Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-33-000-2015-00828-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Domiciliarios: se rigen por el derecho privado, salvo que la ley disponga otra cosa. En
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-33-000-2015-00828-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 13001-23-33-000-2015-00828-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
16 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 13001-23-33-000-2015-00828-01 (74.117)
Demandante: Consorcio Simití 2011
Demandado: Aguas de Bolívar S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales
Temas: CONTRATOS CELEBRADOS POR EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS – Se rigen por el derecho privado, salvo que la ley disponga otra cosa. En
consecuencia, por regla general, los actos proferidos en virtud de estos acuerdos no son
administrativos. // FACULTADES UNILATERALES – Deben ser pactadas de forma clara,
expresa e inequívoca. Las partes pueden acordar regirse por lo previsto en leyes
preexistentes en aspectos procedimentales que regulan su ejercicio adecuado. // DEBIDO
PROCESO– Elementos mínimos. Su violación conduce a dejar las respectivas decisiones
sin efectos por el incumplimiento del procedimiento pactado o incorporado al acuerdo //
CARGA DE LA PRUEBA – Corresponde a la parte demandante demostrar los supuestos
de hecho que fundamentan sus pretensiones. // FUNCIONES DEL INTERVENTOR – Salvo
pacto en contrario, este no representa la voluntad de la entidad contratante. // VALOR
PROBATORIO DE LAS ACTAS DE RECIBO DE OBRA – Reiteración jurisprudencial.
1. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la sentencia del 29 de noviembre de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, que negó las pretensiones de la demanda.
SÍNTESIS DEL CASO
2. Las partes celebraron el contrato AB-OC-003-2011, con el objeto de adelantar
la optimización del sistema de acueducto del municipio de Simití. Aguas de
Bolívar S.A. E.S.P. declaró el incumplimiento del Consorcio contratista porque
éste no atendió el deber de renovar la garantía de cumplimiento en la última de
las prórrogas. Además, liquidó unilateralmente el acuerdo. El actor impugnó
judicialmente estas decisiones alegando, de un lado, que fueron expedidas
violando el debido proceso toda vez que la decisión se fundamentó en un cargo
que no fue objeto de una oportunidad previa de contradicción. En segundo lugar,
sostuvo que cumplió con la construcción completa de las obras, pese a las
dificultades surgidas durante la ejecución que no le fueron imputables, razón por
la que se generaron sobrecostos producto de la mayor permanencia en el sitio
de los trabajos, que no le fueron reconocidos.
ANTECEDENTES
La demanda y las razones de hecho y de derecho en las que se fundamentó
3. El 18 de diciembre de 2015, los integrantes del Consorcio Simití 20111 (en
adelante, el actor, el demandante, el contratista o el Consorcio) formuló
1 Maf Ingeniería Ltda. y William Jesús Conto Ramos, de acuerdo con el documento de conformación:
expediente OneDrive, archivo “RADICADO N°13001233300020150082800-CUADERNO N°1.pdf” (f.
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Radicación: 13001-23-33-000-2015-00828-01 (74.117)
Demandante: Consorcio Simití 2011
Demandado: Aguas de Bolívar S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales
demanda2 de controversias contractuales3 en contra de Aguas de Bolívar S.A.
E.S.P. (en lo sucesivo, la Empresa, la entidad, la contratante o la demandada),
con el propósito de que fueran despachadas favorablemente las siguientes
pretensiones:
“1.1. Que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter contractual
contenidos en las resoluciones No. 87 del 20 de Diciembre de 2013 y No. 025 del 7
de Marzo de 2014, mediante las cuales se declaró el incumplimiento del contrato y
se negó el recurso de reposición interpuesta contra la primera.
1.2. Que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter contractual
contenidos en las Resoluciones No. 067 del 28 de Julio de 2014, mediante la cual
se liquidó unilateralmente el contrato AB-OC-003-2011 y la Resolución No. 78 del 4
de Septiembre de 2014, mediante la cual se resolvió recurso de reposición en contra
de la Resolución No. 067 del 28 de Julio de 2014.
1.3. Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de las resoluciones No.
87 del 20 de diciembre de 2013, No. 25 del 7 de marzo de 2014, No. 67 del 28 de
julio de 2014 y No. 78 del 4 de septiembre de 2014, se declare que mis poderdantes
cumplieron el contrato AB-OC-003-2011 en su totalidad.
1.4. Que se declare que en desarrollo del contrato mis poderdantes incurrieron en
costos por mayores cantidades de obra y en obras adicionales, que no fueron
cancelados por la entidad contratante.
1.5. Que como consecuencia de las declaraciones anteriores, se condene a la
Sociedad AGUAS DE BOLÍVAR S.A. E.S.P. a pagar por el valor de las obras
ejecutadas y no canceladas.
1.6. Que como consecuencia de las declaraciones anteriores, se condene a la
Sociedad AGUAS DE BOLÍVAR S.A. E.S.P. a pagar por concepto de mayor
permanencia y administración de la obra la suma de $236.531.909,45.
1.7. Que como consecuencia de las declaraciones anteriores, se condene a la
Sociedad AGUAS DE BOLÍVAR S.A. E.S.P. a pagar los intereses moratorios
causados por la falta de pago de las obras adicionales que ejecutaron mis
poderdantes y por el retraso en el pago de la mayor permanencia en la obra y por
el retardo en el pago de las actas parciales de obra.
1.8. Que como consecuencia de las declaraciones anteriores, se condene a la
Sociedad AGUAS DE BOLÍVAR S.A. E.S.P. a pagar los perjuicios que fueren
condenados a pagar, hasta la fecha en que efectivamente la entidad demandada
realice el pago.”
4. Según refiere la demanda, el 10 de agosto de 2011 las partes del presente litigio
suscribieron el contrato AB-OC-003-2011, cuyo objeto fue realizar la
“optimización del sistema de acueducto del municipio de Simití, Fase 1, en el
Departamento de Bolívar”. Fue pactado un plazo de ejecución de 8 meses,
30-32). Ambos integrantes dieron, por separado, poder al abogado que formuló la demanda (Ibid. f.
33-43).
2 Las transcripciones y elementos del libelo que se expondrán a continuación corresponden a la
demanda reformada (expediente OneDrive, carpeta “demanda Simití”, archivo “Demanda Simití”),
que fue admitida por el Tribunal mediante auto del 26 de febrero de 2020. En: expediente OneDrive,
archivo “RADICADO N°13001233300020150082800-CUADERNO N°3.pdf” (f. 122-123).
Adicionalmente, provienen del texto, y contienen posibles errores e imprecisiones.
3 Expediente OneDrive, archivo “RADICADO N°13001233300020150082800-CUADERNO N°1.pdf”
(f. 1-28).
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Radicación: 13001-23-33-000-2015-00828-01 (74.117)
Demandante: Consorcio Simití 2011
Demandado: Aguas de Bolívar S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales
contados a partir del 27 de agosto de 2011, fecha en la que se suscribió el acta
de inicio.
5. El demandante afirmó que, tras iniciarse los trabajos, fueron advertidas algunas
situaciones que entorpecerían el desarrollo esperado de la obra, tales como
imprecisiones en los diseños entregados por la Empresa. Ante tal situación,
fueron firmados siete otrosíes al contrato inicial, unos para ampliar el término
estipulado, y otro para incrementar su valor. A juicio del actor, algunas de las
variaciones surgieron a partir de circunstancias previsibles para la demandada,
y otras entrañaron una fuerza mayor y externa a la voluntad del contratista.
6. El 10 de diciembre de 2013, la entidad convocó al Consorcio para iniciar el
procedimiento de declaratoria de incumplimiento, alegando que las obligaciones
fueron desconocidas respecto de: (i) el suministro e instalación de los equipos
electromecánicos para la dosificación de químicos; (ii) el uso de material filtrante
del lecho de secado de lodos con sus drenajes; (iii) la instalación de placas de
fibrocemento en zona de sedimentadores; (iv) el mejoramiento de las paredes
internas y externas de la planta de tratamiento; (v) el no haber reemplazado
piezas (codo de 14’’ por uno de 16’’ en la zona de “floculadores”), realizado
labores (empalme de tubería y pruebas hidráulicas a las tuberías de conducción
instaladas), ni entrega de elementos (planos récord de tramos de tubería).
7. Aunque, en criterio del demandante, no existían razones técnicas, no fueron
acreditados los puntos de la inculpación, ni se consideró la falta de constitución
de garantías dentro del pliego de cargos, mediante Resolución 087 del 20 de
diciembre de 2013 la Empresa declaró el incumplimiento contractual del
Consorcio. Este acto fue confirmado mediante Resolución 025 del 7 de marzo
de 2014.
8. Por otra parte, la Resolución 067 del 28 de julio de 2014, liquidó unilateralmente
el contrato incluyendo incumplimientos nuevos no discutidos ni declarados en la
decisión anteriormente mencionada, y “la entidad demandada declaró
incumplimientos nuevos”, específicamente, por mala calidad de algunos ítems
que fueron descontados a pesar de haber sido recibidos por la interventoría. En
la misma oportunidad, la entidad “excluyó el pago de mayores cantidades y
obras adicionales, necesarias para la conclusión del proyecto”.
9. Contra la anterior manifestación unilateral de voluntad, el demandante interpuso
recurso de reposición; la demandada ratificó su decisión sin que, a juicio del
contratista, existiera pronunciamiento de fondo sobre los contraargumentos
expuestos.
10. El demandante adujo que el acueducto quedó en perfecto funcionamiento y en
condiciones óptimas para prestar el servicio, que dicha obra contó con el visto
bueno de la interventoría, y que capacitó al personal de la entidad para operarlo
conforme a un acta en la cual se da fe de haber impartido las instrucciones
pertinentes. Además, sostuvo que el no prorrogar las garantías contractuales se
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Radicación: 13001-23-33-000-2015-00828-01 (74.117)
Demandante: Consorcio Simití 2011
Demandado: Aguas de Bolívar S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales
debió a la liquidación de la compañía aseguradora Cóndor S.A., y que esa
inobservancia fue conjurada mediante la ejecución normal del acuerdo.
11. El actor señaló que las Resoluciones 87 de 2013 y 025 de 2014 incurrieron en
violación del debido proceso por desconocimiento del artículo 86 de la Ley 1474
de 2011, y en falsa motivación porque no existieron los incumplimientos
alegados por la entidad y se efectuaron sobre trabajos que habían sido
aceptados con antelación.
12. A su vez, expresó que la demandada falló en el cumplimiento de sus funciones
de vigilancia y control, razón por la cual el Consorcio debió asumir actuaciones
contractuales, decisiones de cambio de diseños o modificación de elementos
constructivos para que las obras de acueducto fueran funcionales. Por ende,
existieron mayores cantidades de obra y actividades adicionales necesarias para
el cumplimiento de lo pactado, que no fueron remuneradas por su contraparte.
13. La cuantía de las pretensiones fue tasada en la suma de ochocientos sesenta y
siete millones quinientos cincuenta y dos mil cuatrocientos quince pesos con
noventa y nueve centavos ($867.552.415,99), que según el “informe de
Concepto Técnico”4 aportado con el libelo inicial, está desglosado así5:
“ITEMES CONCEPTO VALOR
[sic]
1 “ACTA FINAL (CON ANTICIPO $ 452.400.140,35
AMORTIZADO AL 100%)”
2 “MAYOR PERMANENCIA DE $ 236.531.909,45
ADMINISTRACIÓN INDEXADO A
DICIEMBRE DE 2014”
3 “INTERÉS MORATORIO $ 30.110.512,07
ADMINISTRACIÓN POR MAYOR
PERMANENCIA”
4 “REAJUSTE FINANCIERO DE ACTAS $ 124.556.777,31
PARCIALES DE OBRA INDEXADO A
DICIEMBRE DE 2014”
5 “INTERÉS MORATORIO POR $ 17.657.536,02
REAJUSTE FINANCIERO”
6 “INTERÉS DE MORA DE ATRASO $ 6.295.540,79
PAGO ACTAS DE CORTE PARCIAL
INDEXADO A DICIEMBRE DE 2014”
TOTAL $ 867.552.415,99
Contestación de la demanda
14. Luego de que la reclamación fue admitida6, la Empresa expresó su oposición a
las pretensiones planteadas7. Indicó que no eran ciertas las descalificaciones
realizadas por el actor, porque las declaraciones vertidas en los actos
demandados contaban con pleno soporte probatorio, todas las imputaciones
fueron oportunamente conocidas por el contratista y fueron congruentes con las
4 En expediente OneDrive, carpeta “demanda Simití”, archivo “Peritaje Simití.pdf”.
5 Ibid. f. 8.
6 Ibid. F. 74-77.
7 Expediente OneDrive. Archivo “ RADICADO N°13001233300020150082800-CUADERNO N°3.pdf
(f. 1-14).
