Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 63001-23-33-000-2021-00084-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 63001-23-33-000-2021-00084-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 63001-23-33-000-2021-00084-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
27 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 63001-23-33-000-2021-00084-01 (70.576)
Demandante: Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.
Litisconsorte por activa: Seguros del Estado S.A.
Demandados: Municipio de Armenia y otros
Referencia: Controversias contractuales
Temas: NULIDAD RELATIVA DEL CONTRATO DE SEGURO – El contencioso administrativo
ostenta jurisdicción para su conocimiento cuando el negocio amparado es un contrato estatal. El
término de caducidad de la acción judicial para ventilar esta pretensión se debe contabilizar desde
el día siguiente al perfeccionamiento de la póliza. / COASEGURO – Las compañías que lo profieren
conforman un litisconsorcio cuasinecesario de cara a la pretensión de nulidad de los actos que
declaren el siniestro y ordenen hacer efectiva la póliza. / LITISCONSORCIO CUASINECESARIO –
Su intervención está sometida al cumplimiento del presupuesto de la oportunidad del ejercicio del
derecho de acción. Los cargos de nulidad que formule el litisconsorte deben ser analizados y
resueltos en la sentencia. / PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DERIVADA DEL CONTRATO DE
SEGURO – El término de dos años debe contabilizarse desde el momento en que el interesado haya
tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la declaración del siniestro. / DICTAMEN
PERICIAL – Su valoración se debe efectuar de acuerdo con las reglas de la sana crítica, teniendo
en cuenta la claridad, exhaustividad y calidad de sus fundamentos, la idoneidad del perito y las
demás pruebas. / NULIDAD DEL ACTO QUE HACE EFECTIVO EL AMPARO DE BUEN MANEJO
DEL ANTICIPO – El accionante debe demostrar que la entidad erró al considerar que hubo una
destinación indebida. / DECLARACIÓN DEL ESTADO DEL RIESGO Y RETICENCIAS – La
aseguradora tiene el deber de informarse en torno a él para retraerse de la celebración del contrato
o para estipular condiciones más onerosas. / ASEGURABILIDAD DEL DOLO Y LA CULPA GRAVE
– Es procedente en materia de contratación estatal, salvo que provenga de la conducta de la entidad
que haya propiciado el incumplimiento contractual. / AMPARO DE BUEN MANEJO DEL ANTICIPO
– Su cobertura es diferente a la de la no amortización del desembolso efectuado por la entidad.
1. La Sala procede a resolver los recursos de apelación interpuestos por la parte
demandante y su litisconsorte en contra de la sentencia del 11 de agosto de
2023, proferida por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del
Quindío, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
SÍNTESIS DEL CASO
2. El Municipio de Armenia y la Unión Temporal Puentes de Armenia celebraron el
contrato de obra 031 de 2015, con el fin de construir y ajustar los diseños de
algunas de las vías de esa ciudad. De manera conjunta, las empresas Seguros
del Estado S.A. (aseguradora líder) y Mapfre Seguros Generales de Colombia
S.A. (coaseguradora) otorgaron la póliza 65-44-101128442 para amparar, entre
otros, el buen manejo y correcta inversión del anticipo. La entidad contratante
inició un procedimiento administrativo por presunto incumplimiento del
contratista de esta obligación; el cual fue declarado mediante la Resolución 366
del 22 de diciembre de 2020, en la que se ordenó hacer efectiva la garantía
1
Radicación: 63001-23-33-000-2021-00084-01 (70.576)
Demandante: Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.
Litisconsorte por activa: Seguros del Estado S.A.
Demandados: Municipio de Armenia y otros
Referencia: Controversias contractuales
constituida. La accionante pretendió la declaratoria de nulidad de dichas
decisiones (y el acto que resolvió el recurso de reposición), la restitución de los
dineros que se haya desembolsado con ocasión de ellas y -subsidiariamente- la
anulación del contrato de seguro y la declaratoria de prescripción de las acciones
derivadas de este último, igualmente, con la devolución de los recursos pagados.
