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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-31-006-2009-00830-01

Fecha
2 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-31-006-2009-00830-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 25 de septiembre de 2015 proferida por el «[…] TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CON SEDE EN BARRANQUILLA (…) SALA ITINERANTE ADMINISTRATIVA DE DESCONGESTIÓN […]», por los motivos expuestos en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 08001-23-31-006-2009-00830-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

2 de noviembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicado: 08001 23 31 006 2009 00830 01
Demandante: JOSÉ ALIRIO MORA FERNÁNDEZ - DELICHEF
Demandado: E.S.E. REDEHOSPITAL EN LIQUIDACIÓN – FIDUPREVISORA S.A.
Tema: PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE ENTIDADES DEL SECTOR SALUD –
presunción de legalidad de los actos administrativos / Reiteración de
jurisprudencia

Sentencia de segunda instancia

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en
contra de la sentencia de 25 de septiembre de 20151 proferida por el «[…]
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CON SEDE EN BARRANQUILLA (…) SALA
ITINERANTE ADMINISTRATIVA DE DESCONGESTIÓN […]».

I. Antecedentes
I.1.- La demanda2

señor José Alirio Mora Fernández, quien representa a la «[…] empresa
1. El
DELICHEF […]», actuando a través de apoderado judicial y en ejercicio de la acción
de nulidad y restablecimiento prevista en el artículo 85 del Código Contencioso
Administrativo ─en adelante CCA─, acudió ante la jurisdicción contencioso
administrativa para elevar las siguientes pretensiones:

«[…] PETICIÓN (…) En consideración a lo antes expuesto: PRIMERO: Que se
declare la nulidad del Acto Administrativo la resolución 711 de mayo 25 de 2009
(los artículos Décimo, décimo primero) (sic), por el cual se determinó, calificó y
graduó las acreencias oportunamente presentadas a la masa liquidatoria de la
RED de Hospitales, en especial lo atinente al RECHAZO mediante acto referido
de la acreencia quirografaria Delichef, la cual registró en este acto
administrativo la acreencia bajo número 198-3133 de fecha 9/02/2009, bajo
número de identificación (…) por valor de 176.000.000, y en su defecto se sirva
se reestablecer (sic) la acreencia a mi cliente la cual legitima (vínculo ordenes
de servicios) y legalmente adquirido (entrega material) y se ordene incorporar,
aceptar y cancelar en su totalidad la acreencia quirografaria de la empresa
DELICHEF como cierta en esta masa liquidatoria o por el Distrito de Barranquilla
quien fue quien ordenó la liquidación de la entidad decreto 0883 de 2008 del 24
de diciembre (sic)

1 Fol. 563-570, C. 4.
2 Fol. 2-33, C. 1.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 08001 23 31 006 2009 00830 01
Demandante: JOSÉ ALIRIO MORA FERNÁNDEZ - DELICHEF
Demandado: E.S.E. REDEHOSPITAL EN LIQUIDACIÓN

Otrora se cancele e incorpore y cancele todo y cada uno de los dineros o
emolumentos a los cuales Tiene Derecho mi cliente (sic), y los que llegaren a
constituir, dentro de los términos previstos de esta acción.

SEGUNDA: Que como consecuencia de las anteriores determinaciones y a
título de Restablecimiento del Derecho, se ordene definitivamente el pago de la
acreencia establecida en la masa liquidatoria como rechazada en su totalidad
por un monto de 176.000.000 millones de pesos.

TERCERA: Que se decrete la suspensión provisional del Acto Administrativo,
la resolución 711 de mayo 25 de 2009 (los artículos Décimo, décimo primero),
descrito en la presente acción, y respecto de aspectos que se sustenta la
violación de normas en sus artículo 29 y 13 de la carta política (sic).

CUARTA: Que se ordene el cumplimiento de la sentencia dentro del término de
establecido en el artículo 176 del CCA.

QUINTA: Si no se efectúa el pago en forma oportuna, la entidad liquidará los
intereses comerciales y moratorios como lo ordena el artículo 177 del C.C.A.

SEXTA: La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo previsto
en el artículo 178 del C.C.A., aplicando los ajustes de valor desde la fecha de
ejecutoria de la sentencia que le ponga fin al proceso.

SÉPTIMA: Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Alcaldía
de Barranquilla, a la entidad dirección distrital de liquidaciones para que se
reconozca y pague a mi mandante las sumas correspondientes a la acreencias
correspondiente (sic) a 175.000.000 millones de pesos correspondientes a la
acreencias supeditadas (sic) en órdenes de servicios entregados a la RED DE
HOSPITALES, de conformidad con lo previsto en el Artículo 178 del C.C.A., se
pague en su totalidad con los intereses corriente y demora que ordene la ley
[…]».

I.1.1. Los hechos

2. Los hechos que sustentan la demanda y sus pretensiones pueden sintetizarse de
la siguiente forma:

2.1. La parte actora adujo que el alcalde distrital de Barranquilla, a través del Decreto
núm. 883 de 24 de diciembre de 20083, ordenó la liquidación de la Empresa Social
del Estado REDEHOSPITAL.

2.2. Afirmó que entre ella y la Empresa Social del Estado REDEHOSPITAL existió un
«[…] vínculo legal establecido producto de órdenes de prestación de servicios […]»
para el suministro de comida, las cuales fueron legalizadas y frente a las cuales se
pagaron los respectivos impuestos.

2.3. Anotó que se realizó «[…] la entrega material del servicio solicitado […]», lo cual
fue aceptado y reconocido por los hospitales interventores y certificado por «[…] el

3 “POR EL CUAL SE SUPRIME LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REDEHOSPITAL DEL ORDEN
DISTRITAL, SE ORDENA SU LIQUIDACIÓN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.

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Radicación: 08001 23 31 006 2009 00830 01
Demandante: JOSÉ ALIRIO MORA FERNÁNDEZ - DELICHEF
Demandado: E.S.E. REDEHOSPITAL EN LIQUIDACIÓN

receptor de cada mercancía de bien de consumo suministrada, de la cual arroja
ciertamente un valor de 175.000.000.000 (sic) millones de pesos […]».

2.4. Aseveró que presentó oportunamente «[…] solicitud de incorporación de la
acreencia […]», no obstante, su reclamación núm. 198-3133 de 9 de febrero de
2009 por «[…] valor de 176.000.000 […]» fue rechazada mediante la Resolución
núm. 711 de 25 de mayo de 2009, expedida por el doctor Felipe Negret Mosquera,
apoderado general de la Fiduprevisora S.A., agente liquidador de la E.S.E.
REDEHOSPITAL EN LIQUIDACIÓN.

2.5. Apuntó que a través del citado acto administrativo se determinaron, calificaron y
graduaron las acreencias oportunamente presentadas al proceso de liquidación.

I.1.2. Las causales de nulidad invocadas por el actor

3. A pesar del contenido confuso de la demanda formulada por el actor, es posible
colegir que solicita la nulidad de la Resolución núm. 771 de 15 de mayo de 2009,
expedida por el apoderado general de la Fiduciaria La Previsora S.A., liquidadora
de la E.S.E. REDEHOSPITAL EN LIQUIDACIÓN, por estimar que se encuentra
falsamente motivada.

4. Apuntó que la resolución enjuiciada se sustentó en razones de forma y de
procedimiento y no sustanciales y de fondo, lo cual va en contravía de los derechos
y garantías constitucionales, en particular de las previstas «[…] en los artículos 13
y 29 de la carta política […]».

5. Sostuvo que negar el reconocimiento de su reclamación vulneraba derechos
fundamentales contenidos en los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 25, 29, 42, 83, 84, 85 y 124
de la Carta Política y, además, que su acreencia, como todas las allegadas al
proceso de liquidación, debían ser respetadas en igualdad de condiciones y, en tal
contexto, no podía negarse el reconocimiento de su derecho ni ser discriminado por
no haber aportado documentos relativos a aquella -su acreencia-.

6. Manifestó que la Empresa Social del Estado REDEHOSPITAL, antes de
liquidarse, debió recaudar y mantener en la esfera de su protección, todos y cada
uno de los documentos de cada acreencia.

7. Alegó que su reclamación estaba sustentada válidamente en órdenes de
prestación de servicios, frente las cuales canceló impuestos locales y nacionales y
respaldó su ejecución con pólizas de garantía.

8. Adujo, de una parte, que los servicios contratados fueron recibidos a satisfacción
por el interventor y por quienes los requirieron y, de otra parte, que la acreencia
estaba debidamente soportada en «[…] facturas, orden de servicio, pago de

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Radicación: 08001 23 31 006 2009 00830 01
Demandante: JOSÉ ALIRIO MORA FERNÁNDEZ - DELICHEF
Demandado: E.S.E. REDEHOSPITAL EN LIQUIDACIÓN

impuestos contractuales, interventoría, recibidos a satisfacción, pago de declaración
de renta, pago de IVA […]».

9. Argumentó que el rechazo del reconocimiento y pago de la acreencia le causó un
detrimento patrimonial injustificado puesto que, insiste, cumplió a cabalidad los
servicios que se le requirieron, añadiendo que el acervo probatorio que acreditaría
que la obligación es legítima y que se adeuda se encontraba en la entidad
hospitalaria y, por ello, debía reposar en la entidad en liquidación.

10. Destacó, aludiendo al artículo 228 de la Carta Política que prevé «[…] el
postulado de prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental […]», que
había aportado todos los documentos, que estos igualmente reposaban en la
entidad en liquidación por haber sido suministrados por las entidades hospitalarias
a la red, y que nuevamente los aportó con su reclamación al proceso de liquidación,
por lo que «[…] la documentación o la forma no es razón para negar […]» pues
suministró de manera real y efectiva los bienes de consumo contratados.

11. Mencionó que, si se estimaba que había incumplido los contratos suscritos, no
se explicaba por qué la administración no empleó los instrumentos que le otorgaban
los artículos 15, 16, 17, 18, 24, 25, 68, 69, 70 y 71 de la Ley 80 de 19934, reiterando
que, en todo caso, había cumplido, de buena fe, con la entrega a los hospitales de
los bienes de consumo contratados para la atención de enfermos y personal
asistencial.

I.2. La contestación de la demanda por parte del Distrito Especial, Industrial y
Portuario de Barranquilla5

12. El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, a través de apoderado
judicial, contestó la demanda y en ella se opuso a las pretensiones de la misma por
carecer de todo fundamento legal y jurídico6.

4 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
5 Fol. 203-213, C. 2.
6 El apoderado judicial del actor, mediante escrito de 15 de octubre de 2009 [Fol. 103, C.1.], con

anterioridad a que el despacho sustanciador del proceso emitiera el auto admisorio de la demanda,
le informó a la autoridad judicial «[…] la terminación de la liquidación de la entidad RED PUBLICA
HOSPITALARIA DE BARRANQUILLA REDEHOSPITALES DE BARRANQUILLA ESE
REDEHOSPITAL EN LIQUIDACIÓN, que hiciera en acta final de liquidación el 22 de septiembre de
2009, publicada en la Gaceta Distrital de Barranquilla bajo número 323 el 23 de septiembre de 2009,
y al cesar sus efectos legales informo y anexo fotocopia de la gaceta a efectos de su conocimiento
[…]».
Con el anterior memorial [fol. 104-109, C.1.] se aportó el «[…] ACTA FINAL DE LIQUIDACIÓN DE
LA ESE RED PÚBLICA HOSPITALARIA DE BARRANQUILLA “ESE REDEHOSPITAL EN
LIQUIDACIÓN” […]» de 22 de septiembre de 2009 y en la cual se «[…] procede a declarar terminado
el proceso de liquidación y terminada la existencia jurídica de la ESE RED PÚBLICA HOSPITALARIA
DE BARRANQUILLA REDEHOSPITAL DE BARRANQUILLA “REDEHOSPITAL EN LIQUIDACIÓN”
[…]».
Pese a que dentro del expediente constaba la terminación de la existencia jurídica de la E.S.E
REDEHOSPITAL EN LIQUIDACIÓN, por lo que carecía de capacidad para ser parte dentro del
proceso, el despacho sustanciador del proceso emitió el auto de 13 de agosto de 2010 [fol. 194, C.
1.], a través del cual admitió la demanda y ordenó la notificación personal del alcalde del distrito de

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Radicación: 08001 23 31 006 2009 00830 01
Demandante: JOSÉ ALIRIO MORA FERNÁNDEZ - DELICHEF
Demandado: E.S.E. REDEHOSPITAL EN LIQUIDACIÓN

13. Argumentó, en primer lugar, la falta de legitimación en la causa por pasiva puesto
que la E.S.E. REDEHOSPITAL LIQUIDADA era una entidad descentralizada del
orden territorial con autonomía administrativa, patrimonio propio y capacidad
jurídica propia.

