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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-33-000-2013-00328-01

Fecha
5 de febrero de 2024
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-33-000-2013-00328-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 24 de agosto de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, de conformidad con las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte actora, para lo cual se fija como agencias en derecho para la segunda instancia, la suma de siete millones cinco mil ochocientos sesenta y tres pesos m/cte ($7’005.863), a favor de Instituto Nacional de Vías -INVÍAS- 51 Que fija, en su numeral 3.3.1. que las agencias en derecho podrán ser fijadas en hasta el 5% de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia. Este Acuerdo es aplicable a este caso pese a la derogatoria que hizo de él el Acuerdo 10554 de 2016 que fue expedido con ocasión de la entrada en vigencia del CGP. El Acuerdo 10554 estableció en su artículo 7º que “se aplicará respecto de los procesos iniciados a partir de dicha fecha. Los comenzados antes se siguen regulando por los reglamentos anteriores sobre la materia, de manera especial los contenidos en los Acuerdos 1887 de 2003 (…)”. 30 Radicación: 130012333000201300328 01 (62.324) Demandante: Seguros del Estado S.A. Demandado: Instituto Nacional de Vías –INVIAS- Asunto: Controversias contractuales TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 13001-23-33-000-2013-00328-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

5 de febrero de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 130012333000201300328 01 (62.324)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandado: Instituto Nacional de Vías –INVIAS-
Acción: Controversias contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia

Temas: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA – efectos de la suspensión del negocio jurídico / CONTRATO
DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO – vigencia durante la suspensión del contrato asegurado /
CONTRATO DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO – naturaleza e improcedencia de su revocación
unilateral / INTERÉS ASEGURABLE EN EL CONTRATO DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO – interés
superior contenido en normas de orden público / TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO DE
SEGURO DE CUMPLIMIENTO – inaplicabilidad tratándose de contratos estatales / ALTERACIÓN DEL
ESTADO DEL RIESGO – presupuestos - carga de información / DEBIDO PROCESO EN MATERIA
CONTRACTUAL – relevancia de la citación al garante.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado,
procede la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia mediante la
cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

En esta instancia la controversia gira alrededor de la nulidad de los actos
administrativos a través de los cuales se hizo efectivo el amparo de buen manejo y
correcta inversión del anticipo, con fundamento en que tal declaración no era
procedente porque el contrato de obra estaba suspendido, el contrato de seguro había
terminado previamente por falta de notificación de la alteración del estado del riesgo,
y porque no era posible afectar ese amparo sin haberse realizado previamente la
liquidación del contrato de obra. Asimismo, se discute la validez del acto administrativo
por medio del cual se declaró la caducidad del contrato de obra porque las citaciones
que se enviaron a la aseguradora para asistir al procedimiento administrativo en el que
se adoptó esa decisión fueron inoportunas.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la decisión proferida el 24 de agosto de 2015 por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, a través de la cual decidió:

“PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de las Resoluciones Nos. 02908 del 17
de junio de 2011, 04089 del 17 de agosto de 2011 y 05193 del 4 de octubre de
2011 emitidas por el INVÍAS, únicamente con el alcance de determinar que la multa
que allí se impuso al contratista CONSORCIO U-M 035 por valor de
$60.864.505.80, no le es exigible a SEGUROS DEL ESTADO S.A. en virtud de la
Póliza de Seguro de Cumplimiento de Entidades Estatales No. 21-44-101072909

Radicación: 130012333000201300328 01 (62.324)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandado: Instituto Nacional de Vías –INVIAS-
Asunto: Controversias contractuales

expedida por dicha compañía. Lo anterior, con fundamento en los argumentos
expuestos en la parte motiva de este fallo.

“SEGUNDO: Como consecuencia de la anulación parcial que se decreta de las
Resoluciones Nos. 02908 del 17 de junio de 2011, 04089 del 17 de agosto de 2011
y 05193 del 4 de octubre de 2011 proferidas por el INVÍAS, y a título de
restablecimiento del derecho a favor de SEGUROS DEL ESTADO S.A., se declara
que al no serle exigible a esta compañía aseguradora la multa por valor de
$60.864.505.80 impuesta al contratista CONSORCIO U-M 035, y en el evento que
SEGUROS DEL ESTADO S.A. hubiere cancelado la misma al INVIAS, esta última
entidad deberá devolver lo recibido por dicho concepto a SEGUROS DEL ESTADO
S.A., previa actualización de ese monto a la fecha de ejecutoria de la presente
sentencia. Lo anterior, con sujeción a la parte motiva de este proveído.

“TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

“CUARTO: CONDENAR a ambas partes al pago de costas procesales, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia, para
cuya liquidación se deberá observar lo dispuesto en los artículos 365 y 366 del
Código General del Proceso, y se incluirán las agencias en derecho que fueron
fijadas a cargo del INVÍAS y a favor de SEGUROS DEL ESTADO S.A., en la suma
de $608.645 y a cargo de SEGUROS DEL ESTADO S.A. y en favor del INVÍAS en
la suma de $5’456.529,00. Lo anterior, por las razones señaladas en las
consideraciones de este fallo.

“QUINTO: ORDENAR la compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación
para que en el marco de sus competencias, investigue las presuntas
irregularidades que pudieron existir en torno a la disposición, pago, desembolso,
manejo bancario y amortización del valor del anticipo que fuere entregado en
desarrollo del contrato estatal objeto de la presente demanda.

“SEXTO: Ejecutoriada la presente providencia, expídase por SECRETARÍA
GENERAL de este Tribunal copia auténtica para su cumplimiento, con las
constancias de ley. Previas las anotaciones de rigor, archívese el expediente”1.

La providencia cuestionada resolvió la demanda cuyas pretensiones, hechos
principales y fundamentos de derecho se enuncian a continuación:

Pretensiones

2. El 3 de diciembre de 2012 2 , Seguros del Estado S.A. (en adelante, la
demandante o la aseguradora) presentó demanda contra el Instituto Nacional de Vías
(en adelante, el INVÍAS, el Instituto o el demandado), con el fin de obtener las
siguientes declaraciones y condenas (se transcribe como obra en el texto original):

“Primera: Que se declare la nulidad de las Resoluciones Nos. 2908, 4089 y 5193
de 2.011 del Jefe Oficina Asesora Jurídica del anotado Instituto, solo en cuanto
tienen que ver con la aseguradora demandante, por medio de las cuales, primera
y tercera, dicho funcionario declaró y aclaró la ocurrencia del siniestro de buen
manejo y correcta inversión del anticipo del contrato de obra pública No. 620 de
2.010 por valor de $576’085.167, amparado por la demandante Seguros del
Estado S.A. en su póliza No. 21-44-101072909, e impuso multa por
$60’864.505,80 con cargo al mismo amparo, y con la segunda de dichas
resoluciones confirmó lo resuelto en la primera de ellas.
1 Folios 300 y 301 del cuaderno principal.
2 Folio 20 (reverso) del cuaderno 1.

2

Radicación: 130012333000201300328 01 (62.324)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandado: Instituto Nacional de Vías –INVIAS-
Asunto: Controversias contractuales

Segunda: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 4266 de 2.011 del Jefe
Oficina Asesora Jurídica del anotado Instituto, solo en cuanto por medio de ella
dicho funcionario ordenó hacer efectiva, contra la demandante Seguros del Estado
S.A., la anotada póliza No. 21-44-101072909 en el amparo de cumplimiento por
valor de $121’729.011 (artículos tercero, cuarto y quinto).

Tercera: Que a título de restablecimiento del derecho, se disponga:

i) que la demandante Seguros del Estado S.A. no debe suma alguna de dinero al
Instituto Nacional de Vías por concepto del amparo de buen manejo y correcta
inversión del anticipo contenido en su póliza No. 21-44-101072909, o se condene
a este último a restituirle a aquella, en pesos actualizados, toda suma de dinero
que, hasta el momento del fallo, hubiere recibido por cuenta o en razón de las
Resoluciones Nos. 2908, 4089 y 5193 de 2.011 que aquí se pide anular; y

ii) que se condene al Instituto Nacional de Vías al pago de la siguiente suma, la
cual, para efectos de lo dispuesto en el artículo 206 del CGP – ley 1564 /12, estimo
en $124’483.197,50 más la actualización e intereses moratorios comerciales
correspondientes, liquidados desde el 4 de noviembre /11 hasta el día del pago
(Resolución No. 4266/11).

Cuarta: Que se condene en costas a la parte demandada”3.

Hechos

3. Como supuesto fáctico de sus pretensiones, la demandante refirió, en suma, lo
siguiente.

4. El INVÍAS y el consorcio U-M 035 (en adelante, el consorcio o el contratista)
suscribieron el contrato 620 del 14 de septiembre de 2010, para “la construcción de
accesos y obras complementarias para el puente Botón de Leyva en la carretera
Mompós – Guamal, ruta 7804”, por un valor de $1.217’290.116 y un plazo que vencía
el 31 de diciembre de 2010; no obstante, debido a las suspensiones que se pactaron,
su término se extendió hasta el 29 de agosto de 2011.

5. A solicitud del contratista, Seguros del Estado S.A. otorgó a favor del INVÍAS la
garantía única de cumplimiento contenida en la póliza 21-44-101072909, mediante la
cual se cubrieron cinco amparos, entre ellos, el de cumplimiento, por valor de
$121’729.011,60, y el de buen manejo y correcta inversión del anticipo, por la suma de
$608’645.058. El 23 de septiembre de 2010 la póliza fue aprobada por INVÍAS.

6. El 29 de octubre de 2010, cuando estaba suspendido el contrato, INVÍAS giró
al contratista $576’099.828, por concepto de pago del anticipo estipulado en el negocio
jurídico. El 15 de abril de 2011, el interventor –consorcio IAR Ingeniería– manifestó al
INVÍAS que, ese mismo día, Bancolombia le informó que el contratista retiró de la
cuenta corriente conjunta casi la totalidad del dinero depositado a título de anticipo,
dejando un saldo de $14.661.

3 Folios 2 y 3 del cuaderno 1.

3

Radicación: 130012333000201300328 01 (62.324)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandado: Instituto Nacional de Vías –INVIAS-
Asunto: Controversias contractuales

7. INVIAS profirió las Resoluciones Nos: (i) 2908 del 17 de junio de 2011, mediante
la cual declaró la ocurrencia del siniestro cubierto por el amparo de buen manejo y
correcta inversión del anticipo y le impuso una multa al contratista por el monto de
$60’864.505, para cuyo cobro afectó el mismo amparo; (ii) 4089 del 17 de agosto de
2011, a través de la cual se confirmó la Resolución 2908; y, (iii) 5193 del 4 de octubre
de 2011, que aclaró el contenido del artículo segundo de la 29084.

8. En consideración a que después de ocho (8) meses de haber iniciado el plazo
del contrato su porcentaje de ejecución era “cero”, el INVIAS adelantó un
procedimiento sancionatorio en contra del contratista, el cual culminó con la expedición
de la Resolución No. 4266 de 2011, por medio de la cual declaró la caducidad del
negocio jurídico, aplicó la cláusula penal pecuniaria pactada y ordenó hacer efectiva la
garantía en el amparo de cumplimiento por $121’729.011.

9. A pesar de que la aseguradora no fue convocada oportunamente a la audiencia
en la que se profirió la Resolución No. 4266, el 4 de noviembre de 2011, pagó al INVIAS
la suma de $124’483.197.50, con inclusión de los intereses causados hasta ese
momento.

Fundamentos de derecho

10. En relación con las Resoluciones Nos. 2908, 4089 y 5193 de 2011, la pretensión
de nulidad se soportó en la infracción de los artículos 1054, 1055, 1057, 1073 y 1060
del Código de Comercio, 1602 del Código Civil y 1072 del Código de Comercio, y 60 y
61 de la Ley 80 de 1993.

11. En lo que concierne a los primeros cuatro artículos del Código de Comercio, se
señaló que debido a que el contrato principal –el de obra– estaba suspendido cuando
se hizo el depósito y se retiraron los recursos de la cuenta, lo mismo debía predicarse
respecto del contrato de seguro por ser accesorio, por lo cual las obligaciones de la
aseguradora no eran exigibles durante ese período.