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Demandante: Consorcio Simití 2011
Demandado: Aguas de Bolívar S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales
decisiones adoptadas. Agregó que era falso que el acueducto del municipio de
Simití quedara en perfecto funcionamiento, ya que los informes de interventoría
reflejaron un porcentaje de construcción del 88,6%, el avance en la instalación
de tuberías fue del 72%, y las instalaciones eléctricas llegaron al 82,5%.
Mencionó que las obras no fueron recibidas, y que la capacitación del personal
no denotó el beneplácito de la demandada.
15. En su defensa, la entidad expresó que no se violó el debido proceso dado que
el demandante contó con todas las garantías procesales y fueron relacionados
oportunamente los hechos que configuraron incumplimiento contractual,
destacando que el Consorcio nunca satisfizo sus obligaciones relativas a la
ampliación de las pólizas de seguro en el marco de las prórrogas y adiciones
pactadas. También manifestó que no fueron declaradas infracciones
sorpresivas, por cuanto estas constaron en visitas a las que el Consorcio
deliberadamente no asistió. Por último, negó que existieran mayores cantidades
de obra ni trabajos adicionales, en tanto estos agregados, de acreditarse, no
fueron convenidos.
Sentencia de primera instancia
16. En providencia8 del 29 de noviembre de 2024, el Tribunal denegó las
pretensiones de la demanda. Para justificar esta resolución, el a quo expuso lo
siguiente:
17. Frente al cargo por violación del debido proceso, consideró que si bien la
comunicación GB-AB-OF-724/2013 que citó al Consorcio Simití 2011 a la
audiencia para definir si se había configurado el incumplimiento del contrato AB-
OC-003-2011 no mencionó la “falta de constitución de garantías del adicional
No. 7” como uno de los señalamientos de infracción contractual, la contratista
tampoco expresó su inconformidad respecto de esta falencia en el recurso de
reposición formulado contra la Resolución 87 del 20 de diciembre de 2013,
centrándose únicamente en exponer por qué no se había configurado el
incumplimiento por ese motivo. A juicio del a quo, tal conducta reveló una
contradicción del Consorcio contra su propio acto, ya que mientras en sede
administrativa argumentó que no debía imponérsele una sanción fundada en
esas bases, en el escenario judicial manifestó la ausencia del reproche en la
citación como sustento de sus pedimentos, sin que ello constara en la
oportunidad de defensa que ejerció ante la entidad.
18. En relación con el ataque por falsa motivación, el a quo desestimó las
alegaciones del actor respecto de la imposibilidad de acceder a la ampliación de
las pólizas por la situación de la aseguradora, dado que este requisito de
ejecución es un imperativo legal, y la orden de liquidación forzosa administrativa
que recayó sobre Cóndor S.A. se produjo meses después de haber suscrito el
adicional número 7. Igualmente, en el recurso de reposición, la demandante
guardó silencio acerca de este tópico. Adicionalmente, la parte que alegó estos
hechos debía demostrar el amparo de la ejecución, y no se satisfizo dicha carga
probatoria.
8 Ibid. archivo “23SentenciaDePrimeraInstancia.pdf”.
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Demandante: Consorcio Simití 2011
Demandado: Aguas de Bolívar S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales
19. En cuanto a las censuras en contra de los actos de liquidación unilateral, el a
quo encontró que no se configuró la falsa motivación señalada en el libelo
introductor. Tras comparar los documentos parciales de obra aportados,
estableció que los identificados con los números 1 y 4 coinciden en fecha y valor;
que el n.º 2 presenta diferencias, aunque la versión de la demandada se
encuentra firmada por el contratista; que el n.º 3 no fue aportado por la Empresa
y el allegado por el Consorcio carece de suscripción; que el n.º 5 concuerda en
fecha y monto, pero la copia del actor no está firmada; que el n.º 6 solo fue
suministrado por la contratante y cuenta con las firmas correspondientes; y que
el n.º 7 es idéntico en ambos casos, si bien fue presentado íntegro por la
Empresa. En este último, se dejó constancia de un valor ejecutado de
“$2.277.595.787 por los meses de junio a agosto”, hecho no cuestionado por las
partes, en particular por el contratista que lo respaldó con su firma.
20. Seguidamente, indicó que, en comparación con el acta 7, la Resolución 067 de
2014 estableció la suma de $2.729’995.928 como monto ejecutado, existiendo
así una diferencia de $452’400.141 entre ambos que, en criterio de la primera
instancia, coincide con el ítem 1 (“ACTA FINAL (CON ANTICIPO AMORTIZADO
AL 100%”) del cuadro explicitado en el “concepto técnico” que acompañó la
demanda.
21. En relación con la ejecución de los trabajos que, según la actora, habrían sido
aceptados mediante el denominado “acta final de modificación y/o
compensación de cantidades de obra de 14 de noviembre de 2013”, por valor de
$491’728.205,06, el Tribunal advirtió que dicho documento no fue refrendado ni
por el interventor ni por el supervisor del contrato. En tal sentido, pese a las cifras
allí consignadas, el acta carece de eficacia probatoria para acreditar que la
entidad hubiese conocido o aceptado la ejecución de obras adicionales.
22. Por su parte, respecto del correo electrónico remitido por el ingeniero residente
de la interventoría, en el cual manifestó adjuntar “lo acordado” sobre la
elaboración de obras pendientes de pago, el Tribunal concluyó que este
elemento probatorio no demuestra nada distinto a un simple intercambio de
información entre dicho profesional y el representante legal de la contratista, sin
que sea posible constatar su contenido ni inferir de él la aprobación institucional
de los trabajos reclamados. Además, en contravía de lo sostenido por la parte
actora, no se acreditó que el inspector del contrato hubiera aceptado las
cantidades y conceptos adicionales cuyo reconocimiento económico pretende 9.
23. En idéntica dirección, descartó el valor probatorio de la “pre-acta N° 8 de 6 de
septiembre de 2013”, que enunciaba trabajos entre agosto y septiembre del año
en mención, por un valor de $428.611.955, ya que en esta solo consta la firma
del interventor del contrato, echando de menos la signatura del supervisor o de
algún funcionario que represente a la demandada. Indicó que, si bien el
interventor tiene la obligación de verificar la ejecución técnica del objeto
9 Para tal efecto, invocó el oficio GPDA-INT-163ª-2014 de 25 de julio de 2014 del interventor, en el
que se señaló que no era procedente reconocer las cantidades de obra solicitadas por el contratista.
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Radicación: 13001-23-33-000-2015-00828-01 (74.117)
Demandante: Consorcio Simití 2011
Demandado: Aguas de Bolívar S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales
contractual, esto no significa que tenga la función de aprobar los trabajos en
nombre del contratante.
24. Respecto de las pretensiones por mayor permanencia en obra, su prosperidad
fue descartada porque no se demostró su causación, ni que los gastos
adicionales hayan sido pactados. Así mismo, la demandante no acreditó retardos
en el pago de actas parciales, que justifiquen la condena a intereses moratorios
e indexados por tales montos, toda vez que los extractos bancarios aportados
no exhibieron la fecha en que fueron cumplidas las obligaciones dinerarias.
25. Por último, la decisión de instancia no dispuso condena en costas porque, en
virtud de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, la actora “respaldó
su posición en fundamentos legales”.
Recurso de apelación
26. La demandante interpuso alzada10 en contra de la sentencia de primer grado,
solicitando su revocatoria para que, en su lugar, se resuelvan favorablemente
sus súplicas. De entrada, censuró a la providencia impugnada por incurrir en
yerros de valoración probatoria, interpretar de forma restrictiva las garantías del
debido proceso, y comportar una decisión desconocedora de la satisfacción
sustancial de las obligaciones del contrato por parte del Consorcio que, en su
parecer, conduce al enriquecimiento sin justa causa de la entidad.
27. En ese sentido, el apelante reprochó que la Empresa haya variado la imputación
realizada al inicio del procedimiento en virtud de la infracción de lo pactado por
no concluir la totalidad de los trabajos, por una “completamente diferente y
sorpresiva” que consistió en la falta de ampliación de las pólizas. Tal
incongruencia vulneró el núcleo esencial del derecho de defensa del contratista
porque le impidió preparar argumentos de descargo respecto de ese
señalamiento novedoso. Agregó que la oportunidad de recurrir no saneó ni
convalidó la violación descrita, como lo entendió el Tribunal, y la privación de la
contradicción no permitió, incluso, ajustar su conducta para “superar su estado
contractual”. Así mismo, cuestionó que la providencia no haya advertido la
trasgresión del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.
28. Por otra parte, acusó al fallo por errar en no reconocer que tanto la declaratoria
de incumplimiento como la liquidación unilateral del contrato están falsamente
motivadas. En relación con el primero de los actos, se apartó de la tesis del
proveído que comprendió la falta de ampliación de las garantías del contrato
como fundamento suficiente para que la demandada haya sancionado al actor
“no porque el hecho fuera inexistente, sino porque la administración le otorgó un
alcance desproporcionado que no se compadece con la realidad de la ejecución
contractual”, en tanto la consecuencia de una “obligación accesoria”, que no
afecta por sí sola la ejecución material de los trabajos, no podía ser la
insatisfacción total del negocio jurídico que culminó con el acueducto entregado
y puesto en funcionamiento.
10 Ibid. archivo “26RecursoDeApelacion.pdf”.
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Radicación: 13001-23-33-000-2015-00828-01 (74.117)
Demandante: Consorcio Simití 2011
Demandado: Aguas de Bolívar S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales
29. Sobre las resoluciones de liquidación unilateral, la recurrente planteó que el
análisis fue incompleto ya que la decisión respaldó el rechazo de obras recibidas
y aprobadas por la entidad, sin objeción alguna, en las actas parciales de obra,
por lo que generó en el actor una “confianza legítima sobre su reconocimiento”.
En ese sentido, sostuvo que estas certificaciones, “suscritas por el interventor
y/o supervisor, constituyen un reconocimiento formal de que ciertas cantidades
[…] fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción”, lo que implica que, además de
no corresponderse con la realidad, la entidad contravino sus propios actos.
Sumado a ello, el Tribunal se negó a valorar la “Pre-Acta No. 8” por un “excesivo
formalismo” que fue el no contar con la firma del supervisor de la entidad, sino
únicamente por el interventor, implicando una “visión reduccionista” de este
último, despojando su “carácter de garante técnico y legal” del desarrollo de lo
pactado. Además, aseguró que la “certificación del interventor traslada la carga
de la prueba a la entidad”11, y que el balance no podía reflejar incumplimientos
técnicos en la ejecución de la obra carentes de prueba.
30. Aunado a los anteriores puntos, el apelante consideró que el fallo menospreció,
en el presente asunto, que la entidad ocasionó “un rompimiento del equilibrio
económico del contrato” y se está convalidando un “enriquecimiento sin causa
para la administración”, conforme al contenido de la llamada “Pre-acta”. Por lo
tanto, debían reconocerse los costos por mayor permanencia y administración,
aunque estas prestaciones no hubiesen sido pactadas, porque no “surgieron por
capricho del contratista, sino por dificultades en el desarrollo del proyecto” no
atribuibles al Consorcio, y cuya prueba reposa en el peritaje presentado con la
demanda, que no fue objetado y sí resultó equívocamente apreciado por el
Tribunal. Asimismo, deben concederse la indexación y los intereses moratorios
sobre la suma reclamada.
