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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2013-00680-01

Fecha
8 de abril de 2024
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2013-00680-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 14 de agosto de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: CONDENAR a la parte demandante a pagar las costas del proceso. Como consecuencia, el tribunal de origen deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 366 del Código General del Proceso. Como agencias en derecho en esta instancia, se fija la suma equivalente a SEIS MILLONES VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L ($6.028.284) a favor de la parte demandada. TERCERO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE al tribunal de origen para lo de su competencia. Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado, y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2013-00680-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

8 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., ocho (8) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación número: 25000-23-36-000-2013-00680-01 (53.211)

Actor: UNIÓN TEMPORAL BOYACÁ EN EL 2500

Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS

Referencia: LEY 1437 DE 2011 – CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES

Temas: GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA: Es una obligación accesoria y
de resultado consistente en entregar una obra estable, capaz de brindar el servicio
para el cual fue solicitada. Si se prueba que el daño en la obra se originó por la
existencia de vicios de la construcción, de los materiales o del suelo, que el contratista
debió conocer debido a su oficio, estas fallas le son imputables con independencia de
cualquier consideración sobre su culpa o diligencia y la única forma de exonerarse de
responsabilidad es demostrando la ocurrencia de una causa extraña // SILENCIO
ADMINISTRATIVO POSITIVO CONTRACTUAL: Las solicitudes deben cumplir con
los requisitos fijados en la ley y la jurisprudencia, pues la institución del silencio
administrativo positivo no fue concebida para subsanar o convalidar situaciones
irregulares ni para instituir a favor del contratista derechos inexistentes.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, Unión
Temporal Boyacá en el 25001, en contra de la sentencia del 14 de agosto de 2014,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A2, por medio de la cual se negaron las pretensiones.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 28 de mayo de 2013, la Unión Temporal Boyacá en el 2500 presentó demanda, en
ejercicio del medio de control de controversias contractuales3, en contra del Instituto
Nacional de Vías – INVÍAS, con la pretensión de que se declarara la nulidad de las
Resoluciones 05877 del 22 de octubre de 2012 y 06050 del 29 de octubre del mismo
año, mediante las cuales se declaró la ocurrencia del siniestro por estabilidad de la
obra en el marco del contrato No. 1613 de 2005 y se hizo efectiva la garantía de
cumplimiento. Asimismo, solicitó que se restableciera el derecho al buen nombre de

1 Conformada por las empresas Edivial S.A. (70%) y Vías y Ambiente Ltda. (30%), fls. 231 – 232, c2.
2 Fls. 119 – 126, c. ppl.
3 Fls. 4 – 36, c1.

Radicación número: 25000-23-36-000-2013-00680 01 (53.211).
Actor: Unión Temporal Boyacá en el 2500.
Demandado: Instituto Nacional de Vías – INVÍAS.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.

los integrantes de la Unión Temporal y que se condenara al INVÍAS a pagar los
perjuicios causados a favor del demandante.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda:

Mediante demanda radicada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca4, el 28
de mayo de 20135, la Unión Temporal Boyacá en el 2500, en ejercicio del medio de
control de controversias contractuales, previsto en el artículo 141 del CPACA, se
dirigió en contra del Instituto Nacional de Vías – INVÍAS, con el propósito de obtener
las siguientes declaraciones y condenas:

PRIMERO: Que se declare la nulidad de los actos administrativos Resolución No.
05877 del 22 de octubre de 2012 y la Resolución No. 06050 del 29 de octubre de
2012, expedidas por el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS -, por las cuales
se le impone y se confirma una sanción al contratista “UNIÓN TEMPORAL
BOYACÁ EN EL 2500” de declarar el siniestro de estabilidad de la obra, objeto del
contrato No. 1613 de 2005; toda vez que dichos actos administrativos, están
viciados de nulidad y por ende se restablezca el derecho a mis prohijados,
consistente en la no exigibilidad de la póliza y el retiro de la anotación de la sanción
hecha en los diversos órganos en entidades competentes.

SEGUNDO: Que como consecuencia de la anterior declaración, se restablezcan
los derechos de mis poderdantes, consistentes en el no pago del valor de
TRESCIENTOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS
($304’664.582,18) M/CTE, ordenados en las resoluciones; valores, que nunca
fueron justificados, sustentados, probados o verificados.

Así mismo, se restablezca el derecho al buen nombre de las empresas que
represento, toda vez que, en las resoluciones acusadas, la entidad pública
(INVÍAS), ordenó comunicar dicha sanción, al sistema electrónico para la
contratación pública (SECOP); a la Cámara de Comercio de Bogotá, a la
Procuraduría General de la Nación; Contraloría General de la República; y a las
demás dependencias internas de la institución.

TERCERO: Que se ordene al INVÍAS a título de indemnización el reconocimiento
y pago de los perjuicios causados a la UNIÓN TEMPORAL BOYACÁ EN EL 2500
y las empresas que la conforman; pues se lesionó de forma grave a dos empresas
ampliamente reconocidas en el medio y con un récord perfecto de cumplimiento
en todos los contratos realizados, EDIVIAL S.A. una empresa con más de 23 años
de existencia y VÍAS Y AMBIENTE LTDA., una empresa de más de 21 años de
creada; ambas perjudicadas por los actos administrativos que impiden el normal
funcionamiento de las mismas puesto que estas funcionan con la contratación
estatal y el INVÍAS, al aplicarles una sanción de estabilidad de forma injusta, las
penaliza impidiéndoles presentar propuestas en igualdad de condiciones, que
otros futuros proponentes, dejándolos sin ninguna posibilidad de seguir ejerciendo
su actividad económica.

Por lo anterior, traducimos dichos daños así:

4 En esta oportunidad conoció el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por cuanto el acto
administrativo sancionatorio fue expedido en la ciudad de Bogotá. En primera instancia, el INVÍAS
presentó la excepción de falta de competencia por el factor territorial aduciendo que el contrato se
ejecutó en Boyacá. Sin embargo, el a quo determinó que no procedía dicha excepción en virtud de la
aplicación del numeral 8 del artículo 156 del CPACA.
5 Fls. 4 – 36, c1.

2

Radicación número: 25000-23-36-000-2013-00680 01 (53.211).
Actor: Unión Temporal Boyacá en el 2500.
Demandado: Instituto Nacional de Vías – INVÍAS.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.

a) Daños materiales: aquellos que sin el ocurrir de los hechos no se hubiera
lesionado el patrimonio de las empresas y los cuales represento así:

Daño emergente: traducido cuando un bien económico salió o saldrá del
patrimonio de la víctima o perjudicados, en este caso los gastos que se
ocasionaron con el proceso sancionatorio, como lo fue el de traslado al sitio de la
obra, los honorarios de un ingeniero, abogados para la consulta y defensa, los
cuales afectaron y afectan el patrimonio de las empresas, los cuales me permito
tasar en un valor mínimo de TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS
CINCO MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS ($35’805.904) M/CTE (anexo
certificación).

b) Daños morales: Aquellos que fueron ocasionados en el buen nombre de
la Unión Temporal y de las empresas que la conforman.

Se vio afectado el good will de las empresas, las distintas comunicaciones
ordenadas, afectaron a las empresas y sus socios, daños que saltan a la vista, al
afectarse el buen nombre y la trayectoria de cumplimiento de las empresas, daños
y perjuicios que tazo en la suma de 100 S.M.L.M.V. para cada uno de los socios
de la Unión Temporal y de los respectivos socios de las empresas que la
conforman (…) Y para cada uno de los socios que conforman cada empresa, de
acuerdo al certificado de existencia y representación legal.

CUARTO: Los intereses moratorios sobre las cantidades que resulten a favor del
citado, desde la fecha en que deba hacerse el pago hasta aquella en que
efectivamente se realice (Sent. C-188/99 de la Corte Constitucional). En lo demás
deberá darse cumplimiento a lo que señale el art. 187 y sig. de la Ley 1437 de
2011.

QUINTO: Que la NACIÓN COLOMBIANA y el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
• INVÍAS -, sean condenadas en costas de acuerdo a lo establecido en la Ley 1437
de 2011 y reconozcan los honorarios de los abogados, de acuerdo a tabla
establecida para ello, y los cuales deberá tasar el señor magistrado.

SEXTO: Que la NACIÓN COLOMBIANA y el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -
INVÍAS - deben dar cumplimiento a la sentencia que haga tránsito a cosa juzgada,
conforme a los artículos 187, 189, 192, 193 y 195 de la Ley 1437 de 2011.

1.1 Los fundamentos de hecho:

La parte actora sustentó sus pretensiones en los fundamentos fácticos que, en
síntesis, se expresan a continuación:

1. El Instituto Nacional de Vías -INVÍAS- y la Unión Temporal Boyacá en el 2500
suscribieron el contrato de obra No. 1613 del 9 de septiembre de 2005, cuyo objeto
fue el “diseño, la reconstrucción, la pavimentación y/o repavimentación de la vía Grupo
de Tramos No. 25 vía Otanche - Borbur (Transversal Chiquinquirá - Puerto Boyacá)
del K0+000 al K15+000”.

2. El 21 de enero de 2006, la Unión Temporal entregó los estudios y diseños, los
cuales fueron aprobados mediante acta de recibo final y aprobación de estudios y
diseños del 17 de abril de 2006. El 12 de mayo de 2006, la interventoría de la obra
improbó el diseño estructural de pavimento que presentó la Unión Temporal para todo

3

Radicación número: 25000-23-36-000-2013-00680 01 (53.211).
Actor: Unión Temporal Boyacá en el 2500.
Demandado: Instituto Nacional de Vías – INVÍAS.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.

el proyecto, dado que se encontraba “sobredimensionado”, por lo que ordenó
disminuir la estructura del pavimento. Ante esto, la Unión Temporal respondió que,
aplicado este cambio, la estabilidad de la obra no correría por cuenta del contratista.

3. En los estudios y diseños, la Unión Temporal manifestó que no se recomendaba
pavimentar el sector comprendido entre el K0+000 (Otanche) y el K5+000 (Santa
Bárbara). Sin embargo, la entidad y la interventoría, por escrito, ordenaron pavimentar
estos puntos críticos y en la visita técnica del 12 de septiembre de 2012 (en desarrollo
del procedimiento sancionatorio), se concluyó que en las abscisas PR INICIAL
0+0420, PR INICIAL 0+0550 y PR INICIAL 0+0750 al PR FINAL 1+0114 “se construyó
un pavimento sobre un sector inestable identificado en los estudios y diseños”. Este
informe fue usado por la entidad para atribuir responsabilidad a la Unión Temporal por
haber construido pavimento sobre un sector inestable.

4. Dando respuesta al informe de visita técnica, el contratista remitió un oficio a la
entidad en el cual le informó que existían una serie de comunicaciones en las cuales
se previó la situación advertida en el informe y se brindaron recomendaciones que no
fueron atendidas.

5. Con fundamento en el oficio SGT-GPD 18530, el INVIAS citó a la Unión Temporal
a audiencia pública para discutir los presuntos incumplimientos que dieron lugar a
daños en la estructura del pavimento. La entidad requirió al contratista para realizar
las reparaciones y este siempre dio respuesta informando que los daños fueron
ocasionados por la ola invernal y la falta de mantenimiento de la vía.

6. El 13 de julio de 2012 -mediante oficio No. OAJ-33991-, el INVÍAS corrigió el objeto
de la citación y le aclaró al contratista que la misma se realizaba por estabilidad de la
obra y no por incumplimiento, lo que en sentir del demandante vulneró su derecho al
debido proceso.

7. El 23 de agosto de 2012, en desarrollo del procedimiento administrativo, se hizo
una primera visita técnica a la obra en la cual se concluyó que los daños en la vía no
eran responsabilidad del contratista, sino que obedecían a la ola invernal. Aun así,
este accedió a realizar las reparaciones solicitadas en los sectores PR0+0420,
PR0+550, PR1+0550 y PR1+01444 para garantizar la transitabilidad de la vía,
advirtiendo que en el futuro surgirían nuevos daños debido a la ola invernal.

8. Posteriormente, se ordenó una nueva visita al sector para el 12 de septiembre de
2012, en la cual se concluyó la responsabilidad del contratista frente a la estabilidad
de 10 puntos críticos, con lo cual se tasó el valor de las reparaciones y, como

4

Radicación número: 25000-23-36-000-2013-00680 01 (53.211).
Actor: Unión Temporal Boyacá en el 2500.
Demandado: Instituto Nacional de Vías – INVÍAS.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.

consecuencia, el valor de la sanción. Sin embargo, no se probó técnicamente el mal
estado o mala calidad de los materiales y no se puso en conocimiento del contratista
la forma en la que se calculó el valor de las reparaciones.

9. Al terminar la obra, el contratista entregó al INVÍAS el manual de conservación de
la vía, en el cual se indicó que debía tenerse especial cuidado con los filtros
construidos entre las abscisas PR0+0200 y PR1+0500, debido a que esta zona
presentaba mayor flujo de aguas subterráneas y de nivel freático, por lo que este
sector necesitaba la evacuación permanente de las aguas para mantener su
estabilidad. Señaló que la falta de mantenimiento de la vía por parte del INVÍAS agravó
la situación generada por las lluvias y generó daños que no pueden ser atribuidos al
contratista.

10. Finalmente, la entidad no dio respuesta a ninguno de los oficios6 presentados por
el contratista, por lo que se produjo el silencio administrativo positivo, en los términos
del numeral 16 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el cual fue debidamente
protocolizado.

1.2 Los fundamentos de derecho:

El actor presentó como fundamentos de derecho, los siguientes:

1. Invocó los artículos 2, 5, 13 y 19 de la Constitución y advirtió que los actos
administrativos se encontraban viciados de nulidad por falsa motivación al no haber
realizado un estudio juicioso del acervo probatorio para atribuir la responsabilidad al
contratista.

2. Asimismo, refirió que la entidad vulneró su derecho al debido proceso -derecho de
audiencia-, por no haber valorado los documentos en los cuales se concluía que no
existía responsabilidad por parte del contratista frente a los daños ocasionados en la
estructura del pavimento por la ola invernal y la falta de mantenimiento.

