Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05734-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05734-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-05734-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
6 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05734-00
Accionante: Unión Temporal Boyacá en el 2500
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y otro
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial. Análisis de la causal
de defecto fáctico.
Decisión: Se niega el amparo porque no se demostró el defecto endilgado.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela interpuesta por la Unión Temporal Boyacá en el 2500, en contra del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A y el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, por la presunta vulneración
de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia, trabajo, igualdad, y a los principios de favorabilidad y primacía del
derecho sustancial sobre las formas, ocurrida con ocasión de la expedición de
las providencias del 14 de agosto de 2014 y del 8 de abril de 2024, proferidas
dentro del medio de control de controversias contractuales con radicado 25000-
23-36-000-2013-00068-00 [01].
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
La Unión Temporal de Boyacá en el 2500, en ejercicio del medio de control de
controversias contractuales, demandó al Instituto Nacional de Vías con la
finalidad de que se declarara la nulidad de las Resoluciones 05877 del 22 de
octubre y 06050 del 29 de octubre de 2012, mediante las cuales se declaró la
ocurrencia del siniestro por estabilidad de la obra en el marco del contrato n.°1613
de 2005 y se hizo efectiva la garantía de cumplimiento.
El proceso correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A, que, mediante providencia del 14 de agosto de
2014 negó las pretensiones de la demanda.
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Acción de Tutela
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Accionante: Unión Temporal Boyacá en el 2500
En sede de apelación, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, a
través de la providencia del 8 de abril de 2024 confirmó la decisión judicial
anterior, al considerar que no se el contratista no demostró la existencia de una
causa extraña o de un eximente de responsabilidad de la unión temporal frente a
la obligación contenida en el artículo 2060 del Código Civil.
2.2. Fundamento jurídico
La parte accionante manifestó que las autoridades judiciales accionadas en la
decisión objeto de cuestionamiento incurrieron en un defecto fáctico por indebida
valoración de las pruebas obrantes en el proceso, particularmente de las que se
relacionan a continuación:
i. Informe AMV-01 –BYC-830
ii. Comunicación UT-01613-435
iii. Comunicación UT-O1613-462
iv. Comunicación UT-O1613-470 de marzo 31 de 2009
v. Comunicación UT-O1613-475 de mayo 21 de 2009
vi. Comunicación UT-O1613-0484 de diciembre 10 de 2010
vii. Registros fotográficos de la vía
viii. Movimientos de masa y saturación por lluvias
ix. Comunicado del Especialista n.° 037
x. Red Sismológica Nacional
xi. Informe de comisión del 28 de septiembre de 2011
xii. Acta de entrega y recibo definitivo de la obra
xiii. Memorando SGT. GPD 64749 del 11 de octubre de 2011
xiv. Memorando SRN 611163 del 27 de septiembre de 2011
xv. Memorando SRN 24422 del 04 de mayo de 2011
xvi. Memorando SRN 21785 del 19 de abril de 2011
xvii. Memorando DT BOYACA 48816
xviii. Oficio UT-01613-0492
xix. Oficio UT-01613-0488
xx. Oficio C.613/0502/10/5.2 del 15 de diciembre de 2010
xxi. Oficio UT-01613-0484
xxii. Recortes de prensa, email, y demás sobre la ola invernal en la región
A su juicio, dicho material probatorio permitía exonerar de toda responsabilidad
a la Unión Temporal Boyacá en el 2500 de los daños causados en la vía Otanche
a San Pablo de Borbur.
Por otra parte, la parte actora manifestó que las decisiones cuestionadas
adolecen de un defecto sustantivo porque se desconocieron «los principios,
derechos y deberes que le asisten al Contratista UNION TEMPORAL BOYACA
EN EL 2500».
Finalmente, alegó un «error» que pudo «ser inducido a los altos Magistrados por
los actos administrativos demandados».