14. Adujo que de tal naturaleza jurídica surgía que aquella empresa social del estado
era una entidad independiente del distrito con plena capacidad jurídica, por lo que
el distrito no se encontraba obligado a responder o asumir obligación alguna en
relación con los hechos y la causa petendi.

15. Aseguró que el distrito no asumió ninguna obligación frente a las situaciones
jurídicas no definidas en el proceso de liquidación de la entidad, puesto que para
dicho efecto se designó un mandatario con representación que se encargaría de las
actividades posteriores a la extinción jurídica de aquella -la E.S.E. REDEHOSPITAL EN
LIQUIDACIÓN-, por lo que dicho mandatario quedó facultado para representar a la
liquidada. Así, añadió, «[…] era a FIDUPREVISORA S.A. a quién (sic) debía
demandarse y no a mi representada […]».

16. Alegó, en segundo lugar, que el distrito no adquirió obligación de ningún tipo o
se subrogó en alguna otra relacionada con las situaciones jurídicas no definidas de

Barranquilla y del señor Felipe Negret Mosquera, apoderado general de Fiduprevisora S.A., sociedad
liquidadora de la citada empresa social del Estado.
Consta en el expediente [fol. 201-202, C. 2] que no fue posible la notificación de REDEHOSPITAL
EN LIQUIDACIÓN, cuyo liquidador era la sociedad Fiduprevisora S.A., conforme lo estableció el
artículo segundo del Decreto Distrital núm. 883 de 24 de diciembre de 2008 [fol. 273-285, C. 2],
puesto que, como lo informó el notificador de la autoridad judicial, le fue comunicado que «[…] desde
el día 9 de septiembre de 2009 Redehospital en Liquidación se encontraba liquidada. Esta señora,
a la vez, me sugirió, que me trasladara a una ventanilla especial donde recepcionan documentos
dirigidos a Redehospital en Liquidación y ahí entregara los documentos para la notificación (…)
También le informo, que la persona que me atendió en la Alcaldía me firmó la copia del aviso como
constancia de recibido, debido a que la persona a notificar no se encontraba en el momento (…) Es
por esto, que en la copia del aviso aparece impreso como constancia de recibido el sello de la
Alcaldía Distrital de Barranquilla y no el de Redehospital en Liquidación como debería ser […]».
Como lo indicó el empleado judicial, el aviso de notificación a «[…] LA PREVISORA S.A. – RED DE
HOSPITALES DE BARRANQUILLA (EN LIQUIDACIÓN) […]» se realizó a la Alcaldía Distrital de
Barranquilla.
No sobra destacar que, en repetidos requerimientos formulados a Fiduprevisora S.A. [fol. 386-387,
C.4], dicha entidad manifestó que, a partir del 23 de septiembre de 2009, con la publicación en la
gaceta distrital núm. 323 en los diarios El Tiempo y El Heraldo, se había declarado la terminación del
proceso de liquidación y, por ello, de la existencia jurídica de la E.S.E. REDEHOSPITAL EN
LIQUIDACIÓN, por lo que cesaron todas las actividades y funciones de la sociedad fiduciaria como
liquidadora de aquella empresa social del Estado, por lo que se sugería acudir a la Alcaldía Distrital
de Barranquilla.
Cabe precisar que la sentencia de primera instancia indicó, frente a la vinculación al proceso de la
E.S.E. REDEHOSPITAL EN LIQUIDACIÓN que «[…] si bien es cierto que la red Pública Hospitalaria
de Barranquilla Redehospitales ya fue liquidada, no es menos cierto que la misma era una Empresa
Social del Estado del orden distrital, y cuya liquidación fue ordenada por el Distrito de Barranquilla,
siendo éste el llamado a comparecer ante la definitiva extinción de aquella, además de ser el
llamado a asumir las obligaciones insolutas de esta […]», aspecto que no fue objeto de
controversia en el recurso de apelación.

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Radicación: 08001 23 31 006 2009 00830 01
Demandante: JOSÉ ALIRIO MORA FERNÁNDEZ - DELICHEF
Demandado: E.S.E. REDEHOSPITAL EN LIQUIDACIÓN

la E.S.E. REDEHOSPITAL LIQUIDADA, razón por la cual la presentación de la
acción que en este proceso se tramita resultaría improcedente pues, en su
concepto, no es la responsable del pago de los conceptos solicitados por el actor,
los cuales deben ser asumidos por el «[…] MANDATARIO CON
REPRESENTACIÓN designado para el efecto en el acta final de la liquidación de la
entidad […]».

17. Aseveró, en tercer lugar, que la obligación debida al actor se «[…] ENCUENTRA
EXTINTA […]». Inicialmente mencionó que una vez se aprobó el informe final de la
liquidación de la E.S.E. REDEHOSPITAL EN LIQUIDACIÓN mediante acta de 22
de septiembre de 2009, se declaró la terminación del proceso de liquidación y, en
consecuencia, la extinción jurídica de aquella entidad.

18. Añadió a lo expuesto que el demandante, siguiendo los artículos 23 y 24 del
Decreto Ley núm. 254 de 20007 y el Decreto Distrital núm. 883 de 2008, si bien
presentó reclamación oportuna para hacer valer su acreencia en el proceso de
liquidación, no allegó la «[…] prueba sumaria de la existencia de la obligación a
cargo de la extinta REDEHOSPITAL, por lo que su solicitud fue rechazada […]».

19. Estableció, en tercer lugar, que el acto administrativo gozaba de presunción de
legalidad y añadió que el actor «[…] no establece de forma clara y concisa, como
debería hacerlo, en qué consiste la supuesta violación del orden jurídico que éste
alega en la expedición del acto demandado, ni la mención de las causales de
nulidad a que debía hacer alusión […]».

20. Formuló las excepciones de i) inepta demanda; ii) falta de legitimación en la
causa por pasiva; iii) falta de agotamiento de la vía gubernativa; iv) caducidad; v)
compensación; y, vi) inexistencia de la obligación.

21. Sostuvo, en lo que toca con la excepción de inepta demanda, en primer lugar,
que «[…] no aparece probado cuáles son los hechos y fundamentos de las
pretensiones que pretendían conciliar, sin demostrarse que se agotó el requisito de
conciliación en relación el objeto de debate del presente proceso […]», adicionando
que el demandante no aportó, junto con su demanda, la constancia de agotamiento
del trámite de la conciliación extrajudicial.

22. Insistió,
en segundo lugar, en que el acto administrativo acusado goza de
presunción de legalidad y, además, que el actor no expuso argumentos que
desvirtuaran tal presunción, advirtiendo que el concepto de la violación no explica
de manera clara y concisa en qué consiste la trasgresión del ordenamiento jurídico
y porqué se configuraron las causales de nulidad alegadas.

7 Por el cual se expide el régimen para la liquidación de las entidades públicas del orden nacional.

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Radicación: 08001 23 31 006 2009 00830 01
Demandante: JOSÉ ALIRIO MORA FERNÁNDEZ - DELICHEF
Demandado: E.S.E. REDEHOSPITAL EN LIQUIDACIÓN

23. Manifestó, en tercer lugar, que no existía identidad entre el acto acusado y el acto
mencionado en la demanda y, por ello, el juez debía declararse impedido, toda vez
que el actor solicitó la nulidad de la Resolución núm. 711 de 25 de mayo de 2009,
pero en realidad el acto a través del cual se determinaron, se calificaron y se
graduaron las acreencias dentro del proceso de liquidación de la E.S.E.
REDEHOSPITAL EN LIQUIDACIÓN fue la Resolución núm. 771 de 15 de mayo de
2009.

24. Reiteró, en lo que se refiere a la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva, lo expuesto en los argumentos de defensa y alegó, frente a la excepción
de falta de agotamiento de la vía gubernativa, que ésta no fue agotada en relación
con la entidad demandada -el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla-, luego
no existe una «[…] decisión de la administración que modifique, crea o extinga la
situación jurídica particular del interesado […]», por lo que se debería proferir
decisión inhibitoria.

25. Argumentó, respecto de la excepción de caducidad, que la parte actora «[…]
presentó la petición a la entidad, casi dos años después de haberse configurado su
derecho de reclamar las sumas adeudadas por la entidad, por lo que pretendía
revivir términos al observar que había presentado extemporáneamente la solicitud
de reconocimiento de acreencias dentro del proceso liquidatorio que se encontraba
en curso […]».

26. Mencionó, en lo atinente a la excepción de compensación, que en el caso en que
sea condenada a pagar suma de dinero alguna en favor de la parte actora, la misma
debería ser compensada «[…] con aquellas que mi representada pagó sin estar
obligada a ello, así mismo como las sumas cancelados (sic) al demandante durante
la vigencia de su contrato y a su terminación, sin estar obligado a ella, sumas que
deben ser compensadas con cualquier eventual condena […]».

27. Indicó finalmente, en lo que a la excepción de inexistencia de la obligación se
trata, «[…] la demandante presentó extemporáneamente la solicitud de
reconocimiento de acreencias dentro del proceso liquidatorio, a fin de que le fueran
canceladas las sumas adeudadas por concepto de prestación del servicio médico
obligatorio […]».

I.3.- Sentencia de primera instancia8

28. El «[…] TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CON SEDE EN BARRANQUILLA (…)
SALA ITINERANTE ADMINISTRATIVA DE DESCONGESTIÓN […]», en sentencia
de 25 de septiembre de 2015, dispuso lo siguiente:

8 Fol. 563-570, C. 4.

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Radicación: 08001 23 31 006 2009 00830 01
Demandante: JOSÉ ALIRIO MORA FERNÁNDEZ - DELICHEF
Demandado: E.S.E. REDEHOSPITAL EN LIQUIDACIÓN

«[…] PRIMERO: NIÉGUESE las pretensiones de la demanda (…) SEGUNDO:
Sin Condena en costas […]»

i) Las excepciones formuladas por la parte demandada

29. Luego de hacer un recuento de los antecedentes del proceso, consideró que el
problema jurídico a resolver era el consistente en «[…] determinar si el acto
administrativo demandado se encuentra afectado de nulidad al haber rechazado
una acreencia de la masa liquidatoria a nombre de la empresa DELICHEF […]».

30. Hizo referencia inicialmente a las excepciones propuestas por la parte
demandada. Destacó que no habría operado la caducidad de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho puesto que el acto administrativo acusado «[…] fue
expedido el 15 de mayo de 2009, y la demanda fue presentada el 15 de septiembre
de 2009 cuando habían transcurrido tres (3) meses y veintinueve (29) días del
término de caducidad […]».

31. Subrayó que, contrario a lo expuesto por la parte demandada, el actor si allegó
la constancia de agotamiento del trámite de conciliación extrajudicial, la cual fue
expedida por la Procuraduría 63 Judicial I Administrativa y en la que consta que fue
convocante el actor y convocado el Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla, por lo que no prosperó el medio exceptivo.

32. Recalcó, respecto de la falta de legitimación en la causa por pasiva, que «[…] si
bien es cierto que la red Pública Hospitalaria de Barranquilla Redehospitales ya fue
liquidada, no es menos cierto que la misma era una Empresa Social del Estado del
orden distrital, y cuya liquidación fue ordenada por el Distrito de Barranquilla, siendo
éste el llamado a comparecer ante la definitiva extinción de aquella, además de ser
el llamado a asumir las obligaciones insolutas de esta […]».

33. Mencionó, respecto de las excepciones de falta de identidad entre el acto
demandado y el que debió demandarse; compensación; e inexistencia de la
obligación, que en la medida en que están ligadas al fondo del asunto, no era
necesario realizar un estudio previo de las mismas y se resolverían en la decisión
definitiva.

ii) El análisis de los cargos de nulidad

34. Afirmó que la parte actora estimó que el acto administrativo acusado está
falsamente motivado puesto que rechazó la acreencia reclamada por el actor
aludiendo a razonamientos de forma y no de fondo, toda vez que no se tuvieron en
cuenta medios de prueba que acreditarían la entrega a satisfacción de los bienes
de consumo contratados, desconociéndose el derecho al debido proceso y el
principio de igualdad.

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Radicación: 08001 23 31 006 2009 00830 01
Demandante: JOSÉ ALIRIO MORA FERNÁNDEZ - DELICHEF
Demandado: E.S.E. REDEHOSPITAL EN LIQUIDACIÓN

35. Añadió que no podía ser objeto de discriminación por no haber aportado ciertos
documentos para que su reclamación fuera reconocida.

36. La primera instancia, para efectos de desatar el cargo formulado por el actor, citó
los artículos 1°, 2°, 23 y 24 del Decreto Ley núm. 254 de 2000; el artículo 293 del
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero9; los artículos 23, 25 y 26 del Decreto
núm. 211 de 200410; la sentencia de 25 de septiembre de 2012 proferida por esta
Corporación -sin identificarla- y la sentencia C-140 de 2001 expedida por la Corte
Constitucional.