2. Actuaciones procesales de primera instancia:

A través del auto del 24 de junio del 2013 7 , el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, admitió la demanda 8 , ordenó su

6 Oficios UT-01613-435, UT-01613-470, UT-01613-483 y UT-01613-492.
7 Fls. 42 – 43, c1.

8 Previo a la presentación de la demanda, el 26 de febrero de 2013 la Unión Temporal Boyacá

en el 2500 radicó una solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría No. 11 para
Asuntos Administrativos. El trámite conciliatorio fue declarado fallido mediante acta del 22 de
5

Radicación número: 25000-23-36-000-2013-00680 01 (53.211).
Actor: Unión Temporal Boyacá en el 2500.
Demandado: Instituto Nacional de Vías – INVÍAS.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.

notificación al representante legal de la entidad demandada, al Ministerio Público, y a
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

2.1. Contestación de la demanda:

El 15 de noviembre de 20139, el INVÍAS contestó la demanda10 y se opuso a sus
pretensiones por considerar que los actos administrativos demandados no vulneraron
mandato legal alguno y, por lo tanto, gozaban de plena legalidad. En cuanto a los
hechos, precisó que no existía prueba de la orden dada por la entidad de intervenir el
tramo de la vía que se consideró inestable.

Afirmó que se garantizó el debido proceso durante el desarrollo del procedimiento
administrativo y que todas las pruebas aportadas fueron tenidas en cuenta y
reposaban en el expediente respectivo.

Adujo que los oficios enviados por el contratista fueron remitidos a la Dirección
Territorial de Boyacá, quienes mediante memorando DT-BOY 5017 del 1 de febrero
de 2011 emitieron el concepto en el cual se desvirtuaron los motivos de las fallas
aducidas por el contratista. De este memorial se dio traslado a la Unión Temporal
mediante oficio SGT-GPD 18530 del 13 de mayo de 2011.

En cuanto al mantenimiento de la vía, señaló que la Unidad Ejecutora del Plan 2500
evidenció seis contratos de mantenimiento rutinario en la vía Otanche - Chiquinquirá
entre el PR 0+000 al PR 32+000, de lo cual se podía colegir que entre 2008 y 2012
solo se dejó sin mantenimiento la vía durante 4 o 5 meses, período que resultaba corto
en relación con una vía cuyos materiales estaban garantizados por 5 años.

Manifestó que el informe de visita técnica del 12 de septiembre de 2012, con fecha del
26 de septiembre del mismo año, concluyó que las primeras fallas sobre la vía se
reportaron a menos de 6 meses del recibo de las obras, por lo que no se podían
endilgar a la falta de mantenimiento, y agregó que el contratista no probó que las fallas
se debieran a ello.

mayo de 2013 (fls. 235 – 237, c2). De ahí que se cumpla con el requisito de procedibilidad
contemplado en el numeral 1 del artículo 161 del CPACA que dispone: “Cuando los asuntos
sean conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá requisito de
procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con
restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales”.
9 En la misma fecha, la parte demandada solicitó al Tribunal tener como fecha de notificación de la

demanda la del recibido físico en la entidad -24 de octubre de 2012-, dado que el correo de notificación
enviado el 16 de julio de 2013 fue remitido a una dirección electrónica que no se encontraba en
funcionamiento desde el 18 de junio de 2013, para lo cual adjuntó comprobante del Área de Desarrollo
Informático de la entidad. El 26 de mayo de 2014, durante el saneamiento del proceso en la audiencia
inicial, el Tribunal declaró presentada oportunamente la contestación de la demanda por parte del
INVÍAS (fl. 94, c2).
10 Fls. 22 – 30, c7.

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Radicación número: 25000-23-36-000-2013-00680 01 (53.211).
Actor: Unión Temporal Boyacá en el 2500.
Demandado: Instituto Nacional de Vías – INVÍAS.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.

Frente a la citación a la audiencia por incumplimiento, manifestó que se trató de un
error de transcripción que fue corregido mediante oficio OAJ 33991 y que no socavó
la garantía al debido proceso.

Con relación a los silencios administrativos positivos, aseveró que los oficios a los
cuales hace referencia el demandante eran informativos y no contenían una petición,
por lo que no operó esta figura.

Finalmente, precisó que el 30 de mayo de 2013 se suscribió el acta de entrega y recibo
definitivo de la obra, en la cual se consignó expresamente que la firma de ese
documento no exoneraba al contratista de las obligaciones y responsabilidades
estipuladas en el contrato, por lo que, si dentro del período de vigencia de la póliza de
estabilidad se detectaban fallas imputables al contratista, el INVÍAS exigiría al
constructor las reparaciones del caso o haría efectiva la póliza de estabilidad
correspondiente.

3. La sentencia impugnada11:

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, por
medio de la sentencia del 14 de agosto de 2014, resolvió negar las pretensiones de la
demanda, no condenar en costas a la parte demandante -porque no se encontraron
causadas ni demostradas-, y fijar las agencias en derecho a favor de la parte
demandada.

El a quo estimó que el problema jurídico a resolver consistía en determinar si en el
presente asunto la entidad estatal vulneró el debido proceso del contratista, por
cuanto: (i) lo citó a un procedimiento diferente al de declaratoria de ocurrencia del
siniestro, y (ii) no valoró adecuadamente los medios de prueba en sede administrativa.

En primer lugar, consideró que no se demostró la vulneración al debido proceso dado
que el contratista tuvo conocimiento del contenido de los requerimientos por parte de
la entidad, los cuales no eran otros que la inestabilidad de un tramo de la obra. Si bien
inicialmente la audiencia se denominó “incumplimiento”, para el contratista era claro
que una audiencia de esta naturaleza, fundamentada en irregularidades en la
estabilidad de la obra, podría conllevar a la declaratoria de ocurrencia del siniestro.

11 La audiencia inicial se realizó el 26 de mayo de 2014 (Fls. 94 – 96, c1) y la de pruebas el 2 de julio

siguiente (fls. 98 – 99, c1).
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Radicación número: 25000-23-36-000-2013-00680 01 (53.211).
Actor: Unión Temporal Boyacá en el 2500.
Demandado: Instituto Nacional de Vías – INVÍAS.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.

Con relación a la inadecuada valoración de los medios de prueba, el tribunal advirtió
que la ocurrencia del siniestro se fundamentó en la intervención de sitios inestables
sin la autorización de la entidad contratante y que la cláusula sexta del contrato12
disponía que, ante circunstancias que modificaran las cantidades de obra, al
contratista no le era dable continuar con la ejecución del contrato sin la autorización
de la entidad.

Asimismo, consideró que la misma cláusula contenía una situación de previsibilidad
según la cual era posible que no se ejecutara la totalidad de los tramos contratados
ante circunstancias no previsibles que modificaran las cantidades de obra, caso en el
cual el contratista podía ejecutar mayores o menores valores de obra, pero en todo
caso con previa autorización de la entidad.

Resaltó que la identificación de zonas inestables durante la ejecución del contrato era
fundamental para la estabilidad de la obra y para que los extremos jurídico-negociales
pudieran determinar si continuaban o no con su ejecución, por cuanto la entidad
estaba en la posibilidad de excluir tramos. Es decir, si se identificaba la inestabilidad
de un terreno y este era intervenido por el contratista sin la autorización de la entidad,
la inestabilidad de estas obras sería imputable a aquel.

En el caso concreto, evidenció que la interventoría clasificó la estabilidad e
inestabilidad de algunos tramos y planteó alternativas de intervención con la finalidad
de continuar con la ejecución de la obra. No obstante, concluyó que no existía prueba
en el plenario de que la entidad estatal hubiera otorgado la autorización de
intervención en los tramos que fueron objeto de declaratoria de ocurrencia del
siniestro, lo que traía como consecuencia que la ulterior inestabilidad de la obra fuera

12 Se transcribe la cláusula sexta del contrato No. 1613 de 2005, suscrito entre la Unión Temporal y el

INVÍAS, que sirvió de fundamento para la sentencia de primera instancia: “CLÁUSULA SEXTA:
EVALUACIÓN DE AVANCE Y ACTUALIZACIÓN. Durante la ejecución de la obra, el INSTITUTO
efectuará un seguimiento a los programas de estudios y diseños y de obra, como uno de los
mecanismos de verificación del cumplimiento del contrato. Por tal motivo, el CONTRATISTA deberá
mantener los programas actualizados de manera que en todo momento representen la historia real de
lo ejecutado para cada actividad, así como su programa de obra proyectado para la terminación de los
trabajos dentro del plazo contractual. El CONTRATISTA y el Interventor evaluarán semanalmente la
ejecución del contrato, revisando los programas de estudios y diseños y obra actualizados para
establecer en qué condiciones avanzan los trabajos. De estas evaluaciones se levantará un acta,
suscrita por los ingenieros residentes del CONTRATISTA y de la Interventoría, donde se consignará el
estado real de los trabajos; en caso de presentarse algún atraso, se señalarán los motivos del mismo,
dejando constancia de los correctivos que se tomarán para subsanar dicho atraso, los cuales se
plasmarán en una modificación al programa de obra que no podrá contemplar la disminución de las
cantidades de obra programadas para cada mes ni una prórroga del plazo inicialmente establecido.
Cuando fuere necesario suscribir Actas de modificación de cantidades de obra o modificar el valor o el
plazo del contrato, el CONTRATISTA deberá ajustar el programa de obra a dicha modificación, para lo
cual deberá someter a aprobación del INSTITUTO, a través del Consultor de Apoyo a la Gestión, y con
el visto bueno de la Interventoría, el nuevo programa de obra, previo a la suscripción del documento
mediante el cual las partes acuerden dicha modificación. Constituye causal de incumplimiento del
contrato el hecho de que el CONTRATISTA no ejecute, por lo menos, las cantidades de obra previstas
en su programa de obra” (fl. 4, c2).
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Radicación número: 25000-23-36-000-2013-00680 01 (53.211).
Actor: Unión Temporal Boyacá en el 2500.
Demandado: Instituto Nacional de Vías – INVÍAS.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.

imputable al contratista por haber desconocido la cláusula de previsibilidad pactada
en el negocio jurídico.

Frente al silencio administrativo positivo, observó que las comunicaciones que hacían
parte de este tenían una finalidad informativa, por lo que no era posible sostener que
estos silencios constituían prueba de que la inestabilidad de la obra no era imputable
al contratista.

Respecto a la ola invernal y la falta de mantenimiento de la obra, estableció que no se
aportaron pruebas para determinar que estas circunstancias fueron la causa de la
inestabilidad del tramo objeto de la declaratoria de ocurrencia del siniestro, pues el
contratista solamente reiteró los informes de interventoría y el silencio administrativo
positivo sin solicitar pruebas adicionales.

Señaló que no se tendría en cuenta el testimonio del señor Alirio Giovanny Cárdenas
Rico 13 , dado que actuó como representante de la Unión Temporal durante el
procedimiento sancionatorio y, por lo mismo, no tenía la calidad de tercero.

Finalmente, concluyó que la entidad no realizó una inadecuada valoración probatoria
ni dejó de apreciar los medios de prueba practicados en sede administrativa. Por el
contrario, observó que la decisión se fundamentó en la última visita técnica realizada,
la cual señaló que el contratista intervino zonas inestables sin previa autorización de
la entidad.

4. Recurso de apelación:

El 3 de septiembre de 201414, la Unión Temporal Boyacá en el 2500 interpuso recurso
de apelación 15 en contra de la anterior decisión, solicitando que la misma sea
revocada, y que, en su lugar, se concedieran las pretensiones de la demanda.

Según el recurrente, las zonas inestables de la vía no guardaban relación con la
cláusula sexta del contrato que hacía referencia a la suscripción de actas de
modificación de cantidades de obra, pues la sectorización de la vía y la intervención
de tramos inestables no implicaba una modificación de estas cantidades. Agregó que
las partes, en virtud de la sectorización de la obra hecha en los oficios UT-01613-0506

13 Testigo presentado en calidad de director de la obra por la parte demandante. Sin embargo, en el

desarrollo de la audiencia de práctica de pruebas, el tribunal encontró que el testigo actuó como
representante legal de la Unión Temporal durante la ejecución del contrato y durante el procedimiento
administrativo de declaratoria del siniestro.
14 La sentencia de primera instancia fue notificada el 20 de agosto de 2014 a través de correo

electrónico. Por lo tanto, el término para interponer el recurso de apelación se venció el 3 de septiembre
del mismo año, fecha en la cual fue oportunamente presentado.
15 Fls. 129 – 151, c. ppl.

9

Radicación número: 25000-23-36-000-2013-00680 01 (53.211).
Actor: Unión Temporal Boyacá en el 2500.
Demandado: Instituto Nacional de Vías – INVÍAS.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.

y C.613.5.3/OB.089/06, acordaron intervenir la vía por tramos, incluyendo las zonas
identificadas como inestables, lo cual no alteraba las cantidades de obra inicialmente
pactadas. Por lo tanto, sí existió consentimiento por parte de la entidad contratante
para intervenir los tramos inestables.

Señaló que, contrario a lo indicado por el tribunal, la cláusula sexta establecía que la
no ejecución de la totalidad de las obras programadas, esto es, los tramos acordados
en la sectorización, sí implicaría un incumplimiento del contrato y que el pago de la
totalidad de la obra por parte de la entidad demostraba la existencia de la autorización
para intervenir todos los tramos.

Sumado a ello, manifestó que existió una omisión y una mala apreciación de las
pruebas relacionadas con la orden de intervención en tramos inestables dada por la
entidad, la falta de prueba sobre la mala calidad de los materiales de la obra, la falta
de mantenimiento de la vía, la ola invernal y el registro de sismos en la zona.

Señaló que el siniestro por estabilidad de la obra solo podía declararse por la
utilización de materiales de baja calidad o por aquellas fallas producto de la incorrecta
ejecución de la obra, y ninguna de las pruebas utilizadas por la entidad en el
procedimiento administrativo daba cuenta de alguno de estos supuestos. Agregó que
la entidad no probó que los daños no fueran el resultado de la falta de mantenimiento.

Frente al silencio administrativo positivo, reiteró los argumentos de la demanda sobre
su configuración, en tanto consideró que la no respuesta por parte de la entidad a las
solicitudes de mantenimiento de la vía configuraba una exoneración de
responsabilidad para el contratista.

Cuestionó que el tribunal no haya valorado el testimonio del ingeniero Alirio Giovanny
Cárdenas Rico, representante de la Unión Temporal, pues este se desempeñó
durante la ejecución del contrato como director de la obra. Su testimonio versó sobre
aspectos técnicos y sobre las razones por las cuales la lluvia y la falta de
mantenimiento afectaron las vías en sitios que al inicio eran estables y luego se
volvieron inestables.

Finalmente, el apelante solicitó que se decretaran y requirieran las pruebas que fueron
solicitadas en primera instancia y que no fueron allegadas al proceso por parte del
INVÍAS16.