La litisconsorte coadyuvó la solicitud de declaratoria de nulidad de los actos
acusados.
ANTECEDENTES
La demanda y las razones de hecho y de derecho en las que se fundamentó
3. El 31 de mayo de 20211, la sociedad Mapfre Seguros Generales de Colombia
S.A. -en adelante, también, Mapfre, la accionante o la demandante-, a través de
apoderado judicial, interpuso demanda de controversias contractuales en contra
de (i) el municipio de Armenia -en lo sucesivo, igualmente, la demandada, el
municipio o la entidad territorial-, (ii) la sociedad Fiduciaria Bancolombia S.A. -
en lo que sigue, la fiduciaria-, (iii) la empresa Seguros del Estado S.A.; y (iv) la
Unión Temporal Puentes Armenia2 -en lo sucesivo, también, la unión temporal o
la contratista-, en la que formuló las siguientes pretensiones (se transcribe de
forma literal, con sus propios énfasis y errores):
“Principales
1. QUE SE DECLARE LA NULIDAD de los siguientes actos administrativos contra los
cuales se agotó la correspondiente vía administrativa, por haber incurrido en los cargos
de falsa motivación y violación a las normas en que debe fundarse:
• Resolución No. 223 del 27 de agosto de 2020, proferida por el Departamento
Administrativo Jurídico del Municipio de Armenia mediante el cual se declaró el
incumplimiento contractual y se hizo efectivo el amparo de manejo y correcta
inversión del anticipo del Contrato de Obra No. 031 de 2015, contenido en la Póliza
de cumplimiento No. 65-44-101128442 expedida por SEGUROS DEL ESTADO
como aseguradora líder con un 70% de participación y MAPFRE SEGUROS
GENERALES DE COLOMBIA S.A. como coaseguradora, con un 30% de
participación.
• Resolución No. 366 del 22 de diciembre de 2020 proferida por el Departamento
Administrativo Jurídico del Municipio de Armenia mediante el cual se resolvieron
los recursos de reposición formulados en contra de la Resolución No. 223 de 2020
y una petición especial sobre la declaratoria de incumplimiento.
2. Como consecuencia de la solicitud precedente, SE ORDENE A TÍTULO DE
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO la restitución del valor total que MAPFRE
SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. hubiere efectuado por concepto de la
obligación contenida en la Resolución No. 366 del 22 de diciembre de 2020, que
asciende a $5.641.430.697 de pesos.
3. QUE SE ORDENE el pago indexado de la suma que hubiese sido pagada por mi
representada en virtud de la Resolución No. 366 del 22 de diciembre de 2020, a la fecha
en la que quede en firme el fallo.
4. Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad se decrete la suspensión de
toda actuación administrativa, coactiva o judicial derivada de los Actos Administrativos
aquí impugnados, precisando que ni la Resolución No. 223 del 27 de agosto de 2020,
proferida por el Departamento Administrativo Jurídico del Municipio de Armenia, ni
ninguno otro en que se hubiere sustentado la decisión ahí advertida, hace las veces de
título ejecutivo y en consecuencia, de ningún modo resultaría viable su cobro mediante
1 Archivo “001CorreoOficinaJudicial” del expediente OneDrive de primera instancia.
2 Conformada por las sociedades Constructora Diez Cardona S.A.S., Furel S.A. y Construcciones Lezo S.A.S.
2
Radicación: 63001-23-33-000-2021-00084-01 (70.576)
Demandante: Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.
Litisconsorte por activa: Seguros del Estado S.A.
Demandados: Municipio de Armenia y otros
Referencia: Controversias contractuales
la vía judicial o coactiva, por lo que ruego se ordene al ente territorial demandado,
abstenerse de librar mandamiento de pago de los actos atacados.
5. Que se condene a los demandados a pagar por todos los perjuicios que se acrediten
en el curso del proceso.