Trámite en segunda instancia
31. Por auto12 del 4 de mayo de 2026, el Despacho ponente admitió el recurso de
apelación. Durante esta etapa procesal, las partes y el agente del Ministerio
Público guardaron silencio.
11 En este punto invoca la siguiente providencia: “Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
A, Sentencia del 2 de julio de 2021, radicado. 0001-23-31-000-2012-00245-02(51067). C.P. José
Roberto Sáchica Méndez”, y cita el siguiente extracto: “En esas condiciones, como el interventor del
convenio designado por Ecogas para ejercer su supervisión certificó la ejecución de las obras por el
valor total que fue desembolsado con cargo al Fondo y, en ese mismo sentido, está acreditado que
Ecogas desembolsó los aportes del Fondo como aceptación de lo “realmente ejecutado”, era de
cargo del Ministerio acreditar que, no obstante estas circunstancias, los recursos invertidos en la
ejecución del contrato no correspondían a lo certificado por el interventor del convenio, para lo cual
era imprescindible que desvirtuara el contenido de los documentos en los que se basó este
colaborador de la administración para dejar esa constancia en el acta de liquidación. Pese a lo
anterior, encuentra la Sala que los informes técnicos que aportó el Ministerio y que elaboró Itansuca
no desvirtúan el dicho del interventor.”
12 Índice SAMAI segunda instancia, núm. 4.
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Radicación: 13001-23-33-000-2015-00828-01 (74.117)
Demandante: Consorcio Simití 2011
Demandado: Aguas de Bolívar S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales
CONSIDERACIONES
32. Al no advertirse causal de nulidad, y como se reunieron los presupuestos
procesales —jurisdicción, competencia, legitimación13, oportunidad y requisitos
formales de la demanda y agotamiento de la conciliación extrajudicial— la
Subsección procede a decidir la segunda instancia de este asunto.
Objeto del presente pronunciamiento y problemas jurídicos
33. Siguiendo lo preceptuado por los artículos 320 y 328 del CGP, esta Colegiatura
deberá concentrarse en los puntos de disenso concretamente planteados por el
recurrente. Por ende, la presente decisión resolverá si el fallo de primera
instancia incurrió en los equívocos señalados por el apelante, respondiendo a
estos interrogantes:
34. A diferencia de lo sostenido en el proveído, ¿la Empresa conculcó el debido
proceso del Consorcio por variar los señalamientos de incumplimiento
contractual al agregar, con posterioridad a la citación, la falta de ampliación de
las garantías de cumplimiento en las prórrogas de las vigencias contractuales?
En ese orden de ideas, ¿le era exigible al actor formular la respectiva censura
por incongruencia en el recurso de reposición que interpuso en contra de la
Resolución 87 del 20 de diciembre de 2013?
35. Contrario a lo argumentado por el Tribunal, ¿las resoluciones demandadas (87
de 2013 y 025 de 2014) y expedidas por la demandada, se sustentaron en
consideraciones ajenas a la realidad contractual, en la medida en que el acuerdo
de voluntades sí fue cumplido, la no extensión de las garantías no era imputable
a la contratista, y esta circunstancia no tuvo el alcance que se le atribuyó en
dichas decisiones?
36. Distinto a lo concluido en la sentencia de primera instancia, ¿la liquidación del
contrato AB-OC-003-2011 realizada unilateralmente por la entidad, a través de
las resoluciones 067 y 078 de 2014, debió considerar los trabajos que constan
en el “acta final de modificación y/o compensación de cantidades de obra de 14
de noviembre de 2013” aunque no contara con el aval del interventor ni del
supervisor, o en la “pre-acta n° 8” pese a que solo fue suscrita por el interventor?
13 En relación con el interés que asiste al tomador del seguro de cumplimiento para impugnar los
actos que declararon su desatención al programa contractual del acuerdo amparado, la Sala de
Subsección ha señalado lo siguiente: “… en los términos del artículo 1077 del Código de Comercio,
en concordancia con el artículo 1080 ibídem, la demostración de la ocurrencia del siniestro y de la
cuantía de la pérdida, si fuere el caso, discusión en la cual debe también participar el contratista, en
tanto tiene interés directo respecto de la determinación de tales presupuestos, pues, como ya se
mencionó, de una parte, la discusión en torno a la ocurrencia del siniestro comporta la del
cumplimiento de sus obligaciones —por ser el riesgo amparado— y, de otra, porque una vez pagada
la indemnización, la aseguradora puede subrogarse en los derechos del asegurado en contra de
quien dio lugar a la realización del riesgo (artículo 1096 del Código de Comercio).”: Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 18
de febrero de 2022. Rad. 250002326000201000660 01 (53.318). C.P. José Roberto Sáchica
Méndez, reiterada en sentencia del 24 de abril de 2023. Rad. 25000-23-36-000-2018-00078-01
(68.993). C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
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Radicación: 13001-23-33-000-2015-00828-01 (74.117)
Demandante: Consorcio Simití 2011
Demandado: Aguas de Bolívar S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales
37. Los reconocimientos económicos solicitados y reafirmados en alzada por el
Consorcio en virtud de la mayor permanencia en la obra y administración
¿debieron concederse por el a quo por estar demostrados en la mencionada
“Pre-acta n° 8”, y en el dictamen aportado al proceso por el actor?
38. Antes de solventar los problemas jurídicos suscitados por la recurrente, en vista
de la naturaleza jurídica de la entidad contratante es necesario precisar el
ordenamiento al cual se sometió lo pactado tomando, en lo pertinente, lo
expresado por las partes. Una vez fijado ese aspecto, necesario para sentar la
solución de la controversia a la normativa que le corresponde, serán abordados
los temas atinentes a cada punto para determinar si le asiste o no razón al
apelante único, y se adoptará la decisión correspondiente a las costas en esta
instancia.
Régimen jurídico del contrato AB-OC-003-2011
39. El negocio celebrado14 el 10 de agosto de 2011 entre la entidad, que es una
empresa de servicios públicos domiciliarios15, y el Consorcio, tuvo como objeto16
la ejecución a cargo del contratista del proyecto denominado “OPTIMIZACIÓN
DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SIMITÍ – FASE 1, EN EL
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”. Según se estipuló por las partes, este
acuerdo de voluntades se regiría “por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007,
los Decretos Reglamentarios del Estatuto Contractual, el Código Civil, el Código
de Comercio, los Pliegos de Condiciones, Anexos Técnicos, Adendas y demás
documentos de la Licitación Pública No. 003-2011”.
40. En la cláusula décima sexta, se acordó que la contratante podía terminar,
modificar e interpretar unilateralmente lo pactado, “con sujeción a lo dispuesto
en los artículos 15 a 17” de la Ley 80 de 199317. Asimismo, en el segmento
destinado a la liquidación del negocio jurídico18, las partes fijaron que dicho
trámite conclusivo seguiría lo normado en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.
14 En: expediente OneDrive, archivo “RADICADO N°13001233300020150082800-CUADERNO
N°1.pdf” (f. 49-68).
15 En el certificado de existencia y representación de la demandada del 27 de agosto de 2019,
expedido por la Cámara de Comercio de Cartagena (en: expediente OneDrive, archivo “RADICADO
N°13001233300020150082800-CUADERNO N°3.pdf”, f. 18-27) consta que la empresa fue
constituía por escritura pública 2.895 del 29 de diciembre de 2008 otorgada en la Notaría Sexta de
Cartagena y que la junta directiva de la sociedad está compuesta por el departamento de Bolívar, y
los municipios de El Guamo, Arjona, Cicuco, Estanislao, Santa Rosa del Sur, Calamar, San Juan, y
Soplaviento.
16 Conforme al apartado de consideraciones, el acuerdo de voluntades desarrollaba el interés “del
Gobierno Nacional […] en avanzar en el proceso de reforma del sector de agua potable y
saneamiento básico”, mediante la “asistencia técnica y apoyo financiero adecuado y oportuno a los
Municipios y Departamentos para mejorar la gestión empresarial de las entidades responsables de
servicios y garantizar la calidad de las inversiones”.
17 “DÉCIMA SEXTA: T'ERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: De
conformidad con el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, el presente contrato podrá ser terminado,
modificado e interpretado unilateralmente por EL CONTRATANTE., con sujeción a lo dispuesto en
los artículos 15 a 17 de la mencionada Ley.”
18“DÉCIMA SEPTIMA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO- La liquidación del contrato se hará de
común acuerdo, mediante acta que suscribirán el Ordenador del gasto, el Contratista y el Interventor.
Sí el contratista no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido
de la misma, será practicada directa y unilateralmente por EL CONTRATANTE y se adoptará por
acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición. Para la liquidación bilateral
seránecesaria la presentación de los siguientes documentos: a) Copia del acta definitiva de la
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Radicación: 13001-23-33-000-2015-00828-01 (74.117)
Demandante: Consorcio Simití 2011
Demandado: Aguas de Bolívar S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales
41. Visto lo anterior, la Sala considera que las diversas manifestaciones realizadas
sobre la normativa sustancial aplicable al acuerdo de voluntades no desvirtúan
el mandato legal que excluye la generalidad de los contratos celebrados por las
empresas de servicios públicos domiciliarios del EGCAP19, y en su lugar, los
somete a los Códigos Civil y de Comercio20. En ese orden de ideas, no hay
elementos de juicio que permitan encasillar el contrato sub judice en alguna
excepción21 que ordene la plena aplicación del mencionado Estatuto22.
42. Esto no obsta para que, en virtud de una interpretación que privilegie el efecto
útil de lo estipulado23 y la conservación del negocio jurídico24, se comprenda que
si bien las alusiones a las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 no habilitan la
expedición de actos administrativos, sí determinaron aspectos atinentes a la
asignación de facultades unilaterales en cabeza de una de las partes, el
ceñimiento a procedimientos prediseñados, el cumplimiento de determinados
requisitos o la organización del trámite por etapas, en desarrollo de la autonomía
de la voluntad orientadora del acuerdo de voluntades, y ante la ausencia de
precepto legal que expresamente les prohíba acudir a dichas normas para
convenir tales atribuciones y la manera de ejercerlas25.
prestación del servicio y recibo a satisfacción de los las [sic] obras ejecutadas; b) Constancia suscrita
por el Interventor, en la cual aparezca que el contratista está a paz y salvo por cualquier concepto
relacionado con el objeto del contrato. El trámite de liquidación del contrato se sujetará a artículo 11
de la Ley 1150 de 2007.”
19 Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
20 Cfr. Ley 142 de 1994 – Artículo 31.
21 En particular, según los considerandos del contrato, y los demás documentos que forman parte
del expediente, no hay prueba de que el presente acuerdo de voluntades denote que la Empresa
operó como gestor dentro de un Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de
Agua y Saneamiento, conforme a las leyes 1151 de 2007 (artículo 91) y 1450 de 2011 (artículo 21),
y el Decreto 3200 de 2008. En ese orden de ideas, no le resulta aplicable el Decreto 4548 de 2009,
cuyo artículo 1 dispone que “Los procesos de contratación que se adelanten por el Gestor, en
cumplimiento de las funciones asignadas por el artículo 12 del Decreto 3200 de 2008, se rigen por
el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en desarrollo de lo previsto en el
artículo 14 de la Ley 1150 de 2007”. Sobre estos negocios jurídicos y su régimen, ver: Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 18
de noviembre de 2024. Rad. 41001-23-33-000-2014-00004-01 (71011). C.P. Fernando Alexei Pardo
Flórez.
22 V. gr. Los “contratos que celebren los entes territoriales con las empresas de servicios públicos
con el objeto de que estas últimas asuman la prestación de uno o de varios servicios públicos
domiciliarios, o para que sustituyan en la prestación a otra que entre en causal de disolución o
liquidación”, de acuerdo con el parágrafo del artículo 31 de la Ley 142 de 1994, modificado por el
artículo 3 de la Ley 689 de 2001.
23 Código Civil – Artículo 1620: “El sentido en que una cláusula puede producir algún efecto, deberá
preferirse a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno”.
24 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-345 del 24 de mayo de 2017. M.P. Alejandro Linares
Cantillo.