12. Respecto del artículo 1060 del Código de Comercio, indicó que se vulneró
porque la póliza se hizo efectiva a pesar de que el contrato de seguro había terminado
anticipadamente, en tanto no se le notificó a la aseguradora acerca de la alteración del
estado del riesgo que se produjo por el hecho de que, aunque se pactó en el contrato
de obra que el dinero sería manejado a través de una cuenta corriente de manejo
conjunto entre el contratista y el interventor, el banco desembolsó los recursos sin la
firma de este último.

13. Reseñó que se desconocieron los artículos 1602 del Código Civil y 1072 del
Código de Comercio, puesto que la entidad obvió los amparos del contrato de seguro,
al imponer una multa con base en el riesgo de buen manejo y correcta inversión del
anticipo, pese a que dicho amparo no cobija la imposición de una sanción de esta
naturaleza.

4 En el sentido de aclarar que el valor de $60’864.505,85 se imponía a título de multa.

4

Radicación: 130012333000201300328 01 (62.324)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandado: Instituto Nacional de Vías –INVIAS-
Asunto: Controversias contractuales

14. El cuarto cargo se relacionó con la violación de los artículos 60 y 61 de la Ley
80 de 1993 y se soportó en que, sin liquidarse el negocio jurídico, el INVIAS concluyó
que el contratista no “amortizó” el anticipo y que ocurrió el siniestro amparado, lo cual
desconoce el propósito del finiquito del contrato, al ser una etapa que permite
establecer el balance final de la ejecución del acuerdo de voluntades.

15. Al referirse a la Resolución No. 4266 de 2011, por medio de la cual se declaró
la caducidad del contrato de obra, se alegó que el demandado vulneró el derecho al
debido proceso de la aseguradora, en tanto no le dio la oportunidad de comparecer a
la audiencia en la que se profirió esa decisión, pues las dos citaciones que se le
remitieron para el efecto no fueron recibidas a tiempo.

La contestación de la demanda5

16. INVÍAS se opuso a las súplicas incoadas6; para el efecto, propuso los siguientes
medios exceptivos: (i) falta de causa; dado que la actuación de la entidad se enmarcó
en lo previsto en el ordenamiento legal; (ii) inexistencia de la obligación, pues las
resoluciones debatidas gozan de presunción de legalidad; y (iii) prescripción, por
cuanto “si alguna vez el demandante tuvo algún derecho al reclamo, éste se encuentra
prescrito por el paso del tiempo”7.

Alegatos en primera instancia

17. Surtido el debate probatorio 8 , en el término para alegar de conclusión, la
demandante insistió en los razonamientos que plasmó en el libelo introductorio 9. A su
turno, INVÍAS reiteró los argumentos de su defensa 10 . El Ministerio Público no se
pronunció.

Fundamentos de la providencia recurrida

18. El Tribunal Administrativo de Bolívar accedió parcialmente a las súplicas de la
demanda en los términos transcritos al inicio de este proveído. Como fundamento de
su decisión, explicó que no tienen vocación de prosperidad tres de los cuatro cargos
de nulidad formulados en contra de las Resoluciones Nos. 2908, 4089 y 5193 de 2011,
por las siguientes razones:

5 En la contestación del libelo introductorio el INVIAS se limitó a manifestar las breves argumentaciones que se

relacionan en este acápite.
6 Folios 143 a 147 del cuaderno 1.
7 Folio 147 del cuaderno 1.
8 En la audiencia inicial del 9 de julio de 2014, el Tribunal decretó las pruebas documentales aportadas con la

demanda y con la contestación de ésta –folios 21 a 105 y 130 a 142 del cuaderno 1-. Asimismo, ofició (i) a
Bancolombia para que aportara certificación sobre la cuenta corriente concerniente al contrato 620 de 2010, así
como copia de los extractos de ésta de los meses de octubre de 2010 a enero 2011 y de los cheques que fueron
girados contra esta misma -folios 172 y 173 del cuaderno 1- y (ii) al INVÍAS para que allegara copia de las
resoluciones enjuiciadas, del contrato 620 de 2010, de la carta suscrita por Bancolombia el 30 de septiembre de
2010, de la póliza otorgada por la aseguradora, de las citaciones a la audiencia de sanción realizadas a Seguros
del Estado S.A., de la orden de recibo del anticipo del contrato y de la acreditación del pago hecho por la compañía
aseguradora al INVÍAS el 4 de noviembre de 2011 -folios 175 a 200 del cuaderno 1 y folios 201 a 246 del cuaderno
2-.
9 Folios 258 a 266 del cuaderno 2.
10 Folios 256 y 257 del cuaderno 2.

5

Radicación: 130012333000201300328 01 (62.324)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandado: Instituto Nacional de Vías –INVIAS-
Asunto: Controversias contractuales

a. La suspensión del contrato de obra que operó entre el 11 de octubre de 2010 y
el 22 de junio de 2011 no era impedimento para que el Instituto autorizara el
desembolso del anticipo durante ese período, por cuanto no existe previsión legal o
contractual en ese sentido; en cambio, la cláusula novena del negocio jurídico sí fue
clara en establecer su obligación de entregarlo “una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento y ejecución” del contrato; además, dicha suspensión se justificó en
la imposibilidad de ejecutar las obras debido a las inundaciones en la zona del proyecto
y la afectación predial sobre las viviendas aledañas, pero ello no era obstáculo para
que el contratista efectuara las labores de actualización de estudios y diseños
contempladas para los 15 días iniciales del contrato, tarea para la cual se requería el
giro del anticipo.

b. Dado que el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo estaba
vigente desde el 14 de septiembre de 2010 hasta el 1 de noviembre de 2011, era
procedente que la contratante declarara la ocurrencia del siniestro, comoquiera que el
riesgo se configuró durante ese lapso.

c. Las irregularidades bancarias de las que, al parecer, se valió el contratista para
disponer por sí solo de los dineros girados a la cuenta corriente que era de manejo
conjunto entre éste y el interventor no alteraron el estado del riesgo de que trata el
artículo 1060 del Código de Comercio, toda vez que independientemente de los
defectos que se aludieron en torno al manejo de dicha cuenta, el evento amparado que
era el uso indebido de los recursos entregados, sí se configuró.

d. INVÍAS no estaba obligado a esperar a la etapa de liquidación para hacer
exigible el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo, puesto que sólo
se requiere que el riesgo se estructure dentro del período de vigencia fijado legalmente
en la póliza, lo cual puede acontecer, inclusive, de forma previa al finiquito negocial.

e. Respecto de los actos administrativos que declararon la ocurrencia del buen
manejo y correcta inversión del anticipo, concluyó el Tribunal que sí se vulneraron los
artículos 1602 del Código Civil y 1072 del Código de Comercio, en la medida que dicho
amparo no incluía la imposición de la multa, comoquiera que ésta es una cobertura
propia del de cumplimiento, el cual fue afectado a través de la Resolución No. 4266 de
2011, con la aplicación de la cláusula penal.

Añadió que, en atención al principio de manejo individual de los riesgos y coberturas
del contrato de seguro, y dado que el demandado ya había hecho exigible la póliza en
lo tocante al buen manejo y correcta inversión del anticipo por el monto de
$576’085.167, no era factible que se impusiera al contratista, bajo ese mismo
concepto, una multa por valor de $60’864.505. Por lo anterior, declaró la nulidad parcial
de las resoluciones referidas, únicamente, en lo relativo a la multa que INVIAS le
impuso al consorcio. Consecuencialmente, dispuso su devolución actualizada a la
compañía aseguradora, previa demostración de su pago.

19. Finalmente, indicó que la Resolución No. 4266 de 2011 no desconoció la garantía
de debido proceso de la aseguradora, dado que el Instituto sí la citó a la audiencia

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Radicación: 130012333000201300328 01 (62.324)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandado: Instituto Nacional de Vías –INVIAS-
Asunto: Controversias contractuales

pública del proceso sancionatorio, así como a la diligencia en la que ésta se reanudó.
Encontró que carecen de respaldo probatorio las afirmaciones de la aseguradora,
puesto que no se demostró que hubiere sido citada con posterioridad a la audiencia
del proceso sancionatorio, por cuanto las comunicaciones entregadas tienen 3
constancias de recepción distintas. En punto al sello que la demandante aseguró que
tiene fecha de recibido del 25 de agosto de 2011, pero en una hora ulterior a la de la
audiencia, resaltó que es ilegible, lo que impide tener por probado, en grado de certeza,
que la entidad no la citó oportunamente.

II. EL RECURSO DE APELACIÓN11

20. La aseguradora impugnó el fallo de primer grado, con el fin de que sea revocado
en los aspectos que le resultaron desfavorables. En concreto, su inconformidad se
centró en cuatro argumentos principales.

21. La suspensión del contrato de obra no se limitó a unas determinadas
obligaciones ni a una parte del objeto; por ende, más allá de que se hubiere convenido
el pago del anticipo al cumplirse los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, lo
cierto es que la exigibilidad de dicha obligación, así como la de las demás pactadas,
se encontraba suspendida. Adujo que no es cierto que no existiera disposición legal o
contractual que impidiera el desembolso del anticipo, pues a través del acuerdo de
suspensión se limitó la exigibilidad de dicha obligación.

22. Como el contrato de seguro es accesorio al de obra, al estar el último
suspendido, los amparos asegurados estuvieron detenidos, “por mera sustracción de
materia”. La aseguradora está llamada a responder por el uso indebido del anticipo en
caso de que su malversación hubiere ocurrido por causa y con ocasión de la ejecución
normal del contrato de obra y no como consecuencia del cumplimiento anticipado de
obligaciones no exigibles.

23. La salida del dinero de la cuenta corriente conjunta sin la firma del interventor y
sin notificarle a la aseguradora acerca de dicha modificación alteró el estado del riesgo
del contrato de seguro, lo cual produjo su terminación anticipada en los términos del
art. 1060 del Código de Comercio, circunstancia en la que resulta irrelevante
establecer si se configuró o no responsabilidad de las partes o de la entidad bancaria.

24. El hecho de que INVÍAS concluyera que el contratista no amortizó el anticipo
antes de la liquidación del contrato de obra resulta anticipada y carente de fundamento,
pues la liquidación es la única vía para cuantificar los resultados económicos y
financieros de la ejecución, lo que significa, entre otros, dilucidar la inversión del
anticipo o su uso indebido.

25. Finalmente, en lo que concierne a la negativa del Tribunal de declarar la nulidad
de la Resolución No. 4266 de 2011, señaló que en la citación del INVIAS OAJ 35612

11 El INVÍAS también recurrió en apelación la sentencia de primer grado -folios 304 a 306 del cuaderno principal-;

no obstante, desistió del mismo -folio 333 del cuaderno principal-, actuación que fue admitida por el a quo, mediante
proveído del 3 de agosto de 2018 -folios 337 y 338 del cuaderno principal-.

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Radicación: 130012333000201300328 01 (62.324)
Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandado: Instituto Nacional de Vías –INVIAS-
Asunto: Controversias contractuales

para la asistencia a la audiencia del proceso sancionatorio consta que fue recibida con
posterioridad al día fijado para su celebración y en la comunicación OAJ 35612 se lee
que fue entregada el “25 de agosto de 2011, 11:30 am”, es decir, el mismo día de
celebración de la diligencia, pero en hora posterior, circunstancias que, afirmó,
acreditan la violación de su derecho de defensa.

Alegaciones en segunda instancia

26. Al alegar de conclusión en segunda instancia12, la demandante insistió en los
argumentos que expuso en su alzada13.

27. El Ministerio Público solicitó que se confirme la sentencia apelada, al indicar que
(a) no se alteró el estado del riesgo por el retiro del dinero de la cuenta bancaria sin la
firma conjunta del contratista y el interventor, puesto que lo que se presentó fue un
incumplimiento de la cláusula negocial que establecía esta condición y, en todo caso,
esta circunstancia configuró el riesgo de apropiación indebida del anticipo, de
conformidad con el Decreto 4828 de 2008 (art. 4.2.1); (b) sí procedía la entrega del
anticipo, pues, según lo pactado, una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento y ejecución la entidad pública debía dar cumplimiento a su
obligación, al margen del acuerdo de suspensión del negocio jurídico; (c) al suspender
el contrato, el contratista se comprometió a mantener vigente la garantía única
constituida, de modo que no es cierto que el contrato de seguro se encontrara
suspendido; (d) no se requería de la liquidación del contrato para hacer exigible alguno
de los amparos cubiertos por la garantía única de cumplimiento, dado que la ley
estableció un procedimiento especial para el efecto; y, (e) no es claro que la
aseguradora hubiere recibido de forma extemporánea las citaciones a las audiencias
que dieron lugar a la Resolución No. 4266 de 2011, puesto que el sello del día de
recibido es ilegible.