16 En la demanda se solicitaron todos los antecedentes administrativos del proceso sancionatorio. Sin

embargo, como la entidad contestó la demanda allegando la documentación, el tribunal no la ofició por
considerar que se habían aportado. No obstante, el actor manifestó que la entidad no remitió: (i) los
vídeos de la audiencia del procedimiento sancionatorio, (ii) el vídeo en el cual el ministro de transporte
10

Radicación número: 25000-23-36-000-2013-00680 01 (53.211).
Actor: Unión Temporal Boyacá en el 2500.
Demandado: Instituto Nacional de Vías – INVÍAS.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.

5. Trámite en segunda instancia:

Por medio del auto del 22 de septiembre de 201417, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca concedió el recurso de apelación, y ordenó remitir el expediente a esta
Corporación para decidir sobre su admisibilidad.

En proveído del 19 de marzo de 201518 , se admitió el recurso de apelación. A través
de auto del 16 de septiembre de ese año19, se accedió a la práctica de pruebas en
segunda instancia formulada por la parte demandante y se ofició al INVÍAS para que
remitiera los documentos faltantes del procedimiento administrativo20. Por medio de
auto del 19 de noviembre de 201521 se resolvió tener como pruebas los documentos
aportados y se dio traslado a las partes y al Ministerio Público por el término de 5
días22. Posteriormente, en providencia del 28 de marzo de 201623, se corrió traslado
a las partes por el término de 10 días, para que presentaran sus alegaciones finales.
Vencido este término, se dio traslado al Ministerio Público con el fin de que rindiera su
concepto24.

El 5 de abril de 201625, la Unión Temporal presentó sus alegatos finales, reiterando
en su totalidad los argumentos del recurso de apelación y aportando nuevos
documentos relacionados con un acuerdo de pago suscrito con la entidad demandada.

El INVÍAS expuso sus alegatos de conclusión mediante escrito del 11 de abril de
201626. Reiteró los argumentos formulados en la contestación a la demanda, solicitó
que se negaran las pretensiones e hizo énfasis en que el acto administrativo gozaba
de presunción de legalidad y que fue expedido con fundamento en las pruebas
obrantes en el proceso.

indicó que se debían hacer mantenimientos en la vía, (iii) la solicitud de pruebas testimoniales realizada
en el procedimiento administrativo, (iv) los estudios técnicos para la elaboración del presupuesto, (v) el
memorando SGT-GPD 62798, en el que se establecía el valor de las reparaciones, y (vi) el memorando
SGT-GPD 232 en el cual se mencionaba que los daños en la vía eran evidentes.
17 Fl. 153, c. ppl.

18 Fl. 157, c. ppl.
19 Fl. 159, c. ppl.
20 Si bien se ofició al INVÍAS para remitir los documentos faltantes, la parte demandante manifestó que

los había solicitado a la entidad y, en consecuencia, los aportó al proceso el 1 de octubre de 2015 (Fls.
164 – 166, c. ppl y cuaderno No. 7). De igual forma, el INVÍAS dio respuesta el 26 de octubre de 2015
allegando los documentos solicitados por la parte demandante (Fls. 168 – 176, c. ppl).
21 Fls. 178 – 179, c. ppl.

22 Los cuales transcurrieron desde el 30 de noviembre hasta el 4 de diciembre de 2015, término durante

el cual las partes guardaron silencio.
23 Fl. 206, c. ppl.
24 El término para que las partes presentaran alegatos de conclusión transcurrió entre el 4 y el 15 de

abril de 2016, y el término para que el Ministerio Público conceptuara corrió del 18 al 29 de abril del
mismo año.
25 Fls. 207 – 235, c. ppl.
26 Fls. 236 – 238, c. ppl.

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Radicación número: 25000-23-36-000-2013-00680 01 (53.211).
Actor: Unión Temporal Boyacá en el 2500.
Demandado: Instituto Nacional de Vías – INVÍAS.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.

El Ministerio Público solicitó confirmar en su totalidad la sentencia recurrida, por
considerar que el contratista de obra intervino tramos inestables sin la autorización
previa de la entidad contratante, por lo que era responsable de la estabilidad de la
obra en los puntos intervenidos27.

Finalmente, mediante auto del 21 de enero de 2018, el despacho sustanciador negó
la solicitud presentada por el actor para tener como pruebas los documentos allegados
en los alegatos de conclusión, por resultar extemporáneos en los términos del inciso
4, artículo 212, del CPACA28.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia del Consejo de Estado:

Le asiste competencia a la Sala para conocer del presente proceso en segunda
instancia, toda vez que el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), aplicable a
este proceso, establece que el Consejo de Estado “[…] conocerá en segunda instancia
de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de
impugnación […]”.

Adicionalmente, la Sala conoce del asunto, en razón del recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia de primer grado, habida
cuenta de que, en los términos de los incisos 2° y 4° de la Ley 1437 de 201129, la
pretensión mayor se estimó en $304’664.582, que corresponde al valor de las
reparaciones por estabilidad de la obra determinadas en los actos administrativos
demandados, mientras que el monto exigido para que un proceso adelantado en
ejercicio del medio de control de controversias contractuales tuviera vocación de doble
instancia ante esta Corporación, era de $294’750.00030.

27 Fls. 240 – 246, c. ppl.
28 De conformidad con este artículo, la oportunidad legal para solicitar pruebas en segunda instancia es

el término de ejecutoria del auto que admite el recurso. En este proceso, dicho término transcurrió del
24 al 26 de marzo de 2015, y esta solicitud de pruebas de segunda instancia fue presentada el 5 de
abril de 2016, por lo que fue extemporánea.
29 “Artículo 157. Para efectos de competencia, cuando sea del caso, la cuantía se determinará por el

valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el
actor en la demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo
que estos últimos sean los únicos que se reclamen(…) Para los efectos aquí contemplados, cuando en
la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión
mayor (…) La cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin
tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen
con posterioridad a la presentación de aquella.
30 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes en el 2013, año en el que se presentó la demanda.

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Radicación número: 25000-23-36-000-2013-00680 01 (53.211).
Actor: Unión Temporal Boyacá en el 2500.
Demandado: Instituto Nacional de Vías – INVÍAS.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.

2. Legitimación en la causa:

En el presente caso, la Unión Temporal Boyacá en el 2500 está legitimada en la causa
por activa, toda vez que fue el contratista de la obra que fue siniestrada por estabilidad
mediante los actos administrativos enjuiciados.

Por su parte, el INVÍAS está legitimado por pasiva, en razón a que fue la entidad que
adelantó el procedimiento administrativo para expedir el acto que declaró el siniestro
e hizo efectiva la garantía de estabilidad de la obra.

3. Procedencia y oportunidad de la acción:

Al sub júdice le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha
de presentación de la demanda -29 de mayo de 2013-, esto es, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el estatuto procesal
civil, en los aspectos no contemplados en el primero (artículo 306 del CPACA).

En consecuencia, el término para presentar la demanda, de conformidad con el literal
j, numeral 2, del artículo 164 del CPACA, era de dos (2) años, contados a partir del
día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le sirven de
fundamento.

La parte demandante solicitó la nulidad de las resoluciones que declararon el siniestro
de estabilidad de la obra e hicieron efectiva la garantía correspondiente. La Resolución
06050 que confirma la decisión de declarar el siniestro y hacer efectiva la garantía de
estabilidad de la obra fue expedida el 29 de octubre de 2012. Si bien no obra en el
expediente prueba de su notificación, si se toma la fecha de expedición del acto
administrativo, se tiene que el término de caducidad transcurrió entre el 30 de octubre
de 2012 y el 30 de octubre de 2014. Como la demanda se presentó el 29 de mayo de
2013, puede concluirse que fue presentada en tiempo, con independencia de la fecha
de notificación del acto administrativo.

4. Hechos probados y material probatorio relevante:

En el sub-lite se aportó el siguiente material probatorio, que resulta relevante para el
estudio del caso.

4.1. El 9 de septiembre de 2005, el INVÍAS y la Unión Temporal Boyacá en el 2500
suscribieron el contrato No. 1613, cuyo objeto fue “el diseño, la reconstrucción, la
pavimentación y/o repavimentación de la vía grupo 25 tramo 1 vía Otanche - Borbur

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Radicación número: 25000-23-36-000-2013-00680 01 (53.211).
Actor: Unión Temporal Boyacá en el 2500.
Demandado: Instituto Nacional de Vías – INVÍAS.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.

(transversal Chiquinquirá – Puerto Boyacá) del K+000 al K 15+000 con una longitud
de 15.00 kilómetros en el Departamento de Boyacá, de conformidad con los Pliegos
de Condiciones de la Licitación Pública DG-164-2004, la propuesta presentada por el
CONTRATISTA corregida y aceptada por el INSTITUTO y las cláusulas del presente
contrato, a los precios unitarios cotizados para los diferentes ítems presentados en la
propuesta, de acuerdo con las especificaciones generales de construcción de
carreteras vigentes del INSTITUTO y las particulares incluidas en el ANEXO
TÉCNICO, contenidos en el Formulario No. 4”31.

4.2. El pliego de condiciones de la licitación pública No. DG-164-2004 estableció que
no se harían intervenciones en zonas con fallas geológicas, así:

1.5.3.2 Zonas de No Intervención. Se entiende que en la pavimentación y/o
repavimentación para el programa de infraestructura vial de integración y
desarrollo regional no se hará ninguna intervención en zonas en las que exista una
falla geológica.

4.3. La interventoría del contrato fue ejercida por Restrepo y Uribe Ltda. y la
consultoría de apoyo a la supervisión fue adelantada por Consultoría Colombiana
S.A32.

4.4. El 21 de enero de 2006 la Unión Temporal entregó a la interventoría los estudios
y diseños, en los cuales se incluyó el Volumen VI. Estudio Geotécnico para Diseño de
Pavimentos33.

4.5. El 21 de febrero de 2006 se suscribió el acta de recibo final y aprobación de
estudios y diseños34, con la anotación de que el contratista realizaría algunos ajustes
para cumplir con el hito correspondiente. Dentro de estos ajustes, se requirió identificar
los sitios posiblemente inestables, así:

Volumen VI. Estudio Geotécnico para Diseño de Pavimentos: El contratista debe
incorporar lo acordado durante la reunión celebrada el 16 de febrero de 2006, así:
Identificar los tramos inestables y los tramos posiblemente estables.

4.6. Mediante oficio del 3 de mayo de 2006, identificado con el radicado
C.613.5.3/OB.089/0635, la interventoría le expuso a la Consultoría de Apoyo, con copia
al INVÍAS, la clasificación de las abscisas comprendidas en el tramo K0+000 y K4+670
y diversas propuestas para la intervención.

31 Fls 1 – 15, c2.
32 Fl. 25, c4.

33 Fl. 56, c5.
34 Fl. 29, c5. El acta fue firmada por el contratista, la interventoría y la consultoría de apoyo a la gestión.
35 Fls. 88 – 90, c5.

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Radicación número: 25000-23-36-000-2013-00680 01 (53.211).
Actor: Unión Temporal Boyacá en el 2500.
Demandado: Instituto Nacional de Vías – INVÍAS.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.

4.7. En oficio con fecha del 12 de mayo de 2006, y radicado C.613.5.3/OB.100/06,
dirigido a la consultoría de apoyo con copia al INVÍAS y a la Unión Temporal, la
interventoría expuso las conclusiones de una reunión llevada a cabo en las oficinas
del instituto, en la cual el contratista y la interventoría hicieron una sectorización y
acordaron las intervenciones a realizar en cada uno de los tramos.

4.8. El 30 de mayo de 2008, se suscribió el acta de entrega y recibo definitivo de obra,
en la cual se consignó que la duración total del contrato, después de ampliaciones,
fue de 28.8 meses -que transcurrieron entre el 22 de noviembre de 2005 y el 15 de
abril de 2008-, y que su valor final fue de $10.954’064.59036.

4.9. Mediante oficios UT-01613-470 del 31 de marzo de 200937, UT-01613-462 del 15
de enero de 200938 y UT-01613-435 del 16 de julio de 200839, la Unión Temporal
Boyacá en el 2500 le manifestó al INVÍAS la presencia de derrumbes en la zona de la
obra, y solicitó realizar los mantenimientos respectivos y controles de peso de las
volquetas que transitaban allí.

4.10. El 1 de diciembre de 2008, el Ingeniero Residente de Administración de
Mantenimiento Vial Grupo 01, Fernando Bernal González, remitió al Director de la
Territorial Boyacá del INVÍAS el oficio AMV-01-BYC-830, con fecha del 27 de
noviembre del mismo año, a través del cual informó que “en atención a los intensos
aguaceros presentados a causa de la ola invernal que atraviesa el territorio nacional,
se han presentado algunos deterioros inesperados sobre la estructura de pavimento
construida dentro del proyecto Plan 2500 entre Otanche y San Pablo de Borbur, esto
en los PR0+0550, PR0+600 y PR6+0450”40. En el informe se incluyó una relación de
3 puntos41 en los cuales se presentaban los deterioros referidos.

4.11. El oficio AMV-01-BYC-830 fue remitido a la interventoría mediante comunicación
56211 con fecha del 24 de diciembre de 200842, con el fin de que se realizara una
visita del asesor de pavimentos y especialista en geotecnia para valorar los daños y
plantear las soluciones requeridas. Esta solicitud fue enviada al contratista a través de
comunicación C.613/OB.0692/09/7 del 6 de enero de 200943, con el fin de realizar una
visita conjunta y dar respuesta a los requerimientos de la entidad.

36 Fls. 25 – 26, c4.
37 Fls. 77 – 78, c2.
38 Fls. 61 – 65, c2.

39 Fl. 74, c2.
40 Fls. 67 – 69, c2.

41 PR 0+0500, PR0+0550 y PR6+0450.
42 Fl. 70, c2.
43 Fl. 71, c2.

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Radicación número: 25000-23-36-000-2013-00680 01 (53.211).
Actor: Unión Temporal Boyacá en el 2500.
Demandado: Instituto Nacional de Vías – INVÍAS.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.

4.12. Mediante oficios UT-01613-475 del 21 de mayo de 200944 y UT-01613-0484 del
10 de diciembre de 201045, el contratista dio respuesta a la interventoría con informe
de las visitas de obra realizadas 46 producto del requerimiento de la entidad. Allí
manifestó que las causas de los deterioros no eran imputables a la Unión Temporal,
sino que fueron causados por la falta de mantenimiento de las obras de drenaje,
material de derrumbe sin atender, tránsito de vehículos pesados, entre otros.

