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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04455-00

Fecha
14 de julio de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04455-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela frente a la incongruencia y el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial alegados, por no cumplir el requisito de subsidiariedad, según lo expuesto en la motivación. SEGUNDO. NEGAR la solicitud de amparo presentada por Axa Colpatria Seguros S.A. contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. CUARTO. Si la presente sentencia no fuere impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-04455-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

14 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Catorce (14) de Julio de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000-2026-04455-001
Accionante : Axa Colpatria Seguros S.A.
Accionado : Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Vinculados : Tribunal Administrativo de La Guajira y otro2
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, controversia contractual
Decisión : Sentencia de primera instancia

1. Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela

incoada por Axa Colpatria Seguros S.A. contra la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad.

I. ANTECEDENTES

1.1. Contexto fáctico

2. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos

por la sociedad actora frente a la providencia judicial objeto de censura; luego,
revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela; y, finalmente, resolverá
lo pertinente en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

La demanda de tutela

3. Axa Colpatria Seguros S.A., que actúa a través de apoderado judicial, interpuso

el presente recurso de amparo con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la administración de
justicia, presuntamente vulnerados por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.

4. Por consiguiente, solicitó:

1
Expediente electrónico disponible en SAMAI.
2
Acuavalle S.A. E.S.P.

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-04455-00
Accionante: Axa Colpatria Seguros S.A.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A

[…] Segunda: […] se deje sin efecto la sentencia del 13 de marzo de 2026 proferida
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, dentro del expediente
44001-23-40-000-2013-00134-01 (69.876), en los apartes que validaron la
cuantificación de los siniestros declarados en las Resoluciones 152 y 289 de 2012 y
confirmaron la condena a AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. al pago de
$1.275.340.510 a Acuavalle S.A. E.S.P.

Tercera: Que se ordene al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
proferir nueva sentencia en la que:

1. Aplique criterios uniformes y coherentes en la valoración del dato de obras
ejecutadas (9.50% - $284.961.475) tanto para la cuantificación del siniestro de
anticipo como para la graduación de la cláusula penal, sin aplicar estándares
probatorios opuestos a la misma fuente documental.

2. Determine la cuantía de los siniestros exclusivamente con base en pruebas
legalmente incorporadas al proceso, sin dar por demostrados hechos que solo
constan en documentos que no fueron allegados al expediente judicial.

3. Valore las facturas de inversión del anticipo que obran en el expediente por
$1.001.692.797, suscritas por el propio gerente de Acuavalle al momento de la cesión
contractual.

4. Aplique el precedente uniforme sobre la carga de demostrar la cuantía del perjuicio
en el seguro de cumplimiento, en particular las sentencias de los expedientes 39.800
de 2019, 59.378 de 2021, 48.896 de 2021, 53.318 de 2022 y 65.357 de 2025.

Hechos3

5. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por la

parte accionante se puede evidenciar que, la Sociedad de Acueductos y
Alcantarillados del Valle del Cauca – Acuavalle S.A. E.S.P. (en adelante,
Acuavalle) celebró, con la sociedad Suárez y Silva Ltda. – Ingenieros Contratistas
(en adelante, SSIC), el Contrato de obra núm. 141 de 2008. Este tenía por objeto
la construcción del acueducto y alcantarillado del corregimiento Los Pondores
(San Juan del Cesar), por un valor de TRES MIL MILLONES QUINIENTOS
OCHENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS ($3.000’580.740).
Conforme al parágrafo de su cláusula quinta, la vigencia del contrato quedó sujeta
«a la duración y/o terminación por cualquier causa, del convenio interadministrativo suscrito entre
ACUAVALLE S.A. y CORPOGUAJIRA» .

6. Para garantizar las obligaciones del contratista, Seguros Colpatria S.A. —hoy Axa

Colpatria Seguros S.A.— expidió póliza de cumplimiento4 que garantizaría «EL
PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A
CARGO DEL AFIANZADO ORIGINADOS EN VIRTUD DEL CONTRATO DE OBRA No. 141-2008».

Los riesgos amparados incluían los siniestros de cumplimiento y anticipo, entre
otros.