28. El demandado guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

Objeto de la apelación

29. De conformidad con los argumentos planteados en el recurso de apelación14, la
Sala se ocupará de establecer: (i) si la suspensión del contrato de obra produjo como
efecto directo y automático la suspensión de las obligaciones del contrato de seguro
durante dicho interregno; (ii) si operó la terminación anticipada del contrato de seguro,
con ocasión de la falta de notificación de la presunta alteración del estado del riesgo;

12 En auto del 3 de agosto de 2018, el Tribunal concedió el recurso de apelación -folios 337 y 338 del cuaderno

principal- y esta Corporación lo admitió en proveído del 12 de octubre de ese año -folio 344 del cuaderno principal-
. Luego, el 21 de mayo de 2019, corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para
que rindiera concepto -folio 352 del cuaderno principal-.
13 Folio 354 del cuaderno principal.
14 El marco de actuación del juez de segundo grado se circunscribe a los motivos de disenso que sustentan la

alzada; por tanto y al advertir que no se formuló reparo alguno respecto de la decisión del a quo de declarar la
nulidad parcial de las Resoluciones 2908, 4089 y 5193 de 2011, en lo relativo a la imposición de la multa por
$60’864.504,80, bajo el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo, la Sala no se pronunciará sobre
dicho cargo.

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(iii) si la ocurrencia del siniestro de buen manejo y correcta inversión del anticipo no se
puede establecer antes de la liquidación del contrato; y, (iv) si es posible, a partir del
contenido de las citaciones que se enviaron a la aseguradora para comparecer a la
audiencia del procedimiento administrativo y su reanudación, determinar si se hicieron
con posterioridad a la fecha y hora previstas para la celebración de las diligencias.

El caso concreto

Los efectos de la suspensión del contrato de obra respecto de la vigencia del
contrato de seguro

30. Se empieza por señalar que el contrato de seguro de cumplimiento no ostenta
el carácter de accesorio del contrato que ampara, toda vez que, como ya está
suficientemente decantado tanto por la jurisprudencia de esta Corporación como por
la de la Corte Suprema de Justicia, se trata de un negocio principal, autónomo e
independiente15.

a. Las razones en las que se funda tal aserto parten de la regulación y estructura
de este tipo de negocio, en el que la aseguradora asume una obligación que le es
propia, consistente en cubrir al asegurado y/o beneficiario, a cambio del pago de una
prima, de los perjuicios que le puedan ser ocasionados en caso de incumplimiento de
las obligaciones de su contratista (siniestro), esto es así, aun cuando el surgimiento de
tal obligación de la aseguradora esté condicionado a que se materialice el riesgo, esto
es, a que en el negocio jurídico cuyo cumplimiento ampara el contratista inobserve los
compromisos adquiridos y que este comportamiento le genere un perjuicio al
beneficiario de la póliza.

b. En este punto es pertinente mencionar que si bien en otro tiempo se discutía
acerca de si, por su función económica, el contrato de seguro de cumplimiento en
verdad era una fianza y, por tanto, si no se trataba de un negocio jurídico autónomo
sino accesorio al contrato cuyo cumplimiento ampara, lo cierto es que esta discusión
ya ha sido ampliamente superada tanto por la jurisprudencia como por un sector
mayoritario de la doctrina, al razonar que a pesar de que una y otra figura participan
de una misma finalidad dirigida a avalar el cumplimiento de una obligación, ello no
desdice de que dicho propósito se persigue por vías diferentes que responden a la
regulación legal y diferencial que a cada una de ellas corresponde y que, dada su
especialidad, no puede trasladarse entre sí16.

15 Al respecto se puede consultar, entre otras, las siguientes providencias: Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil, sentencias del 2 de mayo de 2002 (Exp. 6785), sentencia del 12 de diciembre de 2006 (Radicado
19980085301), 15 de agosto de 2008 (Rad. 11001310301619940321601). Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias del 22 de abril de 2009 (Exp. 14667), del 13 de agosto de
2020 (Exp. 60348) Subsección A, del 6 de febrero de 2020 (Exp. 56088) Subsección B, entre otras.
16 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 2 de mayo de 2002, Exp. 6785, M.P. Manuel

Ardila Velásquez, sentencia del 15 de agosto de 2008, Rad. 11001 31 03 016 1994 03216 01, M.P. Pedro Octavio
Munar Cadena. En esta última providencia, la Corte acudió al criterio del tratadista Efrén Ossa, al transcribir
textualmente que: “… se trata de un seguro que, por su estructura y función, participa de la naturaleza de la fianza
(…) Lo que no es uniforme es su operación técnico comercial”.

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c. Cabe resaltar que el contrato de seguro se regula como una tipología especial
de negocio jurídico, con una estructura y funcionamiento distintivos, enmarcados en la
aptitud y especialidad de la empresa aseguradora y la obligación que adquiere de
amparar los riesgos asumidos, en el marco de su actuar negocial y experticia en dicho
campo. Dados los negocios que despliega, la compañía aseguradora desarrolla un
modelo económico en torno al aseguramiento de eventos futuros e inciertos que
asume como mecanismo para preservar el patrimonio del asegurado y/o beneficiario,
lo hace así, porque ese es el modelo bajo el cual realiza su actividad mercantil,
escenario que tiene un reconocimiento expreso del legislador, al establecer su
regulación particular como negocio jurídico independiente.

d. Así las cosas y ante la evidencia de que el contrato de seguro de cumplimiento
es autónomo respecto del contrato cuyo cumplimiento ampara, debe colegirse desde
ya que no le asiste razón a la aseguradora cuando le atribuye la errada condición de
accesorio, con el objeto de fincar sus pretensiones en una supuesta suspensión de
sus obligaciones, derivada de una inexistente comunicabilidad automática de la
suspensión en la exigibilidad de las del contrato amparado.

31. En línea con el carácter autónomo del contrato de seguro y de cara a lo alegado
por la apelante en cuanto a que la suspensión del contrato de obra generó, por
“sustracción de materia” la detención de sus obligaciones, es relevante resaltar que la
paralización pactada de la ejecución del negocio jurídico avalado no supone su
extinción, por lo cual durante ese periodo el interés asegurable no se interrumpe y,
asimismo, queda latente la posibilidad de que el riesgo del incumplimiento se
materialice; de manera que correlativamente, se sostiene también la obligación
condicional de pago en cabeza de la aseguradora.

a. Para desarrollar esta idea, es pertinente destacar que la suspensión del contrato
es un convenio en virtud del cual las partes estipulan su parálisis transitoria, debido a
la ocurrencia de eventos que impiden temporalmente su ejecución. Este pacto se eleva
como una herramienta de reconocimiento de los sucesos que impiden la correcta
ejecución del negocio jurídico y se erige, por lo mismo, como un mecanismo para
precaver el avance inocuo del plazo negocial ante la presencia de sucesos que
imposibilitan continuar con su desarrollo, permitiendo a las partes actuar en el marco
de su autonomía negocial, en pro de atender las circunstancias que trastocan la normal
marcha del vínculo y evitar que éstas lo perjudiquen en mayor medida.

b. En suma, la suspensión es un mecanismo que propende por la conservación y
cumplimiento del contrato, en tanto busca impedir que se venza el plazo fijado para su
desarrollo, sin que el objeto pueda completarse, en la medida que constituye un lapso
pasivo en donde su ejecución se encuentra detenida, pero no extinguida, por tanto, no
perturba la vigencia del negocio jurídico, solo se limita a contener momentáneamente
el cumplimiento de algunas de sus obligaciones, sin anularlas, por lo cual permanece
latente el riesgo de su incumplimiento. Existen, además, otras obligaciones que por su
propia naturaleza, no pueden suspenderse –v.g. el pago de prestaciones sociales del
personal de la obra, la vigilancia de la obra, el correcto y buen manejo del anticipo, el
mantenimiento mismo de la vigencia de las pólizas en el caso de los contratos
estatales, entre otras–, de modo que, igualmente, se mantiene el riesgo de su
inobservancia.

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c. En ese orden de ideas, se arriba a la conclusión de que la detención pactada
de la ejecución del contrato amparado no supone que se detengan o desaparezcan
temporalmente las obligaciones asumidas por la aseguradora, toda vez que, mientras
esté vigente tal pacto negocial, perdura el propósito de conservar el patrimonio
envuelto en esa contratación, en la medida que se mantiene latente el riesgo de que
se incumplan las obligaciones convenidas, pues éstas, se insiste, no han
desaparecido, de ahí que también se mantenga la obligación condicional de pago. Esto
explica por qué en las modificaciones a la póliza de cumplimiento que expidió Seguros
del Estado S.A., en razón de las suspensiones del contrato de obra, no se observa que
los amparos se hubieren interrumpido por el periodo de aquéllas17.

d. Ahora, en punto al anticipo –que es lo que interesa al proceso–, es de señalar
que su estipulación da origen a obligaciones correlativas entre las partes. En cabeza
de la contratante, se origina el deber de entregarlo, en los términos y condiciones
fijadas para el efecto. En una relación de sucesión inmediata, surge en cabeza del
contratista la obligación de manejar debida y correctamente el dinero o bienes que
recibe a ese título. Esta obligación, por su propia naturaleza, no podría entenderse en
vilo en razón de la suspensión del contrato en la que se ha pactado. Iría contra toda
lógica suponer que, durante la detención convenida de las obligaciones, el contratista
quedara liberado de tal compromiso y pudiera entonces apropiarse de tales recursos
o usarlos indebidamente, como si el riesgo amparado quedara al descubierto.

e. El anticipo se constituye en una suerte de préstamo que el contratante le realiza
al contratista para la ejecución del objeto pactado, de modo que los recursos que lo
componen continúan siendo de propiedad del primero; por ende, a diferencia del pago
anticipado, no supone una remuneración, por lo que no forma parte del patrimonio del
contratista, de manera que éste debe realizar las labores tendientes a destinarlo y
emplearlo en los términos convenidos por las partes. Entonces, como el anticipo
continúa siendo parte integrante del patrimonio del contratante, surge para éste la
expectativa de que dichos dineros y/o bienes se empleen en los términos reseñados
en el contrato y, si ello no ocurre, se revele también a su favor la aspiración de
recomponer su acervo patrimonial, panorama que de forma paralela da lugar al asomo
de riesgos potenciales por el indebido uso o destinación, así como por la apropiación
que el contratista realice respecto de tales bienes.

f. En el campo específico de la contratación estatal, el buen manejo y correcta
inversión del anticipo se erige como una obligación de cardinal relevancia de cara a la
efectiva protección del patrimonio público y la consecución de los fines esenciales del
Estado, por lo cual resulta coherente y por demás justificado que se exija la
constitución de un amparo que cubra específicamente el riesgo de las inobservancias
del contratista de cara a la disposición de tales recursos. Así, en el Decreto 4828 de

17 En efecto, se observa que en la póliza No. 21-44-101072909 expedida el 15 de septiembre de 2010, en lo que
concierne al amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo se indicó que su vigencia iba desde el 14 de
septiembre de 2010 hasta el 30 de junio de 2011 (folio 82 del cuaderno 1). En el anexo 7, se extendió la vigencia
de este amparo hasta el 30 de agosto de 2011 (folio 89 del cuaderno 1), lo mismo ocurrió en el anexo 8 que la
extendió hasta el 30 de octubre de 2011 (folio 90 del cuaderno 1) y en el anexo 9 que lo hizo hasta el 1 de noviembre
de 2011, sin que se indicara en ninguna de tales modificaciones que entre la fecha inicial de vigencia y la final
hubiere operado alguna interrupción o suspensión. Lo mismo se observa respecto del amparo de cumplimiento.

