno principal.
2 Folio 44 del cuaderno 1.
3 Según documento de constitución de esta forma asociativa, sus integrantes son: Ingeniería Civil Obras y
Proyectos de Consultoría Ltda. CIVILO & CO LTDA. en un 33%, CG Ingeniería Ltda. con el 34% y Gestión de
Proyectos de ingeniería GPI LTDA., con el 33% restante- (folios 1 a 2 del cuaderno 2).
2
Radicación: 250002336000201400332 01 (56.854)
Demandante: Consorcio CG
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU-
Asunto: Controversias contractuales
“TERCERO: Que los entes públicos, citados, reconozcan y paguen los perjuicios
causados al ‘CONSORCIO CG’ y las empresas que la conforman; pues se lesionaron
de forma grave a empresas ampliamente reconocidas en el medio y con un record
perfecto de cumplimiento en todos los contratos realizados, empresas
perjudicadas por los actos administrativos que impide el normal funcionamiento de
las mismas puesto que estas funcionan con la contratación estatal; y el ente público,
al aplicarles una sanción de forma injusta, las penaliza, impidiéndoles presentar
propuestas en igualdad de condiciones, que otros futuros proponentes, dejándolos
sin ninguna posibilidad seguir ejerciendo su actividad económica.
“Por lo anterior, traducimos dichos daños así:
“a) DAÑOS MORALES: Aquellos que fueron ocasionados en el buen nombre del
CONSORCIO y de las empresas que lo conforman.
“Se vio afectado el GOOD WILL de las empresas, las distintas comunicaciones
ordenadas, afectaron a las empresas y sus socios, daños que saltan a la vista, al
afectarse el buen nombre y trayectoria de cumplimiento de las empresas, daños y
perjuicios que tazo en la suma de 100 s.m.l.m.v. para cada uno de los socios de la
Unión Temporal y de los respectivos socios de las empresas que la conforman.
CONSORCIO CG 100 s.m.l.m.v.
Socios
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA GPI LTDA 100 s.m.l.m.v.
CG INGENIERÍA LTDA. 100 s.m.l.m.v.
INGENIERÍA CIVIL DE OBRAS Y PROYECTOS
DE CONSULTORÍA LTDA, CIVILO & CO LTDA 100 s.m.l.m.v.
“CUARTO: Los intereses moratorios sobre las cantidades que resulten a favor del
citado, desde la fecha en que deba hacerse el pago hasta aquella en que
efectivamente se realice (Sent. C-188/99 de la Corte Constitucional). En lo demás
deberá darse cumplimiento a los que señala el art. 187 y sig. De la Ley 1437 de
2011.
“CUARTO (sic): Que LA NACIÓN, la ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. y el
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, sean condenados en costas de acuerdo a
lo establecido en la ley 1437 de 2011 y reconozcan los honorarios de los abogados,
de acuerdo a tabla establecida para ello, y los cuales deberá tasar el señor
Magistrado.
“SEXTO: Que LA NACIÓN, la ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. y el
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO deben dar cumplimiento a la sentencia que
haga tránsito a cosa juzgada, conforme a los artículos 187, 189, 192, 193 y 195 de la
Ley 1437 de 2011”4 (negrillas del texto original).
Hechos relevantes5
3. La parte actora indicó que suscribió con el IDU el contrato 150 de 2007, con el
objeto de realizar, a precio global sin reajustes, la interventoría simultánea,
administrativa, financiera, social y ambiental de: a) la construcción de los andenes
del eje vial de la calle 116, entre las carreras 15 y 19, costados norte y sur en
Bogotá D.C. -contrato de obra 159 de 2007, cuyo contratista era el consorcio ID-;
y, b) la construcción del separador incluyendo ciclo ruta del eje vial de la calle
116, entre las carreras 15 y 19 -contrato 154 de 2007, suscrito con el consorcio
Antri-PCI-; por valor de $417.936.400 y un plazo inicial de 7 meses.
4 Folios 5 a 7 del cuaderno 1.
5 Teniendo en cuenta la subsanación de la demanda, visible a folios 53 a 91 del cuaderno 1 -el a quo
inadmitió la demanda, con el propósito de que la actora adecuara los hechos a las pretensiones formuladas y
se refiriera solamente a supuestos fácticos-.
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Radicación: 250002336000201400332 01 (56.854)
Demandante: Consorcio CG
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU-
Asunto: Controversias contractuales
4. Sostuvo que, el 24 de febrero de 2009, radicó ante el IDU solicitud de adición
por $714’767.731 y prórroga del contrato de obra 159 de 2007; sin embargo, la
contratante se abstuvo de tramitarla, pese a que se presentó cuando aún restaba
más de un (1) mes de ejecución del contrato principal -el cual vencía el 25 de
marzo de 2009-. El 20 de marzo de 2009, la entidad tomó posesión de la obra,
retirando al contratista y al interventor, basada en la resolución que declaró la
caducidad del contrato 159 de 2007, la cual, según la demanda, “nunca fue
formalizada por la entidad, por lo tanto nunca existió legalmente la presunta la
(sic) caducidad aludida”6.
5. El 11 de marzo de 2009, el IDU inició el procedimiento sancionatorio de
incumplimiento al Consorcio CG por supuesta inobservancia de sus obligaciones
de control, referidas a: (i) la calidad de los recursos; (ii) los procesos constructivos
y operativos de la obra; y, (iii) su ejecución presupuestal. Dicho procedimiento
concluyó con la expedición de las Resoluciones 4125 de 2011 y 170 de 2012, en
las que la entidad declaró y confirmó, respectivamente, el incumplimiento del
contrato de interventoría 150 de 2007 y la orden de hacer efectiva la cláusula
penal pecuniaria.
6. Tildó de evidente el interés de los funcionarios del IDU de llevar al fracaso los
contratos 150 y 159 de 2007 basándose en una resolución de caducidad, al final
inexistente, y así justificar una supuesta emergencia para suscribir, seguidamente,
el contrato de obra 006 de 2009 con la sociedad Oceisa S.A. Además, señaló que
este último negocio jurídico no contó con interventoría externa, ni el consorcio CG
recibió requerimiento al respecto, pues el IDU sólo le solicitó informar, en calidad
de interventor del contrato 159 de 2007, el estado de la obra y verificarlo frente al
reseñado por Oceisa S.A., para definir sus actividades.
Aseguró que en cumplimiento de sus obligaciones, atendió tal petición (i)
mediante oficio con radicado 33102, del 2 de abril de 2009, para advertir que no
podría pronunciarse dentro del plazo de 7 horas que le otorgó la entidad y (ii) a
través del oficio radicado 34081 del 5 de abril de 2009, en el que aseveró que no
halló sustento respecto de algunas de las cantidades de obra referidas por
Oceisa, pues unas estaban parcialmente ejecutadas y se evaluaron como nuevas,
y otras solo requerían ajustes finales del contratista original, pero aun así, se
incluyeron en el nuevo contrato.
7. La entidad contratante no liquidó el contrato de interventoría 150 de 2007 y con
ello dejó de pagar $503’605.283 a favor del consorcio CG, según sus cálculos7.
Fundamentos de derecho
8. La parte actora señaló que fueron desconocidos los artículos 2, 5, 13 y 29 de la
Constitución Política; puntualmente, indicó que se configuraron varios silencios de
la Administración que equivalen a decisiones fictas o presuntas a favor del
6 Folio 62 del cuaderno 1.
7 Folios 84 a 91 del cuaderno 1.
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Radicación: 250002336000201400332 01 (56.854)
Demandante: Consorcio CG
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU-
Asunto: Controversias contractuales
consorcio CG, de conformidad con lo previsto en el artículo 25 de la Ley 80 de
1993, refiriéndose a seis solicitudes8.
9. Se quejó por violación a su derecho al debido proceso, pues: i) en el proceso
sancionatorio, se decretaron las pruebas 13 meses después de que el IDU tomara
posesión de manera irregular de la obra; ii) se suspendió la etapa probatoria por 7
días hábiles -desde el 13 de mayo de 2010- y se informó de tal circunstancia
hasta el 8 de junio siguiente; iii) el 18 de junio de 2010 se informó la continuación
de la inspección de registros fílmicos programada para el 17 de junio de ese año;
iv) la Universidad Nacional, encargada de elaborar el informe técnico, realizó las
visitas en fechas distintas a las fijadas para la inspección administrativa; en todo
caso, dicha Universidad concluyó que existían problemas de calidad que se
habrían corregido y terminado si la entidad no hubiera intervenido la obra.
10. Se refirió a varios soportes con los que afirma: (i) que el consorcio CG sí
requirió al contratista en los aspectos base de los incumplimientos endilgados; (ii)
que en la ejecución contractual hubo falencias relacionadas con los diseños y
estudios entregados por el IDU; y (iii) que la toma de posesión de la obra se hizo
para favorecer los intereses de otro contratista –Oceisa S.A.- y frente a la misma
al actor no le fue encargada la labor de interventoría del nuevo contrato suscrito
con esta última sociedad.
Contestación de la demanda
11. El IDU se opuso a todas las pretensiones, al afirmar que el consorcio CG no
demostró el cumplimiento de las obligaciones que debía observar. Aseveró que si
bien los diseños no habían contemplado la construcción del alcantarillado en el
costado sur del proyecto, ese ítem fue incorporado en la adición 1 al contrato de
obra, pero las ESP, durante los recorridos, señalaron la baja calidad de las obras.
12. Explicó que no se vulneró el debido proceso del actor por el paso del tiempo,
toda vez que durante este período se ordenó la práctica del informe técnico a
cargo de la Universidad Nacional de Colombia, que constató que el consorcio CG
no supervisó ni controló al contratista. Descartó cualquier cuestionamiento
relacionado con la suscripción del contrato con Oceisa, por considerarlo subjetivo
y ajeno al presente debate.
13. Propuso las excepciones de: (i) incumplimiento del contrato de interventoría y
procedencia de las sanciones impuestas; (ii) legalidad de los actos administrativos
demandados; (iii) imposibilidad de reclamar perjuicios morales y el no pago de la
sanción impuesta al contratista incumplido; y (iv) la excepción genérica.
8 a) radicado 0124117, balance de obras no previstas y balance de cantidades de obra del 10 de febrero de
2009; b) radicado 013320, avance de obras del 13 de febrero de 2009; c) radicado 016300, respuesta al oficio
del 18 de febrero de 2009; d) radicado 18103, solicitud de adición y prórroga del 23 de febrero de 2009; e)
radicado 033102, respuesta al oficio del 20 de abril de 2009; y f) radicado 034081, respuesta al oficio del 6 de
abril de 2009.
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Radicación: 250002336000201400332 01 (56.854)
Demandante: Consorcio CG
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU-
Asunto: Controversias contractuales
14. Por su parte, el distrito capital de Bogotá propuso las excepciones de: (i) falta
de legitimación en la causa por pasiva; (ii) caducidad, pues el requisito de
procedibilidad no se agotó respecto de ese ente; (iii) ausencia de nexo causal; (iv)
ausencia de daño contingente; y (v) la genérica.
Alegatos de primera instancia
15. Luego de que en la audiencia inicial9 se declarara la falta de legitimación en la
causa por pasiva del distrito capital de Bogotá; y posterior al decreto y práctica de
las pruebas10, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para presentar
sus alegaciones y concepto, respectivamente.
16. En esta oportunidad procesal, demandante11 y demandada12 insistieron en los
argumentos expuestos en la demanda y su contestación. El Ministerio Público, por
su parte, guardó silencio.
Fundamentos de la providencia recurrida
17. El Tribunal a quo13 negó las súplicas de la demanda; para el efecto, dividió el
examen en dos ámbitos: el relativo a definir si los actos enjuiciados adolecen de
los vicios demandados y el asociado a la liquidación judicial del negocio jurídico.
18. En cuanto al primer punto de análisis, negó los cargos de ilegalidad contra los
actos enjuiciados, así:
(i) Falsa motivación. Indicó que el actor no desvirtuó los señalamientos de
incumplimiento formulados por la entidad en el procedimiento respectivo. Añadió
que su función principal fue omitida, al haber certificado el cumplimiento del
contratista pese a las irregularidades advertidas en la obra. Sostuvo que, si en
gracia de discusión se aceptara que la entidad desconoció el principio de
planeación, ello no justificaba la conducta del interventor al abstenerse de notificar
oportunamente al contratante las razones que impedían cumplir el cronograma, y
sugerir las soluciones respectivas en materia de diseños, recursos y prórrogas.
(ii) Desviación de poder. Consideró que no se configuró, dado que el actor se
limitó a cuestionar el contrato de obra pública y su declaratoria de caducidad; y si
bien tanto el contrato de interventoría como el de obra son interdependientes, ello
no significa que la supuesta desviación de poder relacionada con el último se
predique respecto del primero.
9 Folios 226 a 227 del cuaderno 1.
10 El Tribunal decretó como medios de prueba los siguientes: (i) los documentales aportados por la actora,
incluida la protocolización de unos silencios administrativos positivos –cuadernos 2 y 3; (ii) se aceptó el
desistimiento de la prueba trasladada pedida por la parte demandante –el traslado del proceso administrativo
con radicación 2010-0072 y el penal con radicado 2009-13241-; (iii) se decretaron los testimonios de los
señores Jorge Mauricio Casas Vera, Yohanna Díaz Arzayuz y Héctor Armando Gómez Sánchez; y (iv) se
tuvo como pruebas documentales las aportadas por el IDU en el escrito de la contestación de la demanda,
referidas como antecedentes administrativos de la controversia –cuadernos 4 y 5-.
11 Folios 238 a 256 del cuaderno 1.
12 Folios 231 a 237 del cuaderno 1.
13 Folios 258 a 269 del cuaderno principal.
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Radicación: 250002336000201400332 01 (56.854)
Demandante: Consorcio CG
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU-
Asunto: Controversias contractuales
(iii) Violación al debido proceso. Tampoco halló configurada esta causal de
nulidad y la tuvo por no probada, en la medida en que el demandante fue
convocado al procedimiento administrativo y ejerció su derecho de defensa y
contradicción, como fue constatado en las etapas de esa actuación.
19. Respecto a la liquidación del contrato concluyó, de cara al incumplimiento de
las obligaciones del interventor, que el IDU no estaba obligado a pagar la totalidad
del valor pactado; así que liquidó el negocio en ceros ($0), por cuanto, a su juicio,
la entidad pagó hasta cuando el consorcio cumplió el contrato.
Síntesis del recurso de apelación:
20. La parte actora pidió revocar en su totalidad la sentencia apelada. Para el
efecto, adujo que el a quo no tuvo en cuenta las pruebas aportadas y practicadas,
ni los silencios administrativos positivos que demostraron que la misma entidad
impidió al interventor cumplir sus obligaciones. Insistió en la falsa motivación del
acto, en tanto el IDU (i) imposibilitó el recibo, liquidación y elaboración del informe
final, como establece el Manual de Interventoría de la entidad, al imponer la
sanción de caducidad al contratista de obra y entregar la ejecución de ese
negocio a la firma OCEISA S.A.; y (ii) no permitió al consorcio constructor corregir
los problemas de calidad evidenciados (remates de obra y acabados) al retirarlo
de la obra e inmediatamente incorporar un nuevo constructor, situación que le
impidió avanzar en su labor de control.
21. Indicó que el pago de las actas parciales no generaba el recibo a satisfacción
de las obras por la interventoría, pues su cancelación en ningún caso relevaba al
contratista de la obligación de entregar el objeto completo y a satisfacción de la
entidad. Manifestó que en el acta de febrero de 2009 fueron detallados los
faltantes de obra, por lo que no era cierto que hubiere certificado el cumplimiento
técnico de la misma; en todo caso, para el impugnante, la obra no se pagó en su
totalidad, sino en proporción a lo ejecutado, como lo pudo verificar la Contraloría
Distrital en el proceso de Responsabilidad Fiscal 123 de 2010, que terminó
archivado14.
