Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-23-33-000-2015-00731-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-23-33-000-2015-00731-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 15001-23-33-000-2015-00731-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
4 de abril de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D.C., cuatro (04) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 15001- 23-33-000-2015-00731-01 (64.241)
Accionante: Instituto Nacional de Vías (INVIAS)
Accionado: Consorcio Vial Tunja
Temas: CONTRATO DE OBRA: No se acreditó el incumplimiento contractual. ETAPA
POSTCONTRACTUAL: la obligación de constitución del amparo llevaba implícita la de mantener su
vigencia atendiendo el interés superior contenido en normas de orden público / Sin embargo, la
liquidación de la compañía aseguradora que presuntamente interrumpió el amparo contractual no es
imputable al tomador del seguro y tampoco se probó que se le haya notificado o publicado el acto
administrativo que ordenó la liquidación forzosa administrativa.
1. La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante -INVIAS- en contra de la sentencia del 14 de mayo de 2019, proferida
por el Tribunal Administrativo de Boyacá, por medio de la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.
SÍNTESIS DEL CASO
2. El Instituto Nacional de Vías1 demandó en controversias contractuales al
Consorcio Vial Tunja, pretendiendo que se declare el incumplimiento parcial de las
obligaciones pactadas en el contrato de obra No. 1259 del 31 de agosto de 2011,
referente a la vigencia de la garantía única (en punto del amparo de calidad y
estabilidad de la obra) y se condene a responder por las multas contempladas en
el contrato e indemnizar los perjuicios causados.
ANTECEDENTES
La demanda
3. El 15 de octubre de 20152, el INVIAS, promovió demanda contra el Consorcio
Vial Tunja3, con el propósito de obtener las siguientes declaraciones y condenas4
(transcritas en su tenor literal con los posibles errores):
“Que se declare que el Consorcio Vial Tunja incumplió parcialmente las
obligaciones derivadas del contrato No. 1259 del 31 de agosto de 2011, y que dicho
incumplimiento lo obliga como garante a responder contractualmente por las
sanciones contempladas en la CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: MULTAS Y
1
En lo adelante también se hará referencia como INVIAS, el actor o la parte demandante.
2
Fl. 40 Cuaderno No. 1.
3
En lo adelante también se hará referencia como “el consorcio” o la parte demandada.
4
Fls. 28-29 Cuaderno No. 1.
Radicación: 15001-23-33-000-2015-00731-01 (64.241).
Accionante: INVIAS
Accionado: Consorcio Vial Tunja
Medio de control: Controversias Contractuales
CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: en caso de incumplimiento parcial de las
obligaciones que le corresponden al CONTRATISTA, EL INSTITUTO aplicará
multas por las causales y en las cuantías previstas en la Resolución 3662 del 13 de
agosto de 2007.
Que se declare que el Consorcio Vial Tunja incumplió parcialmente las
obligaciones derivadas del contrato No. 1259 del 31 de agosto de 2011, y que dicho
incumplimiento lo obliga como garante a responder contractualmente por las
sanciones contempladas en la CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: GARANTÍA ÚNICA.
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento el CONTRATISTA se
compromete a constituir a favor del INSTITUTO una garantía que ampare lo
siguiente: PARÁGRAFO CUARTO: El CONTRATISTA está obligado a restablecer
el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones
que efectúe el INSTITUTO, así como, a ampliar en los eventos de adición y/o
prórroga del presente contrato, a la actualización de las sumas debidas o que se
logren probar en el transcurso del proceso, intereses moratorios de las sumas
deprecadas a la tasa más alta permitida por ley, conforme a la ley 80 de 1993 y
Decreto 679 de 1994 y resarcimiento de los perjuicios causados a la entidad pública
demandante, por los incumplimientos generados en la ejecución del contrato No.
1259 de 2011, e indemnizar los perjuicios infringidos al Instituto Nacional de Vías –
INVÍAS.
Que se declare que el Consorcio Vial Tunja infringió lo contemplado en lo estipulado
en el Artículo 2 (sic) en los contratos de obra numeral 1 de la Resolución No. 03662
del 13 de agosto de 2007, actualización de las sumas debidas o que se logren
probar en el transcurso del proceso, intereses moratorios de las sumas deprecadas
a la tasa más alta permitida por la ley, conforme la Ley 80 de 1993 y Decreto 679
de 1994 y resarcimiento de los perjuicios causados a la entidad pública
demandante, por los incumplimientos generados en la ejecución del contrato No.
1259 de 2011, e indemnizar los perjuicios infringidos al Instituto Nacional de Vías –
INVÍAS.
Que se ordene por parte del despacho como obligación de hacer al Consorcio Vial
Tunja a realizar el mantenimiento y restablecimiento de la garantía contenida en la
póliza de cumplimiento No. 300022444 y de responsabilidad civil extracontractual
No. 300003296 del contrato No. 1259 de 2011 al Instituto Nacional de Vías –
INVÍAS.
Que se condene al Consorcio Vial Tunja identificado con Nit – 900.454.581-0, a
pagar a favor del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS, por concepto de
capital por incumplimiento de las obligaciones contenidas en la resolución No 03662
del 13 de agosto de 2007, artículo 2. Respecto a lo señalado en los contratos de
obra que celebre el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) Numeral 1. Por
incumplimiento de las obligaciones de constitución o prórroga de la Garantía Única
o el seguro de responsabilidad civil extracontractual, el 0.10% del valor del contrato
por cada día de retraso. Suma que, a 31 de agosto de 2015, asciende a UN MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES VEINTISÉIS PESOS CON NUEVE
CTVOS ($1.372.000.026,09) MONEDA CORRIENTE.
Que se condene al Consorcio Vial Tunja identificado con Nit – 900.454.581-0, a
pagar a favor del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS, el capital antes
pretendido de UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES VEINTISÉIS
PESOS CON NUEVE CTVOS ($1.372.000.026,09) MONEDA CORRIENTE,
debidamente actualizada desde el 20 de junio de 2014, fecha en que se comienza
a generar el incumplimiento, hasta la fecha efectiva del pago, teniendo en cuenta la
pérdida del poder adquisitivo de compra del peso colombiano, índice de precios al
consumidor -IPC, al momento de la expedición de la sentencia, más los intereses
2
Radicación: 15001-23-33-000-2015-00731-01 (64.241).
Accionante: INVIAS
Accionado: Consorcio Vial Tunja
Medio de control: Controversias Contractuales
moratorios, conforme a la Ley 80 de 1993 y Decreto 679 de 1994, desde la misma
fecha hasta cuando se haga efectivo el pago a la entidad pública demandante.
Que se condene al Consorcio Vial Tunja, al pago de las costas y costos del proceso
y las agencias en derecho a que haya lugar.”
4. En síntesis, sustentó sus pretensiones en los siguientes fundamentos
fácticos5:
5. El INVIAS y el Consorcio suscribieron el 31 de agosto de 2011 el contrato de
obra No. 1259, cuyo objeto fue “El mejoramiento y mantenimiento carreteras zona
centro oriente grupo 2, mejoramiento y mantenimiento de la carretera Chiquinquirá
– Tunja Ruta 60”, con valor inicial de $2’477.591.641,00, adicionado en la suma de
$654’828.511,00.
6. El contratista tomó la garantía única para asegurar el cumplimiento de las
obligaciones del contrato de obra con la Compañía de Seguros Cóndor S.A,
mediante la póliza No. 300022444 y de responsabilidad civil extracontractual No.
30003296.
7. El contrato de obra No. 1259 fue prorrogado por las partes en varias
oportunidades -la última de ellas- hasta el 14 de agosto de 2012; y en atención a
esto, el contratista gestionó las modificaciones de las citadas pólizas, las cuales
fueron aprobadas por el INVIAS. El 27 de mayo de 2013 se efectuó la liquidación
bilateral del contrato, conforme a la cual se hizo efectiva la entrega definitiva de la
obra a satisfacción.
8. Posteriormente, la Superintendencia Financiera ordenó la liquidación de la
compañía de seguros Cóndor S.A. a través de la Resolución No. 2211 de 2013; y
en tal sentido, las pólizas terminaron de forma automática desde el 20 de junio de
2014, momento a partir del cual considera que el Consorcio Vial Tunja incumplió la
obligación de mantener, o en su defecto, sustituir la póliza No. 300022444, ya que
en ella se estipuló un término de garantía por concepto de calidad y estabilidad de
la obra, amparo que finalizaba el día 14 de octubre de 2017.
9. Finalmente, señaló que el desamparo de la estabilidad de la obra llevó a que
se incurriera en un incumplimiento de las obligaciones pactadas en la cláusula
décimo octava, que estableció todo lo correspondiente a las garantías del contrato
y, por lo tanto, el contratista era merecedor de las multas previstas en la cláusula
décima quinta, cuya cuantía quedó regulada en el artículo 2°, numeral 1°, de la
Resolución No. 3662 del 13 de agosto de 2007, según lo cual se le debía el pago
del 0.10% del valor del contrato por cada día de retraso.
Contestación
10. El 19 de diciembre de 20166, el Consorcio Vial Tunja a través de apoderado
judicial contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones, por cuanto los
5
Fls. 29-32 Cuaderno 1.
6
Fls 120 – 128 Cuaderno No. 1.
3
Radicación: 15001-23-33-000-2015-00731-01 (64.241).
Accionante: INVIAS
Accionado: Consorcio Vial Tunja
Medio de control: Controversias Contractuales
fundamentos de hecho y de derecho fueron determinaciones en las que el
accionado no tuvo participación alguna y, por el contrario, la ausencia del respaldo
de la póliza correspondió a una decisión que adoptó la Superintendencia Financiera
al liquidar la compañía aseguradora.
11. En relación con este hecho, señaló que dicha situación “cae en el terreno de
la teoría de la imprevisión”, dado que fue extraordinaria, ajena a las partes,
imprevisible y ocurrió con posterioridad a la celebración, ejecución y liquidación del
contrato de obra. Además, indicó que el objeto del contrato se ejecutó
correctamente y se recibió de manera satisfactoria por la entidad contratante, tal
como se acreditó con las actas de recibo final y liquidación.
12. En cuanto a las multas, consideró que estas solo podrán ejercerse por la
administración con el objeto de constreñir al contratista al acatamiento de lo
pactado, una vez se verifique el acaecimiento de incumplimientos parciales en
vigencia del plazo de ejecución contractual, lo cual no ocurrió en el sub examine.
13. Finalmente, alegó que el contratista cumplió con todas y cada una de sus
obligaciones contractuales; y una vez fue requerido por la entidad contratante
realizó la sustitución de las garantías, dado que tomó con la compañía Seguros del
Estado, pólizas identificadas con los números 14-44-101083079 y 14-44-
101083080, las cuales fueron aprobadas por el INVIAS según consta en
comunicación enviada por el director de contratación de la entidad demandante.
