Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2006-01245-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Licencia ambiental: otorgamiento a través de acto administrativo
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2006-01245-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 05001-23-31-000-2006-01245-01
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
21 de junio de 2018
LICENCIA AMBIENTAL – Otorgamiento a través de acto administrativo / LICENCIA AMBIENTAL – Concepto / EXPEDICIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL – Finalidad
[L]a expedición de la licencia ambiental constituye un acto administrativo de contenido particular y concreto en la medida en que expresa la voluntad unilateral de la autoridad de conceder una autorización de carácter temporal para el desarrollo o ejecución de una obra que genera un impacto en el ambiente, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de los requisitos relacionados con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada. En ese sentido, con el otorgamiento de la licencia ambiental se crea una situación jurídica particular para el beneficiario, decisión esta que se presume válida.
PRINCIPIO DE LEGALIDAD – Alcance / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD – Presunción juris tantum / PRESUNCIÓN JURIS TANTUM – Lo es la presunción de legalidad
La presunción de legalidad se desprende del supuesto de que la administración ha actuado con plena sujeción al ordenamiento jurídico superior para la expedición de la respectiva decisión y con el respeto de las garantías y derechos de los administrados. Ello con miras a brindar seguridad y estabilidad jurídica a las decisiones derivadas de la expresión del poder estatal. Se trata, por tanto, de una presunción legal o iuris tantum y no iure et jure, esto es, que admite prueba en contrario y por lo mismo es desvirtuable ante el juez de lo contencioso administrativo a través del ejercicio de las acciones de nulidad (artículo 84 del C. C. A.), cuyo propósito principal es la conservación y restitución del principio de legalidad, y de nulidad y restablecimiento del derecho (artículo 85 del C. C. A.), en las que no solo se busca la efectividad del principio de legalidad sino, como su nombre lo indica, el restablecimiento del derecho que se considera conculcado y la indemnización de los daños causados con la expedición del acto administrativo. De tal manera que quien pretenda desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo tiene la carga procesal de indicarle al juez las razones por las que considera que la decisión no es acorde al orden público normativo con el fin de que se decrete la nulidad y sea retirado en forma definitiva del ordenamiento jurídico.
COMPETENCIA DE CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA – No la tiene para el otorgamiento de una nueva licencia ambiental respecto de un mismo proyecto / PRINCIPIO DE LEGALIDAD – Aplicación / CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA – No le asiste razón alguna adoptar decisiones posteriores por el previo conocimiento de que demandante se le imposibilita el desarrollo del proyecto / CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA – Mecanismos ante el incumplimiento del proyecto
De la lectura de los motivos alegados en la resolución 7529 de 2005 se desprende con toda claridad que Corantioquia era conocedora de la concesión de dos licencias ambientales para el desarrollo de un proyecto de disposición final de residuos sólidos dentro del mismo predio, solo que, bajo el argumento de haber obtenido información acerca de una presunta inviabilidad financiera y la falta de intención de Empresas Varias de Medellín E. S. P. en la ejecución del proyecto para el que le fue concedida la licencia ambiental, decidió otorgar una nueva licencia a la empresa Enviambientales S. A. E. S. P., propietaria del lote de terreno donde se desarrollaría la obra. […] [S]e encuentra que ante la existencia previa de un acto administrativo ejecutoriado amparado por la presunción de legalidad, esto es, el contenido en la resolución 6621 de 2003, Corantioquia carecía de competencia para el otorgamiento de una nueva licencia ambiental respecto de un mismo proyecto, por cuanto tal premisa implica un abierto y absoluto desconocimiento de la situación jurídica particular que se creó en favor de Empresas Varias de Medellín E. S. P. con la expedición del citado acto administrativo y de la certidumbre que se tenía frente al derecho válidamente reconocido. El supuesto de que la entidad demandada tuviera conocimiento de la imposibilidad o desinterés de Empresas Varias de Medellín E. S. P. en el desarrollo del relleno sanitario no puede erigirse, bajo ninguna circunstancia, como un argumento jurídicamente atendible para que la autoridad administrativa ejerza la atribución legal que le asiste para la adopción de posteriores y sucesivas decisiones respecto de actuaciones que ya han sido resueltas previamente y en forma definitiva, pues, además de constituir una ostensible vulneración del derecho al debido proceso de los asociados, quebranta el principio de seguridad jurídica de las decisiones de la propia administración. […] Ahora bien, es relevante señalar que si la administración tenía conocimiento de que el proyecto cuya licencia ambiental fue otorgada a Empresas Varias de Medellín E. S. P. no se desarrollaría, pudo hacer uso de los mecanismos establecidos en la normativa que regula la materia dirigidos a revocar la autorización concedida, como el previsto en el artículo 23 del Decreto 1180 de 2003 que regula lo relacionado con la suspensión y revocatoria de la licencia ambiental. […] La parte actora tiene la obligación de ejecutar el proyecto de relleno sanitario en los términos y condiciones técnicas señaladas en el acto administrativo que concedió la licencia ambiental, de suerte que si no realiza las gestiones necesarias para tal propósito la administración puede, además de revocar la licencia por incumplimiento del contenido de la misma, ejercer las acciones procedentes para establecer la responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal que se puedan derivar de la omisión o inobservancia en la ejecución del derecho reconocido por la autoridad ambiental.
FUENTE FORMAL: LEY 99 DE 1993 – ARTÍCULO 49 / LEY 99 DE 1993 – ARTÍCULO 51 / DECRETO 1180 DE 2003 – ARTÍCULO 17 / DECRETO 1180 DE 2003 – ARTÍCULO 18 / DECRETO 1180 DE 2003 – ARTÍCULO 23 /
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá, D. C., veintiuno (21) de junio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 05001-23-31-000-2006-01245-01
Actor: EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN
Demandado: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación presentado por el demandante contra la sentencia del 10 de octubre de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
En el escrito de la demanda, la parte actora solicitó lo siguiente:
“1. Se declare la nulidad de la Resolución No. 7529 del 12 de enero de 2005 “Por la cual se otorga una licencia ambiental para el proyecto denominado “Centro Industrial del Sur – CIS”, expedida (sic) la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – CORANTIOQUIA.