Señaló que el Tribunal obvió la documentación donde el consorcio CG solicitó al
IDU la imposición de multas al constructor e incluso la declaratoria de caducidad
del negocio jurídico.
22. Además, indicó que sí exhortó al contratista de obra al cumplimiento de las
especificaciones técnicas relativas a los remates y acabados; y que durante la
ejecución contractual evidenció que los trazados y/o profundidades de las redes
de servicios públicos en el corredor de la calle 116 fueron realizados sin
planeación, habiendo sido el IDU quien primero incumplió.
14 Folio 288 del cuaderno principal.
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Radicación: 250002336000201400332 01 (56.854)
Demandante: Consorcio CG
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Asunto: Controversias contractuales
23. Sostuvo que las obras pagadas contaban con soportes financieros y técnicos,
y que la solicitud de recursos adicionales se hizo con 40 días de antelación a la
terminación del contrato -cuando el Manual de Interventoría exigía que tramitarlas
al menos 10 días antes de su vencimiento-; sostuvo que la negativa en la adición
de recursos y plazo impidió ejecutar los paños de andén faltantes, pese a que fue
la entidad la que no cuantificó correctamente ni en valor, ni en cantidad los
trabajos requeridos. Recalcó que fue el interés de los funcionarios del IDU el que
impidió la observancia de las correcciones y faltantes, y el que condujo a la
adjudicación del contrato a OCEISA S.A. que costó “diez (10) veces más de lo
que se había inicialmente solicitado para la culminación de la obra”15.
24. No compartió el examen del cargo por desviación de poder, por considerar
que los contratos de obra e interventoría guardan una estrecha relación, de modo
que el uno no puede existir sin el otro y que en esa medida, las decisiones del
IDU sobre no tramitar la prórroga y la adición, así como la caducidad del contrato
de obra, para adjudicar de forma irregular la obra a una nueva sociedad,
impidieron al interventor recibir las obras y elaborar el informe final.
25. Sobre el debido proceso, insistió en su vulneración, pues éste no incluye
solamente el derecho de contradicción, sino que también se refiere a conductas
como las “malas notificaciones”, la falta de comparecencia en la práctica de
pruebas, la demora en la toma de decisiones y falta de valoración de todos los
medios probatorios.
26. Puso de presente que protocolizó los respectivos silencios administrativos, en
los términos del artículo 85 de la Ley 1437 de 2011, normas que configuran un
verdadero acto administrativo favorable al particular, así que cualquier acto
posterior se reputa inexistente.
Trámite en segunda instancia
27. Mediante proveído del 14 de julio de 2017 16 , el despacho sustanciador
accedió a uno de los pedimentos probatorios formulados en el recurso de alzada,
relativo a oficiar al IDU para que allegara la totalidad de los antecedentes
administrativos del contrato de interventoría 150 de 2007, al considerar que dicha
solicitud encuadró en el supuesto del numeral 2 del artículo 212 del CPACA 17. La
demandada dio respuesta a través de escrito del 8 de septiembre de 2017 18 ,
remitiendo los antecedentes administrativos. Durante el término de traslado
15 Folio 286 del cuaderno principal
16 Folios 344 y 345 del cuaderno principal.
17 “Artículo 212. Oportunidades probatorias.
“(…)
“En segunda instancia, cuando se trate de apelación de sentencia, en el término de ejecutoria del auto que
admite el recurso, las partes podrán pedir pruebas, que se decretarán únicamente en los siguientes casos:
“(…)
“2. Cuando decretadas en la primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió,
pero solo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su perfeccionamiento”.
18 Folios 364 y 365 del cuaderno principal.
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Radicación: 250002336000201400332 01 (56.854)
Demandante: Consorcio CG
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU-
Asunto: Controversias contractuales
concedido a las partes para que ejercieran su derecho de contradicción sobre
esta documentación19, ninguna se manifestó.
28. Al alegar de conclusión en segunda instancia, tanto la parte actora20 como la
accionada21 reiteraron los argumentos expuestos en la alzada y en la línea de
defensa, respectivamente. Por su parte, el Ministerio Público no se pronunció.
III. CONSIDERACIONES
El objeto de la apelación
29. Cuatro son los aspectos centrales en que fundamentó la alzada el actor, para
cuya resolución se tendrá en cuenta el acervo probatorio obrante en el expediente
referido a cada cargo en particular. Con este rumbo, se estudiará lo relativo al
silencio positivo de la Administración en sede contractual y si el mismo se
configuró o no respecto de las solicitudes aludidas por la parte actora, para luego
examinar los tres cargos de nulidad formulados -vulneración del debido proceso,
falsa motivación y desviación de poder-.
(i) El silencio administrativo positivo en el marco de la ejecución
contractual
30. La noción de silencio administrativo está concebida como una presunción
fijada en la ley, que surge de la falta de pronunciamiento de la entidad pública
frente a una solicitud elevada por el particular, a partir de la cual se entiende que
se ha producido una respuesta tácita o ficta, que puede ser negativa o positiva. Al
respecto, el artículo 83 del CPACA dispone como regla general que el silencio de
la Administración opera en sentido negativo, pero el interesado puede invocarlo o
no, según si persigue la decisión expresa a través de otros medios -como insistir
en la petición - o puede atenerse a su configuración y, en esa medida, impugnar
el acto ficto y demandarlo en cualquier tiempo22.
31. De modo que “es una figura eminentemente procesal, instaurada para dar
solución a aquellos eventos en los que la administración incumple con su deber
de dar respuesta oportuna a las peticiones de los administrados, de tal manera
que no quede en un estado de indeterminación la resolución de tales solicitudes.
En principio, si la ley no establece otra cosa, el silencio administrativo será
negativo, lo que quiere decir que, transcurrido el término previsto por la norma sin
que la administración haya dado respuesta expresa, se entenderá que la petición
ha sido denegada, surgiendo así un acto administrativo ficto o presunto adverso a
19 Auto del 21 de septiembre de 2017 –folio 367 del cuaderno principal-.
20 Folios 372 a 387 del cuaderno principal.
21 Folios 389 a 394 del cuaderno principal.
22BERROCAL GUERRERO, Luis Enrique, “Manual del Acto Administrativo”, Librería Ediciones del
Profesional, Séptima Edición, 2016, p. 433.
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los intereses del administrado, lo que le permitirá a éste proceder a su inmediata
impugnación judicial”23.
32. A su turno, el silencio administrativo positivo, equivalente a la respuesta
favorable a la solicitud, se erige como excepción, por cuanto solo procede en los
casos expresamente previstos en las disposiciones legales o reglamentarias. A
voces del artículo 84 del CPACA24, para que éste se configure basta con que
transcurra el término de 3 meses contados a partir de la presentación de la
solicitud -en la generalidad de los casos, aunque existen asuntos con plazo
superior- sin que a su vencimiento se hubiere notificado la decisión que resuelve
la petición. El artículo 85 ídem consagra el procedimiento para su invocación, para
lo cual fija que el mecanismo corresponde a la protocolización de la constancia o
copia de la petición radicada ante la autoridad, documento que, vale precisar,
tiene un carácter instrumental y probatorio, es decir, no constituye una solemnidad
ad substantiam actus, dado que el acto ficto existe por el mero vencimiento del
plazo; por ende, este procedimiento “se ha entendido como un mero trámite
encaminado a darle forma a la resolución tácita para que quien pretenda hacer
valer sus consecuencias pueda acreditarlo”25.
33. Ahora, en el ámbito de la contratación estatal, dentro de los postulados que
rigen el principio de economía, se estableció en el numeral 16 del artículo 25 de la
Ley 80 de 1993 que “[e]n las solicitudes que se presenten en el curso de la
ejecución del contrato, si la entidad estatal no se pronuncia dentro del término de
tres (3) meses siguientes, se entenderá que la decisión es favorable a las
pretensiones del solicitante en virtud del silencio administrativo positivo”. Si bien
en el EGCAP hizo referencia al silencio positivo en los anteriores términos, lo
cierto es que no reguló el procedimiento para su invocación, razón por la cual
resulta aplicable lo previsto en el artículo 85 del CPACA a efectos de la
instrumentalización de la decisión ficta, en concordancia con el artículo 2 de la
Ley 1437 de 2011 que determina que en lo no previsto en las leyes especiales, se
aplicarán las disposiciones de este estatuto.
34. Examinada la norma de la Ley 80 de 1993 atrás citada, la naturaleza de la
presunción concebida bajo el silencio administrativo positivo y el desarrollo
jurisprudencial edificado en relación con la enunciada norma del EGCAP, se
encuentra que los requisitos para su configuración en materia contractual son los
siguientes:
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del
29 de marzo de 2017, radicación 25000-23-26-000-2006-01723-01(36714), Consejero Ponente: Danilo Rojas
Betancourth.
24 “ARTÍCULO 84. SILENCIO POSITIVO. Solamente en los casos expresamente previstos en disposiciones
legales especiales, el silencio de la administración equivale a decisión positiva.
“Los términos para que se entienda producida la decisión positiva presunta comienzan a contarse a partir del
día en que se presentó la petición o recurso.
“El acto positivo presunto podrá ser objeto de revocación directa en los términos de este Código”.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 20 de febrero de
1998, expediente 8993, Consejero Ponente: Ricardo Hoyos Duque.
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(i) Que el contratista presente una solicitud ajustada a derecho; por tanto, “las
peticiones, reclamaciones u observaciones que también suele presentar el Estado
al contratista, por distintas razones derivadas de la celebración del contrato, no
configurarán este silencio, y ni siquiera el negativo, simplemente porque este
régimen no cubre las respuestas que también debe dar el contratista a las
comunicaciones de la entidad”26.
(ii) Se instaure durante la ejecución del contrato; requisito que delimita su
temporalidad, en el sentido de verificar que la solicitud se formule durante dicha
etapa, sin aludir a cuando se resuelva o deba resolver. Ello significa, como lo ha
definido esta Corporación, que “se excluye la configuración de esta modalidad de
silencio frente a las solicitudes presentadas durante las etapas pre-contractual, de
perfeccionamiento del contrato y de liquidación, esto es, por fuera de la ejecución
contractual, en cuyo caso se aplicarán las reglas generales del silencio
administrativo negativo (artículo 40 del Decreto 01 de 1984 y hoy prevista en el
artículo 83 de la Ley 1437 de 2011)”27.
(iii) Que la entidad estatal no se pronuncie sobre la petición dentro del término
de 3 meses, contados a partir de la fecha de su presentación.
(iv) Que la petición elevada, de la cual se pretende derivar un acto ficto
positivo, no sólo sea presentada por el contratista, sino que éste debe tener un
interés concreto, directo y subjetivo en tal solicitud –por ser quien puede verse
beneficiado en su situación y derechos particulares con el silencio de la
Administración–. De manera que su objeto no puede estar dirigido a favorecer a
terceros, al margen de que el contrato del cual sea parte el peticionario presente
una interdependencia con otros negocios jurídicos, como ocurre respecto de los
contratos de interventoría y de obra.
(v) Que las solicitudes presentadas contengan una situación antecedente,
cuya solución solo esté llamada a acreditar la preexistencia de un derecho, puesto
que la aplicación de la figura del silencio administrativo no es un medio para la
creación de un situación a favor del solicitante sino un mecanismo para tornar en
explícito un derecho previo a ésta, comoquiera que las reclamaciones “deben
contener implícitamente, el derecho constitutivo del contratista; este derecho es
anterior a la petición y requiere solamente la formalidad o declaración del
contratante público. El silencio positivo no se puede construir sobre situaciones y
relaciones jurídicas inexistentes; no se puede edificar sobre la nada. Esas
situaciones o relaciones jurídicas del contratista, requieren de declaraciones del
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del
12 de febrero de 2014, radicación 05001-23-24-000-1994-00840-01(21576), Consejero Ponente: Enrique Gil
Botero.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del
22 de noviembre de 2012, radicación 05001-23-24-000-1996-00568-01(21867), Consejero Ponente (E):
Danilo Rojas Betancourth.
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Contratante que lo autoricen o le habiliten a proseguir con la ejecución del
contrato; le formalizan el derecho a hacerlo”28 (transcripción literal).
(vi) Que la petición formulada cuente con el soporte probatorio suficiente y no
pretenda omitir etapas contractuales que tienen un procedimiento particular en el
EGCAP, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia, al señalar:
“‘la Sala advierte que para que se configure el silencio administrativo mencionado
no solo es indispensable que transcurra el término señalado en la ley sin que la
administración se pronuncie sobre una solicitud presentada a ella en el curso de la
ejecución del contrato, sino que además es menester que el demandante aporte las
pruebas que permitan deducir la obligación que se está reclamando. En otras
palabras, el administrado tiene que demostrar dentro del proceso, que la solicitud
elevada a la administración contratante se apoya en medios probatorios
allegados al expediente, pues el solo transcurso del tiempo no puede ser
constitutivo del fenómeno jurídico en estudio.’ 29 (Destacado con negrilla, por fuera
del texto original).
‘el silencio contemplado en la ley 80 (num. 16 del art. 25) habrá que interpretarse
siempre con efectos restrictivos y no para entender resueltas o definidas etapas
contractuales que tienen un procedimiento especial en el estatuto contractual, como
sería la de liquidación del contrato; etapa en la cual las partes podrán acordar los
ajustes de precios, revisión y reconocimientos a que haya lugar. En tal sentido, el
inciso siguiente precisa que en el acta de liquidación constarán los acuerdos,
conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las
divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo’ 30(Destacado con
negrilla, por fuera del texto original)”31.
35. En el presente asunto, la demandante protocolizó las siguientes solicitudes
instauradas ante el IDU32, en las que, a su juicio, se configuró un acto ficto o
presunto a su favor, ante la falta de decisión de la Administración que las
resolviera:
a) Radicado 124117 del 10 de febrero de 2009, a través del cual el consorcio CG
presentó la evaluación de mayores cantidades de obra requeridas para terminar el
contrato, por valor de $764’389.375, aduciendo la necesidad de realizar obras no
previstas inicialmente, por cuanto no se contempló la nueva normatividad de
redes eléctricas y telefónicas ni las necesidades de renovación y/o expansión de
los ductos requeridos por las ESP33.
b) Radicado 13320 del 13 de febrero de 2009, en el que el consorcio interventor
presentó dos alternativas para la ejecución del presupuesto del contrato: ya fuera
verificar el porcentaje total de obras de urbanismo ejecutado y consignar el dinero
sobrante al rubro de redes -pues éste ya no tendría más recursos para su
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 2 de octubre de
2003, radicación 52001-23-31-000-2002-00776-01(24024), Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez.
29Nota original: “MP: Juan de Dios Montes Hernández. Auto proferido el 29 de marzo de 1996 dentro del
expediente 10992. Actor Jorge Hernán Ocampo Chavarriaga”.
30 Nota original: “MP: Carlos Betancur Jaramillo. Auto proferido el 26 de septiembre de 1996, dentro del
expediente 12147. Actor: Edilberto Torres Rodríguez”.
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 2 de octubre de
2003, radicación 52001-23-31-000-2002-00776-01(24024), Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez.
