Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 44001-23-40-000-2013-00134-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 44001-23-40-000-2013-00134-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 44001-23-40-000-2013-00134-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
13 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D. C., trece (13) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 44001-23-40-000-2013-00134-01 (69.876)
Demandante: Seguros Colpatria S.A.
Demandado: Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle del
Cauca –Acuavalle S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales
Temas: CONTRATOS CELEBRADOS POR EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS – Se rigen por el derecho privado, salvo que la ley disponga otra cosa. //
FACULTADES Y PRERROGATIVAS UNILATERALES EN LOS CONTRATOS DE RÉGIMEN
EXCEPTUADO DE CONTRATACIÓN ESTATAL – Para su ejercicio deben ser pactadas de forma
clara, expresa e inequívoca, lo que no impide que sean interpretadas conforme a las pautas
hermenéuticas que desarrolla la ley // DEBIDO PROCESO EN CONTRATOS DE DERECHO
PRIVADO – Características // CARGA DE LA PRUEBA – Corresponde a la parte demandante
demostrar los supuestos de hecho que fundamentan sus pretensiones.
1. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la sentencia del 3 de marzo de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo de la Guajira, que negó las pretensiones de la demanda.
SÍNTESIS DEL CASO
2. Acuavalle S.A E.S.P. celebró el contrato n.° 141 de 2008 con la sociedad Suárez
y Silva Ltda1 para que esta última realizara el diseño y construcción del sistema
de acueducto y alcantarillado del corregimiento Los Pondores en el municipio de
San Juan del Cesar2. Seguros Colpatria expidió una póliza de cumplimiento para
garantizar las obligaciones de la contratista, quien cedió su posición a la Unión
Temporal Proaguas C.T.A. – O.M.E. 3 A Ltda. Durante la ejecución, las labores
se suspendieron en cinco oportunidades y luego de la última ocasión los trabajos
no reiniciaron. Ante esta situación, la Empresa contratante expidió la Resolución
n.° 152 de 2012 -confirmada por la n.° 289 del mismo año- mediante la cual
levantó la suspensión, declaró el incumplimiento de la Unión Temporal,
determinó la ocurrencia de los siniestros de cumplimiento y de buen manejo y
correcta inversión del anticipo, hizo efectiva la póliza exigiendo a la aseguradora
el pago, y ordenó la liquidación unilateral del contrato. Estas decisiones son
cuestionadas en este proceso por la compañía de seguros.
1 En calidad de contratista.
2 Este contrato se suscribió en desarrollo del convenio interadministrativo 008 de 2008, celebrado
entre la empresa de servicios públicos y Corpoguajira.
1
Radicación: 44001-23-40-000-2013-00134-01 (69876)
Demandante: Seguros Colpatria S.A.
Demandado: Acuavalle S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales
ANTECEDENTES
La demanda y las razones de hecho y de derecho en las que se fundamentó
3. El 5 de julio de 2013, Seguros Colpatria S.A. (en adelante, la demandante, la
actora, la aseguradora, la garante o Colpatria), formuló demanda 3 de
controversias contractuales en contra de la Sociedad de Acueductos y
Alcantarillados del Valle del Cauca – Acuavalle S.A. E.S.P. (en lo sucesivo, la
demandada, la Empresa o Acuavalle), en procura de obtener pronunciamiento
favorable respecto de estas pretensiones4:
“1. Que se declare la nulidad de la Resolución 152 de agosto 27 de 2012 y de la
Resolución 289 de noviembre 1 de 2012, expedidas por el Gerente de la Instituto de
la SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL
CAUCA S.A. E.S.P. ACUAVALLE S.A. E.S.P., por las razones que se expondrán en
el acápite de concepto de la violación del presente escrito.
2. Que como consecuencia de la prosperidad de la pretensión anterior, se declare
que SEGUROS COLPATRIA S.A., no debe pagar a la SOCIEDAD DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. E.S.P.
ACUAVALLE S.A. E.S.P. la suma de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS
MONEDA CORRIENTE ($ 1.275'340.510.00) por concepto de la sanción impuesta
mediante los actos administrativos demandados.
3. Que en subsidio se declare que la sanción por la efectividad de la garantía de
cumplimiento del contrato, por la cual se pretende el cobro de la cláusula penal
pactada en el contrato afectando dicha garantía por valor de $ 600'116.148,oo, debe
ser reducida en un 35.86%%, comoquiera que el contratista afianzado cumplió con
el 35.86% del contrato, o en la suma que se pruebe en el proceso.
4. Que se condene en costas y agencias en derecho a la entidad demandada
conforme lo dispone el artículo 188 del C.P.A.C.C.А.
5. Que se ordene dar cumplimiento a la sentencia dentro del término señalado por
el artículo 192 del C.P.A.C.C.A.”
4. Como fundamento de sus pedimentos, la actora relató que Acuavalle suscribió
con la sociedad Suárez y Silva Ltda. - Ingenieros Contratistas5 (en lo sucesivo
SSIC) el contrato de obra número 141-2008 del 21 de agosto de 20086, con el
objeto de diseñar y construir el acueducto y alcantarillado del corregimiento “Los
Pondores” en el municipio de San Juan del Cesar. Este fue pactado en virtud del
convenio interadministrativo número 008 de 2008, celebrado entre la Empresa y
la Corporación Autónoma Regional de la Guajira (Corpoguajira), que tuvo por
objeto aunar esfuerzos técnicos y financieros para destinarlos a adelantar
proyectos de abastecimiento de agua potable y sistemas de recolección,
transporte, tratamiento y disposición general de aguas residuales en varias
localidades, dentro de los cuales se hallaba la anteriormente mencionada.
3 En índice SAMAI segunda instancia, núm. 2. Archivo “3_ED_20130013400CUADE(.pdf)”, f. 2-36.
4 Transcripción textual, con énfasis propios y posibles errores.
5 Sociedad así denominada en la demanda y en el contrato.
6 Fecha afirmada por la actora en el hecho primero del libelo introductorio.
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Radicación: 44001-23-40-000-2013-00134-01 (69876)
Demandante: Seguros Colpatria S.A.
Demandado: Acuavalle S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales
5. En virtud de lo acordado, SSIC presentó ante la demandada la Garantía Única
representada en la póliza de seguros número 8001020488 otorgada por la
aseguradora. El valor amparado por el cumplimiento del contrato fue de
seiscientos millones ciento dieciséis mil ciento cuarenta y ocho pesos
($600’116.148,oo), mientras que el de manejo y buena inversión del anticipo fue
de novecientos sesenta millones ciento ochenta y cinco mil novecientos treinta
y siete pesos ($960’185.937,oo). La vigencia de la póliza inició el 3 de
septiembre de 2008.
6. Según la cláusula trigésima del contrato, las partes convinieron que, mediante
resolución motivada y notificada personalmente a la contratista, el gerente de la
Empresa podría hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria o la garantía única
de cumplimiento del contrato.
7. El 15 de febrero de 2010, Acuavalle remitió un oficio a la demandante en el que
informó que SSIC estaba desatendiendo sus obligaciones contractuales por lo
que daría inicio a los “procedimientos administrativos” correspondientes7.
8. Posteriormente, SSIC fue “sustituida” en el cumplimiento de las obligaciones
estipuladas por la Unión Temporal Proaguas C.T.A. – O.M.E. 3 A Ltda. (en
adelante, la UT), mediante acuerdo del 29 de abril de 2010.
9. El 18 de mayo de 2010, las partes del contrato de obra suscribieron el acta de
suspensión número 58, motivada en que no se había “dado la viabilidad [sic]
correspondiente a estos proyectos por lo que es necesario que se suspenda el
inicio de las obras, hasta tanto se obtenga la respectiva viabilidad [sic]”. Allí no
se pactó una fecha de reinicio. Además, llegó el día de vencimiento del plazo
estipulado sin que se haya levantado la suspensión aquí acordada.
10. El 29 de febrero de 2012, la Empresa comunicó a Colpatria que procedería a
terminar y liquidar unilateralmente el negocio jurídico9.
11. A través de la Resolución 152 del 27 de agosto de 2012, Acuavalle dispuso: (i)
levantar la suspensión suscrita de mutuo acuerdo; (ii) declarar el incumplimiento
del contrato por parte de la UT; (iii) imponer la cláusula penal pecuniaria pactada
en el acuerdo de voluntades; (iv) proclamar la ocurrencia de los siniestros de
cumplimiento por una cuantía de $600’116.148,00, y de anticipo por una suma
de $675’224.362,00; y (v) hacer efectiva la póliza por valor de $1.275’340.510.
7 La demanda omite la mención al anuncio del trámite.
8 El escrito no hace alusión las cuatro anteriores suspensiones, ni los motivos que las justificaron.
9 El numeral noveno de la sustentación fáctica de la demanda está redactado en estos términos: «A
pesar de lo anterior [que no se levantó la suspensión] solamente hasta el día 29 de febrero de 2012,
ACUAVALLE S.A. E.S.P. le envía a SEGUROS COLPATRIA S.A. el oficio AC-1180, en el cual le
manifiesta que el 18 de mayo de 2010 se suscribió entre las partes el Acta de Suspensión No. 5
antes anotada, anotando que ‘Hasta la fecha no se ha reiniciado el plazo de ejecución del contrato,
ni los contratistas se han presentado a rendir informe de la inversión del anticipo’, se procederá a
realizar terminación y la liquidación unilateral del contrato.».
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Radicación: 44001-23-40-000-2013-00134-01 (69876)
Demandante: Seguros Colpatria S.A.
Demandado: Acuavalle S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales
12. La aseguradora interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución 152
de 2012. la Empresa la confirmó en todas sus partes, por medio de la Resolución
289 del 1 de noviembre de 2012.
13. A juicio de la actora, los actos demandados son nulos porque: (i) el contrato ya
había terminado con la finalización del convenio, por lo que no podía reactivarse
ni liquidarse unilateralmente; (ii) no se probó el siniestro ni de la deficiente
inversión del anticipo; (iii) Acuavalle, como empresa de servicios públicos
domiciliarios, no podía declarar unilateralmente el incumplimiento; (iv) se vulneró
su derecho de defensa al no permitirle controvertir los hechos antes de tomar las
decisiones unilaterales; y (v) la cláusula penal se aplicó íntegramente sin atender
al avance real del contrato.
Contestación de la demanda
14. Acuavalle se opuso10 a las pretensiones planteadas por Colpatria porque: (i) el
levantamiento de la suspensión era necesario para adoptar decisiones
posteriores y se efectuó tras requerir al contratista para reanudar las obras y
avanzar en la liquidación bilateral; (ii) finiquitó oportunamente el acuerdo de
voluntades considerando que aún no se había iniciado una acción contenciosa
ni había acaecido su caducidad; (iii) la aseguradora conocía los informes
técnicos, el trámite adelantado y las consecuencias de la liquidación unilateral,
siendo su deber informarse sobre los contratos que garantiza; (iv) la empresa
podía ejercer cláusulas exorbitantes porque el contrato debía incluirlas por
mandato regulatorio11; y, (v) respetó el debido proceso y la contradicción de la
demandante, ya que la actuación le fue informada con antelación a expedir las
resoluciones impugnadas, e interpuso los recursos correspondientes en vía
gubernativa.
Sentencia de primera instancia
15. En providencia del 3 de marzo de 202112, el Tribunal negó las pretensiones de
la demanda, y condenó en costas a la actora.
16. Inicialmente, en el fallo se indicó que, al momento de establecer la desatención
del programa contractual, las pólizas estaban vigentes. Igualmente, consideró
que el análisis se realizaba sobre “actos administrativos” contenidos en las
Resoluciones 152 y 289 de 2012, y que el soporte jurídico de dichas decisiones
eran los artículos 7, 11 y 17 de la Ley 1150 de 2007, normas que modificaron las
disposiciones de garantías, liquidación, declaración de incumplimiento, multas y
cláusula penal pecuniaria, en el marco del Estatuto General de Contratación de
la Administración Pública (EGCAP).
10 En índice SAMAI segunda instancia, núm. 2. Archivo “3_ED_20130013400CUADE(.pdf)”, f. 226-
274.
11 Invocó el artículo 1 de la Resolución 293 de 2004 de la Comisión de Regulación de Agua Potable
y Saneamiento Básico.
12 Índice SAMAI primera instancia, núm. 12.
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Radicación: 44001-23-40-000-2013-00134-01 (69876)
Demandante: Seguros Colpatria S.A.
Demandado: Acuavalle S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales
17. Dicho eso, el a quo encontró que “el plazo [del contrato, estaba] sujeto a la
duración y/o terminación del convenio interadministrativo suscrito entre
ACUAVALLE y CORPOGUAJIRA, el cual [terminó] a través de la Resolución
01210 del 16 de junio del 2011, cuando CORPOGUAJIRA resolvió reconocer la
terminación ipso iure del Convenio No. 008 (venciéndose el venció [sic] el 18 de
septiembre de 2010), suscrito con ACUAVALLE S.A E.S.P., es decir, lo termina
estando suspendido el contrato cedido a [la UT] PROAGUAS”. A partir de esta
premisa, dedujo que uno de los motivos de la decisión unilateral demandada era
el fenecimiento del acuerdo. En esa medida, las “dinámicas contractuales”
evidenciadas en este caso hacían necesario legalizar su finalización, “pero
primero debía de [sic] levantarse la suspensión” conforme a lo pactado para las
modificaciones13, de allí que esa medida fuese razonable.