4.13. Las conclusiones del contratista fueron expuestas a la entidad por parte de la
interventoría mediante comunicados C.613/0502/10/5.2 del 15 de diciembre del 2010
y C.613/OB.0705/10.5.2 del 23 de diciembre del mismo año, en las cuales se concluyó
que (i) los sitios que presentaban daños no tuvieron problemas de inestabilidad
durante las etapas de diseño y (ii) no se debía considerar responsable al contratista
por los daños presentados en la vía dado que se trataba de fallas geológicas que
corresponden a problemas del terreno natural.

4.14. El INVÍAS dio respuesta a las comunicaciones anteriores a través del oficio SGT-
GPD 18530 47 del 13 de mayo de 2011 e indicó que no eran de recibo las
observaciones del contratista, dado que la entidad mantenía contratos de
mantenimiento rutinario y los sitios deteriorados se encontraban con fallas previas, por
lo que el haberlos intervenido acarreaba su reparación. En ese sentido, solicitó al
contratista realizar las reparaciones con el aval y seguimiento de la Dirección
Territorial del INVÍAS.

4.15. El 28 de septiembre de 2011 la entidad elaboró el informe de comisión OPA-21
Plan 2500 Otanche en el cual se verificó el estado de la vía y se realizó el inventario
de los daños presentados48.

4.16. Mediante oficio OAJ-24808 con fecha del 24 de mayo de 201249, aclarado por el
oficio OAJ-33991 del 13 de julio siguiente50, la oficina asesora jurídica del INVÍAS citó
al contratista a audiencia para discutir la garantía de estabilidad de la obra del contrato
1613 de 2005, por solicitud de la Coordinación del Plan 2500 de la entidad.

44 Fls. 53 – 56, c2.
45 Fls. 39 – 52, c2.

46 La primera visita de obra la hizo el contratista el 20 de mayo del 2009 y la segunda visita la realizaron

el contratista y la interventoría el 26 de noviembre del 2010.
47 En el que se remite al memorando DT-BOY 5017, en el cual la Dirección Territorial de Boyacá del

INVÍAS presentó concepto frente a la comunicación del contratista.
48 Fls. 42 – 44, c5.

49 Fls. 10 – 17, c4.
50 Fls. 8, c4. En este oficio se aclara que la citación a audiencia no es por incumplimiento del contrato,

sino por la garantía de estabilidad de la obra.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2013-00680 01 (53.211).
Actor: Unión Temporal Boyacá en el 2500.
Demandado: Instituto Nacional de Vías – INVÍAS.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.

4.17. Además de las pruebas documentales aportadas por el contratista, se decretaron
como prueba dos visitas técnicas a la obra. La primera de ellas fue realizada el 23 de
agosto de 201251 y la segunda el 12 de septiembre del mismo año52.

4.18. El 22 de octubre de 2012, el INVÍAS expidió la Resolución No. 0587753 mediante
la cual declaró el siniestro de estabilidad de la obra y le ordenó a la Unión Temporal
Boyacá en el 2500 pagar el valor de TRESCIENTOS CUATRO MILLONES
SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS
CON DIECIOCHO CENTAVOS ($304’664.582,18). Esta decisión fue confirmada por
la Resolución No. 06050 del 29 de octubre del mismo año54.

5. Problema jurídico:

Le corresponde a la Sala determinar si las pruebas referidas por la demandante en el
sub lite resultaban suficientes para declarar la nulidad de los actos demandados y si
las mismas fueron obviadas o indebidamente valoradas por el a quo. Este análisis,
además, deberá hacerse bajo el cargo de falsa motivación, invocado en el libelo
introductorio, y con base en los supuestos fácticos que le sirvieron de sustento,
consistentes, esencialmente, en que (i) la administración no probó la mala calidad de
los materiales, (ii) la entidad y la interventoría ordenaron pavimentar los sitios
inestables que el contratista había recomendado no intervenir en los estudios y
diseños, (iii) los daños se debieron a la falta de mantenimiento de la vía, (iv) las fallas
no eran imputables al contratista porque fueron causadas por la ola invernal y la
ocurrencia de sismos en la zona, (v) la entidad no probó la cuantía del siniestro y (vi)
se configuró el silencio administrativo positivo que exoneraba de responsabilidad al
contratista.

5.1. Alcance de la obligación por parte del constructor de responder por la
estabilidad de la obra:

De manera preliminar, la Sala precisa que la obligación de garantizar la estabilidad de
la obra tiene su origen en el artículo 2060 del Código Civil, numerales 3 y 4, que
disponen:

Los contratos para construcción de edificios, celebrados con un empresario que se
encarga de toda la obra por un precio único prefijado, se sujetan además a las
reglas siguientes (…):

51 Fls. 38 – 39, c5.

52 Fls. 66 – 78, c5.
53 Fls. 177 – 199, c2.
54 Fls. 207 – 222, c2.

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Radicación número: 25000-23-36-000-2013-00680 01 (53.211).
Actor: Unión Temporal Boyacá en el 2500.
Demandado: Instituto Nacional de Vías – INVÍAS.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.

3. Si el edificio perece o amenaza ruina, en todo o parte, en los diez años
subsiguientes a su entrega, por vicio de la construcción, o por vicio del suelo que
el empresario o las personas empleadas por él hayan debido conocer en razón de
su oficio, o por vicio de los materiales, será responsable el empresario (…).

4. El recibo otorgado por el dueño, después de concluida la obra, sólo significa que
el dueño la aprueba, como exteriormente ajustada al plan y a las reglas del arte, y
no exime al empresario de la responsabilidad que por el inciso precedente se le
impone.

En concordancia con la norma precitada, esta Sala ha considerado que la estabilidad
de la obra es una obligación accesoria y de resultado “consistente en entregar una
obra estable, capaz de brindar el servicio para el cual fue solicitada, de suerte que,
evidenciada la ausencia de estabilidad, el (...) contratista está en el deber de subsanar
las fallas que la obra presente después de su entrega y que afecten o impidan su
uso”55. En ese sentido, si se prueba que el daño se originó por la existencia de vicios
de la construcción, de los materiales o del suelo, que el contratista debió conocer
debido a su oficio, las fallas de la obra le son imputables, con independencia de
cualquier consideración sobre su culpa o diligencia.

Recientemente, en providencia del 17 de febrero de 202356, la Sala recopiló la posición
que ha adoptado la jurisprudencia de esta Sección en cuanto a la responsabilidad del
contratista ejecutor frente a la estabilidad y calidad de la obra, en los siguientes
términos:

(i) Resulta exigible con prescindencia de cualquier consideración sobre la culpa o
diligencia del contratista, ya que, habiéndose probado que el daño se originó por
la existencia de vicios de la construcción, de los materiales o del suelo –que el
contratista debió conocer-, las fallas de la obra le son imputables57 .

(ii) Al tratarse de una obligación de resultado, verificada la existencia de fallas que
amenacen seriamente o impidan la correcta utilización de la obra construida, y, por
ende, acaecido el riesgo asumido por el contratista, éste tiene la carga de probar
que los daños no le son imputables.

(iii) Es una obligación accesoria y distinta de las obligaciones principales o
específicas del negocio jurídico, de manera que al exigirse su cumplimiento, no se
cuestiona si las obligaciones del contrato fueron satisfechas -o no- en la forma y
tiempo debidos; lo que está en discusión es el incumplimiento de una prestación
accesoria, posterior a la extinción de aquéllas, es decir, se trata de una obligación
postcontractual (negrilla fuera del texto original).

Bajo estos términos, para desvirtuar la legalidad del acto administrativo que declara el
siniestro de la obra por el incumplimiento de la obligación accesoria de estabilidad, el

55 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 20 de febrero de 2020. Radicación

No. 25000-23-26-000-2006-01957-01 (43.766), C.P: María Adriana Marín.
56 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 17 de febrero de 2023. Radicación

No. 05001-23-31-000-2009-01508-01 (59.310), C.P: José Roberto Sáchica Méndez.
57 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 14 de julio de 2016. Radicación

No. 85001-23-31-000-2002-00362-01 (35.763), C.P: Carlos Alberto Zambrano Barrera.
18

Radicación número: 25000-23-36-000-2013-00680 01 (53.211).
Actor: Unión Temporal Boyacá en el 2500.
Demandado: Instituto Nacional de Vías – INVÍAS.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.

demandante debe probar que las fallas presentadas son consecuencia de una causa
extraña o que existe alguna circunstancia que lo exima de esta responsabilidad58.

5.2. Caso concreto. Análisis del cargo de falsa motivación:

El tribunal de primera instancia consideró que la ocurrencia del siniestro se
fundamentó en que el contratista intervino tramos de obra en sitios identificados como
inestables sin la autorización previa de la entidad. Señaló que la cláusula sexta del
contrato establecía el deber, en cabeza del contratista, de obtener la autorización
expresa de la entidad para continuar con la ejecución del contrato ante circunstancias
que modificaran las cantidades de obra. Por lo tanto, al no existir autorización del
contratante ni acta de modificación, el riesgo de estabilidad debía ser asumido por la
Unión Temporal.

Conforme a las consideraciones expuestas en el acápite precedente, son de recibo
las apreciaciones realizadas por la parte actora en el recurso de apelación, según las
cuales en este caso no se discutía la aplicación o no de la cláusula sexta del contrato
relativa a la modificación de las cantidades de obra. Lo que debía analizarse era si del
material probatorio aportado en el plenario, era posible determinar la ocurrencia de
una causa extraña o de un eximente de responsabilidad del constructor frente a la
obligación de garantizar la estabilidad de la obra. Por lo tanto, la Sala ajustará el
examen del caso al ámbito de análisis descrito.

En tal sentido, se analizarán cada una de las situaciones expuestas por el
demandante, y las pruebas que las soportan, para fundamentar el cargo de falsa
motivación, los cuales se reiteran: (i) la administración no probó la mala calidad de los
materiales, (ii) la entidad y la interventoría ordenaron pavimentar los sitios inestables
que el contratista había recomendado no intervenir en los estudios y diseños, (iii) los
daños se debieron a la falta de mantenimiento de la vía, (iv) las fallas no eran
imputables al contratista porque fueron causadas por la ola invernal y la ocurrencia de
sismos en la zona, (v) la entidad no probó la cuantía del siniestro y (vi) se configuró el
silencio administrativo positivo que exoneraba de responsabilidad al constructor.
Finalmente, se hará referencia a los reparos elevados contra el fallo de primera
instancia por no valorar la prueba testimonial practicada.

58 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 17 de febrero de 2023. Radicación

No. 05001-23-31-000-2009-01508-01 (59.310), C.P: José Roberto Sáchica Méndez. Al respecto, se
indicó que “la única forma de destruir la relación de causalidad entre el hecho imputable y el daño es a
través de la aducción de una causa extraña, siempre que la naturaleza del fenómeno lo permita”.
19

Radicación número: 25000-23-36-000-2013-00680 01 (53.211).
Actor: Unión Temporal Boyacá en el 2500.
Demandado: Instituto Nacional de Vías – INVÍAS.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.

5.2.1. La administración no probó la mala calidad de los materiales:

La parte actora manifestó en la demanda y en el recurso de apelación que la entidad
no probó la mala calidad de los materiales utilizados por la Unión Temporal en la
ejecución del contrato. No obstante, las resoluciones que declararon la ocurrencia del
siniestro por estabilidad de la obra no se fundamentaron en la mala calidad de los
materiales, sino en la existencia de vicios en el suelo que el contratista debió conocer
y que, incluso, fueron identificados por la Unión Temporal en la primera etapa del
contrato.

En las resoluciones demandadas, la entidad expuso que los estudios y diseños
elaborados por el contratista arrojaron como resultado la recomendación de no
pavimentar el sector comprendido entre el K0+000 y el K5+000 de la vía.
Posteriormente, la interventoría recomendó tres tipos de intervención para estos
tramos y el contratista decidió adoptar uno de ellos sin la autorización previa de la
entidad. Por lo tanto, tal actuación unilateral acarreaba para el contratista la
responsabilidad de garantizar la estabilidad de la obra. En estos términos lo manifestó
la entidad en la Resolución 05877 del 22 de octubre de 201259:

Lo anterior hace inferir que el Interventor presentó las diversas posibilidades de
intervención sobre las abscisas que el contratista claramente informó no se debía
construir sobre ellas por falla geológica, pero él mismo desde su libre albedrío,
decidió proceder por la opinión número tres presentada por el interventor y hay que
resaltar que en los pliegos de condiciones se establecía claramente que “no se
hará ninguna intervención en zonas en las que exista una falla geológica” (...) De
igual manera, la Unidad Ejecutora Plan 2500 una vez estudiados los documentos
aportados en audiencia por parte del contratista se ratifica en asegurar que el
INVÍAS nunca ordenó de manera tácita o explícita la pavimentación de las abscisas
en las cuales el contratista evidenció falla geológica. Ahora, (...) la decisión
unilateral del contratista de proceder con la obra, conlleva a la conclusión de que
las mismas en su criterio técnico, se desarrollarían en condiciones que permitían
garantizar su estabilidad.

Las abscisas sobre las cuales se declaró el siniestro de estabilidad de la obra se
determinaron en los informes que hicieron parte del procedimiento administrativo,
específicamente, el informe OPA-21 del 28 de septiembre de 201160 y el informe de
visita técnica del 12 de septiembre de 201261. Estos puntos fueron identificados, así:
K0+420 al K0+460, K0+550 al K0+600, K0+750 al K1+114 y K11+490 y K11+564.

Ciertamente, el motivo para atribuirle responsabilidad al contratista fue la existencia
de vicios en el terreno que el demandante conocía con anterioridad a la ejecución de
la obra. En ese sentido, se desestimará este argumento esgrimido para atacar la

59 Fls. 44 – 45, c6.
60 Fls. 42 – 44, c5.
61 Fls. 66 78, c5.
20

Radicación número: 25000-23-36-000-2013-00680 01 (53.211).
Actor: Unión Temporal Boyacá en el 2500.
Demandado: Instituto Nacional de Vías – INVÍAS.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.

legalidad del acto administrativo, dado que el actor cuestionó en este punto que la
entidad no haya probado la mala calidad de los materiales, asunto que no fue discutido
ni motivó la declaratoria de siniestro. Al margen de lo anterior, la Sala aclara que en
sede judicial la carga de la prueba le compete a quien demanda el acto administrativo
y no a la entidad que lo expidió, por lo que el solo señalamiento de que el INVÍAS no
probó la mala calidad de los materiales no tendría la virtud de alterar esta carga, que
en todo caso radica en cabeza del demandante.