3
Visibles en el escrito de tutela en el expediente electrónico en SAMAI, índice 2, archivo 7.
4
Núm. 8004020488 del 3 de septiembre de 2008.
2

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-04455-00
Accionante: Axa Colpatria Seguros S.A.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A

7. El Veintinueve (29) de Abril de Dos Mil Diez (2010), SSIC cedió su posición

contractual a la Unión Temporal Proaguas C.T.A. – O.M.E. 3 A Ltda. (en adelante,
Unión Temporal). En el acuerdo de cesión, se enlistaron, como «soportes de la
inversión del anticipo», tres facturas de venta, a favor de SSIC por obras ejecutadas,

que arrojaban una suma de MIL UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS
MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($1.001.692.797). Las partes
suspendieron el plazo contractual en cinco ocasiones, y el término del Convenio
008 expiró el Dieciocho (18) de Septiembre de Dos Mil Diez (2010), lo que hizo que
el Contrato de obra terminara ese mismo día.

8. Mediante la Resolución núm. 152 de 2012, Acuavalle dispuso (i) declarar el
incumplimiento del Contrato de obra por la Unión Temporal; (ii) proclamar la
ocurrencia de los siniestros de cumplimiento y de anticipo5; (iii) hacer efectiva la
póliza por la suma total de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES
TRESCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS ($1.275.340.510); y
(iv) aplicar la cláusula penal pactada. Para sustentar el «balance económico de la obra»,
la Resolución invocó un informe elaborado por funcionarios de Acuavalle. La
aseguradora interpuso recurso de reposición contra dicho acto, que fue resuelto de
manera desfavorable mediante la Resolución núm. 289 de 2012.

9. Seguros Colpatria S.A. promovió demanda en ejercicio del medio de control de

controversias contractuales contra Acuavalle, para que se declarara la nulidad de
las Resoluciones núm. 152 y 289 de 2012 y que, en consecuencia, se declarara
que no debía pagar a Acuavalle la suma de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS
($1.275.340.510) impuesta mediante dichos actos. En subsidio, solicitó que, la
cláusula penal se redujera en proporción al porcentaje de ejecución del contrato.

10. El conocimiento del asunto correspondió, en primera instancia, al Tribunal
Administrativo de La Guajira (proceso con radicado núm. 44001-23-40-000-2013-
00134-00), que, mediante sentencia del Tres (3) de Marzo de Dos Mil Veintiuno
(2021), negó las pretensiones de la demanda. La parte demandante apeló la
decisión. En su recurso, expuso que, Acuavalle no cumplió con la carga del artículo
1077 del Código de Comercio de demostrar la ocurrencia de los siniestros y la
cuantía de la pérdida, pues, no declaró el incumplimiento del contrato garantizado

5
«equivalente a la diferencia existente entre el monto del anticipo pagado por ACUAVALLE S.A. E.S.P. al contratista y el
avalúo de las obras civiles efectivamente realizadas por este».
3

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-04455-00
Accionante: Axa Colpatria Seguros S.A.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A

ni demostró la inadecuada inversión del anticipo. Además, adujo que, la Resolución
153 carece de fundamento, en la medida en que, se basó en un «supuesto informe
rendido por […] ACUAVALLE S.A. E.S.P., que no fue conocido por AXA COLPATRIA SEGUROS
S.A.». Finalmente, afirmó que, el juez debió graduar la cláusula penal según el

porcentaje de ejecución del contrato, conforme al precedente del Consejo de
Estado6.

11. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante sentencia del

Trece (13) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026), confirmó el fallo de primera
instancia. Como fundamento, recondujo la controversia al régimen de derecho
privado —al tratarse de una empresa de servicios públicos domiciliarios regida por
la Ley 142 de 1994— y analizó las resoluciones no como actos administrativos,
sino como manifestaciones de voluntad. Por ende, concluyó que, «no resulta
sustancialmente pertinente analizar la pretensión anulatoria de las determinaciones adoptadas, al
suponerse realizada sobre actuaciones jurídicas contractuales conducidas por preceptos civiles y
mercantiles que no requieren de esa declaración, ni de la comprobación de vicios propios del
enjuiciamiento de los actos administrativos».