Audiencia inicial y alegatos de primera instancia
14. El 15 de agosto de 20177 se llevó a cabo la audiencia inicial8 prevista en el
artículo 180 del C.P.A.C.A. en la cual el Tribunal a quo formuló como problema
jurídico el siguiente: “¿Si la entidad demandada, incumplió parcialmente el contrato
de obra No. 1259 – 2011, al no restablecer, mantener, prorrogar o sustituir las
pólizas de garantía de la obra contratada (cumplimiento y responsabilidad civil
extracontractual) al momento en que la aseguradora Cóndor fue sometida a proceso
de liquidación forzosa; debiendo, como consecuencia responder pecuniariamente
por las sanciones contenidas en la Resolución No. 03662 del 13 de agosto de 2007
conforme a la cláusula décima quinta del contrato No. 1259 -2011 por el tiempo en
que duró desamparado el contrato?”
15. En calidad de alegatos de conclusión, el Consorcio Vial de Tunja9 reiteró lo
expuesto en la contestación de la demanda, en el sentido que el desamparo del
contrato fue producto de la decisión administrativa de la Superintendencia
Financiera de liquidar la compañía de seguros Cóndor S.A.; situación que fue
extraordinaria, imprevisible, ajena a su voluntad y posterior a la celebración del
contrato, lo cual no imposibilitó su ejecución. Además, que una vez requerido por la
7
Fls 155 – 158 Cuaderno No. 1.
8
La audiencia fue suspendida, y reanudada el 20 de septiembre de 2017. Luego de constatar la
ausencia de ánimo conciliatorio, el tribunal decretó las pruebas y prescindió de la audiencia de
alegaciones, para que tanto la intervención del Ministerio Público como los alegatos de las partes
fueran presentados por escrito.
9
Fls 218 – 221 Cuaderno No. 2.
4
Radicación: 15001-23-33-000-2015-00731-01 (64.241).
Accionante: INVIAS
Accionado: Consorcio Vial Tunja
Medio de control: Controversias Contractuales
entidad se actuó con celeridad para constituir las nuevas pólizas, lo que evidencia
su compromiso con el cumplimiento de sus prestaciones.
16. Por su parte, el INVIAS10 reafirmó que, a pesar del cumplimiento posterior de
las obligaciones del contrato, se debía tener en cuenta que las pretensiones fueron
de carácter resarcitorio y reafirmó la solicitud de condena en costas a cargo del
accionado.
17. El Ministerio Público guardó silencio.
Sentencia de primera instancia
18. El Tribunal Administrativo de Boyacá profirió sentencia el 14 de mayo de
11
2019 , por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda y se condenó en
costas a la parte demandante.
19. El a quo sostuvo que la terminación automática de la póliza de cumplimiento
No. 300022444, ordenada por la Superintendencia Financiera con ocasión de la
liquidación forzosa de la Compañía de Seguros Cóndor, no se enmarca en un
incumplimiento de las obligaciones convenidas por el contratista, pues para que éste
se configure se requiere la insatisfacción (inejecución) de una obligación
(prestación), y además que dicha inejecución sea imputable al contratista; lo cual
no sucedió en el presente asunto.
20. En adición, el Tribunal afirmó que, la responsabilidad que le incumbe al
contratista, en este caso al Consorcio Vial Tunja, es lo atinente a las obligaciones
accesorias de estabilidad de la obra; no obstante, en el sub examine no se alegó el
acaecimiento de siniestro alguno, y de la copia del proceso contractual no se
observó que se hubiese presentado.
21. Para sustentar la anterior decisión, explicó que previamente había resuelto
un caso semejante dentro del radicado 15001-23-33-000-2015-00735-00, el cual
utilizó como antecedente para analizar la controversia sub lite. Precisó que en los
contratos de obra además de las obligaciones principales de hacer una
construcción, un mantenimiento, una instalación u otro trabajo sobre bienes
inmuebles y el pago del precio por la ejecución de los trabajos, también subsisten
obligaciones accesorias (post contractuales) de garantizar la estabilidad, la
idoneidad, la seguridad y la firmeza de la construcción, con lo cual se asegura que
la obra contratada se mantendrá en condiciones normales de uso para la utilización
y el servicio para el que se ejecutó.
22. Reiteró que si bien los riesgos por estabilidad de la obra del Contrato No.
1259 de 2011 quedaron sin amparo por la orden dada por la Superintendencia
Financiera en la Resolución No. 2211 del 05 de diciembre de 2013, lo cierto es que
el Consorcio Vial de Tunja en nada incidió para ello y éste ya había cumplido con
10
Fls 222 – 225 Cuaderno No. 2.
11
Fls 259 – 276 Cuaderno No. 2.
5
Radicación: 15001-23-33-000-2015-00731-01 (64.241).
Accionante: INVIAS
Accionado: Consorcio Vial Tunja
Medio de control: Controversias Contractuales
su obligación de constituir las pólizas con anterioridad a la liquidación forzosa de la
compañía de seguros.
23. De otra parte, afirmó que las pretensiones de imposición de la multa no
estaban llamadas a prosperar, pues si bien es cierto que en el contrato 1259 de
2011 se estipuló su procedencia, ello únicamente obedecía a situaciones de
incumplimiento en la etapa contractual, pero, para el sub examine, quedó
suficientemente claro que en el acta de liquidación del contrato no se hizo anotación
alguna de inconformidad de las partes en la observancia de sus obligaciones,
requisito de procedibilidad para acudir a esta jurisdicción.
24. En el mismo sentido, explicó el Tribunal a quo, que la falta de amparo afectó
únicamente las obligaciones accesorias que subsisten luego de la ejecución del
contrato; pues de haberse materializado los riesgos que amparaban la estabilidad
de la obra, la póliza no los cubriría, y en tal evento, el Consorcio como principal
responsable entraría a responder directamente por el siniestro, y la entidad
contratante se encontraría legitimada para reclamar vía judicial dicha
responsabilidad en virtud del artículo 2060 del Código Civil.
25. No obstante, en el caso bajo estudio, no se reclamó la responsabilidad del
contratista por el acaecimiento de siniestro alguno, ya que se aportó un certificado
mediante el cual se acreditó que no se presentó un hecho que afecte la estabilidad
de la obra.
26. Sostuvo que se probó la correcta conducta del Consorcio, el cual, con
posterioridad a la presentación de la demanda, constituyó la garantía de las
obligaciones accesorias del contrato, dejando la observación de que esta póliza
sustituye los amparos post contractuales que estuvieron inicialmente a cargo de la
liquidada compañía de seguros Cóndor S.A.
27. Por último, el Tribunal a quo condenó en costas a la parte demandante en
razón a que fue vencido en el proceso, aparece probada la causación de gastos y
la parte accionada mantuvo actividad procesal durante el trámite del litigio.
Recurso de apelación
28. El 29 de mayo de 201912, la parte demandante interpuso el recurso de
apelación en contra de la sentencia del Tribunal a quo, solicitando que la misma
fuera revocada, y que, en su lugar, se concedieran las pretensiones.
29. En primer lugar, señaló que en el contrato (cláusula décima octava) se pactó
que era deber del contratista constituir las pólizas para garantizar la estabilidad de
la obra, conforme a lo dispuesto en los artículos 4 y 7 del Decreto 4828 de 2008; y,
además, según la cláusula décima quinta, en caso de incumplimiento parcial de las
obligaciones a cargo del consorcio, el INVIAS aplicaría las multas dispuestas en la
Resolución No. 03662 del 13 de agosto de 2007.
12
Fls 279 – 284 Cuaderno No. 1
6
Radicación: 15001-23-33-000-2015-00731-01 (64.241).
Accionante: INVIAS
Accionado: Consorcio Vial Tunja
Medio de control: Controversias Contractuales
30. Al respecto, expresó que todos los medios probatorios dieron cuenta que,
efectivamente, la demandada dejó sin amparo la obra porque la Superintendencia
Financiera dio la orden de liquidar la compañía aseguradora y ello se tradujo en la
terminación de las pólizas que respaldaban el contrato, por lo que era su obligación
mantener o, en su defecto, ceder o sustituir la póliza de cumplimiento, tal y como se
consignó en la cláusula décima octava del contrato.
31. Asimismo, el recurrente se opuso a la interpretación que realizó el Tribunal
frente a la falta de cumplimiento del requisito de procedibilidad para acudir a la vía
judicial, puesto que, si bien en el acta de liquidación no se hizo salvedad alguna, la
terminación automática de las pólizas que amparaban los riesgos del contrato
ocurrió con posterioridad a la firma del acta de liquidación bilateral, hecho que la
entidad en dicho momento no pudo prever.
32. Refirió el apelante que la entrega definitiva y la liquidación no extinguieron la
obligación del contratista de mantener vigente la póliza y, aunque con ocasión a la
presentación de la demanda, el Consorcio aportó la nueva garantía, ello no la
exoneraba del pago de la multa.
33. Finalmente, solicitó que, en caso de confirmarse la providencia de primera
instancia, no se le condene en costas, porque la entidad debió presentar la demanda
con el propósito de que el Consorcio Vial Tunja cumpliera con la obligación de
restablecer las garantías.
Trámite en segunda instancia13
34. Mediante auto del 11 de julio de 201914, el Despacho Sustanciador admitió el
recurso de apelación incoado por la parte demandante.
35. El INVIAS15 presentó sus alegaciones en esta instancia, en las que reiteró
los argumentos expuestos, en especial insistió que el contratista incumplió su
obligación de mantener las pólizas hasta la vigencia que estipuló el contrato,
situación que dio cabida a la configuración de la causal para la imposición de la
multa, aun cuando con posterioridad se presentaron las respectivas pólizas y fueron
aprobadas.
36. Por su parte, el Consorcio Vial Tunja16 solicitó se confirmara la sentencia de
primera instancia, arguyendo que la parte actora no probó un incumplimiento
contractual y, por el contrario, se acreditó que la ejecución de sus prestaciones fue
“impecable”, tanto así, que a la fecha la obra ejecutada no sufrió afectación alguna
o daño, puesto que la carretera permanecía incólume.
13
El Tribunal Administrativo de Boyacá a través de auto de fecha del 13 de junio de 2019, concedió
el recurso de apelación, y ordenó remitir el expediente a esta Corporación para que decidiera sobre
su admisibilidad (Fl 286 Cuaderno No. 1).
14
Fl 292 Cuaderno No. 1.
15
Fls 299 – 300 Cuaderno No. 1.
16
Fls 302 – 309 Cuaderno No. 1.
7
Radicación: 15001-23-33-000-2015-00731-01 (64.241).