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2.3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«(…)
[A]mparar los derechos fundamentales violados, como lo son el derecho a
la igualdad, al debido proceso, a la Tutela judicial efectiva y por lo tanto se
deje sin efectos la Sentencia de Segunda Instancia de fecha 08 de abril de
2024 dentro del proceso RAD: 25000-23-36-000-2013-00680-01 (53.211)
M.P. Dra. MARIA ADRIANA MARIN, y en su lugar ordene a los entes
accionados, en especial al Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Tercera - Subsección A., que profiera nueva decisión
en la que acceda a las pretensiones de la demanda, porque incurrió en las
causales de procedibilidad de acción de tutela contra providencias judiciales
dado que en su providencia, incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y de
error sustentados en esta acción; lesionando de esta forma, y sin
justificación, y causando un perjuicio irremediable (el que jurídicamente no
están en deber de soportar los accionantes) (Sic a toda la cita).
2.4. Intervenciones
La acción de tutela fue admitida mediante auto del 14 de noviembre de 2024,
mediante el cual, se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A y al Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A como accionados y a la Nación, el Ministerio de Transporte, el
Instituto Nacional de Vías como terceros con interés.
2.4.1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A afirmó que la
acción de tutela no cumple el requisito de relevancia constitucional, debido a que
el accionante se limitó a emitir simples apreciaciones, en lugar de desarrollar las
razones por las que consideró vulnerado el derecho fundamental al debido
proceso.
Adicionalmente, manifestó que, a pesar de que el contratista ostenta la obligación
de responder por la estabilidad de la obra, no demostró la ocurrencia de una
causa extraña o alguna circunstancia eximente de responsabilidad. Por lo tanto,
no logró desvirtuar la presunción de legalidad que reviste el acto administrativo
que declaró el siniestro por estabilidad de la obra.
2.4.2. El Ministerio de Transporte solicitó ser desvinculado del presente
proceso por falta de legitimación en la causa por pasiva.
2.4.3. El Instituto Nacional de Vías – INVÍAS consideró que la acción de tutela
es improcedente en cuanto versa sobre un asunto en el que el juez competente
profirió decisión judicial, configurándose así, cosa juzgada.
2.4.4. No se presentaron informes.
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III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.
3.2. Cuestión previa
El 5 de diciembre de 2024, el consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez manifestó
encontrarse incurso en la causal de impedimento consagrada en el numeral 5.º
del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, que reza:
“5. Que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes,
denunciante, víctima o perjudicado y el funcionario judicial»,
Esto, por cuanto sostiene una amistad íntima de muchos años con la magistrada,
María Adriana Marín, quien participó en la Sala en la que se discutió la sentencia
cuestionada en esta sede.
Mediante auto del 14 de enero de 2025 se ordenó el sorteo de conjueces para
resolver la manifestación de impedimento. Sin embargo, los conjueces
designados a través del acta del 21 de enero de 2025 no fueron ratificados por la
Sala de la Sección Segunda del Consejo de Estado, tal como se determinó en la
Sesión de 23 de enero de 2025.
En este orden de ideas, dado que para la fecha la Sala de Subsección cuenta
con quorum decisorio, se declarará fundado el impedimento para conocer del
presente asunto, en consideración a que la afirmación señalada por el consejero
Jorge Iván Duque Gutiérrez se ajusta al presupuesto fijado en el dispositivo
mencionado, y se procederá a proferir la sentencia de primera instancia.
3.3. Problema jurídico
De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe en
determinar si el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, al proferir la
sentencia del 8 de abril de 2024, dentro del medio de control de controversias
contractuales incurrió en un defecto fáctico.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992
y 1382 de 2000. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
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operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la Carta le impone.
Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección
de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe
dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida
las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De
ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar
el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.
3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la
jurisprudencia, que habilitan su interposición.
3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que tanto los hechos como los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados se encuentran plenamente
individualizados.
3.4.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.
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3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más
de seis meses desde la notificación de la última providencia cuestionada.
3.4.1.4. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la
medida que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental
como consecuencia del defecto fáctico, sustantivo y «error».
Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.