12. Frente a la declaración de ocurrencia de siniestros y la cuantificación de los

perjuicios, la providencia atacada reconoció que, «en el expediente no obra dicho medio
de convicción [el informe rendido por el personal de Acuavalle], relativo al “balance económico” del
negocio liquidado de acuerdo con la decisión unilateral» , y que «[t]ampoco hay pruebas distintas
a ese insumo que permitan contrastar las cifras mencionadas por la demandada respecto al
porcentaje de avance parcial de las obras, o al grado de amortización del anticipo» .

13. La Sala señaló, además, que, en la Resolución 152 de 2012, se obvió toda

mención de los materiales de obra enlistados en el acuerdo de cesión, en el que,
se relacionaron y adjuntaron facturas que dieron cuenta de la inversión de los
dineros entregados. Así, puso de presente que, «se desconoce si el mencionado
informe en el cual, según la recurrente, se basaron las manifestaciones de voluntad
cuestionadas, tuvo en cuenta o no dicha circunstancia, correspondiendo a la actora
demostrar, para lograr la estimación favorable a sus pretensiones, si el estudio tantas
veces invocado no consideró o apreció inadecuadamente ese hecho atinente a la ejecución
de las obras».

14. En virtud de lo anterior, la Sala concluyó que, «Colpatria inobservó la carga

6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 13 de noviembre de 2008, Rad.
68001-23-31-000-1996-02081-01(17009), C.P. Enrique Gil Botero; Sección Tercera, sentencia del 22 de abril de 2009, C.P.
Enrique Gil Botero; Sección Tercera, sentencia del 10 de septiembre de 2014, Rad. 28875, C.P. Jaime Orlando Santofimio
Gamboa; y Sala de Consulta y Servicio Civil, Rad. 2040 del 29 de noviembre de 2010, CP William Zambrano Cetina.
4

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Accionante: Axa Colpatria Seguros S.A.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A

demostrativa de los hechos en que reposaban sus súplicas» , por no haber allegado ni

controvertido las bases del documento elaborado por Acuavalle. Aunado a ello,
precisó que, la Resolución no se motivó únicamente en el informe, sino también en
«el requerimiento al contratista de obra para reiniciar los trabajos que, de acuerdo con lo expresado
en las resoluciones, no fue atendido».

15. En lo que respecta a la cuantificación de la cláusula penal, la providencia atacada

sostuvo que, «al no haber elementos de convicción cuyo contenido inform[ara] el alcance real de
los trabajos, ni siquiera el informe de los funcionarios de Acuavalle, no resulta[ba] posible analizar
críticamente el contenido de las Resoluciones sobre este particular, ni evaluar su proporcionalidad
conforme a las obras realizadas».

16. En su escrito de tutela, Axa Colpatria Seguros S.A. expuso que la autoridad

judicial censurada incurrió en los defectos de desconocimiento del precedente y
fáctico. En síntesis, alegó que la sentencia desconoció la línea jurisprudencial
uniforme de la Sección Tercera sobre la carga de demostrar la cuantía del perjuicio
en el seguro de cumplimiento7; y que, además, confirmó una condena fundada en
un informe que la propia providencia reconoció que no obraba en el expediente. De
esa forma, la autoridad judicial acusada habría invertido la carga de la prueba
prevista en el artículo 1077 del Código de Comercio, y habría omitido valorar las
facturas de inversión del anticipo que sí fueron aportadas. A su vez, adujo que, se
incurrió en una contradicción interna al tratar el dato de ejecución del 9.50% como
probado para cuantificar el siniestro de anticipo (párr. 65), pero inexistente para
graduar la cláusula penal (párr. 100), lo cual desconocería, además, el precedente
judicial que impone la carga de demostrar la cuantía del perjuicio en el seguro de
cumplimiento.

II. TRÁMITE PROCESAL

17. Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto del

Dieciséis (16) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026)8, admitió la presente acción de
tutela. En dicha decisión (i) ordenó notificar a la autoridad judicial accionada; y (ii)
dispuso vincular a Acuavalle y al Tribunal Administrativo de La Guajira, en los
términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.