25 Sobre el tema, la Subsección se ha pronunciado en estos términos: “Al estar sometida al régimen
de derecho privado la relación convencional que enlazó a las partes en el presente asunto, ello
conduce inexorablemente a considerar que los actos que allí tienen origen comparten la naturaleza
que tienen aquellos en el tráfico negocial propio del derecho común, donde no obran privilegios de
poder público o de autoridad, que son las notas distintivas que dan lugar a la expedición de actos
administrativos. Así que, en este escenario, no es posible expedir actos administrativos, sólo
contractuales. // Sin perjuicio de lo anterior, la Sala reconoce que el principio de la autonomía de la
voluntad habilita a las partes para asignar determinadas facultades, incluso unilaterales a alguna de
ellas, y a definir los requisitos o fases para adelantar tales actuaciones. Pero hace énfasis en que
esas determinaciones no llevan a variar la naturaleza de sus manifestaciones, ni ha de entenderse
que tal autonomía autorice a uno de los contrayentes a expedir actos administrativos. Con otras
palabras, el ejercicio de la libertad negocial y la amplitud que pueden alcanzar sus acuerdos no
autoriza el pacto de potestades administrativas, pues estas solo devienen de la ley.”: Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 1 de
julio de 2025. Rad. 23001233300020170028702 (67.675). C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
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Radicación: 13001-23-33-000-2015-00828-01 (74.117)
Demandante: Consorcio Simití 2011
Demandado: Aguas de Bolívar S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales
43. Así las cosas, a diferencia de lo sostenido por las partes y por la sentencia
apelada, las resoluciones proferidas por la Empresa y cuestionadas por el
Consorcio carecen de las cualidades, privilegios y prerrogativas propias de los
actos administrativos, y constituyen -en realidad- manifestaciones unilaterales
de voluntad originadas en lo pactado, sujetas a los Códigos Civil y de
Comercio26. Con todo, como nada impide a los contratantes que, en ejercicio de
su libertad contractual27, regulen expresa, clara e inequívocamente28 la
incorporación de reglas, términos y fases procedimentales propias del EGCAP,
vigentes al tiempo de la celebración del contrato29, la Sala prescindirá del juicio
de legalidad denotado en las pretensiones de nulidad y, en su lugar, analizará
estas expresiones como actos jurídicos expedidos en el marco del contrato 30,
verificando si, en lo pertinente, las decisiones controvertidas concordaron con el
conjunto normativo invocado en el acuerdo de voluntades.
Cargos en contra del fallo apelado respecto de los actos declarativos de
incumplimiento
44. Para resolver los cuestionamientos del demandante relacionados con la
temática referida en el acápite31, es pertinente recapitular, en aquello que resulte
concerniente a la solución correspondiente, los segmentos estipulados, el
desarrollo de las obligaciones concertadas, y el trámite que culminó en las
declaraciones unilaterales de incumplimiento contractual del actor.
45. En la cláusula décima del contrato AB-OC-003-2011, se dispuso que el
Consorcio constituiría en favor de la Empresa una garantía que incluiría amparos
de: (i) buen manejo, correcta inversión, amortización y devolución del anticipo;
(ii) cumplimiento, por un monto equivalente al 15% del valor total del contrato;
(iii) salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales; (iv) estabilidad
y calidad de la obra; (v) calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos
suministrados; y (vi) responsabilidad civil extracontractual. Tal obligación debía
cumplirse “dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del
26 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Sala Plena.
Sentencia del 9 de mayo de 2024. Rad. 76001233100020060332003 (53.962). C.P. José Roberto
Sáchica Méndez.
27 En este sentido, la autonomía de la voluntad como poder atribuido a los contratantes para
disciplinar sus relaciones jurídicas, está sometida a diversas restricciones o excepciones,
particularmente cuando con ello se comprometen el interés social, el orden público y las buenas
costumbres (Código Civil – Artículo 16), los derechos fundamentales, la prestación de servicios
públicos, la libre competencia o el ejercicio abusivo de la posición dominante (Cfr. Corte
Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-186 del 16 de marzo de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto)
28 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A.
Sentencia del 13 de agosto de 2024. Rad. 44001234000020140012601 (70470). C.P. Fernando
Alexei Pardo Flórez. Párr. 94 y 95. Igualmente ver, de la misma Subsección, sentencias del 22 de
octubre de 2021. Rad. 52001-23-33-000-2017-00598-01 (65978) y del 2 de junio de 2023. Rad.
25000-23-36-000-2021-00249-01 (68996). C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
29 Cfr. Ley 153 de 1887 – Artículo 38.
30 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A.
Sentencias del 24 de septiembre de 2020. Rad. 05001-23-31-000-2003-00985-01(44707). C.P. José
Roberto Sáchica Méndez, y del 13 de marzo de 2026. Rad. 44001-23-40-000-2013-00134-01
(69.876). C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
31 Supra, párr. 34 y 35.
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Radicación: 13001-23-33-000-2015-00828-01 (74.117)
Demandante: Consorcio Simití 2011
Demandado: Aguas de Bolívar S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales
contrato”, y debía mantenerse durante el término correspondiente. En ese orden
de ideas32:
“… en el evento en que el plazo de ejecución del contrato y/o su valor se amplíe o
aumente, respectivamente, el contratista deberá proceder a ampliar la vigencia de
las garantías y/o el valor amparado de las mismas, según sea el caso, como
condición previa y necesaria para el pago de las facturas pendientes de pago. […]En
el caso de los amparos cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al
vencimiento del plazo de ejecución del contrato y/o de recibo a satisfacción de las
obras objeto del mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando el
mismo se afecte por la ocurrencia de los riesgos asegurados con posterioridad a
tales fechas. El pago de todas las primas y demás gastos que generen la
constitución, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las
garantías, será de cargo exclusivo del contratista.”
46. El precio del acuerdo de voluntades se acordó inicialmente en la suma de “DOS
MIL CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL
OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE
CENTAVOS MCTE ($2.132.503.824,59)”33. Mientras que el término de ejecución
fue previsto en 8 meses contados desde la “aprobación de la garantía única de
cumplimiento pactada y suscripción del acta de inicio”34. Empero, estas dos
estipulaciones variaron en múltiples oportunidades, indicando en todas ellas que
el Consorcio debía modificar las garantías para reflejar los cambios
introducidos35:
Modificación Fecha Contenido
“CONTRATO ADICIONAL 25-abr-2012 Prolongación del término de ejecución en 90
EN TIEMPO No. 001”36 días, contados desde el 27 de abril de 2012.
“CONTRATO ADICIONAL 25-jul-2012 Añade 75 días al plazo, computados a partir
EN TIEMPO No. 002”37 del 27 de julio de 2012.
“CONTRATO ADICIONAL 11-oct-2012 Suma 60 días al lapso, iniciando el 13 de
EN TIEMPO No. 003”38 octubre de 2012.
“CONTRATO ADICIONAL 12-dic-2012 Agrega 45 días desde el 13 de diciembre de
EN TIEMPO No. 004”39 2012.
“CONTRATO ADICIONAL 12-feb-2013 Extiende el plazo en 120 días, a partir del 14
EN TIEMPO Y DINERO No. de febrero de 2013; y adiciona la suma de mil
005”40 cuarenta y nueve millones ochocientos
noventa y dos mil doscientos cuarenta y cuatro
pesos ($1.049.892.244,00).
Según las consideraciones de este acto
modificatorio, las partes encontraron que para
cumplir con el objeto del contrato, necesitaban
“ejecutar una serie de actividades extras y
complementarias” que fueron integradas a un
“nuevo resumen de cantidades de obra y
precios unitarios, el cual hace parte integral del
Acta N° 3 de Modificación y/o compensación
32 Transcripción textual, con posibles errores e imprecisiones.
33 Conforme a la cláusula quinta del contrato.
34 De acuerdo con la cláusula cuarta del negocio jurídico.
35 Cláusula tercera (en los adicionales 001 y 003), y cuarta (adicionales 002, 004 y 005) de los
acuerdos modificatorios.
36 En: expediente OneDrive, archivo “RADICADO N°13001233300020150082800-CUADERNO
N°1.pdf” (f. 69-71)
37 Ibid. f. 72-76.
38 Ibid. f. 77-80.
39 Ibid. f. 81-84.
40 Ibid. f. 85-88.
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Radicación: 13001-23-33-000-2015-00828-01 (74.117)
Demandante: Consorcio Simití 2011
Demandado: Aguas de Bolívar S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales
de cantidades de obra”, que formaba parte del
acuerdo adicional.
“CONTRATO ADICIONAL 12-jun-2013 Amplía el término en 90 días desde el 14 de
EN TIEMPO Y DINERO [sic] junio de 2013.
No. 006”41
“CONTRATO ADICIONAL 12-sep-2013 Incrementa la ejecución en 60 días, contados
EN TIEMPO No. 007”42 a partir del 14 de septiembre de 2013.
Se proyectó que el contrato terminaría el 13 de
noviembre de 2013.
47. Mediante oficio43 del 10 de diciembre de 2013, la contratante convocó al
contratista a audiencia de “Procedimiento Sancionatorio” con el fin de “decidir y
debatir sobre el presunto incumplimiento del contrato”. En el documento, se
anunció que sería adjuntado el “informe de ejecución realizado por la
interventoría” y el “informe ejecutivo” elaborado por la Empresa, en el cual se
destacó que, para la fecha de expiración del plazo, únicamente se “recibieron
obras […] equivalentes al 78.54%”. En ese orden de ideas, planteó que no fueron
satisfechas las siguientes actividades44:
“1-Suministro e instalación de los equipos electromecánicos para los sistemas de
dosificación de químicos.
2-Material filtrante (antracita, arena y grava) y material filtrante del lecho de secado
de lodos con su drenajes
3-lnstalacion de las placas de fibrocemento en la zona de sedimentadores.
3-Mejoramiento dejas paredes de las paredes externas e internas de la planta de
tratamiento
4-Las escaleras de gato […] en los registros en los registros para el lavado de lodos
y recolección de aguas servidas de la 'planta de tratamiento’
5-No se ha hecho el cambio de un codo de 14' por un de 16" en la zona de
floculadores, para mantener el gradiente de velocidad en la zona de floculación.
6-No se hecho el empalme de la tubería de 3" en pvc con la tubería existente del
municipio.
7-No se han entregados los planos record de los tramos de tubería de 3" y 8"
intervenidos en la cabecera municipal.
8-No se han realizados las pruebas hidráulicas a las tuberías de conducción
Instaladas, en la cabecera.”
48. El 20 de diciembre de 2013, se adelantó la diligencia antes anunciada. Según el
acta45, el representante legal del contratista alegó que el informe ejecutivo era
un soporte demostrativo infundado, inconducente e impertinente porque su
contenido no concordaba con la realidad del contrato. En ese sentido, expuso
que ese elemento no traía consigo fotografías actualizadas en las cuales se diera
cuenta de que el proyecto estaba totalmente terminado, sino que mostraban
trabajos inconclusos, por ende, solicitó la suspensión de la audiencia para que
41 Ibid. f. 90-91.
42 Ibid. f. 92-94.
43 Oficio GB-AB-OF-724/2013, en: Ibid. f. 107-108.
44 Transcripción textual, con posibles errores.
45 Acta de audiencia, en: ibid. f. 110-114.
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Radicación: 13001-23-33-000-2015-00828-01 (74.117)
Demandante: Consorcio Simití 2011
Demandado: Aguas de Bolívar S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales
se practicaran las pruebas encaminadas a demostrar el estado real de la
construcción.
49. Por su parte, en esa misma oportunidad la interventoría coincidió con las
observaciones del Consorcio, pero, a su juicio, no era cierto que la planta
estuviera totalmente edificada sino que se encontraba “en un porcentaje del
88,6%”; asimismo, expresó que la tubería estaba “completamente instalada […]
pero el avance total del componente corresponde al 72%”, mientras que en
relación a las instalaciones eléctricas, para “septiembre el contratista puso en
obra los suministros eléctricos para ser instalados en el componente de
captación y planta de tratamiento y se iniciaron las instalaciones, la actividad
estaba en un avance del 82,5%”.