2. Se declare la nulidad de la Resolución No. 7822 del 04 de agosto de 2005 “Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por EEVVM E. S. P. contra la Resolución No. 7529 del 12 de enero de 2005”.
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se disponga lo siguiente:
2.1 Se restablezca el derecho de Empresas Varias de Medellín en su calidad de beneficiaria de la licencia ambiental única para el proyecto “Centro Integrado de Residuos Sólidos El Guacal”, otorgada por CORANTIOQUIA mediante la resolución No. 6621 del 21 de noviembre de 2003.
2.2 Como consecuencia de lo anterior, se sirva ordenar a CORANTIOQUIA proceda a la suspensión de operaciones del proyecto “Centro Industrial del Sur”.
2. Hechos
La parte actora narró, en síntesis, los siguientes supuestos fácticos:
1) En cumplimiento del objeto social (prestación del servicio público de aseo y actividades complementarias), durante el primer trimestre del año 2003, realizó los estudios necesarios para establecer si el predio denominado El Guacal, ubicado en la vereda Monteadentro, municipio de Heliconia (Antioqua), era viable para desarrollar un relleno sanitario.
2) Por lo tanto, una vez efectuados los estudios, solicitó a Corantioquia la expedición de la licencia ambiental para el proyecto “Centro Integrado de Residuos Sólidos El Guacal”.
3) A través de la resolución 6621 del 21 de noviembre de 2003 proferida por Corantioquia, fue otorgada a Empresas Varias de Medellín S. A. E. S. P. la licencia ambiental única para el proyecto en referencia, con un término de vigencia de cincuenta años contado desde la ejecutoria del acto administrativo que la concedió, correspondiendo veinte años a la etapa de operación y treinta años para la etapa de clausura.
4) Corantioquia notificó el contenido de la resolución 6621 el mismo día de la expedición de ese acto, es decir, el 21 de noviembre de 2003. En ese orden, comoquiera que contra la decisión no fue interpuesto recurso alguno, adquirió firmeza el 1º de diciembre de 2003.
5) En el año 2003, Empresas Varias de Medellín E. S. P. conformó una sociedad para ejecutar el proyecto y en el año 2004 cedió la licencia ambiental al municipio de Envigado (Antioquia) y a Enviaseo E. S. P., en virtud de la facultad legal establecida en el artículo 29 del Decreto 1220 de 2005 expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial.
6) El 20 de octubre de 2004, la Empresa de Servicios Públicos Enviambiental S. A. E. S. P., integrada por el municipio de Envigado, la Empresa de Servicios Públicos Enviaseo E. S. P. y Ambientales S. A. E. S. P., presentó ante Corantioquia la solicitud de licencia ambiental para el proyecto Centro Industrial del Sur – CIS destinado a la disposición final de los residuos sólidos generados en el área metropolitana del Valle de Aburrá y municipios aledaños.
7) Por resolución 7272 del 5 de noviembre de 2004, Corantiouia admitió la solicitud de licencia ambiental presentada por Enviambiental S. A. E. S. P., bajo el argumento consistente en que: […] Empresas Varias de Medellín E. S. P. en varias oportunidades y en recientes declaraciones de su gerente, ha manifestado su intención de no llevar a cabo el proyecto “Centro Integrado de Residuos Sólidos El Guacal” por cuanto no es propietaria del predio y porque a su juicio este es inviable financieramente para la empresa según consta en el informe de la Contraloría General de Medellín […].
8) Mediante oficio con radicación número 95266 del 29 de noviembre de 2004, Empresas Varias de Medellín E. S. P. se opuso al trámite de licencia ambiental para el proyecto Centro Industrial del Sur, por considerar que era la actual beneficiaria de la licencia ambiental para el proyecto Centro Integrado de Residuos Sólidos El Guacal, al que no había renunciado en favor de la Empresa de Servicios Públicos Enviambiental S. A. E. S. P.
Así mismo, indicó a Corantioquia que en los dos proyectos se presentaba una superposición de áreas, adicional al hecho de que tenían como objeto en común la disposición final de residuos sólidos.
9) Mediante la resolución 7529 del 12 de enero de 2005, Corantioquia otorgó la licencia ambiental a Enviambientales S. A. E. S. P.
10) Empresas Varias de Medellín E. S. P. interpuso el recurso de reposición contra esa decisión, medio de impugnación que fue desatado a través de la resolución 7822 del 4 de agosto de 2005 por parte del director ad hoc de Corantioquia, en el sentido de confirmar íntegramente el acto recurrido.
3. Normas violadas y concepto de la violación
La parte actora adujo que con la expedición de los actos acusados, Corantioquia desconoció el artículo 29 de la Constitución Política; la Ley 99 de 1993 respecto del otorgamiento de licencias ambientales; el Decreto 1220 de 2005 y los artículos 69 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.
En explicación de ese quebranto normativo, expuso los siguientes argumentos:
En primer lugar, adujo que Corantioquia carecía de fundamento legal para la expedición de licencias ambientales a dos proyectos de idéntica naturaleza y excluyentes entre sí, toda vez que la Ley 99 de 1993 ni el Decreto 1220 de 2005 reconocen competencia a las autoridades ambientales para otorgar dos licencias consecutivas para proyectos de igual naturaleza y en un mismo predio.
El argumento para conceder la segunda licencia ambiental obedeció a una supuesta imposibilidad de ejecución del proyecto Centro Integrado de Residuos Sólidos El Guacal por parte de Empresas Varias de Medellín E. S. P. y en una diferencia entre los dos proyectos a desarrollar.
Corantioquia alegó en los actos demandados que el proyecto sería ejecutado por la empresa que detentara la titularidad del predio, premisa esta que no tiene ningún sustento normativo, lo que vicia de nulidad las decisiones objeto de cuestionamiento.
Manifestó que se vulneró el derecho al debido proceso por cuanto se desconoció el derecho adquirido de Empresas Varias de Medellín E. S. P. con el otorgamiento de la licencia ambiental mediante la resolución 6621 de 2003, si se tiene en cuenta que fue revocada en forma irregular.