3.5. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional1 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:
a. Una dimensión negativa2, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba
de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón
valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma
emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en
la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los
hechos analizados por el juez.
b. Una dimensión positiva3, que se presenta generalmente cuando el juzgador
aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia
cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.
Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez
de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de
carácter extremadamente reducido, toda vez que:
«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se
presentan al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables, le corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su
especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis individual
y conjunto de los elementos probatorios»4.
En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se encamina a
obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez que
ordinariamente conoce de un asunto.
1 Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010,
T-567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
2 Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
3 Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
4 Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle Correa.
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3.5.1. Análisis de la presunta configuración del defecto fáctico en el caso
concreto
La parte actora alega una indebida valoración de las pruebas obrantes en el
plenario, pues, a su juicio, el material probatorio aportado al proceso permitía
exonerar de toda responsabilidad a la Unión Temporal Boyacá en el 2500 de los
daños causados en la vía Otanche a San Pablo de Borbur.
Sobre el particular, se observa que el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, a través de la sentencia del 8 de abril de 2024 consideró:
«En tal sentido, se analizarán cada una de las situaciones expuestas por el
demandante, y las pruebas que las soportan, para fundamentar el cargo de falsa
motivación, los cuales se reiteran: (i) la administración no probó la mala calidad
de los materiales, (ii) la entidad y la interventoría ordenaron pavimentar los sitios
inestables que el contratista había recomendado no intervenir en los estudios y
diseños, (iii) los daños se debieron a la falta de mantenimiento de la vía, (iv) las
fallas no eran imputables al contratista porque fueron causadas por la ola invernal
y la ocurrencia de sismos en la zona, (v) la entidad no probó la cuantía del
siniestro y (vi) se configuró el silencio administrativo positivo que exoneraba de
responsabilidad al constructor.
(…)
(…) En ese sentido, se desestimará este argumento esgrimido para atacar la
legalidad del acto administrativo, dado que el actor cuestionó en este punto que
la entidad no haya probado la mala calidad de los materiales, asunto que no fue
discutido ni motivó la declaratoria de siniestro. Al margen de lo anterior, la Sala
aclara que en sede judicial la carga de la prueba le compete a quien demanda el
acto administrativo y no a la entidad que lo expidió, por lo que el solo
señalamiento de que el INVÍAS no probó la mala calidad de los materiales no
tendría la virtud de alterar esta carga, que en todo caso radica en cabeza del
demandante.
(…)
El material probatorio obrante en el plenario demuestra que los estudios y diseños
elaborados por la Unión Temporal en desarrollo del contrato 1613 de 2005,
específicamente en el Volumen VI. Estudio Geotécnico para Diseño de
Pavimentos, evidenciaron lo siguiente:
(…)
En el acta de recibo final y de aprobación de estudios y diseños, suscrita el 21 de
febrero de 2006, se anotó que el contratista realizaría algunos ajustes para
cumplir con el hito correspondiente.
(…)
El proceso de identificación de estos tramos contó con la participación conjunta
del contratista y de la interventoría. De ello da cuenta el oficio del 3 de mayo de
2006 identificado con el radicado C.613.5.3/OB.089/06.
(…)
En el mismo oficio, se identificaron los tramos de la vía, el tipo de intervención
propuesta y las labores a realizar en cada uno. A continuación, se expuso el
comparativo de las abscisas consignadas en el informe de visita técnica del 12
de septiembre de 2012 elaborado por el INVÍAS.
(…)
Con posterioridad al ejercicio reseñado, la interventoría envió un oficio, con fecha
del 12 de mayo de 2006 y radicado C.613.5.3/OB.100/06 dirigido a la Consultoría
de Apoyo, con copia al INVÍAS y a la Unión Temporal.
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(…)
Del material probatorio revisado, lo primero que puede concluirse es la
inexistencia de una orden o autorización expresa por parte del INVÍAS para
intervenir los tramos identificados como inestables en los estudios y diseños.