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200818 –vigente al momento de la celebración del contrato 620, de la expedición de la
póliza No. 21-44-1010729019 y de la expedición de las resoluciones demandadas– se
estableció que a través de la garantía única de cumplimiento se debe respaldar a la
entidad pública contratante del riesgo asociado al buen manejo y correcta inversión del
anticipo, con la especificación de que cubre los eventos de (i) la no inversión; (ii) el uso
indebido, y (iii) la apropiación indebida, durante toda la vigencia del contrato, incluida
la liquidación20.

g. En este orden de ideas y dada la constatación de que la obligación que deriva
de la entrega del anticipo, esto es, su correcto manejo e inversión, permea el devenir
contractual, es claro que, incluso, ante la suspensión del término -no de la vigencia-
del negocio jurídico en el que se ha pactado, el interés asegurable y el riesgo de su
afectación permanecen patentes, en tanto, mientras el vínculo subsista y existan
saldos del anticipo sin disponer en las labores para las cuales ha sido pactado, persiste
el riesgo de su apropiación o de su incorrecto empleo y con ello la posibilidad de lesión
del patrimonio público que se busca proteger; de manera que ante la pervivencia de
tales aspectos, no es posible sostener que la suspensión del contrato de obra 620 de
2010 hubiere conllevado, por “sustracción de materia”, al detenimiento, ni siquiera
temporal, de las obligaciones de la aseguradora.

32. La parte recurrente alegó también que en virtud de la suspensión del contrato
de obra, estaba suspendida igualmente la obligación del INVIAS de depositar el
anticipo, lo que, en su entender, relevaba a la aseguradora de responder por la
materialización del riesgo asociado a su buen manejo y correcta inversión, en tanto
sus obligaciones se limitaban a garantizar los eventos que se presentaran por causa y
con ocasión de la ejecución normal del contrato y no como consecuencia del
cumplimiento anticipado de obligaciones no exigibles.

a. En lo que a este aspecto concierne, se estima pertinente advertir que lo que
alega la recurrente es que, por efecto de que el INVÍAS hubiere consignado el valor
del anticipo en un momento en que el contrato de obra estaba suspendido, los riesgos
del manejo de tales recursos quedaron por fuera de la cobertura del seguro de
cumplimiento; no alega que ese comportamiento hubiere alterado el estado del riesgo
declarado al momento de tomar el seguro21 –por lo mismo, tampoco invoca ninguna
consecuencia asociada a ello de cara al valor de la prima o a la vigencia del contrato

18 Artículo 4.2.1 del Decreto 4828 de 2008.
19 Folio 237 del cuaderno 2. La referida póliza cubre los amparos de: i) cumplimiento, ii) buen manejo y correcta

inversión del anticipo, iii) pago de salarios y prestaciones sociales, iv) estabilidad y calidad de la obra y v) calidad
del servicio.
20 Si bien la norma reglamentaria no concretó el significado de los supuestos integradores del amparo en estudio,

en aras de entender su alcance, la definición de los verbos rectores con que se demarcó este evento se dirigen a
concebir los supuestos de no inversión e uso indebido como el empleo o destinación disímil de los recursos
entregados, en contravía de los fines perseguidos en la contratación estatal y, en específico, obviando las reglas
que al respecto se fijaron en el acuerdo negocial, mientras que la cobertura de apropiación indebida busca precaver
los perjuicios de que el contratista tome para sí, haciéndose dueño del dinero recibido en calidad de anticipo.
21 La causa que, de conformidad con la demanda y el recurso de apelación, habría alterado el estado del riesgo

consistió en que, a pesar de que en el contrato de obra se acordó que la cuenta en la que se depositaría el anticipo
debía ser de manejo conjunto, los recursos se retiraron sin la firma del interventor, lo cual ocurrió sin que la entidad
diera noticia de ello a la aseguradora y conllevó, a su juicio, a la terminación del contrato seguro. Este cargo se
analizará más adelante.

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de seguro22–, por lo cual, en aplicación del principio de congruencia, el análisis se
limita al primer aspecto señalado.

b. Hecha la anterior precisión, cabe advertir también que el riesgo que ampara el
seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales está asociado a la posibilidad
de que el contratista inobserve sus obligaciones, por lo cual, salvo que lo que se
cuestione sea que el incumplimiento no es atribuible a él sino a la contratante, no cabe
a la aseguradora discutir sobre la forma en que la entidad desarrolla sus compromisos,
para sustraerse del cumplimiento de los suyos. Es del caso igualmente reparar en que
el hecho de que una obligación esté suspendida significa que su ejecución no es
exigible por el acreedor, no que, si pese a ello se ejecuta, su cumplimiento no provenga
de la relación contractual que la originó.

c. Sin perjuicio de todo lo anterior –que sería suficiente para despachar
negativamente este cargo de la apelación–, la Sala estima pertinente mencionar que,
a diferencia de lo que ocurre con la obligación del contratista de dar buen manejo e
invertir correctamente el anticipo, sí es posible que en virtud de la suspensión del
contrato se haga temporalmente inexigible la obligación de la contratante de entregar
esos recursos; no obstante, lo que muestra el acervo probatorio es que esa prestación,
que había surgido y se había hecho exigible desde antes de la suspensión del negocio
jurídico, no quedó cobijada por ese acuerdo. De ello dan cuenta las causas que
llevaron a esa negociación y el comportamiento mismo de las partes.

d. Según lo pactado en el contrato, durante los primeros 15 días siguientes a la
suscripción del acta de inicio, al consorcio le correspondía desarrollar labores de
actualización y unificación de estudios y diseños 23 , luego de ello, empezaría a
desarrollar las labores propias de ejecución de las obras. Una vez constatado el
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, el acta de inicio se
firmó el 5 de octubre de 2010, el día 11 siguiente se suscribió la primera suspensión
que permaneció hasta el 10 de diciembre de ese año, el 23 de diciembre se suscribió
la segunda suspensión que finalizó el 22 de febrero de 2011, y aunque en ellas no se
distinguió respecto de las obligaciones que quedaban paralizadas, los motivos que
llevaron a este acuerdo y el comportamiento de las partes permiten deducir que no
cobijaron la del desembolso del anticipo ni tampoco las de las labores relacionadas
con la primera etapa.

22 De conformidad con lo estatuido en el artículo 1060 del Código de Comercio, la agravación del estado del riesgo,

cuando le es notificada a la aseguradora, la faculta para revocar el contrato –lo cual, como se verá no resulta
aplicable a los seguros de cumplimiento– o a reajustar la prima. La falta de notificación genera como consecuencia
legal la terminación del contrato de seguro, norma que, como se verá, no es aplicable cuando el seguro de
cumplimiento se pacta a favor de una entidad estatal.
23 “CLAUSULA
CUARTA: PLAZO.- El plazo para la ejecución de los trabajos será hasta el 31 de diciembre de
2010 a partir de la orden de iniciación que impartirá el Subdirector de la Red Nacional de Carreteras del INSTITUTO,
previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y de la aprobación de los
documentos del numeral 7.2 del pliego de condiciones. PARÁGRAFO: El plazo se divide del a siguiente forma: a)
Etapa de actualización y unificación de estudios y diseños de las obras a ejecutar (15 días calendario): Dentro de
los quince (15) días calendario contados a partir de la fecha de la orden de inicio, el contratista deberá elaborar la
actualización y unificación de estudios y diseños de la obra a ejecutar. Dentro de los primeros quince (15) días
calendario contados a partir de la fecha de la orden de inicio, el Contratista deberá adelantar las siguientes
actividades: 1) Elaborar y ajustar el PAGA (Programa de Adaptación de la Guía de Manejo Ambiental); 2) Gestionar
y obtener los permisos, concesiones y autorizaciones por uso, intervención y aprovechamiento de los recursos
naturales. B) Etapa de construcción …” (folio 53 del cuaderno 1).

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e. En efecto, la razón que justificó la primera suspensión –que tuvo lugar entre el
11 de octubre y el 10 de diciembre de 201024– y la segunda –que se presentó entre
el 23 de diciembre de 2010 y el 22 de febrero de 2011 25 –, se sustentó en las
inundaciones que afectaron la zona del proyecto y que impedían para ese entonces la
ejecución de las obras; sin embargo, el expediente revela que las labores de
verificación de estudio y diseños continuaron ejecutándose con la aquiescencia de la
entidad pública, tanto que, con base en las tareas que venían desarrollándose en esta
materia y respecto de las cuales se venía haciendo seguimiento, el 7 de febrero de
2011 el contratista solicitó un desembolso con cargo al anticipo de $21’915.000 – que
se había depositado el 12 de octubre de 2010 26 –, el cual fue autorizado por la
interventoría, como a continuación se lee:

“- Con oficio 017 del 7 de febrero de 2011 (Anexo copia), el Consorcio UM-035
solicito (sic) el desembolso del Cheque 870971 a Geodinámica S.A. por valor de
$21.915.000 como Anticipo para adelantar los Estudios y Diseños del proyecto,
cheque que fue autorizado y devuelto por esta interventoría de acuerdo con los
soportes entregados. Esta empresa consultora representada por el ingeniero
Mauricio Camargo viene adelantando los Estudios y Diseños y están culminando
los mismos de acuerdo con los seguimientos y reuniones adelantadas por la
interventoría y el INVIAS”27 (énfasis agregado).

f. En consecuencia y sin perjuicio de lo dicho previamente, la Sala encuentra que
el supuesto fáctico en el que la aseguradora funda este cargo de la apelación no está
acreditado.

33. En virtud de todo lo expuesto hasta ahora, la Sala concluye que los argumentos
de la aseguradora que se fundaron en la suspensión del contrato de obra no están
llamados a prosperar.

La terminación del contrato de seguro de cumplimiento por efecto de la falta de
notificación a la aseguradora de la agravación del estado del riesgo

34. La demandante adujo que la entidad no podía afectar el amparo de buen
manejo y correcta inversión del anticipo, toda vez que en los términos del artículo 1060
del Código de Comercio, para el momento en que lo hizo, el contrato de seguro que lo
cubría ya había terminado, dado que el INVIAS se abstuvo de notificarle la agravación
del estado del riesgo, el cual, afirmó, se modificó con la salida del dinero depositado
en la cuenta corriente de manejo conjunto sin la firma del interventor.

35. Sin perjuicio de que, como adelante se explicará, el hecho al que alude la
aseguradora no constituyó una alteración del estado del riesgo, la Sala estima de sumo
interés esclarecer que la terminación anticipada por falta de notificación de la
agravación del estado del riesgo prevista en el inciso cuarto del artículo 1060 del
Código de Comercio no aplica en los contratos de seguro de cumplimiento a favor de

24 Folios 209 y 210 del cuaderno 2.
25 Folios 211 y 212 del cuaderno 2.
26 Así quedó registrado en las motivaciones de la Resolución No. 2908 del 17 de junio de 2011 (folio 24 del cuaderno

1).
27 Folio 24 del cuaderno 1.

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entidades estatales, no solo por la función económica que cumplen28, sino también por
oponerse al interés asegurable que profesan, donde el deber de garantía se edifica en
normas de orden público que no se pueden desconocer ni dejar sin efecto.

36. Para el desarrollo del anterior aserto, resulta imprescindible el examen del
contrato de seguro de cumplimiento desde dos perspectivas; la primera, referida a la
naturaleza misma de los seguros de esta clase y, la segunda, relacionada con un
componente adicional y diferenciador de estos contratos cuando se pactan a favor de
una entidad pública, consistente en el interés asegurable u objeto superior que
garantizan.