50. Una vez agotadas las intervenciones, la Empresa manifestó lo siguiente46:
“… luego de escuchar los descargos y revisar las pruebas aportadas por el
contratista, se evidencia que el informe ejecutivo presentado por el supervisor
contractual carece de mérito para declarar el incumplimiento por las razones
expuestas en él.
Aun así la entidad en ejercicio de su función de vigilancia y control realizo revisión
del expediente contractual encontrando que el contratista se encuentra
incumpliendo el numeral 15 de la cláusula segunda del contrato que establece como
obligación del mismo “mantener vigentes todas las garantías que amparen el
contrato en los términos del mismo” lo anterior porque revisado el expediente no se
encontró ampliación de la garantía que avale el adicional número 07 de 2013,
mediante el cual se adiciona el plazo del contrato en 60 días. Lo que a la luz de los
requisitos de ejecución establecidos en la cláusula quinta del adicional número 07
en el que las partes acuerdan que para la ejecución del contrato se requiere la
aprobación del certificado de modificación de la garantía única de cumplimiento”,
por lo anterior el contratista no cumplió con el requisito de ejecución de dicho
adicional y dejo [sic] vencer el plazo contractual por ausencia de garantía antes de
finalizar el 100% de las actividades contratadas por lo anterior y de acuerdo a lo
establecido en el artículo 5.1.12 del decreto 0734 de 2012 […] obligación que se
encuentra evidentemente incumplida por el contratista…”.
51. Acto seguido, se leyó la parte resolutiva de la Resolución 87 del 20 de diciembre
de 201347 que, en lo pertinente, determinó48:
“ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el incumplimiento del Contrato No. AB-OC-003-
2011 de fecha 10 de agosto de 2011, celebrado entre AGUAS DE BOLIVAR SA
ESP y CONSORCIO SIMITÍ 2011 […] de conformidad con la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Declarar la ocurrencia de los siniestros que fueron
pactados en el Contrato No. AB-OC-003-2011 de fecha 10 de agosto de 2011,
celebrado entre AGUAS DE BOLIVAR SA ESP y CONSORCIO SIMITÍ 2011, los
que se exponen a continuación y que están amparados por la compañía de seguros
ASEGURADORA CONDOR SA a favor de entidades estatales No 300022186 y
300004563 de fecha de expedición 17 de agosto de 2011, asi: a) Cumplimiento por
un valor de $ 477.359.410,29.
46 Tomado literalmente, incluyendo equívocos e imprecisiones.
47 Ibid. f. 115-118. La parte motiva del acto repite el contenido del acta de la audiencia del
procedimiento por incumplimiento.
48 Cita textual, con yerros e inexactitudes tomadas del documento.
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Radicación: 13001-23-33-000-2015-00828-01 (74.117)
Demandante: Consorcio Simití 2011
Demandado: Aguas de Bolívar S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales
ARTICULO TERCERO: La presente resolución se entiende notificada en audiencia
al representante legal del CONSORCIO SIMITI 2011, señor MELEK DE JESUS
SABAGH KARAM identificada con la cédula de ciudadanía No 72.245.008 de
Barranquilla haciéndoles saber que contra el presente acto, procede el recurso de
reposición, que se interpondrá, sustentará y decidirá en audiencia y la decisión
sobre el recurso se entenderá notificada en audiencia.
ARTICULO CUARTO: Notifíquese al gerente liquidador la Compañía de seguros
CONDOR SA en liquidación, o a su apoderada, haciéndoles sabre que contra el
presente acto, procede el recurso de reposición, que se puede presentar dentro de
los diez días hábiles siguientes a la notificación personal.
ARTÍCULO CUARTO [sic]: En firme esta resolución se publicará en el SECOP como
lo ordena el artículo 31 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 218 del
Decreto 019 de 2012, y se comunicará a la Procuraduría General de la Nación.
ARTICULO QUINTO: Ordénese la liquidación del contrato No AB-OC-003-2011
conforme a la cláusula decima séptima del mismo, lo dispuesto en la Ley 80 de
1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 734 de 2012.”
52. Mediante documento del 8 de enero de 2014, el Consorcio interpuso recurso de
reposición49 en contra de las decisiones descritas en el párrafo anterior. Como
sustentos de su impugnación, protestó que: (i) el incumplimiento imputado fue
ajeno a su voluntad y obedeció a circunstancias imprevistas y anormales,
concretamente a la temporada invernal que ocasionó retrasos e incrementos
económicos excepcionales en la ejecución de las obras; y (ii) el contratista no
incumplió el numeral 15 de la cláusula segunda del contrato porque era
“imposible que una aseguradora en proceso de toma de posesión de bienes,
haberes y negocios, tal como es la ASEGURADORA CONDOR S.A., […] expida
una extensión de las pólizas”, suceso que no podía predecirse.
53. A través de Resolución 025 del 7 de marzo de 201450, la demandada confirmó
el acto recurrido. De entrada, descartó referirse sobre el desequilibrio económico
del contrato dado que en el procedimiento sancionatorio no versaba sobre esa
materia. Seguidamente, en relación con la desatención en ampliar las garantías,
reiteró que el incumplimiento estaba demostrado, y además: (i) la obligación fue
anterior a la liquidación forzosa de la aseguradora; (ii) no se acreditaron
actuaciones del Consorcio en las cuales se solicitara la modificación respectiva
y la garante respondiera negativamente, ni que haya dado aviso oportuno a la
Empresa sobre las circunstancias que imposibilitaron la renovación; y (iii) las
pólizas de seguro no son las únicas alternativas para amparar el cumplimiento
de un contrato. Por último, aseveró que no fue entregado el 100% de las obras
estipuladas.
54. En este punto, de acuerdo con lo indicado anteriormente51, resulta necesario
precisar que, en el presente caso, la facultad unilateral de la contratante para
declarar el incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal estipulada
49 Ibid. f. 119-125.
50 “POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE EN AUDIENCIA EL RECURSO DE REPOSICIÓN
INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN NUMERO 87 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE
2013”. En: Ibid. f. 128-136.
51 Supra. Párr. 41 a 45.
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Radicación: 13001-23-33-000-2015-00828-01 (74.117)
Demandante: Consorcio Simití 2011
Demandado: Aguas de Bolívar S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales
encuentra sustento en la remisión explicitada por las partes a la Ley 1150 de
2007, tal como se precisó anteriormente52. Empero, no ocurre lo mismo respecto
de las disposiciones introducidas por la Ley 1474 de 2011, pues aunque dicha
normativa se encontraba vigente53 para la fecha de celebración del contrato sub
judice, los contratantes no manifestaron su aplicabilidad al negocio jurídico. Esto
cobra especial relevancia al considerar que el acuerdo bajo análisis se rige por
el derecho privado, régimen en el cual -se insiste- la atribución de potestades
unilaterales exige un pacto claro, expreso e inequívoco, sin que baste la sola
vigencia formal de una disposición legal que forme parte del EGCAP para
integrar su contenido obligacional.
55. En ese orden de ideas, el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, que formó parte
del contenido negocial en tanto las partes autónomamente manifestaron la
incorporación de los procedimientos, fases y facultades desarrollados por el
EGCAP al acuerdo de voluntades, otorgándole un efecto útil a esta estipulación
conforme al artículo 1620 del Código Civil y a lo ya explicado54, señala que el
ejercicio de las potestades antes mencionadas debe “estar precedida de
audiencia del afectado que deberá tener un procedimiento mínimo que garantice
el derecho al debido proceso del contratista”.
56. Este mandato se complementa con el desarrollo jurisprudencial 55 que esta
garantía constitucional tiene en el ámbito de las relaciones contractuales
orientadas por el ordenamiento civil y mercantil, acogido por esta Subsección56,
en el cual se exige que las actuaciones unilaterales observen mínimos de (i)
legalidad, esto es, que exista normativa anterior al hecho calificado en el cual
consten las conductas sancionables, las sanciones correspondientes, y el
procedimiento para controvertir los cargos; (ii) publicidad e imparcialidad,
reflejadas en decisiones debidamente motivadas y fundadas en criterios
objetivos; y (iii) oportunidades eficaces de defensa, que comprendan la
posibilidad efectiva de controvertir los señalamientos hechos por la parte que
cuenta con la facultad unilateral, así como de aportar y solicitar pruebas, y de
presentar recursos en caso de que estos correspondan.
57. Traídos estos postulados al caso concreto, se evidencia que la Empresa nunca
informó previamente que una de las razones para convocar la audiencia
destinada a discutir el incumplimiento contractual del Consorcio consistía en que,
con ocasión de la última prórroga del plazo —“Adicional en tiempo No. 007”—,
no se hubiera ampliado la póliza correspondiente. Dicho reproche concreto
surgió únicamente durante la diligencia, según consta en el acta respectiva, y
52 Supra. Párr. 39 a 43.
53 De acuerdo con el artículo 135 de dicha ley, esta rige a partir de su promulgación, la cual se efectuó
el 12 de julio de 2011.
54 Supra. Párr. 42.
55 Cfr. Corte Constitucional. Sala Primera de Revisión. Sentencia T-720 del 16 de septiembre de
2014. M.P. María Victoria Calle Correa. Párr. 117; y Sala Cuarta de Revisión. Sentencia T-534 del 5
de diciembre de 2023. M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
56 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A.
Sentencias del 27 de febrero de 2026. Rad. 250002336000202100325 01 (71.852). C.P. José
Roberto Sáchica Méndez; y del 13 de marzo de 2026. Rad. 44001-23-40-000-2013-00134-01
(69.876). C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
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Demandante: Consorcio Simití 2011
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Referencia: Controversias contractuales
fue luego recogido en la motivación de la Resolución 87 de 2013. En
consecuencia, la demandada no otorgó oportunidad alguna para conocer y
controvertir esta imputación específica antes de la adopción de la decisión, con
lo cual desconoció la garantía procedimental que ella misma se obligó a observar
a modo de presupuesto para el ejercicio regular de la facultad unilateral de
declarar la trasgresión del contratista de sus obligaciones convenidas.
58. Con todo, la contratante adujo en su defensa que los cargos de infracción a lo
convenido fueron informados adecuadamente durante el trámite. Asimismo, en
la sentencia de primera instancia, el Tribunal argumentó que el Consorcio sí
contó con una oportunidad para oponerse a la omisión de ese reproche en la
citación a la audiencia, a saber, el recurso de reposición. Empero, a juicio de
esta Subsección, no le asiste razón a la parte ni concuerda con la tesis del
Tribunal, por las siguientes razones:
59. De un lado, se acreditó que la Empresa actuó de manera repentina e inadecuada
al develar el achaque en el mismo escenario en el que se discutían las razones
que pretendían sustentar la inobservancia de las obligaciones contractuales.
Particularmente, se resalta que ni el acta de la audiencia ni la parte motiva de la
Resolución 87 de 2013 dieron cuenta de que, en esa etapa del trámite, el
contratista haya dispuesto de un espacio efectivo para pronunciarse sobre dicha
imputación —planteada de forma inesperada— ni de un tiempo razonable para
ejercer su contradicción57.
60. Por otra parte, la existencia de una fase previa a cualquier determinación,
destinada a poner en conocimiento los hechos que conformarán el trámite y
demarcar su objeto, no es equiparable a la interposición de recursos. Ello por
cuanto estos últimos constituyen instrumentos encaminados a controvertir una
decisión ya adoptada58. En consecuencia, al tratarse de garantías diversas que
integran el debido proceso, no puede asumirse de manera automática que la
observancia de una de ellas comporte, por sí sola, la salvaguarda integral del
derecho fundamental.
61. Además, es necesario precisar que el examen de resoluciones expedidas en
virtud de un contrato regido por el derecho privado no equivale al juicio de
legalidad propio de los actos administrativos, sino que juzga la responsabilidad
57 En este punto, conviene agregar que recientemente esta Subsección indicó que, en el marco del
procedimiento administrativo sancionatorio, la entidad contratante debe garantizar el ejercicio
efectivo del derecho de defensa, entre otros, al de conceder un término razonable para preparar y
rendir descargos. Ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera
– Subsección A. Sentencia del 30 de enero de 2026. Rad. 25000-23-26-000-2011-00491-01
(69.090). C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
58 En sentido análogo, la jurisprudencia ha señalado lo siguiente en cuando a la distinción entre el
derecho de petición y los medios de impugnación ante las entidades públicas: “La diferencia entre
una petición ordinaria y aquellas contenidas en los recursos administrativos y judiciales se encuentra
en el tipo de solicitudes. En la primera, se trata de cualquier petición, lo cual incluye solicitar la
efectividad de un derecho, información, un servicio, documentos, certificaciones, entre muchas otras
posibilidades. Mientras que en la segunda, se trata específicamente de controvertir una decisión de
la administración.”: Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-007 del 18 de enero de 2017. M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado. Negrilla original del texto citado.