37. Luego se refirió a la Resolución núm. 771 de 2009 -acto administrativo acusado-, para
indicar que en este no se expusieron las razones para rechazar las acreencias
reclamadas, entre ellas, las del actor, lo que habría limitado su derecho de
contradicción, pues no conoció a tiempo los argumentos en que se fundamentó la
decisión cuestionada.

38. Sin embargo, advirtió que, mediante auto de 14 de mayo de 2014, solicitó «[…]
al Distrito de Barranquilla allegara al expediente, copia auténtica de la base de datos
en la que se efectúa la valoración jurídica y contable de las reclamaciones, que
determina, califican y gradúan las acreencias correspondientes a Delichef […]».

39. Informó que el ente territorial remitió «[…] copia de lo que se denominó acta de
calificación, celebrada el 14 de mayo de 2009 suscrita por el Coordinador General
Jurídico y la abogada [de] la Unidad de Gestión Jurídica, visible a folios 457 a 468
del expediente […]», en la cual se detallaron una a una las órdenes de servicios
reclamadas y su calificación.

40. La primera instancia citó el análisis realizado a la orden de servicio 021 de agosto
de 2007, así:

«[…] “-Orden de servicio 021 de agosto de 2007 original (…) Valor: 12,000,000
(…) CDP 0992 y RP 2029 de 2070-08-25 (…) Pago de impuestos originales (…)
Entradas a almacén con remisión original y certificación a satisfacción del
interventor original (…) Póliza y aprobación de 17 de diciembre de 2007 (…) No
se cumplió el requisito para legalización y perfeccionamiento de la orden
obligado dentro del ente territorial departamental (…) (Duda, si el liquidador
dudare sobre la procedencia o validez de una reclamación la rechazará, según
lo ordenado en el parágrafo del artículo 26 del Decreto 2211 de 2004.
(Rechazada)” […]»

9 "Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y

numeración".
10 por medio del cual se determina el procedimiento aplicable a las entidades financieras sujetas a toma de

posesión y liquidación forzosa administrativa.

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Radicación: 08001 23 31 006 2009 00830 01
Demandante: JOSÉ ALIRIO MORA FERNÁNDEZ - DELICHEF
Demandado: E.S.E. REDEHOSPITAL EN LIQUIDACIÓN

41. Citó apartes del capítulo tercero de la Resolución núm. 771 de 2009, el cual fijó
los requisitos para la aceptación de los créditos y las condiciones para el rechazo
de las reclamaciones, en particular, el numeral 3.1.2, el cual estableció que, de
acuerdo con el artículo 26 del Decreto 2.211 de 2004, si el liquidador duda sobre la
procedencia o validez de una acreencia, la debe rechazar.

42. Observó, desde tal punto de vista, que:

«[…] para la Sala resulta acertado el planteamiento efectuado por la entidad
demandada, toda vez que existió el documento a través del cual se motivó el
acto acusado que dio pie al rechazo de la acreencia presentada por la parte
accionante, así las cosas no se predica vicio de nulidad alguno en la decisión
administrativa que se ha demandado, motivo por el cual el cargo que se estudia
no tiene vocación de prosperidad (…) Si bien es cierto, el hecho de que el acto
administrativo sea motivado es un problema de forma del acto, cuando la
Constitución Política o la ley ordenan que ciertos actos se dicten de forma
motivada y que dicha motivación conste, por lo menos, en forma breve en el
acto administrativo, se está condicionando el modo de expedirse, esto es, que
se expidan con una motivación al menos sumaria (…) Así las cosas, de acuerdo
con lo expuesto en líneas que anteceden, se negará el cargo de nulidad y al no
haberse demostrado que el acto demandado estaba incurso en los defectos
alegados, mantiene su presunción de legalidad y en consecuencia se negarán
las pretensiones de la demanda […]»

I.4. El recurso de apelación11

43. La parte actora, inconforme con la decisión de primera instancia y por intermedio
de su apoderado judicial, presentó recurso de apelación orientado a que se revoque
tal decisión y se acceda a las pretensiones de la demanda.

44. Manifestó que presentó oportunamente su reclamación al proceso de liquidación
de la E.S.E. REDEHOSPITAL EN LIQUIDACIÓN junto con los documentos que
acreditaban su acreencia para que la entidad «[…] le impartiera su valoración
jurídica y contable y se determinara con esta reclamación su calificación y grado
[…]».

45. Enfatizó que el liquidador de la mencionada entidad, sin exponer argumento,
decidió rechazar la reclamación presentada e hizo referencia a que el magistrado
instructor del proceso ordenó a la demandada remitir «[…] la base de datos en la
que se efectuó la valoración jurídica y contable […]» de su acreencia, la cual fue
enviada y hace parte del expediente de este proceso.

46. Afirmó que cumplió con todas exigencias legales para el reconocimiento de su
acreencia y, en tal sentido, advirtió que del estudio realizado a la orden de servicios
021 de agosto de 2007 y que se consignó en la sentencia de primera instancia, se
llegaría a la conclusión de que ha debido ser pagada.

11 Fol. 572-578, C. 4.

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47. Añadió a lo expuesto que:

«[…] nos encontramos con lo contradictorio en su apreciación negativa, cuando
señala que las acreencias de DELICHEF, no cumplió el requisito para
legalización y perfeccionamiento de las órdenes de servicios, y describe entre
otras, la falta de: PÓLIZA y PAZ Y SALVO DE LOS IMPUESTOS. Injusto esto,
señores Consejeros, por que (sic) en el acta de calificación de acreencias,
correspondientes a DELICHEF, se encuentra que las órdenes de servicios
cuentan con los soportes de la siguientes documentación en forma detallada,
así: “-Orden de servicio 021 de agosto de 2007 Original, por valor de
$12,000,000, CDP 0992 y RP 2029 de 2070-08-25, Pago de impuestos
originales (…), Entradas a almacén con remisión original y certificación a
satisfacción del interventor original, póliza y aprobación de 17 de diciembre de
2007 (…) La duda la expresa: cuándo dice que: No se cumplió el requisito para
legalización y perfeccionamiento de la orden de servicios, a saber, póliza y paz
y salvo de los impuestos a los que está obligado dentro del ente territorial
departamental. Luego entonces, esto no es cierto, por lo tanto fácil es colegir
que la acreencia de DELICHEF está llamada prosperar (…) En fin H.
Consejeros, todas las órdenes de servicios reclamadas en el presente proceso,
las cuales de acuerdo con la información suministrada por la misma
demandada, estuvieron acompañadas de las respectivas facturas o título que
las soportaba, los respectivos certificados de disponibilidad presupuestal y
registro presupuestal, la póliza de cumplimiento y su aprobación, además de la
prueba de haber sido recibidas en el almacén de la extinta Redehospital y
refrendadas por el interventor a través de un documento allegado al expediente
en original (…) En otras palabras, contrario a lo manifestado por el liquidador
de Redehospital, sobre la acreencia reclamada por el accionante, no existía
dudas sobre su procedencia en tanto que se encontraban respaldadas con la
documentación necesaria para su aceptación, circunstancias que derrumba de
contera la presunción de legalidad del acto administrativo censurado […]»

48. Concluyó que estando demostrada la prestación del servicio por la parte actora
y probado el injusto rechazo de las obligaciones reclamadas, se debe acceder a la
nulidad del acto acusado y al restablecimiento solicitado, debiéndose ordenar el
reconocimiento y pago de las acreencias reclamadas a cargo del Distrito Especial,
Industria y Portuario de Barranquilla, «[…] por ser el ente a quien (sic) se le
transfirieron los bienes, derechos y obligaciones de la ESE REDHOSPITAL EN
LIQUIDACIÓN […]».

I.5. Trámite del recurso de apelación

49. El magistrado ponente a cargo de la sustanciación del proceso en primera
instancia, a través del auto de 9 de marzo de 201612, concedió el recurso de
apelación interpuesto por la parte actora.

50. El magistrado del Consejo de Estado a cargo de la sustanciación del proceso en
segunda instancia, mediante auto de 30 de septiembre de 201613, admitió el recurso
de apelación y, además, decidió que, en firme lo anterior, se corriera traslado a las

12 Fol. 583, C. 4.
13 Fol. 4, C. Consejo de Estado.

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partes para que presenten sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para
que, de considerarlo pertinente, rindiera concepto.

51. La parte actora14 y la demandada15, a través de sus apoderados judiciales,
presentaron alegaciones de conclusión en los cuales reiteraron los argumentos
expuestos a lo largo del proceso. El agente del Ministerio Público no intervino en
esta oportunidad.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

52. Esta sala de decisión, para desatar los argumentos del recurso de apelación
presentado por la parte demandante, abordará: i) su competencia; ii) el acto
administrativo acusado; iii) el problema jurídico; y, vi) el caso concreto, para,
posteriormente, precisar v) las conclusiones de su análisis.

II.1. La competencia

53. La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en
segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos en contra de las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del CCA16 y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de esta
Corporación.

II.2. El acto administrativo acusado

54. El acto administrativo acusado es la Resolución núm. 771 de 15 de mayo de
200917, por la cual se determinaron, calificaron y graduaron las acreencias
oportunamente presentadas con cargo y excluidas de la masa de liquidación de la
E.S.E. REDEHOSPITAL EN LIQUIDACIÓN, dentro de las que se encuentra la
presentada por «[…] DELICHEF […]».

55. En este acto administrativo se decidió, en relación con la acreencia presentada
por la demandante, lo siguiente:

«[…] ARTÍCULO DÉCIMO. RECHAZAR las siguientes reclamaciones
presentadas con cargo a los bienes y sumas de la masa liquidatoria de la ESE
REDEHOSPITAL EN LIQUIDACIÓN: (…) 198 (…) 3133 (…) 9/02/2009 (…)
DELICHEF (…) 176.000.000 (…) RECHAZADO […]»

14 Fol. 6-9, C. Consejo de Estado.
15 Fol. 10-17, C. Consejo de Estado.
16 «Artículo 129. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia

de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el
extraordinario de revisión (…)».
17 Cuaderno núm. 3.

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56. En atención a la extensión del acto administrativo, se citarán únicamente las
partes necesarias para desatar los cargos formulados.

II.3. El problema jurídico

57. La Sala, siguiendo las prescripciones de los artículos 32018 y 32819 del CGP,
aplicables por remisión del artículo 267 del CCA, así como el recurso de apelación
presentado por la parte demandante, considera que el problema jurídico que se
debe resolver en el presente asunto es el consistente en determinar si resulta
procedente, conforme lo solicita el apelante, la declaratoria de nulidad de la
Resolución núm. 771 de 15 de mayo de 2009, en lo que a la calificación de la
acreencia presentada por «[…] DELICHEF […]» se refiere y, de esta manera,
acceder al restablecimiento solicitado.

58. Lo anterior en atención a que el apelante estima que, a pesar que allegó al
proceso de liquidación de la E.S.E. REDEHOSPITALES EN LIQUIDACIÓN, los
documentos necesarios para acreditar la existencia y validez de la obligación
reclamada, el liquidador de tal institución, rechazó la acreencia por no allegar la
prueba de haber constituido las garantías que respaldaran el cumplimiento de los
contratos celebrados con la empresa social del Estado y haber cancelado los
respectivos impuestos que la celebración de los mismos acarreaba.

II.4. El caso concreto

59. La Sala, para efectos de desatar el cargo propuesto, debe mencionar que el
alcalde del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, mediante el
Decreto núm. 883 de 24 de diciembre de 2008, ordenó:

«[…] ARTÍCULO 1°. SUPRESIÓN Y LIQUIDACIÓN. Suprímase la Empresa
Social del Estado REDEHOSPITAL, entendida como una categoría especial de
entidad pública descentralizada del orden Distrital, dotada de personería
jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creada mediante Decreto
No. 0255 del 23 de Julio de 2004 del Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla. En consecuencia, a partir de la vigencia del presente Decreto la
Empresa Social del Estado REDEHOSPITAL entrará en proceso de liquidación

18 «ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior

examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión.
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante
se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71»
19 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse

solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en
costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia»

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y utilizará para todos los efectos la denominación de “Empresa Social del
Estado REDEHOSPITAL en liquidación”.