18. En ese orden de ideas, coligió que la demandada sí tenía competencia para
liquidar unilateralmente el contrato de obra 141-2008, considerando que no
existía un plazo perentorio para realizar esa actuación, salvo cuando expire el
término de caducidad del medio de control de controversias contractuales o se
notifique el auto admisorio de la demanda que pretenda el balance definitivo por
vía judicial. Agregó que, en este caso, el “plazo del contrato debe entenderse
finalizado el 18 de septiembre de 2010 –misma fecha de finalización del
convenio-, con lo que a ese momento Acuavalle contaba con la facultad” de
finiquitar el negocio.
19. De otra parte, sostuvo que el EGCAP señala que el acaecimiento del siniestro
es comunicado por la entidad contratante al asegurador mediante la notificación
del acto que así lo declare, razón por la que los derechos de defensa y
contradicción “son post facto [sic] de la realización” del hecho. Ahora, admitiendo
que era necesaria una “actuación administrativa” anterior a la decisión, el a quo
encontró que la aseguradora no desconocía los hechos constitutivos de riesgo
de incumplimiento de SSIC ni de la UT, conforme lo expresa el acta de reunión
externa del 8 de marzo de 2010, y en oficios del 15 y el 18 de febrero de ese
año, y todos estos dan cuenta de que esas circunstancias fueron tratadas.
20. En cuanto a la tasación de la cláusula penal indicada por las resoluciones, no se
acreditó cuál fue la proporción realizada por los contratistas, ni su aceptación por
parte de la contratante. Dentro de las pruebas no fueron allegados informes de
interventoría u otras pruebas que permitieran establecer el porcentaje ejecutado.
Recurso de apelación
21. La actora impugnó14 la decisión adversa a sus súplicas en busca de que sea
revocada. Para el efecto, expuso los siguientes argumentos:
13 Cita, en este punto, a lo dispuesto por el “artículo sexto parágrafo III del contrato:” Para las
modificaciones relacionados exclusivamente con el plazo se levantará un acta la cual deberá
ser suscrita por EL CONTRATISTA y el interventor. " (Extracto original del texto de la providencia,
con negrillas y posibles errores e imprecisiones).
14 Índice SAMAI primera instancia núm. 118.
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Radicación: 44001-23-40-000-2013-00134-01 (69876)
Demandante: Seguros Colpatria S.A.
Demandado: Acuavalle S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales
22. En su parecer, al justificar la decisión de decretar inicialmente el levantamiento
de la suspensión para después proceder a declarar el incumplimiento, el Tribunal
desconoció las pruebas que fueron recaudadas durante el proceso. A su juicio,
este conjunto de elementos indicó “que el Contrato de Obra 141-2008 se
encontraba acabado desde el 16 de junio de 2011”. En ese sentido, razonó que
era imposible levantar la suspensión de un contrato ya concluido.
23. Aseguró que, si bien no ha cuestionado en ningún momento la potestad de la
demandada de proclamar la ocurrencia del siniestro, fundamentada en el
EGCAP, sí señaló que su contraparte no cumplió con la carga legal de demostrar
su acaecimiento, de acuerdo con el artículo 1077 del Código de Comercio. En
ese sentido, aseveró que, antes de hacer efectivas las garantías, debía
declararse el incumplimiento de las obligaciones contractuales, y demostrar el
incorrecto manejo o inadecuada inversión del anticipo. Por el contrario, las
decisiones impugnadas carecieron de fundamento, en tanto se basaron en un
“supuesto informe rendido por los señores […] Profesional I y […] Subgerente
Técnico de ACUAVALLE […], desconocido para Colpatria y, lejos de lo
considerado por el a quo, debía juzgarse que la demandada no cumplió los
presupuestos necesarios para adoptar tales medidas, porque los actos
únicamente presentaron cifras sin fundamento, y dejaron de especificar cuál fue
y a cuánto ascendió la desatención contractual y la inversión deficiente del
anticipo.
24. Para la apelante, la providencia impugnada confundió la potestad de liquidación
unilateral con la “forma en que debe llevarse a cabo”, que suponía adelantar un
procedimiento en el cual era imperativo alcanzar el cruce definitivo de cuentas
de manera concertada, previa convocatoria obligatoria al contratista. En el caso,
se omitió todo el trámite y, en su lugar, directamente se liquidó el negocio.
25. En su criterio, la sentencia recurrida legitimó la vulneración del debido proceso
de la aseguradora. Así, las comunicaciones, reuniones o «“amenazas” de iniciar
los procedimientos de ley para hacer efectivas la [sic] garantías», no respetaron
su derecho a la defensa antes de tomar las decisiones que afectaron su
patrimonio.
26. Contradijo la providencia porque, a su juicio, el a quo debió graduar la cláusula
penal en aplicación del principio de proporcionalidad que, para la cuantificación,
es obligatorio. Además, el propio “acto administrativo” no es coherente porque
indicó que el porcentaje ejecutado del contrato de obra fue del 9.50%, debiendo
ajustarse el monto de la cláusula penal al valor correspondiente. Por último,
adujo que, si lo sostenido por el fallo es correcto, entonces la demandada no
cumplió la carga jurídica de acreditar la ocurrencia del siniestro porque la falta
de pruebas sobre este aspecto denota la ilegalidad de los actos.
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Radicación: 44001-23-40-000-2013-00134-01 (69876)
Demandante: Seguros Colpatria S.A.
Demandado: Acuavalle S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales
Trámite en segunda instancia
27. En auto del 17 de septiembre de 2024, el Despacho admitió el recurso de
apelación15. Las partes y el Ministerio Público no se pronunciaron durante esta
etapa.
28. Mediante proveído del 27 de enero de 202616, fueron denegadas las solicitudes
planteadas por el apoderado de la demandante, la primera respecto de la
acumulación procesal17 en tanto la petición no se realizó dentro de la
oportunidad; y, la segunda, correspondiente a un desistimiento que fue
erróneamente dirigido a este proceso y, en consecuencia, fue remitido al
despacho correspondiente.
CONSIDERACIONES
29. Al no advertir la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo
actuado y evidenciado el cumplimiento de los presupuestos procesales:
jurisdicción, competencia, oportunidad en la presentación de la demanda, y
legitimación por activa y por pasiva, esta Subsección procede a decidir la
segunda instancia de la presente litis.
Problemas jurídicos por resolver e itinerario de la decisión
30. Según la recurrente, la providencia de primer grado erró en su apreciación del
caso concreto porque: (i) desconoció las pruebas obrantes en el proceso que
acreditaban la terminación del contrato y, en ese sentido, avaló que Acuavalle
hubiese levantado la suspensión del término contractual pese a que éste ya se
encontraba concluido por la extinción del convenio interadministrativo que lo
dotaba de vigencia; (ii) encontró demostrado el siniestro, cuando en realidad la
actora no acreditó que este haya acontecido en la magnitud que afectó la
garantía otorgada por la aseguradora en los términos expuestos por las
Resoluciones 152 y 289 de 2012, por la insuficiencia del informe que invocó para
tal efecto; (iii) desconoció el procedimiento aplicable a la liquidación unilateral;
(iv) no tuvo en cuenta que se vulneró el debido proceso de la aseguradora a
controvertir los fundamentos de su decisión antes de que esta fuera adoptada;
y, (v) cuantificó la cláusula penal de manera incorrecta en tanto soslayó el
porcentaje realmente ejecutado por los contratistas de obra.
31. Bajo estos derroteros, la Sala deberá resolver lo siguiente: (i) A diferencia de lo
considerado por el Tribunal, ¿Acuavalle no estaba contractualmente habilitada
para reanudar el plazo de un contrato que ya había fenecido? (ii) ¿El a quo debió
encontrar demostrado que el informe invocado por la demandada en las
Resoluciones 152 y 289 de 2012 condujo a la desacertada o inadecuada
motivación de la declaración de incumplimiento y de siniestros? (iii) ¿El fallo
15 Índice SAMAI segunda instancia núm. 29.
16 Ibid. núm. 39.
17 Rotulado bajo el expediente 44001233300220130013500 (67528).
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Radicación: 44001-23-40-000-2013-00134-01 (69876)
Demandante: Seguros Colpatria S.A.
Demandado: Acuavalle S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales
debió declarar que la Empresa incumplió el contrato por apartarse del trámite
previsto para liquidar unilateralmente el contrato, sin conceder espacio a la
aseguradora para defender su posición como garante del cumplimiento de lo
pactado? (iv) ¿La decisión apelada se equivocó al desestimar la vulneración al
debido proceso de Colpatria por no haber sido convocada antes de que la
demandada expidiera sus resoluciones? (v) ¿La sentencia soslayó que la
cláusula penal hecha efectiva en los actos contractuales es desproporcionada
en relación con los trabajos confeccionados?
32. Ahora, para solucionar los interrogantes abocados por esta Subsección, deberán
exhibirse los términos del contrato de obra y diseño, por tratarse del negocio
amparado por el seguro de cumplimiento expedido por la actora. Asimismo, es
necesario exponer lo que fue demostrado en el proceso acerca de los términos
de la póliza expedida por la actora, lo acontecido durante la ejecución de lo
pactado (incluyendo la cesión a la UT), y las actuaciones previas a las
Resoluciones que expidió la demandada. Luego de ello, será del caso precisar
el régimen jurídico sustancial aplicable al acuerdo de voluntades celebrado entre
Acuavalle y SSIC partiendo del análisis del convenio interadministrativo que
desarrolla y, de contera, a los actos de la demandada. A continuación, se
resolverán los problemas planteados, y será definido lo que concierna a las
costas procesales.
Naturaleza jurídica del contrato y de las Resoluciones 152 y 289 de 2012
33. El 2 de septiembre de 2008, Acuavalle y SSIC celebraron el contrato de obra
141-200818, con el objeto de ejecutar, “a precios unitarios fijos sin reajuste […]
todas las actividades, obras y trabajos necesarios para la CONSTRUCCIÓN
(INCLUIDO DISEÑO) DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
CORREGIMIENTO LOS PONDORES MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR”.
Conforme al parágrafo de su cláusula quinta, la vigencia del acuerdo de
voluntades estaba sujeta “a la duración y/o terminación por cualquier causa, del
convenio interadministrativo suscrito entre ACUAVALLE S.A. y
CORPOGUAJIRA”.
34. Así mismo, en los términos de referencia de la solicitud privada de ofertas
número G-006-2008 – que llevó a la suscripción del contrato de obra 141 de
2008- dentro de la información a los proponentes, Acuavalle indicó que suscribió
con Corpoguajira un convenio interadministrativo - 0008 del 20 de junio de 2008-
cuyo objeto era aunar esfuerzos técnicos y financieros para los diseños,
construcción o mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable y
de recolección, transporte, tratamiento y disposición general de aguas residuales
en distintos municipios del departamento de La Guajira. En ese sentido, el
contrato a celebrar tendría por propósito la construcción y diseños del sistema
de acueducto y alcantarillado del corregimiento Los Pondores en el municipio de
San Juan de Cesar, en cumplimiento de las obligaciones adquiridas con la
Corporación19.
18 Índice SAMAI segunda instancia núm. 2. Archivo “3_ED_20130013400CUADE(.pdf)”, f. 286-297.
19 Ibid. Archivo “ “11_ED_CUADERNOPR_20130013400CUAD(.pdf)”, f.441-475.
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Radicación: 44001-23-40-000-2013-00134-01 (69876)
Demandante: Seguros Colpatria S.A.
Demandado: Acuavalle S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales
35. El convenio20 0008 del 20 de junio de 2008, se pactó con el propósito de aunar
esfuerzos técnicos y financieros para diseñar y construir la infraestructura en
varios corregimientos, dentro de los cuales se mencionó a Los Pondores 21.
Estableció que Corpoguajira desembolsaría a Acuavalle la suma de quince mil
millones de pesos ($ 15.000´000.000) para financiar diversos trabajos en el
marco de proyectos de diseño y mejoramiento de múltiples zonas urbanas en el
departamento de la Guajira. De acuerdo con los considerandos de este
instrumento, lo convenido estaría regido “por lo establecido en la Ley 99 de 1993,
Ley 489 de 1998, y en lo no reglamentado por las disposiciones anteriores en la
ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, y demás normas concordantes”, empero, no
se estipuló ninguna regla respecto de los eventuales contratos a celebrar por
Acuavalle, ni se identifica disposición que determine la aplicación del EGCAP.
36. No obstante lo anterior, aun cuando las partes guardaron silencio sobre acerca
de la aplicabilidad de estas normas, y el Tribunal se limitó a afirmar la sumisión
de los actos al Estatuto, la Subsección estima que la identificación del régimen
legal que orienta al contrato de obra asegurado por la actora impone la remisión
a lo dispuesto para las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios
que actúan como ejecutoras de esta clase de trabajos.
37. Según el certificado de existencia y representación de Acuavalle22, esta ostenta
la naturaleza jurídica de empresa de servicios públicos domiciliarios, de carácter
oficial23, constituida como sociedad anónima por acciones entre entidades
públicas. De acuerdo con los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994, y ha
ratificado el pleno de esta Sección24, los actos y contratos de esta clase de entes
en principio se rigen por el derecho privado, salvo que el ordenamiento jurídico
disponga otra cosa.