Solamente se evidencia prueba de la participación de la entidad, a través de la
consultoría de apoyo, en el acta de recibo final y de aprobación de estudios y
diseños en la cual se anotaba que el contratista debía identificar los tramos
inestables y los posiblemente estables.
Luego de la suscripción de esta acta, el contratista y la interventoría clasificaron
los tramos del K0+000 al K5+000 y definieron la propuesta de intervención en la
reunión llevada a cabo el 8 de mayo de 2006, según se indicó en el oficio
C.613.5.3/OB.100/06 antes citado. Este documento no contiene prueba de la
autorización por parte del INVÍAS de la sectorización realizada ni de alguna de
las metodologías de intervención, pues lo que se señala es que la reunión fue
desarrollada “en las oficinas del INVÍAS (…) donde el contratista y la interventoría
hicieron una sectorización (…)”. Así las cosas, lo que se logra deducir del
documento es que fueron el contratista y la interventoría, sin participación de la
entidad, quienes determinaron la forma de intervención de los tramos
previamente sectorizados.
(…)
En el presente caso, la Unión Temporal Boyacá en el 2500 no demostró haber
tenido una actitud de precaución, proactiva, diligente y eficiente en el desarrollo
del objeto contractual, especialmente, en la pavimentación de los primeros 5
kilómetros de la vía que se encontraban sobre una falla geológica. Por el
contrario, el contratista participó con la interventoría en la sectorización de la vía
y en la definición de la pavimentación -lo que desvirtúa que aquella hubiese sido
ordenada o impuesta-, sin elevar ninguna advertencia sobre los hallazgos que él
mismo realizó durante la etapa de estudios y diseños.
(…)
En primer lugar, cabe precisar que una vez superada la etapa de diseños y
ejecutada la obra, el 30 de mayo de 2008, se suscribió el acta de entrega y recibo
definitivo, en la cual se consignó que la duración total del contrato después de
ampliaciones fue de 28.8 meses que transcurrieron entre el 22 de noviembre de
2005 y el 15 de abril de 2008 y que su valor final fue de $10.954’064.590.
El 16 de julio del 2008, la Unión Temporal remitió el primer oficio a la entidad,
identificado con el radicado UT-01613-435, en el cual informó la presencia de
derrumbes en la zona de la obra y solicitó realizar los mantenimientos
respectivos.
(…)
En este contexto, la Sala sistematizará las afirmaciones contenidas en los oficios
remitidos por el contratista al INVÍAS, relacionados con la falta de mantenimiento
de la vía:
Referencia Tema o extracto Referencia Tema o extracto
UT-01613-435 del 16 de julio de 2008 (…)
UT-01613-462 del 15 de enero de 2009 (…)
UT-01613-470 del 31 de marzo de 2009 (…)
UT-01613-475 del 21 de mayo de 2009 (…)
UT-01613-483 del 12 de abril de 2010 (…)
UT-01613-0488 del 23 de mayo de 2010 (…)
UT-01613-0492 del 11 de julio de 2011 (…)
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La Sala observa que las pruebas aportadas por el demandante no logran
acreditar, desde un punto de vista técnico, que la falta de mantenimiento de la
vía causara los daños presentados. En primer lugar, los oficios remitidos por la
Unión Temporal se acompañaron de registros fotográficos sin identificación
precisa de los puntos en los cuales se encontraban los derrumbes. Estas
comunicaciones, aducidas como pruebas para definir que las fallas se
presentaron debido a la falta de mantenimiento, contenían afirmaciones hechas
directamente por el contratista sin datos concluyentes o información técnica que
las soportara, más allá de registros fotográficos que resultan insuficientes para
este efecto. Asimismo, se evidencia que 6 de los 7 oficios fueron remitidos a la
entidad con posterioridad al 6 de enero de 2009, fecha en la cual la Unión
Temporal fue notificada de las fallas que se presentaron en la vía a tan solo 7
meses de su entrega.
Las fotografías aportadas con la demanda para evidenciar el estado de la vía
entre el 2008 y el 2010 no permiten establecer con certeza los puntos a los que
hacen referencia, las fechas en las cuales fueron capturadas y tampoco brindan
conclusiones técnicas que permitan afirmar que la falta de mantenimiento fue la
causa de los daños en la vía.