7
Con fundamento en las siguientes providencias: sentencia de la Subsección B del 19 de junio de 2019 (exp. 39.800, C.P.
Montaña Plata), sentencia de la Subsección B del 8 de septiembre de 2021 (exp. 59.378, C.P. Montaña Plata), sentencia de
la Subsección B del 18 de noviembre de 2021 (exp. 48.896, C.P. Fredy Ibarra Martínez), sentencia de la Subsección A del
18 de febrero de 2022 (exp. 53.318, C.P. Sáchica Méndez), y sentencia de la Subsección A del 11 de agosto de 2025 (exp.
65.357, C.P. Marín).
8
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 4.
5

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2.1. Contestaciones de la acción

18. 2.1.1. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado 9 se

opuso a las pretensiones del amparo. En primer lugar, sostuvo que, resolvió la
controversia a partir del régimen de derecho privado aplicable al contrato, en tanto
los actos impugnados podían ser expedidos por la entidad contratante, que contaba
con facultades pactadas para declarar el incumplimiento, hacer efectiva la cláusula
penal y activar la póliza. Precisó que, la prosperidad de las súplicas dependía de
acreditar los fundamentos fácticos propuestos, lo que en este caso se traducía en
demostrar que, «el informe rendido por el personal de la Empresa no se correspondía con la
ejecución contractual, desconoció el porcentaje de obras realmente realizado y el anticipo invertido
en los trabajos», carga que la actora inobservó.

19. En segundo lugar, adujo que el asunto carecía de relevancia constitucional, pues

la solicitud reflejaba «discrepancias jurídicas y de apreciación fáctica» con la decisión que
negó las pretensiones de la controversia contractual, de suerte que, su propósito
no era el amparo de derechos fundamentales, sino que, una nueva instancia le
fuera favorable. Igualmente, alegó el incumplimiento del requisito de
subsidiariedad, por cuanto introdujo elementos en la tutela, que no habían sido
propuestos oportunamente en el recurso de apelación: mientras en la alzada la
accionante afirmó que, las resoluciones se fundaron en un informe carente de
sustento, en sede constitucional varió su planteamiento para sostener que, ese
elemento no existía, o que las conclusiones de la Resolución demandada bastaban
para reducir la cuantificación de la cláusula penal.

20. Finalmente, negó la configuración del desconocimiento del precedente y del

defecto fáctico. Respecto del primero, señaló que, las decisiones invocadas por la
aseguradora no resultaban comparables con el caso concreto. Explicó que, en este
caso no se discutía la existencia de pruebas de la cuantificación del perjuicio, sino
que, si los soportes probatorios de dicha cuantía «no guardan correspondencia con las
obras efectivamente ejecutadas».

21. En cuanto al defecto fáctico, aclaró que, el fallo nunca afirmó la inexistencia del

informe, «sino que se señaló que el informe no fue aportado al plenario», y descartó la alegada
contradicción lógica, en tanto, no resultaba coherente cuestionar las cifras de los

9
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 9, archivo 14.
6

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actos por no reflejar el alcance real de los trabajos y, simultáneamente, invocarlas
para limitar la aplicación de la cláusula penal.

22. 2.1.2. El Tribunal Administrativo de La Guajira10 remitió copia digital del
expediente de primera instancia, sin pronunciarse sobre la solicitud de amparo.

23. 2.1.3. Acuavalle S.A. E.S.P.11 adujo que, no es cierto que haya configurado

defecto alguno en la decisión acusada, por lo siguiente:

La supuesta contradicción que plantea la accionante surge de aislar algunos apartes
de la sentencia —particularmente los párrafos 82, 83, 84 y 100— e ignorar el contexto
argumentativo en el que fueron desarrollados. La providencia no desconoce la
ausencia del informe técnico dentro del expediente; por el contrario, precisamente
reconoce dicha circunstancia al momento de analizar la proporcionalidad de la
cláusula penal. Ello no significa que la totalidad de la decisión carezca de fundamento
probatorio, pues la Sala valoró de manera conjunta los demás elementos de
convicción obrantes en el proceso para resolver los distintos problemas jurídicos
sometidos a su consideración.

De igual manera, tampoco se configura el alegado desconocimiento del precedente
judicial. La parte accionante se limita a invocar una decisión anterior del Consejo de
Estado sin demostrar que exista identidad fáctica, jurídica y probatoria entre ambos
asuntos, requisito indispensable para predicar la existencia de un precedente
vinculante cuya inobservancia comprometa el derecho a la igualdad. La providencia
cuestionada resolvió un caso con particularidades propias, a partir del material
probatorio efectivamente incorporado al expediente y de las circunstancias
específicas del contrato objeto de controversia.