6. Que se condene en costas y agencias en derecho a los demandados.
Subsidiarias
1. QUE SE DECLARE LA NULIDAD del Contrato de Seguro documentado en la Póliza
de Cumplimiento No. 65-44-101125442 expedida por Seguros del Estado S.A. como
aseguradora líder y MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. como
coaseguradora, con fundamento en los motivos que se exponen en el presente escrito
y que serán probados dentro este proceso.
2. QUE SE DECLARE LA PRESCRIPCIÓN de las acciones ordinarias derivadas del
Contrato de Seguro documentado en la Póliza de Cumplimiento No. 65-44-101125442
expedida por Seguros del Estado S.A. como aseguradora líder y MAPFRE SEGUROS
GENERALES DE COLOMBIA S.A. como coaseguradora, con fundamento en los
motivos que se exponen en el presente escrito y que serán probados dentro este
proceso.
3. Como consecuencia de la nulidad y/o prescripción del Contrato de Seguro
documentado en la Póliza de Cumplimiento No. 65-44-101125442 expedida por
Seguros del Estado S.A. como aseguradora líder y MAPFRE SEGUROS GENERALES
DE COLOMBIA S.A. como coaseguradora, se ordene a los demandados a restituir,
actualizados e indexados, a título de restablecimiento del derecho la suma que
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. hubiere efectuado por
concepto de la obligación contenida en la Resolución No. 366 del 22 de diciembre de
2020, que asciende a $5.641.430.697 de pesos”.
4. Como fundamentos fácticos y jurídicos, en síntesis, se mencionaron los
siguientes.
5. El 23 de diciembre de 2015, el municipio de Armenia (Quindío) y la Unión
Temporal Puentes de Armenia celebraron el Contrato de Obra No. 031 de 2015
(en adelante, el contrato de obra), con el fin de construir y ajustar los diseños de
algunas de las vías de dicho municipio, con un valor contractual de
$ 80.455’727.813 (y $ 24.136’718.343,90 por concepto de anticipo). La unión
temporal fue conformada por las sociedades Constructora Diez Cardona S.A.S.,
Furel S.A. y Construcciones Lezo S.A.S.
6. La Unión Temporal suscribió un contrato de seguro documentado con la Póliza
No. 65-44-101128442, con el fin de amparar -entre otros riesgos- el buen manejo
y la correcta inversión del anticipo, garantía que fue expedida de manera
conjunta por las empresas Seguros del Estado S.A. (aseguradora líder) y Mapfre
Seguros Generales de Colombia S.A. (coaseguradora), con una participación del
70 % y 30 %, respectivamente.
7. El 15 de febrero de 2016, se adjudicó el proceso de selección del interventor del
contrato de obra al Consorcio Interpuentes Quindío.
8. Con el fin de manejar el plan de inversión del anticipo, se constituyó un
patrimonio autónomo administrado por la Fiduciaria Bancolombia S.A., bajo el
contrato de fiducia mercantil irrevocable No. 9141.
9. El 9 de marzo de 2016, se suscribió acta de inicio del contrato de obra, con un
plazo de ejecución de veinticuatro (24) meses.
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Radicación: 63001-23-33-000-2021-00084-01 (70.576)
Demandante: Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.
Litisconsorte por activa: Seguros del Estado S.A.
Demandados: Municipio de Armenia y otros
Referencia: Controversias contractuales
10. El 31 de marzo de 2016, el municipio desembolsó ante la fiduciaria el valor del
anticipo, mismo día en el que el contratista solicitó y recibió a título de reembolso
la cantidad de $ 4.000’000.000.
11. Al día 5 de octubre de 2016, la fiduciaria había desembolsado el 100 % del valor
del anticipo al contratista con la autorización previa del interventor.
12. Las partes suscribieron las siguientes modificaciones al contrato de obra: (i) la
No. 001 del 22 de noviembre de 2016, por la cual se disminuyó el valor
contractual a $ 70.232’237.614; (ii) la No. 002 del 14 de junio de 2017, en la que
se ajustó la garantía única de cumplimiento, correspondiéndole por concepto de
anticipo el 34.97 % del valor contractual; y (iii) la No. 003 del 22 de junio de 2017,
en la que se redujo el valor del contrato a $ 55.000’000.000.