(…)
Por otra parte, si bien es cierto que la Unión Temporal entregó a la entidad el
manual de conservación de la vía88 en el cual se advertía sobre el especial
cuidado que se debía tener entre el PR 0+0200 y el PR 1+500, esta prueba no
es suficiente para dar por sentado que las fallas en la zona se debieran a la falta
de mantenimiento.
Finalmente, frente al vídeo del ministro de transporte de la época aportado como
prueba de segunda instancia, a pesar de que no se logra identificar la fecha en
la que fue grabado, de su contenido se colige que fue durante la ejecución del
contrato. Allí, el representante legal de la Unión Temporal manifestó las
dificultades que se estaban presentando para el ingreso al sitio de la obra y el
ministro ordenó un mantenimiento de emergencia con el fin de permitir la
ejecución del contrato en condiciones óptimas.
(…)
De acuerdo con lo expuesto, la Sala concluye que no existen pruebas en el
expediente que acrediten la falta de mantenimiento por parte de la entidad en el
tiempo comprendido entre la entrega de la obra y la evidencia de las fallas, ni
tampoco que la causa de los problemas en la vía estuviera relacionada con
falencias en su mantenimiento.
(…)
Ahora bien, para soportar que las fallas se dieron por causas no imputables al
contratista -como la ola invernal y la ocurrencia de sismos en la zona-, el
demandante hizo referencia a diversos documentos que serán analizados
individualmente con el fin de determinar si aquellos efectivamente probaban la
ocurrencia de una causa extraña sobre las fallas de la vía.
(…) En tal sentido, si bien es cierto el informe OPA 21 del 28 de septiembre de
2011 arrojó que las fallas originadas en algunos puntos de la vía se dieron por la
ola invernal, estos puntos no corresponden a aquellos que fueron objeto del acto
administrativo de declaratoria de siniestro.
El actor también manifestó que el recorrido de obra realizado de manera conjunta
con la interventoría -cuyas apreciaciones fueron consignadas en los oficios
C.613/0502/10/5.290 del 15 de diciembre de 2010 y C.613/OB.0705/10/5.291 del
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23 de diciembre del mismo año- daba cuenta de que las fallas en la vía no eran
imputables al contratista. Revisada esta prueba, la Sala encuentra que la
comunicación contiene las siguientes conclusiones:
(…)
Continuando con la exposición probatoria realizada por el actor, este afirmó que
los oficios SGT-GPD 64749 del 11 de octubre de 2011, SRN 61163 del 27 de
septiembre de 2011, SRN 24442 del 4 de mayo de 201195, SRN 21785 del 19
de abril de 2011 y DT-BOY 48816 del 10 de agosto de 2011 establecían que los
daños en la vía fueron causados por la ola invernal y que no le asistía
responsabilidad al contratista (…).
En cuanto al informe del asesor especialista en suelos, vías y pavimentos del
contratista con fecha del 30 de agosto de 201298, en este se analizan los puntos
críticos de la vía y se manifiesta que “sin pretender realizar un análisis de
estabilidad en cada sitio ni los diseños de detalle que posiblemente se requieran,
se presenta a continuación una descripción de la situación encontrada en cada
sitio, las causas del fenómeno y las recomendaciones a que haya lugar” (negrilla
fuera del texto original).
Adicional al informe del asesor de pavimentos, el actor presentó como prueba el
oficio UT-01613-0484 del 10 de diciembre de 201099, en el cual aseveró lo
siguiente:
(…)
La Sala observa que en este informe no se estableció que las fallas fueran
causadas por la ola invernal, sino que se descartó que aquellas fueran atribuibles
a la estructura del pavimento, es decir, a la calidad de la obra. Por lo tanto, en
dicha visita no se hizo referencia a la existencia de vicios en el suelo, pues aquello
fue tratado en la visita técnica del 12 de septiembre de 2012 (…).