5.2.2. La entidad y la interventoría dieron la orden de construir en tramos
inestables:

Continuando con los argumentos elevados por el actor para atacar la legalidad de los
actos administrativos cuestionados, la Sala analizará si la intervención en terrenos
inestables fue efectivamente ordenada por la entidad contratante o por la interventoría,
y si este hecho constituye un eximente de responsabilidad del contratista frente a la
estabilidad de la obra por vicios del suelo identificados en los estudios y diseños.

Como se precisó en el acápite 5.1, ante la existencia de fallas que atenten contra la
estabilidad de la obra -en este caso, relacionadas con la inestabilidad del suelo- le
atañe al contratista demostrar que los daños no le son imputables, so pena de que la
entidad declare el siniestro y haga efectiva la garantía correspondiente, según el caso.

El material probatorio obrante en el plenario demuestra que los estudios y diseños
elaborados por la Unión Temporal en desarrollo del contrato 1613 de 2005,
específicamente en el Volumen VI. Estudio Geotécnico para Diseño de Pavimentos,
evidenciaron lo siguiente:

Desde el punto de vista del estudio geotécnico es posible concluir y de acuerdo
con los estudios de suelos, en los estudios geológicos y de estabilidad realizados
es posible establecer dos sectores con características muy homogéneas, el
primero comprendido entre la Población de Otanche en el K0+000 y el
Corregimiento de Santa Bárbara en el K5+000, caracterizado por su gran
inestabilidad como consecuencia del paso de la Falla Geológica La Salina y
su brecha de falla por donde se desarrolla la vía (...) Con base en la
identificación de zonas inestables presentada en el capítulo 5 del informe y de
acuerdo con los lineamientos del PLAN 2500 establecidos por el INVÍAS, NO se
recomienda pavimentar los sitios inestables y/o posiblemente inestables
relacionados en la Tabla 462 (negrilla fuera del texto original).

En el acta de recibo final y de aprobación de estudios y diseños, suscrita el 21 de
febrero de 200663, se anotó que el contratista realizaría algunos ajustes para cumplir

62 Fl. 56, c5.
63 Fl. 29, c5. El acta fue firmada por el contratista, la interventoría y la consultoría de apoyo a la gestión.

21

Radicación número: 25000-23-36-000-2013-00680 01 (53.211).
Actor: Unión Temporal Boyacá en el 2500.
Demandado: Instituto Nacional de Vías – INVÍAS.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.

con el hito correspondiente. Dentro de estos ajustes, se requirió identificar los sitios
inestables y los posiblemente estables, así:

Volumen VI. Estudio Geotécnico para Diseño de Pavimentos: El contratista debe
incorporar lo acordado durante la reunión celebrada el 16 de febrero de 2006, así:
Identificar los tramos inestables y los tramos posiblemente estables.

El proceso de identificación de estos tramos contó con la participación conjunta del
contratista y de la interventoría. De ello da cuenta el oficio del 3 de mayo de 2006
identificado con el radicado C.613.5.3/OB.089/06 64 , en el cual la interventoría le
expuso a la Consultoría de Apoyo, con copia al INVÍAS, la metodología propuesta
para la intervención del tramo comprendido entre el K0+000 y el K4+670. Allí se señaló
que en inspección realizada a la zona por el contratista y la interventoría se
determinaron tres tipos de intervención:

Tipo 1 Tramos estables que se deben pavimentar.

Tipo 2 Tramos posiblemente estables.

Tipo 3 Tramos que no se deben intervenir.

En el mismo oficio, se identificaron los tramos de la vía, el tipo de intervención
propuesta y las labores a realizar en cada uno. A continuación, se expuso el
comparativo de las abscisas consignadas en el informe de visita técnica del 12 de
septiembre de 2012 elaborado por el INVÍAS65 -que sirvió de sustento a la expedición
de los actos administrativos que declararon la ocurrencia del siniestro-, y aquellas
señaladas en la inspección realizada por el contratista y la interventoría en el año 2006
para definir las intervenciones:

Abscisa Abscisa Abscisa Abscisa Tipo de Labores a realizar en la
Inicial - Final - inicial - final - intervención obra
Informe Informe Inspección Inspección
INVÍAS INVÍAS 2006 2006
2012) 2012)

K0+420 K0+460 K0+400 K0+470 Tipo 1 No presenta inconvenientes.

K0+550 K0+600 K0+521 K0+680 Tipo 1 No presenta inconvenientes.

K0+750 K1+114 K0+704 K1+250 Tipo 1 y 2 “Presenta movimiento en
masa, el cual aunque el
estado de la calzada no
presenta mayores
afectaciones, se puede
reflejar a los extremos de
dicho movimiento una vez se
pavimente”.

K11+490 K11+564 No fue No fue No fue No fue identificado como
identificado identificado identificado tramo inestable en los

64 Fls. 88 – 90, c5.
65 Fls. 66 – 78, c5.

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Radicación número: 25000-23-36-000-2013-00680 01 (53.211).
Actor: Unión Temporal Boyacá en el 2500.
Demandado: Instituto Nacional de Vías – INVÍAS.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.

estudios y diseños66.

Frente a los tramos identificados como “Tipo 2”, se hicieron tres propuestas: (i)
intervenir hasta la pavimentación, (ii) no intervenir o (iii) intervenir parcialmente.

Con posterioridad al ejercicio reseñado, la interventoría envió un oficio, con fecha del
12 de mayo de 2006 y radicado C.613.5.3/OB.100/0667, dirigido a la Consultoría de
Apoyo, con copia al INVÍAS y a la Unión Temporal. Allí expuso las conclusiones de
una reunión descrita en los siguientes términos:

(…) la reunión celebrada el 8 de mayo de 2006 en las oficinas de INVIAS,
referente al sector comprendido entre Otanche K0+000 y Santa Bárbara (K4+670),
donde el contratista y la interventoría hicieron una sectorización dividiendo
en cuatro tipos los tramos a intervenir:

“Tipo 1: Longitud de 2.989 m. Tramos estables que se deben pavimentar
normalmente.

Tipo 2: Longitud de 771 m. Tramos posiblemente estables. Inicialmente se
intervendrán construyendo los drenajes, las obras de arte y la base granular.
Posteriormente y haciendo una instrumentación, se tomará la decisión de
pavimentar. El pago se hará al final, cuando se pavimente.

(...)

Tipo 3B Tramo K1+680 – K 1+720 Longitud 40 m: El contratista presentará un
diseño del pontón sobre la quebrada K1+700 y se construirá según el Contrato,
pavimentando el tramo.

Tipo 3B Tramo K2+850 – K3+050 Longitud 200 m. El contratista reconformará el
talud, para lo cual acordará un nuevo precio, y posteriormente pavimentará
(negrilla fuera del texto original).

Del material probatorio revisado, lo primero que puede concluirse es la inexistencia de
una orden o autorización expresa por parte del INVÍAS para intervenir los tramos
identificados como inestables en los estudios y diseños. Solamente se evidencia
prueba de la participación de la entidad, a través de la consultoría de apoyo, en el acta
de recibo final y de aprobación de estudios y diseños en la cual se anotaba que el
contratista debía identificar los tramos inestables y los posiblemente estables.

Luego de la suscripción de esta acta, el contratista y la interventoría clasificaron los
tramos del K0+000 al K5+000 y definieron la propuesta de intervención en la reunión
llevada a cabo el 8 de mayo de 2006, según se indicó en el oficio C.613.5.3/OB.100/06

66 La Sala aclara que el análisis de los argumentos sobre la orden de intervención en sitios inestables

no aplica para este punto, en tanto no se incluyó dentro de la sectorización realizada en la etapa de
estudios y diseños. En el informe de visita técnica del 12 de septiembre de 2012 se manifestó que este
tramo “es una zona de falla geológica identificada que no debió pavimentarse”. Por lo tanto, se trata de
un vicio en el suelo que el contratista debió identificar y no lo hizo. En tal sentido, se excluye este punto
del análisis de este acápite, pero el mismo se encuentra integrado en los demás apartados que desatan
los argumentos relacionados con la no imputabilidad de los daños al contratista.
67 Fls. 21 – 22, c2.

23

Radicación número: 25000-23-36-000-2013-00680 01 (53.211).
Actor: Unión Temporal Boyacá en el 2500.
Demandado: Instituto Nacional de Vías – INVÍAS.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.

antes citado. Este documento no contiene prueba de la autorización por parte del
INVÍAS de la sectorización realizada ni de alguna de las metodologías de intervención,
pues lo que se señala es que la reunión fue desarrollada “en las oficinas del INVÍAS
(…) donde el contratista y la interventoría hicieron una sectorización (…)”. Así las
cosas, lo que se logra deducir del documento es que fueron el contratista y la
interventoría, sin participación de la entidad, quienes determinaron la forma de
intervención de los tramos previamente sectorizados.

Ahora bien, este hecho no exonera al contratista de la responsabilidad por la
estabilidad de la obra, habida cuenta de que él participó y consintió la definición de los
puntos K0+420 a K0+460, K0+400 a K0+470, K0+550 a K0+600, K0+521 a K0+680,
K0+750 a K1+114, K0+704 a K1+250 como estables o posiblemente estables, aun
cuando en los estudios y diseños ya había identificado que se encontraban sobre una
falla geológica. Asimismo, desarrolló con la interventoría la metodología de
pavimentación propuesta para estos puntos y decidió realizar la intervención,
asumiendo así la responsabilidad por las falencias que se presentaran en la vía a
causa de los vicios en el suelo previamente identificados.

Lo anterior permite establecer que la intervención en sitios inestables no se trató de
una orden por parte de la entidad contratante, sino de un proceso de identificación en
el que participó el contratista y en el cual no obra prueba de que haya realizado alguna
advertencia, a pesar de haber observado previamente que los 5 kilómetros a intervenir
se encontraban ubicados sobre una falla geológica que producían su inestabilidad y
que los estudios previos disponían claramente que no se harían intervenciones sobre
terrenos ubicados en fallas geológicas.

Sobre este asunto, conviene recordar la posición que ha adoptado la Sala frente al
deber de pericia y probidad que le corresponde al contratista como experto en el
desarrollo de la obra ante las instrucciones brindadas por la entidad o la interventoría,
en los siguientes términos:

No ignora la Sala que, de conformidad con el contenido obligacional del contrato
(…) el contratista “debía atender todas las observaciones y requerimientos a los
diseños presentadas por la SED, la interventoría y demás autoridades
competentes”.

Sin embargo, ocurre que esa situación en modo alguno puede considerarse
como una razón válida para excusar o relevar al contratista de la pericia y
probidad que, como experto en el desarrollo de la obra que se le encomienda
y como amplio conocedor de la materia constructiva, se le demanda en la
realización del proyecto, lo que a su turno envuelve un deber de precaución y
cautela ante la ocurrencia de circunstancias que puedan obstaculizar el resultado
esperado al celebrar el negocio.

24

Radicación número: 25000-23-36-000-2013-00680 01 (53.211).
Actor: Unión Temporal Boyacá en el 2500.
Demandado: Instituto Nacional de Vías – INVÍAS.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.

Es con fundamento en su calidad de experto en el desarrollo de la tarea que se le
asigna, que es considerado un verdadero colaborador de la Administración en el
cumplimiento de sus fines estatales y no un simple ejecutor material.

Lo dicho se traduce en que, una vez celebrado el contrato, el contratista se
convierte en una pieza clave y aliado fundamental de la entidad para llevar a
buen término el proyecto y, en razón de ello, se espera del particular una
actitud proactiva, diligente y eficiente que contribuya al logro del cometido
estatal y no que despliegue conductas que puedan poner en riesgo su satisfacción.

Bajo esa comprensión su labor no puede restringirse o limitarse al
acatamiento de instrucciones y requerimientos elevados por la entidad
durante la ejecución del contrato de forma pasiva e inmutable, sin observar
en medio de su desarrollo la experiencia y el conocimiento técnico que se le
exigen para anticipar las consecuencias nocivas que esas demandas de la
entidad podrían desencadenar.

Tampoco resulta admisible que se aparte de forma irreflexiva de los
lineamientos trazados en el pliego de condiciones de los cuales fue pleno
conocedor en la etapa precontractual, al punto que le sirvieron de cimiento para
estructurar la oferta presentada (…)68 (negrilla fuera del texto original).

En el presente caso, la Unión Temporal Boyacá en el 2500 no demostró haber tenido
una actitud de precaución, proactiva, diligente y eficiente en el desarrollo del objeto
contractual, especialmente, en la pavimentación de los primeros 5 kilómetros de la vía
que se encontraban sobre una falla geológica. Por el contrario, el contratista participó
con la interventoría en la sectorización de la vía y en la definición de la pavimentación
-lo que desvirtúa que aquella hubiese sido ordenada o impuesta-, sin elevar ninguna
advertencia sobre los hallazgos que él mismo realizó durante la etapa de estudios y
diseños.

En tal sentido, no son de recibo los argumentos esgrimidos por el actor respecto a que
la intervención fue ordenada por la entidad y por la interventoría, a pesar de que se
había recomendado no pavimentar los primeros 5 kilómetros de la vía, pues como se
indicó en líneas precedentes, la Unión Temporal participó en la posterior identificación
e intervención de los tramos, guardando una actitud pasiva frente a los riesgos que ya
había advertido previamente desde su conocimiento y experticia.

Por lo expuesto, la Sala desestimará los argumentos relacionados con la orden dada
por la entidad y la interventoría para la intervención de sitios inestables como eximente
de responsabilidad.

5.2.3. Los daños causados se debieron a la falta de mantenimiento en la vía:

Como tercera situación expuesta para eximirse de responsabilidad, la parte actora
manifestó que el tribunal y la entidad no valoraron las pruebas que demostraban que
los daños en la vía fueron consecuencia de la falta de mantenimiento.

68 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 7 de mayo de 2021. Radicación

No. 25000-23-36-000-2017-02136-01 (64.033). C.P: Marta Nubia Velásquez Rico.
25

Radicación número: 25000-23-36-000-2013-00680 01 (53.211).
Actor: Unión Temporal Boyacá en el 2500.
Demandado: Instituto Nacional de Vías – INVÍAS.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.

En primer lugar, cabe precisar que una vez superada la etapa de diseños y ejecutada
la obra, el 30 de mayo de 2008, se suscribió el acta de entrega y recibo definitivo, en
la cual se consignó que la duración total del contrato después de ampliaciones fue de
28.8 meses que transcurrieron entre el 22 de noviembre de 2005 y el 15 de abril de
2008 y que su valor final fue de $10.954’064.590.

El 16 de julio del 2008, la Unión Temporal remitió el primer oficio a la entidad,
identificado con el radicado UT-01613-435 69 , en el cual informó la presencia de
derrumbes en la zona de la obra y solicitó realizar los mantenimientos respectivos.