Accionante: INVIAS
Accionado: Consorcio Vial Tunja
Medio de control: Controversias Contractuales
37. Agregó que la contraparte realizó una lectura errada de la cláusula décima
octava del contrato de obra No. 1259 del 31 de agosto de 2011, que trató sobre el
mantenimiento y restablecimiento de la garantía, cuyas hipótesis no se adecuan a
los hechos referentes a la liquidación forzosa de la compañía aseguradora; además
que era imposible prever la liquidación de la entidad que expidió las garantías, pues
tal hecho se enmarcó en la denominada “teoría de la imprevisión”.
38. Por último, el Ministerio Público rindió su concepto, señalando que las
obligaciones a cargo del contratista fueron cumplidas a satisfacción, porque se
suscribió la póliza de estabilidad de la obra por el término que se pactó, pero fueron
circunstancias ajenas a su conducta y por fuera de la ejecución del contrato las que
produjeron el desamparo de la obra. Destacó que en el proceso no se aportó medio
de prueba que acreditara que al Consorcio se le notificó de la finalización del amparo
y que, por el contrario, la entidad demandante solicitó el restablecimiento de la póliza
con la actual demanda de controversias contractuales. De manera que, al no serle
imputable a la demandada la carencia de la póliza era imposible atribuirle un
incumplimiento contractual, por lo que solicitó confirmar la sentencia de primera
instancia, pero bajo el entendido de que no se logró demostrar que el contratista fue
informado o requerido para atender la irregularidad y, en contraposición, se acreditó
que, una vez conoció de esa situación, constituyó las pólizas correspondientes.
39. A través de auto de fecha 03 de octubre de 202417, el expediente fue remitido
al Despacho con el propósito de que se elaborara la nueva ponencia18.
CONSIDERACIONES
40. Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que
invalide lo actuado y evidenciado el cumplimiento de los presupuestos procesales:
jurisdicción, competencia, oportunidad de la demanda, legitimación en la causa por
activa y pasiva, procede la Sala a decidir la segunda instancia de la presente litis.
Problema jurídico
41. Corresponde a la Sala determinar si, como lo plantea el apelante, la falta de
amparo de la estabilidad de la obra, derivada de la liquidación forzosa de la
compañía aseguradora que expidió la póliza, constituye una condición suficiente
para afirmar la ocurrencia de un incumplimiento imputable al contratista, respecto
del cual no era exigible la formulación de salvedades en el acta de liquidación, por
tratarse de una obligación de naturaleza postcontractual. Y, en caso afirmativo, si el
contratista está obligado al pago de las multas previstas en el contrato de obra No.
1259 del 31 de agosto de 2011, así como a la indemnización de los perjuicios
derivados de dicho incumplimiento.
17
Índice 25 SAMAI.
18
Lo anterior atendiendo que el proyecto de fallo fue derrotado por la Sala en sesión celebrada el 27
de septiembre de 2024.
8
Radicación: 15001-23-33-000-2015-00731-01 (64.241).
Accionante: INVIAS
Accionado: Consorcio Vial Tunja
Medio de control: Controversias Contractuales
42. En ese sentido, el itinerario de análisis abordará los siguientes aspectos: (i)
examen de la estabilidad y calidad de la obra como riesgo amparable bajo la
garantía de cumplimiento, (ii) estudio del caso concreto conforme a lo probado en
el plenario, y (iii) el pronunciamiento sobre las costas procesales.
Estabilidad y calidad de la obra
43. La Constitución Política, en el artículo 150 inciso final, establece
que “Compete al Congreso expedir el estatuto general de contratación de la
administración pública y en especial de la administración nacional”. En
cumplimiento de este mandato constitucional, el legislador expidió la Ley 80 de
1993 a través de la cual estableció el marco normativo general que regula la
actividad contractual pública.
44. Del contenido del estatuto en comento (y especialmente de su
reglamentación), -en concordancia con la jurisprudencia de esta Corporación19-, el
esquema general del proceso de contratación estatal se desarrolla a través de las
fases precontractual, contractual y postcontractual, en donde puede identificarse
diferentes clases de obligaciones dependiendo del tipo de contrato, modalidad de
selección, naturaleza del negocio jurídico, etc.
45. En tal virtud, existen obligaciones principales, las cuales apuntan a la
consecución directa del acuerdo negocial, y, obligaciones accesorias, que son
contraídas para el cumplimiento de las principales y generalmente vinculadas a la
fase de ejecución del contrato. También pueden existir obligaciones que
permanezcan incluso después de terminado y/o liquidado el contrato. En punto de
análisis, ha señalado la jurisprudencia de esta Sección: “(…) En el campo de la
contratación pública tampoco resulta extraño que luego de la liquidación del contrato
pervivan obligaciones entre las partes (…)”20.
46. Respecto del contrato de obra pública, una de las obligaciones que debe ser
prevista a cargo del contratista, es el amparo de la calidad y estabilidad cuya
cobertura, por regla general21, inicia desde la entrega a satisfacción de las obras,
hasta el término acordado ex post; por lo tanto, el referido amparo se da por fuera
del período de ejecución y puede extenderse aún una vez el contrato haya sido
liquidado. Sobre este asunto de examen, la Sección Tercera de esta Corporación
se ha pronunciado en los siguientes términos:
“(…) Por ejemplo, esta Corporación ha precisado que en los contratos de obra
pública la garantía de estabilidad necesariamente puede hacerse efectiva luego de
la liquidación del contrato y durante la vigencia de ese amparo. Lo anterior es claro
si se tiene en cuenta que el amparo de estabilidad de la obra empieza a regir una
19
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Consejero Ponente: Enrique Gil Botero.
Sentencia de 24 de julio de 2013.
20
Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 3 de mayo de 2001, exp. 12.724, Consejero
Ponente Ricardo Hoyos Duque.
21
La Sala no desconoce que las partes pueden acordar el recibo parcial de las obras y su puesta en
funcionamiento, por lo que la garantía de amparo de calidad y estabilidad se activaría dentro de la
ejecución del contrato de obra; y no únicamente a su finalización o liquidación.
9
Radicación: 15001-23-33-000-2015-00731-01 (64.241).
Accionante: INVIAS
Accionado: Consorcio Vial Tunja
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vez se terminen y se entregan las obras objeto del contrato, cuando ha terminado el
mismo, con la finalidad de asegurar a la entidad contratante “que durante un período
de tiempo determinado, la obra objeto del contrato, en condiciones normales de uso
no sufrirá deterioros que impidieran la utilización y el servicio para el cual se ejecutó
ni perderá las características de armonía, seguridad y firmeza de su estructura”.
En este orden de ideas, si bien es cierto que con el acto de liquidación final del
contrato, ya sea por mutuo acuerdo de las partes o por decisión unilateral de la
Administración Pública, regularmente se extinguen las relaciones jurídicas entre las
partes, también lo es que subsisten algunas obligaciones a cargo del contratista,
quien pese a haber entregado la obra, los trabajos o los bienes objeto del contrato,
responderá no obstante haberse liquidado por los vicios o defectos que puedan
aparecer en el período de garantía o de los vicios ocultos en el término que fije la
ley (artículo 2060 Código Civil).
De acuerdo con la legislación contractual, debe el contratista salir al saneamiento
de la obra, de los bienes suministrados y de los servicios prestados; amparar a la
Administración de las posibles acciones derivadas del incumplimiento de
obligaciones laborales o de los daños causados a terceros, obligaciones posibles de
garantizar con el otorgamiento de pólizas de seguros, cuya vigencia debe
extenderse por el tiempo que determine la Administración, de acuerdo con la
reglamentación legal. De tal manera que, si se presentan vicios inherentes a la
construcción de la obra, a la fabricación e instalación de los equipos y a la calidad
de los materiales, surge una responsabilidad postcontractual que estará cubierta
con las garantías correspondientes.”22
47. Sobre esa misma comprensión hermenéutica, en recientemente providencia
del 8 de abril de 202423, esta Subsección indicó: “(…) En concordancia con la norma
precitada, esta Sala ha considerado que la estabilidad de la obra es una obligación
accesoria y de resultado “consistente en entregar una obra estable, capaz de brindar el
servicio para el cual fue solicitada, de suerte que, evidenciada la ausencia de estabilidad,
el (...) contratista está en el deber de subsanar las fallas que la obra presente después de
su entrega y que afecten o impidan su uso”24. En ese sentido, si se prueba que el daño se
originó por la existencia de vicios de la construcción, de los materiales o del suelo, que el
contratista debió conocer debido a su oficio, las fallas de la obra le son imputables, con
independencia de cualquier consideración sobre su culpa o diligencia.”.
48. Así las cosas, el deber asumido por el contratista de responder por la calidad
y estabilidad de la obra contratada, es distinto de las obligaciones principales o
específicas del negocio jurídico, de manera que, al exigirse su cumplimiento, no se
cuestiona si las obligaciones axiales del contrato fueron satisfechas -o no- en la
forma y tiempo debidos; lo que está en discusión es el incumplimiento de una
22
Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Tercera- Subsección A,
Consejero ponente: Mauricio Fajardo Gómez, sentencia del 29 de septiembre de 2011, Radicación:
25000-23-26-000-1996-02565-01(18242)
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Tercera, Subsección A,
Consejera ponente: María Adriana Marín, sentencia del 08 de abril de 2024, Radicación: 25000-23-
36-000-2013-00680-01 (53.211).
24
Cita en original: “Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 20 de
febrero de 2020. Radicación No. 25000-23-26-000-2006-01957-01 (43.766), C.P: María Adriana
Marín.”
10
Radicación: 15001-23-33-000-2015-00731-01 (64.241).
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prestación accesoria posterior a la extinción de aquéllas, es decir, se trata de una
obligación postcontractual.
49. Ahora bien, el artículo 725 de la Ley 1150 de 2007 establece que el contratista
debe prestar garantía para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del
contrato, consistente en “pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente
autorizadas para funcionar en Colombia, en garantías bancarias y en general, en
los demás mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por el reglamento para
el efecto. Tratándose de pólizas, las mismas no expirarán por falta de pago de la
prima o por revocatoria unilateral (…)”.
50. En el mismo sentido, los artículos 4 y 7 del Decreto 4828 de 2008, también
vigente para la fecha de celebración y ejecución del contrato (31 de agosto de 2011),
incluyó como riesgo objeto de amparo de la garantía única el de estabilidad de la
obra, cuyas condiciones deben determinarse en cada caso con sujeción a los
términos del contrato:
“Artículo 4°. Riesgos a amparar derivados del incumplimiento de obligaciones. La
garantía deberá amparar los perjuicios que se deriven del incumplimiento del
ofrecimiento o del incumplimiento del contrato, según sea el caso, y que, de manera
enunciativa se señalan en el presente artículo:
1.2 Riesgos derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales:
4.2.5 Estabilidad y calidad de la obra. El amparo de estabilidad y calidad de la obra
cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios que se le ocasionen como
consecuencia de cualquier tipo de daño o deterioro, independientemente de su
causa, sufridos por la obra entregada, imputables al contratista.