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Referencia: Controversias contractuales
contractual basada en la inobservancia de los deberes estipulados59, y por esta
misma razón, no le era exigible a la parte agotar los recursos disponibles para
acceder a la jurisdicción toda vez que es improcedente imponer la satisfacción
de cargas propias de los procedimientos administrativos a trámites contractuales
cuyas reglas sustanciales no prevén tal formalidad60.
62. En el sub judice, la omisión de exponer el cargo de incumplimiento por no ampliar
las garantías en el adicional núm. 7, antes de que se resolviera la declaración
de incumplimiento, no representó un mero defecto procedimental sino la
pretermisión completa de una etapa prevista por las partes para que la
respectiva decisión unilateral se ajustara al marco procedimental mínimo que
debía ser atendido por la Empresa para expedir decisiones unidireccionales, así
como al acuerdo de voluntades que, por estos mismos motivos, fue infringido
por la demandada.
63. Asimismo, no resulta plausible censurar que la demandante no haya formulado
en el recurso interpuesto en su momento exactamente el reproche que hoy se
plantea, puesto que dicha omisión no habría subsanado la vulneración del
procedimiento ni garantizado al contratista la oportunidad de conocer, de manera
previa, detallada y suficiente, las razones que justificaban el inicio del trámite en
su contra, antes de la adopción de una decisión. En efecto, el debate sustancial
que debía preceder la expedición de la resolución, así como los argumentos
elaborados por la entidad para refutarlo, únicamente fueron expuestos en su
totalidad al decidir el recurso de reposición, etapa en la que ya no existía
posibilidad real de contradicción previa.
64. En virtud de lo anterior, la Sala responde al primero de los cuestionamientos
antes formulados61 en el sentido de que la Empresa incurrió en el defecto
denunciado por la actora por no formular oportunamente el reproche de
incumplimiento por no ampliar las garantías de la última prórroga del contrato,
vicio que denota la desatención de las reglas contractuales concretado a las
Resoluciones 87 de 2013 y 025 de 2014, por lo que estas no pueden producir
efectos. En esa medida, el cargo de apelación está llamado a prosperar.
65. Ahora, en vista de la naturaleza jurídica de las decisiones unilateralmente
adoptadas por la contratante, no corresponde al caso planteado acceder a la
pretensión de nulidad de los actos expedidos por la demandada, sino dejar sin
efectos las determinaciones contenidas en el segmento resolutivo 62. Empero,
como del incumplimiento declarado unívocamente no se ordenó al Consorcio de
59 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A.
Sentencia del 1° de septiembre de 2025. Rad. 05001-23-33-000-2018-01485-01 (72.745). C.P.
Fernando Alexei Pardo Flórez.
60 Como sí se requiere para demandar la nulidad de los actos administrativos particulares, de acuerdo
con el artículo 161, numeral 2, del CPACA.
61 Supra. Párr. 36.
62 En ese orden de ideas, se reitera que esta reconducción de la litis no comporta el desconocimiento
del principio de congruencia, dado que el marco fáctico soporte de las pretensiones sigue siendo el
mismo, y se mantiene el objeto del litigio que no es distinto a señalar si la contratista estaba obligada
al pago de lo declarado. En sentido análogo, ver: Sentencia del 24 de septiembre de 2020, antes
citada.
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Demandante: Consorcio Simití 2011
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Referencia: Controversias contractuales
realizar el pago de una suma de dinero, sino que la Empresa dio por configurado
el siniestro de cumplimiento amparado por la póliza de garantía del contrato, la
Sala no ordenará la devolución de dineros al actor.
66. Definido el sentido de esta providencia y expuestas las razones que lo sustentan,
la Sala se abstendrá de analizar los restantes cargos formulados por la apelante
contra las resoluciones que declararon su incumplimiento contractual63, relativos
(i) a la supuesta falta de motivación de dichos actos, (ii) a la imputabilidad de la
no renovación de las garantías con ocasión de la liquidación forzosa
administrativa de la aseguradora y (iii) a la proporcionalidad de la sanción
impuesta, en la medida en que su estudio no desvirtúan ni modifican las
conclusiones ya indicadas.
67. Así mismo, se anticipa que la decisión aquí adoptada no tiene incidencia en lo
definido por las resoluciones 067 y 078 de 2014 que liquidaron unilateralmente
el acuerdo de voluntades, toda vez que -como se verá más adelante64- allí no se
mencionan ni se contemplan las declaraciones unilaterales de incumplimiento,
ni su tasación especificada, como rubros a considerar dentro del balance final
de las obligaciones del contrato. Por ende, no cabe deducir efectos materiales
de los actos sancionatorios sobre el finiquito negocial adoptado por la
demandada, cuyo análisis será abordado a continuación.
Reproches en contra de la sentencia respecto a la liquidación unilateral del
contrato
68. Para solventar los puntos de la controversia pendientes de ser tratados, es
necesario volver sobre las estipulaciones contractuales en lo que refiere a la
forma de pago, las condiciones que debían reunir las actas parciales y final de
obra, la función del interventor y del supervisor, y la facultad de liquidación
unilateral. Posteriormente, se retomará el contenido de las constancias de lo
ejecutado, en particular sobre aquellas enfatizadas por la actora; y se enunciará
lo indicado por la contratante en las resoluciones que liquidaron el contrato.
69. Según el numeral 13 de la cláusula segunda, el contratista se obligó a adelantar
el “trámite y aprobación de las facturas”, presentando previamente “a la
Interventoría, un informe de avance de ejecución de obra”, junto con
comprobantes de afiliación y pago de aportes al sistema de seguridad social
integral y parafiscales del personal destinado a la confección de los trabajos.
Más adelante, en el segmento destinado al pago fue acordado lo siguiente 65:
“SEXTA: FORMA DE PAGO.- EL CONTRATANTE, pagará al CONTRATISTA por
intermedio del esquema fiduciario constituido para tal efecto hasta el noventa y cinco
(95%) del valor del contrato, el cual se cancelará de acuerdo a las actas de recibo
parcial de obras aprobadas por el interventor del contrato, el supervisor y el
ordenador del pago respectivo, que corresponderán al valor que resulte de
multiplicar las cantidades de obras ejecutadas por los precios unitarios relacionados
en el Formulario No. 1. Las cuentas de cobro correspondientes a las Actas de
avance parcial aprobadas, se cancelarán dentro de los treinta (30) días calendarios
63 Supra. Párr. 37.
64 Infra. Párr. 73 a 76.
65 Se trascribe textualmente, incluyendo posibles errores.
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Referencia: Controversias contractuales
siguientes a su radicación en la entidad CONTRATANTE. Las actas, las deberá
presentar el CONTRATISTA dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al
vencimiento del respectivo mes de ejecución. Las cantidades de obra y valores
consignados en las respectivas Actas de obra, son de responsabilidad exclusiva del
Interventor y del Contratista. El Acta de Recibo firmada por el Interventor, deberá ir
acompañada de por lo menos doce (12) fotografías, donde se muestre el avance de
las obras, así como del Acta de recibo de parte de la veeduría. Para el pago del Acta
Final también deberá presentarse además del Acta de Recibo Final firmada por el
Interventor, el registro fotográfico, y el Acta de recibo de parte de la veeduría, los
planos récords de construcción aprobados por el interventor. 2) El cinco (5%)
correspondiente al último pago se efectuará una vez el CONTRATISTA cumpla con
los requisitos para la liquidación del contrato.”
70. Por otra parte, el negocio jurídico66 indicó que la interventoría designada por la
contratante tendría, además “de las que por la índole y naturaleza del contrato
le sean propias”, las funciones de: (i) verificar, revisar y aprobar los requisitos y
documentos de orden técnico que sean exigidos para suscribir el acta de
iniciación; (ii) certificar la ejecución del trabajo contratado dentro de las
condiciones requeridas; (iii) vigilar técnicamente la ejecución de las obras; (iv)
levantar y firmar las actas que le correspondan; (v) elaborar el acta de liquidación
del contrato; (vi) velar por la vigencia de las pólizas que amparan el cumplimiento
contractual; (vii) informar a la garante del contrato sobre los incumplimientos del
contratista; y (viii) aplicar las medidas correspondientes para que el contratista
cumpliera con los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.
71. Según la cláusula tercera, referida a las obligaciones de la entidad contratante,
en su numeral tercero, dicha parte se encontraba obligada a asignar “un
supervisor del proyecto, quien mantendrá la interlocución permanente y directa
con el Contratista y con el Interventor”.
72. En cuanto a la liquidación del contrato, además de expresar la sujeción al artículo
11 de la Ley 1150 de 2007, se pactó67 que esta sería hecha de común acuerdo
mediante acta suscrita por “el Ordenador del gasto, el Contratista y el
Interventor”, señalando que si “el contratista no se presenta a la liquidación o las
partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada
directa y unilateralmente por EL CONTRATANTE y se adoptará por acto
administrativo [sic] motivado susceptible del recurso de reposición”. Agregó que
para la “liquidación bilateral” sería necesaria la presentación de dos documentos:
(i) “acta definitiva de la prestación del servicio y recibo a satisfacción de las obras
ejecutadas”; y (ii) constancia “suscrita por el Interventor” en la que se refleje estar
a paz y salvo “por cualquier concepto relacionado con el objeto contractual”.
66 Cláusula novena.
67 Cláusula decimoséptima.
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Demandante: Consorcio Simití 2011
Demandado: Aguas de Bolívar S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales
73. De los elementos aportados por las partes68, deben resaltarse, en primer orden,
el acta número 7 de recibo parcial de obra69 del 29 de agosto de 2013, que
compendiaba la ejecución de las obligaciones contractuales entre los meses de
junio y agosto de 2013, suscrita por el representante legal de la contratista, el
director de interventoría y el supervisor nombrado por la Empresa, en la que
consta la liquidación parcial del acuerdo de voluntades, de esta manera:
CONCEPTO FECHA VALOR AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA NETO PAGADO
(50%)
ANTICIPO Septiembre 22 $ 1.066.251.912,30
de 2011
ACTA PARCIAL Julio 23 de 2012 $ 321.460.787,74 $ (160.730.393,87) $ 160.730.393,87
No. 1
ACTA PARCIAL Octubre 10 de $ 236.886.361,00 $ (118.443.180,50) $ 118.443.180,50
No. 2 2012
ACTA PARCIAL Noviembre 20 $ 191.921.579,00 $ (95.960.789,50) $ 95.960.789,50
No. 3 de 2012
ANTICIPO Febrero de 2013 $ 524.946.122,05
REFOMRULACI
ÓN
ACTA PARCIAL Mayo 20 de $ 394.624.156,00 $ (197.312.078,00) $ 197.312.078,00
No. 4 2013
ACTA PARCIAL Mayo 30 de $ 261.075.038,00 $ (130.537.519,00) $ 130.537.519,00
No. 5 2013
ACTA PARCIAL Junio 10 de $ 350.068.779,00 $ (175.034.389,50) $ (175.034.389,50)
No. 6 2013
ACTA PARCIAL Agosto 29 de $ 521.559.086,00 $ (260.779.543,00) $ 260.779.543,00
No. 7 2013
TOTALES $ 2.277.595.787,00 $ (1.138.797.893,37) $ 260.779.543,00 $ 2.469.216.384,72
74. En segundo lugar, la denominada “PRE-ACTA” de recibo parcial de obra número
870, únicamente firmada por el ingeniero residente de interventoría, y el
representante legal de la contratista, reflejaba las siguientes cantidades
ejecutadas por una suma equivalente a $857’223.909 entre los meses de agosto
y septiembre de 2013:
68 La demandante allegó archivos digitales que, según afirmó, correspondían a las 8 actas de obra
discutidas en el proceso (en: expediente OneDrive, carpetas “15AnexosDemandante” y “13Actas6-
7”). Ahora, en el memorial que acompañó a estos elementos de convicción, anotó: “Es importante
mencionar que las actas No. 1, No. 2 y No. 3 no fueron firmadas en su momento por las partes, sin
embargo, las mismas fueron reconocidas en su contenido en el acta No. 4, la cual se encuentra
firmada por el interventor, Aguas de Bolívar S.A. E.S.P. y Consorcio Simití 2011. A su vez, las actas
No. 5 y No. 6 no se encuentran firmadas, siendo reconocidas en el Acta No. 7, al igual que reconoce
nuevamente todas las actas anteriores. Por otro lado, la pre acta No. 8 no fue firmada en razón a la
póliza, dado que la misma no pudo ser ampliada debido a que la compañía de seguros Condor S.A.
entró en liquidación […]” (ibid. archivo “14MemorialDemandante.pdf”) Por su parte, la demandada
dijo aportar las actas parciales 1, 2, 4, 5, 6, y 7, mediante oficio GB-AB-Of. 902/2024 del 6 de mayo
de 2024 (ibid. archivo “12RespuestasAguasdeBolívar.pdf”).