(…)
Por lo expuesto, la Sala concluye que el contratista no probó la existencia de una
causa extraña derivada de la ola invernal o de la ocurrencia de sismos en la zona,
que le permitiera exonerarse de la responsabilidad frente a la estabilidad de la
obra.
(…)»
De las transcripciones relacionadas previamente se colige que la autoridad
judicial accionada sustentó la decisión en un análisis probatorio integral del
material probatorio allegado al proceso, en consonancia con las pautas
jurisprudenciales que ha fijado el Consejo de Estado, lo que le permitió
desestimar el cargo de falsa motivación formulado contra el acto administrativo
que declaró la ocurrencia del siniestro por estabilidad de la obra, dado que el
contratista no demostró la existencia de una causa extraña o de un eximente de
responsabilidad frente a la obligación contenida en el artículo 2060 del Código
Civil.
Dicho análisis, en criterio de esta Sala, no adolece de defecto fáctico, toda vez
que, como quedó visto, se sustentó de manera suficiente con material probatorio
aportado al proceso, contiene una carga argumentativa suficiente y razonable,
sustentada en disposiciones normativas y precedente jurisprudencial aplicable al
caso concreto, por lo que no es dable considerarla constitutiva de defecto alguno,
pues, contrario sensu, corresponde al ejercicio de la función prevista a cargo de
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los jueces, conforme se deduce del contenido normativo de los principios
constitucionales de autonomía e independencia judicial.
Así las cosas, de lo relacionado en los párrafos que anteceden se puede observar
un análisis íntegro del material probatorio aportado al proceso a la luz de las
reglas de la sana crítica, lo que le permitió concluir que se debía confirmar la
decisión de negar las pretensiones de la demanda porque no se desestimó el
cargo de falsa motivación, hecho que no puede ser calificado como violatorio de
los derechos fundamentales, en respeto de los principios de autonomía e
independencia judicial.
En ese contexto, se recuerda que el defecto fáctico se configura únicamente en
los eventos en los que se advierta que la valoración de la prueba fue arbitraria o
irracional, y en el caso concreto la argumentación de la providencia es razonable.
Es necesario recordar que el análisis que le corresponde realizar al juez
constitucional al estudiar la procedencia de tutela contra providencia judicial no
es de corrección sino de validez5, motivo por el cual solo habrá lugar a amparar
los derechos fundamentales en los eventos en los que se advierta que el
razonamiento es arbitrario o caprichoso.
Así las cosas, lo que la Sala observa es una divergencia en la apreciación de un
mismo conjunto de pruebas, lo que no es suficiente para estructurar un defecto
fáctico en punto de una indebida valoración probatoria, puesto que para que ello
resulte configurado es necesario que el juez de instancia se separe por completo
de los hechos probados, situación que no se muestra evidente en este asunto.
En suma, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante con
la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva la
transgresión de derechos fundamentales.
Sería del caso entrar a analizar los cargos de defecto sustantivo y de error
inducido. Sin embargo, en la demanda de tutela la parte accionante no especificó
de qué manera las autoridades accionadas incurrieron en tales defectos, pues
solo se limitó a invocarlos de manera genérica sin argumentar cuales fueron
aquellas normas presuntamente desconocidas e indebidamente aplicadas por
parte de los despachos accionados, o, cual ese «error» en que se incurrió, razón
por la que dicho reparo tampoco tiene vocación de prosperidad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
5
Corte Constitucional, sentencia SU 128 de 6 de mayo de 2021, magistrado ponente: Cristina
Pardo Schlesinger.
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Accionante: Unión Temporal Boyacá en el 2500
I. FALLA
Primero: Declarar fundado el impedimento manifestado por el doctor Jorge Iván
Duque Gutiérrez para conocer del asunto de la referencia, por las razones
expuestas.
Segundo: Negar el amparo constitucional invocado por la Unión Temporal
Boyacá en el 2500 en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A y el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión
Tercero: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Cuarto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Con impedimento fundado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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