(…)
Artículo 7°. Suficiencia de la garantía. Para evaluar la suficiencia de la garantía se
aplicarán las siguientes reglas: […]
7.4 Cumplimiento. El valor de esta garantía será como mínimo equivalente al monto
de la cláusula penal pecuniaria, y en todo caso, no podrá ser inferior al diez por
ciento (10%) del valor total del contrato. El contratista deberá otorgarla con una
vigencia igual al plazo del contrato garantizado más el plazo contractual previsto
para la liquidación de aquel. En caso de no haberse convenido por las partes término
para la liquidación del contrato, la garantía deberá mantenerse vigente por el término
legal previsto para ese efecto.
7.6 Estabilidad y calidad de la obra. El valor de esta garantía se determinará en cada
caso de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas
en cada contrato. Su vigencia se iniciará a partir del recibo a satisfacción de la
obra por parte de la entidad y no será inferior a cinco (5) años, salvo que la
entidad contratante justifique técnicamente la necesidad de una vigencia inferior.”
51. Por su parte, el artículo 9 ibidem modificado por el artículo 2 del Decreto 2493
de 2009 dispuso:
“Artículo 9°. Excepciones al principio de indivisibilidad de la garantía. Modificado
por el art. 2, Decreto Nacional 2493 de 2009. En los contratos de obra, operación,
25
Vigente para la época de la celebración del contrato sub examine.
11
Radicación: 15001-23-33-000-2015-00731-01 (64.241).
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concesión y en general en todos aquellos en los cuales el cumplimiento del objeto
contractual se desarrolle por etapas subsiguientes y diferenciadas o cuya ejecución
en el tiempo requiere de su división en etapas, la entidad podrá dividir la garantía,
siempre y cuando el plazo del contrato sea o exceda de cinco (5) años. En este
caso, el contratista otorgará garantías individuales por cada una de las etapas a
ejecutar.
La garantía así constituida deberá tener por lo menos la misma vigencia del plazo
establecido en el contrato para la ejecución de la etapa correspondiente. En el
evento en que el plazo de ejecución se extienda deberá prorrogarse la garantía por
el mismo término.
Los riesgos cubiertos serán los correspondientes al incumplimiento de las
obligaciones que nacen y que son exigibles en cada una de las etapas del contrato,
incluso si su cumplimiento se extiende a la etapa subsiguiente, de tal manera que
será suficiente la garantía que cubra las obligaciones de la etapa respectiva.
(…)
Antes del vencimiento de cada una de las etapas contractuales, el contratista está
obligado a prorrogar la garantía de cumplimiento o a obtener una nueva garantía
que ampare el cumplimiento de sus obligaciones para la etapa subsiguiente. En todo
caso, será obligación del contratista mantener vigente durante la ejecución y
liquidación del contrato, la garantía que ampare el cumplimiento. En el evento en
que el garante de una de las etapas decida no continuar garantizando la etapa
siguiente, deberá informarlo por escrito a la entidad contratante con seis meses de
anticipación a la fecha de vencimiento de la garantía correspondiente. En caso
contrario, el garante quedará, obligado a garantizar la siguiente etapa.
En caso de que el contratista incumpla la obligación de prorrogar u obtener la
garantía para cualquiera de las etapas del contrato, la entidad deberá prever en el
mismo, el mecanismo que proceda para restablecer la garantía, sin que se afecte la
garantía expedida para la etapa, en lo que tiene que ver con dicha obligación.”
52. En punto del restablecimiento o ampliación de la garantía, la norma prevé
que cuando con ocasión de las reclamaciones efectuadas por la entidad estatal, el
valor de la garantía se reduce, la entidad contratante debe solicitar al contratista
restablecer el valor inicial del amparo. Asimismo, cuando el contrato es modificado
para incrementar su precio o prorrogar su plazo, la entidad debe exigir ampliar el
valor de la garantía otorgada o su vigencia, según sea el caso (art. 12 Decreto 4828
de 2008)26.
53. De otra parte, el ordenamiento jurídico no tiene una definición exacta sobre
lo que debe entenderse por contrato de seguro, pues se limitó a dar cuenta de
algunas de sus características, pero sin ofrecer una aproximación conceptual de su
naturaleza, contenido y alcance; es así como el Código de comercio en su artículo
1036 define el seguro como “un contrato consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y
de ejecución sucesiva”.
26
“Artículo 12. Restablecimiento o ampliación de la garantía. El oferente o contratista deberá
restablecer el valor de la garantía cuando este se haya visto reducido por razón de las reclamaciones
efectuadas por la entidad contratante.
De igual manera, en cualquier evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o se
prorrogue su término, el contratista deberá ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su
vigencia, según el caso.”
12
Radicación: 15001-23-33-000-2015-00731-01 (64.241).
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54. La jurisprudencia constitucional le ha dado contenido al contrato de seguro
en los siguientes términos: “Este contrato es una figura jurídica concebida como un
acuerdo de voluntades por el cual una persona llamada tomador –en algunas
ocasiones también beneficiario- se obliga al pago de una prima a favor de otra
llamada asegurador, con el fin que esta última cubra los daños causados por la
ocurrencia de riesgo –siniestro- que afecta la integridad física o el patrimonio del
primero (…)27”.
55. Bajo la misma línea de comprensión, esta Corporación se ha referido sobre
la vigencia del contrato de seguro de cumplimiento durante la suspensión del
negocio asegurado y la improcedencia de su revocación unilateral. Al respecto, en
la sentencia del 05 de febrero de 202428, se dijo:
“(…) Se empieza por señalar que el contrato de seguro de cumplimiento no ostenta el
carácter de accesorio del contrato que ampara, toda vez que, como ya está
suficientemente decantado tanto por la jurisprudencia de esta Corporación como por la
de la Corte Suprema de Justicia, se trata de un negocio principal, autónomo e
independiente29.
a. Las razones en las que se funda tal aserto parten de la regulación y estructura de
este tipo de negocio, en el que la aseguradora asume una obligación que le es
propia, consistente en cubrir al asegurado y/o beneficiario, a cambio del pago de
una prima, de los perjuicios que le puedan ser ocasionados en caso de
incumplimiento de las obligaciones de su contratista (siniestro), esto es así, aun
cuando el surgimiento de tal obligación de la aseguradora esté condicionado a
que se materialice el riesgo, esto es, a que en el negocio jurídico cuyo cumplimiento
ampara el contratista inobserve los compromisos adquiridos y que este comportamiento
le genere un perjuicio al beneficiario de la póliza.
(…)
Cabe resaltar que el contrato de seguro se regula como una tipología especial de
negocio jurídico, con una estructura y funcionamiento distintivos, enmarcados en
la aptitud y especialidad de la empresa aseguradora y la obligación que adquiere
de amparar los riesgos asumidos, en el marco de su actuar negocial y experticia
en dicho campo. Dados los negocios que despliega, la compañía aseguradora
desarrolla un modelo económico en torno al aseguramiento de eventos futuros e
inciertos que asume como mecanismo para preservar el patrimonio del asegurado y/o
beneficiario, lo hace así, porque ese es el modelo bajo el cual realiza su actividad
mercantil, escenario que tiene un reconocimiento expreso del legislador, al establecer
su regulación particular como negocio jurídico independiente.
(..:)
La particularidad del objeto del seguro de cumplimiento, en virtud de su función
económica y social, lo ubica como una tipología especial frente a los demás seguros, de
27
Corte Constitucional, Sentencia T-240 de 2016.
28
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Consejero ponente: José Roberto Sáchica
Méndez, Radicación: 130012333000201300328 01 (62.324).
29
Cita en original: “Cfr. Al respecto se puede consultar, entre otras, las siguientes providencias: Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencias del 2 de mayo de 2002 (Exp. 6785),
sentencia del 12 de diciembre de 2006 (Radicado 19980085301), 15 de agosto de 2008 (Rad.
11001310301619940321601). Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, sentencias del 22 de abril de 2009 (Exp. 14667), del 13 de agosto de 2020 (Exp.
60348) Subsección A, del 6 de febrero de 2020 (Exp. 56088) Subsección B, entre otras.
13
Radicación: 15001-23-33-000-2015-00731-01 (64.241).
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cara a la cual le resultan inaplicables algunas reglas generales dispuestas para ese
segmento de contratos comerciales30.
a. Una de las normas que rehúsa su procedencia en este negocio es la relativa a la
revocación unilateral por cualquiera de las partes que en él interviene, en punto a los
especiales matices que tocan las obligaciones inmiscuidas en la póliza de cumplimiento,
pues en virtud de las prestaciones que avala, como aspecto singular y específico de su
esencia, la irrevocabilidad se erige como aspecto imprescindible para asegurar el cabal
funcionamiento y propósito de este negocio jurídico.
(…)
c. No obstante, más allá de que se trate de una atribución prevista para la mayoría de
los contratos de seguro, las especiales connotaciones inmersas en el de cumplimiento
vedan su aplicación respecto de éste, al contravenir el sentido común que enseña
que la garantía respecto del cumplimiento de una obligación no puede quedar al
arbitrio y voluntarismo de quien la ampara (el asegurador) o de quien está llamado
a cumplirla (el tomador, posición que en el caso de los contratos estatales la
ocupa el contratista), desdibujando su propósito, al permitir, por ejemplo, que la
aseguradora lo dé por culminado dejando desprovisto de protección al asegurado
y ubicándolo en una posición más nociva que la que tenía de forma previa a la
suscripción del seguro, pues frustraría la expectativa y confianza adquirida en
preservar su patrimonio.
(…)
45. En suma, el interés asegurable de la póliza de cumplimiento a favor de entidades
estatales cobra una importancia superior, en tanto se halla directamente vinculado a la
necesidad de proteger el patrimonio público que puede verse afectado en el marco de
la actividad contractual del Estado para resguardarlo del daño que le puede ocasionar
la posible desatención de los compromisos contractuales por parte del contratista31; de
ahí que la imposibilidad de revocar unilateralmente estas pólizas se halle justificada, no
solamente en el hecho de que sirven de aval de cumplimiento de una obligación, sino
también y no menos importante, en el hecho de que, por imperativo legal, el patrimonio
público debe permanecer protegido durante todo el curso de la relación negocial, y
respecto de las obligaciones de garantía, incluso después de ello.” (Resaltado de la
Sala)
56. De lo anterior se colige que la irrevocabilidad del seguro de cumplimiento es
una norma de orden público, que impone a los contratistas contar con una garantía
que avale el cumplimiento de sus obligaciones, como es apenas obvio, durante el
tiempo que permanezca el riesgo de su incumplimiento, esto es, todo el curso de la
relación negocial, incluso después de ello (por ejemplo, el riesgo de impago de
salarios y/o prestaciones sociales y el de inestabilidad de la obra); lo cual se halla
directamente vinculado a la necesidad de proteger el patrimonio público y de contera
el interés general.