32 Mediante escritura pública 263 del 21 de marzo de 2014, otorgada en la Notaría 12 del Círculo de Bogotá.
33 Folios 3 a 10 del cuaderno 3.
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ejecución-; o simplemente adicionar los recursos requeridos para la terminación
de redes34.
c) Radicado 16300 del 18 de febrero de 2009, en el que obra la respuesta del
consorcio CG al oficio IDU 01282 STOE-5200 de la misma fecha, en el sentido de
no compartir la posición de la entidad de no autorizar la ejecución de obras
adicionales35.
d) Radicado 18103 del 23 de febrero de 2009, en el que el consorcio CG remitió el
acta de adición y prórroga 2 del contrato de interventoría36.
e) Radicado 33102, fechado el 2 de abril de 2009, por medio del cual el
interventor manifestó que le resultaba difícil dar respuesta, en el plazo de 7 horas,
a la petición que le hizo el IDU de verificación y validación de la información
proporcionada por la firma Oceisa37.
f) Radicado 34081 del 5 de abril de 2009, donde el consorcio CG anotó que, al
evaluar las cantidades de obra presentadas por Oceisa, no encontró sustento
respecto de algunas, pues parte de las obras reseñadas como nuevas estaban
parcialmente ejecutadas y otras estaban en corrección y debían ser culminadas
por el consorcio ID para que cumplieran los requerimientos de calidad exigidos, y
no existiera conflicto frente a la garantía de estabilidad38.
36. Para la Sala es claro que, a pesar de su protocolización en escritura pública,
tales peticiones no cumplen las condiciones sustanciales para tenerlas como
constitutivas de silencio positivo de la Administración, puesto que, como se anotó,
no toda solicitud conduce a configurar una decisión ficta en tal sentido.
En efecto, el contenido de las solicitudes acabadas de enunciar no evidencia que
la solución a los requerimientos planteados hubieran versado sobre circunstancias
que beneficiaran directamente al consorcio CG, pues únicamente incidían en la
ejecución del contrato de obra 159 de 2007 de modo que una decisión favorable
habría resultado ventajosa sólo para el contratista de obra, como se advierte en
los radicados 13320, 124117 y 16300; al paso que los otros escritos
protocolizados -radicados 18103 y 33102- no denotan realmente una petición sino
que ostentan un carácter meramente informativo.
37. Ni siquiera, si se tomaran a los radicados 124117 y 13320 como peticiones a
favor del consorcio CG, relativas al aumento del presupuesto por las mayores
cantidades de obra y al manejo del mismo, lo cierto es que la modificación del
precio inicialmente pactado tiene establecido un procedimiento específico
consistente en la suscripción de los contratos adicionales u otrosíes, previo
acuerdo de las partes, cuya estipulación se erige en una ley contractual –art.1602
34 Folio 10 del cuaderno 3 (reverso).
35 Folio 12 del cuaderno 3.
36 Folios 13 a 15 del cuaderno 3.
37 Folios 16 y 17 del cuaderno 3.
38 Folios 17 (reverso) a 23 del cuaderno 3.
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del C.C.-, de modo que no puede el actor exigir la variación del estipulado
negocial mediante una petición y beneficiarse del silencio de la Administración,
por cuanto no se trató de un escenario llano de mayores cantidades, sino que
estaba acompañado de la necesidad de incorporar recursos, lo que imponía un
trámite puntual de aprobación y formalización, según se ha indicado.
38. Asimismo, el radicado 34081 se contrajo a señalar las inconformidades del
consorcio CG frente al estado de la obra que señaló la sociedad Oceisa, sin que
la omisión de respuesta a ese escrito constituya un silencio positivo a su favor,
pues, de una parte lo que allí se menciona no corresponde siquiera a una
petición, y los aludidos reparos frente al estado final de la obra ejecutada en el
marco del contrato 159 de 2007, la que debía ser vigilada y supervisada por el
acá demandante, debieron manifestarse durante su curso y, de persistir, llevarse
a la fase de liquidación del mismo, procedimiento este último que es especial
porque es el estatuido para que las partes definan el estado de cumplimiento
alcanzado, realicen los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, en
aras de lograr el finiquito de la relación negocial, como postulado ineludible de las
relaciones contractuales en el ámbito estatal.
39. En este orden de ideas, las referidas peticiones no daban lugar a la
configuración de la presunción de que trata el silencio administrativo, pues no
correspondían a un derecho del contratista que requiriera solamente de la
formalidad o declaración del contratante, puesto que, como se vio, unas tenían un
carácter meramente informativo y otras versaban sobre asuntos cuya resolución
tenía un procedimiento especial en el marco contractual -adición del negocio
jurídico y su liquidación- o bien beneficiaban únicamente al contratista de obra. De
este modo al advertirse la carencia de un derecho previo en cabeza del consorcio
interventor, relacionado con las peticiones instauradas, el mismo no puede surgir
de la omisión de la Administración, porque el silencio de la Administración no crea
derechos, solo los torna manifiestos.
40. Asimismo, se resalta que aunque la protocolización de las solicitudes
constituye solamente un instrumento para dar forma a la decisión tácita, en todo
caso, es necesario que quien se postula como beneficiario de ésta lo haga valer
ante la Administración de forma oportuna para que surta efectos, pues de otro
modo, ante su falta de exteriorización de cara a su destinatario, resultaría
inoponible.
Todo lo anterior, desemboca en que la Sala no acompaña los motivos de disenso
del apelante, fundados en la supuesta configuración de tal ficción, de lo que se
infiere que las presuntas decisiones no están llamadas a ser tenidas como tales.
(ii) Cargo por vulneración al debido proceso contractual
41. Reconocido como derecho fundamental, el debido proceso se erige como una de
las garantías en que se cimienta la autonomía y libertad de los individuos, que obra
como límite al ejercicio del poder público, en particular, el derivado del ius puniendi a
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cargo del Estado39 y por cuya virtud las autoridades deben ejercer sus facultades y
prerrogativas en el marco de un procedimiento que está previamente definido. Hacen
parte de su núcleo esencial, entre otros postulados constitucionales, el principio del
juez natural, el derecho de audiencia, defensa y contradicción, la publicidad de la
actuación, y a que una vez sean proferidas las decisiones éstas se den a conocer y
se conceda la oportunidad de impugnarlas, como regla de principio40.
42. Como garantía plena, el debido proceso cobija tanto las actuaciones judiciales
como administrativas, sin que ello signifique que tengan el mismo alcance pues, en
atención a las diferencias que existen entre uno y otro escenario, tratándose del
ámbito administrativo este derecho debe desarrollarse en línea con los principios de
la función administrativa previstos en el artículo 209 de la Constitución Pública, entre
ellos, la eficacia, celeridad, economía e imparcialidad.
43. A lo anterior se agrega que en los procedimientos administrativos sancionatorios,
en este caso de naturaleza contractual, tal derecho tiene papel preponderante de
cara a las afectaciones que sus resultados pueden generar en los derechos de los
contratistas, a la vez que armoniza y responde a la realización del interés público que
persigue el contrato estatal orientado a la continua y eficiente prestación de los
servicios y bienes a su cargo. De manera que las sanciones que puede generar el
incumplimiento del contratista, sin importar su gravedad, de ninguna manera pueden
ser impuestas de plano por parte de la Administración; de allí que la función legal y
constitucional del procedimiento se erija como garantía en la construcción de la
decisión del Estado frente al individuo, a partir de la realización de los derechos
fundamentales en que se enmarca el debido proceso.
44. En lo que atañe a la consagración positiva del debido proceso en materia
contractual, expresión de la universalidad de garantías que recoge el artículo 29 de la
Constitución Política, habrá de decirse puntualmente que la Ley 80 de 1993, en sus
artículos 23 y 77, remitía para estos fines a las normas generales de la función
administrativa en cuanto fuesen compatibles con la ley de contratación pública. Este
camino envolvía el deber de hacer partícipe al sujeto destinatario de tales decisiones
en el trámite previo a la expedición del acto administrativo, junto con la posibilidad de
ser oído y de ejercer el derecho de defensa y contradicción.
Estas reglas vienen de años atrás, cuando el ordenamiento jurídico entendió que la
realización del interés público y la protección de los derechos de los particulares no
solo se hace efectiva al facilitar la controversia sobre la decisión administrativa
39 Corte Constitucional, sentencia C – 980 de 2010, Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
40 “Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
“Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal
competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
“En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la
restrictiva o desfavorable.
“Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea
sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la
investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas
y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado
dos veces por el mismo hecho.
“Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.
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(recurso), sino que es indispensable que en la formación de tal voluntad intervenga el
sujeto que potencialmente pueda resultar afectado, pues ello legitima, entre otros, la
presunción de legalidad del acto.
45. Con la expedición de la Ley 1150 de 2007 (artículo 17), se consagró
expresamente al debido proceso como principio rector en materia sancionatoria de
las actuaciones contractuales, pauta normativa que no hace más que reiterar el
mandato del constituyente vertido en el artículo 29 superior y el desarrollo que por vía
jurisprudencial devino de tal disposición. Establece dicho precepto:
“ARTÍCULO 17. DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO. El debido proceso será
un principio rector en materia sancionatoria de las actuaciones contractuales.
“En desarrollo de lo anterior y del deber de control y vigilancia sobre los contratos
que corresponde a las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación
de la Administración Pública, tendrán la facultad de imponer las multas que hayan
sido pactadas con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus
obligaciones. Esta decisión deberá estar precedida de audiencia del afectado que
deberá tener un procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido proceso
del contratista y procede sólo mientras se halle pendiente la ejecución de las
obligaciones a cargo del contratista. Así mismo podrán declarar el incumplimiento
con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria incluida en el
contrato.
“PARÁGRAFO. La cláusula penal y las multas así impuestas, se harán efectivas
directamente por las entidades estatales, pudiendo acudir para el efecto entre
otros a los mecanismos de compensación de las sumas adeudadas al contratista,
cobro de la garantía, o a cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo el
de la jurisdicción coactiva.
“PARÁGRAFO TRANSITORIO. Las facultades previstas en este artículo se
entienden atribuidas respecto de las cláusulas de multas o cláusula penal
pecuniaria pactadas en los contratos celebrados con anterioridad a la expedición
de esta ley y en los que por autonomía de la voluntad de las partes se hubiese
previsto la competencia de las entidades estatales para imponerlas y hacerlas
efectivas”.
46. Como se observa, la norma transcrita reafirma el mencionado canon
constitucional y define al debido proceso como el principio guía no solo de las
sanciones que allí se mencionan –la multa y la cláusula penal-, “sino [de] todas
las actuaciones sancionatorias, como por ejemplo: la declaración de caducidad, la
declaración de un siniestro, la declaración de que un oferente se niega a suscribir
el contrato estatal adjudicado, entre otras decisiones de similar naturaleza
sancionadora”41.
47. Posteriormente el legislador expidió la Ley 1474 de 2011, por medio de la cual
dictó el Estatuto Anticorrupción, el cual reguló en el artículo 86 el procedimiento
para la declaratoria de incumplimiento con el fin de imponer multas y hacer
efectiva la cláusula penal pecuniaria. La Sala prescinde de desarrollar lo
establecido en esta última ley, en consideración a que fue promulgada después
de la ocurrencia de los supuestos fácticos que dieron origen al asunto de la
41 Ibídem.
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referencia, sin dejar de mencionarla de cara al desarrollo normativo que se viene
indicando.
48. Es pertinente señalar que mediante sentencia del 14 de abril de 201042, la
Sección Tercera de esta Corporación declaró la nulidad del artículo 87 del
Decreto 2474 del 7 de julio de 200843 –por medio del cual, en desarrollo de lo
previsto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, se dispuso, entre otras cosas,
que para la imposición de multas la entidad pública debía señalar “en su manual
de contratación el procedimiento mínimo a seguir”–, “pero únicamente en tanto se
interprete que faculta a la administración para crear procedimiento administrativo
sancionador”. El fundamento de tal decisión se contrajo precisar que la
competencia para establecer procedimientos administrativos corresponde de
forma exclusiva al legislador –artículo 150 de la Constitución Política– y no a la
autoridad administrativa; por tanto, “no es admisible que mediante reglamento se
asigne la competencia a cada entidad estatal de establecer aspectos
procedimentales que comprometan o condicionen las garantías propias del
derecho fundamental del debido proceso”.
49. De cualquier forma, el hecho de que antes de la expedición de la Ley 1474 de
2011 no existiera una previsión legal que estableciera el procedimiento administrativo
contractual atinente a la declaración de incumplimiento con miras a imponer o
descontar unilateralmente multas o cláusula penal, ello no suponía que las entidades
públicas estuvieran eximidas de garantizar el debido proceso de sus contratistas, en
tanto que, como ya se advirtió, se trata de un derecho de estirpe ius
fundamental44; de allí que, evidentemente, el debido proceso en los
procedimientos contractuales no vino a surgir con la Ley 1150 de 2007 pues tal
garantía era premisa de actuación por mandato constitucional.
50. En todo caso, en torno a esta garantía, esta Colegiatura ha sido reiterativa en
señalar que “se entiende garantizado cuando se adelanta un procedimiento que,
como mínimo, agote un requerimiento previo para que el contratista y los demás
interesados —incluyendo a la aseguradora— conozcan los fundamentos que
darán lugar a la determinación administrativa que se pretenda adoptar y, de cara
a ello, puedan ejercer su derecho de defensa y contradicción, para lo cual deben
tener la posibilidad de pedir pruebas y contradecir las que se aduzcan en su
contra45”46.
42 Radicación 11001032600020080010100 (36054), Consejero Ponente: Enrique Gil Botero.
43 Sobre el particular, manifestó: “… en todo caso se condiciona su alcance en cuanto a que ‘el procedimiento
mínimo a seguir para la imposición de multas que las entidades pueden señalar en sus manuales de
contratación’ se refiera a aspectos inter-orgánicos, es decir, a los trámites internos que deben adelantar los
funcionarios encargados del correspondiente procedimiento administrativo sancionatorio, Por oposición, debe
entenderse que la posibilidad de crear procedimiento administrativo sancionador, con base en la norma
analizada, vulnera el ordenamiento jurídico constitucional”.
44 Ver entre otras, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2013, exp. 24743. C.P. Danilo Rojas Betancourth. En el mismo
sentido, concepto de la Sala de Consulta y Servicio de esta Corporación 11001-03-06-000-2013-00384-00
(2157) del 10 de octubre de 2013, C.P. Álvaro Namén Vargas.
45 Nota original: “Sobre este aspecto señaló esta Corporación: ‘Incluso, ese requerimiento podría entenderse
satisfecho cuando la Administración durante el lapso de ejecución del contrato le ha venido manifestado al
contratista sus observaciones, quejas, reclamos, incumplimientos y le ha solicitado mejorar o corregir los
servicios, obras y suministros en los informes y correspondencia dirigida a éste por el interventor o supervisor
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51. Así las cosas, con el propósito de desatar el reparo sobre la supuesta
transgresión del debido proceso del actor, resulta imperioso traer de presente las
distintas etapas adelantadas en el proceso sancionatorio dirigido por el IDU, con
el fin de dilucidar si le asiste o no la razón al apelante en este aspecto.
Registra el expediente que mediante el oficio IDU-018400 STOE 5200 del 11 de
marzo de 200947, el IDU informó al consorcio CG el inicio de procedimiento
administrativo tendiente a la aplicación de la cláusula penal del contrato IDU 150
de 2007, y lo citó para que presentara sus descargos; como fundamento de tal
procedimiento indicó que: “la interventoría no ha efectuado un seguimiento al
cumplimiento de los requisitos exigidos en el contrato, los pliegos de condiciones
y las normas y códigos vigentes, que garanticen la calidad y estabilidad de las
obras ejecutadas a través del contrato de obra IDU 159 de 2007 … a la fecha se
ejecutó la totalidad del presupuesto para redes, sin que en los frentes de obra se
observe el cumplimiento o finalización de este componente … se permitió por
parte de la Interventoría, (sic) ejecutar obras que no contaban con la
disponibilidad y/o registros presupuestales requeridos legalmente, sin que en
ningún momento se haya realizado un análisis económico”.