Indicó que conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Decreto 1180 de 2003 uno de los derechos implícitos con el otorgamiento de la licencia ambiental es la posibilidad de cederla previa autorización de la autoridad competente.
Con fundamento en ese precepto, Empresas Varias de Medellín E. S. P. ofreció de manera verbal y escrita la cesión de la licencia ambiental del proyecto Centro Integrado de Residuos Sólidos El Guacal al municipio de Envigado y a otras empresas de servicios públicos, pues, tenía conocimiento del interés de estos de desarrollar un proyecto para la disposición final de residuos sólidos.
No obstante, el ofrecimiento no fue aceptado en consideración a que Corantioquia, sin tener en cuenta la oposición presentada por Empresas Varias de Medellín E. S. P. frente al trámite de concesión de licencia presentado por la sociedad Enviambientales S. A. E. S. P., otorgó una segunda licencia para el desarrollo del proyecto Centro Industrial del Sur – CIS, en los mismos predios objeto de la primera autorización.
Advirtió que según la consagración contenida en el artículo 62 de la Ley 99 de 1993 reglamentado por el artículo 31 del Decreto 1220 de 2005, la revocatoria de la licencia ambiental solo es procedente cuando su beneficiario haya incumplido los términos, obligaciones y condiciones fijadas en aquella o en normas de superior jerarquía, situación que no aconteció en el asunto materia de controversia.
Así mismo, Corantioquia debió solicitar autorización a Empresas Varias de Medellín E. S. P. para proceder a la revocatoria directa de la licencia ambiental otorgada. El artículo 73 del C. C. A. faculta a la administración para no solicitar el consentimiento previo al particular beneficiado con una decisión contenida en un acto administrativo cuando este hubiere ocurrido por medios ilegales, pero, en este asunto, la licencia fue otorgada con sujeción al procedimiento consagrado para tal fin.
Expuso que el otorgamiento de la licencia ambiental a Enviambientales S. A. E. S. P. constituye una “vía de hecho” en la medida en que Corantioquia contrarió de manera flagrante el ordenamiento jurídico, dado que empleó una facultad prevista en la Ley 99 de 1993 y en el Decreto 1220 de 2005 para un propçosito no regulado en esas disposiciones legales.
Por otro lado, indicó que los actos administrativos demandados adolecen de nulidad por falsedad en los motivos, pues, fueron expedidos con argumentos contrarios a la realidad, ya que carece de sustento la afirmación referente a que Empresas Varias de Medellín E. S. P. renunció a la ejecución del proyecto porque no era titular del inmueble en el que se pretendía desarrollar.
Todo ello evidencia, adicionalmente, una desviación de poder de Corantioquia para favorecer los intereses particulares de Enviambientales S. A. E. S. P.
4. Contestación de la demanda
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia
A través de apoderado, la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) contestó la demanda con oposición a las pretensiones de la parte actora, en los siguientes términos:
Señaló que Empresas Varias de Medellín E. S. P. parte de la idea errónea de que el otorgamiento de una licencia ambiental configura un derecho adquirido al beneficiario y, en ese sentido, pueda postergar de manera indefinida la ejecución del proyecto para el cual fue concedida la licencia.
Adujo que si bien los dos proyectos a los que Corantioquia concedió licencia ambiental tienen objeto similar no son iguales técnicamente. Ambos difieren en aspectos tales como la vida útil (etapa de operación), población a atender, duración del proyecto (operación, clausura y posclausura), tipo de residuos, tipo de relleno, impermeabilización del fondo, capacidad total, densidad de compactación de los fardos, densidad de compactación de los residuos, manejos de gases, caudal de agua requerido y fuente de captación, entre otros.
El licenciamiento del nuevo proyecto se hizo con pleno conocimiento de que el proyecto Centro Integrado de Residuos Sólidos El Guacal no se llevaría a cabo por voluntad expresa y manifiesta de los órganos de dirección de Empresas Varias de Medellín E. S. P., información esta que se encuentra debidamente soportada en la documentación pertinente, pues, el objetivo era darle prioridad de inversión a otros proyectos que garantizaran la prestación eficiente del servicio público de aseo.
En ese sentido, esgrimió que a Corantioquia como autoridad ambiental le asiste el deber de conocer si los proyectos a los que les fue otorgada la licencia serán ejecutados o no, con el propósito de incentivar que otras empresas los puedan llevar a cabo.
Recalcó que si bien ambos proyectos tienen como objeto la disposición final de residuos sólidos, lo cierto es que en el proyecto Centro Integrado de Residuos Sólidos El Guacal solo se dispondrían residuos sólidos urbanos, en tanto que en el proyecto Centro Industrial del Sur, además de estos, se dispondrían residuos sólidos especiales y peligrosos, los cuales tienen tratamientos diferentes que definen la naturaleza misma de los proyectos.
En cuanto al derecho de cesión de la licencia ambiental, adujo que tal prerrogativa no constituye un obstáculo o impedimento para que otras personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, puedan solicitar y obtener una licencia ambiental en el mismo predio donde se va a desarrollar un proyecto, siempre que su objeto sea técnicamente distinto.
Por otro lado, anotó que Corantioquia no expidió ningún acto administrativo en el que revocara la licencia ambiental concedida a Empresas Varias de Medellín E. S. P. a través de la resolución 6221 de 2003 ni tampoco tal decisión ha sido declarada nula por parte de la jurisdicción contencioso administrativa, razón por la que el cargo así expuesto no tiene ningún soporte jurídico válido.
Respecto del reproche que apuntala a la desviación de poder de la entidad demandada para favorecer los intereses de la empresa Enviambiental S. A. E. S. P., indicó que Empresas Varias de Medellín E. S. P. desconoce que el servicio para la disposición final de residuos sólidos puede ser prestado por cualquier empresa que cumpla con los requerimientos técnicos para tal fin, lo que significa que con la licencia ambiental conferida a Enviambiental S. A. E. S. P. también se lleva a cabo por parte del Estado el cometido referente a la prestación de ese específico servicio, luego la afirmación de la parte actora corresponde a una mera apreciación subjetiva.