Caso concreto
57. En el sub examine se encuentran los siguientes hechos probados y material
probatorio relevante:
30
Cita en original: “Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Exp. 6785 y Rad. 11001
31 03 016 1994 03216 01. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 6 de
julio de 2020, Exp. 47630”.
31
“Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 22 de
abril de 2009, radicación 190012331000199409004-01 (14.667), Consejera Ponente: Myriam
Guerrero de Escobar”.
14
Radicación: 15001-23-33-000-2015-00731-01 (64.241).
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58. Entre el INVIAS y el Consorcio Vial Tunja se suscribió el contrato de obra
No. 1259 del 31 de agosto de 201132, cuyo objeto fue realizar el mejoramiento y
mantenimiento de las carreteras de la zona centro oriente, grupo 2; mejoramiento
y mantenimiento de la carretera Chiquinquirá – Tunja, Ruta 60, en el departamento
de Boyacá, por un valor de $2.477’591.641, con plazo hasta el 31 de diciembre de
2011. En el negocio jurídico, se pactaron, entre otras, las siguientes cláusulas:
“Cláusula décima quinta: multas y cláusula penal pecuniaria. En caso de
incumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden al CONTRATISTA, el
INSTITUTO aplicará multas por las causales y en las cuantías previstas en la
Resolución No. 3662 del 13 de agosto de 2007. Para el caso de incumplimiento
definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo (sic) CONTRATISTA, se estipula
una cláusula penal pecuniaria equivalente al 10% del valor total del contrato y de forma
proporcional al avance de la obra. El pago del valor aquí estipulado a título de cláusula
penal pecuniaria se considerará como indemnización parcial y no definitiva de los
perjuicios causados con el incumplimiento; en consecuencia, el INSTITUTO podrá
reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de
la cláusula penal. El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial o total
y la consecuente imposición de las multas y la cláusula penal, respectivamente,
será el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a través
del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas
y de la cláusula penal que se impongan al CONTRATISTA, EL INSTITUTO podrá
descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la
garantía de cumplimiento. (…)
Cláusula décima octava: Garantía Única. Para cubrir cualquier hecho constitutivo de
incumplimiento, el CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del INSTITUTO,
una garantía que ampare lo siguiente; a) el cumplimiento general del contrato y el pago
de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan, por una cuantía
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual
al plazo del mismo y seis (6) meses más. b) El buen manejo y correcta inversión del
anticipo concedido al CONTRATISTA, por el equivalente al cien por ciento (100%) del
monto que EL CONTRATISTA reciba en dinero o en especie, para la ejecución del
contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato. c) El pago de
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal que EL
CONTRATISTA haya de utilizar para la ejecución del contrato, por el equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del
mismo y tres (3) años más. d) La estabilidad y calidad de las obras ejecutadas, por
el equivalente al treinta por ciento (30%) del valor final de las obras, con vigencia
de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo
Definitivo a Satisfacción de las obras por parte del INSTITUTO. e) Calidad de los
estudios y diseños, con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la
fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo a satisfacción de
los estudios y diseños. Parágrafo Primero. Esta garantía deberá presentarse al
INSTITUTO dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma
del presente contrato y requerirá la aprobación del INSTITUTO. PARÁGRAFO
SEGUNDO. – Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de
perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la Orden de iniciación, EL
CONTRATISTA deberá ajustar la Garantía Única y Seguro de Responsabilidad
Civil Extracontractual, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento,
sin modificar la fecha de inicio de los amparos. PARÁGRAFO TERCERO:
32
Fls 41 – 46 Cuaderno No. 1.
15
Radicación: 15001-23-33-000-2015-00731-01 (64.241).
Accionante: INVIAS
Accionado: Consorcio Vial Tunja
Medio de control: Controversias Contractuales
INDEMNIDAD – El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al INSTITUTO
frente a cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las
actuaciones del CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes. PARÁGRAFO
CUARTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA – El
CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se
vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe el INSTITUTO, así
como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del presente
contrato. En el evento de que la garantía otorgada por el CONTRATISTA consista en
una fiducia mercantil, en la cual se hayan admitido bienes inmuebles, EL
CONTRATISTA estará en la obligación de actualizar el avalúo mínimo una vez cada
año calendario, en los términos del artículo 18 del decreto 4828 de 2008”.
59. El contrato de obra No. 1259 de 2011 quedó cubierto por la Póliza de Seguro
de Cumplimiento No. 30002244433 expedida por Condor S.A. el 08 de septiembre
de 2011, cuyo objeto fue garantizar el pago de los perjuicios derivados del
incumplimiento en desarrollo del referido contrato, con vigencia desde el 31 de
agosto de 2011 hasta el 31 de agosto de 2016. Igualmente, obra la Póliza de Seguro
de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 30000329634, con vigencia desde el
31 de agosto de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2012.
60. El 28 de septiembre de 201135, el INVIAS informó al contratista que aprobó
el documento inicial y el anexo No. 1 a la póliza de cumplimiento No. 300022444 y
el anexo a la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 300003296,
expedidas por la Compañía de Seguros Generales Cóndor S.A.
61. Durante el plazo contractual de ejecución se produjeron prórrogas, según se
plasma en el siguiente cuadro:
Contrato de obra No. 1259 del 31 de agosto de 2011
Adición y/o modificación Modificación de la Aprobación de las
del contrato de obra36. Pólizas por el contratista Pólizas por el INVIAS
Adicional No. 1 del 19 de La Póliza de cumplimiento38 El 22 de febrero de 201240,
diciembre de 201137, en el se prorrogó los amparos, el secretario general
cual se acordó prorrogar el entre ellos, el de calidad del técnico informó que aprobó
plazo desde el 31 de servicio y estabilidad de la el anexo No. 5 a la póliza de
diciembre de 2011 hasta el obra hasta el 31 de agosto cumplimiento 300022444 y
14 de mayo de 2012. de 2016, y la prórroga de la el anexo No. 1 a la póliza de
Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil
Responsabilidad Civil Extracontractual
Extracontractual No. 300003296.
33
Fl 59 Cuaderno No. 1.
34
Fl 60 Cuaderno No. 1.
35
Fl 58 Cuaderno No. 1.
36
En las tres adiciones contractuales se dispuso: “En la cláusula tercera se estipuló: “GARANTÍA
ÚNICA Y SEGURO. – Dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del presente documento,
EL CONTRATISTA se obliga a prorrogar la garantía única y el seguro que tiene constituidos, de
conformidad con el plazo que se fija en el mismo”.
37
Fl 46 Cuaderno No. 1.
38
Fl 62 Cuaderno No. 1.
40
Fl 61 Cuaderno No. 1.
16
Radicación: 15001-23-33-000-2015-00731-01 (64.241).
Accionante: INVIAS
Accionado: Consorcio Vial Tunja
Medio de control: Controversias Contractuales
30000329639 con vigencia
desde el 31 de agosto de
2011 hasta el 14 de mayo
de 2012.
Adición No. 2 del 04 de El contratista presentó las El 28 de mayo de 201242, se
mayo de 201241, se modificaciones de las envió comunicación del
prorrogó el plazo desde el pólizas. secretario general técnico
14 de mayo de 2012 hasta del INVÍAS al representante
el 14 de junio de ese año. del Consorcio Vial Tunja, en
la que le informó que la
secretaría aprobó el anexo
No. 6 a la póliza de
cumplimiento 30002244443
y el anexo 3 a la póliza de
Responsabilidad Civil
Extracontractual
30000329644.
Adición No. 3 del 14 de El contratista presentó las El 11 de julio de 201246, el
junio de 201245, se amplió modificaciones de las secretario general técnico
el plazo desde el 14 de pólizas. del INVÍAS informó al
junio hasta el 14 de agosto representante del consorcio
de 2012. que se aprobó el anexo No.
7 a la póliza de
cumplimiento No.
300022444 y el anexo No. 4
a la póliza de
Responsabilidad Civil
Extracontractual
300003296. La vigencia de
los amparos de calidad del
servicio y de estabilidad de
la obra se prorrogó hasta el
16 de agosto de 201647.
62. El 23 de mayo de 201348 las partes suscribieron acta de liquidación del
contrato de obra No. 1259, en la que se dejó constancia que se firma “sin
observaciones”, ni salvedades.
63. Posterior a la suscripción del acto de finiquito contractual en comento, la
Superintendencia Financiera emitió la Resolución No. 2211 del 5 de diciembre de
2013, mediante la cual se ordenó la liquidación forzosa administrativa de “Cóndor
S.A. Compañía de Seguros Generales”. Dicho acto administrativo dispuso:
39
Fl 67 reverso Cuaderno No. 1.
41
Fl 47 Cuaderno No. 1.
42
Fl 73 Cuaderno No. 1.
43
Fl 66 Cuaderno No. 1.
44
Fl 66 Cuaderno No. 1.
45
Fl 48 Cuaderno No. 1.
46
Fl 68 Cuaderno No. 1.
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Fl 69 Cuaderno No. 1.
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Fl 49 Cuaderno No. 1.
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Radicación: 15001-23-33-000-2015-00731-01 (64.241).
Accionante: INVIAS
Accionado: Consorcio Vial Tunja
Medio de control: Controversias Contractuales
“ARTÍCULO PRIMERO. - Ordenar la liquidación forzosa administrativa de CÓNDOR
S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES, identificada con el NIT 890.300.465-8,
con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., de conformidad con los motivos
expuestos en la parte considerativa del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO. - Además de los efectos previstos en el artículo 117 del Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero, y de acuerdo con lo previsto en los artículos 9.1.1.1.1
y 9.1.3.1.1 del Decreto 2555 de 2010, se disponen las siguientes medidas:
(…)
ARTÍCULO TERCERO. - En cumplimiento de lo dispuesto en el literal d) del artículo 117
del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en concordancia con el artículo 9.1.3.1.1.
del Decreto 2555 de 2010, se advierte que todos los contratos de seguro de
cumplimiento celebrados por la compañía y que no sean sujetos de cesión a otra
compañía aseguradora, terminarán de forma automática en un plazo de seis
meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.