38. En ese sentido, es relevante señalar que el artículo 91 de la Ley 1151 de 200725,
en el cual se dispone que los recursos aportados por las Corporaciones
20 Ibid. F. 478-484.
21 De acuerdo con la cláusula primera del convenio, el objeto consistió en “AUNAR ESFUERZOS
TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA LOS DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE RECOLECCIÓN,
TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN GENERAL DE AGUAS RESIDUALES EN LOS
CORREGIMIENTOS DE SANTA ROSA DE PULGAR, LA DUDA, LOS HORNITOS MUNICIPIO DE
DISTRACCIÓN; LOS PONDOROS, CAÑAVERALES, LOS POZOS, EL TABLAZO CORRAL DE
PIEDRA, EL TOTUMO, LA JUNTA, GUAYACANAL, VILLA DEL RÍO MUNICIPIO DE SAN JUAN
DEL CESAR; SAN PEDRO, CARRETALITO, PONZO HONDO, PAPAYAL, OREGANAL MUNICIPIO
DE BARRANCAS, MAYABANGLOMA, MUNICIPIO DE FONSECA, CARRAPIA PARAGUACHON
MAJAYURA, MUNICIPIO DE MAICAO, de acuerdo al anexo técnico, y al anexo de precios de ítem
los cuales forman parte integral del presente convenio.” (Extracto textual, con posibles errores e
imprecisiones).
22 Ibid. núm. 2. Archivo “3_ED_20130013400CUADE(.pdf)”, f. 117-130
23 Ley 142 de 1994: “14.5. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS OFICIAL. Es aquella en cuyo
capital la Nación, las entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o estas
tienen el 100% de los aportes”.
24 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Sala Plena.
Sentencia del 9 de mayo de 2024. Rad. 76001233100020060332003 (53.962). C.P. José Roberto
Sáchica Méndez.
25 “ARTÍCULO 91. Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y
Saneamiento. Los recursos que aporte el Gobierno Nacional a la ejecución de los planes
departamentales para el manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento estarán
9
Radicación: 44001-23-40-000-2013-00134-01 (69876)
Demandante: Seguros Colpatria S.A.
Demandado: Acuavalle S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales
Autónomas Regionales con el propósito de realizar proyectos en materia de
agua y saneamiento básico están comprendidos en el marco de los Planes
Departamentales (PDA) previsto para dichos servicios26, no resulta aplicable al
contrato de obra celebrado entre Acuavalle27 y SSIC (cedido posteriormente a la
UT). Ello es así no solo porque no hay prueba de que las partes del contrato o
del convenio hayan procedido bajo la estructuración dispuesta por esa
normativa, sino también porque el decreto28 que sometía los negocios
adelantados por las empresas de servicios públicos domiciliarios al EGCAP, no
se encontraba vigente para la fecha del contrato29.
39. Por lo tanto, la Sala estima que si bien las denominadas “Resoluciones”
expedidas por la demandada fueron sido entendidas por la decisión apelada y
las partes del proceso como actos administrativos, el ordenamiento jurídico y la
postura unificada de esta Sección30 conciben que las manifestaciones de
voluntad de la demandada, especialmente las desarrolladas en el marco de un
contrato, tienen connotaciones y efectos homólogos a aquellos que se
desarrollan en el tráfico negocial de los particulares, siguiendo lo establecido por
los Códigos Civil y de Comercio, empero, con el distintivo de estar orientadas
condicionados al compromiso por parte de las entidades territoriales, de los recursos del Sistema
General de Participaciones y de regalías, así como de los compromisos de transformación
empresarial que se deriven del diagnóstico institucional respectivo. // El Gobierno Nacional señalará
la metodología para definir el nivel de compromisos a que se refiere el inciso anterior. // Los recursos
de apoyo de la Nación al sector y los que aporten las Corporaciones Autónomas Regionales, se
ejecutarán en el marco de los planes a que se refiere el presente artículo. // PARÁGRAFO. Las
empresas de servicios públicos domiciliarios podrán ejecutar los proyectos del sector de agua
potable y saneamiento básico en cumplimiento y/o desarrollo de los planes de qué trata el presente
artículo, indistintamente de las fuentes de financiación de los mismos.” (Subraya la Sala).
26 El Documento CONPES 3463 del 12 de marzo de 2007 definió estos planes como “la estrategia
del Estado para acelerar el crecimiento de las coberturas y mejorar la calidad de los servicios, al
facilitar el cumplimiento de los siguientes lineamientos de política: (i) efectiva coordinación
interinstitucional al interior de cada nivel y entre diferentes niveles de gobierno, (ii) acelerar el proceso
de modernización empresarial del sector en todo el territorio nacional, (iii) aprovechar economías de
escala mediante la estructuración de esquemas regionales de prestación, (iv) articular las diferentes
fuentes de recursos y facilitar el acceso del sector a crédito; (v) ejercer un mejor control sobre los
recursos y el cumplimiento de la regulación, y (vi) contar con planes de inversión integrales con
perspectiva regional, de corto, mediano y largo plazo”. Cfr. Decreto 3200 de 2008, artículo 1.
27 Cabría destacar que, de haber sido ese el caso, la Empresa operaría como entidad gestora del
PDA, como una estructura operativa encargada de “la gestión, implementación y seguimiento a la
ejecución del PDA”, y dentro de sus funciones se encuentra el adelantamiento de “procesos de
contratación con cargo a los recursos del PDA”, siguiendo lo regulado en el artículo 7 del Decreto
3200 de 2008. La misma normativa indicaba que este rol podía ser asumido por una “empresa de
servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo”. (Artículos 4 y 12, ejusdem).
28 De acuerdo con el artículo 1 del Decreto 4548 de 2009: “Los procesos de contratación que se
adelanten por el Gestor, en cumplimiento de las funciones asignadas por el artículo 12 del Decreto
3200 de 2008, se rigen por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en
desarrollo de lo previsto en el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007. Lo anterior, sin perjuicio del
cumplimiento de las demás disposiciones previstas en el mencionado decreto.” Hasta el momento,
el reglamento mencionado no ha sido suspendido ni anulado.
29 Conforme al inciso primero del artículo 38 de la Ley 153 de 1887: “En todo contrato se entenderán
incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración”. El contrato fue celebrado el 2 de
septiembre de 2008 y el Decreto 4548 de 2009 fue publicado en el Diario Oficial 47.543 del 24 de
noviembre de 2009.
30 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Sala Plena.
Sentencia del 9 de mayo de 2024. Rad. 76001-23-31-000-2006-03320-03 (53962). C.P. José
Roberto Sáchica Méndez.
10
Radicación: 44001-23-40-000-2013-00134-01 (69876)
Demandante: Seguros Colpatria S.A.
Demandado: Acuavalle S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales
por los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal, y sometidas
a las inhabilidades e incompatibilidades incluidas en el EGCAP31.
40. Esta dirección interpretativa de la demanda, que no implica quebrantar el
principio de congruencia ni el debido proceso32, hace necesario reconducir la litis
para fallar el asunto de fondo, y así indicar que no resulta sustancialmente
pertinente analizar la pretensión anulatoria de las determinaciones adoptadas,
al suponerse realizada sobre actuaciones jurídicas contractuales conducidas por
preceptos civiles y mercantiles que no requieren de esa declaración, ni de la
comprobación de vicios propios del enjuiciamiento de los actos administrativos,
sino que, de ser el caso, correspondería dejar sin vigor esos actos contractuales
para que se abran paso los pedimentos planteados como consecuenciales.
El acuerdo de voluntades amparado por Colpatria, y sus otrosíes33
41. El contrato de obra 141-2008 celebrado en la fecha, con el objeto y la sujeción
a la vigencia del convenio entre Acuavalle y Corpoguajira, como se mencionó
anteriormente34, fue suscrito por un valor de tres mil millones quinientos ochenta
mil setecientos cuarenta pesos ($ 3.000’580.740,00)35, y un plazo inicialmente
estipulado de seis (6) meses contados a partir de la suscripción del acta de
inicio36, el cual podía ser prorrogado por la Empresa37.
31 Cfr. Ley 1150 de 2007 – Artículo 13.
32 En asuntos análogos, esta Subsección ha resaltado que dicho entendimiento no altera estas
máximas del proceso judicial “toda vez que, pese a la improcedencia de analizar las resoluciones a
las que se refieren las pretensiones primera y segunda de la demanda como si se tratara de
verdaderos actos administrativos, ello no impide que se analicen según su verdadera naturaleza y
alcance, esto es, como actos jurídicos expedidos en el marco del contrato en el que se sustentó la
acción de controversias contractuales que instauró la Aseguradora […]”. Agregando que, “al hacerlo
no se varía el marco del litigio que se fijó desde el inicio del proceso, pues la causa petendi sigue
siendo la misma, la falta de facultades de la demandada para declarar la ocurrencia del siniestro y
hacerlo exigible ante la Aseguradora sin seguir el procedimiento previsto el Código de Comercio, lo
que se traduce en el alegado incumplimiento de las cargas que le eran exigibles para cobrar ante la
Aseguradora el valor correspondiente al siniestro que amparó a través de la póliza […] así como la
alegada desproporcionalidad del monto correspondiente a perjuicios […] al tiempo que se mantiene
el objeto de la demanda, esto es, definir si, como consecuencia de lo anterior, la demandante estaba
o no obligada al pago de lo declarado […] en las Resoluciones […] y, consecuencialmente, a
determinar si se debe restituir a la Aseguradora lo que hubiere pagado con ocasión de tales actos”:
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A.
Sentencia del 24 de septiembre de 2020. Rad. 05001-23-31-000-2003-00985-01(44707). C.P. José
Roberto Sáchica Méndez.
33 Todas las citas del contrato corresponden a su original, incluyendo las negrillas y posibles errores
e imprecisiones.
34 Supra. Párr. 31 de esta decisión.
35 De acuerdo con la cláusula octava, el precio estimado del contrato estaba dividido entre lo
correspondiente a diseños ($271.134.022,00), y lo referido a las obras ($2.729.446.718,00).
36 Discriminados entre un (1) mes destinado a la etapa de diseño, incluyendo la aprobación de este
y el trámite de licencias y permisos, y cinco (5) meses para la ejecución de la obra.
37 “CLÁUSULA SEXTA: PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN. ACUAVALLE S.A. E.S.P.
podrá ampliar el plazo para la ejecución de las obras y actividades materia del presente contrato,
una vez emitido y estudiado el concepto del Interventor y Aprobado mediante Visto Bueno del
Subgerente Técnico, ante la solicitud justificada presentada por EL CONTRATISTA con cinco (5)
días calendario de anticipación a la fecha de vencimiento del plazo inicial del contrato, acompañado
de la respectiva reprogramación de obra con su valoración mensual, por las siguientes causas: a)
Por cambios en los proyectos y especificaciones previamente aprobadas por ACUAVALLE S.A.
E.S.P., que puedan causar demora en el desarrollo de las obras; b) Por aumento de las cantidades
de obra previstas en el presente contrato o la ejecución de obras adicionales que se convengan; c)
Por motivo de fuerza mayor o caso fortuito; d) Otros que ACUAVALLE S.A. E.S.P. considere
11
Radicación: 44001-23-40-000-2013-00134-01 (69876)
Demandante: Seguros Colpatria S.A.
Demandado: Acuavalle S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales
42. Originalmente, el negocio jurídico dispuso un anticipo “para la ejecución del
contrato” equivalente “al valor total del contrato del CINCUENTA POR CIENTO
(50%)”, correspondiente a la suma de “MIL QUINIENTOS MILLONES
DOSCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS MCTE.
($1.500.290.370,00)”, que la Empresa se comprometió a desembolsar a SSIC,
previa presentación y aprobación, entre otros insumos, de la “Garantía
contractual donde se amparen los diferentes riesgos aquí exigidos”.
43. Seguidamente, en el listado de obligaciones del contratista 38, constó que este
debía “[c]onstituir las garantías o pólizas de seguros identificadas”. En la cláusula
vigésima sexta, se amplió lo estipulado en la materia, así:
“CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: GARANTÍA. EL CONTRATISTA deberá
presentar a favor de ACUAVALLE S.A. E.S.P. garantía única que avalará el
cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del contrato y la ejecución idónea
y oportuna del objeto contratado, consistente en una póliza expedida por una
compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia o en una
garantía bancaria, la cual se mantendrá vigente durante la vida del contrato hasta
su liquidación y la prolongación de sus efectos y se ajustará a los límites, existencia
y extensión del riesgo amparado. Los riesgos amparados consistirán en: 26.1.
CUMPLIMIENTO de todas las obligaciones del contrato, cuya cuantía asegurada
será del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y por un término igual al
plazo pactado en el contrato y cuatro (4) meses más; 26.2. MANEJO Y BUENA
INVERSIÓN DEL ANTICIPO, por el cien por ciento (100%) del valor del mismo y
por el término de duración del contrato y cuatro (4) meses más; 26.3. PAGO DE
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES del personal
contratado por el CONTRATISTA para la ejecución del contrato, por el diez por
ciento (10%) del valor del contrato y por el término de duración del contrato y tres
(3) años más; 26.4. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, por el
valor del contrato y el veinticinco por ciento (25%) del valor del contrato y por el
término de duración del mismo y dos (2) años más; a través de una póliza autónoma
o póliza anexa. 26.5. ESTABILIDAD DE LA OBRA, por el treinta por ciento (30%)
del valor final de la obra y por el término de cinco (5) años contados a partir de la
fecha de recibo definitivo de la obra. 26.6. CALIDAD DE LOS DISEÑOS, por el 20%
del valor del contrato y por el término de cinco (5) años contados a partir de la
duración del contrato y un (1) año más. PARÁGRAFO I: En el evento de concederse
prórrogas en el plazo de ejecución de la obra materia de ese contrato o celebrarse
contratos adicionales, se procederá así: a) Si es prórroga del plazo, se prorrogará
la vigencia de la póliza única en los correspondientes riesgos amparados, teniendo
el contratista el plazo fijado por ACUAVALLE S.A. E.S.P. para presentar dicha
prórroga o extensión de la garantía; b) Si es aumento del valor del contrato
aumentará el valor asegurado de los riesgos amparados en la garantía única
otorgada, en igual proporción y tendrá el plazo fijado por ACUAVALLE S.A. E.S.P.
para presentar dichas modificaciones […] PARÁGRAFO IV: En el evento de que
por cualquier motivo ACUAVALLE S.A. E.S.P. haga efectiva la garantía constituida,
suficientes para conceder la prórroga aprobadas por el Subgerente Técnico, previa evaluación del
Interventor. Vencido este término cualquier solicitud que se presente quedará sin ningún valor.