Resaltó que tanto el proyecto de Empresas Varias de Medellín E. S. P. y de Enviambiental S. A. E. S. P. cuentan con las respectivas autorizaciones ambientales, pero solo podrá llevarlo a cabo quien haya obtenido los permisos y otras licencias exigidas por el municipio de Heliconia y que además se encuentre habilitado para disponer del predio, sin que este último aspecto constituya un requisito previsto en la normativa que regula la materia; no obstante, por razones lógicas, en la práctica puede ejecutar la licencia ambiental quien pueda hacer uso del predio.
Arguyó que la intención de Empresas Varias de Medellín E. S. P. no era la ejecución del proyecto Centro Integrado de Residuos Sólidos El Guacal, dado que su interés estaba dirigido a ceder la licencia, posición con la que se desconoce el derecho de la empresa Enviambientales S. A. E. S. P. de solicitar la licencia ambiental para el desarrollo de un proyecto que es sustancialmente distinto del que ejecutaría la parte actora.
Empresa Evas Enviambientales S. A. E. S. P. (tercero vinculado al proceso)
El apoderado de la empresa Enviambientales S. A. E. S. P., contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la parte actora con fundamento en el siguiente razonamiento:
Indicó que Corantioquia para la expedición de la licencia a Enviambientales S. A. E. S. P.se ajustó a lo consagrado en el artículo 9 del Decreto 1220 de 2005, pues este precepto clasifica los tipos de proyectos de rellenos sanitarios en cuanto al manejo de residuos peligrosos y los que no tienen tal condición, de ahí que es desprovisto de fundamento válido el inconformismo acerca de la supuesta violación de normas legales por parte de Corantioquia, si se tiene en cuenta que el proyecto Centro Industrial del Sur tiene un objeto diferente al del proyecto Centro Integrado de Residuos Sólidos El Guacal, en la medida en que para este no se encuentra autorizada la disposición final de residuos peligrosos.
Sostuvo que en razón de que Corantioquia tenía conocimiento de que Empresas Varias de Medellín E. S. P. decidió no ejecutar el proyecto de disposición final de residuos sólidos, determinó expedir licencia ambiental a la empresa Enviambientales S. A. E. S. P., ya que esta tenía el compromiso en la ejecución de un proyecto que beneficiaría a los habitantes del Valle de Aburrá.
Anotó que conforme a lo preceptuado en el artículo 112 del Decreto 1713 de 2002, que regula la prestación del servicio público de aseo, las personas que prestan este servicio deben garantizar la continuidad del mismo para preservar la salud pública y el bienestar colectivo de los usuarios y evitar los riesgos por contaminación.
Destacó que el servicio público de aseo tiene el carácter de bien meritorio, lo que implica que el Estado debe suministrarlo en ausencia de un particular interesado en proveerlo ya que el costo social de no hacerlo es elevado.
5. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, mediante sentencia dictada el 10 de octubre de 2012, resolvió lo siguiente:
“PRIMERO:NIEGANSE las pretensiones de la demanda”.
Las razones que tuvo en cuenta el a quo para proceder en el sentido indicado se resumen a continuación:
En primer lugar, señaló que Corantioquia, en uso de las facultades establecidas en los artículos 51 y 53 de la Ley 99 de 1993 otorgó una licencia ambiental a Empresas Varias de Medellín E. S. P. para el desarrollo del proyecto Centro Integrado de Residuos Sólidos El Guacal, cuya ejecución se adelantaría en la finca El Guacal ubicada en la vereda Monteadentro, municipio de Heliconia, con las siguientes coordenadas:
X1: 1.182.000 X2:1.183.000
Y1: 1.151.000 Y2:1.151.800
También fue concedida una licencia ambiental a la empresa Enviambientales S. A. E. S. P. para la construcción y puesta en marcha del proyecto Centro Industrial del Sur, en el predio ubicado en las veredas La Chorrera y Monteadentro del municipio de Heliconia, con las siguientes coordenadas:
X:1.180.000 – 1.84.000 N.Y. 1.150.000 – 1.154.000 E. Planchas topográficas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 146-I-D- y 146-II-C.
Al respecto, anotó que si bien los dos proyectos cuyas licencias ambientales fueron otorgadas están ubicados en el mismo predio, Corantioquia ostentaba la competencia legal para la emisión de aquellas, dado que la normatividad que regula la materia no contempla una prohibición en tal sentido. El ejercicio de la competencia por parte de la autoridad administrativa no se agota con la expedición de uno u otro acto, pues es una facultad de carácter general e intemporal.
Manifestó que la licencia ambiental otorgada a Empresas Varias de Medellín E. S. P. constituye un activo de la entidad pero que debía ser objeto de explotación dentro de un término razonable atendiendo el objeto para el cual fue otorgada. La concreción del proyecto de disposición final de residuos sólidos en el área metropolitana del Valle de Aburrá era de imperiosa necesidad para evitar una emergencia sanitaria y ambiental por la eventual suspensión de operaciones donde se llevaba a cabo la disposición final de desechos para ese momento.
Así mismo, resaltó que la licencia ambiental no tiene la connotación de ser un derecho adquirido para su titular, en tanto no ha sido incorporado al patrimonio de este.
Indicó que Empresas Varias de Medellín E. S. P. no podía desarrollar el proyecto con la sola expedición de la licencia, en consideración a que requería de la obtención de permisos, autorizaciones, concesiones y licencias expedidos por el municipio de Heliconia, tal como lo establece el artículo 5 del Decreto 180 de 2003, luego no es válido sostener que el derecho para el desarrollo del proyecto estaba consolidado y, en esa medida, no puede ser considerado como un derecho adquirido.