24. En consecuencia, solicitó declarar la improcedencia de la acción y,
subsidiariamente, negar el amparo solicitado «por no encontrarse acreditados los
presupuestos excepcionales que habilitan la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales».

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

25. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en

virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de
2017 y 333 de 2021.

3.2. La acción

26. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política

y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983

10
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 13.
11
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 15.
7

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de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que, resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión
de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que, no se disponga
de otro medio de defensa judicial, salvo que, se trate de impedir un daño
irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.3. Problema jurídico

27. Se contrae a determinar si es dable, a través de la acción de tutela, examinar si

el fallo del Trece (13) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026), mediante el cual, la
Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación confirmó la denegación
de las pretensiones presentadas por Axa Colpatria Seguros S.A., adolece de los
defectos fáctico y de desconocimiento del precedente y, por consiguiente, es
violatorio de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a
la administración de justicia de la accionante.

3.4. La acción de tutela contra providencias judiciales

28. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional12 y de la Sala

Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado13, es posible acudir
a la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando
estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este
contexto, se han estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, generales y específicos, los cuales, deben
satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede
someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si
con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.

29. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se

12
Sentencia C-590 de 2005.
13
Sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
8

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trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

30. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos
fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede
cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en
eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se
trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

3.5. Caso concreto

31. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que: (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, por cuanto recae sobre el presunto
desconocimiento del precedente judicial por imponer una condena basada en una
9

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prueba no aportada y sin aplicar el estándar probatorio fijado por la Sección Tercera
del Consejo de Estado en decisiones anteriores, así como en una posible omisión
en la valoración probatoria de las facturas de inversión del anticipo; lo cual, de
comprobarse, vulneraría los derechos fundamentales de la parte actora; (ii) contra
la decisión objeto de censura no procede recurso alguno, pues se trata de una
sentencia de segunda instancia que se encuentra ejecutoriada; (iii) se
establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas
garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, en la medida en
que, la providencia atacada quedó ejecutoriada el Dieciocho (18) de Marzo de Dos
Mil Veintiséis (2026)14 y la solicitud de amparo se radicó el Diez (10) de Junio de
Dos Mil Veintiséis (2026), es decir, dentro de los seis (6) meses siguientes; y (v) el
fallo acusado no obedece a uno de tutela.

32. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo

del asunto bajo la causal específica denominada defecto fáctico. No obstante, se
descarta el estudio del argumento presentado bajo dicha causal, según el cual, el
fallo censurado «contiene una contradicción lógica interna verificable con la sola lectura
comparada de dos de sus párrafos», pues, ese cargo se refiere a la supuesta
incongruencia de la providencia, que debe ser alegada, en primera medida, a
través del recurso extraordinario de revisión, por ser el medio idóneo y eficaz para
tal fin.

33. Aunque la actora alega también la configuración de un defecto sustantivo por

desconocimiento del precedente judicial, revisados los argumentos que planteó en
la apelación de la sentencia de primera instancia, la Sala halla que ellos se
centraron en el presunto desconocimiento del precedente sobre la aplicación
proporcional de la cláusula penal, mientras que la tutela se basa en el presunto
apartamiento injustificado del precedente sobre la carga de demostrar la cuantía
del perjuicio en el seguro de cumplimiento. En consecuencia, es claro que no se
cumple el requisito de subsidiariedad frente a este último defecto, porque, no fue
alegado a través de los medios de defensa judicial de los que disponía la
accionante en el proceso ordinario.

14
Visible en el expediente electrónico del proceso 44001-23-40-000-2013-00134-01 en SAMAI, índice 53, según el cual se
notificó por estado electrónico el 13 de marzo de 2026. Por esa razón, la decisión se entiende notificada ese día, conforme
al artículo 201 del CPACA.
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3.5.1. Defecto fáctico

34. Sea lo primero anotar que una providencia judicial se encuentra viciada por

defecto fáctico en el evento en que, el juez aplica la norma al caso concreto sin
contar con supuestos ciertos, esto es, «[…] surge cuando carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión» 15. Así mismo, este

defecto se da cuando «[…] el error en el juicio valorativo de la prueba [es] de tal entidad que
sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo [tenga] una incidencia directa en la decisión» 16.