52. En escrito del 4 de mayo de 2009, el consorcio CG solicitó la revocatoria
directa de la decisión de inicio del procedimiento administrativo (la del 11 de
marzo de 2009) indicando que era improcedente la imposición de la cláusula
penal, en la medida que no existía una decisión de declaratoria de caducidad o
incumplimiento del contrato de interventoría, requisito previo e ineludible para ello.
Al efecto, expuso que: (i) la inobservancia señalada en relación con la instalación
y renovación de la red de alcantarillado, tiene origen en la falta de planeación de
la entidad en torno a los diseños sobre este aspecto, ya que no cumplían las
normas de la EAAB; reseñó que los materiales utilizados en estas redes son de
una marca que cuenta con todos los estándares de calidad exigidos; (ii) el oficio
de imputación se basa en conceptos subjetivos e inspecciones visuales, y no
cuentan con un soporte en ensayos o pruebas; (iii) la entidad prejuzga, sin
especificar las zonas de los hundimientos severos; (iv) las recomendaciones de la
del contrato, o en las inspecciones y visitas in situ de la obra, o en las reuniones efectuadas con el contratista,
etc., y en consecuencia, le ha pedido las explicaciones del caso y otorgado la oportunidad de justificar.
Importa resaltar que para que sea válido ese requerimiento como garantía del debido proceso, su contenido u
objeto debe guardar correspondencia, coincidir o ser congruente o, mejor aún, tener relación directa con los
hechos y motivos que luego dan lugar a la declaratoria de caducidad del contrato, pues, en caso contrario,
esto es, si dicho requerimiento está referido a circunstancias, situaciones o materias ajenas extrañas a las
que sirvieron de fundamento para la adopción de la medida sancionatoria, no puede tener la propiedad o
virtualidad de garantizar el debido proceso contractual.
‘Este entendimiento tiene sustento en el interés público de que la ejecución de los servicios, el suministro de
bienes o la realización de las obras no se interrumpa o paralice, lo que ocurriría si somete en todos los casos
a la Administración a un trámite dispendioso que frustre la finalidad de la medida sancionatoria y, por ende, el
cumplimiento oportuno del contrato, con desfase de los plazos generales y parciales para su ejecución en
tiempo debido, los cuales, como se sabe, se fijan y pactan de acuerdo con la oportunidad en que se necesita
el bien, el servicio o la obra para satisfacer el interés público o colectivo involucrado en el contrato’. Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 17 de marzo de 2010, Exp.
18.394, C.P.: Ruth Stella Correa Palacio. Ver Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia
del 11 de octubre de 2021, C.P. José Roberto Sáchica Méndez, Exp. 53.479”.
46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del
18 de febrero de 2022, radicación 250002326000201000660 01 (53.318).
47 Folios 147 a 152 del cuaderno 4.
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Radicación: 250002336000201400332 01 (56.854)
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interventoría siempre fueron en procura del beneficio del proyecto y fueron
acertados; (v) era viable el pago parcial del contrato, pues la forma de pago
estableció que hasta un 90% del valor de la construcción se cancelaría mediante
actas mensuales presentadas por el contratista y que el recibo de las obras
ejecutadas no lo eximía de sus responsabilidades y obligaciones; y (vi) en ningún
aparte del Manual de Interventoría del IDU se exigía un plazo perentorio para
gestionar las apropiaciones presupuestales que requería el contrato para su
completa ejecución y, en todo caso, la solicitud de adición por $714’767.731 fue
realizada el 20 de febrero de 2009 –34 días antes finalizar el plazo negocial–.
53. El 26 de mayo siguiente, la entidad adujo que resultaba improcedente la
petición de revocatoria directa, puesto que no existe recurso contra los actos de
trámite o preparatorios, como es el acto que inicia un procedimiento sancionatorio
contractual; y, posteriormente, el 9 de junio de 200948, celebró la audiencia de
descargos con la comparecencia del representante legal del consorcio CG y dos
de sus socios integrantes, así como el Coordinador Técnico, la Directora Técnica
de Gestión Contractual y el Subdirector General del Infraestructura del IDU; allí el
consorcio afirmó que los registros y bitácoras dan cuenta de que cumplió todas
las funciones que se derivaban del contrato 150 de 2007 y que tanto la entidad
como las ESP siempre estuvieron al tanto de las problemáticas que se venían
presentando en el proyecto.
54. El decreto de pruebas se efectuó mediante proveído 001 del 14 de abril de
2010 y, entre ellas, se determinó la realización de una inspección administrativa
para determinar el estado de ejecución de las obras del consorcio ID; diligencia
iniciada el 27 de abril siguiente, cuya suspensión se solicitó el 13 de mayo de
2010 dada la temporada de lluvias y la no aprobación del PMT requerido para la
realización de la prueba hidrostática a la tubería de agua potable, razón por la
cual se suspendió su práctica por 15 días hábiles, en los términos de la resolución
002 del 13 de mayo de 2010, notificada el 3 de junio de esa anualidad al
consorcio CG49.
55. Posteriormente, el IDU profirió la Resolución 4152 del 4 de octubre de 2011,
en la que decidió:
“ARTÍCULO PRIMERO: Declarar que el CONSORCIO CG, en desarrollo del
contrato IDU-150 de 2007, ha incurrido en incumplimiento de sus obligaciones
contractuales, tasado en la suma de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES
SETECIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE
($156.726.150), de conformidad con lo consignado en la parte motiva de este acto
administrativo.
“ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, hágase
efectiva la cláusula penal pecuniaria prevista en la Cláusula 5 de las Cláusulas
Comunes del Contrato 150-2007, equivalente al treinta por ciento (30%) del valor
total del contrato.
48 Folios 145 y 146 del cuaderno 4.
49 Folio 159 del cuaderno 4.
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“ARTÍCULO TERCERO: El valor de la cláusula penal impuesta con la presente
resolución deberá ser descontado por la Subdirección de Técnica Tesorería y
Recaudo del IDU, o la dependencia que haga sus veces, de los pagos que deban
realizarse a favor del contratista CONSORCIO CG, una vez se encuentre en firme
el presente acto administrativo, en virtud de la figura jurídica de la compensación
de deudas, para lo cual la Dirección Técnica de Gestión Contractual le remitirá
copia de este acto administrativo y de la constancia de ejecutoria.
“ARTÍCULO CUARTO: Si no fuere posible lo estipulado en la cláusula anterior, el
valor de la multa se hará efectivo y deberá cancelarse por la compañía
aseguradora SEGUROS DEL ESTADO con cargo al amparo de cumplimiento de
la Garantía única Nº 21-44-101-007159 constituida con ocasión del contrato antes
señalado, para lo cual el ordenador del gasto le hará el requerimiento
correspondiente, remitiéndole copia de este acto administrativo y de la constancia
de ejecutoria …”50.
56. El anterior acto fue recurrido por Seguros del Estado S.A. y el Consorcio CG, y
resuelto a través de la Resolución 170 del 23 de enero de 2012, que resolvió:
“ARTÍCULO PRIMERO. - Confirmar en todas sus partes la Resolución No. 4152 del 4
de octubre de 2011, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente
Resolución.
“ARTÍCULO SEGUNDO. - Notificar el contenido del presente Acto Administrativo al
Representante del CONSORCIO CG, a sus integrantes … y al Representante Legal
de la Compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A., de acuerdo con el procedimiento
establecido por el Código Contencioso Administrativo en sus Artículos 44 y
siguientes.
“ARTÍCULO TERCERO. - Contra la presente Resolución no procede recurso alguno
en vía gubernativa.
“ARTÍCULO CUARTO. - La presente Resolución rige a partir de la fecha de su
notificación”51.
57. Examinado el contenido de los citados actos, encuentra la Sala que en la
Resolución 4152 de 2011 la entidad se abstuvo de desarrollar un análisis de las
pruebas aportadas por el consorcio interventor, centrándose en la inspección
administrativa y en el concepto técnico de la Universidad Nacional de Colombia,
falencia que superó con la Resolución 170 de 2012 en la que sí se refirió a la
documentación allegada por el consorcio CG, en atención al reparo formulado por
el interventor sobre la falta de valoración de todas las piezas documentales, y
explicó las razones por las cuales consideró que no se trasgredió el derecho de
contradicción del interventor.
Señaló que el inventario se realizó oportunamente -entre el 20 y 24 de marzo de
2009- de forma paralela a la medida de control que implementó la entidad; que la
inspección administrativa efectuada el 27 de abril de 2009, lejos de trasgredir
derecho alguno, lo que hizo fue revisar y examinar el estado de la obra; que el
concepto de la Universidad Nacional de Colombia no era inválido por el hecho de
que se hubiera rendido un año después de que el consorcio ID salió de la obra,
toda vez que dicho ente universitario se pronunció sobre la calidad de las obras
construidas, las cuales contaban con un amparo de estabilidad de 5 años, “lo que
50 Folio 242 del cuaderno 4.
51 Folio 322 del cuaderno 4.
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necesariamente permite concluir que las obras, aún inconclusas, debían resistir el
transcurso de un año y tres meses, contado a partir del 25 de marzo de 2009,
momento en que se cumplió el plazo contractual”52; además, el consorcio CG tuvo
la oportunidad de pronunciarse sobre el concepto técnico de la universidad, pues,
mediante oficio IDU 201005260174172 del 2 de agosto de 2010, allegó
consideraciones respecto de éste.
58. Lo consignado en las referidas resoluciones, en especial, en la 170 de 2012,
permite a la Sala aseverar que no se presentó un desconocimiento del debido
proceso de la parte actora, pues pese a que para ese momento no existía un
procedimiento expresamente desarrollado en la ley sobre la materia, lo cierto es
que el consorcio CG sí pudo ejercer su derecho de contradicción y defensa, se
valoraron las pruebas que aportó, a saber, las pruebas documentales relativas a
los oficios y comunicaciones el consorcio profirió durante la ejecución negocial –
sin realizar en este momento un juicio de valor sobre las razones aducidas por la
entidad53–, tuvo la oportunidad de presentar sus descargos y pronunciarse sobre
los reparos respecto de los cuales, finalmente, la contratante consideró acreditado
el incumplimiento del negocio jurídico. De modo que no se presentó una
vulneración del mencionado derecho, por las conductas expresamente aludidas
por el consorcio en su alzada -las “malas notificaciones”, la demora en la práctica
de pruebas y falta de valoración de todos los medios probatorios-.
59. Respecto del reproche esbozado sobre la demora en la toma de decisiones, la
Sala podría entender este argumento desde dos ópticas, la primera, referida al
transcurso del tiempo entre el inicio del proceso administrativo y su decisión final,
principalmente, de cara a los efectos que dicho lapso pudiera generar en el
concepto que rindió la Universidad Nacional -un año después de haber cesado
actividades el contratista- y su incidencia en el objeto mismo de la prueba; y, la
segunda, interpretarse como una vulneración del factor ratione temporis por parte
de la Administración, al momento de proferir la decisión definitiva; sin embargo, la
Sala se abstiene de realizar un pronunciamiento en relación con el segundo de los
entendimientos acabados de enunciar, comoquiera que, de la lectura de la alzada,
se colige con claridad que la intención del recurrente no fue debatir este aspecto,
por cuanto no hizo mención particular sobre la falta de competencia en la sanción
impuesta ni se refirió a ella, razón por la cual el ad quem no puede desarrollar un
cargo en tal sentido ante la ausencia de argumentación dirigida a debatir este
aspecto, teniendo claro que el marco de actuación del juez de segundo grado está
circunscrito a los reparos que integran la apelación.
60. Ahora, respecto de la inconformidad alegada frente al retraso en el desarrollo
del procedimiento sancionatorio, visto desde las consecuencias que ello pudo
52 Folio 320 del cuaderno 4.
53 Aclara la Sala que en este apartado de la sentencia no se estudia la valoración probatoria que la entidad
realizó en las resoluciones enjuiciadas, sólo su conformidad de cara al sistema de garantías legales y
constitucionales vinculadas al debido proceso -en particular de los derechos de audiencia, defensa y
contradicción-; pues del examen de tales valoraciones se ocupará al analizar el cargo de falsa motivación, en
aras de contrastar si la fundamentación esgrimida por la contratante coincide con la realidad probatoria
acreditada en el proceso, como fue pedido.
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generar en las pruebas practicadas, en especial, la de la Universidad Nacional
efectuada un año después de la medida administrativa de toma de la obra por el
IDU, la Sala dista del criterio de la parte actora, dado que, como se explica
adelante, el concepto técnico del referido ente educativo se dirigió a examinar la
calidad de los materiales utilizados en la obra, por ser los reparos de
incumplimiento que por falta de control fueron endilgados al consorcio CG, así
como la corrección de sus procesos constructivos, aspectos que, como lo indicó la
Administración, no deben presentar mayor alteración por el transcurso de dicho
lapso. Lo anterior teniendo en cuenta que se trató de una obra que contaba con
una garantía de estabilidad de 5 años, situación que razonablemente permitía
colegir que ésta debía conservar sus condiciones constructivas, al menos por el
tiempo en que se estableció dicho aval. En esa medida y como llano paso del
tiempo no constituye un elemento que trastoque la calidad que debía presentar la
obra para ese momento, la Sala no comparte el reparo formulado en este sentido.
61. Tampoco se demostró que la realización de la inspección administrativa el 27
de abril de 2009, esto es, un mes después de la implementación de la medida de
la obra, hubiere vulnerado los derechos del consorcio CG, puesto que no se
acreditó que durante este período se hubiere alterado o modificado la obra, se
eliminaran los avances realizados por el contratista o, en otras palabras, se
cambiara el estado de los trabajos ejecutados, en aras de estropear o
menoscabar la labor realizada tanto por el contratista y el consorcio interventor.
62. Dilucidado lo anterior, se constata entonces que los actos enjuiciados fueron
proferidos en respeto del derecho al debido proceso, atendiendo las garantías que
lo integran, razón por la cual pasan a estudiarse los demás cargos de nulidad que
sustentan la litis y que fueron desarrollados en la alzada.
(iii) Falsa motivación
63. La motivación constituye un elemento esencial de todo acto jurídico, así como
un requisito de validez del acto administrativo, en tanto allí se explican y
fundamentan las razones de hecho y de derecho que llevan a la Administración a
adoptar una decisión, todo como resultado del procedimiento administrativo
adelantado en tal definición. La doctrina especializada explica la motivación como
“la exteriorización de las razones que justifican y fundamentan la emisión del acto,
que versan tanto en las circunstancias de hecho y de derecho”54, de manera que
este es el elemento que exhibe las razones del obrar administrativo, por lo que su
desconocimiento o indebido desarrollo puede configurar los vicios de falta y falsa
motivación.
64. El último de los vicios enunciados se presenta cuando las razones que sirven
de sustento al acto administrativo no se corresponden con los reales sucesos o
los efectos jurídicos que deben ser atribuidos, generado una disonancia entre la
argumentación esbozada y los supuestos fácticos y probatorios acreditados. La
54 CASSAGNE, Juan Carlos: “El Acto Administrativo”, Segunda Edición, Bogotá, Temis, 2013, p, 192.
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jurisprudencia de esta Corporación ha precisado los eventos en que este yerro se
configura:
“- Cuando los motivos determinantes de la decisión adoptada por la
administración se basaron en hechos que no se encontraban debidamente
acreditados;
“- Cuando habiéndose probado unos hechos, estos no son tenidos en
consideración, los que habrían podido llevar a que se tomara una decisión
sustancialmente distinta.