PARAGRAFO I: Habrá prórroga del plazo estipulado por causas de orden meteorológico, solo
cuando éstas pongan en peligro la calidad o estabilidad de las obras, o exista la posibilidad de daños
a bienes de ACUAVALLE S.A. E.S.P. o bienes de terceros. PARÁGRAFO II: El plazo se solamente
podrá ser modificado por causas no atribuibles al CONTRATISTA calificadas como tales por
ACUAVALLE S.A. E.S.P. PARÁGRAFO III: Para las modificaciones relacionadas exclusivamente
con el plazo se levantará un acta la cual deberá ser suscrita por EL CONTRATISTA y el Interventor
con el Visto Bueno del Subgerente Técnico, en el cual se consignarán las causas que la originaron.”
(Transcripción textual del contrato, con negrillas originales y posibles errores).
38 Cláusula décima primera.
12
Radicación: 44001-23-40-000-2013-00134-01 (69876)
Demandante: Seguros Colpatria S.A.
Demandado: Acuavalle S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales
el CONTRATISTA se compromete a constituir nueva garantía en la proporción, por
el término pertinente y amparando el riesgo correspondiente”.
44. Las partes acordaron una cláusula penal del 20% del valor del contrato, en la
que previeron que, en caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en
este, Acuavalle podía hacerla efectiva mediante el cobro del seguro de
cumplimiento39. Adicionalmente, en la estipulación trigésima40, se previó que lo
anterior se realizaría mediante resolución motivada, la cual debía ser notificada
a la aseguradora.
45. Más adelante, quedó plasmada la posibilidad de suspender el término de
ejecución contractual, por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito o de
común acuerdo entre las partes41.
46. En la cláusula trigésima sexta del documento, consta que el negocio se
consideraría vigente “una vez perfeccionado y hasta el momento de su
liquidación definitiva, la cual deberá hacerse mediante acta”. Se agregó que
“[i]ndependientemente del acta de liquidación, deberá elaborarse un acta de
recibo definitivo de las obras en la cual deberá destacarse todos los eventos que
por su importancia merezcan ser tenidos en cuenta”.
47. De acuerdo con la cláusula trigésima séptima, al negocio se entendían
incorporadas “las disposiciones del Código Civil y/o del Comercio [sic] que le
sean concordantes […] a las cuales se somete íntegramente el
CONTRATISTA”42
48. En cuanto a la liquidación contractual, el acuerdo de voluntades previó que las
partes, suscribirían un acta en la que dejarían constancia del recibo a
39“CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: CLÁUSULA PENAL. En caso de incumplimiento de las
obligaciones contractuales, el CONTRATISTA conviene en pactar como sanción pecuniaria, el
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, que deberá pagar a ACUAVALLE S.A.
E.S.P. Suma que ACUAVALLE S.A. E.S.P. hará efectiva mediante el cobro de la garantía de
cumplimiento o, a su elección, de los saldos que adeude al CONTRATISTA, si los hubiere, para lo
cual se entiende expresamente autorizado con la suscripción del contrato. La aplicación de la
cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios que excedan el monto cubierto por esta
cláusula. ACUAVALLE S.A. E.S.P. hará efectiva esta sanción mediante resolución motivada, previa
garantía del debido proceso para EL CONTRATISTA”.
40“CLÁUSULA TRIGÉSIMA: APLICACIÓN DE SANCIONES. En el evento en que ACUAVALLE S.A.
E.S.P. considere necesario hacer efectiva la Cláusula Penal pecuniaria o la garantía única, lo hará
el Gerente, mediante Resolución motivada que se notificará personalmente el CONTRATISTA o a
su Apoderado, contra dicha Resolución procede el Recurso de Reposición. PARÁGRAFO: Cuando
se trate de hacer efectiva la garantía única, el acto administrativo se notificará también al garante del
CONTRATO, su representante o su Apoderado”.
41“CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. Por circunstancias de
fuerza mayor o caso fortuito o de común acuerdo entre las partes, se podrá suspender
temporalmente la ejecución del contrato mediante la suscripción de un Acta donde conste tal evento,
sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de suspensión. En este evento se
comunicará por parte del INTERVENTOR a la Compañía Aseguradora el término de la suspensión”.
42 Agregado a lo anterior, los términos de referencia de la solicitud privada de ofertas (en: En: índice
SAMAI segunda instancia, núm. 2. archivo “11_ED_CUADERNOPR_20130013400CUAD(.pdf)”, f.
447) expusieron (numeral 1.9.) que, tanto el procedimiento de selección como “el contrato que de él
se derive, su ejecución y liquidación están sujetos a las normas del derecho privado, en especial las
consagradas en los códigos civil y de comercio y además por el Acuerdo No. 003 de 2008”. No
obstante, las previsiones de ese último cuerpo normativo no son tenidas en cuenta en este asunto,
toda vez que no fue aportado al plenario, ni es posible actualmente su consulta por vía electrónica
en la página web de Acuavalle.
13
Radicación: 44001-23-40-000-2013-00134-01 (69876)
Demandante: Seguros Colpatria S.A.
Demandado: Acuavalle S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales
satisfacción de las obras y la certificación de paz y salvo por todo concepto por
parte de Acuavalle a favor del contratista por todo concepto43.
49. El 2 de octubre de 2008, Acuavalle y SSIC modificaron44 la cláusula décima del
contrato de obra, atinente al anticipo. Allí estipularon un monto distinto, en “un
porcentaje equivalente al valor total del contrato del TREINTA Y DOS POR
CIENTO (32%), el cual corresponde a la suma de NOVECIENTOS SESENTA
MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
SIETE PESOS MCTE. ($960.185.837,00)”.
Póliza de seguro expedida por la aseguradora
50. Mediante póliza45 8004020488 del 3 de septiembre de 2008, Colpatria garantizó
“EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE
LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL AFIANZADO ORIGINADOS EN VIRTUD
DEL CONTRATO DE OBRA No. 141-2008 […]” amparando los riesgos de
cumplimiento (por un valor asegurado de $600’116.148), buen manejo y correcta
inversión del anticipo (en una suma de $1.500’.290.370), pago de salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones, estabilidad y calidad de la obra y
calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos. A pesar de que las
denominadas “CONDICIONES GENERALES […] Y PARTICULARES” formaban
parte del seguro, estas no fueron aportadas al expediente.
51. Con ocasión del otrosí que varió el monto del anticipo, y del “ACUERDO DE
CESIÓN DE CONTRATO”46 suscrito entre SSIC y la UT, la demandante modificó
las vigencias y valores amparados por la garantía47 así:
AMPAROS CONTRATADOS VALOR Vig. Desde Vig. Hasta
ASEGURADO
CUMPLIMIENTO 600,116,148.00 03/09/2008 28/04/2012
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN 960,185,837.00 03/09/2008 28/04/2012
DEL ANTICIPO
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES 300,058,074.00 03/09/2008 28/12/2013
SOCIALES E INDEMNIZACIONE [sic]
ESTABILIDAD DE LA OBRA Y CALIDAD DE LA 900,174,222.00 03/07/2009 03/07/2014
OBRA
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO 54,226,804.00 03/09/2008 28/12/2011
DE LOS BIENES Y EQUIP [sic]
43“CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA: LIQUIDACIÓN. A la terminación del presente Contrato, las
partes, suscribirán un Acta en la cual conste detalladamente la liquidación definitiva del presente
Contrato, la constancia de recibo a satisfacción de las obras y certificación por parte de ACUAVALLE
S.A. E.S.P. de Paz y Salvo a favor del contratista por todo concepto. PARAGRAFO: Terminado este
Contrato por cualquier motivo, deberá liquidarse teniendo en cuenta su objeto, naturaleza y cuantía
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato o a la expedición del acto
administrativo que ordene la terminación del mismo”.
44 Otrosí en: Índice SAMAI segunda instancia núm. 2. Archivo 4_ED_20130013400CUADER(.pdf)”,
f. 14-16.
45 Índice SAMAI segunda instancia núm. 2. Archivo “3_ED_20130013400CUADE(.pdf)”, f. 57.
46 Ibid. f. 302-304.
47 Ibid. 298-299.
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Radicación: 44001-23-40-000-2013-00134-01 (69876)
Demandante: Seguros Colpatria S.A.
Demandado: Acuavalle S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales
Etapa de ejecución del negocio jurídico y posterior cesión48
52. El 10 de octubre de 2008, las partes del contrato 141-2008 firmaron el acta de
inicio49 de los trabajos. Más adelante, suspendieron el plazo en estas ocasiones:
# Motivos Fecha Reanudación
1 - La “falta de colaboración” de la empresa de acueducto 10 de 27 de marzo
y alcantarillado “AGUAS DEL SUR” y de la Alcaldía diciembre de 200951
Municipal para apoyar en la identificación de falencias de 200850
del sistema actual y las estructuras faltantes para
terminar los diseños definitivos.
• Falta de seguridad en la zona de los trabajos.
2 - Corpoguajira no había autorizado la ejecución de las 27 de marzo 26 de junio
obras hasta tanto no revise, apruebe y viabilice los de 200952 de 200953
diseños presentados.
3 - La firma interventora contratada por Corpoguajira no 26 de junio 30 de
había expedido su concepto favorable sobre los de 200954 octubre de
diseños presentados, por lo que no había dado visto 200955
bueno para el inicio de la construcción.
53. El 7 de enero de 2010, Acuavalle requirió y solicitó explicaciones56 a SSIC por
“incumplimiento”, indicando que “desde la aprobación de los diseños de la
interventoría del Convenio No. 008 de 2008 […] en repetidas oportunidades, a
través de oficios, correos electrónicos y comunicaciones telefónicas, se les ha
solicitado el inicio inmediato de las obras objeto del contrato […], sin obtener
respuesta positiva al respecto y sin mediar razón alguna para no hacerlo,
trayendo como consecuencia retraso en la ejecución de las obras desde el 30
de Octubre de 2009”.
54. Mediante oficio57 del 15 de febrero de 2010, la directora jurídica de la Empresa
informó a la aseguradora que “el contratista ha venido incumpliendo
sistemáticamente sus obligaciones contractuales” y, en consecuencia,
anunciaron que empezarían los “procedimientos administrativos tendientes a la
imposición de sanciones contractuales y legales a que haya lugar”. Si bien este
instrumento mencionó que, para “obtener una información detallada” sobre esta
circunstancia, Colpatria debía comunicarse con la dependencia correspondiente,
también consideró “pertinente indicar que el contratista no ha iniciado la
ejecución de las obras contratadas ni ha informado satisfactoriamente sobre la
inversión del anticipo entregado, entre otras”.
48 Los extractos de los documentos citados en este acápite son citados en su versión original, con
negrillas y posibles errores e imprecisiones.
49 Ibid. f. 275.
50 Ibid. f. 276-277.
51 Ibid. f. 278.
52 Ibid. f. 279-280.
53 Ibid. f. 281.
54 Ibid. f. 282-283.
55 Ibid. f. 284.
56 Oficio DIRCCG-003-10 del 7 de enero de 2010, en: Índice SAMAI núm. 2, archivo
“11_ED_CUADERNOPR_20130013400CUAD(.pdf)”, f. 23.
57 Índice SAMAI segunda instancia núm. 2. Archivo “3_ED_20130013400CUADE(.pdf)”, f. 67.
15
Radicación: 44001-23-40-000-2013-00134-01 (69876)
Demandante: Seguros Colpatria S.A.
Demandado: Acuavalle S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales
55. El 1° de marzo de 2010, las partes suspendieron el término de ejecución por
cuarta vez58, con el siguiente fundamento:
“Ante el incumplimiento presentado por parte del contratista en relación con el
normal desarrollo del contrato, ACUAVALLE S.A. E.S.P., adelanta la gestión en
conjunto con el contratista de la cesión del mismo, lo que obliga a ACUAVALLE SA
ESP a suspender las labores hasta tanto no se materialice este acto”.