35. Así, la Corte Constitucional ha sostenido que, el defecto fáctico contiene dos

aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta
cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no
apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión (negativa) ocurre en el evento
en que el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa
u omite su valoración y, sin una razón válida, da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente17. Se exige que el error
en la valoración probatoria sea ostensible, flagrante y manifiesto, es decir, que
tenga la capacidad de impactar de manera definitiva la decisión de fondo y, por lo
tanto, que afecte directamente los derechos del accionante.

36. Sobre el particular, la accionante argumenta que, se configuró el defecto fáctico,

en su modalidad negativa, por no haberse valorado las tres facturas de la inversión
del anticipo. En palabras de la parte actora, la sentencia censurada adolece de este
defecto, por lo siguiente:

1. La prueba omitida y su contenido objetivo:

1.1. En el expediente judicial obra el acuerdo de cesión del contrato suscrito el 29 de abril
de 2010, con la firma del gerente de Acuavalle, en el que quedaron relacionadas tres
facturas de inversión del anticipo que sumaron $1.001.692.797, cifra que supera el anticipo
entregado de $960.185.837. […]

2. El error: reconocer la prueba y abstenerse de valorarla.

2.1. Pese a ese reconocimiento, la sentencia no valoró las facturas para resolver la
controversia sobre la cuantía del siniestro de anticipo.

2.2. En el párrafo 83 señaló que «se desconoce si el mencionado informe [...] tuvo en cuenta
o no dicha circunstancia», y concluyó que correspondía a AXA demostrar que ese informe
inexistente había ignorado los materiales de construcción evidenciados en las facturas.

15
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
16
Corte Constitucional, sentencia T-567 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
17
Corte Constitucional, sentencias T-239 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; T-567 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz; T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
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2.3. Ese razonamiento constituye un error fáctico negativo: el juez reconoció que la prueba
existe, que es relevante para el debate, y deliberadamente se negó a valorarla, trasladando
a AXA la carga de comparar su contenido con un documento que no está en el expediente.

37. Teniendo en cuenta los anteriores cargos planteados por la accionante y revisada

la sentencia censurada, la Subsección A de la Sección Tercera realizó el siguiente
análisis:

Las decisiones unilaterales de Acuavalle

60. Mediante oficio del 29 de febrero de 2012, el gerente de la Empresa comunicó a
Colpatria que, desde la última suspensión pactada del término de ejecución, éste no se
había reanudado, “ni los contratistas [sic] se han presentado a rendir informe de la inversión
del anticipo por valor de $960.185.837,oo”. Por ello, informó “que se procederá a realizar
terminación y la liquidación unilateral”. […]

64. Al no obtener “respuesta positiva del contratista sobre el reinicio de la ejecución de las
obras o la devolución de los recursos entregados”, obrando “de conformidad con el principio
general del derecho según el cual lo accesorio sigue la suerte de lo principal”, la Empresa
consideró que debía adoptar, de manera unilateral, las medidas de levantamiento de la
suspensión, declaración de incumplimiento, liquidación, y efectividad de la cláusula penal
pecuniaria y de la garantía única. Para sustentar el “balance económico de la obra”, el
documento mencionó un informe presentado por funcionarios de Acuavalle que arrojaba los
siguientes resultados:

[…]

73. Mediante una lectura conjunta de las cláusulas vigésima sexta, vigésima octava y
trigésima del contrato de obra, esta Subsección infiere que Acuavalle tenía, ante una
situación de “incumplimiento de las obligaciones contractuales” a cargo de la contratista, la
facultad de “hacer efectiva” la cláusula penal pecuniaria, bien fuera apropiando los saldos
adeudados al contratista o “mediante el cobro de la garantía de cumplimiento” adelantado a
través de “Resolución motivada” que sería notificada al garante en caso de optar por la
última de las alternativas.

74. En ese orden de ideas, considera que la puesta en marcha de las garantías ante la
aseguradora suponía lógica y necesariamente las declaraciones de incumplimiento y de
concreción del riesgo, de lo contrario, estas estipulaciones no alcanzarían un fin práctico,
en contravía de lo que busca el ordenamiento al prever la regla que da preferencia al
entendimiento del clausulado que produzca efectos por encima de aquel que no los
proporciona.