“- Por apreciación errónea de los hechos, de suerte que los hechos aducidos
efectivamente ocurrieron, pero no tienen los efectos o el alcance que les da el
acto administrativo”55.
65. En el asunto de la referencia, la parte actora adujo que se configuró un
defecto en la motivación de los actos enjuiciados, por cuanto fue la misma entidad
la que impidió recibir la terminación de la obra y elaborar el informe final; además,
asegura que no es cierto que hubiere certificado el cumplimiento técnico de la
misma, puesto que solo dio aval en relación con el pago de las actas parciales y
solicitó al contratista el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas.
Añadió que existían deficiencias en los diseños de las redes de servicios públicos,
lo cual incidió en la ejecución de la obra y denotó una falencia en la planeación
del negocio jurídico.
En torno a las supuestas omisiones en el control presupuestal y financiero,
sostuvo que sí solicitó los recursos requeridos con 40 días de antelación a la
terminación del contrato -el Manual de Interventoría de la entidad, adujo,
establece que las prórrogas de plazo y adiciones se deben tramitar al menos 10
días antes del vencimiento del negocio jurídico- y que la negativa en la adición de
recursos y plazo necesarios impidió ejecutar los paños de andén que faltaban,
pese a que fue la entidad la que no cuantificó correctamente ni en valor, ni en
cantidad los trabajos requeridos.
66. En este punto conviene recordar que los actos administrativos gozan de unos
atributos que le son propios, entre ellos, la presunción de legalidad que consiste
en el carácter de verdad y aplicación de buen derecho que la ley les atribuye, y
que se entiende configurada con sola expedición del acto, razón por la cual están
llamados a desencadenar sus efectos. De tal atributo se desprende que los
destinatarios del acto estén en la obligación de cumplirlo, y que para derribar la
ficción que arropa de certeza legal el acto administrativo, el interesado tenga la
carga probatoria, vía jurisdiccional, de desvirtuarla.
Por ende y dado que las decisiones enjuiciadas gozan de la referida presunción
de legalidad, corresponde al actor la carga de probar que éstas contravinieron el
ordenamiento jurídico; con otras palabras, para que prospere su pedimento es
ineludible que derribe la argumentación esgrimida por la Administración como
fundamento de la decisión enjuiciada.
55 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 19 de marzo
de 2020, radicación 52001-23-33-000-2015-00155-01(3093-16).
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67. Con ese horizonte, la Sala pasa a contrastar los motivos que sustentaron las
resoluciones demandadas frente los argumentos y pruebas en las que se apoya el
censor para refutar sus motivaciones, y de allí determinar si se desvirtúa o no la
presunción de legalidad que las cobija.
68. En la Resolución 4152 de 2011, luego de reseñar lo acontecido en el
procedimiento sancionatorio y los fundamentos normativos y jurisprudenciales de
la cláusula penal pecuniaria, se trajo de presente, como medios de convicción, las
respuestas de las entidades y ESP respecto de los diseños entregados por el IDU
en relación con las redes de las áreas a intervenir, manifestando lo siguiente:
(i) INARE56 manifestó que no evidenció en los estudios caudales por conexiones
erradas; indicó que los planos de alcantarillado aprobados contenían los cruces
de redes en bocacalles conforme a la normatividad vigente y que la renovación
del alcantarillado debía hacerse con el andén, exigencia acogida por el IDU;
(ii) La EAAB manifestó que no conocía la existencia de conexiones erradas de la
red de alcantarillado y que existe un sistema de alcantarillado sanitario para
recolección y transporte aguas residuales y otro para recolección y transporte de
aguas lluvias;
(iii) La ETB sostuvo que en sus diseños quedó contemplada la ampliación de la
red sobre al área a construir y que si hubo alguna modificación ésta tuvo sustento
en el tiempo que transcurrió entre la aprobación de los planos y la verdadera
fecha de inicio;
(vii) La Universidad Nacional de Colombia en su concepto técnico concluyó que
la red de alcantarillado en general presentaba muchos inconvenientes, “lo que
indica que existieron problemas constructivos” 57 , como fallas de rotura-hueco,
presencia de bloques que están a punto de ingresar al colector, que muestran
“que el relleno no se hizo de forma adecuada”58 y que la mayoría de los tramos
construidos no cumplía las especificaciones de los diseños del contrato IDU
202/2005, en particular las pendientes de tramo, así como la advertencia del
deterioro estructural en torno a la cantidad y tipo de fallas que presenta la tubería.
Con base en lo reseñado, el IDU concluyó que el interventor incumplió varias de
sus obligaciones contractuales, “principalmente las relacionadas con las labores
de control, supervisión, vigilancia, ejecución y cumplimiento de las obligaciones a
cargo del contratista” 59 y, como efecto de tal incumplimiento hizo efectiva la
cláusula penal pecuniaria, en los términos citados en apartes previos.
69. Luego, mediante Resolución 170 del 23 de enero de 2012, el IDU confirmó la
Resolución 4152, con fundamento en los siguientes argumentos centrales:
56 Contratista del IDU que elaboró los estudios y diseños que sirvieron de insumos para la construcción de los
andenes, a través del contrato de consultoría IDU 202 de 2005.
57 Folio 77 del cuaderno 2.
58 Ibidem.
59 Folio 81 del cuaderno 2.
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(i) La medida de control adoptada por el IDU, relacionada con la toma de la obra,
no incidió sobre los aspectos imputados al consorcio CG desde el 11 de marzo de
2009, a saber: 1) control de calidad de los recursos, 2) control y ajuste de los
procesos constructivos y 3) control de la ejecución presupuestal, pues su
inobservancia se presentó durante toda la ejecución de la obra y no como
resultado de una medida tomada a tan solo cinco días de la terminación de la
etapa de recibo, cumplido el plazo de construcción.
(ii) Los oficios aportados con las comunicaciones remitidas por la interventoría no
desvirtúan su incumplimiento, por cuanto “en un ejercicio riguroso de interventoría
… se debe impedir o detener la ejecución de actividades que no cumplan con las
características descritas en las normas técnicas vigentes, aspecto que en el caso
particular que nos ocupa no ocurrió y … que fue permitido, solo con la intención
de dar un flujo de caja que permitiera a la firma contratista ejecutar las obras”60.
(iii) No era viable acceder a la petición de adición presupuestal presentada el 13
de febrero de 2009, comoquiera que el plazo de construcción fenecía el 25 de
febrero siguiente y el valor pedido era de $764’000.000, el cual no iba a alcanzar
a ser ejecutado en el lapso faltante, “ya que de acuerdo a (sic) la experiencia de
casi 10 meses de obra, en promedio semanalmente se ejecutaban de 80 a 100
millones de pesos” 61 ; además, el contratista tenía deudas con proveedores y
empleados, “hecho que originaba el riesgo de que dichos recursos fueran
invertidos no en actividades de obra, sino en pago de acreedores”62; sumado a
que el requerimiento de recursos adicionales contenía errores como la inclusión
de accesorios de obra cuyo pedido había sido negado en reuniones previas.
(iv) Las ESP (EAAB, ETB, Codensa) manifestaron que en sus recorridos
advirtieron la baja calidad de las obras –entibados deficientes, nivelación y
empate de tuberías-, razón por la cual indicaron que no recibirían las redes hasta
que se solucionara dicha problemática, escenario en que el IDU corría el riesgo
de no recuperar los recursos invertidos, mediante el cruce de cuentas. Aunado a
ello, si bien es cierto que la ETB solicitó unas mayores cantidades de obra,
también lo es que esta solicitud se produjo hasta el 10 de febrero de 2009, lo que
denota que esas adiciones no fueron pedidas en tiempo, pese a que desde oficio
IDU 180127 del 25 de noviembre de 2008, la entidad le solicitó a la firma
interventora remitir el balance de los ítems no previstos.
(v) “No solo como producto de las inspecciones realizadas por la Universidad
Nacional de Colombia, se puede determinar el incumplimiento de la Interventoría,
TODAS las Empresas de Servicios Públicos han manifestado que en el estado en
el que se encontraban las redes (no solo por efectos de su falta de terminación,
sino de calidad e incumplimiento de la normatividad establecida para su
60 Folio 23 del cuaderno 2.
61 Folio 23 del cuaderno 2.
62 Folio 24 del cuaderno 2.
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construcción), no es posible recibir la infraestructura construida a través del
contrato de obra 159 de 2007”63.
(vi) El Consorcio CG fue el encargado de elaborar y aprobar el informe de
Enfoque y Metodología de la Construcción, de modo que la responsabilidad en la
revisión y aprobación del procedimiento constructivo del consorcio ID fue de la
interventoría y no de la entidad.
(vii) En el contrato 159 de 2007 se estableció que se pagarían al contratista las
actas parciales, por concepto de cada hito alcanzado (tramo de determinada
longitud) siempre que existiera un recibo a satisfacción de éste por parte de la
interventoría; por ende, la coordinación del IDU dio lugar al referido pago, bajo la
previsión de que las actas contaban con la supervisión, revisión y recibido a
satisfacción necesario ello. La entidad pagó “cuatro actas de recibo parcial de
obra, por valor de $1.579.574.720, correspondientes a actividades supervisadas,
aprobadas y recibidas a satisfacción de la interventoría”64.
(viii) La medida de control realizada por la entidad el 20 de marzo de 2009, se
llevó a cabo a tan solo 5 días de la terminación de la etapa de recibo de las obras,
por lo que el consorcio ID no podía atender la totalidad de las observaciones
relacionadas en el acta 7, en el plazo mencionado.
(ix) Los estudios y diseños que sirvieron como insumos para la construcción de
los andenes fueron ejecutados por INARE LTDA., a través del contrato de
consultoría IDU 202 de 2005, los cuales contaron con la aprobación de las ESP.
Luego, el Consorcio ID los acogió como suyos, mediante la suscripción y
legalización del acta de apropiación de diseños del 9 de mayo de 2008, en donde
no se dejaron anotaciones o reparos sobre la construcción del sistema de
alcantarillado sanitario sobre las áreas de espacio público de la calle 116.
Asimismo, aunque existe el riesgo de encontrar redes que no se relacionaron en
los planos, para ello se pactó su construcción por el sistema de precios unitarios,
previendo la contratación de los especialistas requeridos para atender estas
situaciones y plantear soluciones en terreno.
(x) Como el plazo del contrato 159 de 2007 venció el 25 de febrero de 2009, la
toma de posesión de la obra realizada el 20 de marzo de ese año no fue
arbitraria, pues existía prueba determinante del incumplimiento. Asimismo, señaló
la entidad que:
“Respecto a (sic) la afirmación de proceder con fundamento en una resolución de
caducidad que nunca fue notificada a la Interventoría para tomar posesión de la
obra, es necesario precisar que el acto administrativo en comento no se
materializó y para tal efecto el IDU procedió con fundamento en el Artículo 18 de
la Ley 80 de 1993, inciso segundo, pues es posible, ante la presencia de hechos
constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que la
63 Folio 32 del cuaderno 2.
64 Folio 39 del cuaderno 2.
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Administración se abstenga de declarar la caducidad, pero adoptando las
medidas de control e intervención necesarias que garanticen la ejecución del
objeto contratado”65, linea bajo la cual adjudicó el contrato a Oceisa.
(xi) Finalmente, expuso las razones por las cuales consideró que no se
desconoció el debido proceso del consorcio CG, y se refirió al derecho de
contradicción y a la legalidad de las pruebas practicadas.
70. Como atrás fue indicado, el contrato 150 de 2007 tenía por objeto la
interventoría simultánea, técnica, financiera, legal, social y ambiental de: (i) la
construcción de los andenes del eje vial de la calle 116, tramo comprendido entre
las carreras 15 y la 19, costado norte y costado sur, en la ciudad de Bogotá -
proyecto 1-; y (ii) la construcción del separador incluyendo ciclo ruta del eje vial de
la calle 116, tramo comprendido entre las carreras 15 y 19 en Bogotá D.C. -
proyecto 2-; para el efecto, el consorcio CG, en calidad de interventor, contrajo las
siguientes obligaciones:
“6. OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR. El INTERVENTOR será responsable
del control, la supervisión, y la vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las
obligaciones a cargo del Contratista. De la misma forma, debe ejercer el control
técnico, ambiental, de gestión social, financiero, presupuestal, operativo y
administrativo de cumplimiento del proyecto. Para tales efectos, el INTERVENTOR
deberá realizar todas las acciones tendientes al cabal cumplimiento del presente
contrato, de acuerdo con las mejores prácticas técnicas y administrativas usuales
en proyectos de esta naturaleza, lo que incluye la utilización de las facultades, el
cumplimiento de las obligaciones y la ejecución de las revisiones, las
verificaciones y los controles señalados a continuación en la presente cláusula …
a) Obligaciones Generales: … 2) Ejecutar las labores previstas en el Manual de
Interventoría o en el documento que lo reemplace, con el fin de evaluar el
cumplimiento de las obligaciones del contratista. Así mismo, ejecutar las labores
que resulten necesarias para verificar que el contratista cumpla con la totalidad de
sus obligaciones, así no estén señaladas en el manual de interventoría. 3) Exigir a
los contratistas la implementación de las medidas correctivas a que haya lugar, de
manera que se cumpla con lo establecido en el contrato al cual se le hace
interventoría … 6) Tener conocimiento completo y detallado de los proyectos,
términos de referencia, contratos, propuestas técnicas y económicas de los
contratistas, cronograma de ejecución y cualquier otro documento que haga parte
de los contratos objeto de la interventoría … c) Obligaciones de carácter
administrativo: …. 3) Verificar y aprobar los informes y pagos que se presenten
en desarrollo de los contratos … d) Obligaciones de Elaboración y
Presentación de Informes y documentos: 1) Elaborar las actas a las que haya
lugar, de conformidad con el Manual de Interventoría o el documento que lo
reemplace, el contrato de interventoría y el contrato al cual 66 se le realiza ésta”.
71. Al hilo de lo dicho, se precisa que el análisis del sub lite únicamente hace
relación a lo acontecido en el contrato de obra 159 de 2007, pues sobre éste giró
la declaratoria de incumplimiento de los actos administrativos enjuiciados.
72. Al retomar los motivos de disenso expresados por el censor, la Sala indica
que no comparte el argumento de la demandante, cuando expresa que la toma de
la obra basada en una resolución de caducidad proferida contra el constructor, a
65 Folio 46 del cuaderno 2.
66 Folios 94 a 96 del cuaderno 2.
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la postre inexistente, fue el evento que impidió a la interventoría cumplir sus
obligaciones, recibir las obras, y elaborar el informe final de la misma.
Se advierte en este punto, que los reparos de incumplimiento endilgados por la
entidad al consorcio interventor no tienen relación directa con la omisión en el
recibo final de la obra o la entrega del citado informe, sino que, como se plasmó
desde la citación a descargos, se trató de eventos de incumplimiento que se
configuraron en el transcurso de su encargo contractual y se consolidaron en el
escenario conclusivo mencionado por el actor.