ARTÍCULO CUARTO. - En cumplimiento de lo dispuesto en el literal d) del artículo 117
del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en concordancia con el artículo 9.1.3.1.1.
del Decreto 2555 de 2010, se advierte que todos los contratos de seguro, distintos a
seguros de cumplimiento, celebrados por la compañía y que no sean sujetos de cesión
a otra compañía aseguradora, terminarán de forma automática en un plazo de dos
meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.
(…)
ARTÍCULO SEXTO. - Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a
Mauricio Castro Forero, agente especial de CÓNDOR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
GENERALES, informándole que contra la misma procede el recurso de reposición que
deberá ser interpuesto dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, y que el
mismo no suspende la ejecución de la medida, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
335 del EOSF.
(…)
ARTÍCULO OCTAVO. - Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Capítulo Superintendencia Financiera de
Colombia.
ARTÍCULO NOVENO. - Notifíquese personalmente lo dispuesto en la presente
resolución al Banco de la República, a la Bolsa de Valores de Colombia, a los Depósitos
Centralizados de Valores, a los sistemas de negociación y/o registro de operaciones
sobre valores y/o divisas, a los sistemas de compensación y/o liquidación de valores, a
la cámara de compensación de divisas, y a la cámara de riesgo central de contraparte.”
64. El Consorcio tomó la Póliza de Cumplimiento No. 14-44-101083080
contraída con la compañía Seguros del Estado S.A., con fecha de expedición del
13 de mayo de 201649, en la que se amparó la estabilidad de la obra y la calidad
del servicio hasta el 14 de octubre de 201750; tal situación se comunicó al
Subdirector de la Red Nacional de Carreteras del INVIAS mediante oficio del 18 de
mayo de 201651.
65. El 1 de junio de 201652, el director de contratación del INVIAS informó al
representante del Consorcio sobre la aprobación de la nueva garantía del contrato
No. 1259 de 2011. En el citado oficio se indicó que la Póliza Única de Cumplimiento
No. 14-44-101083080 se expidió el 13 de mayo de 2016, por la Compañía de
49
Fl 91 Cuaderno No. 1.
50
Vigencia desde 20/01/2016 hasta 14/10/2017.
51
Fl 72 Cuaderno No. 1.
52
Igualmente, se aportó el acta de aprobación de garantías contractuales al contrato de obra 1259
de 2011, con fecha del 1 de junio de 2016.
18
Radicación: 15001-23-33-000-2015-00731-01 (64.241).
Accionante: INVIAS
Accionado: Consorcio Vial Tunja
Medio de control: Controversias Contractuales
Seguros del Estado S.A., y que por medio de dicha garantía el contratista sustituyó
los amparos postcontractuales, que inicialmente estuvieron a cargo de la
aseguradora Cóndor S.A. Compañía de Seguros Generales.
66. Asimismo, atendiendo el decreto de pruebas, el Consorcio Vial Tunja, el 4
de octubre de 201753, allegó certificación mediante la cual manifestó:
“(…) Certifico: que con posterioridad a la ejecución del contrato de obra pública No. 1259
de 2011 y entrega a satisfacción de las obras contratadas, jamás el INSTITUTO
NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS, adelantó actuación administrativa alguna en contra del
CONSORCIO VIAL TUNJA, con el propósito de imponer multa a nuestra organización
empresarial en nuestra condición de contratistas.
Certifico: que el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS, en su condición de
contratante del CONSORCIO VIAL TUNJA y con ocasión de la ejecución del contrato de
obra pública 1259 de 2011, jamás, en ningún momento de nuestra relación contractual
afectó las pólizas de garantías constituidas por nuestra organización empresarial a favor
del INVÍAS y que fueron: póliza de cumplimiento No. 300022444 y póliza de
responsabilidad extracontractual No. 300003296
Certifico: que durante la ejecución del contrato de obra pública No. 1259 de 2011, jamás
se redujo el valor de la garantía de cumplimiento constituida por el CONSORCIO VIAL,
como contratista, en favor del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS, en su condición
de entidad contratante.
Certifico: que con ocasión de la orden gubernamental de liquidación forzosa de
SEGUROS CONDOR S.A., impartida a través de la Superintendencia Financiera, el
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS, sí nos requirió para que sustituyéramos las
garantías originales constituidas a favor de la entidad contratante, lo cual hicimos como
se puede constatar con la entrega de las nuevas pólizas expedidas por SEGUROS DEL
ESTADO S.A., cuyas copias obran en la foliatura correspondiente. Lamentablemente en
nuestro archivo documental no fue hallado el oficio mediante el cual la entidad contratante
nos formuló tal requerimiento, pero tenemos la certeza de que copia del mismo puede
hallarse en los archivos del INVÍAS.
Certifico: Que el CONSORCIO VIAL TUNJA, en su condición de contratista, en el
marco de la ejecución del contrato 1259 de 2011, jamás tuvo conocimiento de que
las pólizas originales expedidas por SEGUROS CÓNDOR S.A. hubiesen sido
cedidas a otra compañía aseguradora.” (Resaltado de la Sala).
67. De igual forma, la jefe de la Oficina Jurídica del INVIAS aportó certificación
el 23 de octubre de 201754, en la que manifestó que el Grupo de Procesos
Administrativos Sancionatorios de la entidad “no registra hasta la fecha actos
administrativos de declaratoria de multa o sanción en firme por incumplimiento, ni
requerimientos de SINIESTROS por Estabilidad y/o Calidad efectuados por la
Unidad Ejecutora”.
68. Por último, en la citada certificación se indicó que la Unidad Ejecutora –
Subdirección Red Nacional de Carreteras de la entidad, aportó la siguiente
información:
53
Fls 193 – 194 Cuaderno No. 1.
54
Fl 206 Cuaderno No. 2.
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Radicación: 15001-23-33-000-2015-00731-01 (64.241).
Accionante: INVIAS
Accionado: Consorcio Vial Tunja
Medio de control: Controversias Contractuales
2. Comunicación de entrada INVÍAS 42569 del 18 de mayo de 2016, suscrita por el
ingeniero Juan Carlos Rico Infante, representante del Consorcio Vial Tunja, en la
que remite las pólizas de cumplimiento No. 14-44- 101083079 anexo No. 2 y 14-44-
101083080 anexo No. 1 de Seguros del Estado S.A.
3. Oficio No. DC 25286 del 1 de junio de 2016, suscrito por el señor Adolfo Andrés
Parodi Torres, director de contratación del INVÍAS, mediante el cual imparte
aprobación a la garantía de cumplimiento, a través del acta de fecha del 1 de junio
de 2016.
4. Acta de fecha del 1 de junio de 2016.
5. Garantía de cumplimiento, anexo No. 2.
69. Del citado plexo probatorio, es dable afirmar que el Consorcio Vial Tunja
constituyó correcta y oportunamente las pólizas pactadas en el contrato de obra;
garantías que, además, el INVIAS aprobó expresamente, tal como lo informó en
comunicación del 28 de septiembre de 2011. Asimismo, en cada una de las
prórrogas del contrato, el contratista cumplió con la obligación de modificar los
seguros que tenía constituidos, en los términos pactados con el INVIAS; y, a su vez,
en todas estas oportunidades, la entidad le informó al Consorcio sobre la aprobación
de las prórrogas de los seguros y de sus anexos, por cumplir satisfactoriamente los
términos contractuales. Adicionalmente, en el acta de liquidación no se dejó ninguna
observación ni salvedad sobre la garantía única.
70. Sin embargo, el recurrente alegó es el hecho de haberse mantenido cesante
este último amparo (falta de cobertura por un lapso parcial) con ocasión de la
liquidación forzosa de la compañía garante, lo que en su sentir constituye un
incumplimiento.
71. Considera esta Subsección que las obligaciones del contratista no se
agotaban con la constitución y aprobación de los seguros pactados, ni con la
ampliación de la garantía, sino que, en el caso específico de la póliza de
cumplimiento, le asistía el deber permanente de mantener la vigencia de los
amparos posteriores a la terminación del contrato, es decir, los relativos a la
estabilidad y calidad de la obra entregada.
72. Lo anterior obedece a la superioridad del interés asegurable que persigue la
póliza de cumplimiento y la obligatoria observancia de las normas de orden público
que no admiten que el contrato estatal quede desprovisto de protección patrimonial,
pues establece como imperativo que el cumplimiento de las obligaciones se avale
por una garantía única y que ésta tenga vigencia durante todo el negocio jurídico,
incluso posterior a ello, en este caso, frente al riesgo de inestabilidad y/o mala
calidad de la obra.
73. En otras palabras, es una obligación del contratista asegurar la plena y
continua vigencia de los amparos postcontractuales, dada la importancia superior
del interés asegurable imbricado en la póliza de cumplimiento, lo cual tiene
fundamento en la protección del patrimonio público, en tanto denota la preservación
de un bien de interés de trascendencia colectiva.
20
Radicación: 15001-23-33-000-2015-00731-01 (64.241).
Accionante: INVIAS
Accionado: Consorcio Vial Tunja
Medio de control: Controversias Contractuales
74. Al respecto, la Subsección B55 de la Sección Tercera de esta Corporación
resolvió previamente un caso similar al que ahora se estudia56, en el que el INVIAS
demandó al Consorcio Vial Tunja por el incumplimiento del contrato de obra No.
1258-2011. En dicha oportunidad, la demanda también se dirigió a obtener la
declaración de incumplimiento del contratista por omisión de la obligación
contractual de mantener vigente la garantía de estabilidad de la obra ejecutada,
luego de que la póliza que constituyó para tal efecto quedó sin vigencia por la
entrada en liquidación de la compañía aseguradora.
75. En esa oportunidad la Corporación sostuvo que el consorcio demandado
efectivamente estaba obligado a mantener vigente la garantía de estabilidad de la
obra durante el término legal57 y, como no lo hizo, incurrió en incumplimiento de sus
obligaciones postcontractuales; no obstante, negó las demás pretensiones porque
no evidenció que se hubieran causado perjuicios a la demandante.
76. Sin embargo, considera la Sala que, en el sub examine, la ausencia parcial
de vigencia de la póliza de cumplimiento No. 300022444 que derivó en el
desamparo (también parcial) del riesgo de inestabilidad y mala calidad de la obra,
no sería imputable al Consorcio Vial Tunja, por las siguientes razones:
77. En la Póliza de Cumplimiento se consignó que la vigencia del amparo de
estabilidad y calidad de las obras era de cinco (5) años, desde la fecha de
suscripción del acta de recibo definitivo a satisfacción por parte del INVIAS, la cual
según el acta de liquidación se firmó el 14 de septiembre de 201258, es decir, la
vigencia sería hasta el 14 de septiembre de 201759.
78. Sobre el proceso de liquidación forzosa administrativa de CÓNDOR S.A.
COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES, solo se allegó copia de la Resolución
No. 2211 del 05 de diciembre de 2013 expedida por el Superintendente Financiero
55
Sentencia del 13 de julio de 2022. Radicado No. 15001-23-33-000-2015-00735-01 No. Interno.