56. Según el “ACTA DE REUNIÓN EXTERNA” del 8 de marzo de 2010, consta que
en “las instalaciones” de Colpatria, representantes de SSIC, de Acuavalle y de
la propia aseguradora, trataron estos puntos:
“1. Se comunica el resultado de la reunión del pasado mes de Febrero, en la ciudad
de Riohacha, con la participación de Interventoría Acuavalle, Corpoguajira, seguros
Colpatria. En donde se puso de manifiesto el presunto incumplimiento por parte del
contratista
2. Esta aseguradora solicita a los contratistas soportar la correcta inversión y manejo
del anticipo, y las pruebas de la disponibilidad de los materiales que argumenta
haber adquirido para la ejecución de las obras. Compromiso aceptado por el
contratista para el día de hoy a las 4 PM
3. Se manifiesta por Acuavalle que los anticipos entregados son de 959.855.00.oo
pesos para el contrato 142 y la suma de 947.259.034.oo pesos para el contrato 141,
correspondiente al 32% del valor de las obras
4. Se propone por parte del contratista la cesión del contrato y aceptan el cesionario
propuesto por Acuavalle.
5. Como amortización del anticipo recibido se plantea por partes de los contratistas
el cubrimiento de la suma con lo correspondiente a estudios y diseños, y materiales
de construcción adquiridos por los contratistas puestos en el lugar de las obras.
6. Acuavalle manifiesta estar de acuerdo con la cesión del contrato para lo cual
presenta al contratista: Y solicita que la póliza sea expedida por seguros Colpatria
en las condiciones pactadas en el contrato inicial.
7. Se verificarán y avalarán por parte de Acuavalle los estudios y diseños, cuyo valor
hará parte de la amortización al anticipo.
8. Esta aseguradora solicita a Acuavalle definir lo relacionado con los estudios y
diseños para que sean avalados por la entidad y sean acogidos sin observaciones
por el contratista cesionario con el fin de desarrollar el proceso de ejecución de las
obras sin inconvenientes.
9. Acuavalle solicita verificar la existencia y disponibilidad de los materiales
disponibles para las obras, para tal fin el contratista manifiesta su disponibilidad y
acordará cita con la entidad para llevar a cabo este requerimiento.
10. Finalmente se firma por las partes actas de suspensión de los contratos
relacionados”.
57. De acuerdo con el documento que plasmó la cesión del contrato de obra 59 del
29 de abril de 2010, suscrito por el gerente de Acuavalle (contratante), SSIC
58 Ibid. f. 313-314. Fue reanudado el 29 de abril de 2010, según consta en la correspondiente acta
(Ibid. f. 315)
59 Ibid. f. 302-306.
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Radicación: 44001-23-40-000-2013-00134-01 (69876)
Demandante: Seguros Colpatria S.A.
Demandado: Acuavalle S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales
(cedente) y la UT (cesionaria)60, el contratista primigenio de obra había
incumplido con sus obligaciones61. En este instrumento, (i) fueron referidos los
acuerdos entre las partes y la aseguradora para “soportar debidamente la
correcta inversión y manejo del anticipo y las pruebas de disponibilidad de los
materiales que ha adquirido, por valor de $947.259.034”, y ceder el contrato; (ii)
se enlistaron los “soportes de la inversión del anticipo”, consistentes en tres
facturas de venta62 que arrojaron una suma de “Mil Un Millones Seiscientos
Noventa y Dos Mil Setecientos Noventa y Siete Pesos ($1.001.692.797.oo),
suma que supera el anticipo entregado”; (iii) quedó plasmado que los materiales
adquiridos por SSIC serían entregados a la UT en el sitio de ejecución de la obra;
y, (iv) el cesionario contrajo la obligación de tramitar ante “la compañía de
seguros el cambio de tomador de las garantías que amparan los diferentes
riesgos que benefician a ACUAVALLE”.
58. El 29 de abril de 2010, la Empresa y la UT: (i) reiniciaron la ejecución del contrato
de obra mediante acta63, en la que se precisó que la “fecha definida para
terminación de Obra […] es AGOSTO 28 de 2010 [sic]”; (ii) suscribieron un
otrosí64 al contrato de obra, con el objeto de ampliar el plazo de ejecución “hasta
por cuatro meses, contados a partir del vencimiento inicial”.
59. El 18 de mayo de 2010, las partes suspendieron el plazo contractual por quinta
vez65, con fundamento en que de “acuerdo al acta de comité interinstitucional de
Febrero 18 de 2010 No. 034”, la interventoría del convenio suscrito con
Corpoguajira no autorizó el inicio de obras “hasta no tener la viabilización (sic)
de los diseños” presentados por Acuavalle, y que fueron objeto de revisiones y
60 Conformada por Proaguas Cooperativa de Trabajo Asociado y Obras Maquinaria y Equipos Tres
A Ltda., según el documento de conformación. En: índice SAMAI núm. 2, archivo
“11_ED_CUADERNOPR_20130013400CUAD(.pdf)”, f. 87-90.
61 Declaración efectuada en estos términos: "Que el contratista ha venido incumpliendo con las
obligaciones derivadas del contrato de obra suscrito con ACUAVALLE S.A. E.S.P, razón por la que
a través de varios requerimientos hechos con copia a la compañía de Seguros Colpatria S.A. garante
del contratista, se ha solicitado el soporte de la inversión del anticipo y la información sobre la no
ejecución de las obras."
62 La cesión enlista los soportes así: “FACTURA DE VENTA No. 0055337 del 18 de Junio de 2009
expedida por la firma P.V.C. GERFOR S.A. NIT 860.502.509-1, a favor de SUAREZ Y SILVA LTDA.
INGENIEROS CONTRATISTAS, NIT 860.077.048-4, por valor de DOSCIENTOS TREINTA Y UN
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS ($231.280.238.oo) por
concepto de 451 tubos de presión con campana de 12” RDE 21. // FACTURA DE VENTA No.
0055338 del 18 de Junio de 2009 expedida por la firma P.V.C. GERFOR S.A. NIT 860.502.509-1, a
favor de SUAREZ Y SILVA LTDA. INGENIEROS CONTRATISTAS, NIT 860.077.048-4, por valor de
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($499.278.537.oo) por concepto de 942 tubos de presión
con campana de 12” RDE 21, 12 unión reparación con campana 12” y 33 codos gran radio 22.5°
x12° // FACTURA DE VENTA No. 3 de marzo de 2009, expedido por la FUNDACIÓN CONSTRUIR
identificada con NIT 805.027.665-5, por valor de DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES
CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL VEINTIDOS PESOS ($271.134.022.oo), correspondiente a la
elaboración de diseños de las obras a ejecutar.” Estos documentos reposan en el expediente (Índice
SAMAI núm. 2, archivo “11_ED_CUADERNOPR_20130013400CUAD(.pdf)”, f. 77-80), no obstante,
las facturas de PVC GERFOR S.A. son parcialmente ilegibles.
63 Índice SAMAI segunda instancia núm. 2. Archivo “3_ED_20130013400CUADE(.pdf)”, f. 315.
64 Ibid. archivo “11_ED_CUADERNOPR_20130013400CUAD(.pdf)” f. 75-76.
65 Acta de suspensión núm. 5. En: Índice SAMAI segunda instancia núm. 2. Archivo
“3_ED_20130013400CUADE(.pdf)”, f. 316-317.
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Radicación: 44001-23-40-000-2013-00134-01 (69876)
Demandante: Seguros Colpatria S.A.
Demandado: Acuavalle S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales
observaciones cuya corrección le correspondía a la misma entidad que los
allegó66.
Las decisiones unilaterales de Acuavalle
60. Mediante oficio67 del 29 de febrero de 2012, el gerente de la Empresa comunicó
a Colpatria que, desde la última suspensión pactada del término de ejecución,
éste no se había reanudado, “ni los contratistas [sic] se han presentado a rendir
informe de la inversión del anticipo por valor de $960.185.837,oo”. Por ello,
informó “que se procederá a realizar terminación y la liquidación unilateral”.
61. Por medio de la Resolución68 número 152 del 27 de agosto de 2012, Acuavalle
decidió, en lo pertinente, lo siguiente69:
“ARTÍCULO PRIMERO: Levántese de manera unilateral la suspensión suscrita de
común acuerdo entre las partes y declárese el incumplimiento del contrato de Obra
Nro. 141-2008 por parte de UNIÓN TEMPORAL PROAGUAS C.T.A. – O.M.E.3 A
LTDA. por los motivos expuestos en la parte considerativa de esta Resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO: Liquidar de manera unilateral el contrato de Obra Nro. 141-
2008, suscrito el 2 de septiembre de 2008 entre ACUAVALLE S.A. E.S.P. y la firma
SUAREZ Y SILVA LTDA- INGENIEROS CONTRATISTAS quien lo dio en cesión a
la UNION TEMPORAL PROAGUAS C.T.A. – O.M.E.3 A LTDA […] cuyo objeto es la
Construcción (incluye diseño) de acueducto y alcantarillado corregimiento Los
Pondores municipio de San Juan de Cesar”, por valor de tres mil millones quinientos
ochenta mil setecientos cuarenta pesos mcte ($3.000.580.740.00).
ARTÍCULO TERCERO: Declárese la ocurrencia de los siguientes siniestros
amparados por el contratista mediante Póliza de Seguro de Cumplimiento a favor
de Entidades Estatales Nro 8001020488 expedida por Seguros Colpatria S.A. el […]
25 de mayo de 2010:
RIESGO DE CUMPLIMIENTO: Siniestro por valor de SEISCIENTOS MILLONES
CIENTO DIECISIEIS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS
($600.116.148,00).
RIESGO DE ANTICIPO: Siniestro por valor de SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO
MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS
PESOS MCTE ($675.224.362) equivalente a la diferencia existente entre el monto
del anticipo pagado por ACUAVALLE S.A. E.S.P. al contratista y el avalúo de las
obras civiles efectivamente realizadas por este.
ARTICULO CUARTO: Con base en el valor declarado como siniestro en el artículo
anterior, hágase efectiva por MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES
TRESCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS MCTE.
66 Se trascribe textualmente, con posibles errores e imprecisiones, el contenido de ese documento:
“De acuerdo al acta de comité interinstitucional de Febrero 18 de 2010 No 034 de Febrero 18 de
2010, donde la Interventoría del Convenio no autoriza el inicio de ninguna obra hasta no tener la
viabilización de los diseños, diseños estos que han sido presentados por parte de ACUAVALLE SA
ESP a la interventoría del convenio No 008 de 2008, los cuales han sido objeto de revisiones por
parte de la misma, así mismo como de observaciones que deben ser corregidas por parte de
ACUAVALLE S.A. E.S.P. // Hasta la fecha no se ha dado la viabilidad correspondiente a estos
proyectos por lo que es necesario que se suspendan el inicio de las obras, hasta tanto se obtenga
la respectiva viabilidad”.
67 Índice SAMAI segunda instancia, núm. 2. Archivo “4_ED_20130013400CUADER(.pdf)”, f. 5-6.
68 En: Índice SAMAI segunda instancia núm. 2. Archivo “3_ED_20130013400CUADE(.pdf)”, f. 76-86.
69 Citado del original del documento, incluyendo equívocos ortográficos, imprecisiones numéricas y
resaltados en negrilla.
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Radicación: 44001-23-40-000-2013-00134-01 (69876)
Demandante: Seguros Colpatria S.A.
Demandado: Acuavalle S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales
($1.275.340.510), la póliza única de Seguro de cumplimiento a favor de Entidades
Estatales Nro 8001020488 expedida por Seguros Colpatria S.A. el 25 de mayo de
2010 y exíjase a la compañía aseguradora el pago del valor declarado en calidad de
siniestro.
ARTÍCULO QUINTO: Hágase efectiva la pena pecuniaria pactada entre las partes
en la Cláusula Vigésima Octava del Contrato de obra No. 141-2008 por valor de
SEISCIENTOS MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO
PESOS MCTE. ($600.116.148,00). […]”
62. En el acto, luego de realizar un recuento de lo acontecido durante el término de
ejecución, se refirió que el contrato formaba parte del grupo de negocios
celebrados para dar cumplimiento al convenio 008 de 2008, suscrito entre la
Empresa y Corpoguajira. En dicho acuerdo, según se relata textualmente70, fue
estipulado “un plazo de ejecución de 16 meses contados a partir de la fecha de
suscripción del acta de inicio, la cual fue el 19 de agosto de 2008, y
posteriormente fue ampliado el término en 9 meses, quedando su plazo definitivo
en 25 meses, venciendo el mismo el 18 de septiembre de 2010”. Empero, señaló
que la Corporación mencionada “profirió la Resolución No. 01210 el 16 de junio
de 2011”, mediante la cual dio por terminado “ipso jure” el convenio 008 de 2008,
en virtud del fenecimiento del período de ejecución; y declaró el incumplimiento
de Acuavalle.
63. Seguidamente, en la motivación se aseguró que, para el 18 de septiembre de
2010, el contrato de obra “se encontraba suspendido”, y pese a la cesión del
contrato a la UT, y la constitución de las pólizas, el contratista no reanudó sus
actividades. En esa medida, afirmó que esta situación fue puesta en
conocimiento de la aseguradora en oficios del 15 de febrero de 2010 y del 29 de
febrero de 2012.
64. Al no obtener “respuesta positiva del contratista sobre el reinicio de la ejecución
de las obras o la devolución de los recursos entregados”, obrando “de
conformidad con el principio general del derecho según el cual lo accesorio sigue
la suerte de lo principal”, la Empresa consideró que debía adoptar, de manera
unilateral, las medidas de levantamiento de la suspensión, declaración de
incumplimiento, liquidación, y efectividad de la cláusula penal pecuniaria y de la
garantía única. Para sustentar el “balance económico de la obra”, el documento
mencionó un informe presentado por funcionarios de Acuavalle que arrojaba los
siguientes resultados:
70 Extractos con posibles errores, pleonasmos e imprecisiones.
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Radicación: 44001-23-40-000-2013-00134-01 (69876)
Demandante: Seguros Colpatria S.A.