37. El primer plano aludido requiere traer de presente la naturaleza de la prestación
pactada en el seguro de cumplimiento, por tratarse, como ya se vio, de una figura que
sirve de garantía para que el acreedor se proteja del perjuicio patrimonial que le podría
ocasionar el eventual incumplimiento de los compromisos contractuales adquiridos por
el deudor, en donde la aseguradora acoge dicho riesgo –el incumplimiento– como
propio, en retribución del pago de una prima. La particularidad del objeto del seguro
de cumplimiento, en virtud de su función económica y social, lo ubica como una
tipología especial frente a los demás seguros, de cara a la cual le resultan inaplicables
algunas reglas generales dispuestas para ese segmento de contratos comerciales29.

a. Una de las normas que rehúsa su procedencia en este negocio es la relativa a
la revocación unilateral por cualquiera de las partes que en él interviene, en punto a
los especiales matices que tocan las obligaciones inmiscuidas en la póliza de
cumplimiento, pues en virtud de las prestaciones que avala, como aspecto singular y
específico de su esencia, la irrevocabilidad se erige como aspecto imprescindible para
asegurar el cabal funcionamiento y propósito de este negocio jurídico.

b. El artículo 1071 del Código de Comercio consagra, por regla general, la
revocación como una facultad unilateral con la que cuentan las partes para dar por
terminado el contrato de seguro, prevista como una atribución de amplio alcance, en
tanto la ley no la sujeta a la manifestación de un motivo o justificación específico,
simplemente expresa que es requerida la inequívoca expresión de voluntad de la parte,
mediante noticia escrita.

c. No obstante, más allá de que se trate de una atribución prevista para la mayoría
de los contratos de seguro, las especiales connotaciones inmersas en el de
cumplimiento vedan su aplicación respecto de éste, al contravenir el sentido común
que enseña que la garantía respecto del cumplimiento de una obligación no puede
quedar al arbitrio y voluntarismo de quien la ampara (el asegurador) o de quien está
llamado a cumplirla (el tomador, posición que en el caso de los contratos estatales la
ocupa el contratista), desdibujando su propósito, al permitir, por ejemplo, que la

28 La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que, debido a su naturaleza, además de

otros, el artículo 1060 del C.Co. no resulta aplicable a los seguros de cumplimiento pactados a favor de particulares,
en tanto lo harían inoperante. Al respecto, se pueden consultar: sentencia del 2 de mayo de 2002, Exp. 6785, M.P.
Manuel Ardila Velásquez, sentencia del 15 de agosto de 2008, Rad. 11001 31 03 016 1994 03216 01, M.P. Pedro
Octavio Munar Cadena.
29 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Exp. 6785 y Rad. 11001 31 03 016 1994 03216 01. Consejo

de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 6 de julio de 2020, Exp. 47630.

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aseguradora lo dé por culminado dejando desprovisto de protección al asegurado y
ubicándolo en una posición más nociva que la que tenía de forma previa a la
suscripción del seguro, pues frustraría la expectativa y confianza adquirida en
preservar su patrimonio.

d. Este mismo panorama se despliega respecto del tomador –que, se reitera,
cuando el seguro se pacta a favor de la entidad pública contratante, es el contratista–
, pues no podría predicarse la existencia real de una garantía, si la protección del
patrimonio del asegurado –que es el acreedor de la obligación– queda a merced del
capricho del sujeto cuya conducta es la generadora del riesgo, por el eventual
desconocimiento de las obligaciones que están a su cargo. Resulta entonces
abiertamente incoherente que la garantía prestada se reduzca al querer de ese sujeto,
pues ello iría en total perjuicio de quien busca protegerse patrimonialmente de los
perjuicios que podrían derivarse de los incumplimientos de aquél, tal como lo ha
resaltado la Corte Suprema de Justicia, de vieja data, al señalar que “toda garantía
repulsa por antonomasia que su función jurídico-económica quede tan frágilmente
pendiendo de semejante voluntarismo”30.

e. Descrito así el estado en materia de la irrevocabilidad del seguro de
cumplimiento, en atención a la singularidad que éste proyecta, dado el contenido de la
garantía que avala, es relevante resaltar que tratándose del contratación estatal, el
legislador consagró la imposibilidad de ejercer la facultad de revocación unilateral en
esos negocios jurídicos, puesto que la Ley 80 de 1993 (artículo 25, numeral 19), en su
versión original determinó que la garantía única que avala el cumplimiento de las
obligaciones surgidas del contrato, contenida en pólizas, no expirará por revocación
unilateral, norma que si bien fue derogada por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007,
se reprodujo en el artículo 7 de esta misma ley, en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 7. DE LAS GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN. Los contratistas
prestarán garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del
contrato. Los proponentes prestarán garantía de seriedad de los ofrecimientos
hechos.

Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros
legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, en garantías bancarias y en
general, en los demás mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por el
reglamento para el efecto. Tratándose de pólizas, las mismas no expirarán por falta
de pago de la prima o por revocatoria unilateral. El Gobierno Nacional señalará las
condiciones generales que deberán ser incluidas en las pólizas de cumplimiento
de los contratos estatales …” (se subraya).

38. La anterior consagración normativa no se circunscribe a precisar legalmente la
función jurídico-económica que persigue la póliza de cumplimiento –bajo todos los
escenarios, es decir, entre particulares y cuando está inmersa la Administración–, en
los términos ya explicados, sino que de forma igualmente determinante y coherente
con ello, también obedece y se explica en función del reconocimiento y trascendencia
que revela el interés asegurable abordado en las pólizas que avalan el cumplimiento
de los contratos estatales, que no es otro que la protección del patrimonio público.

30 CSJ SC de 15 de agosto de 2008, Rad. 1994-03216-01.

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39. En efecto, entendiéndose que el interés asegurable que persigue el contrato de
seguro de cumplimiento no es otro que el objeto mismo de este negocio jurídico o, en
otras palabras, el vínculo económico que se busca preservar por la amenaza en la
ocurrencia de uno o varios riesgos expresamente asumidos por la compañía
aseguradora, claro es avizorar que los seguros que con ese objeto se toman a favor
de la administración pública comportan una óptica especial dado el fin cardinal por el
que propende la contratación estatal de servir al interés general.

40. Sin dudarlo, el alcance de la póliza de cumplimiento a favor de entidades
públicas no se reduce a avalar la observancia de obligaciones derivadas de un negocio
jurídico, sino que constituye, realmente, una herramienta apropiada para garantizar la
satisfacción de los cometidos que se buscan cubrir a través de la contratación estatal,
mediante la conservación del patrimonio que está inmiscuido en el negocio jurídico,
pues dicha garantía funciona como respaldo de protección y reparación del erario, en
la medida que da confianza de la indemnización que recibiría la entidad en caso de
acaecimiento de los riesgos amparados, lo cual provee la salvaguarda en la continua
y eficiente la prestación de los servicios públicos a cargo de la entidad contratante.

41. Bien se sabe que los móviles superiores que dan lugar a la contratación del
Estado distan de los que persigue la negociación entre particulares, puesto que los
primeros están dirigidos a satisfacer el interés general, el cual es común a todos los
que hacen parte de la organización social, mientras que entre los particulares la
finalidad está dirigida a la consecución de objetivos meramente individuales, derrotero
que de ninguna forma puede perderse de vista en relación con el contrato de seguro
que garantiza la observancia tales pactos negociales, comoquiera que a la póliza de
cumplimiento se le comunica o participa de la antedicha finalidad de asegurar la
satisfacción del interés general.

42. Así las cosas y dado que a la entidad estatal le corresponde cumplir con los
fines esenciales del Estado31, para lo cual utiliza el contrato como medio eficiente para
su consecución al contar con la colaboración de un tercero especializado en la
ejecución del objeto requerido, es claro que surge el riesgo de que un eventual
desconocimiento de las obligaciones de aquél le pueda acarrear perjuicios, lo cual
eleva como una necesidad imperiosa contar con una garantía de aseguramiento, toda
vez que los daños patrimoniales que se le puedan causar no se circunscriben a afectar
a un sujeto individual, sino a perturbar al colectivo que representa la sociedad y la
prosperidad comunal. Reflejo de esto se halla en normas de orden público y, por ende,

31 “Artículo
2 de la Constitución Política. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política,
administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y
asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
“Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en
su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares”. Artículo 3 Ley 80 de 1993: “Los servidores públicos tendrán en
consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de
los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e
intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.
Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que
colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones”.

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de obligatoria observancia, que imponen a los contratistas contar con una garantía que
avale el cumplimiento de sus obligaciones, como es apenas obvio, durante todo el
tiempo que permanezca el riesgo de su incumplimiento32.

43. La Ley 1150 de 2007, en su artículo 7, prevé con carácter imperativo e ineludible
tal obligación, la cual, dado su carácter de orden público, incluso si estuviera ausente
en el clausulado del contrato –salvo en los que fueron expresamente excluidos por la
ley– se entendería incorporada en él. En línea con ello, el Decreto reglamentario 4828
de 2008 (art. 7.2) –vigente al momento de celebración del contrato de obra, del de
seguro, e incluso, al momento de expedición de las resoluciones demandadas–
establecía la vigencia mínima que debía tener cada amparo y, refiriéndose
específicamente al de buen manejo y correcta inversión del anticipo, establecía que
debía ser igual a la del plazo del contrato garantizado, más el plazo previsto para su
liquidación33; en relación con el de cumplimiento propiamente dicho, la vigencia no
podía ser menor a la del negocio jurídico, incluido el plazo para su liquidación y,
respecto de las obligaciones accesorias o de garantía del contratista, los amparos
respectivos debían estar vigentes por el tiempo mínimo que en esa misma norma se
estableció, previsiones todas éstas asociadas a la suficiencia de la garantía que
actualmente se mantienen en el Decreto 1082 de 2015.

44. Así las cosas, ciertamente se observa que la obligación legal de contar con una
garantía que avale el cumplimiento de las obligaciones del contratista le confiere un
elemento diferencial a la póliza de cumplimiento de contratos estatales, en tanto está
consagrada en una norma de orden público que no puede derogarse y que debe ser
observada como marco de conducta de la actividad negocial, que eleva como
imperativo una herramienta de protección del patrimonio público comprometido en el
devenir contractual de las entidades públicas, previsión que materializa la consecución
del interés general, fin último del actuar público.

45. En suma, el interés asegurable de la póliza de cumplimiento a favor de
entidades estatales cobra una importancia superior, en tanto se halla directamente
vinculado a la necesidad de proteger el patrimonio público que puede verse afectado
en el marco de la actividad contractual del Estado para resguardarlo del daño que le
puede ocasionar la posible desatención de los compromisos contractuales por parte
del contratista34; de ahí que la imposibilidad de revocar unilateralmente estas pólizas
se halle justificada, no solamente en el hecho de que sirven de aval de cumplimiento
de una obligación, sino también y no menos importante, en el hecho de que, por
imperativo legal, el patrimonio público debe permanecer protegido durante todo el
curso de la relación negocial, y respecto de las obligaciones de garantía, incluso
después de ello.

32 Sobre el carácter de orden público de las normas que regulan las garantías en materia de contratación estatal se

pueden consultar, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 20 de
noviembre de 2003, (Exp. 19929), sentencia 10 de julio de 2013, Exp. 27816 (Subsección A), Corte Constitucional,
sentencia C-648 de 2002.
33 El Decreto 1082 de 2015, actualmente vigente, dispone que este amparo debe estar vigente hasta la liquidación

del contrato o hasta la amortización del anticipo, de acuerdo con lo que determine la Entidad Estatal (art.
2.2.1.2.3.1.10).
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 22 de abril de 2009,

radicación 190012331000199409004-01 (14.667), Consejera Ponente: Myriam Guerrero de Escobar.

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46. Así las cosas, aun cuando no se desconoce que el contrato de seguro está
específicamente regulado en normas del derecho común, no puede perderse de vista
que en lo que concierne al de cumplimiento a favor de entidades públicas, existen,
paralelamente, una serie de regulaciones especiales edificadas en razón de la función
que está llamado a cumplir y, no menos importante, en atención al interés asegurable
que motiva su celebración; por tanto, resulta imperioso resaltar que, en estos casos,
el contrato no se rige íntegramente por una u otra normativa, sino que se integra de
ambas, es decir, se trata de un régimen mixto que, para ser coherente, impone,
necesariamente entender que las reglas del derecho privado que le resultan aplicables
son solamente aquellas que no se oponen o niegan la especialidad con la que deben
mirarse esta clase de seguros cuando se prestan en favor de las entidades estatales
contratantes35.