Frente al cargo atinente a la vulneración del derecho al debido proceso por considerar la parte actora que con la expedición de la licencia ambiental a la empresa Enviambientales S. A. E. S.P. se revocó en forma irregular la primera licencia ambiental otorgada a Empresas Varias de Medellín E. S. P., expuso que en razón a que la autoridad ambiental tuvo conocimiento de que esta última no pretendía adelantar el proyecto de disposición final de residuos sólidos en el área metropolitana del Valle de Aburrá, inició el trámite pertinente dirigido a la emisión de la licencia ambiental solicitada por Serviambiental E. S. P. para la construcción del proyecto Centro Industrial del Sur.
La información atinente a que la sociedad demandante no tenía intención en ejecutar el proyecto ambiental autorizado a través de la respectiva licencia fue extraída, entre otras pruebas, del oficio con radicación 86207 del 27 de mayo de 2004 emitido por el gerente de Empresas Varias de Medellín E. S. P. en el que señaló que: “la junta directiva de Empresas Varias de Medellín E. S. P., en su sesión Nro. 07 del pasado 5 de mayo, tomó la decisión de no realizar inversión alguna en el lote El Guacal, para darle prioridad e invertir en otros proyectos que garanticen la prestación eficiente del servicio público de aseo”.
Igualmente, acotó que en el expediente obra la certificación del 29 de junio de 2004 expedida por la Secretaría General de Empresas Varias de Medellín E. S. P., en la que se indicó respecto del predio El Guacal: “no realizar inversión alguna en el lote El Guacal, solicitar a la administración que se formalice (sic) los estudios económicos financieros discutidos en la presente reunión para dar soporte a la decisión que se toma. Autorizar a la gerencia para negociar la licencia ambiental otorgada por CORANTIOQUIA para el relleno sanitario en el municipio de Heliconia denominado El Guacal. Solicitar a la administración que se busquen otras alternativas de lotes para el relleno sanitario en el sur del Valle de Aburrá”.
En oficio 87737 del 29 de junio de 2004, el gerente de Empresas Varias de Medellín E. S. P. en el que expresó: “extracto del acta de junta directiva de la empresa No. 07, de la sesión realizada el día 5, en el cual consideró no viable para la empresa el proyecto El Guacal y autorizó al gerente para adelantar los trámites necesarios para la eventual negociación de la licencia”.
Por consiguiente, con las pruebas aportadas al expediente se comprobó que Empresas Varias de Medellín E. S. P. no iba a desarrollar el proyecto para la puesta en marcha del relleno sanitario en el predio El Guacal, circunstancia esta que requería la intervención inmediata de la autoridad ambiental tendiente a la emisión de una nueva licencia ambiental para tal propósito, en atención al peligro que implicaba para la salud pública de los habitantes del área metropolitana del Valle de Aburrá no contar con un sitio de disposición final de residuos sólidos.
6. Apelación
La parte actora, por intermedio de apoderado interpuso el recurso de apelación, sustentado en los siguientes argumentos:
Advirtió que en la sentencia impugnada el a quo reconoció que Corantioquia en su condición de autoridad ambiental puede proferir actos administrativos sin competencia legal para ello.
Los artículos 49 y siguientes de la Ley 99 de 1993 estaban reglamentados para la época de los hechos de la demanda por el Decreto 1180 de 2003. Este último postulado sirvió de sustento a Corantioquia para el otorgamiento de la licencia ambiental para el proyecto Centro Industrial Sur – CIS, a favor de la empresa Enviambientales y para la licencia de Empresas Varias de Medellín E. S. P.
En ese orden, las licencias ambientales fueron expedidas para el desarrollo de dos proyectos de relleno sanitario en un mismo predio y con objetos idénticos.
Insistió en que Corantioquia carecía de competencia para tramitar y expedir una nueva licencia ambiental para dos proyectos superpuestos, en el entendido de que esa situación no está contemplada en la normatividad que regula el otorgamiento de licencias ambientales.
Consideró inaceptable el hecho de que el Tribunal de instancia haya afirmado que existe una atribución legal para la autoridad administrativa que no se agota con la expedición de uno u otro acto administrativo, pues debe tenerse en cuenta que para el momento en que fue emitida la resolución 7529 del 12 de enero de 2005, por la cual se otorgó una licencia ambiental a Evambientales S. A. E. S. P., ya se había conferido, previamente, una autorización a Empresas Varias de Medellín E. S. P. para el desarrollo del mismo proyecto de disposición final de residuos sólidos.
No es jurídicamente viable que un proyecto cuente con dos licencias ambientales otorgadas a diferentes personas, pues, en los términos del inciso final del artículo 3 del Decreto 1180 de 2003, ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una licencia ambiental.
Arguyó que Corantioquia expidió la licencia ambiental a Enviambientales S. A. E. S. P. bajo un procedimiento ideado para la superposición de las licencias, habida cuenta que no existía un trámite legal para resolver sobre tal aspecto.
El Decreto 2820 de 2010 reglamentó todo lo relacionado con la superposición de proyectos y fue solo con la expedición de esa normativa que se estableció el procedimiento administrativo para resolver ese tipo de situaciones, de suerte que para la fecha de expedición de los actos acusados no existía ninguna regulación sobre el particular.
Expresó que Empresas Varias de Medellín E. S. P. tiene un activo intangible en la licencia ambiental otorgada que se ha visto afectado por la actuación irregular de Corantioquia, además de desconocer el derecho adquirido frente a la licencia y el principio de confianza legítima.
Por otro lado, manifestó que la intervención de Empresas Varias de Medellín E. S. P. en el procedimiento administrativo que culminó con la expedición de los actos demandados no legitima el desconocimiento y vulneración de los derechos y garantías fundamentales que le asisten, en la medida en que toda la actuación desplegada por Corantioquia es ilegal y vicia de nulidad la licencia ambiental conferida a Enviambientales S. A. E. S. P.
Acotó que en la sentencia de primera instancia se argumentó que Empresas Varias de Medellín E. S. P. no obtuvo los permisos, licencias y autorizaciones requeridas por el municipio de Heliconia para el desarrollo del proyecto de relleno sanitario, cuando lo cierto es que el artículo 5 del Decreto 1180 de 2003 contiene una disposición genérica de los permisos cuya consecución se requiere, sin especificar, en modo alguno, las autorizaciones que se deben tramitar ante la administración municipal.