Demandado: Acuavalle S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales
65. Siguiendo la “proyección” expuesta, el acto sostuvo que el “valor ejecutado fue
de $284.961.475, y el saldo pendiente por invertir del anticipo es de
$675.224.362, existiendo diferencia entre el monto del anticipo pagado por
ACUAVALLE […] al Contratista y el avalúo de las obras civiles efectivamente
realizadas por él”. De allí que consideró procedente declarar el “siniestro de
anticipo constituido en la póliza” de Colpatria.
66. La aseguradora interpuso recurso de reposición71 en contra de la Resolución
152 de 2012. Acuavalle resolvió dicha impugnación mediante la Resolución 289
del 1 de noviembre de 201272, notificada el 16 de noviembre del mismo mes y
año73, en la que señaló no encontrarse sometida al EGCAP, e indicó que: (i) no
vulneró el debido proceso porque requirió a las partes para reiniciar las obras o
terminar de mutuo acuerdo el contrato, de modo que, tanto la contratista como
la aquí demandante, conocieron oportunamente de los hechos que configuraron
el incumplimiento; (ii) fue entregada la suma de $960’185.837,00 como anticipo,
cuya ejecución solo alcanzó la suma parcial y quedó el excedente determinado
en la decisión inicial, circunstancia de la cual deduce la “mala fe por parte de
Contratista” en no atender a los llamados para reanudar los trabajos o devolver
el dinero; (iii) la facultad “para declarar unilateralmente el incumplimiento de las
obligaciones por parte del contratista y hacer efectiva la cláusula penal pactada
se desprende del mismo acuerdo de voluntades, cuya órbita legal hace parte del
derecho privado”.
Levantamiento de la suspensión del plazo contractual
67. El primer reparo propuesto por la apelante en contra de la decisión de primera
instancia enfatizó en que el Tribunal no podía validar que la demandada haya
restado efectos a la quinta y última pausa del término de ejecución, porque para
el 27 de agosto de 2012 (fecha de la Resolución 152) no había período que
reanudar por la decisión unilateral de Corpoguajira de finalizar el convenio
interadministrativo 008 de 2008, mediante la Resolución 01210 del 16 de junio
de 2011.
68. Lo primero que debe señalarse es que, tratándose de negocios jurídicos
suscritos por entidades públicas pero sometidos al derecho privado por
disposición legal, pueden pactarse y ejercerse facultades unilaterales en virtud
de la autonomía de la voluntad que rige los negocios jurídicos, pero su
estipulación debe constar de manera expresa, clara e inequívoca en el acuerdo
de voluntades74.
69. Bajo esa premisa, se advierte que Acuavalle no estaba contractualmente
habilitada para adoptar por sí sola una medida que pausara el plazo de
71 Índice SAMAI segunda instancia núm. 2. Archivo “3_ED_20130013400CUADE(.pdf)”, f. 87-109.
72 Ibid. f. 110-114.
73 Ibid. f. 115.
74 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A.
Sentencia del 13 de agosto de 2024. Rad. 44001234000020140012601 (70470). C.P. Fernando
Alexei Pardo Flórez. Párr. 94 y 95. Igualmente ver, de la misma Subsección, sentencias del 22 de
octubre de 2021. Rad. 52001-23-33-000-2017-00598-01 (65978) y del 2 de junio de 2023. Rad.
25000-23-36-000-2021-00249-01 (68996). C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
20
Radicación: 44001-23-40-000-2013-00134-01 (69876)
Demandante: Seguros Colpatria S.A.
Demandado: Acuavalle S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales
ejecución, ni para levantar unilateralmente la que hubiera sido pactada. La
cláusula trigésima primera del contrato de obra75 contempló que la suspensión
sería procedente en caso de producirse situaciones de fuerza mayor o caso
fortuito, o cuando surgiera del mutuo acuerdo de las partes.
70. Ahora, el hecho de que Corpoguajira haya declarado la terminación “ipso jure”
del convenio por la extinción del plazo allí pactado es un suceso que la propia
Empresa expuso como parte de la motivación a sus medidas76, y que no fue
controvertido dentro de este asunto. Por lo tanto, esta Subsección entiende que
la fecha en que se expidió la Resolución 152 de 2012, y fue dada a conocer la
confirmación de esta última, el término del aquel acuerdo interadministrativo ya
había expirado el 18 de septiembre de 201077.
71. De allí que, al margen de encontrar que ninguna de las partes -en especial, la
demandada- podía suspender o rehabilitar motu proprio el periodo de ejecución
contractual, una decisión de esta naturaleza carece de efectos prácticos una vez
ocurrida la expiración por una razón que las mismas partes previeron, y a la cual
estaba sujeta la vigencia del contrato de obra. En otras palabras, una vez
acaecida la circunstancia externa y prevista por las partes que concluyó el lapso
para desarrollar oportunamente las obligaciones pactadas, esto es, el plazo
extintivo pactado, resultaba improcedente cualquier reanudación. En ese
sentido, contrario a lo expresado por el Tribunal, tal medida era inane para
declarar el incumplimiento, la ocurrencia de siniestros, la efectividad de las
garantías, y la liquidación del contrato, ya que no había término por reavivar.
72. Seguido de lo anterior, si bien se contesta negativamente el primero de los
problemas jurídicos planteados, ello no conduce a la prosperidad del cargo y,
por ende, a restarle efectos al apartado de la decisión que levantó la suspensión
contractual ya que, por la expiración anterior del convenio que le daba vigencia,
no tiene trascendencia, ni constituye un motivo de incumplimiento del contrato
por parte de la demandada.
75 Vid. Supra. Párr. 37 de este fallo.
76 Supra. Párr. 46 de esta providencia.
77 En apoyo de lo anterior, cabe referir la tesis sostenida por la Subsección B de esta Corporación,
en relación con el juzgamiento de la Resolución 01210 del 16 de junio de 2011: “[…] En los actos
administrativos demandados Corpoguarjira señaló que el contrato terminó por vencimiento del plazo
de ejecución, con fundamento en lo cual existía lo que denominó una terminación <<ipso jure>> //
[…] Revisados los documentos contractuales, el plazo inicial del contrato fue pactado en 16 meses
desde el acta de inicio, que fue suscrita el 19 de agosto de 2008. Este plazo fue prorrogado por las
partes por nueve meses más, es decir hasta el 18 de septiembre de 2010. Así, para la fecha de
expedición de los actos administrativos demandados, esto es, 16 de junio y 23 de agosto de 2011,
el contrato [sic] ya había terminado. […] En consecuencia, los actos demandados no dieron por
terminado unilateralmente el contrato, pues el mismo había finalizado por el vencimiento del plazo
pactado, lo que implica que, contrario a lo alegado por el apelante, la entidad no ejerció la facultad
de terminación unilateral prevista en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993”: Consejo de Estado. Sala
de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección B. Sentencia del 4 de mayo de
2022. Rad. 44001-23-31-000-2012-00059-02 (63048). C.P. Martín Bermúdez Muñoz. Párr. 8 a 10.
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Radicación: 44001-23-40-000-2013-00134-01 (69876)
Demandante: Seguros Colpatria S.A.
Demandado: Acuavalle S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales
La declaración de la ocurrencia de siniestros y la cuantificación de perjuicios
73. Mediante una lectura conjunta de las cláusulas vigésima sexta, vigésima octava
y trigésima del contrato de obra78, esta Subsección infiere que Acuavalle tenía,
ante una situación de “incumplimiento de las obligaciones contractuales” a cargo
de la contratista, la facultad de “hacer efectiva” la cláusula penal pecuniaria, bien
fuera apropiando los saldos adeudados al contratista o “mediante el cobro de la
garantía de cumplimiento” adelantado a través de “Resolución motivada” que
sería notificada al garante en caso de optar por la última de las alternativas.
74. En ese orden de ideas, considera que la puesta en marcha de las garantías ante
la aseguradora suponía lógica y necesariamente las declaraciones de
incumplimiento y de concreción del riesgo, de lo contrario, estas estipulaciones
no alcanzarían un fin práctico, en contravía de lo que busca el ordenamiento al
prever la regla que da preferencia al entendimiento del clausulado que produzca
efectos por encima de aquel que no los proporciona79.
75. Esto no riñe con el criterio anteriormente expuesto según el cual la facultad
unilateral de cobro directo a la aseguradora previa manifestación constitutiva del
siniestro de incumplimiento y cuantificación de los perjuicios debía estar
previamente, expresa e inequívocamente pactada en el negocio suscrito por
Colpatria80 para avalar la satisfacción de las obras, en el marco de la autonomía
de la voluntad, ya que el régimen jurídico de los acuerdos de voluntades
suscritos entre la contratista y Acuavalle, y los actos jurídicos de esta última,
eran de derecho privado.
76. Empero, las cláusulas contentivas de esta clase de acuerdos son susceptibles
de interpretación por parte del juez del contrato81, ejercicio que adelantó la Sala
al empezar este acápite82, conforme a las reglas hermenéuticas contenidas en
el Código Civil83, en particular, a aquella que le confiere prevalencia al sentido
que provea de efectos a lo pactado por encima del que no los produzca (Art.
1620), como desarrollo del de la facultad normativa de la relación jurídica en
78 Párr. 41 (parágrafo IV), y 42 de esta sentencia.
79 Código Civil – Artículo 1620: “El sentido en que una cláusula puede producir algún efecto, deberá
preferirse a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno”.
80 Lo cual implica que este acuerdo debe estar pactado en el contrato de seguro de cumplimiento,
en razón de su carácter principal, autónomo e independiente. Sobre estas características, ver:
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A.
Sentencia del 5 de febrero de 2024. Rad. 130012333000201300328 01 (62.324). C.P. José Roberto
Sáchica Méndez.
81 Tiene dicho la jurisprudencia que “la interpretación del negocio jurídico, es necesaria no sólo
respecto de cláusulas oscuras, ambiguas, imprecisas, insuficientes e ininteligibles, antinómicas y
contradictorias o incoherentes entre sí o con la disciplina normativa abstracta o singular del acto,
sino también en presencia de estipulaciones claras o diáfanas (in claris non fit interpretatio) y aún
frente a la claridad del lenguaje utilizado, cuando las partes, una o ambas, le atribuyen un significado
divergente, no siendo admisible al hermeneuta restringirse al sentido natural u obvio de las palabras,
a la interpretación gramatical o exegética, al escrito del acto dispositivo documental o documentado
“por claro que sea el tenor literal del contrato” (cas. civ. agosto 1/2002, exp. 6907), ni “encerrarse en
el examen exclusivo del texto del contrato…” (cas.civ. junio 3/1946, LX, 656)”: Corte Suprema de
Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 7 de febrero de 2008. Exp. 2001-06915-01. M.P.
William Namén Vargas.
82 Supra. Párr. 73.
83 Artículos 1618 a 1624.
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Radicación: 44001-23-40-000-2013-00134-01 (69876)
Demandante: Seguros Colpatria S.A.
Demandado: Acuavalle S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales
cabeza de las partes, y en aras de asegurar las finalidades prácticas que ambas
persiguen84.
77. Además, tal como lo ha precisado esta Subsección85, una estipulación de esa
naturaleza no desconoce el orden público:
“… porque no contraviene ni supone la alteración de normas que por su naturaleza
o por disposición de la ley son inmodificables en tanto, no se dejó al arbitrio de la
Asegurada la configuración o constitución del siniestro, lo cual vulneraría los
artículos 1054 y 1055 del Código de Comercio, pues lo pactado simplemente supone
que la beneficiaria de la póliza como cualquier otro -particular o entidad pública-,
para hacerla efectiva debía manifestar que el riesgo amparado se concretó y,
además, por voluntad del Asegurador y no por prerrogativas derivadas de la ley, que
tal manifestación, debidamente motivada, sería suficiente para acreditar su dicho y,
por esa razón, para entender que se dio el hecho que da origen a la obligación del
asegurador de indemnizar la pérdida al asegurado, lo cual tampoco vulnera el orden
público, pues, además de que no existe una tarifa legal para acreditar la ocurrencia
del siniestro, esa declaración, como acaba de verse, no impide a la Aseguradora
demostrar lo contrario, o cualquier otro hecho o circunstancia excluyente de su
responsabilidad, pues, según sus propias estipulaciones, al tener la posibilidad de
debatir ante la Asegurada la ocurrencia del siniestro y su cuantía, como en efecto lo
hizo, se preservó su derecho al debido proceso”.
78. Con todo, la recurrente explícitamente afirmó en su impugnación que en ningún
momento del presente proceso judicial “cuestionó la potestad que tenía la
entidad de declarar la ocurrencia del siniestro que […] equivale a la reclamación”,
sino que ésta no se apoyó en pruebas que demuestren el acontecimiento y la
cuantificación de la merma económica, indicando que debía aplicarse al asunto
el artículo 1077 del estatuto mercantil86.
79. En ese orden de ideas, la carga de la prueba87 implicaba que la prosperidad de
las pretensiones de la demandante dependía de la acreditación de los
fundamentos fácticos que esta misma propuso, esto es, que la desatención de
las obligaciones contractuales, imputada al contratista amparado, no se
configuró por los móviles expresados por la contratante, que estos estaban
apartados de lo verdaderamente acontecido durante la ejecución del negocio, o
que la cuantificación de la merma económica no se acompasa con la realidad.