(…)

ARTÍCULO 2°. RÉGIMEN DE LIQUIDACIÓN. Por tratarse de una entidad
pública del orden Distrital, la liquidación de la Empresa Social del Estado
REDEHOSPITAL, se regirá por las disposiciones especiales contenidas en el
presente Decreto, así mismo se someterá a las disposiciones del Decreto-ley
254 de 2000, modificado por la Ley 1105 de 2006, las normas que lo modifiquen,
sustituyen o reglamenten y en lo no dispuesto, se aplicarán las disposiciones
del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y disposiciones que lo
complementen, modifiquen o adicionen […]»

60. El liquidador de la E.S.E. REDEHOSPITALES EN LIQUIDACIÓN, siguiendo lo
expuesto, indicó, en el acto administrativo acusado, que:

«[…] El Régimen Jurídico aplicable al presente proceso liquidatorio es el
contenido en el Decreto 0883 de 24 de 2008 proferido por el Alcalde Distrital de
Barranquilla, el Decreto 254 de 2000 modificado por la ley 1105 de 2006, las
disposiciones del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el Decreto 2211 de
2004, las normas que las modifiquen, sustituyan o reglamenten […]»

61. El Decreto Ley núm. 254 de 2000, en lo pertinente, señaló que:

«[…] ARTICULO 1o. AMBITO DE APLICACION. <Artículo modificado por el
artículo 1 de la Ley 1105 de 2006. El nuevo texto es el siguiente:> La presente
ley se aplica a las entidades públicas de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional,
respecto de las cuales se haya ordenado su supresión o disolución. La
liquidación de las Sociedades Públicas, las Sociedades de Economía Mixta en
las que el Estado posea el noventa por ciento (90%) o más de su capital social
y las Empresas Sociales del Estado, se sujetarán a esta ley.

Los vacíos del presente régimen de liquidación se llenarán con el Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero y las normas que lo desarrollan.

Aquellas que por su naturaleza tengan un régimen propio de liquidación,
contenido en normas especiales, una vez decretada su supresión o disolución
realizarán su liquidación con sujeción a dichas normas.

PARÁGRAFO 1o. Las entidades territoriales y sus descentralizadas, cuando
decidan suprimir o disolver y liquidar una entidad pública de dicho nivel, se
regirán por las disposiciones de esta ley, adaptando su procedimiento a la
organización y condiciones de cada una de ellas, de ser necesario, en el acto
que ordene la liquidación.

PARÁGRAFO 2o. Las entidades de orden territorial que se encuentren en
proceso de liquidación a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, podrán
acogerse en lo pertinente a lo dispuesto en la presente ley.

(…)

ARTICULO 7o. DE LOS ACTOS DEL LIQUIDADOR. <Artículo modificado por
el artículo 7 de la Ley 1105 de 2006. El nuevo texto es el siguiente:> Los actos
del liquidador relativos a la aceptación, rechazo, prelación o calificación

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de créditos y en general, los que por su naturaleza constituyan ejercicio
de funciones administrativas, constituyen actos administrativos y serán
objeto de control por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Los
actos administrativos del liquidador gozan de presunción de legalidad y
su impugnación ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo no
suspenderá en ningún caso el procedimiento de liquidación.

Sin perjuicio del trámite preferente que debe dar a las acciones instituidas por
la Constitución Política, la jurisdicción de lo contencioso administrativo dará
prelación al trámite y decisión de los procesos en los cuales sea parte una
entidad pública en liquidación.

Los jueces laborales deberán adelantar los procesos tendientes a obtener
permiso para despedir a un trabajador amparado con fuero sindical, de las
entidades que se encuentren en liquidación, dentro de los términos establecidos
en la ley y con prelación a cualquier asunto de naturaleza diferente, con
excepción de la acción de tutela. El incumplimiento de esta disposición será
causal de mala conducta.

Contra los actos administrativos del liquidador únicamente procederá el recurso
de reposición; contra los actos de trámite, preparatorios, de impulso o ejecución
del procedimiento no procederá recurso alguno.

El liquidador podrá revocar directamente los actos administrativos en los
términos del Código Contencioso Administrativo y demás normas legales.

(…)

ARTICULO 23. EMPLAZAMIENTO. <Artículo modificado por el artículo 23 de la
Ley 1105 de 2006. El nuevo texto es el siguiente:> Dentro del término de los
cuarenta y cinco (45) días siguientes a la fecha en que se inicie el proceso de
liquidación, se emplazará a quienes tengan reclamaciones de cualquier índole
contra la entidad en liquidación y a quienes tengan en su poder a cualquier título
activos de la entidad, para los fines de su devolución y cancelación.

Para tal efecto se fijará un aviso en lugar visible de las oficinas de la entidad,
tanto de su domicilio principal como de sus dependencias y seccionales, y se
publicarán dos (2) avisos en un diario de amplia circulación nacional y en otro
del domicilio principal de la entidad en liquidación, si fuere un municipio o distrito
diferente a Bogotá, con un intervalo no inferior a ocho (8) días calendario.

El aviso contendrá:

a) La citación a todas las personas que se consideren con derecho a
formular reclamaciones contra la entidad a fin de que se presenten
indicando el motivo de su reclamación y la prueba en que se fundamenta;

b) El término para presentar todas las reclamaciones, y la advertencia de que
una vez vencido este, el liquidador no tendrá facultad para aceptar ninguna
reclamación.

PARÁGRAFO. En los procesos jurisdiccionales que al momento de decretarse
la liquidación de la entidad se encontraren en curso y dentro de los cuales se
hubieren practicado medidas cautelares sobre los bienes de la entidad en
liquidación, levantada tal medida de acuerdo con lo dispuesto en el presente
decreto, el o los actuantes deberán constituirse como acreedores de la masa
de la liquidación […]» (Resaltado y subrayado fuera de texto)

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62. A su turno, el Decreto 2.211 de 2004 estableció lo siguiente:

«[…] Artículo 23. Emplazamiento. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la
fecha en que se disponga la liquidación de la institución, se emplazará a quienes
tengan reclamaciones de cualquier índole contra la intervenida y a quienes
tengan en su poder, a cualquier título, activos de la intervenida, para los fines
de su devolución y cancelación.

Para tal efecto, se publicarán por lo menos dos (2) avisos en un diario de amplia
circulación nacional y en otro del domicilio principal de la intervenida, el primero
dentro de los primeros cinco (5) días posteriores a la fecha de la toma de
posesión para liquidar y el segundo dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del primer aviso. Adicionalmente se divulgará, por lo menos una
vez, a través de una cadena de televisión nacional o de un canal regional o en
una emisora nacional o regional de radio, en horas de amplia audiencia y
sintonía dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en que se dispuso la
liquidación. Sin perjuicio de lo anterior, el liquidador cuando lo considere
conveniente, podrá utilizar además cualquier otro medio que en su concepto
contribuya a cumplir la finalidad del emplazamiento.

Copia del texto del aviso deberá fijarse además tanto en las oficinas principales
como en las agencias y sucursales de la intervenida, en sitios a los cuales tenga
fácil acceso el público, así como en la Secretaría General de la
Superintendencia Bancaria y en el Fondo de Garantías de Instituciones
Financieras.

Cuando la liquidación se decida en el mismo acto que dispuso la toma de
posesión, se deberá dar cumplimiento a lo previsto en el Artículo 1° del presente
decreto y las menciones hechas al Agente Especial en dicho Artículo, se
entenderán hechas al liquidador.

El aviso de emplazamiento contendrá lo siguiente:

a) La citación a todas las personas naturales o jurídicas de carácter
público o privado que se consideren con derecho a formular
reclamaciones de cualquier índole contra la institución financiera en
liquidación, a fin de que se presenten con prueba siquiera sumaria de sus
créditos, en el lugar que para el efecto se señale. Cuando se trate de
derechos incorporados en títulos valores deberá presentarse el original del
título. Sin embargo, cuando sea necesaria la presentación de un título valor en
varios procesos liquidatorios a la vez, el original del título valor se aportará en
uno de los procesos liquidatorios y en los demás se aportará copia del mismo
con certificación del liquidador del proceso en que se haya aportado el original,
sobre la existencia del mismo. Si los créditos constan en títulos valores que
hayan sido depositados en depósitos centralizados de valores la existencia del
crédito se probará con los documentos a que se refiere el artículo 26 de la Ley
27 de 1990. El depositante en el depósito centralizado de valores podrá
autorizar al liquidador para solicitar el certificado a que se refiere dicho artículo;

b) El término para presentar las reclamaciones oportunamente, con la
advertencia de que una vez vencido este, el Liquidador no tendrá facultad para
aceptar ninguna reclamación, y que las obligaciones no reclamadas y las
reclamaciones presentadas en forma extemporánea, que aparezcan
debidamente comprobadas en los libros de contabilidad oficiales de la
intervenida, serán calificadas como pasivo cierto no reclamado;

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c) La advertencia sobre la cesión y terminación de los contratos de seguro, de
conformidad con el artículo 117 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero;

d) La advertencia sobre la suspensión de los procesos de ejecución en curso y
la imposibilidad de admitir nuevos procesos de esta clase, así como la
obligación de los secuestres, auxiliares de la justicia y demás funcionarios que
tengan activos de la intervenida para que procedan de manera inmediata a
entregarlos al liquidador, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1° del
presente decreto.

(…)

Artículo 26. Pasivo a cargo de la entidad en liquidación. Para la determinación
de las sumas a cargo de la entidad en liquidación se tendrá en cuenta lo
siguiente:

1. Determinación de las sumas y bienes excluidos de la masa y de los créditos
a cargo de la masa de la liquidación. Dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes al vencimiento del término para presentar reclamaciones, el
Liquidador decidirá sobre las reclamaciones presentadas oportunamente
mediante resolución motivada o mediante actos administrativos independientes
en los que además de resolver las objeciones presentadas se señalará lo
siguiente:

a) Las reclamaciones oportunamente presentadas aceptadas y rechazadas en
relación con bienes y sumas de dinero excluidos de la masa de la liquidación,
señalando la cuantía y el orden de restitución de conformidad con el numeral 2
del artículo 299 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero modificado por el
artículo 26 de la Ley 510 de 1999 y por el artículo 61 de la Ley 795 de 2003; los
numerales 1, 5 y 6 del artículo 300 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero
modificado por el artículo 25 de la Ley 510 de 1999; el artículo 51 de la Ley 454
de 1998; los artículos 9 y 10 de la Ley 546 de 1999 y las demás normas que
expresamente reconozcan este privilegio;

b) Las reclamaciones oportunamente presentadas, aceptadas y rechazadas
contra la masa de la liquidación, señalando la naturaleza de las mismas, su
cuantía y la prelación para el pago y las preferencias que la ley establece, de
conformidad con el numeral 1 del artículo 300 del Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero, las reglas generales del Código Civil y demás disposiciones legales
aplicables.

2. Obligaciones en moneda extranjera. Cuando se trate de obligaciones en
moneda extranjera, las mismas se reconocerán a la Tasa de Cambio
Representativa del Mercado del día en que se haya ordenado la liquidación de
la institución financiera, certificada por la autoridad competente.

3. Obligaciones a favor del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras.
Cuando el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras pague el seguro de
depósito, en las resoluciones de reconocimiento de acreencias a cargo de la
institución financiera en liquidación, el Liquidador dejará expresa constancia que
de conformidad con el artículo 300 del Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero, modificado por el artículo 25 de la Ley 510 de 1999, el fondo se
subroga parcialmente, por lo cual tendrá derecho a obtener el pago de las
sumas que haya cancelado, con la misma prelación y en las mismas
condiciones que los depositantes o ahorradores. En el mismo sentido se
procederá cuando el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras pague

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las garantías otorgadas por conceptos diferentes al del seguro de depósito, de
conformidad con las normas que regulan la materia.

4. Obligaciones a favor de entidades de redescuento. En el evento en que el
Banco de la República, cuando intermedie líneas de crédito externo, el Fondo
para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, el Banco de Comercio
Exterior S. A., Bancoldex, la Financiera de Desarrollo Territorial S. A., Findeter
y la Financiera Eléctrica Nacional, FEN, opten por presentar sus reclamaciones
dentro del proceso de liquidación forzosa administrativa, y siempre y cuando la
respectiva reclamación haya sido presentada oportunamente, las sumas
recibidas por la cancelación de créditos redescontados, antes o después de la
intervención, incluyendo las que se reciban al hacer efectivas las garantías
correspondientes, estarán excluidas de la masa de la liquidación y con las
mismas se pagarán las obligaciones derivadas de las respectivas operaciones
de redescuento. El saldo insoluto de las operaciones de redescuento constituirá
una obligación a cargo de la masa de la liquidación y su pago estará sujeto a
las prelaciones establecidas en la ley.

Las sumas que hubiere recaudado la entidad intervenida antes de la ejecutoria
del acto administrativo que reconozca la respectiva reclamación, se entregarán
una vez este se encuentre en firme. Las sumas que se recauden con
posterioridad, se entregarán a la entidad de redescuento correspondiente
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su recaudo.