7. Actuación procesal en esta instancia
Mediante auto del 22 de agosto de 2013, el Tribunal Administrativo de Antioquia concedió en el efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto por la parte actora.
Por auto del 12 de mayo de 2014 la Sección Primera del Consejo de Estado admitió el recurso interpuesto en contra de la sentencia del 10 de octubre de 2013.
A través de auto del 31 de mayo de 2016 se corrió traslado a las partes y al Procurador Delegado por el término de 10 días para que presentaran los alegatos de conclusión.
8. Alegatos de conclusión
Parte actora
Mediante escrito presentado a través de apoderado judicial, los alegatos finales se estructuraron en el hecho de que en la sentencia de primera instancia no realizó un análisis de fondo respecto de la falta de competencia de Corantioquia para la expedición de dos licencias ambientales para la ejecución de dos proyectos de igual naturaleza y en un mismo predio para la disposición final de residuos sólidos.
Corantioquia
A través de apoderado, Corantioquia presentó en tiempo escrito de alegaciones finales en el sentido de recalcar la facultad legal con la que cuenta la entidad para la expedición de licencias ambientales previo al cumplimiento de los requisitos señalados en la Ley 99 de 1993 y demás normas concordantes.
Precisó que en el asunto materia de discusión, la licencia otorgada a Enviambientales S. A. E. S. P. tiene un objeto diferente a la conferida a Empresas Varias de Medellín E. S. P., aunado al hecho de la necesidad que existía en el momento de otorgar una licencia para el manejo de residuos sólidos en el área metropolitana del Valle de Aburrá con miras a evitar una emergencia sanitaria y ambiental.
Enviambientales S. A. E. S. P.
El tercero vinculado al proceso no alegó de conclusión.
9. Concepto del Ministerio Público
El procurador delegado guardó silencio.
CONSIDERACIONES
1. Competencia
Corresponde a la Sala de lo Contencioso Administrativo, a través de esta Sección, conocer el recurso de apelación interpuesto por la sociedad actora contra la sentencia dictada el 10 de octubre de 2012 por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en los términos del artículo 129 del C. C. A., en concordancia con lo decidido en el Acuerdo de Descongestión No. 357 de 5 de diciembre de 2017, suscrito entre las Secciones Primera y Quinta de esta Corporación.
2. Problema jurídico
El problema jurídico se contrae en determinar si la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia tenía competencia para la expedición de una licencia ambiental para el desarrollo de un proyecto de relleno sanitario, el cual contaba con una licencia previa otorgada a través del respectivo acto administrativo a otra persona jurídica.
3. Análisis de los argumentos de la apelación
La Ley 99 de 1993 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones” establece en el artículo 49 la obligatoriedad de la obtención de la licencia ambiental para la ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad que de acuerdo con la ley pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o que introduzca modificaciones considerables o notorias al paisaje.
De esta manera, una vez que el interesado en la obtención de la licencia acredite el cumplimiento de los requisitos fijados por la norma que regula la materia, la autoridad competente, esto es el Ministerio de Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios o distritos, según lo establecido en el artículo 51 ibídem, otorgarán a través de un acto administrativo la licencia ambiental que autoriza la ejecución de la obra o actividad.
Así pues, la expedición de la licencia ambiental constituye un acto administrativo de contenido particular y concreto en la medida en que expresa la voluntad unilateral de la autoridad de conceder una autorización de carácter temporal para el desarrollo o ejecución de una obra que genera un impacto en el ambiente, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de los requisitos relacionados con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada.
En ese sentido, con el otorgamiento de la licencia ambiental se crea una situación jurídica particular para el beneficiario, decisión esta que se presume válida.
La presunción de legalidad se desprende del supuesto de que la administración ha actuado con plena sujeción al ordenamiento jurídico superior para la expedición de la respectiva decisión y con el respeto de las garantías y derechos de los administrados. Ello con miras a brindar seguridad y estabilidad jurídica a las decisiones derivadas de la expresión del poder estatal.
Se trata, por tanto, de una presunción legal o iuris tantum y no iure et jure, esto es, que admite prueba en contrario y por lo mismo es desvirtuable ante el juez de lo contencioso administrativo a través del ejercicio de las acciones de nulidad (artículo 84 del C. C. A.), cuyo propósito principal es la conservación y restitución del principio de legalidad, y de nulidad y restablecimiento del derecho (artículo 85 del C. C. A.), en las que no solo se busca la efectividad del principio de legalidad sino, como su nombre lo indica, el restablecimiento del derecho que se considera conculcado y la indemnización de los daños causados con la expedición del acto administrativo.
De tal manera que quien pretenda desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo tiene la carga procesal de indicarle al juez las razones por las que considera que la decisión no es acorde al orden público normativo con el fin de que se decrete la nulidad y sea retirado en forma definitiva del ordenamiento jurídico.
En ese orden, en el caso sometido a consideración de la Sala, se encuentra que mediante la resolución 6621 del 21 de noviembre de 2003 proferida por el director general de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, se otorgó una licencia ambiental a Empresas Varias de Medellín E. S. P. para el desarrollo del proyecto Centro Integrado de Residuos Sólidos El Guacal, en el predio denominado de igual manera, ubicado en la vereda Yarumalito, en el municipio de Heliconia (Antioquia). La obra involucra la utilización de los recursos naturales renovables agua, aire, suelo, flora y fauna.
En la parte resolutiva de la resolución se indicó que la licencia ambiental tendrá una vigencia de cincuenta años a partir de la ejecutoria de la decisión, de los cuales veinte años corresponden a la etapa de operación y treinta años para las etapas de clausura del proyecto.
Así mismo, la autoridad ambiental hizo la advertencia de que la licencia ambiental puede ser suspendida o revocada cuando el beneficiario incumpla cualquiera de los términos, condiciones, obligaciones o exigencias consagradas en la ley, los reglamentos o en el mismo acto de otorgamiento.