73. En efecto, en el oficio del 11 de marzo de 2009 que dio inicio al procedimiento
administrativo, el IDU planteó como base del posible incumplimiento del contrato
de interventoría, las siguientes obligaciones contenidas del pliego de condiciones:
“Conforme al capítulo 4, numeral 4.4.1. Control de Calidad de los Recursos de los
pliegos de condiciones, el interventor tiene como obligación: ‘… comprobar que los
recursos materiales que va a utilizar en la obra el Contratista, corresponden a las
normas mínimas de calidad requeridas para el cumplimiento de los objetivos
previstos en el Contrato de Obra (…) El Interventor realizará las pruebas, ensayos y
verificaciones que sean necesarios e idóneos para corroborar con certeza que los
estudios y diseños y la obra ejecutada por el Contratista cumplen con los
requerimientos contenidos en el Contrato de Obra. Así mismo, deberá verificar la
calidad de todos los materiales y elementos empleados en obra (…), sirviendo de
comprobación a los controles de calidad que realice el Contratista (…)
Adicionalmente, conforme al capítulo 4 numeral 4.4.5. Control de la Ejecución
Presupuestal de los pliegos de condiciones … y al Capítulo 4.2.2. … del manual de
interventoría versión 4.1 de 2006, en el sentido de ‘… cuando se presenten
modificaciones en plazo, valor del contrato de obra o suspensión del mismo, y que
alteren su normal ejecución, revisar y aprobar la nueva programación para la
ejecución de la obra o la nueva versión actualizada presentada por el Constructor, y
hacer los trámites del caso oportunamente”67 (subraya añadida).
74. En primer lugar, conviene señalar que si bien mediante acta del 20 de marzo
de 2009 68 , el IDU efectuó la “TOMA Y POSESIÓN DE LA OBRA … en
cumplimiento de lo establecido en la Resolución que decretó la caducidad del
contrato 159 de 2007” también es cierto que dicha decisión, según reportó el IDU,
no se “materializó” pues, en su lugar, y conforme lo autoriza el inciso segundo del
art. 18 de la Ley 80 de 1993, la entidad se abstuvo de declararla pues al analizar
la conveniencia de su decisión, estimó que, en su lugar, procedería a la adopción
de medidas de control e intervención necesarias para garantizar el cumplimiento
del objeto pactado, que no es otra cosa que el interés general que se persigue
con dicha decisión o cualquier otra.
75. La Sala no encuentra que la toma de posesión hubiera incidido de forma
determinante en los incumplimientos atribuidos al consorcio CG, pues, en relación
con el control de calidad de los materiales y procesos constructivos, el interventor
debía supervisar y comprobar el cumplimiento de dicha obligación en el curso
completo del contrato de obra, sin que pueda entenderse que con la toma de
posesión (habiendo culminado el pazo del contrato de construcción en febrero de
67 Folios 147 a 149 del cuaderno 4.
68 Folio 89 del cuaderno 2.
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2009) y restando cinco días para el vencimiento del contrato de interventoría,
realmente se hubiera frustrado el episodio en el que el consorcio CG vendría a
reivindicar el cumplimiento de tal obligación; como si se tratara de una fase
ulterior al propio escenario constructivo ya culminado que pudiera conducir a
determinar, sólo allí, si se habían o no garantizado los estándares de calidad en
los dos vértices anotados.
76. Un planteamiento con tal alcance contradice de la propia naturaleza del
contrato de interventoría, pues no resulta, cuando menos razonable, que se diga
que la obligación de control de calidad aludida se viene a verificar con el recibo
final de obra, con los ajustes que puedan solicitarse, o con el informe final de
seguimiento; contrario a ello, el legislador al establecer que determinados
contratos deben contar con interventoría, lo que hace es reconocer tanto los
matices técnicos y especializados que requiere su seguimiento, como la
necesidad de invertir importantes recursos económicos que le permitan
garantizar, en casos como ocurre con el contrato de obra, que se haga control
permanente a su correcta “ejecución”.
De suerte que aquí no sólo importa el qué se hace, sino el cómo, pues al final de
cuentas las pruebas, ensayos y verificaciones que deben concretarse en curso de
la construcción deben aportar certeza de que las obras públicas que están siendo
ejecutadas sean de las mejores calidades técnicas y constructivas, lo que, por
supuesto, no se concreta exclusivamente en la etapa de recibo definitivo.
77. Así que la medida de toma de posesión de la obra no incidió en los hechos de
incumplimiento endilgados al consorcio CG, toda vez que los mismos se refieren
al control de calidad de los materiales y procesos constructivos, así como la
presentación de la solicitud de adición presupuestal en tiempo, aspectos que,
como se observa, no se alteraron con la medida implementada y, al final, la
entidad no formuló reparo alguno por la falta de recibo y elaboración del informe
final de la obra, razón por la que no se halla fundamento en torno al primer
reproche formulado por la parte demandante, en torno a esta materia.
78. Asimismo y en aras de examinar los demás motivos de inconformidad
formulados en este cargo, se traen de presente los informes de interventoría
presentados durante la ejecución del negocio jurídico, donde se plasmó, en
relación con el avance contractual, lo siguiente:
i) El informe de interventoría 4, referido al período transcurrido entre el 14 de julio
y el 13 de agosto de 2008, sobre el avance de ejecución presupuestal, estableció
que el porcentaje ejecutado era menor al programado, así:
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ii) Según el informe 8, rendido en febrero de 2009, el consorcio CG manifestó que
el valor del anticipo había sido amortizado mediante las respectivas actas de obra
y hasta el acta parcial 6. Igualmente, que la obra reporta atraso de ejecución con
respecto al valor final del contrato, pese a que el consorcio ya había utilizado el
valor presupuestado para las redes, y puntualizó: “el contrato sigue presentado
(sic) atrasos en la ejecución presupuestal, que al último corte se (sic) 4,46%,
básicamente debido a que no se ejecutan los remates en cada uno de los tramos
y que la ejecución presupuestal se sigue atrasando en aquellas áreas donde no
se puede intervenir con urbanismo por falta de redes”69.
79. En relación con los ajustes y correcciones pedidos al contratista, en el informe
de interventoría 4 se indicó que la obra presentaba atraso del 10.8% debido al
bajo rendimiento en campo por la interferencia de redes existentes en el área de
intervención de los andenes, así como demoras en el suministro de material de
obra en los distintos frentes de trabajo, razón por la cual el contratista presentó un
plan de contingencia, en virtud del cual la interventoría concluyó, lo siguiente:
“- Con base en los compromisos establecidos en el comité del 11 de julio [de 2008]
y en la aprobación del plan de contingencia y reprogramación aprobada, se
eliminan los atrasos que presenta el proyecto, por ende cesa la causal para la
solicitud de la multa.
“- En caso que el contratista, por causas imputables a su gestión presente un
atraso superior al 5% en la ejecución de obra, frente a los nuevos programas
aprobados se solicitará y tramitará una multa de manera inmediata”70.
Igualmente, en el aludido documento, respecto de los análisis de los materiales
utilizados en la obra, sostuvo que para ese momento “el Contratista no ha
presentado resultados de calidad de los materiales, pese a las solicitudes
reiteradas de la interventoría. Se solicita nuevamente en bitácora de obra ejecutar
los ensayos correspondientes la clasificación de material de relleno y recebos,
densidades, desgaste, solidez, etc., con el fin de aprobar los trabajos. Esta es
69 Folio 176, cuaderno 56 pruebas aportadas en segunda instancia.
70 Folio 369 del cuaderno 20 de las pruebas aportadas en segunda instancia.
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adicionalmente una causa de preocupación de la interventoría que evidencia el
atraso general de la obra”71.
80. El 18 de diciembre de 2008, el interventor formuló al contratista las
recomendaciones que a continuación se transcriben para el recibo final de las
obras:
“RECOMENDACIONES PARA INSTALACIÓN DE LOSETAS Y ADOQUINES
1. Se debe verificar que los materiales usados para la ejecución de las
obras y en especial el adoquín que se viene suministrando, debe cumplir la norma
NTC 3829, manteniéndose dentro de las holguras establecidas para las
dimensiones de las piezas.
2. Se debe asegurar que no existan deformaciones excesivas o
permanentes de la superficie, para lograr un adecuado comportamiento de las
piezas, minimizando así deterioro de las unidades por esfuerzos
3. Compactación, se requiere verificar que la compactación de las capas de
estructura, sea como mínimo el 95% del proctor modificado, para lo cual
solicitamos allegar los resultados de laboratorio, tanto de los materiales empleados
para la conformación de la estructura, como de los procesos de compactación
(densidades de campo).
4. Se debe instalar una capa homogénea arena cernida con un espesor
mínimo de 3 cm, para mejorar la distribución y la homogeneidad … se recomienda
compactarla con pisón de mano.
5. Se deben mantener los hilos del adoquinado durante la colocación de las
unidades, de manera que no se generen espacios ‘flojos’ o sueltos. Ya que estos
espacios sueltos hacen que los adoquines desarrollen desplazamientos producen
desajustes de las piezas y accesos de agua que empozan las capas inferiores
generando diversos daños y patologías.
6. Los paños terminados se deben emboquillar, utilizando una arena fina y
seca, para llenar los espacios entre adoquines, dicha actividad se debe ejecutar
por lo menos en dos o tres ocasiones.
7. Se deben evitar saltos superficiales mayores a 2 mm que creen
desniveles que generen impactos durante el desplazamiento.
8. Se debe compactar el adoquinado recién instalado y posterior a su
emboquillado, usando un rodillo manual, evitando la rotura de piezas con la
colocación de una capa de arena, que deberá ser retirada posterior a la
compactación.
9. Se deben garantizar los bombeos establecidos previamente por el
diseño.
10. Para evitar el corte de piezas irregulares se aceptaran franjas de ajuste
con anchos máximos de 10 cm, en concreto grava fina de 2500 PSI.
“RECOMENDACIONES PARA INSTALACION DE BORDILLOS
1. Se debe verificar materiales usados para la ejecución de las obras y en
especial los bordillos en concreto que se viene suministrando, debe cumplir la
norma NTC 1329, manteniéndose dentro de las holguras establecidas para las
dimensiones de las piezas.
2. Se debe asegurar que los bordes o aristas de estos elementos
permanezcan en buen estado, las que sean averiadas deben ser reparadas.
3. La instalación de estos bordillos, se debe realizar sobre una base
debidamente compacta y nivelada de tal manera que se evite el cabeceo de los
elementos, de igual forma la apertura máxima de dilatación entre dos elementos
es de 5mm, dicha unión debe ser sellada con mortero 1:3, evitando dejar broza
sobre los elementos prefabricados.
4. Los elementos deben estar debidamente hilados.
5. En los linderos del proyecto con los antejardines y/o andenes existentes,
se deben atracar los elementos prefabricados con material de base y hacer el
remate final con mortero 1:3 afinado”72.
71 Folio 366 del cuaderno 20 de las pruebas aportadas en segunda instancia.
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81. El 13 de enero de 2009, el interventor, con base un recorrido de obra, señaló
las siguientes observaciones para la construcción y/o reparación de los acabados
del contrato en estudio, así:
“No se aceptan adoquines con bordes fracturados.
“Los bordes colindantes entre los elementos prefabricados en concreto y los
adoquines deben estar perfectamente nivelados.
“Los paños de adoquín deben estar nivelados de acuerdo a la pendiente
establecida para el andén; no se recibirán secciones con hundimientos.
“La holgura máxima permitida entre adoquines, como el distanciamiento entre
estos elementos en el proceso de instalación es de 0.05 m.
“(…)
“Las piezas de adoquín o losetas de concreto deben presentar cortes rectos.
“Se debe verificar la nivelación, perpendicularidad de los elementos que confinan
los paños de adoquín o loseta de concreto”73.
82. Con oficio del 26 de enero de 200974, el interventor indicó al consorcio ID que
para ese momento se acumulaba un retraso del 4%, derivado del bajo suministro
de recursos de material y mano de obra con que cuentan los frentes de trabajo,
razón por la cual le requirió la presentación de un plan de contingencia para lograr
el cumplimiento de los programas de obra vigentes.
83. En escrito del 2 de febrero de 2009, el consorcio interventor realizó las
siguientes observaciones al contratista de obra, para su recibo final:
“Si bien se viene midiendo y liquidando las obras, esto no implica la aceptación final
de las mismas, por lo que requerimos las pruebas de inspección final de las obras
ejecutadas y los certificados de calidad de los materiales y procesos de obra
empleados en la ejecución de los trabajos, en caso que no haya conformidad con
las especificaciones y normas establecidas, ustedes deben proceder a corregir las
desviaciones detectadas por su cuenta y riesgo.
“Con base en lo anterior nuevamente ratificamos las diferentes solicitudes
realizadas en el libro de obra, comités de seguimiento en cuanto a la necesidad de
realizar las inspecciones de redes en compañía de los diferentes delegados, para
obtener la aprobación final de los trabajos ejecutados. Así mismo requerimos las
correcciones a las observaciones levantadas por nuestros diferentes
especialistas”75.
84. A su vez, en el informe de interventoría 8, el consorcio CG puso de presente
que el 18 de febrero de 2009 radicó en la entidad una solicitud de multa, tasada
inicialmente en $440’000.000, motivada en las siguientes circunstancias:
“Que el 27 de enero de 2009, cuando se realizó la primera solicitud de multa, la obra
presentaba una ejecución presupuestal programada de 78,88% versus una ejecución
presupuestal ejecutada del 75,90% que implica un atraso del 2,12%, adicionalmente
no se produjo la entrega final del tramo sur.
“Con base en la evaluación realizada a fecha 17 de febrero de 2009, el contratista
presentaba los siguientes incumplimientos a los Hitos entregables de obra así:
72 Folios 163 y 164 del cuaderno 2.
73 Folios 186 y 187 del cuaderno 2.
74 Folio 183 del cuaderno 2.
75 Folio 176 del cuaderno 4.
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“TRAMO NORTE 1: Se encuentra recibido con observaciones y se encuentra en el
periodo programado para subsanar las observaciones levantadas. Falta terminar y
rematar la esquina de Autopan y remates en general.
“TRAMO SUR 1: Debe terminarse en Febrero 24 (sic), sin embargo no presenta el
avance requerido, ya que hasta ahora se terminó de construir la red de alcantarillado.
Faltan empates de acueducto, cámaras de ETB y un 30% de canalizaciones ETB y
CODENSA. Faltan rampas.
“TRAMO NORTE 2: Se incumplió su entrega. No se ha iniciado la instalación de
acabados de espacio público en la esquina de Mimos, No se ha realizado el cruce de
la ductería de ETB y CODENSA en la carrera 18, pendientes remates en general y
fundir placa superior de cámaras de ETB.
“TRAMO SUR 2: No se ha terminado de construir la red de alcantarillado, falta por
instalar tubería de 24" (4 tubos). No se ha iniciado la construcción del espacio público,
solo se ha instalado el 50% de la tubería requerida de ETB y CODENSA. En la
carrera 18 falta empate de acueducto y cruces de ETB y CODENSA.
“TRAMO NORTE 3: Falta construir el espacio público hasta el límite de intervención
tanto en la carrera 18 como en la carrera 17A. Faltan fundir placas superiores de
cámaras de ETB en la carrera 18 y 17a y ducterías para ETB y CODENSA. faltan
remates en general, debió entregarse en febrero 9 de 2009.
“TRAMO SUR 3: Su entrega se encuentra programada para el 20 de febrero, No se
ha iniciado la construcción de la cámara de ETB en la carrera 18. En la esquina de la
carrera 17 se debe demoler y renivelar la placa superior de la cámara de ETB. Faltan
esquinas hasta el límite de la intervención en las carreras 18 y 17 A y remates en
general, por lo que se puede prever que las obras no se terminaran dentro del plazo
programado.
“TRAMO NORTE 4: Se recibió con observaciones. En la esquina carrera 17 falta
fundir placa superior de cámara ETB, hacer el cruce de ductería de ETB en las
carreras 17 y 17ª, falta la intervención de espacio público hasta e (sic) límite de
intervención y remates en general.