75. Esto no riñe con el criterio anteriormente expuesto según el cual la facultad unilateral de
cobro directo a la aseguradora previa manifestación constitutiva del siniestro de
incumplimiento y cuantificación de los perjuicios debía estar previamente, expresa e
inequívocamente pactada en el negocio suscrito por Colpatria para avalar la satisfacción de
las obras, en el marco de la autonomía de la voluntad, ya que el régimen jurídico de los
acuerdos de voluntades suscritos entre la contratista y Acuavalle, y los actos jurídicos de
esta última, eran de derecho privado.

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[…] 78. Con todo, la recurrente explícitamente afirmó en su impugnación que en ningún
momento del presente proceso judicial “cuestionó la potestad que tenía la entidad de
declarar la ocurrencia del siniestro que […] equivale a la reclamación”, sino que ésta no se
apoyó en pruebas que demuestren el acontecimiento y la cuantificación de la merma
económica, indicando que debía aplicarse al asunto el artículo 1077 del estatuto mercantil.

79. En ese orden de ideas, la carga de la prueba implicaba que la prosperidad de las
pretensiones de la demandante dependía de la acreditación de los fundamentos fácticos
que esta misma propuso, esto es, que la desatención de las obligaciones contractuales,
imputada al contratista amparado, no se configuró por los móviles expresados por la
contratante, que estos estaban apartados de lo verdaderamente acontecido durante la
ejecución del negocio, o que la cuantificación de la merma económica no se acompasa con
la realidad. Lo que en este caso se traduce en acreditar ante esta instancia que el informe
rendido por el personal de la Empresa no se correspondía con la ejecución contractual,
desconoció el porcentaje de obras realmente realizado y el anticipo invertido en los trabajos.
Postulados estos que comportaban negaciones definidas, en tanto, refieren a hechos
concretos, y están limitados en tiempo y lugar.

80. En el sub judice, para la Sala las manifestaciones de voluntad encaminadas a depositar
en la Empresa la posibilidad de hacer efectiva la póliza mediante “Resolución motivada” y
notificada a la aseguradora permiten establecer que en el contrato de obra se previó la
facultad de declaración de incumplimiento, acto del que, además de ser puesto en
conocimiento de la aseguradora, debía contener una exposición fundamentada de las
razones que condujeron a las declaraciones allí adoptadas así como de las sumas
expresadas en la denominada Resolución 152 de 2012, posteriormente confirmada.

81. Adicionalmente tal como lo admitió la apelante, la facultad declarativa del siniestro en
cabeza de la entidad no está siendo cuestionada ni forma parte de los argumentos de la
reclamación judicial ni de la impugnación formulada en contra de la decisión de primera
instancia, sin que la actora acreditara alguna disposición en contrario, toda vez que en el
expediente no reposa medio informativo alguno que permita comprobar, dentro del contrato
de seguro de cumplimiento, que Acuavalle careciera de habilitaciones explícitas e
inequívocamente plasmadas en el negocio amparado y, a la postre, ejercidas mediante las
resoluciones cuestionadas.

82. En lo que respecta al cuestionamiento del informe rendido por el personal de la Empresa
que, a juicio de la recurrente, era el elemento central de la motivación fáctica y jurídica de
los actos de la demandada, en el expediente no obra dicho medio de convicción, relativo al
“balance económico” del negocio liquidado de acuerdo con la decisión unilateral. Tampoco
hay pruebas distintas a ese insumo que permitan contrastar las cifras mencionadas por la
demandada respecto al porcentaje de avance parcial de las obras, o al grado de
amortización del anticipo.

83. A lo sumo, cabría referir que en la Resolución 152 de 2012 se obvió cualquier tipo de
mención sobre los materiales de obra enlistados en el acuerdo de cesión contractual entre
SSIC y la UT, también suscrito por el gerente de la Empresa, en la que se relacionaron y
adjuntaron facturas que dieron cuenta de la inversión de los dineros entregados e, incluso,
conforme a ese arreglo, los superaba. Empero, se desconoce si el mencionado informe en
el cual, según la recurrente, se basaron las manifestaciones de voluntad cuestionadas, tuvo
en cuenta o no dicha circunstancia, correspondiendo a la actora demostrar, para lograr la
estimación favorable a sus pretensiones, si el estudio tantas veces invocado no consideró o
apreció inadecuadamente ese hecho atinente a la ejecución de las obras.