En todo caso, cuando la cartera de redescuento sea transferida a otra entidad
financiera, el diferencial de intereses será percibido por esta última, a partir de
la fecha en que asuma dicha administración,

5. Obligaciones derivadas de operaciones de apoyo de liquidez. De acuerdo
con el numeral 5 del artículo 300 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero,
modificado por el artículo 25 de la Ley 510 de 1999, las obligaciones a favor del
Banco de la República por concepto de cupos de liquidez u otras operaciones
gozarán del privilegio de ser cubiertas con sumas excluidas de la masa de la
liquidación. El mismo tratamiento se dará cuando la entidad en liquidación haya
sido la emisora de un título que respalda operaciones de apoyo de liquidez
celebradas por el Banco de la República por concepto de cupos de liquidez u
otras operaciones. En todo caso, el Banco de la República informará a la entidad
respectiva los pagos que reciba por parte de cualquiera de las liquidaciones.

Parágrafo. Si el Liquidador dudare de la procedencia o validez de cualquier
reclamación prevista en el presente decreto, la rechazará […]» (Resaltado y
subrayado fuera de texto)

63. El Decreto núm. 0883 de 24 de diciembre de 2008, siguiendo las normas legales
y reglamentarias citadas, señaló que:

«[…] ARTÍCULO 29° AVISOS Y EMPLAZAMIENTOS. Dentro del término de los
cuarenta y cinco (45) días siguientes a la fecha en que se inicie el proceso de
liquidación, se emplazará a quienes tenga reclamaciones de cualquier índole
contra la entidad en liquidación y a quienes tengan en su poder a cualquier título
activos de la entidad, para los fines de su devolución y cancelación.

Para tal efecto se fijará un aviso en lugar visible de las oficinas de la entidad,
tanto de su domicilio principal como de sus dependencias y seccionales, y se
publicarán dos (2) avisos en un diario de amplia circulación nacional y en otro

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del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla con un intervalo no
inferior a ocho (8) días calendario.

El aviso contendrá:

a) La citación a todas las personas naturales o jurídicas de carácter
público o privado que se consideren con derecho a formular
reclamaciones de cualquier índole contra la entidad en liquidación, a fin
de que se presenten con escrito de reclamación y con prueba siquiera
sumaria de la existencia de sus créditos, en el lugar que para el efecto se
señale. Cuando se trate de derechos incorporados en títulos valores deberá
presentarse el original del título. Sin embargo, cuando sea necesaria la
presentación de un título valor en varios procesos liquidatorios a la vez, el
original del título valor se aportará en uno de los procesos liquidatorios y en los
demás se aportará copia del mismo con certificación del liquidador del proceso
en que se haya aportado el original, sobre la existencia del mismo […]» (Resaltado
y subrayado fuera de texto)

64. La parte demandante, en virtud de las normas mencionadas, presentó, el 9 de
febrero de 200920, reclamación al proceso de liquidación, solicitando la
incorporación a la masa de liquidación del valor correspondiente a una serie de
obligaciones que delimitó en el acápite «[…] ANEXOS Y PRUEBAS […]».

65. Tales obligaciones constan, conforme la reclamación presentada por el actor, en
las órdenes de compra y de servicios núm. 078 [$5.242.525], núm. 81 [$5.769.869],
núm. 84 [$5.755.489], núm. 87 [$5.484.633], núm. 90 [$6.254.184], núm. 109
[$6.272.812], núm. 112 [$6.111.552], núm. 116 [$6.010.602], núm. 117
[$4.811.800], núm. 120 [$6.220.802], núm. 123 [$5.198.230], núm. 124
[$6.134.962], núm. 127 [$5.425.200], núm. 130 [$6.199.910], núm. 135
[$4.945.190], núm. 146 [$5.381.814], núm. 147 [$7.718.860], núm. 149
[$5.612.804], núm. 151 [$5.132.494], núm. 153 [$8.680.808], núm. 018
[$8.500.000], núm. 021 [$12.000.000], núm. 023 [$3.468.632], núm. 128
[$5.291.827] y núm. 012 [$8.500.000].

66. El apoderado general de la Fiduciaria La Previsora S.A., entidad designada como
liquidadora de la E.S.E. REDEHOSPITAL EN LIQUIDACIÓN, expidió la Resolución
núm. 771 de 15 de mayo de 2009, acto administrativo en el cual se rechazó la
reclamación presentada por «[…] DELICHEF […]» y que ascendía a la suma de
$176.000.000.

67. Deben resaltarse, del contenido del citado acto administrativo, los siguientes
apartes:

«[…] 3.1. Condiciones para el rechazo de reclamaciones.

(…)

20 Anexo «Carta Incorporación a Masa Liquidatoria».

20

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3.1.2. Duda sobre la validez de la reclamación. Que conforme al parágrafo del
Artículo 26 del Decreto 2211 de 2.004, si el liquidador dudare sobre la
procedencia o validez de una reclamación, la rechazará.

(…)

3.2. Requisitos para la presentación de las acreencias:

La liquidadora de la ESE REDEHOSPITAL EN LIQUIDACIÓN previamente a la
apertura del término para la presentación de las reclamaciones, diseñó un
Formulario para ser diligenciado por los reclamantes, en igual sentido informó a
quienes atendieron la convocatoria, efectuada mediante los citados avisos
públicos, acerca de la documentación necesaria para soportar su crédito de
acuerdo con los parámetros de Ley, y dando plena libertad probatoria para que
se soportara en la forma más completa cada presunta acreencia.

3.3. Carga y valor probatorio de los soportes documentales. Que el literal a) del
Artículo 23 del Decreto 2211 de 2004 y el Literal a) del artículo 29 del Decreto
0883 de 2008, establecen de manera clara y expresa que las personas que se
consideren con derecho a formular reclamaciones contra la entidad en
liquidación deben presentar prueba siquiera sumaria de sus créditos, en el lugar
que para el efecto se señale.

Que el aporte de pruebas o soportes documentales está regulado en las normas
establecidas en el Código de Procedimiento Civil. Por consiguiente, por expresa
disposición legal, los acreedores que concurrieron al proceso universal y
concursal de liquidación de la ESE REDEHOSPITAL EN LIQUIDACIÓN,
tuvieron el deber legal de cumplir con la carga procesal de aportar las pruebas
necesarias, siguiendo las reglas señaladas por la Ley, en especial los
documentos que acreditaran la existencia y cuantía de las obligaciones que se
pretenden hacer valer dentro del proceso. Tales documentos debieron cumplir
con los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Civil para ser
valorados y tenidos como tales.

Que con base en lo indicado ha sido jurídicamente válido efectuar un proceso
de auditoría integral a las reclamaciones presentadas oportunamente al proceso
liquidatorio, en especial, si se tiene en cuenta que es imperativo que el
liquidador adquiera certeza sobre la procedencia o validez de todas y cada una
de las reclamaciones que califica.

(…)

5.2. RESULTADOS DE ANÁLISIS DE LAS ACREENCIAS PRESENTADAS.

5.2.1. Consideraciones previas:

Cabe precisar que dentro de un proceso concursal y universal de carácter
ejecutivo, la Liquidadora sólo puede pronunciarse acerca de reclamaciones que
contengan obligaciones expresas, claras y exigibles que reúnan las condiciones
establecidas para el título ejecutivo en el Artículo 488 y siguientes del Código
de Procedimiento Civil. En consecuencia, dentro de las facultades legales de la
Liquidadora no se encuentra la de controvertir, dirimir y determinar la existencia
de un derecho que no contiene las características para ser un título ejecutivo

(…)

21

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Por el volumen de las reclamaciones, para la calificación y graduación de cada
una de ellas se elaboró una base de datos en la cual se efectuó la valoración
jurídica y contable, la cual hace parte integral de esta resolución, a las
decisiones de tipo contable le son aplicables lo dispuesto en el artículo 73 del
Código Contencioso Administrativo en caso de incurrir en error aritmético o de
hecho.

Es válido anotar que las Liquidadora en el análisis de cada una de las piezas
presentadas como soporte individual de las reclamaciones aplicó la presunción
de la buena fe.

(…)

5.2.2.1.8. CONDICIONES RELACIONADAS CON EL ARCHIVO DE ESE
REDEHOSPITAL EN LIQUIDACIÓN

5.2.2.1.8.1. Que toda decisión jurídica está determinada por los soportes
documentales encontrados en el archivo de la entidad en liquidación, con las
deficiencias propias del mismo, así como por los documentos aportados por el
reclamante, elementos estos que se han tenido en cuenta para efectos de emitir
el presente Acto Administrativo.

5.2.2.1.8.2. Que como quedó claramente indicado, quien está obligado a aportar
los soportes o pruebas que quiera hacer valer dentro del proceso liquidatorio es
el acreedor. No obstante, la Liquidadora inició una búsqueda de aquellos
soportes que pudiesen influir en la determinación de obligaciones a cargo de la
ESE REDEHOSPITAL EN LIQUIDACIÓN […]».

68. El liquidador de la E.S.E. REDEHOSPITAL EN LIQUIDACIÓN rechazó el
reconocimiento de las obligaciones reclamadas por el actor, señalando, en el acta
de calificación de 14 de mayo de 200921 suscrita por el Coordinador General y
Jurídico, Fernando Hernández Vélez, y la abogada de la Unidad de Gestión Jurídica,
Saidy Cure Vargas, lo siguiente:

«[…] ACTA DE CALIFICACIÓN (…) (14 de mayo de 2009)

Vinculación Jurídica

• Orden de servicios 021 de agosto 25 de 2007 original (…) valor: 12,000,000
(…) Pago de impuestos originales PRODESARROLLO; PROCIUDADELA-
CORDEPORTES y PROANCIANOS. Faltan impuestos y el pago se realizó
posterior a la vigencia (…) Póliza y aprobación de 17 de diciembre de 2007.
Aprobación posterior a la vigencia (…) No se cumplió el requisito para
legalización y perfeccionamiento de la orden de servicios, a saber, póliza de
garantía y paz y salvo de los impuestos a los que está obligado dentro del ente
territorial departamental (…) (Duda, si el liquidador dudare sobre la procedencia
o validez de una reclamación la rechazará, según lo ordenado en el parágrafo
del artículo 26 del Decreto 2211 de 2004. (Rechazada).

• Orden de servicio 018 de julio 31 de 2007 copia simple (…) Valor: 8.500.000
(…) Pago de impuestos originales PRODESARROLLO Y PROCIUDADELA-
CORDEPORTES; PROCULTURA; en copia simple proancianos. El pago se
realizó 20 de diciembre de 2007 posterior a la vigencia (…) Póliza y aprobación

21 Fol. 457-468, C. 4.

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de 25 de octubre de 2007 con Aprobación posterior a la vigencia (…) No se
cumplió el requisito para legalización y perfeccionamiento de la orden de
servicios, a saber, póliza de garantía y paz y salvo de los impuestos a los que
está obligado dentro del ente territorial departamental (…) (Duda, si el liquidador
dudare sobre la procedencia o validez de una reclamación la rechazará, según
lo ordenado en el parágrafo del artículo 26 del Decreto 2211 de 2004.
(Rechazada).

• Orden de servicio 012 de junio 20 de 2007 copia simple (…) Valor: 8.500.000
(…) Pago de impuestos originales PRODESARROLLO Y PROCIUDADELA-
CORDEPORTES; PROCULTURA; y el pago se realizó [el] 6 de septiembre de
2007 posterior a la vigencia (…) Póliza y aprobación de 5 de septiembre de
2007. Aprobación posterior a la vigencia (…) No se cumplió el requisito para
legalización y perfeccionamiento de la orden de servicios, a saber, póliza de
garantía y paz y salvo de los impuestos a los que está obligado dentro del ente
territorial departamental (…) (Duda, si el liquidador dudare sobre la procedencia
o validez de una reclamación la rechazará, según lo ordenado en el parágrafo
del artículo 26 del Decreto 2211 de 2004. (Rechazada).

• Orden de servicio 023 de septiembre 24 de 2007 original (…) Valor: 3468632
(…) Pago de impuestos originales PRODESARROLLO Y PROCIUDADELA-
CORDEPORTES; PROCULTURA; en copia simple proancianos. y (sic) el pago
se realizó 20 de diciembre de 2007 posterior a la vigencia (…) Póliza y
aprobación de 25 de octubre de 2007. Aprobación posterior a la vigencia (…)
No se cumplió el requisito para legalización y perfeccionamiento de la orden de
servicios, a saber, póliza de garantía y paz y salvo de los impuestos a los que
está obligado dentro del ente territorial departamental (…) (Duda, si el liquidador
dudare sobre la procedencia o validez de una reclamación la rechazará, según
lo ordenado en el parágrafo del artículo 26 del Decreto 2211 de 2004.
(Rechazada).

• Orden de compra No 078 de 7 de junio de 2007 original (…) Valor: 5242525
(…) Pago de impuestos originales PRODESARROLLO Y PROCIUDADELA-
CORDEPORTES, PROCULTURA. Faltan impuestos el pago se realizó [el] 20
de diciembre de 2007 posterior a la vigencia (…) Póliza y aprobación de 5 de
septiembre de 2007. Aprobación posterior a la vigencia (…) (Duda, si el
liquidador dudare sobre la procedencia o validez de una reclamación la
rechazará, según lo ordenado en el parágrafo del artículo 26 del Decreto 2211
de 2004. (Rechazada).