Ahora bien, una vez adquirió firmeza la resolución 6621 de 2003, Corantioquia inició el trámite administrativo correspondiente para la emisión de la licencia ambiental dirigida a la construcción del proyecto Centro Industrial del Sur, por solicitud de la empresa de servicios públicos domiciliarios Enviambiental S. A. E. S. P., destinado a la disposición final de los residuos sólidos generados en el área metropolitana del Valle de Aburrá y municipios cercanos.
De esta manera, agotado el procedimiento administrativo, fue emitida la resolución 7529 del 18 de enero de 2005 por el director general de Corantioquia, por la cual se confirió la licencia ambiental requerida por la empresa Enviambiental S. A. E. S. P. para los fines señalados en el párrafo anterior.
En la parte considerativa de la decisión Corantioquia hizo la precisión de que con anterioridad a la expedición de la resolución 7529 de 2005, profirió la resolución 6221 de 2003, es decir, advirtió acerca de la existencia de dos licencias ambientales para ejecutar dos proyectos iguales en el mismo lote, cuyo propietario es el titular de una de ellas, con la salvedad de que solo se ejecutaría el nuevo proyecto porque su construcción y puesta en operación se torna necesaria para prevenir y controlar graves factores de deterioro ambiental.
Adicionalmente, manifestó que la decisión de proferir una nueva licencia ambiental obedeció al hecho de la información obtenida que daba cuenta de que Empresas Varias de Medellín E. S. P. no tenía ninguna intención de ejecutar el proyecto para el cual fue concedida la licencia ambiental.
A continuación se transcriben los apartes pertinentes de la motivación expuesta por la entidad demandada para el otorgamiento de la licencia ambiental a Enviambientales S. A. E. S. P.:
“[…] Expondremos las razones de la decisión adoptada en la presente resolución, no sin antes precisar y advertir que lo relevante en este asunto es la probabilidad de que existen dos (2) licencias ambientales para ejecutar dos (2) proyectos en un mismo lote cuyo propietario es el titular de una de ellas. Lo significativo aquí no es la naturaleza o tipo de proyectos, obras o actividades licenciadas, sino el hecho de que técnicamente ambos se encuentran licenciados para ser desarrollados en los mismos predios, por lo cual se excluyen y rechazan si tenemos en cuenta además que son proyectos esencialmente diferentes. No obstante, es posible adoptar la decisión contenida en esta resolución por cuanto solo se ejecutará el nuevo proyecto que aquí se autoriza y además porque su construcción y puesta en operación es necesaria para prevenir y controlar graves factores de deterioro ambiental.
En efecto, CORANTIOQUIA procederá a licenciar ambientalmente el denominado “Centro Industrial del Sur – CIS”, por cuanto obra con pleno conocimiento de que el proyecto denominado “Centro Integrado de Residuos Sólidos El Guacal” no se llevará a cabo por voluntad expresa y manifiesta de los máximos órganos de dirección de Empresas Varias de Medellín E. S. P.
En conclusión, para esta autoridad ambiental es claro que Empresas Varias de Medellín E. S. P., además de descartar la construcción y puesta en operación del proyecto licenciado mediante resolución 6621 del 21 de noviembre de 2003, no tiene la posibilidad de ejecutarlo como quiera que no es la propietaria de los predios donde se le autorizó el proyecto y los dueños no se encuentran interesados en enajenarlos. Ello elimina la circunstancia de que se lleven a cabo por personas distintas dos proyectos en un mismo predio; recordando además que la Empresa propietaria de los predios fue quien solicitó a Corantioquia la licencia ambiental para ejecutar un proyecto diferente denominado “Centro Industrial del Sur – CIS”, para lo cual cumplió con los requisitos exigidos en las disposiciones legales y reglamentarias que nos permite otorgar el permiso solicitado.
De otro lado, reiteramos nuevamente que para esta Corporación es de suma importancia contar con soluciones definitivas y reales de disposición final de los residuos sólidos generados en el área metropolitana del Valle de Aburrá, como quiera que no ha sido superado el riesgo de una posible emergencia sanitaria y ambiental tantas veces advertido (sic) en los diferentes actos administrativos expedidos por CORANTIOQUIA sobre esta materia. Así lo reconoce también Empresas Varias de Medellín E. S. P. cuando informa sobre la amenaza de una eventual suspensión de operaciones en el relleno sanitario La Pradera, el cual ya presenta serios incumplimientos de la licencia ambiental que son objeto de un proceso sancionatorio por las graves afectaciones al ambiente y los recursos naturales renovables que está generando, como el presentado al recurso agua por el vertimiento de lixiviados.
En conclusión, este es un riesgo latente no resuelto aún, en especial, si recordamos que hasta la fecha Empresas Varias de Medellín E. S. P. no nos ha presentado ninguna solución definitiva diferente al “Sistema Integral de Residuos Sólidos El Guacal”, cuya construcción y puesta en operación lamentablemente fue descartada en forma expresa por razones de orden financiero.
Es necesario entonces reiterar que el otorgamiento de esta licencia y las medidas aquí impuestas como los términos y condiciones para cumplirlas, tienen alcance de condicionarla en el sentido mencionado por cuanto garantizan el deber constitucional que tiene el Estado de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental y garantizar el saneamiento básico […]” (Negrillas del texto original).
De la lectura de los motivos alegados en la resolución 7529 de 2005 se desprende con toda claridad que Corantioquia era conocedora de la concesión de dos licencias ambientales para el desarrollo de un proyecto de disposición final de residuos sólidos dentro del mismo predio, solo que, bajo el argumento de haber obtenido información acerca de una presunta inviabilidad financiera y la falta de intención de Empresas Varias de Medellín E. S. P. en la ejecución del proyecto para el que le fue concedida la licencia ambiental, decidió otorgar una nueva licencia a la empresa Enviambientales S. A. E. S. P., propietaria del lote de terreno donde se desarrollaría la obra.