64.238. C.P.: Fredy Ibarra Martínez.
56
La Sala comparte la regla fijada en esta providencia, en el sentido que le corresponde al contratista
el deber de mantener la vigencia de cada uno de los amparos de acuerdo con las previsiones legales
y contractuales; sin embargo, en el presente asunto no se probó el incumplimiento de las
obligaciones postcontractuales por parte del demandado.
57
Al respecto, señaló la Subsección B: “(…) Contrario a lo que estimó el tribunal de primera instancia,
esta Sala considera que el deber de mantener la garantía del contrato no se cumple cabalmente con
la sola obtención inicial de la póliza, sino que corresponde al contratista mantener la vigencia de
cada uno de los amparos de acuerdo con las previsiones legales y contractuales; de este modo, si
el contrato de seguro termina o se extingue antes del vencimiento del plazo previsto, producto de
una decisión administrativa o de cualquier otra causa, el contratista tiene la obligación de sustituirla
inmediatamente para evitar que los riesgos asociados al contrato queden sin cobertura, obligación
que se extiende durante el término por el cual deban subsistir los amparos correspondientes.
4) Así las cosas, aunque no se configura el evento previsto en el parágrafo cuarto de la cláusula
décima octava, porque este es relativo únicamente a los eventos de reducción de la garantía
producto de reclamaciones no cabe duda acerca de la obligación del contratista de mantener la
vigencia de los amparos de acuerdo con lo pactado y con la finalidad que les asiste en el ámbito de
la contratación estatal.”
58
Fl. 49 Cuaderno No. 1.
59
En el ítem de comentario se plasmó: “El valor total ejecutado por el contratista se toma de
conformidad con el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de obra de Fecha 14/09/2012, suscrita por
el Representante Legal del contratista Ing. Miguel Ángel Sáenz Robles y el Interventor Ing. Luis
Onésimo Rosales Ordóñez”.
21
Radicación: 15001-23-33-000-2015-00731-01 (64.241).
Accionante: INVIAS
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Medio de control: Controversias Contractuales
(E), en la cual se resolvió que “todos los contratos de seguro de cumplimiento
celebrados por la compañía y que no sean sujetos de cesión a otra compañía
aseguradora, terminarán de forma automática en un plazo de seis meses contados
a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo”.
79. La Sala advierte que en las consideraciones del acto administrativo se indicó
que mediante Resolución 1482 del 5 de agosto de 2013, se ordenó tomar posesión
de los bienes, haberes y negocios de Seguros Cóndor; además que la decisión se
fijó en la puerta de las oficinas del domicilio principal y las sucursales de la
compañía, la publicación en un diario de amplia circulación nacional, en la página
web de la entidad y en el boletín del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
Capítulo Superintendencia Financiera.
80. En este punto, se debe precisar que, de conformidad con el artículo 115 del
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado por el artículo 21 de la Ley
510 de 1999, la toma de posesión tendrá por objeto establecer si la entidad vigilada
debe ser objeto de liquidación; si es posible colocarla en condiciones de desarrollar
adecuadamente su objeto social, o si se pueden realizar otras operaciones que
permitan lograr mejores condiciones60; es decir, no implica per se la liquidación
forzosa administrativa de la compañía de seguros y, por consiguiente, la terminación
automática de los seguros de cumplimiento.
81. Ahora bien, se ordenó notificar personalmente el contenido de la Resolución
2211 de 2013 al agente especial de la Compañía de Seguros y al Banco de la
República, a la Bolsa de Valores de Colombia, a los Depósitos Centralizados de
Valores, a los sistemas de negociación y/o registro de operaciones sobre valores
y/o divisas, a los sistemas de compensación y/o liquidación de valores, a la cámara
de compensación de divisas, y a la cámara de riesgo central de contraparte y
publicarla en el Boletín del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; sin que exista
evidencia en el plenario que se notificó y publicó el referido acto administrativo.
82. El artículo 9.1.3.1.2 del Decreto 2555 de 2010 estipula sobre la notificación
lo siguiente:
“ARTÍCULO 9.1.3.1.2 Ejecución y notificación de la medida de liquidación
forzosa administrativa. De conformidad con el artículo 291 del Estatuto Orgánico
del Sistema Financiero, modificado por el artículo 24 de la Ley 510 de 1999, la
decisión de liquidación forzosa administrativa será de cumplimiento inmediato a
través del funcionario comisionado para el efecto por el Superintendente Financiero
y se notificará por un aviso que se fijará por un día en lugar público de las oficinas
de la administración del domicilio social de la intervenida.
Sin perjuicio de su cumplimiento inmediato, dentro de los tres (3) días siguientes a
la fecha en que se haga efectiva la medida, la resolución por la cual se adopte se
publicará por una sola vez en un diario de circulación nacional y en el boletín
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, capítulo de la Superintendencia
Financiera de Colombia, así como a través de los mecanismos de información
electrónica de que disponga la Superintendencia.
60
ARTÍCULO 9.1.1.1.1 Decreto 2255 de 2010.
22
Radicación: 15001-23-33-000-2015-00731-01 (64.241).
Accionante: INVIAS
Accionado: Consorcio Vial Tunja
Medio de control: Controversias Contractuales
83. En conclusión, las piezas probatorias que obran en el expediente no otorgan
la certidumbre requerida para colegir que la Resolución 2211 de 2013 fue
publicada en un diario de circulación nacional y en el boletín del Ministerio de
Hacienda, pues nada se probó al respecto por parte de la entidad demandante61.
84. Al hilo de lo anterior, cabe señalar que no se tiene certeza cuándo cobró
ejecutoria el citado acto administrativo, por cuanto no se allegó el expediente
administrativo del procedimiento de liquidación forzosa de la Compañía de Seguros,
a fin de contabilizar el término de seis (6) meses para que terminara de forma
automática el contrato de seguro de cumplimiento objeto de litis, pues contra la
resolución procedía el recurso de reposición62.
85. Sin perjuicio de todo lo anterior –que sería suficiente para despachar
negativamente este cargo de la apelación–, la Sala estima pertinente mencionar
que tampoco se demostró que la Superintendencia Financiera o la Compañía de
Seguros liquidada comunicaran al contratista sobre la terminación automática de
la Póliza de Seguro de Cumplimiento No. 300022444; y tampoco que la entidad
accionante haya requerido63 al Consorcio Vial Tunja para que tomara una nueva
garantía para el periodo que presuntamente quedó desamparado, y por el tiempo
restante de su obligación, de manera que el incumplimiento aducido no se configuró
en el sub examine, pues no probó que se haya constituido en mora al
demandado.
86. En consecuencia, si como resultado de la liquidación forzosa administrativa
de la compañía aseguradora no se mantuvo presuntamente, durante un
determinado periodo, la vigencia del amparo de estabilidad y calidad de la obra, ello
61
La Sala considera que conforme a lo dispuesto en el artículo 177 del C.G.P., no es posible verificar
en la página web del Ministerio de Hacienda se publicó el referido acto administrativo, atendiendo lo
expuesto por esta Corporación: “(…) La disposición citada es clara en indicar que se aplica a las
<<resoluciones, circulares y conceptos>>. Ello no es extensible a cualquier documento que esté en
la página web de las entidades. Lo contrario conllevaría desconocer que las pruebas deben allegarse
al proceso agotando un trámite que comprende necesariamente su decreto. Y esto implica que las
partes carezcan de la oportunidad de ejercer la contradicción de dichos medios probatorios. Lo que
dispone el 177 del CGP es que las <<normas jurídicas>> de las entidades y los actos precisos
indicados en la disposición, cuando estén publicadas en la página web, no requieren de prueba en
el proceso, en la medida en que el derecho aplicable para adoptar una decisión no requiere ser
acreditado en un proceso, y en la medida en que el medio de publicación general válido de esta
normativa particular de tales entidades es su inclusión en su página web. Una cosa es que el juez
pueda aplicar una norma publicada en la página web de una entidad para adoptar determinada
decisión, o tener por probada una <<resolución, circular o concepto, de una autoridad
administrativa>> cuando sobre ella verse la decisión que deba adoptar, y otra cosa es considerar
que el juez puede valorar como prueba cualquier información que consiga en la página web de una
entidad por considerarla información pública.” (Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso
Administrativo – Sala Plena, M.P. Martín Bermúdez Muñoz, sentencia del 10 de mayo de 2022,
radicado: 11001-03-15-000-2019-00771-01).
62
Advierte la Sala que presuntamente la garantía única que amparaba la estabilidad de la obra no
estuvo vigente entre el 23 de junio de 2014 (fecha en la que se cumplió el plazo definido en la
Resolución No. 2211 de 2013, sino se interpuso el recurso de reposición) y el 20 de enero de 2016
(momento desde el cual estuvo vigente la Póliza 14-44-101083080 constituida por el Consorcio para
amparar nuevamente la estabilidad de la obra).
63
En efecto, en la certificación de fecha 04 de octubre de 2017, el Consorcio aceptó que el INVIAS
los requirió para que sustituyeran las garantías originales; no obstante, no se halló el oficio mediante
el cual se formuló tal requerimiento; por lo que considera la Sala que la citada certificación no da
certeza del momento en que la entidad estatal interpeló al contratista para tomar una nueva póliza
por el término restante de vigencia del amparo de estabilidad.
23
Radicación: 15001-23-33-000-2015-00731-01 (64.241).
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no configura un incumplimiento jurídicamente atribuible al contratista. Al respecto,
la Sala precisa que el incumplimiento corresponde a una conducta contraria a
derecho, es decir, a la insatisfacción del interés del acreedor causada por el hecho
o la culpa del deudor, o por un acontecimiento ajeno o propio que, aunque no
culposo, le es atribuible por estar comprendido dentro de los riesgos que asume,
bien por mandato legal, ora por estipulación contractual. En el presente caso, la
insatisfacción del interés de la entidad estatal en que se mantuviera vigente la
cobertura del riesgo de estabilidad y calidad de la obra no constituye, sin embargo,
un incumplimiento imputable al contratista, pues —como se ha analizado— no obra
constancia de que este hubiera sido informado, por los medios legalmente
establecidos, de la terminación del contrato de seguro como consecuencia de la
liquidación de la aseguradora. Se trata, por tanto, de un acontecimiento extraño que
impide atribuir el desamparo a su hecho o culpa”.