13. El 1 de noviembre de 2017, la Alcaldía de Armenia (en palabras de la
demandante) remitió a la Secretaría de Infraestructura soportes documentales
relativos a la inversión del anticipo por parte de la Unión Temporal.
14. El 8 de marzo de 2018, las partes ajustaron nuevamente el valor del contrato a
$ 54.999’991.7023.
15. El 12 de marzo de 2018, el alcalde del municipio solicitó al representante legal
del Consorcio Interpuentes Quindío y al representante de la Unión Temporal un
informe financiero detallado de interventoría sobre el buen manejo y correcta
ejecución de los recursos entregados a título de anticipo dentro del contrato de
obra.
16. El 4 de mayo de 2018, la interventoría solicitó hacer efectivas las garantías por
el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo de la póliza otorgada.
17. El 22 de agosto de 2018, el Departamento Administrativo del Municipio de
Armenia recibió el informe de presunto incumplimiento remitido por la Secretaría
de Infraestructura.
18. El 29 de octubre de 2018, se instaló e inició el procedimiento administrativo de
que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, por el presunto incumplimiento
del buen manejo y correcta inversión del anticipo del contrato de obra.
19. Mediante Resolución No. 223 del 27 de agosto de 2020, notificada en audiencia
virtual, el municipio declaró el incumplimiento constitutivo de reclamación de
siniestro del amparo del buen manejo y correcta inversión del anticipo imputable
a la contratista, declaró responsable solidario al Consorcio Interpuentes Quindío
y ordenó hacer efectiva la garantía por $ 18.764’082.998.
20. Mapfre presentó recurso de reposición en contra de esta última decisión, el cual
fue resuelto a través de la Resolución No. 366 del 22 de diciembre de 2020,
3 Durante el proceso se acreditó que este ajuste se dio mediante modificatorio no. 004 del 08 de marzo de 2018.
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Radicación: 63001-23-33-000-2021-00084-01 (70.576)
Demandante: Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.
Litisconsorte por activa: Seguros del Estado S.A.
Demandados: Municipio de Armenia y otros
Referencia: Controversias contractuales
notificada en audiencia virtual, en la que se confirmó la determinación primigenia,
modificando únicamente la tasación del perjuicio material por la suma de
$ 18.804’768.992.
21. Como concepto de la violación, la demandante alegó (i) la falsa motivación de
los actos acusados, por falta de acreditación del incumplimiento declarado; (ii)
que el dolo no podía comportar un riesgo asegurable; (iii) el desconocimiento del
término bienal de prescripción de la acción derivada del contrato de seguro; y
(iv) la omisión en la notificación oportuna de la modificación del riesgo tras
conocerse el siniestro.
22. En su demanda, la accionante solicitó, a título de medida cautelar, la suspensión
provisional de los efectos de los actos acusados4.
Contestaciones de la demanda y trámite en primera instancia
23. El municipio de Armenia5 se opuso a las pretensiones de la demanda y advirtió
la configuración de la caducidad de la acción “ante la eventual pretensión de
nulitación (sic) absoluta del contrato”. Propuso las excepciones previas que
denominó, por un lado, (i) “indebida integración de Litisconsorcio por pasiva”, al
considerar que el único legitimado para comparecer por ese extremo es la
entidad territorial (y no los demás accionados); y, por otro, (ii) “inepta demanda
por Indebida formulación de las Pretensiones”, al alegar que éstas
desconocieron la naturaleza jurídica del coaseguro, que son ajenas a las resultas
del procedimiento sancionatorio contractual y que no tuvieron en cuenta que la
demandante efectuó el pago de su participación en la póliza. Igualmente,
propuso la excepción de fondo que denominó “legalidad de los actos
demandados”, al considerar que (i) éstos fueron debidamente motivados, ante
el incumplimiento en el buen manejo y correcta inversión del anticipo por parte
de la contratista; (ii) no resulta aplicable el artículo 1055 del Código de Comercio,
relativo al dolo como riesgo no asegurable; (iii) no operó la prescripción de la
acción derivada del contrato de seguro; y (iv) no se desconoció la obligación de
conservar el estado del riesgo, dado que la declaración de éste recayó
exclusivamente en el contratista como tomador de la póliza y colaborador del
Estado.