47. En mira las anteriores precisiones, para resolver el cargo de la apelación
consistente en que la aseguradora no estaba llamada a cubrir los perjuicios que se
derivaron del indebido uso que el consorcio le dio a los recursos del anticipo del
contrato de obra 620 de 2010, porque el seguro que se tomó para amparar su
cumplimiento se habría terminado por falta de notificación de la alteración del estado
del riesgo, es necesario reparar en el contenido del artículo 1060 del Código de
Comercio en el que se soporta tal alegación:

“ARTÍCULO 1060. MANTENIMIENTO DEL ESTADO DEL RIESGO Y
NOTIFICACIÓN DE CAMBIOS. El asegurado o el tomador, según el caso, están
obligados a mantener el estado del riesgo. En tal virtud, uno u otro deberán notificar
por escrito al asegurador los hechos o circunstancias no previsibles que
sobrevengan con posterioridad a la celebración del contrato y que, conforme al
criterio consignado en el inciso lo del artículo 1058, signifiquen agravación del
riesgo o variación de su identidad local.

La notificación se hará con antelación no menor de diez días a la fecha de la
modificación del riesgo, si ésta depende del arbitrio del asegurado o del tomador.
Si le es extraña, dentro de los diez días siguientes a aquel en que tengan
conocimiento de ella, conocimiento que se presume transcurridos treinta días
desde el momento de la modificación.

Notificada la modificación del riesgo en los términos consignados en el inciso
anterior, el asegurador podrá revocar el contrato o exigir el reajuste a que haya
lugar en el valor de la prima.

La falta de notificación oportuna produce la terminación del contrato. Pero sólo la
mala fe del asegurado o del tomador dará derecho al asegurador a retener la prima
no devengada.

Esta sanción no será aplicable a los seguros de vida, excepto en cuanto a los
amparos accesorios, a menos de convención en contrario; ni cuando el asegurador
haya conocido oportunamente la modificación y consentido en ella”.

35 En este mismo sentido se pueden consultar, entre otras, las siguientes providencias de esta Corporación:
sentencia del 19 de febrero de 2009, Rad. 200001720, sentencia del 30 de enero de 2008, Exp. 32867, sentencia
del 14 de junio de 2019, Exp. 36860 y sentencia del 28 de noviembre de 2019, Exp. 36600, las dos últimas de la
Subsección A.

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a. Como se observa, la ley mercantil es precisa en fijar las consecuencias
derivadas de la modificación del estado del riesgo, según si se ha cumplido o no con
el deber de información, al determinar dos escenarios de desenlace diferenciados: el
primero emerge con el acatamiento del asegurado o tomador de notificar la agravación
del estado del riesgo –sea voluntaria o involuntaria–, panorama en el que, una vez
enterado, el asegurador cuenta con las opciones de revocar unilateralmente el contrato
o de reajustar el valor de la prima; el segundo se relaciona con la falta de notificación
de la alteración del estado del riesgo, caso en el cual, por imperativo legal, se da la
terminación anticipada del contrato, y, en algunos casos, a dicha consecuencia se
añade la retención de la prima no devengada, si se comprueba la mala fe del
asegurado o tomador.

b. Sin embargo, por las razones ya comentadas, las consecuencias a las que
alude el artículo 1060 en mención no pueden trasladarse automáticamente al contrato
de seguro de cumplimiento a favor de entidades públicas, sino que su lectura debe
hacerse en clave con la naturaleza de esta clase de seguro y con las normas de orden
público que el legislador instituyó para la protección del erario que queda
comprometido en el marco de los contratos estatales, lo cual significa que esta norma
–como cualquier otra del derecho privado (art. 13 Ley 80 de 1993)– sólo podrá ser
aplicada en lo que no contravenga la especialidad y finalidad que persigue la
contratación de la administración y, de la mano con ello, en cuanto no se oponga a las
normas que regulan con carácter especial algunos aspectos del seguro de
cumplimiento a favor de tales entidades.

c. En ese contexto y en atención a que lo que impone la Ley 1150 de 2007 con
carácter imperativo es que las obligaciones derivadas del contrato estatal deben contar
con una garantía que avale su cumplimiento36, de donde claramente se deriva que
deben estar vigentes por el mismo tiempo que permanezca el riesgo de su
inobservancia –lo cual, a su vez, es concordante con las normas reglamentarias que
desarrollan esta ley en este aspecto–, dable es concluir que se opone abiertamente a
dicha norma de orden público el contenido de otras de derecho privado que admiten
la posibilidad de que la vigencia de la póliza que se ha pactado en función de la del
contrato amparado, pueda cesar en sus efectos de manera anticipada, bien sea por la
decisión unilateral del asegurador o del tomador, o bien por una consecuencia legal.

d. Así las cosas, tratándose de contratos estatales y por las razones previamente
explicadas sobre el carácter irrevocable de la póliza de cumplimiento, el interés
asegurable que se identifica cuando el beneficiario de la indemnización es una entidad
estatal y las normas de orden público que se instituyeron como expresión de tales
aspectos, resulta forzoso concluir que una vez notificada de la alteración del estado
del riesgo, la aseguradora solo podrá reajustar el valor de la prima. A su turno, si no
acontece la notificación de la agravación del estado del riesgo, la consecuencia
prevista en el derecho común no podrá tener operancia, pues ello significaría admitir
que el contrato estatal podría quedar desprovisto de protección patrimonial, en
contravía de las normas que imponen su obligatoria salvaguarda durante toda la
vigencia del negocio jurídico.

36 Salvo los contratos que expresamente quedaron excluidos de tal exigencia (Ley 80 de 1993, art. 7, inc. final).

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e. Reitérase la superioridad del interés asegurable que persigue la póliza de
cumplimiento estatal y la obligatoria observancia de las normas de orden público que
establecen como imperativo que el cumplimiento de los contratos estatales debe estar
avalado por una garantía única –entre ellas, la más común, la póliza de cumplimiento–
, pues ello conduce a enfatizar con toda contundencia que el patrimonio público no
puede desprotegerse, en tanto denota la preservación de un bien de interés de
trascendencia colectiva, al constituirse en la herramienta palpable que da cabida a la
consecución de los fines estatales, en pro del interés general.

f. En este momento de la providencia la Sala estima pertinente aclarar que la
lectura del régimen del contrato de seguro que acá se destaca no supone que se
desconozca que la carga del tomador de emitir una declaración fidedigna de los
factores y componentes que determinan el estado del riesgo al momento de contratar
el seguro constituye una manifestación relevante para que el asegurador determine el
valor de la prima en función de la extensión y la probabilidad de acaecimiento del
suceso futuro e incierto cuyo alea de realización asume, con el fin de que valore y
consienta si lo ampara o no y, si lo hace, bajo qué condiciones. Tampoco pasa por
inadvertido que, dado que el contrato de seguro es de tracto sucesivo, el estado del
riesgo pueda sufrir variaciones y cambios en el curso de su devenir, toda vez que existe
la posibilidad de que no se mantenga inmóvil o pasivo. Lo que se quiere significar es
que no todas las consecuencias que el legislador previó para reajustar esa relación
cuando ello ocurre son aplicables cuando la garantía se presta a favor de una entidad
pública como aval del cumplimiento de las obligaciones de su contratista.

g. En línea con ello, resulta ineludible destacar que el entendimiento aquí
reseñado de ninguna manera pretende dejar a la aseguradora en una posición
inequitativa de cara a la relación riesgo – prima que tuvo en cuenta al momento de
celebrar el contrato, puesto que, si bien, por las razones antedichas estará llamada a
cubrir los perjuicios derivados de la materialización del siniestro –hasta el monto
asegurado–, aun cuando no hubiere sido notificada oportunamente de la agravación
del estado del riesgo, en tanto no opera la sanción de la terminación automática, lo
cierto es que nada impide a la compañía aseguradora acudir a la vía judicial con el
objeto de que se reconozca a su favor la compensación a que haya lugar, cuya
causación, claro está, tendrá que ser acreditada por ella37.

37 La doctrina especializada en la materia ha realizado estudios a fin de dilucidar una amplia mirada en torno al

manejo de agravación del riesgo en otros territorios. Bajo esta línea, ha resaltado las modificaciones introducidas
a nivel internacional, presentes en cambios legislativos y en proyectos de ley, las cuales evidencian una matización
frente al tratamiento que sobre el particular otorga el derecho patrio.
Así y a título ilustrativo, se pone de presente la legislación Chilena (2013) que prevé que si acontece el riesgo sin
efectuarse la declaración sobre su agravación, la aseguradora puede reducir la indemnización que le corresponde
pagar, en caso de que se pruebe de que dicho aumento del riesgo hubiere conducido a celebrar el contrato de
seguro en condiciones más onerosas. A su vez, el ordenamiento Uruguayo consagra que si se omite denunciar el
agravamiento del riesgo y ocurre el siniestro atado a éste, el asegurador quedará liberado de la prestación referida
a ese siniestro particular y concreto.
Por su parte, los Principio del Derecho Europeo del Contrato de Seguros, artículo 4:203 Sanciones, establecen que
ante la ausencia de comunicación de la agravación del riesgo, tratándose de una circunstancia que el tomador
conocía o debía haber conocido e informado, la aseguradora no satisfará la prestación asegurada, si se trata de un
riesgo que la compañía no habría avalado; sin embargo, si se trata de un riesgo que la aseguradora sí habría
cubierto por una mayor prima, la prestación asegurada se abonará proporcionalmente o de acuerdo con dichas
condiciones.

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48. Ahora, retomando el asunto que en esta ocasión ocupa la atención de la Sala,
se estima pertinente mencionar que, aun cuando lo analizado en precedencia resulta
suficiente para descartar este cargo de la apelación, no sobra advertir que si
hipotéticamente se admitiera que el contrato de seguro de cumplimiento a favor de
entidades públicas pudiera terminar por falta de notificación de la agravación del
estado del riesgo, lo cierto es que en este caso ello no se presentó. Al respecto, es
necesario tener en cuenta que no cualquier circunstancia o evento súbito puede
provocar la agravación del mismo, sino que debe referirse –según las distinciones
incluidas en el artículo 1060 del Código de Comercio– a hechos imprevistos,
imprevisibles, nuevos y, por consiguiente, sobrevinientes que cambien
sustancialmente el suceso originalmente asumido, significando una modificación
relevante para el asegurador, al resultar trascendentes o de tal magnitud que incidan
en la posibilidad de materialización del alea cubierto, al punto que de haberlo así
conocido no lo hubiere asumido o lo hubiere hecho por una prima mayor.

a. La aseguradora alude que se presentó la agravación del estado del riesgo con
la salida del dinero depositado en la cuenta corriente de manejo conjunto sin la firma
del interventor; no obstante, dicho suceso no configura una situación inesperada o
distinta de lo que pudo haber valorado al momento de expedir la póliza, ni una variación
significativa del alea amparado.

b. Empieza la Sala por señalar que en un escenario como el que toca el sub lite,
le corresponde a la aseguradora demostrar la razón de por qué el supuesto acaecido
no era previsible al momento de la expedición de la póliza y por qué supera el nivel del
riesgo que asumió y la medida de dicha agravación; sin embargo, más allá de su dicho,
Seguros del Estado no acreditó ninguno de esos supuestos.

c. En cambio, lo que se observa es que la conducta del contratista de retirar los
recursos sin la firma del interventor era un aspecto perfectamente previsible al
momento de tomar la póliza, de cara a la forma en la que se pactó que debía manejarse
el anticipo y los riesgos mínimos que, de conformidad con la normatividad vigente en
ese momento, se debían amparar en relación con las obligaciones que aquél asumió
al aceptar la entrega de esos recursos.

d. Al respecto, es importante destacar que frente al anticipo el contratista tiene la
obligación de manejarlo e invertirlo adecuadamente, lo que se traduce en que no
puede destinarlo para gastos diferentes a aquellos para los cuales se pactó –que son
los necesarios para el desarrollo del objeto convenido–, despilfarrarlo ni apropiarse de
él. En función de ello, las partes acuerdan la forma en que deben manejarse los
recursos entregados a ese título, como un mecanismo de control para procurar que se
utilicen según lo estipulado, por lo cual el amparo de buen manejo y correcta inversión
del anticipo lleva implícito el cubrimiento del riesgo latente de que el contratista ejecute

Si bien nuestra Legislación no consagra unos mecanismos como los enunciados para otros países, lo cierto es que
resulta en un ejercicio muy valioso conocer esas nuevas tendencias legislativas, en tanto que todas presentan un
punto en común, el cual es definir respuestas a la falta de comunicación de la alteración del riesgo que resultan
menos drásticas que la culminación del vínculo negocial, en aras de preservar sus efectos e interés que condujo a
su celebración (sobre el particular, consultar: JARAMILLO J, Carlos Ignacio: “La modificación del estado del riesgo
en el contrato de seguro, su agravación y su disminución, tendencias e incidencias del criterio de razonabilidad”.
Revista Ibero – Latinoamericana. Seguros, 2021, p, 73 a 108. https://doi.org/10.11144/Javeriana.ris56.merc).