69 Ibid. Carpeta “15AnexosDemandante”, “Actas Simití”, “Acta 7”, documentos “Acta Nø 7.pdf”, y
“Acta Parcial Nø 7.pdf”.
70 Ibid. Carpeta “Pre Acta 8”, archivo “Pre-Acta 8.pdf”.
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Radicación: 13001-23-33-000-2015-00828-01 (74.117)
Demandante: Consorcio Simití 2011
Demandado: Aguas de Bolívar S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales
75. En tercer término, el “ACTA FINAL DE MODIFICACIÓN Y/O COMPENSACIÓN
DE CANTIDADES DE OBRA”71 que, pese a que no fue suscrita por ningún
funcionario de la demandada ni por el interventor, fue radicada por la contratista
como anexos al oficio del 16 de mayo de 201472, como forma de acreditar los
valores que, a su juicio, le eran adeudados, para que estos fueran incluidos en
la liquidación bilateral del contrato. Dicho documento plasmó los siguientes
guarismos:
“VALOR TOTAL DE LA OBRA: 3.261.052.195,96
VALORES PAGADOS AL CONSORCIO 2.277.595.786,94
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 491.728.205,06
VALORES ADEUCADOS [sic] AL CONSORCIO […] 491.728.205,06”
76. Por medio de la Resolución 067 del 28 de julio de 201473, confirmada en su
totalidad por la Resolución 078 de 201474, la Empresa dispuso75:
“ARTICULO PRIMERO: LIQUIDAR UNILATERALMENTE el contrato de obra
pública N° AB-OC-003-2011, celebrado el 10 de agosto de 2011 entre AGUAS DE
BOLIVAR SA ESP y EL CONSORCIO SÍMITI 2011, integrado por las firmas MAF
INGENIERIA LIMITADA Y WILLIAM JESUS CONTO RAMOS, […] por las razones
expuestas en la parte considerativa del presente acto y con el balance económico y
de ejecución de obra que se indica a continuación:
DESCRIPCIÓN FECHA DE VALOR AMORTIZACIÓN VALOR PAGADO
ACTA FACTURADO ANTICIPO
ANTICIPO 22-09-2011 $1.066'251.912,30
ACTA PARCIAL No. 23-07-2012 $321.460.787,74 $160.730.393,87 $160.730.393,87
1
ACTA PARCIAL No. 10-10-2012 $236.886.361 $118.443.180,50 $118.443.180,50
2
ACTA PARCIAL No. 20-11-2012 $191.921.579 $95.960.789,50 $95.960.789,5
3
ANTICIPO 01-03-2013 $524.946.122,05
REFORMULACIÓN
ACTA PARCIAL No. 20-05-2013 $394.624.156 $197.312.078,00 $197.312.078,00
4
ACTA PARCIAL No. 30-05-2013 $261.075.038 $130.537.519,00 $130.537.519,00
5
ACTA PARCIAL No. 10-06-2013 $350.068.779 $175.034.389,50 $175.034.389,50
6
ACTA PARCIAL No. 29-08-2013 $521.559.086 $260.779.543 $260.779.543,00
7
CANTIDADES $452.400.140,98 $452.400.140,98 $0,00
AVALADAS POR LA
INTERVENTORÍA
VALOR EJECUTADO $2.729.995.928 $1.591.198.034,35 $2.729.995.928
Balance de obras
CONCEPTO VALOR CONTRATADO VALOR VALOR
REFORMULADO EJECUTADO
OBRAS CIVILES $1.059.268.779,09 $1.332.936.011,00 $1.035.013.486,35
OBRAS $300.607.274,10 $300.607.274,1 $319.367.398,82
ELÉCTRICAS
SUMINISTROS $772.627.771,40 $870.565.947,05 $717.301.556,03
71 Ibid. Carpeta “demanda Simití”, archivo “Peritaje Simití.pdf”. F. 18-33.
72 Ibid. f. 14-17.
73 Ibid. Archivo ““RADICADO N°13001233300020150082800-CUADERNO N°2.pdf” (f. 16-36, p. 1-
21); Archivo “RADICADO N°13001233300020150082800-CUADERNO N°1.pdf” (f. 205-210, f. 22-
27; y f. 196-204, p. 43-51).
74 Ibid. Archivo ““RADICADO N°13001233300020150082800-CUADERNO N°2.pdf” (f. 44-54)
75 Transcripción textual, con posibles errores e imprecisiones.
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Radicación: 13001-23-33-000-2015-00828-01 (74.117)
Demandante: Consorcio Simití 2011
Demandado: Aguas de Bolívar S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales
CONSTRUCCIÓN - $443.819.619,89 $374.022.955,07
DE ESTRUCTURA
DE CONTENCIÓN
PARA EL CAUCE
DE LA QUEBRADA
LA INANEA
REHABILITACIÓN - $117.819.435,47 $100.719.140,51
DE TANQUE
SEMIENTERRADO
DE
ALMACENAMIENTO
DE 800 M3
EXISTENTE
CERRAMIENTO - $116.647.780,08 70.544.578,75
ACTIVIDADES NO - $113.026.812,29
CONTRACTUALES
VALOR TOTAL $2.132.503.824 $3.182,396.068, 59 $2.729.995.928
CONTRATADO
ARTÍCULO SEGUNDO: de acuerdo con la liquidación de los impuestos generados
al contrato el valor de SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS
SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON DOS
CENTAVOS ($ 64.769.149,02) a favor de AGUAS DE BOLIVAR deberá ser
cancelado por el CONSORCIO SIMITI 2011, dentro de los diez (10) días calendario
posteriores a la ejecutoria del presente acto administrativo, consignando este valor
a nombre de la AGUAS DE BOLIVAR SA ESP, en la cuenta que Subgerencia [sic]
Administrativa y Financiera de Aguas de Bolívar SA ESP le indique. De no cumplirse
con lo aquí estipulado AGUAS DE BOLIVAR SA ESP, remitirá la presente acta de
liquidación a la Secretaría de Hacienda del Departamento de Bolívar para que inicie
el cobro a través de la Jurisdicción Coactiva.
ARTÍCULO TERCERO: téngase como anexo a la presente liquidación unilateral los
siguientes documentos:
Anexo No. 1: Resoluciones No. 087 del 23 [sic] de diciembre de 2013 y No. 025 del
07 de marzo de 2014, emitidas por Aguas de Bolívar S.A. ESP.
Anexo No. 2: Acta de Final de contrato.
Anexo No. 3: Anexo sobre las consideraciones sobre el recibo o rechazo de las
obras ejecutadas de acuerdo a su estado y no presentación de soportes de calidad
establecidos en las especificaciones técnicas de la entidad Contratante.
Anexo No. 4: Oficio de la Interventoría No. GPDA-INT-109-2014 de fecha 26 de
mayo de 2014, enviado al Contratista de Obra.
Anexo No. 2: Copia de las garantías únicas de cumplimiento y de Responsabilidad
Civil Extracontractual con sus Certificados de Modificación.
Anexo No. 3: Órdenes de pago del Patrimonio Autónomo -FIA-.
ARTÍCULO CUARTO: Ordénese a la Subgerencia Administrativa y Financiera de
Aguas de Bolívar SA ESP, realizar la liberación de los recursos que se encuentran
sin ejecutar en el registro presupuestal […]”
77. Tomando estos elementos de convicción, cuya apreciación es echada de menos
por el apelante, la Sala inicia por recordar que, según su jurisprudencia, el juez
del contrato debe verificar la satisfacción de los requisitos previstos por los
propios contratantes para acceder al pago de las obligaciones estipuladas, de
conformidad con la fuerza obligatoria de los contratos, prevista en el artículo
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Radicación: 13001-23-33-000-2015-00828-01 (74.117)
Demandante: Consorcio Simití 2011
Demandado: Aguas de Bolívar S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales
1602 del Código Civil76. En ese orden de ideas, el hecho de que ninguno de los
documentos invocados por la recurrente cuente con la firma conjunta del
interventor, el supervisor y el “ordenador del pago” contradice lo establecido en
la cláusula sexta del acuerdo de voluntades, razón por la que no resulta
procedente dar por cierta la obligación que el actor reclama judicialmente.
78. Además de no reunir los elementos necesarios para reflejar la existencia del
crédito a favor del demandante, el hecho de que en la llamada “Pre-acta” solo
conste la firma del interventor tampoco acredita que las cantidades allí
mencionadas hayan sido ejecutadas, y aceptadas por la contratante en los
términos pactados. En ese sentido, no le asiste razón al recurrente en las dos
direcciones a las cuales apuntó:
79. En primer lugar, el fallo apelado no desconoce el carácter técnico de la labor del
interventor, ni incurre en un excesivo formalismo sino que encontró que, desde
un punto de vista sustancial y dentro del alcance conferido por el acuerdo de
voluntades no se comprendía la representación de la voluntad de la Empresa
para efectos de aprobar las obras ejecutadas77. Es decir, que este ejercía
labores de vigilancia técnica, vía de comunicación y apoyo para la gestión del
contrato, pero sus dichos no comprometían a la demandada, tal como ocurre en
la generalidad de los acuerdos que siguen esa tipología, como lo ha reseñado la
jurisprudencia de esta Sección78.
76 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A.
Sentencia del 21 de febrero de 2025. Rad. 41001-23-33-000-2017-00626-01 (71583). C.P. Fernando
Alexei Pardo Flórez. Párr. 87.
77 Supra. Párr. 71.
78 “… la Sala se sirve de la definición que de la actividad de interventoría hace el Decreto 2090 de
1989 para señalar ciertas particularidades que permiten moldear o delinear la naturaleza de ese
contrato y que lo diferencian de otros tipos negociales que también se subsumen dentro de la
categoría de arrendamiento de servicios inmateriales, a efectos de identificarlo como un tipo
contractual autónomo. // Dentro de esas notas características tiene especial significación la actividad
que define a la interventoría, delimitada con recurso a los verbos controlar, supervisar, vigilar y
fiscalizar, verbos cuyo significado se complementa con grupos nominales que aluden bien al proceso
constructivo (de una obra) o bien a la actividad que debe desplegar el contratista para dar ejecución
al contrato objeto de la interventoría. // Delimitado así el núcleo de la actividad propia del interventor,
y tomando en consideración que todos y a cada uno de los verbos que expresan el contexto de su
acción suponen la previa definición de los caracteres del proceso constructivo y de las obligaciones
a cargo de los extremos del contrato objeto de la interventoría, se impone concluir que, en principio,
salvo que las partes del contrato de interventoría acuerden un alcance diferente para su objeto, al
interventor no le corresponde concertar modificación a la normativa del contrato objeto de su control
o fiscalización, como, por ejemplo, convenir cantidades de obra, variar las especificaciones técnicas
de la obra, variar los precios unitarios, convenir el precio de actividades no previstas, convenir
prórrogas, transar o conciliar diferencias, etc. // En virtud de lo expuesto, la Sala considera que desde
la arista de la naturaleza del contrato, el interventor no se puede considerar como representante de
la entidad contratante, sino que su actuación es de intermediación entre la entidad contratante y el
contratista, con el fin de desempeñar el control y vigilancia de la correcta ejecución de las actividades
contratadas. Por lo tanto, si el interventor realiza actos que implican modificaciones o nuevos
acuerdos distintos al originario, se estaría extralimitando de sus funciones y los efectos de tales actos
jurídicos serían inoponibles a la entidad contratante, es decir no la vincularían ni la comprometerían
frente al contratista. // Ahora bien, las partes del contrato de interventoría, en ejercicio de su
autonomía negocial, pueden realizar variaciones en relación con los aspectos que serán sometidos
al control, fiscalización, vigilancia o supervisión del interventor. Sin embargo, quien pretenda derivar
efectos de tales alteraciones soporta la carga de probar el ejercicio, en tal sentido, de la autonomía
negocial.”: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección
C. Sentencia del 1 de junio de 2020. Rad. 05001-23-31-000-2000-03439-01(47101). C.P. Jaime
Enrique Rodríguez Navas.