Lo que en este caso se traduce en acreditar ante esta instancia que el informe
84 “… Adviértase que las partes al celebrar un contrato razonablemente desean, quieren o procuran
su eficacia y, por ende, el juez deberá preferir en toda circunstancia la consecuencia relativa a la
preservación del mismo, porque, se itera, sería absurdo siquiera suponer la celebración de un
contrato para que no produzca efecto alguno cuando las partes, por principio, lo hacen bajo la
premisa cardinal de su cumplimiento y eficacia. Por lo mismo, a efectos de asegurar esta finalidad
convergente, naturalmente perseguida con el pactum, las partes, contraen la carga correlativa de
evitar causas de ineficacia del negocio jurídico y, el juzgador al interpretarlo y decidir las
controversias, procurar dentro de los límites racionales compatibles con el ordenamiento jurídico, su
utilidad y eficacia, según corresponde a la ratio legis de toda conocida ordenación normativa. // La
fisonomía de esta regla impone que la frustración del acto sólo es pertinente cuando no exista una
alternativa diferente, según postula de tiempo atrás la doctrina de la Corte, al relievar la significativa
importancia del contrato, su celebración, efecto vinculante, cumplimiento y ejecución de buena fe,
destacando la directriz hermenéutica consagrada en el artículo 1620 del Código Civil (cas. civ.
sentencia de 28 de febrero de 2005, Exp. 7504).”: Sent. 7-feb-2008, previamente mencionada.
85 Sent. 24-sep-2020, antes citada.
86 “Corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la
pérdida, si fuere el caso”.
87 Cfr. CGP – Art. 167, inciso primero.
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Radicación: 44001-23-40-000-2013-00134-01 (69876)
Demandante: Seguros Colpatria S.A.
Demandado: Acuavalle S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales
rendido por el personal de la Empresa no se correspondía con la ejecución
contractual, desconoció el porcentaje de obras realmente realizado y el anticipo
invertido en los trabajos. Postulados estos que comportaban negaciones
definidas88, en tanto, refieren a hechos concretos, y están limitados en tiempo y
lugar.
80. En el sub judice, para la Sala las manifestaciones de voluntad encaminadas a
depositar en la Empresa la posibilidad de hacer efectiva la póliza mediante
“Resolución motivada” y notificada a la aseguradora permiten establecer que en
el contrato de obra se previó la facultad de declaración de incumplimiento, acto
del que, además de ser puesto en conocimiento de la aseguradora, debía
contener una exposición fundamentada de las razones que condujeron a las
declaraciones allí adoptadas así como de las sumas expresadas en la
denominada Resolución 152 de 2012, posteriormente confirmada.
81. Adicionalmente tal como lo admitió la apelante89, la facultad declarativa del
siniestro en cabeza de la entidad no está siendo cuestionada ni forma parte de
los argumentos de la reclamación judicial ni de la impugnación formulada en
contra de la decisión de primera instancia, sin que la actora acreditara alguna
disposición en contrario, toda vez que en el expediente no reposa medio
informativo alguno que permita comprobar, dentro del contrato de seguro de
cumplimiento, que Acuavalle careciera de habilitaciones explícitas e
inequívocamente plasmadas en el negocio amparado y, a la postre, ejercidas
mediante las resoluciones cuestionadas90.
82. En lo que respecta al cuestionamiento del informe rendido por el personal de la
Empresa que, a juicio de la recurrente, era el elemento central de la motivación
88 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 13 de julio de 2005. Exp. 00126.
M.P. Silvio Fernando Trejos Bueno: “Tiene dicho la Corte, en lo relacionado con el tema de las
negaciones, que éstas se dividen en definidas e indefinidas, siendo las primeras aquéllas que tienen
por objeto hechos concretos, “limitados en tiempo y lugar, que presuponen la existencia de otro
hecho de igual naturaleza, el cual resulta afirmado implícita o indirectamente”, las segundas, en
cambio, “no implican, ni indirecta ni implícitamente, la afirmación de hecho concreto y contrario
alguno.” // Para las primeras, el régimen relacionado con el deber de probarlas continua intacto “por
tratarse de una negación apenas aparente o gramatical”; las segundas, “son de imposible
demostración judicial, desde luego que no implican la aseveración de otro hecho alguno”, de suerte
que éstas no se pueden demostrar, no porque sean negaciones, sino porque son indefinidas.”:
89 Supra. Párr. 23 de esta decisión.
90 En ese orden de ideas, la Subsección ha tenido en cuenta las condiciones generales y particulares
del seguro de cumplimiento, ausentes en este plenario, para verificar la existencia de estas
facultades (ver, además de la providencia del 24 de septiembre de 2020, antes referenciada, las
sentencias del 8 de abril de 2024. Rad. 85001-23-33-000-2016-00053-01 (60718), y del 11 de agosto
de 2025. Rad. 85001-23-33-000-2016-00052-01 (65357). C.P. María Adriana Marín). De otra parte,
el artículo 1046 del Código de Comercio, modificado por el artículo 3 de la Ley 389 de 1997, permite
probar el negocio jurídico aseguraticio “por escrito o por confesión”. Al respecto, la jurisprudencia ha
señalado que, a diferencia del régimen legal anterior, la “póliza dejó de ser constitutiva del contrato
y su función, en consecuencia, quedó limitada a la demostración del contrato, sin que se haya erigido
como el único elemento idóneo para ello, pues a voces del nuevo artículo 1046 del Código de
Comercio, “[e]l contrato de seguro se probará por escrito o por confesión”, esto es, en lo que refiere
a la primera posibilidad, con prueba documental, entre la cual está obviamente la póliza. […] Por
consiguiente, uno es el contrato de seguro, cuyo surgimiento en el mundo jurídico deriva del efectivo
cruce de las voluntades de tomador y asegurador; y otra la póliza, en que se recoge el mismo, que
tiene por única función la demostración de la convención con anterioridad perfeccionada.”: Corte
Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia SC5290 del 1° de diciembre de 2021. M.P.
Álvaro Fernando García Restrepo.
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Radicación: 44001-23-40-000-2013-00134-01 (69876)
Demandante: Seguros Colpatria S.A.
Demandado: Acuavalle S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales
fáctica y jurídica de los actos de la demandada, en el expediente no obra dicho
medio de convicción, relativo al “balance económico” del negocio liquidado de
acuerdo con la decisión unilateral. Tampoco hay pruebas distintas a ese insumo
que permitan contrastar las cifras mencionadas por la demandada91 respecto al
porcentaje de avance parcial de las obras, o al grado de amortización del
anticipo.
83. A lo sumo, cabría referir que en la Resolución 152 de 2012 se obvió cualquier
tipo de mención sobre los materiales de obra enlistados en el acuerdo de cesión
contractual entre SSIC y la UT, también suscrito por el gerente de la Empresa,
en la que se relacionaron y adjuntaron facturas que dieron cuenta de la inversión
de los dineros entregados e, incluso, conforme a ese arreglo, los superaba 92.
Empero, se desconoce si el mencionado informe en el cual, según la recurrente,
se basaron las manifestaciones de voluntad cuestionadas, tuvo en cuenta o no
dicha circunstancia, correspondiendo a la actora demostrar, para lograr la
estimación favorable a sus pretensiones, si el estudio tantas veces invocado no
consideró o apreció inadecuadamente ese hecho atinente a la ejecución de las
obras.
84. Por estas razones, Colpatria inobservó la carga demostrativa de los hechos en
que reposaban sus súplicas, esto es, la afirmación de que el acto careció de
justificación. Pauta de conducta que, al margen de su aseveración sobre su
desconocimiento del mentado elemento elaborado por funcionarios de la
demandada durante la formación del acto, debía satisfacerse frente al juez del
contrato, allegando y controvirtiendo las bases de ese documento.
85. Con todo, la Sala repara en que el acto no se motivó únicamente en el contenido
de ese análisis, sino en el requerimiento al contratista de obra para reiniciar los
trabajos que, de acuerdo con lo expresado en las resoluciones, no fue atendido.
A diferencia de lo que planteó el recurrente, el Tribunal no estaba conminado a
pronunciarse sobre los requisitos del incumplimiento contractual de la UT
cuando, en este proceso judicial, la aseguradora únicamente se enfiló hacia lo
supuestamente sostenido por los servidores de la demandada, dejando de lado
argumentar o demostrar que su afianzado no incurrió en las infracciones o
desatenciones obligacionales achacadas por la Empresa.
86. De esta manera, la Sala responde negativamente al segundo problema jurídico
formulado.
La liquidación unilateral del contrato practicada por Acuavalle
87. El extremo apelante cuestionó que la Empresa se haya apartado de lo dispuesto
en el acuerdo de voluntades para realizar la liquidación de la relación jurídica
contractual. En especial, señaló que no fue convocada para defenderse de los
argumentos de ese balance definitivo, ni se incitó su concertación, pasos
91 Supra. Párr. 65 de la presente sentencia.
92 Supra. Párr. 55 de este pronunciamiento.
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Radicación: 44001-23-40-000-2013-00134-01 (69876)
Demandante: Seguros Colpatria S.A.
Demandado: Acuavalle S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales
preliminares que debieron realizarse antes de que la demandada impusiera su
criterio sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones estipuladas.
88. De entrada, la Sala advierte que el acuerdo entre Acuavalle y SSIC previó, en
su cláusula trigésima octava93 que serían las partes quienes suscribirían este
acto contractual, incluyendo la constancia de recibo a satisfacción y la
certificación de paz y salvo en favor del contratista. Igualmente, se contempló
que la liquidación sería procedente una vez terminara el contrato “por cualquier
motivo”, dentro de un plazo de cuatro (4) meses computados desde esa
circunstancia, sin que se hayan pactado las consecuencias de desatender ese
plazo. Ahora, no fue pactada la facultad de liquidación unilateral en cabeza de la
contratante, ni se estipuló un procedimiento específicamente encaminado a
llevarla a cabo.
89. En este punto, debe reiterarse94 que el tratamiento del acto de liquidación
unilateral como contractual regido por el derecho privado, impone su
abordamiento desde la perspectiva de la responsabilidad contractual,
específicamente, de la infracción de lo pactado.
90. Dicho esto, la Subsección advierte que la liquidación pronunciada de forma
unívoca por la demandada carecía de aptitud para producir una liquidación
contractual definitiva y vinculante, toda vez que esta modalidad de balance
definitivo no fue prevista por las partes en el acuerdo de voluntades. De suerte
que, a diferencia de lo que acontece en el régimen del EGCAP, este acto no es
ejecutivo ni ejecutorio95, y únicamente plasma su criterio acerca de cuál debía
ser el corte definitivo de cuentas derivadas del contrato.
91. Tomando lo anterior, desde la perspectiva del incumplimiento, que una de las
partes emplee una facultad unilateral no convenida no se transforma
automáticamente en responsabilidad contractual. Para tal efecto, como ha dicho
la Sala96, una infracción que conlleve a esa declaración supone la preexistencia
y validez de una prestación debida que es desconocida en el tiempo y forma
93 Párr. 38 de esta decisión.
94 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A.
Sentencia del 1° de septiembre de 2025. Rad. 05001-23-33-000-2018-01485-01 (72.745). C.P.
Fernando Alexei Pardo Flórez. Párr. 44 y 45.
95 En relación con el tema, la jurisprudencia tuvo ocasión de indicar lo siguiente respecto de una
liquidación unilateral adoptada por una entidad pública en el contexto de negocio jurídico regido por
el derecho privado: “… la declaración unilateral de FONDECUN sobre la liquidación del contrato no
generó ningún efecto jurídico respecto del municipio de Soacha. En primer lugar, como ya se explicó,
esa liquidación no tiene su fuente en un acto administrativo, por tanto, no tiene el carácter ejecutivo
y ejecutorio propio de tales declaraciones de voluntad. En segundo lugar, en la medida que no se
pactó una facultad convencional para que FONDECUN liquidara el contrato, sus manifestaciones
unilaterales no crearon obligaciones para el municipio de Soacha, pues, como dice el artículo 1494
del Código Civil, las obligaciones nacen, ya del concurso real de voluntades, ya del hecho voluntario
de la persona que se obliga, ya a consecuencia de un hecho ilícito, ya por disposición de la ley; pero
no del solo querer de una de las partes del negocio jurídico.”: Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 21 de mayo de 2021.
Rad. 25000-23-36-000-2015-01315-01(57822). C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
96 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A.
Sentencias del 14 de marzo de 2016. Rad. 760012331000199800913-01 (30542). C.P. Carlos
Alberto Zambrano Barrera; del 21 de mayo de 2021. Rad. 54001-23-31-000-2009-00321-01 (53134);
y del 4 de julio de 2023. Rad. 70001-23-33-000-2014-00207-01 (56376). C.P. María Adriana Marín.
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Radicación: 44001-23-40-000-2013-00134-01 (69876)
Demandante: Seguros Colpatria S.A.
Demandado: Acuavalle S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales
estipulados por acción u omisión del deudor, y que ocasiona un daño cierto y
derivado causalmente del comportamiento antijurídico del obligado.
Circunstancias que, igualmente, requieren de prueba por quien las alega en
juicio.
92. En este caso, la manifestación unilateral de voluntad orientada a fijar un balance
conclusivo no tenía, por sí sola, la virtualidad de constituir una plataforma válida
para exigir un pago al contratista o a la aseguradora, pues el acuerdo de
voluntades no le otorgaba tal alcance. No obstante, podría afirmarse que dicho
ejercicio estaba estrechamente ligado a las cifras y conceptos empleados por la
Empresa para estimar los perjuicios derivados del supuesto incumplimiento
amparado por la póliza. Sobre este punto, se reitera que la parte actora no
acreditó que tales cifras se apartaran de la realidad contractual.