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conductas que desconozcan o incumplan la forma acordada por las partes para el
manejo de tales recursos y que conduzcan a contrariar los propósitos para los cuales
fue estipulado38.

e. En este caso, de cara al manejo de los recursos que la entidad se obligó a
entregar a título de anticipo, las partes acordaron en el parágrafo primero de la cláusula
novena que tales recursos se debían depositar en una cuenta corriente de manejo
conjunto, de tal forma que los cheques que se giraran con cargo a ella necesitaban de
la firma del contratista y de la del interventor; asimismo, en el parágrafo cuarto de esa
misma cláusula, las partes estipularon que el INVIAS, a través de la interventoría,
debía revisar y aprobar los programas de inversión del anticipo de conformidad con el
manual de interventoría39. En suma, la necesidad de la firma de la interventoría para
disponer de los recursos del anticipo –que, por regla general, se emite previa
verificación de los avances de la ejecución del objeto pactado– se erigió como un
mecanismo de control para que se invirtieran en los propósitos de la obra.

f. En ese contexto, constituía un riesgo desde el momento mismo en que se tomó
la póliza, que el contratista, eventualmente, incumpliera su obligación de manejar los
recursos en las condiciones pactadas y que ello pudiera conducir a la configuración de
alguno de los riesgos cubiertos por el amparo de buen manejo y correcta inversión del
anticipo, esto es, a su no inversión, su uso indebido e, incluso, a su apropiación; de
manera que, en estas condiciones y ante la ausencia de una prueba que conduzca a
una conclusión diferente, no es posible colegir que esa conducta del consorcio hubiere
sido imprevisible al momento de tomar la póliza, menos aún que hubiere conllevado a
la agravación del estado del riesgo al momento en que se expidió la póliza.

g. En suma, la inobservancia del debido empleo del anticipo no devino de una
modificación del riesgo amparado. El siniestro declarado no superó los supuestos
asegurados, ni muchos menos denotó un desconocimiento de las circunstancias que
condujeron la celebración del contrato de seguro, comoquiera que lo que se aseguró
fueron precisamente esos eventos que advertían la posible utilización de los recursos
públicos en fines al margen de la contratación estatal, supuesto que se presentó, sin
resultar de un suceso que aumentara el riesgo asumido, pues, como ya se vio, la
conducta que llevó a ello no era imprevisible y, por tanto, no alteró ni agravó los
escenarios que desde que se tomó el seguro se podían avizorar como vías que podían
conducir y facilitar el inadecuado manejo del anticipo.

49. En línea con todo lo expuesto en este capítulo y ante la constatación de que no
tiene aplicabilidad la figura de terminación anticipada del contrato a las pólizas de

38 “El contratista, frente al anticipo, que ha sido calificado correctamente como un avance o préstamo que se le

hace para que pueda cubrir los gastos iniciales del contrato, tiene dos obligaciones totalmente distintas:
a. De una parte, manejarlo adecuadamente e invertirlo correctamente. Para tal fin en el contrato se debe pactar la
manera como debe manejar estos recursos y rendir las cuentas correspondientes. Es posible que la cuenta a través
de la cual se maneje el anticipo solo pueda ser utilizada con la firma del interventor, y también que deba
<<legalizar>> los gastos, en un plazo determinado, con el objeto de demostrar que lo ha manejado adecuadamente
y lo ha invertido correctamente. Esta obligación es la que está cubierta con la póliza expedida por la Compañía de
Seguros y, para que la Compañía esté obligada a pagarla, debe declararse que el contratista la incumplió, lo que
no ocurrió en este caso”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección
B, sentencia del 3 de noviembre de 2020, Exp. 47760, C.P. Martín Bermúdez Muñoz.
39 Folio 55 del cuaderno 1.

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cumplimiento emitidas a favor de entidades estatales y, asimismo, ante la falta de
acreditación de que la conducta del contratista hubiere significado una agravación del
estado del riesgo, forzoso es concluir que el cargo formulado por la apelante con base
en este reproche no puede prosperar.

Ocurrencia del siniestro de buen manejo y correcta inversión del anticipo

50. La aseguradora sostuvo que la entidad no podía declarar la ocurrencia del
siniestro de buen manejo y correcta inversión del anticipo sin que se hubiere liquidado
el contrato de obra, pues solo hasta ese momento se podía constatar si el contratista
lo “amortizó”, si lo invirtió o lo usó de forma indebida, dado que el finiquito constituye
el hito contractual donde se realiza el balance de los resultados económicos y
financieros del negocio jurídico.

51. En los términos del artículo 1072 del Código de Comercio, el siniestro se
concibe como la realización del riesgo asegurado, escenario que se concreta en el
momento mismo en que acontece el incumplimiento de alguna de las obligaciones
contractuales aseguradas 40 –para unos casos específicos previstos en la ley, se
constituye con la expedición del acto administrativo que lo declare41–, lo que descarta,
de entrada, que dicho momento tenga que coincidir con el de la liquidación del contrato,
en tanto se trata de una fase posterior a la finalización del plazo pactado para la
ejecución del objeto convenido, destinada a establecer el balance final de lo que fue la
ejecución del negocio jurídico.

52. Se añade a lo anterior que, en virtud de la vigilancia y control del vínculo
negocial, la entidad cuenta con herramientas precisas para constatar la inobservancia
de los compromisos adquiridos para la ejecución del contrato durante su curso, por lo
cual, aunque no se descarta que la declaración del siniestro se pueda hacer durante
la fase de la liquidación –pero dentro del de los términos de prescripción de las
acciones que se derivan del contrato de seguro (art. 1081, C.Co.)–, no se impone como
necesario que se llegue hasta esa etapa para constatar el incumplimiento que, en todo
caso, habrá ocurrido de manera previa, en la medida que, se insiste, basta con que
acontezca el hecho amparado para que el siniestro se concrete.

53. Lo dicho en términos generales se predica claramente respecto de los riesgos
que cobija el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo, esto es, de
acuerdo con el Decreto 4828 de 2008 aplicable a este caso, (i) la no inversión, (ii) el
uso indebido, y (iii) la apropiación del anticipo, puesto que se trata de sucesos cuya
eventual ocurrencia está latente durante el curso del iter contractual42 y, de llegar a

40 En ese mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia ha expresado que “el riesgo asegurado se traduce en la

eventualidad de un incumplimiento de la obligación garantizada por parte del deudor-contratista, esta Sala ya ha
precisado en diversas ocasiones que es al momento de ocurrir tal inejecución prestacional imputable a éste, cuando
jurídicamente se configura el siniestro entendido como percutor del débito que, por fuerza de su materialización, se
radica en cabeza del asegurador”.
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 24 de julio de 2006, expediente 00191.
41 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, y en el artículo 2.2.1.2.3.1.19. del Decreto

1082 de 2015, el acto administrativo que declara la caducidad y el que impone multa son constitutivos de siniestro.
42 Tanto que, de conformidad con esa misma normativa, dado que se trata de riesgos que están latentes y pueden

configurarse dentro de la fase de ejecución del contrato, se ordena que la vigencia de ese amparo debe coincidir
con la del contrato y extenderse hasta la fase de su liquidación.

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materializarse, en los términos del artículo 1072 del Código de Comercio, darían lugar
a la ocurrencia del siniestro, por sí mismos y sin la necesidad de la expedición de un
acto posterior de liquidación, que incluso podría no ocurrir jamás, lo que no impediría
tener por configurado el siniestro.

54. En consecuencia, el hecho de que la entidad advierta la ocurrencia de alguno
de los supuestos que están cobijados por el amparo de buen manejo y correcta
inversión del anticipo antes de realizar el balance final del contrato, no le impide
declarar su ocurrencia. Al contrario, de cara al tiempo de prescripción extintiva de la
acción derivada del contrato de seguros que la ley consagra, lo que se impone es
hacerlo dentro de ese periodo que, incluso, puede vencer antes de la fase de
liquidación del contrato.

55. Ahora, en relación con el reparo formulado por la aseguradora, consistente en
que la liquidación constituye el hito adecuado para la configuración del siniestro,
porque sólo en ese momento se puede constatar si el contratista amortizó o no el
anticipo, resulta imperioso precisar que, en los términos del referido Decreto 4828 de
2008 (art. 4.2.1), la falta de amortización no es uno de los riesgos cubiertos por el
amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo, las partes no lo adicionaron
a la póliza de cumplimiento del contrato de obra 620 de 2010, ni fue declarado por la
entidad en las resoluciones demandadas, por lo cual lo alegado por la aseguradora
sobre este preciso aspecto no tiene incidencia de cara al debate de legalidad que se
aborda en este juicio.

56. En efecto, de acuerdo con el mencionado decreto, los riesgos que quedan
cubiertos por el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo son los de no
inversión, uso indebido y apropiación. La amortización no queda comprendida en
ninguno de ellos, porque se trata de un ejercicio contable posterior, consistente en la
devolución progresiva de tales recursos, mediante el descuento aplicado a los
resultados de cada corte de cuentas pactado, cuyo cumplimiento depende de la forma
en la que las partes hayan estipulado tal ejercicio, pero que, generalmente, coincide
con la ejecución del 100% del objeto convenido43.

57. Al hilo de lo anterior y según se deriva del contenido de la Resolución No. 2908
de 2011, el INVIAS declaró la ocurrencia del siniestro de buen manejo y correcta
inversión del anticipo con base en que el contratista usó indebidamente los recursos
que le fueron desembolsados a ese título, en total $576’099.828, en la medida que, de
acuerdo con el informe de interventoría del 15 de abril de 2011, a esa fecha se pudo
constatar que en la cuenta corriente que se aperturó para el manejo conjunto de tales
dineros había un saldo equivalente a $14.661, a pesar de que la interventoría
únicamente había autorizado el retiro de $21’915.000 para adelantar las labores de
verificación y actualización de estudios y diseños; aunado al hecho de que el consorcio
giró varios cheques con destinación diferente a las necesidades del contrato44 y a que

43 Al respecto se pueden consultar, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Tercera,

Subsección B, sentencias del 3 de noviembre de 2020, Exp. 47760. En el mismo sentido se ha pronunciado la Sala
de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, al respecto se puede consultar la sentencia del 1 de septiembre
de 2022, Exp. SC2840-2022.
44 Tomado de la transcripción hecha del informe en la referida resolución (folio 24, c. 1).

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no había aval ni acta de recibo de los productos para los cuales fue solicitado y
autorizado el desembolso, motivación que, valga mencionar, no ha sido cuestionada
por la aseguradora en este juicio.

58. Lo anterior pone en evidencia que el siniestro que declaró la entidad no fue el
de la amortización del anticipo, que tampoco fue amparado por la aseguradora, sino el
de su uso indebido el cual ocurrió y se pudo verificar al margen de la liquidación del
contrato y del ejercicio contable de la amortización. Por consiguiente y ante la
advertencia de ausencia de prosperidad de las argumentaciones esbozadas por la
actora respecto de este cargo, la Sala lo negará.

Violación del debido proceso de la aseguradora

59. La aseguradora sostiene que el Tribunal erró al despachar desfavorablemente
este cargo, dado que el INVÍAS sí transgredió su derecho al debido proceso, al proferir
la Resolución No. 4266 de 2011, por medio de la cual se declaró la caducidad del
contrato de obra 620 de 2010, por cuanto la entidad no la citó oportunamente a la
audiencia en que se produjo esta determinación. En específico, señaló que, contrario
a los sostenido por el a quo, las comunicaciones que aportó al expediente son legibles
y dan cuenta de que recibió la convocatoria a la referida audiencia hasta las 11:00 am
del 25 de agosto de 2011, pese a que dicha diligencia se realizaría a las 8:00 am de
ese mismo día.