En las anotadas circunstancias, se encuentra que ante la existencia previa de un acto administrativo ejecutoriado amparado por la presunción de legalidad, esto es, el contenido en la resolución 6621 de 2003, Corantioquia carecía de competencia para el otorgamiento de una nueva licencia ambiental respecto de un mismo proyecto, por cuanto tal premisa implica un abierto y absoluto desconocimiento de la situación jurídica particular que se creó en favor de Empresas Varias de Medellín E. S. P. con la expedición del citado acto administrativo y de la certidumbre que se tenía frente al derecho válidamente reconocido.
El supuesto de que la entidad demandada tuviera conocimiento de la imposibilidad o desinterés de Empresas Varias de Medellín E. S. P. en el desarrollo del relleno sanitario no puede erigirse, bajo ninguna circunstancia, como un argumento jurídicamente atendible para que la autoridad administrativa ejerza la atribución legal que le asiste para la adopción de posteriores y sucesivas decisiones respecto de actuaciones que ya han sido resueltas previamente y en forma definitiva, pues, además de constituir una ostensible vulneración del derecho al debido proceso de los asociados, quebranta el principio de seguridad jurídica de las decisiones de la propia administración.
Es así como se torna errada la argumentación del a quo en el sentido de sostener que “la competencia no se pierde en casos como el sometido a debate, pues, es el ejercicio de una atribución legal que no se agota con la expedición de uno u otro acto, sino que es una facultad que tiene el carácter general e intemporal”, pues ello equivaldría a que la autoridad administrativa cuenta con una potestad desmedida de resolver de fondo la misma actuación puesta a su conocimiento las veces que considere necesarias, supuesto este que enerva el principio de legalidad y la estabilidad de las decisiones que adopte.
Ahora bien, es relevante señalar que si la administración tenía conocimiento de que el proyecto cuya licencia ambiental fue otorgada a Empresas Varias de Medellín E. S. P. no se desarrollaría, pudo hacer uso de los mecanismos establecidos en la normativa que regula la materia dirigidos a revocar la autorización concedida, como el previsto en el artículo 23 del Decreto 1180 de 2003 que regula lo relacionado con la suspensión y revocatoria de la licencia ambiental, en los siguientes términos:
“Artículo 23. Suspensión o revocatoria de la licencia ambiental. La licencia ambiental podrá ser suspendida o revocada mediante resolución motivada por la misma autoridad ambiental que la otorgó o por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, cuando el beneficiario de la licencia ambiental haya incumplido cualquiera de los términos, condiciones, obligaciones o exigencias inherentes a ella consagrados en la ley, los reglamentos o en el mismo acto de otorgamiento.
Parágrafo. Antes de proceder a la revocatoria o suspensión de la licencia ambiental se requerirá por una sola vez al beneficiario de esta, para que corrija el incumplimiento en el cual ha incurrido o presente las explicaciones que considere necesarias sobre las causas de su incumplimiento. En el mismo acto de requerimiento, la autoridad ambiental competente fijará el plazo para corregir el incumplimiento, de acuerdo con la naturaleza del asunto”.
La parte actora tiene la obligación de ejecutar el proyecto de relleno sanitario en los términos y condiciones técnicas señaladas en el acto administrativo que concedió la licencia ambiental, de suerte que si no realiza las gestiones necesarias para tal propósito la administración puede, además de revocar la licencia por incumplimiento del contenido de la misma, ejercer las acciones procedentes para establecer la responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal que se puedan derivar de la omisión o inobservancia en la ejecución del derecho reconocido por la autoridad ambiental.
En ese orden, la Sala revocará la sentencia apelada y declarará la nulidad de los actos administrativos acusados en consideración a que Corantioquia no tenía la facultad legal para la expedición de estos, aunado al hecho de que se desconoce la presunción de legalidad de la que se encuentra amparada la resolución 6621 de 2003, por la que se otorgó una licencia ambiental a Empresas Varias de Medellín E. S. P.
Como restablecimiento del derecho se dispondrá la suspensión de la ejecución de las obras para el relleno sanitario de que trata la licencia otorgada a la empresa Enviambientales S. A. E. S. P., con la precisa anotación de que Corantioquia o la autoridad que haga sus veces, adoptará las medidas necesarias tendientes a garantizar que la prestación del servicio público de aseo no resulte afectado en el área objeto del proyecto de disposición final de residuos sólidos.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A
PRIMERO: Revócase la sentencia del 10 de octubre de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que denegó las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: En su lugar, declárase la nulidad de las resoluciones 7529 del 12 de enero de 2005 y 7822 del 4 de agosto de ese mismo año, proferidas por la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia).
TERCERO: Como restablecimiento del derecho, ordénase a Corantioquia la suspensión de la ejecución del proyecto de disposición final de residuos sólidos autorizado a través de los actos declarados nulos, con la salvedad de que la autoridad ambiental o quien haga sus veces deberá adoptar las medidas necesarias para que la prestación del servicio público de aseo no resulte afectado.
CUARTO: En firme esta sentencia y previas las comunicaciones del caso, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Este proyecto fue discutido y aprobado en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
La sentencia fue proferida en virtud de lo dispuesto en los Acuerdos PSAA11-8151 del 31 de mayo de 2011, PSAA11-9100 del 23 de diciembre de 2011 y PSAA12-9540 del 21 de junio de 2012 proferidos por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
Folios 76 a 107 del cuaderno No. 1.
Folios 155 a 180.
Folios 505 a 536 cdno. ppal.
Folios 539 a 545 del cuaderno 1.
Folio 547 del cuaderno principal
Folio 4 del cuaderno principal
Folio 25 cuaderno de apelación.
Reglamentada por el Decreto Nacional 1713 de 2002, Reglamentada por el Decreto Nacional 4688 de 2005, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 3600 de 2007, Reglamentada por el Decreto Nacional 2372 de 2010.
Para la época de los hechos de la demanda, los requisitos para la obtención de la licencia ambiental estaban consagrados en el artículo 17 del Decreto 1180 de 2003 “Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre Licencias Ambientales”.
Hoy, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Artículo 18 del Decreto 1180 de 2003.
Folios 25 a 41 cuaderno principal.
Norma vigente para la época en que fue expedida la resolución 2621 de 2003.
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