• Orden de compra No 150 de 7 de septiembre de 2007 original (…) Valor:
9.113.10 (sic) Pago de impuestos originales PRODESARROLLO Y
PROCIUDADELA-CORDEPORTES; en copia simple proancianos. Faltan
impuestos y el pago se realizó [el] 20 de diciembre de 2007 posterior a la
vigencia (…) Póliza y aprobación de 17 de diciembre de 2007. Aprobación
posterior a la vigencia (…) (Duda, si el liquidador dudare sobre la procedencia
o validez de una reclamación la rechazará, según lo ordenado en el parágrafo
del artículo 26 del Decreto 2211 de 2004. (Rechazada).

• Orden de compra No 153 de 28 de septiembre de 2007 original (…) Valor:
8.680.808 (…) Pago de impuestos originales PRODESARROLLO Y
PROCIUDADELA-CORDEPORTES; en copia simple proancianos. Faltan
impuestos y el pago se realizó [el] 20 de diciembre de 2007 posterior a la
vigencia (…) Póliza y aprobación de 17 de diciembre de 2007. Aprobación
posterior a la vigencia (…) (Duda, si el liquidador dudare sobre la procedencia
o validez de una reclamación la rechazará, según lo ordenado en el parágrafo
del artículo 26 del Decreto 2211 de 2004. (Rechazada).

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• Orden de compra No 151 de 13 de septiembre de 2007 original (…) Valor:
5.132.494 (…) Pago de impuestos originales PRODESARROLLO Y
PROCIUDADELA-CORDEPORTES; en copia simple proancianos. Faltan
impuestos y el pago se realizó [el] 20 de diciembre de 2007 posterior a la
vigencia (…) Póliza y aprobación de 17 de diciembre de 2007. Aprobación
posterior a la vigencia (…) (Duda, si el liquidador dudare sobre la procedencia
o validez de una reclamación la rechazará, según lo ordenado en el parágrafo
del artículo 26 del Decreto 2211 de 2004. (Rechazada).

• Orden de compra No 149 de 13 de septiembre de 2007 copia simple (…) Valor:
5.612.804 (…) Pago de impuestos originales PRODESARROLLO Y
PROCIUDADELA-CORDEPORTES; en copia simple proancianos. Faltan
impuestos y el pago se realizó [el] 21 de diciembre de 2007 posterior a la
vigencia (…) Póliza y aprobación de 17 de diciembre de 2007. Aprobación
posterior a la vigencia (…) (Duda, si el liquidador dudare sobre la procedencia
o validez de una reclamación la rechazará, según lo ordenado en el parágrafo
del artículo 26 del Decreto 2211 de 2004. (Rechazada).

• Orden de compra No 146 de 31 de agosto de 2007 original (…) Valor:
5.381.814 (…) Pago de impuestos originales PRODESARROLLO Y
PROCIUDADELA-CORDEPORTES; en copia simple proancianos. Faltan
impuestos y el pago se realizó [el] 21 de diciembre de 2007 posterior a la
vigencia (…) Póliza y aprobación de 17 de diciembre de 2007. Aprobación
posterior a la vigencia (…) (Duda, si el liquidador dudare sobre la procedencia
o validez de una reclamación la rechazará, según lo ordenado en el parágrafo
del artículo 26 del Decreto 2211 de 2004. (Rechazada).

• Orden de compra No 147 de septiembre 1 de 2007 original (…) Valor:
7.718.860 (…) Pago de impuestos originales PRODESARROLLO Y
PROCIUDADELA-CORDEPORTES; en copia simple proancianos. Faltan
impuestos y el pago se realizó [el] de diciembre de 2007 posterior a la vigencia
(…) Póliza y aprobación de 17 de diciembre de 2007. Aprobación posterior a la
vigencia (…) (Duda, si el liquidador dudare sobre la procedencia o validez de
una reclamación la rechazará, según lo ordenado en el parágrafo del artículo
26 del Decreto 2211 de 2004. (Rechazada).

• Orden de compra No 135 de agosto 23 de 2007 copia simple (…) Valor:
4.945.190 (…) Pago de impuestos originales PRODESARROLLO Y
PROCIUDADELA-CORDEPORTES; en copia simple proancianos. Faltan
impuestos y el pago se realizó [el] 17 de diciembre de 2007 posterior a la
vigencia (…) Póliza y aprobación de 17 de diciembre de 2007. Aprobación
posterior a la vigencia (…) (Duda, si el liquidador dudare sobre la procedencia
o validez de una reclamación la rechazará, según lo ordenado en el parágrafo
del artículo 26 del Decreto 2211 de 2004. (Rechazada).

• Orden de compra No 130 de agosto 16 de 2007 original (…) Valor: 6.199.910
(…) Pago de impuestos originales PRODESARROLLO Y PROCIUDADELA-
CORDEPORTES; en copia simple proancianos. Faltan impuestos y el pago se
realizó [el] 17 de diciembre de 2007 posterior a la vigencia (…) Póliza y
aprobación de 17 de diciembre de 2007. Aprobación posterior a la vigencia (…)
(Duda, si el liquidador dudare sobre la procedencia o validez de una
reclamación la rechazará, según lo ordenado en el parágrafo del artículo 26 del
Decreto 2211 de 2004. (Rechazada).

• Orden de compra No 127 de agosto 15 de 2007 original (…) Valor: 6.199.910
(…) Pago de impuestos originales PRODESARROLLO Y PROCIUDADELA-
CORDEPORTES. Faltan impuestos y el pago se realizó [el] 17 de diciembre de

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2007 posterior a la vigencia (…) Póliza y aprobación de 17 de diciembre de
2007. Aprobación posterior a la vigencia (…) (Duda, si el liquidador dudare
sobre la procedencia o validez de una reclamación la rechazará, según lo
ordenado en el parágrafo del artículo 26 del Decreto 2211 de 2004.
(Rechazada).

• Orden de compra No 124 de agosto 6 de 2007 original (…) 6.134.962 (…)
Pago de impuestos originales PRODESARROLLO Y PROCIUDADELA-
CORDEPORTES. Faltan impuestos y el pago se realizó [el] 21 de diciembre de
2007 posterior a la vigencia (…) Póliza y aprobación de 17 de diciembre de
2007. Aprobación posterior a la vigencia (…) (Duda, si el liquidador dudare
sobre la procedencia o validez de una reclamación la rechazará, según lo
ordenado en el parágrafo del artículo 26 del Decreto 2211 de 2004.
(Rechazada).

• Orden de compra No 123 de agosto 6 de 2007 copia simple (…) Valor:
5.198.230 (…) Pago de impuestos originales PRODESARROLLO Y
PROCIUDADELA-CORDEPORTES. Faltan impuestos y el pago se realizó [el]
21 de diciembre de 2007 posterior a la vigencia (…) Póliza y aprobación de 17
de diciembre de 2007. Aprobación posterior a la vigencia (…) (Duda, si el
liquidador dudare sobre la procedencia o validez de una reclamación la
rechazará, según lo ordenado en el parágrafo del artículo 26 del Decreto 2211
de 2004. (Rechazada).

• Orden de compra No 120 de agosto 3 de 2007 original (…) Valor: 5.198.230
(…) Pago de impuestos originales PRODESARROLLO Y PROCIUDADELA-
CORDEPORTES. Faltan impuestos y el pago se realizó [el] 21 de diciembre de
2007 posterior a la vigencia (…) Póliza y aprobación de 17 de diciembre de
2007. Aprobación posterior a la vigencia (…) (Duda, si el liquidador dudare
sobre la procedencia o validez de una reclamación la rechazará, según lo
ordenado en el parágrafo del artículo 26 del Decreto 2211 de 2004.
(Rechazada).

• Orden de compra No 117 de agosto 1 de 2007 original (…) Valor 4.811.800
(…) Pago de impuestos originales PRODESARROLLO Y PROCIUDADELA-
CORDEPORTES. Faltan impuestos y el pago se realizó [el] 21 de diciembre de
2007 posterior a la vigencia (…) Póliza y aprobación de 17 de diciembre de
2007. Aprobación posterior a la vigencia (…) (Duda, si el liquidador dudare
sobre la procedencia o validez de una reclamación la rechazará, según lo
ordenado en el parágrafo del artículo 26 del Decreto 2211 de 2004.
(Rechazada).

• Orden de compra No 116 de agosto 1 de 2007 original (…) Valor: 6.010.602
(…) Pago de impuestos originales PRODESARROLLO Y PROCIUDADELA-
CORDEPORTES. Faltan impuestos y el pago se realizó [el] 21 de diciembre de
2007 posterior a la vigencia (…) Póliza y aprobación de 17 de diciembre de
2007. Aprobación posterior a la vigencia (…) (Duda, si el liquidador dudare
sobre la procedencia o validez de una reclamación la rechazará, según lo
ordenado en el parágrafo del artículo 26 del Decreto 2211 de 2004.
(Rechazada).

• Orden de compra No 109 de julio 17 de 2007 original (…) Valor: 6.272.812 (…)
Pago de impuestos originales PRODESARROLLO Y PROCIUDADELA-
CORDEPORTES. Faltan impuestos y el pago se realizó [el] 21 de diciembre de
2007 posterior a la vigencia (…) Póliza y aprobación de 17 de diciembre de
2007. Aprobación posterior a la vigencia (…) (Duda, si el liquidador dudare
sobre la procedencia o validez de una reclamación la rechazará, según lo

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ordenado en el parágrafo del artículo 26 del Decreto 2211 de 2004.
(Rechazada).

• Orden de compra No 090 de julio 6 de 2007 copia simple (…) Valor: 6.254.142
(…) Pago de impuestos originales PRODESARROLLO Y PROCIUDADELA-
CORDEPORTES. Faltan impuestos y el pago se realizó [el] 21 de diciembre de
2007 posterior a la vigencia (…) Póliza y aprobación de 25 de octubre de 2007.
Aprobación posterior a la vigencia en copia simple (…) (Duda, si el liquidador
dudare sobre la procedencia o validez de una reclamación la rechazará, según
lo ordenado en el parágrafo del artículo 26 del Decreto 2211 de 2004.
(Rechazada).

• Orden de compra No 087 de julio 5 de 2007 copia simple (…) Valor: 5.484.633
(…) Pago de impuestos originales PRODESARROLLO Y PROCIUDADELA-
CORDEPORTES. Faltan impuestos y el pago se realizó [el] 21 de diciembre de
2007 posterior a la vigencia (…) Póliza y aprobación de 25 de octubre de 2007.
Aprobación posterior a la vigencia en copia simple (…) (Duda, si el liquidador
dudare sobre la procedencia o validez de una reclamación la rechazará, según
lo ordenado en el parágrafo del artículo 26 del Decreto 2211 de 2004.
(Rechazada).

• Orden de compra No 084 de junio 20 de 2007 copia simple (…) Valor:
5.575.489 (…) Pago de impuestos originales PRODESARROLLO Y
PROCIUDADELA-CORDEPORTES. Faltan impuestos y el pago se realizó [el]
6 de septiembre de 2007 posterior a la vigencia (…) Póliza y aprobación de 5
de septiembre de 2007. Aprobación posterior a la vigencia en copia simple (…)
(Duda, si el liquidador dudare sobre la procedencia o validez de una
reclamación la rechazará, según lo ordenado en el parágrafo del artículo 26 del
Decreto 2211 de 2004. (Rechazada).

• Orden de compra No 081 de junio 15 de 2007 copia simple (…) Valor: 5.779.69
(sic) (…) Pago de impuestos originales PRODESARROLLO Y
PROCIUDADELA-CORDEPORTES. Faltan impuestos y el pago se realizó [el]
6 de septiembre de 2007 posterior a la vigencia (…) Póliza y aprobación de 5
de septiembre de 2007. Aprobación posterior a la vigencia en copia simple (…)
(Duda, si el liquidador dudare sobre la procedencia o validez de una
reclamación la rechazará, según lo ordenado en el parágrafo del artículo 26 del
Decreto 2211 de 2004. (Rechazada).

• Orden de compra 078 de junio 7 de 2007 original (…) Valor: 5.242.525 (…)
Pago de impuestos originales PRODESARROLLO Y PROCIUDADELA-
CORDEPORTES. Faltan impuestos y el pago se realizó [el] 6 de septiembre de
2007 posterior a la vigencia (…) Póliza y aprobación de 5 de septiembre de
2007. Aprobación posterior a la vigencia. Duda el liquidador dudare (sic) sobre
la procedencia o validez de una reclamación la rechazará, según lo ordenado
en el parágrafo del artículo 26 del Decreto 2211 de 2004. (Rechazada)

Calificación: Duda el liquidador dudare (sic) sobre la procedencia o validez de
una reclamación la rechazará, según lo ordenado en el parágrafo del artículo
26 del Decreto 2211 de 2004 Rechazada […]».