93. De esta forma, se descarta que Acuavalle haya incumplido lo acordado al
realizar la mentada manifestación. De esta manera, se contesta el tercer
interrogante jurídico planteado anteriormente.
Violación al debido proceso
94. La recurrente censuró el fallo de primer grado porque, a su juicio, soslayó la
circunstancia de no haber sido convocada por Acuavalle antes de adoptar los
actos unilaterales que declararon el incumplimiento del contratista asegurado
por la póliza de cumplimiento que expidió. La sentencia del Tribunal había
descartado este argumento al estimar que esta garantía fue cumplida mediante
la notificación del acto; adicionalmente, encontró que la demandante conocía de
las situaciones constitutivas de infracción contractual por las cuales fue
declarada esta circunstancia.
95. Al respecto, la Sala considera pertinente resaltar que, en el contexto de un
contrato estatal regido por el derecho privado, no es aplicable lo dispuesto por
las reglas propias de los negocios jurídicos orientados por el EGCAP que
refieren pautas procedimentales para resolver unilateralmente el incumplimiento
y/o la ocurrencia de los siniestros amparados97, salvo que las partes lo indiquen,
los instrumentos incorporados al acuerdo así lo establezcan98 o -en lo que
corresponde a la aseguradora garante- las condiciones de la póliza lo prevean99.
96. Empero, ello no significa que el debido proceso no opere en asuntos como el
presente100, ya que esta garantía también se predica de las relaciones entre las
97 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A.
Sentencia del 19 de mayo de 2025. Rad. 52001233300020160025201 (70.884). C.P. Fernando
Alexei Pardo Flórez. Párr. 91.
98 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A.
Sentencia del 2 de junio de 2023. Rad. 25000-23-36-000-2021-00249-01 (68.996). C.P. Marta Nubia
Velásquez Rico.
99 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A.
Sentencia del 31 de julio de 2024. Rad. 250002336000 201503052 01 (59.547). C.P. José Roberto
Sáchica Méndez.
100 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A.
Sentencia del 27 de febrero de 2026. Rad. 250002336000202100325 01 (71.852). C.P. José Roberto
Sáchica Méndez.
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Radicación: 44001-23-40-000-2013-00134-01 (69876)
Demandante: Seguros Colpatria S.A.
Demandado: Acuavalle S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales
partes de los contratos, especialmente cuando una de estas posee prerrogativas
unilaterales de imponer consecuencias negativas a la otra, a fin de prevenir
abusos en su ejercicio o en la posición dominante, de suerte que se exigen
mínimos de razonabilidad y de proporcionalidad. En ese orden de ideas, el
respeto de este derecho requiere que la imposición de medidas por uno de los
contratantes respecto de otro: (i) conste en un “cuerpo normativo expedido con
anterioridad al acaecimiento de la conducta que se juzga como indeseable”101;
(ii) asegure la publicidad, imparcialidad y debida motivación del trámite y de la
decisión; (iii) tenga la posibilidad de defenderse, presentar pruebas y controvertir
las decisiones que le sean adversas.
97. A partir de lo anterior, esta Colegiatura considera, de acuerdo con la
documentación traída al plenario102, que los hechos que a juicio de Acuavalle
configuraban el apartamiento del programa contractual no fueron desconocidos
para la aquí demandante, lo cual permite indicar que, contrario a lo planteado en
el recurso, la actora y apelante sí contó con oportunidades previas para
pronunciarse antes de que la asegurada emitiera las determinaciones aquí
impugnadas.
98. Adicionalmente, no encuentra elementos de juicio para advertir que la Empresa
tuviera el deber de citar con antelación a Colpatria para que se pronunciara sobre
el incumplimiento del contratista de obra. En efecto, del texto del contrato 103 no
se desprende que previo a hacer efectiva la garantía, Acuavalle debiera llamar
a la compañía de seguros, ni que esa supuesta fase fuera un presupuesto
necesario para expedir adecuadamente decisiones unilaterales como las que
fueron adoptadas en las Resoluciones.
99. Por lo tanto, al no demostrarse los fundamentos de la irregularidad señalada por
la demandante, este cargo tampoco prospera, y el cuatro problema jurídico
planteado se responde en sentido negativo.
Cuantificación de la cláusula penal
100. Sobre el tópico pendiente de respuesta, relativo al reproche de la sentencia
por no establecer el cálculo adecuado de la cláusula penal pecuniaria en virtud
del porcentaje de ejecución, la Sala considera que al no haber elementos de
convicción cuyo contenido informe el alcance real de los trabajos, ni siquiera el
informe de los funcionarios de Acuavalle, no resulta posible analizar críticamente
el contenido de las Resoluciones sobre este particular, ni evaluar su
proporcionalidad conforme a las obras realizadas, como lo suplicó la
impugnación en alzada104. De esta manera, la demandante no satisfizo su carga
probatoria y, por tanto, se desestiman sus pedimentos por estas razones. El
quinto y último interrogante es contestado negativamente.
101 Corte Constitucional. Sala Cuarta de Revisión. Sentencia T-534 del 5 de diciembre de 2023. M.P.
Jorge Enrique Ibáñez Najar.
102 Supra. Párr. 54, 55, 57 y 61 de la presente providencia.
103 Supra. Cit. 37 y 37 de esta decisión.
104 Supra. Párr. 26 de este proveído.
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Radicación: 44001-23-40-000-2013-00134-01 (69876)
Demandante: Seguros Colpatria S.A.
Demandado: Acuavalle S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales
Conclusiones
101. Recapitulando lo expuesto, la Sala confirmará el fallo de primera instancia,
por estas razones:
102. Por regla general, los contratos que celebran las empresas de servicios
públicos domiciliarios se rigen por los Códigos Civil y de Comercio, salvo las
excepciones previstas por el ordenamiento. En el sub judice, no se constató que
el contrato de obra amparado por la póliza de cumplimiento tuviera un régimen
jurídico distinto al que la Ley 142 de 1994 dispuso para estos negocios, esto es,
el derecho privado.
103. En ese orden de ideas, la estipulación y ejercicio de facultades unilaterales
por parte de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios supone, en el marco
del derecho privado, su pacto claro, expreso e inequívoco. Esto no impide su
interpretación, conforme a los cánones establecidos legalmente para ello por el
Código Civil. En lo que este proceso respecta, se probó, de una parte, que
Acuavalle no tenía habilitación para levantar unilateralmente la suspensión
contractual pactada previamente entre las partes. Sin embargo, si podía declarar
unilateralmente el incumplimiento del contratista y cuantificarlo, además esa
manifestación podía servir de reclamo directo de la indemnización pecuniaria a
la aseguradora, siempre y cuando esa decisión (i) estuviera soportada en la
realidad del contrato, y (ii) fuera formal y sustancialmente puesta en
conocimiento de la garante.
104. Aunque no podía adoptar la medida del levantamiento de suspensión
contractual, como el contrato de obra ya había finalizado con antelación, aquella
no repercutió en la decisión de hacer efectivas las garantías y la cláusula penal
en los términos allí pactados. Por ende, no constituye infracción contractual
susceptible de ser indemnizada.
105. En el asunto bajo juzgamiento, se coligió que la manifestación unilateral de
la Empresa debía ser motivada y notificada a la aseguradora. Empero, no se
acreditó que las razones en que se sustentaron las decisiones de Acuavalle de
declarar configurado el siniestro incumplimiento fueran contrarias a lo
verdaderamente acontecido en virtud de las supuestas falencias del informe
citado por la Resolución 152 de 2012.
106. En el marco convenido, si bien la demandada no estaba investida para
liquidar unilateralmente el contrato de obra, esta expresión de voluntad no
implicó el desconocimiento de lo acordado toda vez que no reflejaba nada
diferente a su apreciación de lo ocurrido en el período de ejecución, y no
representa el balance definitivo de las prestaciones pactadas dado que éste sólo
podía realizarse de mutuo acuerdo. Así mismo, no reunió los elementos
necesarios para considerarlo como un incumplimiento contractual,
concretamente, que existiera una obligación preexistente que impidiera ese
pronunciamiento, y que haya ocasionado daños ciertos. Por lo demás, la
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Demandante: Seguros Colpatria S.A.
Demandado: Acuavalle S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales
demandante no acreditó que la liquidación tergiversara lo ocurrido durante el
desarrollo de lo pactado.
107. En la misma línea, para que proceda la acusación por vulneración del debido
proceso frente a decisiones unilaterales adoptadas dentro de un contrato regido
por el derecho privado, debía demostrarse la violación del procedimiento y el
impedimento a la actora de presentar pruebas o controvertir la decisión adoptada
en su contra. En el asunto, la aseguradora sí estaba enterada de las
circunstancias que rodearon el incumplimiento declarado por la entidad, y no
había sido estipulado ningún trámite que obligara a su vinculación preliminar.
Por estas razones, su alegación carecía de sustento y no estaba llamada a
prosperar.
108. El señalamiento de desproporción del cálculo de la cláusula penal pecuniaria
también requería de prueba para que prospere. En este litigio, no se demostró
el porcentaje real de ejecución del contrato como presupuesto invocado para
realizar un análisis de adecuación conforme a los trabajos realizados, razón por
la que deben negarse los pedimentos al ser imposible tomar cualquier otra
decisión sobre el particular.
Condena en costas
109. Según las leyes en vigor105 para la fecha del recurso de apelación106, lo
referente a este concepto sigue lo dispuesto en el Código General del Proceso
(CGP)107. De acuerdo con el artículo 365, numeral 1 de ese estatuto procesal,
se “condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, súplica, queja, casación,
revisión o anulación que haya propuesto”.
110. Al decidirse la confirmación de la decisión apelada, Colpatria será condenada
por este concepto108. Su liquidación corresponde al Tribunal a quo109.
111. En cuanto a las agencias en derecho, las tarifas establecidas por el Consejo
Superior de la Judicatura estaban reguladas por el Acuerdo 1887 de 2003 110,
105 Ley 1437 de 2011 – Artículo 188, modificado por la Ley 2080 de 2021.
106 Interpuesto el 24 de febrero de 2025, según lo informó el SAMAI de primera instancia (núm. 32).
107 Considerando que, conforme a la postura unificada, el Código General del Proceso entró en
vigencia, para la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el 1 de enero de 2014. Cfr. Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto del 25 de junio de 2014. Rad. 25000-
23-36-000-2012-00395-01(49299). C.P. Enrique Gil Botero
108 Sin embargo, el magistrado ponente estima que, para condenar en costas a la demandante (no
así a la demandada vencida), debe acudirse a un criterio subjetivo, en aplicación del mandato
incorporado -con la Ley 2080 de 2021- en el artículo 188 del CPACA, conforme al cual en todos los
casos (salvo en litigios relacionados con grave violación de derechos humanos, donde no procede,
o en las actuaciones gobernadas con reglas especiales, como en recursos extraordinarios)
corresponde comprobarse si la demanda careció manifiestamente de fundamento legal. Sin
embargo, también reconoce que no es una interpretación pacífica, por lo que -hasta tanto la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo no unifique la subregla- acogerá la actual posición
mayoritaria de la Sección Tercera, que se inclina por mantener la aplicación del elemento objetivo.
109 Cfr. CGP – Artículo 366.
110 Conforme al artículo 1 del Acuerdo, este “regula las tarifas para efectos de la fijación de agencias
en derecho y se aplica a los procesos […] de la jurisdicción de lo contencioso administrativo”. Según
el artículo 3 de dicha normativa, cuando “se trate de la segunda instancia […] las tarifas se establecen
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Radicación: 44001-23-40-000-2013-00134-01 (69876)
Demandante: Seguros Colpatria S.A.
Demandado: Acuavalle S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales
vigente al momento de presentación de la demanda. Para la segunda instancia,
esta normativa impuso el límite del “cinco por ciento (5%) del valor de las
pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia”. En virtud de la vigilancia
que la parte demandada, a través de apoderada judicial, debió realizar al trámite
del proceso durante la alzada, se fijará por este rubro la suma equivalente al
0,1% de las pretensiones planteadas por la demandante111, esto es, un millón
doscientos setenta y cinco mil trescientos cuarenta pesos con cincuenta y un
centavos ($1´275.340,51).
112. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 3 de marzo de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo de la Guajira, por las razones expuestas en la presente
providencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a Seguros Colpatria S.A., las cuales serán
liquidadas por el Tribunal de primera instancia, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 366 del Código General del Proceso; e inclúyase la suma de un millón
doscientos setenta y cinco mil trescientos cuarenta pesos con cincuenta y un
centavos ($ 1´275.340,51), por concepto de agencias en derecho.
TERCERO: DEVOLVER, por Secretaría, el expediente al Tribunal de origen, una
vez ejecutoriada esta sentencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Aclaración de voto
VF
Nota: Esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha.
en salarios mínimos legales mensuales vigentes”; y conforme al artículo 5, numeral 1, las tarifas de
agencias en derecho en segunda instancia corresponden al margen comprendido entre 1 y 6
S.M.L.M.V.
111 Estas fueron estimadas por la demandante en la suma de mil doscientos setenta y cinco millones
trescientos cuarenta mil quinientos diez pesos ($ 1.275´340.510).
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