87. Ahora, el Decreto 2555 de 2010, sobre los efectos de la terminación de los
contratos de seguro producto de la toma de posesión de una aseguradora con fines
de liquidación, prevé la devolución al tomador del seguro del porcentaje no
devengado de la prima:
“ARTÍCULO 9.1.3.1.3 Cesión de contratos de seguros. Para la terminación o cesión
de los contratos de seguro en el evento de toma de posesión para liquidar una
entidad aseguradora, de acuerdo con lo establecido en el artículo 117 del Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero, se seguirán las siguientes reglas:
(…)
b) La Superintendencia Financiera de Colombia está facultada para ampliar el
mencionado plazo a un máximo de seis (6) meses para el caso de contratos de
seguro de vida o cumplimiento. Vencido este término, el contrato se terminará y
dará lugar a la devolución de la prima no devengada, si a ello hubiere lugar, de
conformidad con las reglas que para el efecto establece el Código de Comercio;”
(Se resalta)
88. Al respecto, no se probó que con ocasión a la terminación del contrato de
seguro se haya devuelto la prima no devengada al tomador -contratista-, antes de
la interposición de la presente demanda, por lo que tampoco es posible tener por
acreditada la notificación por conducta concluyente, por lo que no le era exigible al
demandado la obligación postcontractual de mantener la vigencia de los amparos
posteriores a la terminación del contrato.
89. Así las cosas, lo que se constata es que la parte actora no cumplió con la
carga de la prueba que le compelía en torno al aspecto en estudio –onus probando
incumbit actori-, según lo previsto en el artículo 167 del C.G.P.64–, toda vez que no
logró acreditar el fundamento en que apoyó su pedimento, dado que no demostró
que el Consorcio Vial Tunja haya tenido conocimiento sobre la terminación
automática de la Póliza de Cumplimiento.
90. Por el contrario, advierte la Sala que, pese a que el riesgo postcontractual
64
“ARTÍCULO 167. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de
las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.
24
Radicación: 15001-23-33-000-2015-00731-01 (64.241).
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Medio de control: Controversias Contractuales
del acuerdo de voluntades objeto de litis estuvo parcialmente sin cobertura por un
período de tiempo, también es cierto que una vez se le puso de presente dicha
situación al Consorcio Vial Tunja, este procedió a corregir la situación presentada,
con la constitución de nuevas pólizas65 con la Compañía Seguros del Estado S.A.;
diligencia que no permite acreditar el incumplimiento que aduce el INVIAS.
91. En suma, la Sala reitera que en el sub lite quedó demostrado que: (i) se
concretó una situación jurídica correspondiente a la liquidación de la Compañía de
Seguros que amparaba el contrato No. 1259 del 31 de agosto de 2011, lo que se
materializó a través de una decisión de la Superintendencia Financiera -Resolución
2211 de 2013-; (ii) la liquidación forzosa conllevó a la terminación automática del
contrato de seguro de cumplimiento (Póliza No. 300022444), seis meses después
a la ejecutoria de la citada resolución; (iii) la parte accionada en su contestación
manifestó66 desconocer el acto administrativo mediante el cual se ordenó la
terminación anticipada del contrato de seguro, con ocasión de la liquidación forzosa
de la compañía que expidió la póliza; (iv) no se probó que dicha decisión se haya
publicado, ni que se haya notificado a las entidades relacionadas en dicho acto,
tampoco está acreditado que la referida Resolución fuera comunicada al Consorcio
Vial Tunja; (v) por lo anterior, tampoco es imputable a la demandada el
incumplimiento de la obligación postcontractual en comento.
92. Así las cosas, y atendiendo que no se configuró el incumplimiento contractual
reprochado al Consorcio Vial de Tunja, es improcedente pronunciarse sobre la
indemnización de perjuicios solicitada en la demanda.
93. Por lo expuesto, la Sala desestimará los reparos realizados por el apelante,
y confirmará la sentencia de primera instancia.
Costas y agencias en derecho67
65
Con fecha de expedición 13 de mayo de 2016, y vigencia de cobertura desde el 20/01/2016 a
14/10/2017.
66
Se puede inferir de lo siguiente “(…) En todo caso, honorables Magistrados, como quiera que
hayan ocurrido los hechos sucintamente relatados, resulta una verdad irrefragable que en la
producción de los mismos, ninguna participación tuvieron ni podían tener los miembros del
CONSORCIO VIAL TUNJA, como ninguna responsabilidad pudieron tener en la decisión de
liquidación forzosa tomada por la Superintendencia Financiera, el universo anónimo de afianzados
por SEGUROS CONDOR S.A. en aquel momento histórico. (…) 5.8 NO ES CIERTO EL
CONSORCIO CONTRATISTA CUMPLIÓ TODAS SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y HA
ESTADO ATENTO A LA SUSTITUCIÓN DE LAS GARANTÍAS CUANDO FUE REQUERIDO POR
EL INVIAS PARA TALES EFECTOS, COMO LO DEMUESTRA LE HECHO DE LA CONSTITUCIÓN
DE LAS GARANTÍAS RESTANTES QUE OBRAN EN PODER DEL INVIAS, DEBIDAMENTE
APROBADAS (…) Sin embargo, como son parcialmente ciertas tales afirmaciones, nos tenemos a
lo probado en el proceso, porque lo que resulta incontrovertible es que mis representados cumplieron
con la sustitución de las garantías, de manera diligente cuando fueron requeridos para tales efectos
por el INVIAS, como está demostrado con las pólizas sustitutivas expedidas por SEGUROS DEL
ESTADO S.A.”
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En asuntos como el presente, el magistrado ponente estima que, para demandar en costas a la
demandada (no así a la demandante vencida), debe acudirse a un criterio subjetivo, en aplicación
del mandato incorporado -con la Ley 2080 de 2021- en el artículo 188 del CPACA, conforme al cual
en todos los casos (salvo en litigios relacionados con grave violación de derechos humanos, donde
no procede, o en actuaciones gobernadas con reglas especiales, como los recursos extraordinarios),
corresponde comprobarse si la demanda careció manifiestamente de fundamento legal. Sin
embargo, también reconoce que no es una interpretación pacífica, por lo que -hasta tanto la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo no unifique la subregla y sin perjuicio de exponer, vía
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Radicación: 15001-23-33-000-2015-00731-01 (64.241).
Accionante: INVIAS
Accionado: Consorcio Vial Tunja
Medio de control: Controversias Contractuales
Primera instancia
94. De conformidad con lo establecido en el artículo 188 del CPACA, la
liquidación y ejecución de la condena en costas se sujetará a las reglas del Código
de Procedimiento Civil, actualmente CGP. Según lo dispuesto en el numeral 1 del
artículo 365 ibidem68, se condenará en costas a la parte vencida en el proceso.
proceso y las agencias en derecho.
95. Se advierte que, bajo las reglas del Código en cita, la condena en costas no
requiere de la apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte a la
cual se le imponen, toda vez que en el régimen actual dicha condena se determina
con fundamento en un criterio netamente objetivo, “siempre que exista prueba de
su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por
la ley”.
96. Frente a la condena en costas en primera instancia -asunto que se planteó
por la parte actora en su recurso de apelación-, debido a que se negaron las
pretensiones, no hay a lugar a su revocatoria69. Por lo tanto, era procedente la
condena en costas en la primera instancia, que se integra por los gastos del proceso
y las agencias en derecho.
Segunda instancia
97. La Sala condenará en costas a la demandante en la medida en que el
recurso que interpuso se resuelve de manera desfavorable70.
98. En relación con las agencias en derecho, se pone de presente que se regirán
por el artículo 6 del Acuerdo No. 1887 de 200371 proferido por el Consejo Superior
de la Judicatura, vigente para el momento en el que se interpuso la demanda,
conforme al cual las agencias en derecho para el trámite de segunda instancia, en
materia contencioso administrativa (numeral 3.1.3), pueden fijarse en “Hasta el
cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la
aclaración, el anterior discernimiento- acogerá la actual posición mayoritaria de la Sección Tercera,
que se inclina por mantener un criterio objetivo.
68
“En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena
en costas se sujetará a las siguientes reglas: “1. Se condenará en costas a la parte vencida en el
proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja,
súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código”.
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Además, no es cierto que, con ocasión a la presentación del libelo introductorio, el Consorcio Vial
Tunja cumpliera con la obligación de restablecer la garantía, pues el 13 de mayo de 2016 se tomó
Póliza de Cumplimiento No. 14-44-101083080, y la demanda se notificó personalmente al accionado
el 23 de noviembre de 2016.
70
Según el numeral 1º del artículo 365 del CGP, se condenará en costas a la parte a la que se le
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. El numeral 3º también dispone que en la
providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al
recurrente en las costas de la segunda.
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ACUERDO PSAA16-10554 de 2016: “ARTÍCULO 7º. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir
de su publicación y se aplicará respecto de los procesos iniciados a partir de dicha fecha. Los
comenzados antes se siguen regulando por los reglamentos anteriores sobre la materia, de manera
especial los contenidos en los Acuerdos 1887 de 2003, 2222 de 2003 y 9943 de 2013 de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura”
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Radicación: 15001-23-33-000-2015-00731-01 (64.241).
Accionante: INVIAS
Accionado: Consorcio Vial Tunja
Medio de control: Controversias Contractuales
sentencia”, en aquellos asuntos con cuantía.
99. En el presente caso, la cuantía de la demanda se estimó en mil trescientos
setenta y dos millones con veintiséis pesos m/cte. ($1’372.000.026)72. Así, se
establece como agencias en derecho, a cargo del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
• INVIAS, la suma equivalente al cero coma dos por ciento (0,2%)73 del valor de las
pretensiones de la demanda, a favor de la parte demandada, correspondiente a la
suma de dos millones setecientos cuarenta y cuatro mil pesos m/cte. ($2’744.000),
como consecuencia de la vigilancia que ésta debió realizar al trámite de la segunda
instancia del proceso.
100. Ante esta definición, se impone la liquidación de las costas de manera
concentrada por parte del Tribunal de origen, en los términos del artículo 366 del
Código General del Proceso74.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 14 de mayo de 2019 por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, de conformidad con las razones expuestas en
esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte actora, en favor
del Consorcio Vial Tunja. Para el efecto, las agencias en derecho se fijan en la suma
de dos millones setecientos cuarenta y cuatro mil pesos m/cte. ($2’744.000). Las
costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal a quo.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen para lo de su cargo.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Con salvamento de Voto
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
72
Folio 38 Cuaderno No. 1.
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En vista de que el apoderado de la entidad demandada no intervino en segunda instancia (con
impulsión procesal directa), la Sala considera razonable este porcentaje.
74
A cuyo tenor: “Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el
juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede
ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas (…)”.
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Radicación: 15001-23-33-000-2015-00731-01 (64.241).
Accionante: INVIAS
Accionado: Consorcio Vial Tunja
Medio de control: Controversias Contractuales
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono
celular el código QR que aparece a la derecha.
VF
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