69. La primera instancia, para desatar los cargos de nulidad expuestos por la parte
actora, adujo únicamente que existía un documento que hacía parte del acto
administrativo acusado y a través del cual se motivó el rechazo de la reclamación
presentada, esto es, el acta de 14 de mayo de 2009, por lo que no existió el vicio de
falsa motivación.

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Radicación: 08001 23 31 006 2009 00830 01
Demandante: JOSÉ ALIRIO MORA FERNÁNDEZ - DELICHEF
Demandado: E.S.E. REDEHOSPITAL EN LIQUIDACIÓN

70. La parte demandante, en su recurso de apelación, argumentó que la reclamación
presentada fue rechazada injustamente por el agente liquidador puesto que, en su
concepto, las órdenes de compra y de servicios que la integran -la reclamación-
contaban con la documentación necesaria para su aceptación.

71. En efecto argumentó que no existía concepto o razón alguna que justificara tal
rechazo puesto que, por el contrario, del análisis de las órdenes de compra y de
servicios reclamadas al proceso de liquidación se advertía el cumplimiento de todos
los requisitos para que procediera el pago de estas y, en lo que se refiere a los
motivos esgrimidos en el acta de 14 de mayo de 2009 para no reconocer la
obligación, estimó que en aquel documento se da cuenta que existió el pago de los
respectivos impuestos y la garantía efectivamente se constituyó y aprobó.

72. De tal forma que, concluyó, «[…] todas las órdenes de servicios reclamadas en
el presente proceso, las cuales de acuerdo con la información suministrada por la
misma demandada, estuvieron acompañadas de las respectivas facturas o título
que las soportaba, los respectivos certificados de disponibilidad presupuestal y
registro presupuestal, la póliza de cumplimiento y su aprobación, además de la
prueba de haber sido recibidas en el almacén de la extinta Redehospital y
refrendadas por el interventor a través de un documento allegado al expediente
original […]», por lo que no puede predicarse la existencia de dudas sobre la
procedencia de las acreencias reclamadas al estar respaldadas con la
documentación necesaria para su aceptación.

73. La Sala encuentra que, para el análisis de los argumentos expuestos por el
apelante, es menester el estudio de las pruebas que tuvo a su disposición el
liquidador para efectuar la calificación de las acreencias reclamadas por aquel,
medios de pruebas que no obran dentro del plenario.

74. En efecto, el magistrado ponente en primera instancia, en el auto admisorio de
la demanda -auto de 13 de agosto de 2010-, ordenó solicitar «[…] al representante legal
de la entidad demandada los antecedentes administrativos del asunto para lo cual
se le conceden quince (15) días de plazo contados a partir del día siguiente de
surtida la notificación de este auto […]».

75. La E.S.E. REDEHOSPITAL EN LIQUIDACIÓN, para la fecha en que se profirió
aquel auto, había terminado su existencia jurídica, como consta en el acta final de
liquidación de 22 de septiembre de 2009, razón por la cual fue vinculado al proceso
como parte pasiva el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, entidad
que ordenó la liquidación de la mencionada empresa social del estado, a través del
Decreto núm. 883 de 24 de diciembre de 2008.

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Demandante: JOSÉ ALIRIO MORA FERNÁNDEZ - DELICHEF
Demandado: E.S.E. REDEHOSPITAL EN LIQUIDACIÓN

76. Tal entidad, a través de su apoderado judicial y en la contestación de la demanda,
solicitó que se practicara como prueba en este proceso «[…] oficiar al mandatario
con representación de la ESE REDEHOSPITAL LIQUIDADA que según el acta de
la liquidación definitiva de la entidad de fecha 22 de septiembre de 2009, es
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. a fin de que remita copia auténtica de los
documentos relacionados con la presente demanda, como la Resolución No. 771
de 15 de mayo de 2009, etc. […]».

77. La primera instancia, a través del auto de 23 de septiembre de 2011, decretó las
pruebas a practicar en el proceso, en la siguiente forma:

«[…] PARTE DEMANDANTE (…) DOCUMENTALES (…) Téngase como
pruebas en lo que fueren conducentes y pertinentes, los documentos aportados
por la parte demandante, los cuales serán valorados en su oportunidad procesal
(…) OFICIOS (…) 1. Ofíciese a las entidades recaudadores de los pagos de los
impuestos de las estampillas pro hospitales, pro ancianos y pro ciudadela,
ubicadas en el Edificio de la Gobernación, con el objeto de que se sirva enviar
con destino a este expediente, en el término de cinco (5) días, lo siguiente:

– Copia auténtica de las órdenes de prestación de servicio que se originaron
entre DELICHEF y la RED DE HOSPITALES EN LIQUIDACIÓN.

2. Ofíciese a la DIAN, con el objeto de que se sirva enviar con destino a este
expediente, en el término de cinco (5) días, lo siguiente:

• Certificado donde conste que DELICHEF tributó legalmente por concepto de
IVA, retención en la fuente y declaración de renta anual sobre todos y cada uno
de los bienes de servicios que le entregó a la Red de Hospitales.

3 Supedítese la Inspección Judicial en las oficinas de la Red de Hospitales en
Liquidación, al envío de los siguientes documentos con destino a este
expediente, en el término de cinco (5) días:

• Certificado donde conste la entrega real, cierta y efectiva de todas y cada de
las O.P.S. y de la entrega de los bienes a satisfacción por los Hospitales y la
Red de Hospitales en Liquidación.

4. Ofíciese a la FIDUPREVISORA S.A. E.S.E. RED DE HOSPITALES EN
LIQUIDACIÓN con el objeto de que se sirva enviar con destino a este
expediente, en el término de cinco (5) días, los nombres y direcciones
residenciales que reposan en las hojas de vida, de quienes fueron:

• Gerente del Hospital de Barranquilla, Gerente del Hospital Pediátrico y Director
de la Red de Hospitales en liquidación del año 2006-2007, respectivamente.
Una vez obtenida dicha información se fijará fecha y hora para recepcionar (sic)
la declaración respectiva.

• Interventores, que dieron fe pública de que DELICHEF hizo la entrega material
de los bienes de consumo objeto de las órdenes de prestación de servicios. Una
vez obtenida dicha información se fijará fecha y hora para recepcionar la
declaración respectiva.

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Demandado: E.S.E. REDEHOSPITAL EN LIQUIDACIÓN

• Encargados de registrar a satisfacción en el Hospital de Barranquilla y el
Hospital Pediátrico los respectivos recibos de los bienes de consumo
entregados por DELICHEF. Una vez obtenida dicha información se fijará fecha
y hora para recepcionar la declaración respectiva.

En cuanto a la solicitud del apoderado de la parte actora de citar y hacer
comparecer a su representado, a efectos de rendir declaración para probar
circunstancias de tiempo, modo y lugar por medio de[l] cual hizo entrega real y
material de bienes de consumo al Hospital de Barranquilla y Pediátrico; así
como establecer las circunstancias del vínculo contractual con la Red de
Hospitales, el despacho advierte que de lo contemplado en el Código de
Procedimiento Civil arts. 174 a 301 relativos al Régimen Probatorio, se
establece como prueba la declaración de parte, la cual comprende [el]
interrogatorio de parte y declaración de terceros. Respecto al primero, debe ser
solicitado por la parte contraria al proceso, en este caso sería por los
apoderados de las entidades demandadas. De lo anterior se infiere, que no es
procedente decretar dicha prueba, toda vez, que quien solicita la declaración es
el apoderado del demandante.

PARTE DEMANDADA (…) DOCUMENTALES (…) Tiénese como pruebas en lo
que fueren conducentes y pertinentes, los documentos aportados por la parte
demandada, los cuales serán valorados en su oportunidad […]».

78. Con ocasión del citado auto:

i) Se allegó copia de la Resolución núm. 771 de 15 de mayo de 200922.

ii) El Subsecretario de Rentas de la Gobernación del Atlántico manifestó que
en sus archivos «[…] no existen órdenes de prestación de servicios que
se originaron entre Delichef y la Red de Hospitales en liquidación […]»23.

iii) La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales negó ser la competente
para expedir la certificación en la que conste que Delichef tributó
legalmente por concepto de IVA, retención en la fuente y declaración de
renta anual de todos y cada uno de los bienes y servicios que le entregó
a la Empresa Social del Estado Redehospital de Barranquilla24.

iv) La Gerencia de Gestión Humana de la Alcaldía de Barranquilla suministró
los datos de los gerentes de la E.S.E. REDEHOSPITAL LIQUIDADA
durante los períodos 2006-200725.

v) Se recibió la declaración, únicamente, del señor Ángel Alberto Salas
Fajardo, quien ocupó el cargo de «[…] Subgerente Administrativo de
Redhospitales […]» en «[…] comisión administrativa (…) durante 6
meses […]», persona que manifestó no conocer si la parte actora había

22 Fol. 305-373, C. 3.
23 Fol. 295, C. 2.
24 Fol. 379, C. 4.
25 Fol. 383, C. 4.

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presentado reclamación al proceso de liquidación de la E.S.E.
REDEHOSPITAL EN LIQUIDACIÓN y si esta había sido rechazada o
aceptada pues «[…] es posterior a mi estancia allí en
Redhospitales” […]».

79. Asimismo, dentro de los documentos allegados por el apelante y que fueron
tenidos como pruebas en el proceso se encuentran, de una parte, documentos
relativos a las acreencias reclamadas al proceso de liquidación de la E.S.E.
REDEHOSPITAL EN LIQUIDACIÓN tales como las órdenes de compra y de
servicios, las facturas que integran dichas órdenes y otros documentos soportes26
y, de otra parte, copia del escrito de reclamación -anexo denominado «[…] CARTA
INCORPORACIÓN A MASA LIQUIDATORIA […]».

80. Se advierte que el citado anexo únicamente contiene la petición del actor
tendiente a que su acreencia sea incorporada como obligación a cargo de la masa
de liquidación, sin que haya sido acompañada de los documentos que fueron
allegados al proceso de liquidación y que fueron analizados por el apoderado
general del liquidador de la E.S.E. REDEHOSPITALES EN LIQUIDACIÓN 27.

81. Si bien como se anotó anteriormente, el actor aportó una serie de documentos
relativos a la acreencia reclamada, lo cierto es que en el plenario no es posible
establecer cuáles fueron aquellos -documentos- allegados con la reclamación al
proceso de liquidación y que fueron evaluados por el apoderado general del
liquidador de la E.S.E. REDEHOSPITAL EN LIQUIDACIÓN, dando lugar a la
calificación de la reclamación realizada por la parte demandante.

82. Se debe anotar que el apelante, con ocasión del aporte del acta de calificación
de 14 de mayo de 2009 por parte de la Alcaldía de Barranquilla, en escrito de 25 de
agosto de 201428, realizó un análisis de cada una de las órdenes de compra y de
servicios reclamadas.

83. En aquel escrito evidenció, en su concepto, las inconsistencias en que habría
incurrido en la calificación de la reclamación presentada, manifestando,
esencialmente, que i) los impuestos exigidos fueron pagados con anterioridad a la
presentación de factura; ii) la póliza de cumplimiento fue aprobada en vigencia de
la orden de compra o de servicio; iii) las facturas que integraban la orden de compra
o de servicio cumplían los requisitos previstos en el Código de Comercio; iv) se
cumplieron los requisitos para su cancelación; y, v) la orden de compra núm. 128
de 16 de agosto de 2007 no fue objeto de calificación pero hacía parte de la
reclamación al proceso de liquidación.

26 En dos (2) anexos.
27 En este anexo constan 30 copias de la carta sin sus anexos y pruebas.
28 Fol. 515-560, C. 4.

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84. No obstante, como se indicó líneas atrás, el apelante no hizo referencia a las
pruebas documentales que se tuvieron en cuenta en el proceso de liquidación y que
acreditarían lo afirmado, por lo que, se reitera, no es posible establecer la
verosimilitud de lo consignado en su recurso -de apelación- ni mucho menos
determinar si, pese a que la orden de compra núm. 128 se mencionó en la
reclamación, se habría aportado junto con los documentos que la soportaban.

85. De lo señalado por el apelante y del contenido de las órdenes de compra y de
servicios allegadas con la demanda resulta posible afirmar que para su legalización
se requería la constitución de una garantía de cumplimiento de las obligaciones
adquiridas y, además, el pago de los tributos con ocasión la celebración de tales
acuerdos de voluntades, requisitos que se han debido acreditar en el proceso de
liquidación por parte del acreedor.