Posteriormente, el 1 de diciembre del mismo año -menos de 7 meses después del
recibo definitivo de la obra-, el Ingeniero Residente Administración de Mantenimiento
Vial Grupo 01 remitió al Director de la Territorial Boyacá del INVÍAS el oficio AMV-01-
BYC-830, con fecha del 27 de noviembre del 200870, mediante el cual informó que “en
atención a los intensos aguaceros presentados a causa de la ola invernal que
atraviesa el territorio nacional, se han presentado algunos deterioros inesperados
sobre la estructura de pavimento construida dentro del proyecto Plan 2500 entre
Otanche y San Pablo de Borbur, esto en los PR0+0550, PR0+600 y PR6+0450”. Este
informe fue notificado a la Unión Temporal, a través de la interventoría, el 6 de enero
de 2009 mediante oficio C.613/OB.0692/09/771.

Para justificar que las fallas en la vía se debieron a la falta de mantenimiento, el
contratista relacionó diversos oficios con registro fotográfico enviados a la entidad, en
los cuales se informó de la presencia de derrumbes en la vía causados por la ola
invernal y un vídeo del ministro de transporte de la época en el cual se estableció la
necesidad -en cabeza del INVÍAS- de realizar un mantenimiento de emergencia a la
vía.

En este contexto, la Sala sistematizará las afirmaciones contenidas en los oficios
remitidos por el contratista al INVÍAS, relacionados con la falta de mantenimiento de
la vía:

69 Fl. 74, c2.
70 Fls. 67 – 69, c2. Si bien el demandante cuestionó la decisión de primera instancia por desconocer que

en este oficio expresamente se establecía que las fallas se dieron “en atención a los intensos aguaceros
presentados a causa de la ola invernal”, este argumento no tiene vocación de prosperidad en tanto el
oficio fue simplemente informativo y no pretendía establecer de manera técnica las causas de las fallas.
Este proceso de identificación se realizó durante el procedimiento administrativo con las visitas técnicas
decretadas y practicadas.
71 Fl. 71, c2.

26

Radicación número: 25000-23-36-000-2013-00680 01 (53.211).
Actor: Unión Temporal Boyacá en el 2500.
Demandado: Instituto Nacional de Vías – INVÍAS.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.

Referencia Tema o extracto

UT-01613-435 del 16 “Es importante manifestar que a la fecha se han presentado
de julio de 200872. derrumbes en la vía (…) estos derrumbes y la falta de limpieza
de los drenajes pueden ocasionar daños en la estructura del
pavimento recientemente terminada” 73 (negrilla fuera del texto
original).

UT-01613-462 del 15 “(…) nuevamente solicitamos con urgencia se tomen medidas
de enero de 200974. tendientes a mantener las obras de drenaje y en general la
estructura de contención de la vía (…) el sector comprendido
entre el K0+0200 al K1+200 es de especial cuidado debido a los
grandes flujos de agua provenientes del casco urbano del
municipio de Otanche que pueden afectar la vía (…) Cabe la
pena destacar que en general todo el trayecto de la vía
presentaba esta misma situación a lo largo del sector intervenido,
las fotografías anexas solo muestran algunas zonas que
consideramos tener como pruebas de la falta de mantenimiento
de la vía” (negrilla fuera del texto original)75.

UT-01613-470 del 31 “(…) es importante manifestar que nuevamente se pudo observar
de marzo de 200976. la falta de mantenimiento en los catorce kilómetros
pavimentados (…) Un taponamiento de las cunetas ocasiona
que el agua de escorrentía circule a través de la calzada, se dirija
a los taludes no protegidos, los sature y se produzcan fallos en
los llenos que componen la estructura de pavimento”77.

UT-01613-475 del 21 “Ahora bien vale la pena detallar factores externos que influyen y
de mayo de 200978. pueden llegar a desestabilizar zonas geológica y
geotécnicamente estables: deforestación y mal manejo de los
taludes, fallas o mala instalación de acueductos veredales,
vertimiento inadecuado de aguas residuales, movimientos
sísmicos, obstrucción de las obras de drenaje (…) Estos factores
por sí mismos o mediante la combinación de algunos de ellos
indudablemente pueden desestabilizar cualquier sector de la
vía y para este caso pudieron haber actuado en conjunto
causando las fallas geotécnicas (…)79 (negrilla fuera del texto
original).

UT-01613-483 del 12 “(…) solicito se realicen controles de peso por parte de INVÍAS a
de abril de 201080. las volquetas utilizadas en el contrato de competitividad (…) ya
que personalmente pude observar la cantidad de materiales
que estas volquetas transportan en el tramo (…) y no queremos
que el sobrepeso en estos vehículos deterioren la estructura de

72 Fl. 74, c2.
73 Esta afirmación no es concluyente y no permite tener certeza técnica de que la falta de mantenimiento

fuera la causa efectiva de las fallas en la vía.
74 Fls. 61 – 65, c2.

75 En este oficio se adjunta un registro fotográfico general para todo el trayecto de la vía, sin que cada

uno de los puntos fuera identificado ni se presentaran datos precisos sobre la relación de causalidad
entre los derrumbes y cada uno de los puntos que presentaron fallas.
76 Fls. 77 – 78, c2.

77 En este oficio se adjunta un registro fotográfico general para todo el trayecto de la vía, sin que cada

uno de los puntos fuera identificado ni se presentaran datos precisos sobre la relación de causalidad
entre los derrumbes y cada uno de los puntos que presentaron fallas.
78 Fls. 53 – 56, c2.

79 Las afirmaciones realizadas por el contratista no son concluyentes ni presentan datos técnicos para

indicar las causas de las fallas en la vía. Asimismo, parten del supuesto de que la inestabilidad geológica
y geotécnica no existía durante el período de diseño y construcción, afirmación que resulta incorrecta
de acuerdo con las conclusiones que el mismo contratista presentó en los estudios y diseños y que
fueron expuestas en acápites precedentes.
80 Fl. 74, reverso, c2.

27

Radicación número: 25000-23-36-000-2013-00680 01 (53.211).
Actor: Unión Temporal Boyacá en el 2500.
Demandado: Instituto Nacional de Vías – INVÍAS.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.

pavimento finalizada en marzo de 2008”81 (negrilla fuera del texto
original).

UT-01613-0488 del 23 Reitera las comunicaciones anteriores y solicita a la entidad los
de mayo de 201082 argumentos técnicos o una visita al terreno para establecer las
causas y sus responsabilidades.

UT-01613-0492 del 11 “(…) en días pasados se realizó un control de carga sobre la vía
de julio de 201183. Chiquinquirá – Otanche. En su momento era evidente el exceso
de carga de los equipos pesados que por allí transitan, lo que
afectaba el buen comportamiento de la estructura de pavimento
(…) acudo a ustedes con el fin de que se investigue el daño
ocasionado a las tachas reflectivas (…) ya que conocemos que
se ha trasladado equipo rodando sobre la estructura de
pavimento84 (…)” (negrilla fuera del texto original).

La Sala observa que las pruebas aportadas por el demandante no logran acreditar,
desde un punto de vista técnico, que la falta de mantenimiento de la vía causara los
daños presentados. En primer lugar, los oficios remitidos por la Unión Temporal se
acompañaron de registros fotográficos sin identificación precisa de los puntos en los
cuales se encontraban los derrumbes. Estas comunicaciones, aducidas como pruebas
para definir que las fallas se presentaron debido a la falta de mantenimiento, contenían
afirmaciones hechas directamente por el contratista sin datos concluyentes o
información técnica que las soportara, más allá de registros fotográficos que resultan
insuficientes para este efecto. Asimismo, se evidencia que 6 de los 7 oficios fueron
remitidos a la entidad con posterioridad al 6 de enero de 2009, fecha en la cual la
Unión Temporal fue notificada de las fallas que se presentaron en la vía a tan solo 7
meses de su entrega85.

Las fotografías aportadas con la demanda86 para evidenciar el estado de la vía entre
el 2008 y el 2010 no permiten establecer con certeza los puntos a los que hacen
referencia, las fechas en las cuales fueron capturadas y tampoco brindan conclusiones
técnicas que permitan afirmar que la falta de mantenimiento fue la causa de los daños
en la vía.

Ahora bien, mediante memorando SGT-GPD 49122 87 , el INVÍAS relacionó los
contratos que mantuvo vigentes para el mantenimiento del sector entre el 18 de julio
de 2005 y el 15 de junio de 2012. Específicamente, entre el 30 de mayo de 2008 -

81 No se presentan pruebas relacionadas con estas afirmaciones ni datos técnicos que las soporten.
82 Fls. 37 – 38, c2.

83 Fl. 75, c2.
84 No se presentan pruebas relacionadas con estas afirmaciones ni datos técnicos que las soporten.
85 Fl. 71, c2. “Por medio de la presente nos permitimos solicitar al contratista dentro de los 10 días

siguientes al recibo de la presente comunicación remita un informe soportado sobre los daños
registrados y sus causas, con el fin de programar la visita solicitada por el Instituto en la comunicación
de la referencia”.
86 Fls. 89 – 97, c6.
87 Fls. 57 – 61, c6.

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Radicación número: 25000-23-36-000-2013-00680 01 (53.211).
Actor: Unión Temporal Boyacá en el 2500.
Demandado: Instituto Nacional de Vías – INVÍAS.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.

fecha de entrega y recibo definitivo de la obra- y el 27 de noviembre del mismo año -
día en que se evidenciaron las primeras fallas en la vía mediante oficio AMV-01-BYC-
la entidad mantuvo vigente el contrato No. 559 de 2006, cuyo objeto fue el
“mantenimiento rutinario del sector Otanche – Chiquinquirá PR 0+000 al PR 32+000”,
con un plazo de ejecución que transcurrió entre el 28 de abril de 2006 y el 3 de
diciembre de 2008. En ese sentido, la entidad mantuvo vigente el contrato de
mantenimiento sobre la vía durante todo el período comprendido entre la entrega de
la obra y la presencia de las primeras fallas, que se reitera, se presentaron pocos
meses después de su recibo.

Por otra parte, si bien es cierto que la Unión Temporal entregó a la entidad el manual
de conservación de la vía88 en el cual se advertía sobre el especial cuidado que se
debía tener entre el PR 0+0200 y el PR 1+500, esta prueba no es suficiente para dar
por sentado que las fallas en la zona se debieran a la falta de mantenimiento.

Finalmente, frente al vídeo del ministro de transporte de la época aportado como
prueba de segunda instancia, a pesar de que no se logra identificar la fecha en la que
fue grabado, de su contenido se colige que fue durante la ejecución del contrato. Allí,
el representante legal de la Unión Temporal manifestó las dificultades que se estaban
presentando para el ingreso al sitio de la obra y el ministro ordenó un mantenimiento
de emergencia con el fin de permitir la ejecución del contrato en condiciones óptimas.
Por lo tanto, se evidencia que esta orden de mantenimiento se dio en el contexto de
la ejecución contractual y no guarda relación alguna con las fallas posteriores a la
entrega de la obra, las cuales se evidenciaron en el oficio AMV-01-BYC-830 con fecha
del 27 de noviembre del 2008.

De acuerdo con lo expuesto, la Sala concluye que no existen pruebas en el expediente
que acrediten la falta de mantenimiento por parte de la entidad en el tiempo
comprendido entre la entrega de la obra y la evidencia de las fallas, ni tampoco que la
causa de los problemas en la vía estuviera relacionada con falencias en su
mantenimiento.

5.2.4. Las fallas se dieron por causas no imputables al contratista, como la ola
invernal y la ocurrencia de sismos en la zona:

La parte actora arguyó que las fallas en la vía se dieron por causas no imputables al
contratista, como la ola invernal y la ocurrencia de sismos en la zona. Es pertinente
indicar que, como se ha advertido a lo largo de este análisis, para probar que las fallas
en la estabilidad de la obra fueron generadas por una causa extraña, no basta con la

88 Fl. 30, c2.

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Radicación número: 25000-23-36-000-2013-00680 01 (53.211).
Actor: Unión Temporal Boyacá en el 2500.
Demandado: Instituto Nacional de Vías – INVÍAS.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.

simple afirmación o conjetura acerca de la relación de causalidad, pues el contratista
tiene la carga de probar técnicamente las causas que alega con el fin de eximirse de
su responsabilidad.

Ahora bien, para soportar que las fallas se dieron por causas no imputables al
contratista -como la ola invernal y la ocurrencia de sismos en la zona-, el demandante
hizo referencia a diversos documentos que serán analizados individualmente con el
fin de determinar si aquellos efectivamente probaban la ocurrencia de una causa
extraña sobre las fallas de la vía.

En primer lugar, señaló que en el informe OPA 21 del 28 de septiembre de 2011 la
entidad estableció que la ola invernal afectó los sitios con fallas, desestabilizándolos.
Sin embargo, la Sala evidencia que este informe expuso varios puntos de la vía que
presentaban fallas y concluyó que las zonas inestables generadas por ola invernal
fueron los puntos PR3+0300, PR3+0400, PR6+0430, PR8+0880, PR10+0050,
PR10+0695, PR11+0150, PR11+0380, PR12+0300 y PR12+0400. Estos puntos no
coinciden con aquellos por los cuales se declaró el siniestro por estabilidad de la obra,
a saber89: PR0+350 (K0+420), PR0+420 (K0+550), PR0+750 (K0+750), PR11+490
(K11+490). En tal sentido, si bien es cierto el informe OPA 21 del 28 de septiembre de
2011 arrojó que las fallas originadas en algunos puntos de la vía se dieron por la ola
invernal, estos puntos no corresponden a aquellos que fueron objeto del acto
administrativo de declaratoria de siniestro.

El actor también manifestó que el recorrido de obra realizado de manera conjunta con
la interventoría -cuyas apreciaciones fueron consignadas en los oficios
C.613/0502/10/5.290 del 15 de diciembre de 2010 y C.613/OB.0705/10/5.291 del 23 de
diciembre del mismo año- daba cuenta de que las fallas en la vía no eran imputables
al contratista. Revisada esta prueba, la Sala encuentra que la comunicación contiene
las siguientes conclusiones92:

Es cierto que los sitios que presentan daños no tuvieron problemas
geotécnicos o inestabilidades durante las etapas de diseño y construcción
(…)

Los daños no se deben a la mala calidad de los materiales con los cuales se
construyó la estructura de la calzada o a procesos constructivos deficientes
(…)

89 El abscisado utilizado en el informe OPA-21 con la denominación “PR” fue actualizado mediante el

informe de visita técnica del 12 de septiembre de 2012 con el abscisado original del proyecto expresado
con la denominación “K”, el cual se aclarará entre paréntesis.
90 Fls. 16 – 17, c2.