24. Furel S.A.6, integrante de la unión temporal contratista, coadyuvó las
pretensiones de la demanda, sosteniendo que (i) el contrato de obra se vició de
nulidad por violación al principio de planeación, ante las múltiples modificaciones
consistentes en la disminución del presupuesto del negocio, con las que se le
impusieron cargas que la contratista no estaba en la obligación de soportar; (ii)
las resoluciones acusadas fueron falsamente motivadas, pues el municipio no
acreditó el incumplimiento endilgado y, por el contrario, (iii) la entidad omitió
valorar adecuadamente un dictamen pericial aportado dentro del señalado
4 Pedimento que fue denegado mediante auto del 14 de julio de 2021. Archivo “007.8AutoResuelveSolcMedCau”
del expediente OneDrive de primera instancia.
5 Carpeta “018.3MpioArmenia”, archivo “0. contestación demanda 63001233300020210008400” del expediente
OneDrive de primera instancia.
6 Carpeta “018.1Furel”, archivo “1. Contestacion” del expediente OneDrive de primera instancia.
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Radicación: 63001-23-33-000-2021-00084-01 (70.576)
Demandante: Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.
Litisconsorte por activa: Seguros del Estado S.A.
Demandados: Municipio de Armenia y otros
Referencia: Controversias contractuales
trámite administrativo en torno a la correcta inversión del anticipo; (iv) la
contratante no apreció en debida forma los demás elementos documentales
obrantes en el plenario; (v) el anticipo fue destinado acorde al diseño de su
inversión; y (vi) la entidad territorial privó a la unión temporal de la posibilidad de
concurrir a una liquidación bilateral del vínculo negocial.
25. Construcciones Lezo S.A.S.7, otro constituyente de la unión temporal, coadyuvó
las pretensiones principales de la demanda, a excepción de aquellas relativas al
pago de perjuicios y costas procesales, y se opuso a las subsidiarias atinentes
a la nulidad del contrato de seguro y a la prescripción de sus acciones. Propuso
las excepciones de mérito que denominó (i) “FALTA DE MOTIVACION DEL ACTO
ADMINISTRATIVO-INCONGRUENCIA ARGUMENTATIVA ENTRE LA DECISIÓN Y LOS
HECHOS QUE DIERON LUGAR A DICHA DECISION – MATERIAL PROBATORIO
PRESENTADO EN EL PROCESO SANCIONATORIO”; (ii) “PROPORCIONALIDAD DE LA
DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO Y DECLARATORIA DEL SINIESTRO A LA LUZ DE
LA EVIDENCIA PROBATORIA DE LA INVERSIÓN CORRECTA DEL ANTICIPO”; (iii) “DEL
PRINCIPIO DE PLANEACIÓN Y SU INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE
ARMENIA”; (iv) “VULNERACIÓN AL DEBIDO PROCESO EN EL PROCESO
SANCIONATORIO ART. 86 DE LA LEY 1474 DE 2011”; (v) “EXSITENCIA (sic) DE DEMANDA
DE ACCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES No. 2021- 037 EN EL QUE MAPFRE
SEGUROS DE COLOMBIA S.A. ACTUA COMO LITIS COSORTE (sic) NECESARIO”; (vi)
“ANTICIPO – CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO – INVERSIÓN DEL ANTICIPO”;
y (vii) “INEXISTENCIA DE SINIESTRO DE ANTICIPO Y SUBSIDIARIAMENTE FALTA DE
ACREDITACIÓN DEL MISMO”.