86. La Sala ha resaltado que la carga de la prueba en el proceso de liquidación recae
sobre el acreedor de una obligación y, conforme al parágrafo del artículo 26 del
Decreto núm. 2211 de 2004 ya citado, en caso de que el liquidador dude acerca de
la procedencia o validez de la misma, la puede rechazar, como ocurrió en este caso.
Así, la Sección ha estimado que:

«[…] 105. Al respecto, esta Sección se ha referido a la carga probatoria que
tiene el solicitante de una reclamación o crédito en un proceso liquidatorio, así:

“[…] en cuanto a la carga probatoria que le incumbe al solicitante de una
reclamación o crédito dentro de un proceso liquidatorio de una entidad, la
normatividad fue clara al establecer en el parágrafo del artículo 26 del
Decreto 2211 de 2004 ya citado, que en caso de que el liquidador tuviera
dudas acerca de la procedencia o validez de la reclamación, la podía
rechazar, tal y como aconteció en el sub lite.

Por las anteriores consideraciones, pierde solidez el argumento de discrepancia
del apelante según el cual el Hospital no estaba obligado a aportar documentos
adicionales a los que presentó con su reclamación inicial, ya que las causales
que dieron origen a las glosas efectuadas sobre las facturas reclamadas, hacían
referencia, entre otras, a la ausencia del contrato en sí mismo, así como a la no
acreditación de la existencia del comprobante de registro presupuestal, la no
presentación de documentos como la constancia del pago de los derechos de
publicación del contrato núm. 778 de 2006 en el Diario Único de Contratación
Pública, la no acreditación del pago de los aportes parafiscales relativos al
Sistema General de Seguridad Social Integral, así como la no presentación del
certificado de recibido a satisfacción de los servicios prestados por parte del
Interventor o Supervisor del contrato, documentos que resultaban necesarios
para tener por acreditada dicha reclamación.

Lo anterior, al margen de que el apelante insista en que dada la relación
contractual que existió entre las partes, se puedan dar por satisfechos los
requisitos que consagra tanto la ley al quedar insertos en el acuerdo de
voluntades suscrito por las partes, así como los manuales de procedimientos
internos de la entidad en liquidación, para proceder al pago de las facturas
presentadas por el demandante en el proceso liquidatorio, y que corresponden
a los servicios prestados en virtud del contrato ya referido, teniendo en cuenta
que de aceptar esa posición se estaría desconociendo el hecho de que el

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contrato es ley para las partes, así como la prevalencia de las exigencias legales
en torno al tema, que está dada por el marco normativo en precedencia
analizado […]29”.

106. En el mismo sentido, esta Sección30 ha señalado que en el marco del
proceso de liquidación la carga de la prueba corresponde al acreedor, de tal
forma que el éxito de la reclamación depende de lo que logre probar, así:

“[…] Descendiendo al caso concreto, la Sala recuerda que, a partir de su
supresión, valga decir, el 27 de julio de 2007, la ESE Policarpa Salavarrieta
entró en proceso de liquidación, situación extraordinaria en virtud de la cual dejó
de cumplir su objeto social y se sometió a un proceso concursal y universal de
liquidación para pagar las obligaciones adquiridas en condiciones ordinarias, de
conformidad con el régimen de liquidación de las entidades públicas del orden
nacional.

En ese orden de ideas, es preciso anotar que el acto administrativo de
calificación de acreencias en un proceso de liquidación está reglamentado por
el Decreto 254 de 2000, la Ley 1105 de 2006 y el artículo 26 del Decreto 2211
de 2004, de tal forma que es expedido por el liquidador en virtud de funciones
públicas especiales como director de un procedimiento administrativo
igualmente especial y no como representante legal de la extinta empresa en
liquidación, por lo que no debe confundirse con un acto contractual.

Asimismo, de conformidad con las normas referidas, el liquidador está
facultado para establecer causales de glosa con la finalidad de absolver
las dudas sobre la procedencia o validez de las acreencias, y para definir
un procedimiento para el rechazo de las reclamaciones recibidas dentro
de la liquidación, caso en el cual la carga de la prueba corresponde al
acreedor.

Sobre el particular, en reiterada jurisprudencia, esta Corporación ha
precisado que en el marco del proceso de liquidación obligatoria se
aplican normas especiales que determinan el procedimiento a seguir para
el reconocimiento de las acreencias de los reclamantes, considerando que
se trata de la terminación de la persona jurídica y el saneamiento de las
obligaciones monetarias contraídas durante su existencia, y ha advertido
que, en dicho trámite administrativo, la carga de la prueba de la acreencia
recae en el peticionario, de tal forma que el éxito o prosperidad de su
reclamación depende de lo que logre probar31 […]”.

107. De acuerdo con lo expuesto, la carga de la prueba en el proceso de
liquidación de una entidad recae en la parte solicitante la cual debe
presentar los documentos que resultaban necesarios para tener por
acreditada dicha reclamación, entre ellos, el certificado de interventoría que
permite determinar la entrega satisfactoria de los elementos médicos en
términos cualitativos y cuantitativos. Actuar de forma distinta como lo ha
indicado la jurisprudencia de la Sección sería desconocer que el contrato es ley
para las partes.

29 “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de julio de

2019; C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 76001-23-31-000-2010-00172-01 […]”
30 “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 12 de marzo

de 2020; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 25000-23-24-000-2008-00302-
01[…]”
31 “[…] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Segunda, sentencia del 21 de

noviembre de 2013; C.P Bertha Lucía Ramírez de Páez. Número único de radicación 13001-23-31-000-2004-
01051-01“[…].

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108. En el evento de que el liquidador tenga dudas sobre la procedencia o
la validez de la reclamación se encuentra facultado para rechazarla según los
señalado en el parágrafo del artículo 26 del Decreto 2211 de 2004. En ese
orden, la sociedad interesada debe acreditar ante el liquidador la
existencia, titularidad, validez y vigencia de las acreencias que reclama.
[…]»32(Resaltado y subrayado fuera de texto)

No obstante, se insiste, no es posible establecer si cumplió la carga de presentar
las pruebas para tener por acreditada su reclamación, en atención a que, no hay
certeza de cuáles fueron los documentos que tuvo a su disposición el liquidador y
que dieron lugar a que señalara, para cada una de las órdenes de compra y de
servicios, que «[…] Faltan impuestos y el pago se realizó (…) posterior a la vigencia
(…) Póliza y aprobación (…) Aprobación posterior a la vigencia […]», lo cual derivó
en la aplicación del parágrafo del artículo 26 del Decreto núm. 2.211 de 2004, que
le entregaba la facultad al liquidador de rechazar una reclamación, si duda de su
procedencia o validez.

87. Se recuerda que lo decidido en la Resolución núm. 771 de 15 de mayo de 2009
y en el acta de calificación de 14 de mayo de 2009, que hace parte del acto
administrativo por así disponerlo este mismo en el numeral 5.2.1., tiene presunción
de legalidad, que:

«[…] se desprende del supuesto de que la administración ha actuado con plena
sujeción al ordenamiento jurídico superior para la expedición de la respectiva
decisión y con el respeto de las garantías y derechos de los administrados. Ello
con miras a brindar seguridad y estabilidad jurídica a las decisiones derivadas
de la expresión del poder estatal.

Se trata, por tanto, de una presunción legal o iuris tantum y no iure et jure, esto
es, que admite prueba en contrario y por lo mismo es desvirtuable ante el
juez de lo contencioso administrativo a través del ejercicio de las acciones
de nulidad (artículo 84 del C. C. A.), cuyo propósito principal es la conservación
y restitución del principio de legalidad, y de nulidad y restablecimiento del
derecho (artículo 85 del C. C. A.), en las que no solo se busca la efectividad
del principio de legalidad sino, como su nombre lo indica, el
restablecimiento del derecho que se considera conculcado y la
indemnización de los daños causados con la expedición del acto
administrativo.

De tal manera que quien pretenda desvirtuar la presunción de legalidad del
acto administrativo tiene la carga procesal de indicarle al juez las razones
por las que considera que la decisión no es acorde al orden público
normativo con el fin de que se decrete la nulidad y sea retirado en forma
definitiva del ordenamiento jurídico […]»33 (Resaltado y subrayado fuera de texto)

32 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero

ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ. Bogotá D.C., veintiuno (21) de enero de dos mil veintiuno (2021).
Radicación número: 76001-23-31-000-2010-00036-01. Actor: PROCAPS S.A. Demandado: E.S.E ANTONIO
NARIÑO EN LIQUIDACIÓN – CONSORCIO LIQUIDACIÓN ESE ANTONIO NARIÑO. Referencia: ACCIÓN DE
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
33 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA. Consejero

ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO. Bogotá, D. C., veintiuno (21) de junio de dos mil dieciocho
(2018). Radicación número: 05001-23-31-000-2006-01245-01. Actor: EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN.

33

Radicación: 08001 23 31 006 2009 00830 01
Demandante: JOSÉ ALIRIO MORA FERNÁNDEZ - DELICHEF
Demandado: E.S.E. REDEHOSPITAL EN LIQUIDACIÓN

88. De tal manera que, si el apelante pretendía la nulidad de la citada resolución y el
restablecimiento del derecho, soportaba la carga de abatir su presunción de
legalidad, demostrando, siguiendo el artículo 84 del CCA, que fue, entre otras
causales, falsamente motivado34 -causal esbozada en la demanda-, acreditando, de
acuerdo, principalmente, con las pruebas documentales que integraron la
reclamación presentada al proceso de liquidación de la E.S.E. REDEHOSPITAL EN
LIQUIDACIÓN que, contrario a lo señalado en el acto administrativo impugnado, i)
sí realizó el pago oportuno de los tributos que la suscripción de las órdenes de
compra y de servicios generaban y ii) sí constituyó y se aprobaron, oportunamente,
las garantías para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que generaban las
órdenes de compra y de servicios.

89. El vicio de falsa motivación del acto acusado plantea una confrontación entre dos
extremos como lo son, de una parte, el acto administrativo acusado y, de otra parte,
la realidad fáctica y jurídica asociada al mismo, siendo tal realidad fáctica, en el
presente asunto, la que se encontraba en la reclamación presentada al proceso de
liquidación de la E.S.E. REDEHOSPITAL EN LIQUIDACIÓN, la cual no fue posible
evaluar, prevaleciendo, en consecuencia, la presunción de acierto que cobija a la
administración.

II.5. La conclusión

La Sala, acorde con los razonamientos expuestos anteriormente, estima que el
apelante no desvirtuó la presunción de legalidad de la Resolución núm. 771 de 15
de mayo de 2009 y, en consecuencia, resulta procedente la confirmación de la
sentencia de 25 de septiembre de 2015 proferida por el «[…] TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO CON SEDE EN BARRANQUILLA (…) SALA ITINERANTE
ADMINISTRATIVA DE DESCONGESTIÓN […]».

34 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN A. Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ. Bogotá, D. C., dos (2) de junio de
dos mil veintitrés (2023). Radicación: 25000 23 36 000 2014 00332 01 (56.854). Demandante: Consorcio CG.
En esta decisión judicial, en relación con el vicio de falsa motivación, indicó: «[…] (iii) Falsa motivación (…) 63.
La motivación constituye un elemento esencial de todo acto jurídico, así como un requisito de validez del acto
administrativo, en tanto allí se explican y fundamentan las razones de hecho y de derecho que llevan a la
Administración a adoptar una decisión, todo como resultado del procedimiento administrativo adelantado en tal
definición. La doctrina especializada explica la motivación como “la exteriorización de las razones que justifican
y fundamentan la emisión del acto, que versan tanto en las circunstancias de hecho y de derecho”, de manera
que este es el elemento que exhibe las razones del obrar administrativo, por lo que su desconocimiento o
indebido desarrollo puede configurar los vicios de falta y falsa motivación (…) 64. El último de los vicios
enunciados se presenta cuando las razones que sirven de sustento al acto administrativo no se corresponden
con los reales sucesos o los efectos jurídicos que deben ser atribuidos, generado una disonancia entre la
argumentación esbozada y los supuestos fácticos y probatorios acreditados. La jurisprudencia de esta
Corporación ha precisado los eventos en que este yerro se configura: (…) “- Cuando los motivos determinantes
de la decisión adoptada por la administración se basaron en hechos que no se encontraban debidamente
acreditados; (…) “- Cuando habiéndose probado unos hechos, estos no son tenidos en consideración, los que
habrían podido llevar a que se tomara una decisión sustancialmente distinta. (…) “- Por apreciación errónea de
los hechos, de suerte que los hechos aducidos efectivamente ocurrieron, pero no tienen los efectos o el alcance
que les da el acto administrativo” […]»

34

Radicación: 08001 23 31 006 2009 00830 01
Demandante: JOSÉ ALIRIO MORA FERNÁNDEZ - DELICHEF
Demandado: E.S.E. REDEHOSPITAL EN LIQUIDACIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 25 de septiembre de 2015 proferida por
el «[…] TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CON SEDE EN BARRANQUILLA (…) SALA
ITINERANTE ADMINISTRATIVA DE DESCONGESTIÓN […]», por los motivos
expuestos en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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