91 Fls. 18 – 20, c2.
92 Las conclusiones de ambos oficios son las mismas, por lo que se transcribirán los apartes del oficio

C.613/OB.0705/10/5.2 del 23 de diciembre de 2010, que contenía información más completa sobre los
hallazgos de la visita realizada.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2013-00680 01 (53.211).
Actor: Unión Temporal Boyacá en el 2500.
Demandado: Instituto Nacional de Vías – INVÍAS.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.

La comunicación SGT-A-47290 del INVIAS se refiere a los daños de la vía como
“fallas geológicas”, confirmando que los problemas que presenta la vía
corresponden a problemas del terreno natural. Teniendo en cuenta que la
estructura de la misma vía y los materiales con los cuales se construyó esta no son
los causantes de los daños que presenta la calzada, sino que se deben a las
inestabilidades que recientemente presenta el terreno natural, esta
interventoría considera que no se debe considerar responsable al contratista por
los daños reportados (…) (negrilla fuera del texto original).

La Sala observa que el oficio de la interventoría tiene tres conclusiones que resultan
importantes para el sub lite. En primer lugar, se colige que el terreno no tuvo
problemas de inestabilidad durante las etapas de diseño y construcción, lo cual no
corresponde con la realidad. Como se evidenció en acápites anteriores, el contratista
identificó las zonas como terrenos inestables ubicados sobre una falla geológica y
posteriormente, de manera conjunta con la interventoría, cambió la clasificación del
terreno y decidió intervenir en este, asumiendo así la estabilidad de la obra por los
vicios previamente identificados.

En segundo lugar, concluyó que las fallas no son atribuibles a la mala calidad de los
materiales. Como ya se mencionó, la entidad no declaró la ocurrencia del siniestro por
la mala calidad de los materiales, sino por la presencia de vicios en el suelo que el
contratista conocía o debía conocer.

Finalmente, sostiene que las fallas en la vía efectivamente se debían a las
inestabilidades del terreno natural, confirmando así la causa que llevó a la entidad a
declarar el siniestro por estabilidad de la obra. Por lo tanto, esta comunicación
tampoco constituye prueba que permita exonerar al contratista por la responsabilidad
que le atañe frente a la estabilidad de la construcción.

Continuando con la exposición probatoria realizada por el actor, este afirmó que los
oficios SGT-GPD 64749 del 11 de octubre de 201193, SRN 61163 del 27 de septiembre
de 201194, SRN 24442 del 4 de mayo de 201195, SRN 21785 del 19 de abril de 201196
y DT-BOY 48816 del 10 de agosto de 201197 establecían que los daños en la vía
fueron causados por la ola invernal y que no le asistía responsabilidad al contratista.
Estas afirmaciones no son ciertas y se derivan de una lectura parcializada e
incompleta de los documentos. Allí, la entidad hacía un recuento de los comunicados
cruzados entre el contratista, la interventoría y el INVÍAS, que daban cuenta de las
situaciones que se han expuesto ampliamente en el sub lite y solicitaba continuar el

93 Fls. 156 – 157, c6.
94 Fls. 158 – 159, c6.

95 Fl. 162, c6.
96 Fl. 163, c6.
97 Fl. 168, c6.

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Radicación número: 25000-23-36-000-2013-00680 01 (53.211).
Actor: Unión Temporal Boyacá en el 2500.
Demandado: Instituto Nacional de Vías – INVÍAS.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.

proceso por estabilidad de la obra frente a los puntos cuyos daños no eran
consecuencia de la ola invernal.

En cuanto al informe del asesor especialista en suelos, vías y pavimentos del
contratista con fecha del 30 de agosto de 201298 , en este se analizan los puntos
críticos de la vía y se manifiesta que “sin pretender realizar un análisis de
estabilidad en cada sitio ni los diseños de detalle que posiblemente se
requieran, se presenta a continuación una descripción de la situación encontrada en
cada sitio, las causas del fenómeno y las recomendaciones a que haya lugar” (negrilla
fuera del texto original).

A lo largo de este informe, se hace una descripción de cada uno de los sitios y se
concluye que la obra fue ejecutada cumpliendo con las especificaciones técnicas del
contrato -asunto que no se discute en el sub lite-, y añade lo siguiente:

(…) la causa principal de la activación de los movimientos en masa y de la
inestabilidad de taludes, ladera y de la vía, es la Ola invernal 2008 - 2012, en donde
se saturan los suelos y depósitos de coluvión de lutitas, no permitiendo que se
recupere su condición de resistencia al corte, y por tanto se da origen a los
movimientos en masa aquí descritos, los cuales afectaron la vía y su estabilidad, y
cuya causa no es imputable al contratista dado que las obras se ejecutaron
cumpliendo con las especificaciones y el contrato.

A pesar de que el asesor de pavimentos concluye que la causa de la inestabilidad de
la vía es la ola invernal, llega a esta conclusión a través de un ejercicio de observación,
sin datos comparativos de las lluvias presentadas durante el período 2008-2012 en
relación con otros períodos y sin exponer una metodología clara para determinar las
causas de la inestabilidad. Por el contrario, el mismo concepto, en su parte inicial,
manifiesta que no se pretenden realizar los análisis de detalle “que posiblemente se
requieran”. Así las cosas, esta prueba no brinda a la Sala una prueba clara y técnica,
contrastada en datos y metodologías comprobadas, sobre las causas de las fallas en
la vía, pues se evidencia que fue un ejercicio de observación por parte del asesor de
pavimentos del contratista.

Adicional al informe del asesor de pavimentos, el actor presentó como prueba el oficio
UT-01613-0484 del 10 de diciembre de 201099, en el cual aseveró lo siguiente:

(…) en el país se viene presentando una de las mayores y más fuertes
temporadas invernales de los últimos treinta (30) años (…) todos los titulares de
la prensa, reportajes y declaraciones dan cuenta que las afectaciones a las vías
han sido consecuencia de la ola invernal (ver anexos de prensa) específicamente
en el sector donde se ubica la vía del contrato de la referencia. De acuerdo al
recorrido realizado se evidencia que la geología, el escaso mantenimiento y la

98 Fls. 32 – 37, c5.
99 Fls. 39 – 52, c2.

32

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Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.

sobresaturación de los taludes por las intensas lluvias, son los que han afectado
la vía (…)

Para soportar sus afirmaciones, allegó al proceso el comunicado especial No. 037 del
IDEAM sobre la situación invernal y la alerta de deslizamientos de tierra en “la región
Andina y Piedemonte Llanero”, que incluía al departamento de Boyacá. Esta
comunicación no prueba la causa de las fallas en la vía, pues se trata de un informe
general sobre la situación climática del país que no permite concluir con certeza que
la ola invernal del año 2008 fuera la causa de los daños, los cuales se reitera, se
presentaron por fallas geológicas advertidas desde la etapa de estudios y diseños.

En el recurso de apelación, el demandante manifestó que, en la primera visita técnica
realizada de manera conjunta por la entidad, el contratista y la interventoría al sitio de
la obra el 23 de agosto de 2012100, se concluyó que “la presencia de los fallos se debe
a factores ajenos a la funcionalidad de la estructura del pavimento, como la
presencia del flujo de agua que se vio incrementado durante las pasadas olas
invernales” (negrilla fuera del texto original).

La Sala observa que en este informe no se estableció que las fallas fueran causadas
por la ola invernal, sino que se descartó que aquellas fueran atribuibles a la estructura
del pavimento, es decir, a la calidad de la obra. Por lo tanto, en dicha visita no se hizo
referencia a la existencia de vicios en el suelo, pues aquello fue tratado en la visita
técnica del 12 de septiembre de 2012101, cuyas conclusiones apuntaron a que las
fallas fueron causadas por la pavimentación de sitios inestables identificados desde
los estudios y diseños.

Con el fin de probar que las fallas en la vía fueron causadas por movimientos sísmicos
en la zona, se aportó un documento de la Red Sismológica Nacional102 que da cuenta
de la ocurrencia de sismos en el municipio de San Pablo de Borbur. Sin embargo, el
documento no contiene información alguna de que los movimientos fueran anormales
en comparación con otros años y tampoco que aquellos hayan sido la causa de los
daños en la vía, pues solo se relaciona que la ubicación de los sismos es el municipio
de San Pablo de Borbur y no se establece si aquellos movimientos tuvieron efecto en
los puntos frente a los cuales se declaró el siniestro de la obra.

Por lo expuesto, la Sala concluye que el contratista no probó la existencia de una
causa extraña derivada de la ola invernal o de la ocurrencia de sismos en la zona, que
le permitiera exonerarse de la responsabilidad frente a la estabilidad de la obra.

100 Fl. 39, c5.
101 Fls. 66 – 78, c5.
102 Fls. 99 – 103, c6.

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Radicación número: 25000-23-36-000-2013-00680 01 (53.211).
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Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.

5.2.5. La entidad no probó la cuantía del siniestro:

Sobre este punto, en el recurso se señala que el INVÍAS no realizó un estudio técnico
para definir el presupuesto de las reparaciones, por lo que no existía evidencia del
soporte técnico para determinar el valor de la sanción.

La Sala encuentra que no le asiste razón al demandante sobre este punto, pues
durante el procedimiento administrativo de declaratoria del siniestro la Dirección
Territorial del INVÍAS en Boyacá presentó, mediante oficio DT-BOY 76307 del 28 de
noviembre de 2011 103 , el presupuesto inicial para la reparación de los daños
evidenciados en el sector Otanche - Borbur, a lo largo de los 14 kilómetros afectados,
por un valor total de $771’415.169.

Conforme a la visita técnica realizada el 12 de septiembre de 2012, en el marco del
procedimiento administrativo, la entidad determinó -mediante oficio SGT-GPD 232104-
que el valor actualizado de las reparaciones requeridas en la vía por los daños
atribuidos al contratista era de $304’664.582, y explicó la metodología a través de la
cual se tasó el valor:

1. Se tomó como base para el cálculo las cantidades y precios estimados por la
Dirección Territorial Boyacá según memorando número DT-BOY 76307 de 28 de
noviembre de 2011.

2. Se elimina la cantidad de micropilotes, concreto clase D, acero de refuerzo
fy=420 MPa considerando la exclusión del Fallo No. 4 según informe de visita plan
2500 septiembre de 2012.

3. Se disminuye la cantidad de base granular en 18.38 m³ considerando la
exclusión del fallo No. 4 según informe de visita plan 2500 septiembre de 2012.

4. Se disminuye la cantidad de riego de imprimación con emulsión asfáltica en 52.5
m² considerando la exclusión del fallo No. 4 según informe de visita plan 2500
septiembre de 2012.

5. Se elimina la cantidad de demolición de estructuras de concreto ciclópeo por
exclusión del fallo No. 4 según informe de visita plan 2500 septiembre de 2012.

6. Se elimina la cantidad tubería de concreto reforzado 900 mm considerando la
exclusión del fallo No. 4 según informe de visita plan 2500 septiembre de 2012.

7. Se elimina la cantidad concreto clase G y F considerando la exclusión del fallo
No. 4 según informe de visita plan 2500 septiembre de 2012.

8. Se disminuye la cantidad de mezcla densa en caliente en 5.25 m³ considerando
la exclusión del fallo No. 4 según informe de visita plan 2500 septiembre de 2012.

9. Se elimina la cantidad relleno para estructuras considerando la exclusión del
fallo No. 4 según informe de visita plan 2500 septiembre de 2012.

103 Fls. 112 – 113, c6.
104 Fls. 171 – 174, c. ppl.

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10. Se elimina la cantidad de pilotes de concreto fundido in situ de diámetro 1 m
considerando la exclusión del fallo No. 4 según informe de visita plan 2500
septiembre de 2012.

11. Se realizó actualización de los precios unitarios según metodología ICCP
(índice de costos de la construcción pesada) del DANE.

Ahora bien, es importante recordar que el acto administrativo ostenta una presunción
de legalidad que debe ser desvirtuada por quien la cuestiona. De tal modo, si el
demandante pretendía atacar la legalidad del acto administrativo por fallas en la
determinación de la cuantía del siniestro, debía presentar pruebas que permitieran al
juez contencioso administrativo concluir que el presupuesto elaborado por la entidad
no correspondía con la realidad. Sin embargo, el actor se limitó a afirmar que el INVÍAS
no había probado la cuantía del siniestro, sin presentar ninguna prueba que
controvirtiera los valores ni la metodología expuesta por la entidad.

En consecuencia, el argumento tendiente a atacar la legalidad del acto por no haberse
probado la cuantía del siniestro no tiene vocación de prosperar en esta instancia.

5.2.6. Silencio administrativo positivo:

Finalmente, el actor insistió en la configuración del silencio administrativo positivo, el
cual lo eximía de responsabilidad por los daños en la vía.

En primer lugar, cabe precisar que la institución del silencio administrativo positivo, hoy
regulada por los artículos 84 y 85 de la Ley 1437 de 2011105, estaba prevista en los
artículos 41 y 42 del Código Contencioso Administrativo, en la época de los hechos.

En particular, el artículo 42 del C.C.A. disponía:

La persona que se hallare en las condiciones previstas en las disposiciones legales
que establecen el beneficio del silencio administrativo positivo, protocolizará la
constancia o copia de que trata el artículo 5, junto con su declaración jurada de no
haberle sido notificada una decisión dentro del término previsto. La escritura y sus
copias producirán todos los efectos legales de la decisión favorable que se pidió,
y es deber de todas las personas y autoridades reconocerla así (…).

En materia contractual, la ley establece la configuración del silencio administrativo
positivo cuando el contratista, en el término de ejecución del contrato, presenta
solicitudes ante la administración, y esta no se pronuncia en un plazo de tres meses,

105 Artículo 84: “Solamente en los casos expresamente previstos en disposiciones legales especiales, el

silencio de la administración equivale a decisión positiva (…)”.
Artículo 85: “La persona que se hallare en las condiciones previstas en las disposiciones legales que
establecen el beneficio del silencio administrativo positivo, protocolizará la constancia o copia de que
trata el artículo 15, junto con una declaración jurada de no haberle sido notificada la decisión dentro del
término previsto. La escritura y sus copias auténticas producirán todos los efectos legales de la decisión
favorable que se pidió, y es deber de todas las personas y autoridades reconocerla así (…)”.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2013-00680 01 (53.211).
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Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.

evento en el cual se entiende que la decisión es favorable a las pretensiones del
solicitante. Así lo prevé el artículo 25, numeral 16, de la Ley 80 de 1993:

Principio de economía. En virtud de este principio (…):

16) En las solicitudes que se presenten en el curso de la ejecución del contrato, si
la entidad estatal no se pronuncia dentro del término de tres (3) meses siguientes,
se entenderá que la decisión es favorable a las pretensiones del solicitante en
virtud del silencio administrativo positivo. Pero el funcionario o funcionarios
competentes para dar respuesta serán responsables en los términos de esta ley.