“TRAMO SUR 4: Se debe entregar en febrero 27, Hasta ahora solo se ha ejecutado el
50% de las obras de espacio público. En las carreras 17 A y 17, falta instalar la
tubería de ETB, CODENSA Y ACUEDUCTO, ara (sic) los cruces de vía. Falta
terminar remates de Urbanismo, lo que hace prever que la obra no se terminará en el
plazo programado.
“TRAMO NORTE 5: Se debe entregar el 24 de Febrero (sic). Hasta ahora solo se ha
ejecutado un 30% de las obras de urbanismo, falta instalar 30 ml de canalizaciones
de ETB, falta aprobación de ETB para continuar la construcción de espacio público.
“TRAMO SUR 5: Se debió entregar completamente rematado el 15 de Febrero,
después del periodo para entrega de observaciones. Falta realizar la intervención
total hasta los límites del proyecto, por lo tanto ha incumplido los compromisos de
entrega.
“TRAMO NORTE 6: Se debe entregar el 25 de Febrero, Solo se ha ejecutado un 60%
del espacio público, no se ha iniciado la intervención en las cámaras de ETB, por lo
que se puede prever que las obras no se terminan dentro del plazo programado.
“TRAMO SUR 6: Se debe entregar en febrero 21 completamente rematado, no se ha
realizado la intervención hasta los límites del proyecto, faltan los empates de tubería
de acueducto. Falta nivelación cámaras de ETB, por lo que se puede prever que no
se entregara en la fecha programada.
“Finalmente resaltamos que los presupuestos asignados al rubro de redes, ya fueron
agotados en su totalidad y que si se cuantifican los valores de mayores cantidades de
obra y obras no previstas, más los valores de gestión social, SISOMA y tránsito, la
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ejecución presupuestal realizada, podría ascender al 88% vs el 91,53% que se
encuentra programado”76.
85. Dilucidado todo lo anterior, para la Sala es claro que el consorcio CG no
cumplió a cabalidad con las funciones que le competían en calidad de interventor,
comoquiera que su labor no se agotaba al presentar al constructor un catálogo de
recomendaciones generales, como las advertidas en los numerales 80 y 81 de
esta providencia, que no se ocupan, de manera concreta, de establecer si el
contratista estaba o no dando cumplimiento a las especificaciones técnicas del
contrato de obra, pues lo que allí se observa es que se limitó al ámbito de la
literatura técnica en la materia, que por supuesto debe existir, pero debía avanzar
a un estadio puntual de seguimiento de la obra.
86. Importa señalar, que para el momento en que se emitieron tales
recomendaciones, el interventor había descartado un primer escenario en el que
planteó la aplicación de multas, aceptando el “plan de contingencia y
reprogramación”, decisión que la Sala no cuestiona, sin perjuicio de advertir que
en dicho informe de interventoría (el 4) dejó evidencia de que, para ese momento,
“el Contratista no ha presentado resultados de calidad de los materiales, pese a
las solicitudes reiteradas de la interventoría”.
Se subraya, además, que las mentadas recomendaciones (efectuadas el 18 de
diciembre de 2008 y el 13 de enero de 2009) ocurrieron de manera posterior a la
suscripción de la adición y la prórroga efectuadas al contrato –suscritas el 13 de
noviembre de 2008, por un período de 2 meses y por valor de $104’484.100 para
redes, y la segunda el 12 de diciembre de 2008, aumentando el plazo por 75 días
calendario–, sin que señalamientos relacionados con problemas de cumplimiento,
calidad, procesos constructivos o cronogramas, se hubieran puesto de presente;
pues todo se contrajo a indicar las pautas técnicas en que se haría el recibo final
de la obra, dado que estaban en el pórtico de finalización de dicha etapa.
87. Posteriormente, de cara a las comunicaciones del 26 de enero y 2 de febrero
de 2009 en las que el interventor indicó atrasos e incumplimientos del constructor,
como atrás quedó visto –además de resaltar que en esta última comunicación
todavía el consorcio CG estaba requiriendo al contratista “los certificados de
calidad de los materiales y procesos de obra empleados en la ejecución de los
trabajos”, acentuando la huella que exhibe la falta de control en la ejecución real
de la obra– lo que verdaderamente llama la atención, es que en ese punto, la
labor de la interventoría se limitó a reiterarle al contratista de obra sus
compromisos contractuales.
88. No se descarta que lo anterior sea necesario, y que haga parte de la gestión
del interventor pues, en efecto, el control de la obra se despliega a partir de la
verificación de los compromisos asumidos por el constructor en el respectivo
negocio jurídico, pero si tal fuera el límite de su actuación –anunciar, repetir
recordar– resultaría innecesario acudir a un contrato de conocimientos técnicos
76 Folios 174 y 175 del cuaderno 56 de las pruebas aportadas en segunda instancia.
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especializados, como la interventoría, para tan reducida función; lo que a su turno,
en tratándose del contrato de obra, restaría sentido al reconocimiento que a
través de los procesos de selección llevan a la escogencia de un proponente que
ostenta la calidad de experto y profesional de construcción de la obra respectiva,
quien, por tanto, con la celebración del contrato asume la responsabilidad entera
de su ejecución, como regla de principio.
De modo que no es posible entender que la actividad del interventor pueda darse
por cumplida con la sola mención que se haga al contratista de sus obligaciones,
o con la referencia general a un elenco de especificaciones técnicas, ni siquiera
con el reporte o noticia final de que se incumplió el contrato de obra ¿Qué clase
de desaire sería ese frente a un tipo contractual que justamente se caracteriza por
la cualificación del sujeto que puede ser escogido para llevarlo a cabo?
89. A propósito de lo dicho, conviene precisar que la Ley 80 de 1993 no hizo una
definición del contrato de interventoría, simplemente lo catalogó como una de las
especies del contrato de consultoría, conforme al numeral 2 del art. 32 de dicha
ley –que indica que “[s]on también contratos de consultoría los que tienen por
objeto la interventoría, asesoría (…)”–. Al acudir a una interpretación de su
sentido gramatical, así como natural77, la noción de “interventor” hace referencia a
la “persona que autoriza y fiscaliza ciertas operaciones para asegurar su
corrección”78; significado que se relaciona directamente con la definición que esta
Colegiatura le ha asignado, al aducir que este negocio jurídico “tiene por objeto
supervisar o vigilar que la obra se construya de conformidad con lo estipulado en
el contrato” 79.
90. Unido a lo anterior, deviene de su naturaleza que el interventor es quien
controla, supervisa, vigila y fiscaliza las obras encomendadas para garantizar su
correcta ejecución, circunstancia que produce una interdependencia 80 entre
ambos contratos, el de obra e interventoría, por la relación directa de uno con el
otro, dada la afinidad de sus objetos y por compartir un fin práctico único y común.
Con esta base conceptual, el alcance de la labor de la interventoría será el
estipulado en el contrato respectivo, sin desprenderse de su vocación y esencia,
con la anotación de que, por lo general, su actividad queda asociada a los
manuales de interventoría de la entidad contratante, pues allí se detallan y
desarrollan los aspectos centrales de las obligaciones de asesoría, seguimiento y
control, a su cargo.
77 Artículos 28 y 29 del Código Civil.
78 Diccionario de la Lengua Española, ver https://dle.rae.es/interventor
79 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 24 de febrero de
1995, expediente 3142.
80 “ … la Sección Tercera ha caracterizado la interventoría como un contrato íntimamente relacionado en su
objeto con el de obra respecto del cual ejerce su actividad el interventor, y como un contrato que a pesar de
lo anterior, resulta independiente de éste en aspectos específicos como la prórroga y el incumplimiento, esto
es, que la prórroga de la obra no implica de suyo la del interventor y que el incumplimiento del contrato de
obra jamás significa por sí solo el incumplimiento del de interventoría” Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, sentencia del 28 de febrero de 2013, Rad 25000232600020000073201(24266), C.P. Danilo
Rojas Betancourth.
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91. En este punto, el Manual de Interventoría del IDU vigente para la época de los
hechos que se examinan, caracterizó a la interventoría con las funciones de
“controlar, exigir, colaborar, absolver, prevenir y verificar la ejecución y el
cumplimiento de los trabajos, servicios, obras y actividades contratadas, teniendo
como referencia los principios rectores de la Ley de contratación estatal (Ley 80
de 1993), los decretos reglamentarios, las cláusulas de los contratos, los términos
de referencia o pliegos de condiciones y demás documentos que originaron la
relación contractual entre el IDU y el Contratista (consultor / constructor /
contratista de mantenimiento / proveedor)”81
En dicho manual controlar fue definido como el “objetivo … más importante y se
logra por medio de una labor de inspección, asesoría, supervisión, comprobación
y evaluación, labor planeada y ejecutada de manera permanente sobre todas las
etapas del desarrollo del contrato, con el fin de establecer si la ejecución se ajusta
a lo pactado”82; con las atribuciones de solicitar y exigir, la primera para pedir la
subsanación de incorrecciones surgidas en la ejecución contractual, al decir que
“esta facultad la ejerce (vgr) cuando solicita la imposición de una sanción por
motivos contractuales, o emite su concepto fundamentado sobre la viabilidad de
prórroga, modificación o adición contractual, entre otros temas”83, mientras que la
segunda habilita al interventor a “exigir a la parte morosa la exacta satisfacción de
lo prometido”84.
92. En esa medida, las mismas comunicaciones de la Interventoría hacen
evidencia de los incumplimientos que afrontaba la obra y, pese a la existencia de
comunicaciones y solicitudes de mejoramiento y corrección de varios de esos
aspectos, lo cierto es que tales llamados hechos al contratista no resultaron
suficientes para asegurar la efectiva prestación del objeto convenido y permitieron
advertir que el consorcio CG omitió utilizar todas las atribuciones que le
correspondían, para garantizar el fin último de la obra y por ende, desamparó el
interés general que impone que la obra sea de la mejor calidad.
Lo anterior, no significa que cuando una obra resulte fallida, en el mismo plano lo
sea la labor del interventor, pues ello implicaría desconocer la naturaleza y
esencia de cada uno de estos negocios jurídicos; pero sí conlleva a determinar si
la conducta de este último resultó adecuada, coherente y suficiente en el marco
de sus obligaciones, no obstante el adverso resultado de la obra.
93. En el sub examine, el consorcio CG argumentó la no configuración de un
incumplimiento al haber dado su visto bueno al pago de las actas parciales, ya
que éstas no generaban el recibo a satisfacción de las obras por parte de la
interventoría, y por cuanto su cancelación no relevaba al contratista de la
obligación de entregar el objeto completo y a satisfacción al finalizar el negocio
jurídico.
81 Consultado en: https://vdocuments.mx/manual-interventoria-idu-06-1.html
82 Ibídem.
83 Ibídem.
84 Ibídem.
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La Sala se anticipa en sostener que dista de esta posición, puesto que, según lo
estipulado en el contrato 159 de 2007, el pago del 90% del precio pactado para
construcción, descontado el anticipo y su amortización, derivaba de la
presentación de las actas parciales y su aprobación por parte de la interventoría;
beneplácito que no se traduce en un simple requisito formal sino en una condición
sustancial de verificación del desarrollo del negocio jurídico, de conformidad con
los requerimientos exigidos.
94. Al respecto, en la cláusula segunda del contrato de obra 159 de 2007, se
pactó que el valor de éste era de $2.339’073.551, discriminado así: a) el precio de
las obras de construcción ascendía a $1.304’214.992; b) el valor de las obras de
redes era de $843’669.165; c) el monto estipulado para la gestión ambiental fue
de $76’440.698; d) el valor global de la gestión social ascendía a $78’477.033; y
e) el precio del plan de manejo de tráfico, señalización y desvíos se estipuló en
$36’217.663.
95. A su vez, respecto a la forma de pago del contrato de obra se estipuló:
“3. FORMA DE PAGO. Un anticipo equivalente al treinta por ciento (30%) del valor
total para la construcción, el cual será amortizado en el mismo porcentaje de cada
acta mensual de obra.
“Hasta un Noventa por ciento (90%) del valor total para la construcción, se
pagará mediante presentación de actas mensuales por parte del Contratista,
según avance de la obra ejecutada, de acuerdo con el programa de ejecución de
obra y de pagos aprobado por la Interventoría y el IDU antes de iniciar la etapa de
construcción. La interventoría deberá verificar el cumplimiento de dicho programa
para aprobar el pago correspondiente.
“El Diez por ciento (10%) restante del valor total para la construcción, una vez se
suscriba por las partes el acta de liquidación del contrato, previo recibo final por
parte del IDU y de las Empresas de Servicios Públicos y suscrita por las partes el
acta de recibo final y liquidación de la etapa de construcción.
“(…)
“Valor global para obras de construcción. Se pagará a precio Global (con
ajustes) mediante pagos mensuales de obra ejecutada, previa medición y
aprobación a satisfacción de las actividades adelantadas por el contratista, la cual
será efectuada por la interventoría.
“Valor total para las obras Redes de Servicios Públicos. Se pagará a precios
Unitarios Fijos (con ajustes), mediante pagos mensuales de obra ejecutada, previa
medición y aprobación a satisfacción y valoración del cumplimiento del contratista,
la cual será efectuada por la interventoría …”85 (negrillas del texto original).
96. En torno a este aspecto, en la petición de revocatoria de la citación a
descargos del 11 de marzo de 2009, el consorcio CG manifestó lo siguiente:
“En cumplimiento de esta condición contractual, pactada por el propio IDU y el
contratista al suscribir el contrato N° 159 de 2007, la interventoría procedió ha (sic)
medir la obra ejecutada y solicitar los pagos y en cumplimiento de la misma
obligación, la coordinación del IDU tramitó el pago de las actas, para permitir el flujo
de caja necesario para la ejecución del contrato. Es de anotar que, tal como lo reza,
85 Folio 78 del cuaderno 4.
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textualmente, las diferentes actas de recibo parcial de obra, ‘el recibo por parte de la
interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de sus responsabilidades
y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato’”86.
97. En línea con lo expuesto, no resulta de recibo el criterio esgrimido por el
consorcio CG sobre la falta de apreciación de las actas parciales como escenario
de verificación de la obra, toda vez que ello contraría lo estipulado en el negocio
jurídico, en el cual se plasmó la obligación a cargo del interventor de suscribirlas
previa comprobación de la ejecución negocial, aspecto que no se edificaba como
un simple requisito formal o un aspecto irrelevante, sino como un mecanismo de
tornar palmarias las funciones de la interventoría, esto es, hacer manifiesta la
supervisión, control y vigilancia de lo acontecido en el contrato, con el propósito
de aprobar o no el pago de las obras ejecutadas.
98. Resulta un contrasentido que pese a la advertencia de fallas en la calidad de
los materiales, como en los procesos constructivos y en la falta de aporte de los
resultados de las pruebas de laboratorio a los insumos utilizados, la firma
interventora continuara avalando la ejecución contractual, cuando su conducta no
podía limitarse a dar el visto bueno para el pago de las actas mensuales con el fin
de proveer recursos a la obra, pues ante la insistencia de fallas en su
construcción y calidad, debió solicitar y certificar su corrección previa, en aras de
garantizar su correcta ejecución.
99. Aprovecha la Sala esta oportunidad para precisar, que por fuera de las
condiciones y formas de pago acordadas en el negocio jurídico, el contrato estatal
no puede convertirse, directa o indirectamente, en fuente llana de financiación del
contratista (lo que excluye el ejercicio razonado de ejecución -pago - inversión y
reinversión de recursos) no sólo por cuanto ello no obedece a su finalidad central,
sino que, de hacerlo (i) se privilegia el interés particular sobre el general en contra
de los principios que informan la actividad contractual del Estado; (ii) se ponen en
riesgo los recursos públicos comprometidos; y (iii) se incumple el contrato de cara
a las condiciones fijadas para el pago.