84. Por estas razones, Colpatria inobservó la carga demostrativa de los hechos en que
reposaban sus súplicas, esto es, la afirmación de que el acto careció de justificación. Pauta
de conducta que, al margen de su aseveración sobre su desconocimiento del mentado
elemento elaborado por funcionarios de la demandada durante la formación del acto, debía
satisfacerse frente al juez del contrato, allegando y controvirtiendo las bases de ese
documento.

85. Con todo, la Sala repara en que el acto no se motivó únicamente en el contenido de ese
análisis, sino en el requerimiento al contratista de obra para reiniciar los trabajos que, de
acuerdo con lo expresado en las resoluciones, no fue atendido. A diferencia de lo que
planteó el recurrente, el Tribunal no estaba conminado a pronunciarse sobre los requisitos

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del incumplimiento contractual de la UT cuando, en este proceso judicial, la aseguradora
únicamente se enfiló hacia lo supuestamente sostenido por los servidores de la demandada,
dejando de lado argumentar o demostrar que su afianzado no incurrió en las infracciones o
desatenciones obligacionales achacadas por la Empresa.

38. Contrario a lo afirmado por la accionante, las tres facturas anexas al acuerdo de

cesión no fueron ignoradas por la autoridad judicial accionada. Por el contrario, la
Subsección A de la Sección Tercera las mencionó expresamente en su análisis, al
advertir que, en el acuerdo de cesión contractual entre SSIC y la Unión Temporal,
«se enlistaron los “soportes de la inversión del anticipo”, consistentes en tres facturas de venta que
arrojaron una suma de “Mil Un Millones Seiscientos Noventa y Dos Mil Setecientos Noventa y Siete
Pesos ($1.001.692.797.oo), suma que supera el anticipo entregado”» y que aquellas «dieron
cuenta de la inversión de los dineros entregados e, incluso, conforme a ese arreglo, los superaba».

39. Sin embargo, además de advertir que «las facturas de PVC GERFOR S.A. son

parcialmente ilegibles», la autoridad censurada destacó que, en la Resolución 152 de
2012, «se obvió cualquier tipo de mención sobre los materiales de obra enlistados en el acuerdo
de cesión contractual entre SSIC y la UT […] en la que se relacionaron y adjuntaron las facturas».

40. De modo que, la providencia sí reparó en la existencia y el contenido de las

facturas, pero expuso que, aquellas no tenían la aptitud de contrastar las cifras del
informe elaborado por Acuavalle, que sirvió de fundamento a la Resolución núm.
152 de 2012 declaratoria de los siniestros, sobre el porcentaje de avance parcial de
las obras y el grado de amortización del anticipo. Esto en la medida en que, el
informe no fue aportado al proceso por la demandante y esta tampoco lo solicitó y,
por ende, si bien las facturas daban cuenta de una inversión que superaba el
anticipo entregado, no había elementos para concluir que «el mencionado informe […]
tuvo en cuenta o no dicha circunstancia».

41. En ese sentido, correspondía a la actora demostrar si el estudio que sirvió de

base a las Resoluciones «no consideró o apreció inadecuadamente ese hecho atinente a la
ejecución de las obras» para desvirtuar el balance económico ahí consignado. Por lo

tanto, no es cierto que la Subsección A haya omitido apreciar las facturas de la
inversión de los dineros entregados, sino que, la valoración integral del acervo les
restó fuerza probatoria, por las razones presentadas por la autoridad judicial.

42. Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que, el razonamiento que

efectúa el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía
e independencia, ámbito que debe ser respetado por el de tutela cuando no observa
vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su intervención.
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IV. DECISIÓN

43. Por las razones expuestas, la Sala considera que, en el presente asunto, la parte

accionante no acreditó que la providencia cuestionada haya incurrido en defecto
fáctico. Por tal motivo, se negará la solicitud de amparo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela frente a la
incongruencia y el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial
alegados, por no cumplir el requisito de subsidiariedad, según lo expuesto en la
motivación.

SEGUNDO. NEGAR la solicitud de amparo presentada por Axa Colpatria Seguros
S.A. contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

CUARTO. Si la presente sentencia no fuere impugnada dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

15

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