No obstante, la figura del silencio administrativo positivo no fue concebida por el
legislador para subsanar o convalidar situaciones irregulares ni para instituir a favor
del contratista derechos inexistentes o relevarlo de sus obligaciones contractuales,
pues las actuaciones enmarcadas en él deben ajustarse al principio de legalidad, dado
que no son ajenas a este. En ese sentido, es claro que la figura del silencio
administrativo positivo no está prevista para dar cabida a cualquier pretensión del
contratista, menos cuando sea contraria al ordenamiento y extraña al objeto del
contrato y a sus propias obligaciones contractuales. Con relación a ello, esta
Subsección ha determinado los requisitos para que proceda el silencio administrativo
positivo en materia contractual, en los siguientes términos:

(i) Que el contratista presente una solicitud ajustada a derecho (...) (ii) Se
instaure durante la ejecución del contrato; requisito que delimita su
temporalidad, en el sentido de verificar que la solicitud se formule durante dicha
etapa, sin aludir a cuando se resuelva o deba resolver. Ello significa, como lo ha
definido esta Corporación, que “se excluye la configuración de esta modalidad de
silencio frente a las solicitudes presentadas durante las etapas pre-contractual, de
perfeccionamiento del contrato y de liquidación, esto es, por fuera de la ejecución
contractual, en cuyo caso se aplicarán las reglas generales del silencio
administrativo negativo (artículo 40 del Decreto 01 de 1984 y hoy prevista en el
artículo 83 de la Ley 1437 de 2011)” (iii) Que la entidad estatal no se pronuncie
sobre la petición dentro del término de 3 meses, contados a partir de la fecha de
su presentación. (iv) Que la petición elevada, de la cual se pretende derivar un acto
ficto positivo, no sólo sea presentada por el contratista, sino que éste debe tener
un interés concreto, directo y subjetivo en tal solicitud –por ser quien puede verse
beneficiado en su situación y derechos particulares con el silencio de la
Administración (...) (v) Que las solicitudes presentadas contengan una situación
antecedente, cuya solución solo esté llamada a acreditar la preexistencia de un
derecho, puesto que la aplicación de la figura del silencio administrativo no es un
medio para la creación de un situación a favor del solicitante sino un mecanismo
para tornar en explícito un derecho previo a ésta, comoquiera que las
reclamaciones “deben contener implícitamente, el derecho constitutivo del
contratista; este derecho es anterior a la petición y requiere solamente la
formalidad o declaración del contratante público. El silencio positivo no se puede
construir sobre situaciones y relaciones jurídicas inexistentes; no se puede edificar
sobre la nada (...) (vi) Que la petición formulada cuente con el soporte
probatorio suficiente y no pretenda omitir etapas contractuales que tienen un
procedimiento particular en el EGCAP (...) (Negrilla fuera del texto original)106.

106 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 2 de junio de 2023. Radicación

No. 25000-23-36-000-2014-00332-01 (56.854). C.P: José Roberto Sáchica Méndez.
36

Radicación número: 25000-23-36-000-2013-00680 01 (53.211).
Actor: Unión Temporal Boyacá en el 2500.
Demandado: Instituto Nacional de Vías – INVÍAS.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.

Descendiendo al caso en concreto, al apelante argumentó que se configuró el silencio
administrativo positivo que lo exime de responsabilidad por los daños en la vía dada
la omisión de respuesta de los oficios UT-1613-0435 del 16 de julio de 2008, UT-1613-
0470 del 31 de marzo de 2009, UT-1613-0483 del 12 de abril de 2010 y UT-01613-
0492 de 11 de julio de 2011, protocolizados mediante escritura pública No. 01341 del
24 de octubre de 2012 en la notaría 12 del círculo de Bogotá.

A continuación, se relacionarán los oficios protocolizados, el destinatario de cada uno,
la solicitud o información que contenían y la valoración de los requisitos mencionados
frente a cada uno de ellos:

Referencia Destinatario Contenido

UT-1613- INVÍAS Pone en conocimiento de la entidad la existencia de
0435107 derrumbes en la vía y manifiesta la importancia de
atender estas situaciones para evitar daños.

UT-1613- INTERVENTORÍA Manifiesta la presunta falta de mantenimiento sobre “los
0470108 catorce (14) kilómetros pavimentados” y adjunta registro
fotográfico sin identificación precisa de los puntos.

UT-1613- INVÍAS Solicita que se realice la liquidación del contrato y que se
0483109 realicen controles de peso a las volquetas que transitan
por la vía.

UT-1613- INVÍAS Reitera la solicitud UT-1613-0483 y pide a la entidad
0492110 investigar el daño ocasionado en las tachas reflectivas
instaladas.

En primer lugar, como se puede observar, el oficio UT-1613-0470 fue dirigido a la
Interventoría y no a la entidad, por lo que no se trató de una petición con posibilidad
de configurar el silencio administrativo positivo.

Con relación a los demás oficios, la Sala observa que estos fueron informativos y las
únicas peticiones que se encontraban allí contenidas eran las relativas a la liquidación
del contrato, la investigación de daños ocasionados en tachas reflectivas -que no son
objeto de este proceso- y la realización de controles de peso en la vía.

Con relación a la petición de realizar controles en la vía, y las manifestaciones sobre
derrumbes y una presunta falta de mantenimiento, la Sala encuentra que aquellas no
cumplen con los requisitos establecidos por la jurisprudencia de esta Subsección, en
tanto se trata de peticiones realizadas por fuera de la ejecución del contrato, no
contienen derechos anteriores a favor del contratista que solamente requieren la

107 Fl. 74, c2.

108 Fl. 77 – 78, c2.
109 Fl. 74 reverso, c2.
110 Fl. 75, c2.

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Radicación número: 25000-23-36-000-2013-00680 01 (53.211).
Actor: Unión Temporal Boyacá en el 2500.
Demandado: Instituto Nacional de Vías – INVÍAS.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.

formalidad o declaración del contratante público y tampoco cuentan con el soporte
probatorio ni la aptitud para eximir al contratista de la responsabilidad por la estabilidad
de la obra.

Los oficios que informaban sobre los derrumbes en la vía y solicitaban controles de
peso sobre esta, no contienen pruebas técnicas sobre las causas de los daños que se
presentaron en la vía y que fueron objeto de la declaratoria de siniestro de estabilidad
de la obra. Adicionalmente, la discusión y prueba de la ocurrencia de la causa extraña
que eximiera de responsabilidad al contratista debía darse en sede del procedimiento
administrativo, lo cual efectivamente ocurrió sin que el contratista -ni en sede
administrativa ni en sede judicial- lograra demostrar que los daños en la vía se dieron
por una causa extraña capaz de eximirlo de responsabilidad.

De acuerdo con la exposición realizada, la Sala desestimará el cargo de falsa
motivación en contra del acto administrativo que declaró la ocurrencia del siniestro por
estabilidad de la obra, dado que el contratista no demostró la existencia de una causa
extraña o de un eximente de responsabilidad frente a la obligación contenida en el
artículo 2060 del Código Civil.

5.3. No valoración de la prueba testimonial:

Finalmente, el apelante cuestionó la decisión del a quo de no valorar la prueba
testimonial rendida por el ingeniero Alirio Giovanny Cárdenas Rico, en calidad de
representante de la Unión Temporal y director de la obra. Si bien el señor Giovanny
Cárdenas fue citado en calidad de testigo, durante la audiencia de práctica de
pruebas 111 el tribunal determinó que sus declaraciones serían analizadas bajo la
óptica del artículo 211 del Código General del Proceso112, habida cuenta de que el
demandante no informó en el libelo introductorio la relación existente entre el testigo
y la Unión Temporal.

En la sentencia de primera instancia, el a quo decidió no valorar la declaración rendida
por el señor Alirio Giovanny Cárdenas Rico, por cuanto el demandante pretendió, a
través de este, convertir los descargos presentados por el contratista en sede
administrativa -y ampliamente expuestos en los diversos oficios elevados a la entidad-
en un medio de prueba testimonial, lo cual contradice los postulados jurídico-

111 Fls. 98 – 99, c1.

112 Artículo 211: “IMPARCIALIDAD DEL TESTIGO. Cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio

de las personas que se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en
razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o sus apoderados,
antecedentes personales u otras causas. La tacha deberá formularse con expresión de las razones en
que se funda. El juez analizará el testimonio en el momento de fallar de acuerdo con las circunstancias
de cada caso”.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2013-00680 01 (53.211).
Actor: Unión Temporal Boyacá en el 2500.
Demandado: Instituto Nacional de Vías – INVÍAS.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.

probatorios. Cabe precisar que el testigo participó como representante de la Unión
Temporal durante todo el procedimiento sancionatorio.

En el recurso de apelación, el actor elevó su desacuerdo alegando que el ingeniero
Cárdenas Rico conocía la obra y su testimonio daba cuenta de los fenómenos que
afectaron la vía y del desconocimiento de las pruebas por parte de la entidad en sede
administrativa. Asimismo, señaló que la prueba pudo haberse decretado
oficiosamente por el tribunal como interrogatorio de parte.

La Sala considera que los argumentos elevados por el actor no tienen vocación de
prosperidad, por cuanto el tribunal, haciendo uso de las reglas de la sana crítica, tenía
la posibilidad de no dar efectos demostrativos a la prueba por considerar que el testigo
no era imparcial dada la relación directa que guardó con la Unión Temporal durante la
ejecución de la obra y el procedimiento administrativo. Adicionalmente, la declaración
realizada por el ingeniero Alirio Giovanny Cárdenas Rico resultaba reiterativa de los
argumentos presentados por el contratista en sede administrativa y judicial, los cuales
ya han sido analizados y descartados por esta Sala. En tal sentido, dicha prueba no
era útil al proceso y no compaginaba con la naturaleza jurídico-procesal que se le
asigna al testimonio.

Frente a la posibilidad de decretar la prueba de oficio, la Sala aclara que el testimonio
del señor Alirio Giovanny Cárdenas Rico fue efectivamente decretado y practicado en
primera instancia, pero el juez, haciendo uso de las reglas de la sana crítica, y
atendiendo a razones que encuentran fundamento en el ordenamiento jurídico
procesal, decidió no darle mérito probatorio.

En ese sentido, la Sala no comparte los reparos realizados por el apelante frente a la
no valoración de la prueba testimonial en la sentencia de primera instancia, lo cual
lleva a que se deba confirmar tal determinación.

6. Costas:

En el sistema procesal actual, la condena en costas adoptó un régimen objetivo, en el
que se condena a la parte vencida, con independencia de su conducta. Teniendo esto
de presente, y para efectos de la condena en costas en segunda instancia, se tiene
que, de conformidad con el artículo 188 del CPACA, en la sentencia se dispondrá sobre
la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento civil.

Así, el artículo 365 del Código General del Proceso estipula que hay lugar a condenar
en costas a la parte vencida en un proceso; sin embargo, el artículo 361 ibidem

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Radicación número: 25000-23-36-000-2013-00680 01 (53.211).
Actor: Unión Temporal Boyacá en el 2500.
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Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.

establece que las costas “[...] están integradas por la totalidad de las expensas y gastos
sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”. Estas últimas,
vale aclarar, serán determinadas por las tarifas que, para el efecto, defina el Consejo
Superior de la Judicatura, en virtud del numeral 4 del artículo 366 de esa misma
disposición.

Bajo estos términos, se condenará en costas de segunda instancia a la parte
demandante, es decir, a quien interpuso el recurso de apelación en contra de la
sentencia de primera instancia, debido a que este no prosperó113. La liquidación de las
costas la hará de manera concentrada el tribunal a quo, en los términos del artículo
366 del Código General del Proceso.

En relación con las agencias en derecho correspondientes a esta instancia, y de
acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del artículo 366 del CGP, se tiene en cuenta
la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada, la cuantía del proceso, y otras
circunstancias especiales, si las hubiere.

En ese sentido, se observa que se trata de un proceso de controversias contractuales,
cuyas pretensiones sumadas ascendían a la suma de $602.828.486114. Asimismo, la
entidad demandada designó al respectivo apoderado, quien intervino en todas las
actuaciones de la segunda instancia.

Teniendo en cuenta el Acuerdo No. 1887 de 2003115, vigente para la fecha en que se
presentó la demanda, se fijarán las agencias en derecho de la segunda instancia en el
1% de las pretensiones, es decir, la suma de SEIS MILLONES VEINTIOCHO MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L ($6.028.284) a favor de la parte
demandada. La anterior condena deberá incluirse en el auto de liquidación de costas
a cargo de la parte vencida, en este caso, la demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia, en nombre de la República y
por autoridad de la ley.

113 El numeral 3 del artículo 365 del CGP dispone: “[...] 3. En la providencia del superior que confirme

en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda”.
114 Suma de las pretensiones de la demanda, incluidos los daños materiales y morales solicitados. A

pesar de que el demandante solicitó indemnización de perjuicios para los socios de las empresas que
integran la Unión Temporal, lo cierto es que solo se encuentran acreditados los cuatro socios de Vías y
Ambiente Ltda. (fls. 223 – 224, c2). Edivial, por su parte, tiene la naturaleza de una sociedad anónima
cuyos socios no aparecen en el certificado de existencia y representación legal aportado o en alguno
de los documentos obrantes en el expediente.
115 “ARTÍCULO SEXTO. Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho: [...] III.

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. [...] 3.1.3. Segunda instancia. Sin cuantía: Hasta siete (7) salarios
mínimos mensuales legales vigentes. Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las
pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia”.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2013-00680 01 (53.211).
Actor: Unión Temporal Boyacá en el 2500.
Demandado: Instituto Nacional de Vías – INVÍAS.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 14 de agosto de 2014, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, por medio
de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: CONDENAR a la parte demandante a pagar las costas del proceso.
Como consecuencia, el tribunal de origen deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por
el artículo 366 del Código General del Proceso. Como agencias en derecho en esta
instancia, se fija la suma equivalente a SEIS MILLONES VEINTIOCHO MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L ($6.028.284) a favor de la parte
demandada.

TERCERO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE al tribunal de origen para lo de
su competencia.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado, y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF

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