100. Habrá de decirse, además, que el EGCAP reconoce en la figura del anticipo,
el mecanismo que confiere al contratista una base de recursos para el inicio de la
ejecución del objeto contractual (art. 40 de la Ley 80 de 1993), de modo que, en
su sentido teleológico, corresponde a un porcentaje del valor del contrato del que
se sirve el contratista para apalancar la puesta en marcha del proyecto, obra o
servicio contratado; y que, en el contexto económico integral del contrato, en los
casos que se contempla, es una variable que activa las dinámicas de ejecución,
para que de forma racional y cíclica, al ser bien utilizado, su efecto revierta en el
cumplimiento de los hitos del negocio jurídico y, a su turno, en un circuito de
pagos y ejecución sostenible.
Por manera, que no es admisible la justificación de la interventoría de haber
accedido a efectuar pagos con el fin de procurar flujo de caja al contratista, por las
86 Folio 104 del cuaderno 4.
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razones atrás anotadas, además teniendo en cuenta que el contrato de obra
estableció un anticipo del 30% que fue el límite acordado en el contrato, en orden
a conferir al constructor un flujo de recursos, al menos con dineros públicos, hasta
tal porcentaje.
101. Sobre la verificación de la calidad de los materiales e insumos utilizados por
el Consorcio ID, en el contrato de obra 159 de 2007 se acordó lo siguiente:
“7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
“(…)
“B) Obligaciones en materia de elementos, equipos, materiales y personal …
3) El material que se suministre debe ser de óptima calidad, cumpliendo con las
especificaciones técnicas que sobre la materia estén vigentes en Colombia.
Solamente se pagarán los materiales que cumplen con las especificaciones
técnicas descritas en el presente pliego. Para tal fin la interventoría y/o
coordinador llevarán a cabo ensayos de laboratorio adicionales a los que debe
presentar el contratista. 4) EL CONTRATISTA deberá certificar y cumplir las
especificaciones técnicas de los insumos de acuerdo con el capítulo cuarto (4) de
los pliegos de condiciones, mediante los respectivos ensayos de laboratorio de los
materiales utilizados o suministrados. Una vez iniciada la ejecución del contrato, el
contratista deberá enviar periódicamente o cada vez que lo solicite el interventor
y/o coordinador del contrato los ensayos de laboratorio de tal manera que se
cumpla con las especificaciones técnicas exigidas en el Pliego de
Condiciones…”87.
102. Aunque era obligación del contratista el aporte de los ensayos de laboratorio
de los materiales o insumos utilizados para la verificación y control de los mismos,
también es cierto que el contenido obligacional estableció que la interventoría
debía realizar ensayos adicionales a los que debía presentar éste; por tanto, pese
a la inobservancia del contratista en allegar los resultados de calidad, respecto de
las cuales el consorcio CG podía utilizar las medidas conminatorias, el interventor
omitió realizar las pruebas de calidad que debía efectuar en su labor de
supervisión y vigilancia.
103. En este orden de ideas, el reproche que se le endilga al consorcio CG se
enmarca en que dejó avanzar el contrato sin que este cumpliera las condiciones
requeridas para su correcta ejecución y sin la corrección de los defectos que
advirtió, circunstancia que, a la postre, devino en la declaratoria de incumplimiento
fundamentada en los defectos en el control de calidad de los recursos materiales
utilizados para la obra.
En este punto, se aclara que las actas mensuales de recibo de la obra debían
contener una verdadera verificación de lo que estaba siendo entregado por el
contratista, sin pretender que el alcance total del objeto se lograra en ese punto,
pero sí que se controlara la ejecución en las condiciones pactadas, no solo hasta
la finalización del plazo pactado. Si ello no fuere así se desdibujaría el objeto de
las aludidas actas parciales y la labor de control y supervisión que la interventoría
debía ejercer al aprobarlas; por ende, el visto bueno dado por el consorcio
87 Folios 83 y 84 del cuaderno 3.
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interventor debía provenir de una supervisión y control fidedigno de la obra, para
valorar su real estado de ejecución, no una mera aprobación formal para permitir
el giro de recursos al contratista.
104. Ahora, respecto de los reproches esbozados en torno a la negativa de la
Administración de aprobar la solicitud de adición del contrato 159 de 2007, por el
monto de $ 764’000.000, presentada el 12 de febrero de 2009 y recibida el 13 de
ese mismo mes y año, mediante oficio IDU012417, originada, principalmente, por
obras no previstas para la ejecución de redes, porque no fue presentada dentro
del plazo establecido en las instrucciones dadas por la entidad, a saber, “toda
adición, prórroga, contrato adicional u otrosí a los contratos, deben hacerse
exclusivamente durante la vigencia del contrato y para su trámite las
dependencias ejecutoras, sin excepción, deberán solicitarlas a la Dirección
Técnica Legal con quince (15) días calendario de antelación al vencimiento del
contrato principal, plenamente justificadas y presentadas con todos los
documentos soportes para tramitar la actuación”88, para la Sala más allá de la
constatación del vencimiento o no de dicho término, se demostró que la aludida
solicitud no resultó “plenamente justificada”, pues en reunión del 13 de febrero de
2009 se encontraron varias inconsistencias en relación con los recursos pedidos;
además, varios de los ítems incluidos como obras no previstas –entre ellos,
algunos requeridos para las redes de la ETB-, no podían ser incluidos, puesto que
el tiempo de vigencia restante del negocio no permitía recibirlos durante la
ejecución de la obra. Tal como se advierte en la Resolución 170 de 2012 (se
transcribe in extenso dada su pertinencia con el asunto):
“La mencionada reunión se llevo a cabo el viernes 13 de febrero de 2009 a las 4:00
pm y en ella se encontraron observaciones e inconsistencias en los documentos
soporte de la mencionada solicitud de recursos adicionales, por lo que la firma
interventora asumió el compromiso de revisar las memorias de cálculo y cantidades
de obra, y remitir las correcciones con el presupuesto requerido para el día lunes 16
de febrero de 2009.
“Teniendo en cuenta lo anterior, mediante oficio con radicado IDU 016302 del 20 de
febrero de 2009, recibido en la Dirección Técnica de Espacio Público (Coordinador
del Contrato), el 25 de febrero de 2009 (fecha de terminación de la etapa de
construcción del contrato de obra), se informa por parte de la Interventoría que los
montos necesarios para terminar la ejecución de las obras eran:
Adicionales con AIU: $426.284.444
Mayores y menores cantidades de obra con AIU: $288.483.287
Total: $714.767.731
“Ante esta solicitud la Dirección Técnica de Espacio Público consideró:
“- Como se manifestó anteriormente en el plazo restante de 1 semana para la
terminación en la obra, era imposible ejecutar este monto.
“- El contratista adeudaba a sus proveedores y trabajadores altos recursos
económicos, hecho que originaba el riesgo de que dichos recursos fueran invertidos
no en actividades de obra, sino en pagos de acreedores.
88 Folio 307 del cuaderno 4.
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“-Lo anterior basados en la cesión del acta Nº 6 de recibo parcial de obra nº 4, la
cual fue girada a una fiducia de la firma aseguradora, SEGUREXPO quienes se
encargaron de cancelar las deudas asumidas por la firma contratista …
“(…)
“Con respecto a los argumentos relacionados con las mayores cantidades de obra
destinadas a la ejecución de las actividades u obras adicionales solicitadas por la
ETB … se debe tener en cuenta que esta solicitud se produjo solo hasta el 10 de
febrero de 2009 como resultado de un recorrido de verificación … y comunicada al
IDU a través del oficio con radicado IDU 012417 del 12 de febrero de 2009; recibido
en la Dirección Técnica de Espacio Público el viernes 13 de febrero de 2009, es
decir, a 12 días de la terminación de la etapa de construcción del contrato de obra
159 de 2007… mediante el oficio con radicado IDU 016302, en el que al realizar la
suma de los ítems de las obras solicitadas para ETB, se obtiene como resultado un
valor de $104.150.024, en costo directo de los $714.767.731,19 solicitados por la
interventoría para la adición referida en el recurso. Con base en lo anterior, se
ratifica la falta de control financiero de la interventoría frente al contrato de obra IDU
159 de 2007, al existir obras e ítems adicionales que no fueron reportados
oportunamente por el Consorcio CG a la entidad …”89.
105. En esa medida y ante la evidencia de que no existía claridad sobre los
recursos requeridos, se torna forzoso colegir que para ese momento la firma
interventora no tenía un panorama completo de lo que necesitaba la obra para
concluir de forma exitosa, escenario que ratifica la falta de supervisión y vigilancia
que el IDU le atribuyó en los actos acusados.
106. Aunado a lo anterior, en relación con los problemas e inconsistencias que el
contratista advirtió respecto de los diseños, lo cierto es que no se observa una
oportuna supervisión de tales vicisitudes, por cuanto una vigilancia en tiempo
habría advertido de forma precedente que el presupuesto establecido para dicho
ítem estaba agotado, y habría adelantado las labores tendientes a su adición, de
forma oportuna, sopesada y justificada, situación que, como se vio, no ocurrió en
el caso en estudio.
107. Con fundamento en todo sostenido, la Sala concluye que el consorcio CG no
logró acreditar que la fundamentación esgrimida en las resoluciones enjuiciadas
resultará disímil a la realidad probatoria, pues no contrarió los fundamentos que le
sirvieron de sustento, como fue el concepto relativo a los defectos de calidad de
los materiales usados y los defectos en la construcción, rendido por la
Universidad Nacional de Colombia, así como la falta de control y supervisión del
presupuesto asignado para el contrato de obra, de modo que, bajo la óptica de
este cargo, no desvirtuó la presunción de legalidad de que gozan los actos
debatidos.
(viii) Desviación de poder
108. Sobre el particular, el apelante aseveró que se configuró este vicio, en la
medida que las decisiones del IDU sobre no tramitar la prórroga y la adición, así
como la caducidad del contrato de obra, tenían como propósito adjudicar de forma
89 Folio 306 del cuaderno 4.
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irregular la obra a una nueva sociedad, escenario que le impidió recibir las obras y
elaborar el informe final –incumplimientos que se le endilgaron-.
109. Con el ánimo de desatar este cargo, se precisa que este vicio se relaciona
con la falta o tergiversación de uno de los elementos de validez de todo acto
administrativo, a saber, que sea expedido en ejercicio de un fin legítimo, dado
que “… el acto no puede perseguir otra finalidad directa o encubierta que el
interés público que prescriba la norma en ejercicio de una actividad reglada o del
que surja de la confrontación con la función administrativa que el órgano cumple,
si la pertinente actividad fuere discrecional”90.
110. Así las cosas, este yerro se configura “cuando el acto proferido por la
autoridad competente y con las formalidades requeridas en realidad persigue
fines ajenos a los que la ley ha consagrado, bien que esté enderezado a un fin
dañino o espurio ora a uno ventajoso para el Estado o la sociedad, pero no
coincidente con el establecido en la norma; es decir, puede expresarse cuando se
utiliza la facultad con un interés personal del funcionario o para beneficiar a un
tercero, o para un fin que se revela como lícito pero al que se llega con
inobservancia de las normas legales y, por lo mismo, contrariando los fines de
éstas”91.
111. Igualmente, en consonancia con el previsto en los artículos 3 de la Ley 80 de
1993, que prevé que “los servidores públicos tendrán en consideración que al
celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el
cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los
administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines…” y 23
de la misma ley, que determina que “las actuaciones de quienes intervengan en
la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de
transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados
que rigen la función administrativa …”, si se acredita entonces que, pese a que el
acto fue expedido por la autoridad competente y con las formalidades exigidas,
éste contiene un fin que dista del establecido en el ordenamiento jurídico, lejano
del interés general y de los principios que rigen la función administrativa, puesto
que está orientado a beneficiar directamente a quien lo profiere o a terceros,
procede su declaratoria de nulidad ante la constatación de la invalidez de uno de
sus elementos.
112. En el sub examine, la Sala encuentra que el consorcio interventor no
demostró la desviación de poder alegada, pues no obra prueba que demuestre de
forma fehaciente que la decisión de declarar el incumplimiento del contrato de
obra 159 de 2007 tuvo origen en un fin distinto a la protección del interés general,
dado que dicha declaratoria estuvo debidamente motivada y se basó en razones
90 CASSAGNE, Juan Carlos: “El Acto Administrativo”, Segunda Edición, Bogotá, Temis, 2013, p, 199.
91 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del
28 de mayo de 2012, radicación 07001-23-31-000-1999-00546-01(21489), Consejera Ponente: Ruth Stella
Correa Palacio.
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que demostraban la inobservancia de las funciones que le correspondían al
consorcio CG; tampoco hay prueba de que la adopción de medidas como la toma
de posesión por el IDU y la continuidad de la obra a través de otro contratista,
estuvieran orientadas a defraudar al constructor originario o al consorcio CG y a
privilegiar irregularmente a un nuevo colaborador de la Administración, pues,
como se anotó líneas atrás, el inciso segundo del artículo 18 de la Ley 80 de
1993 autoriza a la entidad pública a abstenerse de declarar la caducidad y, en su
lugar, a adoptar medidas que garanticen la continuidad de la obra o servicio
contratados, sin que bajo el sub lite obre prueba de lo contrario.
Corolario de todo lo anterior, concluye la Sala que el interventor no desvirtuó la
presunción de legalidad de los actos demandados, razón por la cual se
confirmará la sentencia de primera instancia.
(ix) Sobre la liquidación judicial del contrato
113. El a quo manifestó que la liquidación judicial del negocio jurídico no arrojó
saldo alguno a favor de las partes, por cuanto la entidad pagó lo que le
correspondía, esto es, hasta cuando el consorcio acreditó la observancia de sus
obligaciones contractuales, aspecto que no fue apelado por la parte actora. De
modo que no le compete al ad quem volver sobre temas no discutidos frente al
fallo impugnado y que son aceptados por el recurrente (porque omite debatirlos
en la sustentación del recurso de apelación o porque expresamente los elimina de
la discusión), pues éstos quedan cobijados por la presunción de legalidad y
acierto que acompaña a las providencias judiciales.
114. Si en gracia de discusión, se considera que esta materia está directamente
enlazada con los reparos de la apelación, lo cierto es que al advertir que no tienen
vocación de prosperidad los aspectos discutidos por el recurrente y que, por ende,
no se desvirtuó la presunción de legalidad que cobija a los actos administrativos
cuestionados, no hay lugar a pronunciarse sobre la existencia de saldo alguno a
favor del consorcio interventor.
Costas
115. En los términos del artículo 188 del CPACA, la liquidación y ejecución de la
condena en costas se sujetará a las reglas previstas en el Código General del
Proceso, normativa que establece, en su artículo 365, numeral 1, que se
condenará en costas “a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación …”.
La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el
Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que
dispone el artículo 366 del Código General del Proceso.
116. En este orden de ideas, se fijan las agencias en derecho, para esta instancia,
en la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL VEINTISÉIS
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PESOS M/CTE ($2’518.026) a favor del Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-, cifra
que no supera el 5% sobre las pretensiones que fueron formuladas en este
proceso, límite máximo para la tasación de las costas en segunda instancia,
según lo establece el Acuerdo 1887 de 2003.
IV. PARTE RESOLUTIVA
117. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 19 de noviembre de 2015, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, de
conformidad con las razones esgrimidas en esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas, por esta instancia, al Consorcio CG, en favor
del Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- por la suma de DOS MILLONES
QUINIENTOS DIECIOCHO MIL VEINTISÉIS PESOS M/CTE ($2’518.026).
Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal a quo.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE92
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
VF
92 Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que
se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Se recuerda que, con la
finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema
SAMAI.
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