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Radicación: 13001-23-33-000-2015-00828-01 (74.117)
Demandante: Consorcio Simití 2011
Demandado: Aguas de Bolívar S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales
80. De otra parte, no es cierta la apreciación relacionada con la inversión de la carga
de la prueba a partir de los dichos del interventor. Tal aseveración olvida que,
por regla general, incumbe a las partes probar los hechos que fundamentan sus
pretensiones o excepciones, salvo cuando el juez establezca, mediante
providencia judicial, una distribución diferente dependiendo de las
particularidades del caso en función de la mejor posición para demostrar los
correspondientes supuestos fácticos79, circunstancia que en este caso no ha
acontecido. Además, la Sala encuentra que la cita jurisprudencial invocada para
sustentar esta premisa80 está descontextualizada toda vez que se refiere a las
condiciones contractuales del asunto allí decidido, por lo que de esta no subyace
una subregla aplicable al presente caso81.
81. Con todo, si estos medios de convicción tuvieran un valor probatorio cercano al
que persigue el Consorcio, es de resaltar que esta Subsección ha sostenido que
las actas de recibo (bien sea parciales o definitivas), al margen de que puedan
indicar la confección material de trabajos, no acreditan por sí solas un crédito
exigible a la entidad en los términos que allí se manifiestan. Así, si bien estas
pueden ser estimadas “como un principio de prueba respecto del cumplimiento
del contrato, su tenor no es absoluto en relación con la demostración del
cumplimiento de las obligaciones pactadas entre las partes, más aún si se tiene
en cuenta que tal documento no constituye el corte final de cuentas del
contrato”82, por lo que resulta menester que la información allí plasmada
respalde el cumplimiento de las obligaciones de la parte que reclama el
incumplimiento de su contraparte con “el resto del material probatorio allegado
al proceso”83.
82. Más recientemente, retomando su jurisprudencia y a partir de su distinción con
la liquidación del contrato, esta Sala ha sostenido que, en el caso particular del
acta de recibo final, esta “no implica per se una manifestación jurídica y definitiva
del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, pues esto solo será
un asunto propio de la liquidación del contrato, por ser el momento en que se
determinará si los contratantes pueden declararse a paz y salvo, o si existen
obligaciones por cumplir y la forma en que deben ser cumplidas”84.
79 Cfr. Ley 1564 de 2012, artículo 167.
80 Supra. Cit. 14.
81 En la providencia citada se examinó una demanda de nulidad promovida por el Ministerio de Minas
y Energía contra el acta de liquidación bilateral de un convenio celebrado entre Ecogas S.A. —
entidad que entonces estaba bajo su administración— e Ingeobra S.A. E.S.P. La pretensión se
sustentó en un informe elaborado por un consultor externo con posterioridad a la suscripción del
acta, según el cual las obras objeto del convenio no habrían sido concluidas. La parte demandada
sostuvo que la liquidación se apoyó en el concepto del interventor encargado de supervisar el
cumplimiento contractual, quien contaba con una mayor proximidad temporal para verificar la
ejecución de los trabajos. La Sala acogió este planteamiento, al advertir que la entidad demandante
no logró desvirtuar el contenido de los documentos que sirvieron de base para el balance final del
negocio jurídico, carga probatoria que le correspondía en su condición de parte que alegaba la
invalidez del acuerdo.
82 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A.
Sentencia del 4 de junio de 2021. Rad. 05001-23-31-000-2006-02551-01(48794). C.P. María Adriana
Marín.
83 Ibid.
84 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A.
Sentencia del 1° de julio de 2025. Rad. 25000-23-36-000-2021-00617-01 (72021). C.P. José Roberto
Sáchica Méndez.
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Radicación: 13001-23-33-000-2015-00828-01 (74.117)
Demandante: Consorcio Simití 2011
Demandado: Aguas de Bolívar S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales
83. En ese sentido, las cantidades de obra supuestamente ejecutadas, que reflejan
los documentos antes reseñados no encuentran respaldo en otros elementos de
prueba. Por el contrario, en el caso particular del denominado “CONCEPTO
TÉCNICO” rendido por el ingeniero Luis Guillermo Narváez Ricardo, y adjuntado
a la demanda, tiene explícitamente como fuente al acta final de obra que planteó
el contratista de manera unívoca, razón por la que dicho análisis carece de
sustento por basarse en una apreciación emanada de la propia demandante.
84. Adicionalmente, se advierte que en la liquidación, la Empresa incluyó una línea
denominada “CANTIDADES AVALADAS POR LA INTERVENTORÍA” por valor
de cuatrocientos cincuenta y dos millones cuatrocientos mil ciento cuarenta y
nueve pesos con noventa y ocho centavos ($452.400.149,98), coincidente
parcialmente con la cifra reclamada en este juicio85. Según se desprende de la
parte resolutiva de la Resolución 067 de 2014, dicho monto fue imputado a la
amortización del anticipo pagado por la entidad, cuyo valor ascendió a mil
quinientos noventa y un millones ciento noventa y ocho mil treinta y cuatro pesos
con treinta y cinco centavos ($1.591.198.034,35), resultado de la sumatoria entre
lo entregado inicialmente y el dinero concerniente a su “REFORMULACIÓN”86.
85. En relación con este guarismo, la Sala observa que, además de que no fue
objeto de cuestionamiento específico en el recurso de apelación, no hay medio
de prueba que desvirtúe la imputación al concepto allí indicado, al punto de
considerarlo como saldo en favor del contratista. Así las cosas, tampoco hay
lugar a reconocer valor de dinero respecto de este segmento de las
pretensiones.
86. Ahora, la Sala también desecha los contrargumentos que sugerían la existencia
de un posible desequilibrio contractual, en razón a que los argumentos del
recurso no apuntan sustancialmente a la configuración de un desbalance en la
ecuación prestacional sino al desconocimiento de pautas contractuales. Además
porque introduce materias que no fueron planteadas desde el inicio del litigio, lo
cual, de ser atendido por el ad quem, conduciría a la incongruencia de este fallo.
87. Un razonamiento similar amerita el supuesto respaldo de un “enriquecimiento
sin causa” de la entidad, ya que en ningún momento se planteó como pedimento
la declaración de esta circunstancia y, en todo caso, tal como se verificó a lo
largo de este asunto, las reclamaciones del demandante tuvieron estirpe
evidentemente contractual, lo que descarta la aplicación de dicha figura.
88. Por todo lo anterior, los reproches planteados por la apelante no están llamados
a prosperar, y los cuestionamientos relacionados con los actos contractuales de
liquidación unilateral expedidos por la demandada87, se responden de manera
negativa.
85 Supra. Párr. 13.
86 Que, a su vez, concuerda con la mitad de la adición pactada mediante el “CONTRATO ADICIONAL
EN TIEMPO Y DINERO No. 005”, conforme se indicó párrafos atrás (Supra. Párr. 46).
87 Supra. Párr. 38 y 39.
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Radicación: 13001-23-33-000-2015-00828-01 (74.117)
Demandante: Consorcio Simití 2011
Demandado: Aguas de Bolívar S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales
Conclusiones
89. En suma, la Sala revocará el fallo de primera instancia. En su lugar, suprimirá
los efectos de la Resolución 87 del 20 de diciembre de 2013, ratificada por la
Resolución 025 de 2014; y negará las demás pretensiones de la demanda, por
los siguientes motivos:
90. El contrato AB-OC-003-2011 se rigió por la legislación civil y mercantil, habida
cuenta de que fue celebrado por una empresa de servicios públicos domiciliarios
de carácter oficial, y estas, por regla general, sujetan su contratación por dicho
ordenamiento. En el sub judice, además, no se acreditó que el acuerdo se
circunscriba alguna excepción legal a dicho precepto. Dentro del contexto
normativo descrito, las decisiones unilaterales no comportan actos
administrativos, y de éstas no se desprenden las potestades ni privilegios
propios de dichas manifestaciones de voluntad estatal. Con todo, en desarrollo
de la autonomía de la voluntad, las partes pueden acoger los términos, fases,
requisitos, y demás fases, etapas o requisitos previstos en leyes preexistentes
para el ejercicio de facultades unilaterales como, a modo de ejemplo, son
aquellas que forman parte del EGCAP.
91. En cualquier caso, las decisiones cuestionadas debían ajustarse al debido
proceso, en el cual la jurisprudencia de los órganos de cierre ha englobado las
garantías mínimas de legalidad, publicidad, imparcialidad y derecho de defensa.
De conformidad con el régimen incorporado al contrato, la declaratoria de
incumplimiento debía estar precedida de una audiencia en la que se permitiera
al afectado controvertir los hechos que, a juicio de la entidad, configuraban la
infracción contractual. Dado que la imputación consistente en la no renovación
de las garantías durante la última prórroga fue planteada de manera sorpresiva,
durante la audiencia, sin traslado previo ni oportunidad real de contradicción,
esta Subsección constató la vulneración alegada. Tal irregularidad no conduce
a la invalidez de las decisiones, sino a la cesación de sus efectos, en la medida
en que el incumplimiento contractual se fundó en un ejercicio defectuoso de las
facultades pactadas.
92. El juez del contrato debe observar las pautas estipuladas en el contrato como
condición para el surgimiento de la obligación de pago, las que no se satisficieron
en el caso. Además, en el sub judice, como el interventor carece de funciones
representativas del querer de la demandada, y las actas aportadas por la
demandante no acreditan de manera fehaciente que se hayan ejecutado las
obras allí reflejadas, no procede reconocer suma alguna. Por tales motivos, los
reproches en contra de los actos de liquidación unilateral no prosperaron.
Sobre la condena en costas en segunda instancia
93. El artículo 365, numeral 1, del CGP, aplicable a este asunto en virtud de lo
previsto por los artículos 188 y 306 del CPACA, prevé que la condena en costas
procede en contra de “la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación […] que haya propuesto”. El numeral
4 del precepto citado establece que, si “la sentencia de segunda instancia”
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Radicación: 13001-23-33-000-2015-00828-01 (74.117)
Demandante: Consorcio Simití 2011
Demandado: Aguas de Bolívar S.A. E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales
revoca íntegramente la de su inferior, “la parte vencida será condenada a pagar
las costas de ambas instancias”. Sin embargo, en el caso concreto la
impugnación prosperó parcialmente, razón por la cual la Sala no proferirá
condena por este concepto.
94. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 29 de noviembre de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, por las razones expuestas en la presente
providencia.
SEGUNDO: En su lugar, DEJAR SIN EFECTOS la Resolución 087 del 20 de
diciembre de 2013 que declaró el incumplimiento del contrato No. AB-OC-003-2011
y la ocurrencia del siniestro, y la Resolución 025 del 7 de marzo de 2014 por medio
de la cual se confirmó la primera, ambas expedidas por Aguas de Bolívar S.A. E.S.P.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO: NO CONDENAR en costas en esta instancia.
QUINTO: DEVOLVER, por Secretaría, el expediente al Tribunal de origen, una vez
ejecutoriada esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Aclaración de voto
VF
Nota: Esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha.
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