60. Para desarrollar este cargo de la apelación es pertinente mencionar que, por
disposición legal contenida en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 –vigente para el
momento en que se dio inicio al procedimiento administrativo que antecedió a la
expedición de la Resolución No. 4266 de 201145–, la aseguradora debe ser vinculada
al procedimiento administrativo que se surta con el objeto de imponer multas,
sanciones y declaraciones de incumplimiento del contratista, en la medida que, si bien
la decisión administrativa que en ese sentido puede llegar a adoptarse en el marco de
tal procedimiento no podría calificarse respecto de ella como una sanción, dado que lo
que define es la materialización de su obligación contractual de pago por cumplimiento
de la condición de la que pende –la configuración del siniestro–, lo cierto es que, por
eso mismo, respecto de ella se predica un indudable interés en el resultado de la
actuación, de ahí que sea un sujeto legitimado para intervenir en ella.

61. Al hilo de lo anterior, cabe señalar que el debido proceso del garante no se
entiende satisfecho solamente con la notificación del acto que declare el siniestro,
comoquiera que resulta ineludible su convocatoria de forma anterior a la toma de la
decisión, para que pueda conocer los hechos que la fundamentan, presentar sus
descargos, argumentaciones y pruebas que estime pertinentes a efectos de
controvertir los cargos con fundamento en los cuales la entidad pretende hacer efectiva
la garantía de cumplimiento, lo que adquiere especial relevancia si se tiene en cuenta
que cuando el siniestro se declara a través de un acto administrativo, la aseguradora
no tiene otro escenario –previo a un proceso judicial– para debatir u oponerse a la

45 Según la información que reposa en el expediente la primera citación se hizo en el mes de agosto de 2011, la

Ley 1474 de 2011 entró a regir el 12 de julio de ese mismo año.

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declaratoria de su existencia y, con ello, al surgimiento de la exigibilidad de su
obligación de pago, en tanto en estos casos no se aplican las reglas previstas en el
derecho común de cara a la reclamación de la indemnización, normativa que prevé
una oportunidad para que la aseguradora se oponga a ella con base en las objeciones
que estime procedentes.

62. En el sub lite, obra el oficio OAJ 33682 del 9 de agosto de 201146, dirigido a la
aseguradora, contentivo de la invitación a la audiencia del proceso sancionatorio en el
marco de la Ley 1474 de 201147, en la cual se manifestó que tenía como propósito
iniciar el trámite para la declaratoria de caducidad del contrato de obra 620 de 2010,
con la enunciación de los hechos que soportaron el grave incumplimiento aducido en
contra del contratista, ante el abandono y falta de ejecución del objeto pactado, las
pruebas documentales que demuestran los supuestos indicados, los fundamentos de
derecho y el señalamiento de cómo sería el desarrollo de la audiencia prevista,
inicialmente, para el 18 de agosto de 2011, con la expresa mención de la oportunidad
de rendir descargos, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad.

63. Asimismo, se aportaron dos citaciones remitidas por el INVÍAS a la
aseguradora, la primera, fechada el 19 de agosto de 2011 –identificada con el número
OAJ 3561248– y, la segunda, fechada el 22 de ese mismo mes y año –bajo la radicación
OAJ 3590749-, con el fin de convocar a la compañía de seguros a la audiencia del
proceso sancionatorio cuya reanudación se programó para el 25 de agosto siguiente,
en ambos documentos se consignó el texto que a continuación se transcribe:

“Con el fin de garantizar el derecho de contradicción y de defensa, se suspendió
el desarrollo de la audiencia del afectado prevista para el día 18 de agosto del año
2011 en contra de su afianzado y se informa que será reanudada el día 25 de
agosto de 2011, a las 8:00 am, teniendo en cuenta lo siguiente:

El interventor del contrato No. 620 de 2010, Consorcio IAR Ingeniería, informó en
audiencia del afectado de fecha 18 de agosto del año 2011, que el representante
legal del Consorcio UM-035 de manera informal le hizo llegar el cambio de su
dirección de correspondencia, por lo que el mismo no se encontraba notificado
para asistir”.

64. En punto al debate establecido en torno al momento de recepción de tales
citaciones, se observa en las comunicaciones la presencia de varios sellos de distinta
fecha. En la citación del 19 de agosto de 2011 aparece constancia de recibido por
parte de Seguros del Estado del 26 y 30 de agosto y del 6 de septiembre de esa misma
anualidad, mientras que en la comunicación del 22 de agosto de 2011 se observa un
sello del 6 de septiembre de 2011 y otro de la Gerencia Nacional de Fianzas de la
aseguradora de agosto de 2011, pero ilegible respecto del día, así:

46 Folios 231 a 233 del cuaderno 2.
47 El proceso sancionatorio dirigido a la declaratoria de caducidad contractual se rigió por el procedimiento de que

trata la Ley 1474 de 2011, toda vez que para el momento en que éste inició -agosto de 2011- dicha normativa ya
se encontraba vigente -lo cual aconteció desde el 12 de julio de 2011-; para el efecto, se recuerda, que si bien el
contrato se rige por las leyes vigentes al momento de su celebración, el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 estatuye
que las normas aplicables a éstos, en relación con la reclamación en juicio de los derechos que emanen del negocio
jurídico, serán las vigentes al tiempo de la controversia.
48 Folio 66 del cuaderno 1.
49 Folio 67 del cuaderno 1.

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65. Las anteriores piezas probatorias acreditan que la entidad sí remitió sendas
citaciones a la demandante, pero no otorgan la certidumbre requerida para colegir que
ello ocurrió extemporáneamente, toda vez los sellos plasmados versan sobre
dependencias internas de la compañía –Dirección de Indemnizaciones de Fianzas y
Gerencias Nacional de Fianzas–, sin que sea posible establecer con certeza la fecha
de recepción inicial por parte de la aseguradora.

66. En la citación OAJ 35907 es visible un sello con fecha de recepción de agosto
de 2011, a las 11:30 am, sin que se pueda leer el día en que ello aconteció, marca
sobre la cual la actora sustentó sus pedimentos, al señalar que ésta da cuenta de que
recibió la citación el 25 de agosto de 2011 tres horas después del momento para el
cual estaba programada la audiencia, toda vez que la diligencia se citó para las 8:00
am de ese día; no obstante, más allá del dicho de la demandante, el examen del
documento no permite colegir que la referida comunicación ocurrió en las
circunstancias que reseñó, puesto que, como no es legible el día, no es posible
establecer si la citación se recibió la misma fecha en que se expidió –22 de agosto de
2011–, un día después o, en efecto, como alega la demandante, el mismo día de la
diligencia, pero en una hora posterior a la de la citación; de modo que no acreditó el
supuesto en el que basó su inconformidad.

67. Igualmente, en los escritos OAJ 35612 y OAJ 35907 obran sendos sellos de la
Dirección de Indemnizaciones de Fianzas del 6 de septiembre de 2011, cuyo examen
no da lugar a colegir que hasta esa fecha la actora recibió la convocatoria del INVÍAS,
puesto que, como ya se explicó, se observan otras constancias previas, en la citación

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OAJ 35907 de agosto de 2011, sin que sea legible el día y en la OAJ 35612 del 30 de
agosto de 2011, marcas que conducen a entender, que esos sellos de septiembre se
refieren a un trámite interno de la aseguradora, más no al momento primigenio en que
a ésta le entregaron la comunicación proveniente de la contratante.

68. Así las cosas, lo que se constata es que la parte actora no cumplió con la carga
de prueba que le compelía en torno al aspecto en estudio –onus probando incumbit
actori-, según lo previsto en el artículo 167 del C.G.P 50 –, toda vez que no logró
acreditar el fundamento en que apoyó su pedimento, dado que no demostró que las
citaciones mencionadas le hubieren sido entregadas con posterioridad al 25 de agosto
de 2011.

69. Por consiguiente y como no se comprobó que a Seguros del Estado se le
hubiere convocado de forma tardía a la audiencia que definió el procedimiento
sancionatorio del contrato 620 de 2010, es decir, no se acreditó la indebida citación
del garante, resulta forzoso colegir que no se demostró la transgresión de su derecho
de contradicción y defensa, aserto que conduce a la Sala a no acceder a la prosperidad
del cargo de violación al debido proceso.

70. En línea con lo expuesto en cada uno de los acápites que resolvieron los
problemas planteados en la alzada, la Sala confirmará la sentencia apelada, puesto
que, como se vio, no prosperó alguno de los pedimentos formulados.

Costas

71. Habida consideración de que en este proceso se aplica el artículo 188 del
CPACA, de conformidad con el artículo 365 del Código General del Proceso, numeral
1, la Sala condenará en costas a la parte demandante en la medida en que, por las
razones previamente expresadas, se resolverá desfavorablemente el recurso de
apelación que interpuso en contra de la sentencia del 24 de agosto de 2015, en lo que
le fue desfavorable. Se advierte que, bajo las reglas del código en cita la condena en
costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta temeraria de la
parte a la cual se le imponen, toda vez que en el régimen actual dicha condena se
determina con fundamento en un criterio netamente objetivo, en este caso frente a la
parte que ha resultado vencida, “siempre que exista prueba de su existencia, de su
utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley”.

72. La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el
Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que dispone
el artículo 366 del Código General del Proceso.

73. En relación con las agencias en derecho, se pone de presente que se regirán
por el Acuerdo 1887 de 2003, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura,

50 “ARTÍCULO 167. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que

consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.

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vigente para la fecha en que se presentó la demanda51. De conformidad con su artículo
tercero, en la fijación de las tarifas en los asuntos contencioso administrativos, debe
tenerse en cuenta la naturaleza, la calidad y la duración útil de la gestión realizada por
el apoderado, así como la cuantía de la pretensión y demás circunstancias relevantes.

74. En este caso, la Sala advierte que, dado que la demandante será condenada a
pagar las costas de la segunda instancia, también será condenada a pagar las
agencias en derecho de aquélla, las cuales, en los términos del artículo 6 del aludido
Acuerdo, deben fijarse en un porcentaje de hasta el 5% del valor de las pretensiones
reconocidas o negadas en la sentencia. En consideración a que la entidad demandada
tuvo apoderado, pero éste no hizo pronunciamiento en esta instancia, se fijan las
agencias en derecho a cargo de Seguros del Estado S.A. y a favor del Instituto
Nacional de Vías en siete millones cinco mil ochocientos sesenta y tres pesos m/cte
($7’005.863), teniendo en cuenta la relación porcentual del 1% del valor de la
pretensión económica de la demanda que se niega, representada en el monto de
$700’586.364, resultante de sumar el valor por el que se ordenó hacer efectivo el
amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo cuya nulidad se niega y el
valor que se estimó que le debía ser reconocido a la aseguradora por el pago que hizo
con base en la Resolución No. 4266 de 2011, por medio de la cual se declaró la
caducidad del contrato de obra 620 de 2010, cuya nulidad también se niega.

IV. PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 24 de agosto de 2015, proferida por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, de conformidad con las razones expuestas en esta
providencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte actora, para lo cual se fija como
agencias en derecho para la segunda instancia, la suma de siete millones cinco mil
ochocientos sesenta y tres pesos m/cte ($7’005.863), a favor de Instituto Nacional de
Vías -INVÍAS-

51 Que fija, en su numeral 3.3.1. que las agencias en derecho podrán ser fijadas en hasta el 5% de las pretensiones

reconocidas o negadas en la sentencia. Este Acuerdo es aplicable a este caso pese a la derogatoria que hizo de él
el Acuerdo 10554 de 2016 que fue expedido con ocasión de la entrada en vigencia del CGP. El Acuerdo 10554
estableció en su artículo 7º que “se aplicará respecto de los procesos iniciados a partir de dicha fecha. Los
comenzados antes se siguen regulando por los reglamentos anteriores sobre la materia, de manera especial los
contenidos en los Acuerdos 1887 de 2003 (…)”.

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Demandante: Seguros del Estado S.A.
Demandado: Instituto Nacional de Vías –INVIAS-
Asunto: Controversias contractuales

TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES (E)
VF

Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la
responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

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