26. Fiduciaria Bancolombia S.A.8 formuló la excepción previa de “falta de
legitimación por pasiva”, y propuso las excepciones de mérito que denominó (i)
“FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. HA ACTUADO EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE SUS
OBLIGACIONES CONTRACTUALES”, pues no se formuló reproche alguno a su
gestión como administradora del patrimonio autónomo “Anticipo UT Puentes
Armenia”; (ii) “FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. ES AJENA A LOS HECHOS, ACTOS Y
PRETENSIONES RECLAMADOS POR LA DEMANDANTE”, en cuanto la controversia
giró en torno a un contrato estatal del que la fiduciaria no hizo parte, con lo cual
no tuvo incidencia en la expedición de los actos acusados y, aun si se declarase
que hubo una indebida destinación del anticipo, ello no supondría
responsabilidad imputable a la Fiduciaria; y (iii) “FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. HA
ACTUADO DE BUENA FE Y EN CUMPLIMIENTO DE SUS DEBERES LEGALES ”, dado que
los desembolsos se efectuaron en derecho de acuerdo a la carta de constitución
de la unión temporal y el contrato de fiducia mercantil.
27. Seguros del Estado S.A. allegó memorial que referenció como “intervención
como litisconsorte necesario de la parte activa”9, en el que manifestó coadyuvar
lo solicitado por Mapfre. De igual forma, formuló pretensiones adicionales que,
en lo esencial, corresponden a las planteadas de forma principal por la
7 Carpeta “018.4Lezo”, archivo “CONTESTACION DEMANDA 2021-0084” del expediente OneDrive de primera
instancia.
8 Carpeta “018.2FidBancolombia”, archivo “Contestacion” del expediente OneDrive de primera instancia.
9 La Sala destaca que la interviniente dio traslado simultáneo de su escrito vía correo electrónico a los demás
sujetos procesales.
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Radicación: 63001-23-33-000-2021-00084-01 (70.576)
Demandante: Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.
Litisconsorte por activa: Seguros del Estado S.A.
Demandados: Municipio de Armenia y otros
Referencia: Controversias contractuales
accionante10. Como cargos de nulidad contra los actos acusados, planteó: (i) la
ineficacia o nulidad del contrato de seguro por la reticencia del municipio en torno
al estado del riesgo; (ii) la violación del postulado de buena fe por la entidad
territorial y la no asegurabilidad del dolo y la culpa grave; (iii) la culpa exclusiva
de la víctima por la falta de diligencia en la supervisión del contrato; (iv) la falsa
motivación de las resoluciones cuestionadas; (v) la violación del debido proceso
y de los principios de congruencia y “non reformatio in pejus”; (vi) la prescripción
de las acciones derivadas del contrato de seguro; y (vii) la ausencia de cobertura
del riesgo consistente en la no amortización del anticipo. Aportó, entre otras
pruebas, un dictamen pericial de parte encaminado a demostrar la correcta
inversión de dichos dineros.
28. Mediante auto del 31 de enero de 2022, se admitió en calidad de litisconsorte
necesario a Seguros del Estado S.A., como consecuencia de su participación en
el seguro otorgado. En esa oportunidad, el Tribunal advirtió que dicha sociedad
presentó demanda separada en la que solicitó la declaratoria de nulidad de las
mismas resoluciones atacadas; pero que no era posible acumular a este
expediente dicho proceso por encontrarse pendiente para fallo.
29. En audiencia inicial del 7 de julio de 202211, se fijó el litigio a partir de las
pretensiones y excepciones formuladas por las partes del proceso. A su vez, la
audiencia de pruebas se surtió en diligencias del 24 de agosto y 8 de septiembre
de 202212, en las que, principalmente, se practicó el interrogatorio de la
representante legal de la Fiduciaria y se surtió la contradicción del dictamen
pericial de parte aportado por Seguros del Estado S.A. Tras ello, se ordenó
correr traslado a las partes para alegar de conclusión.
La sentencia de primera instancia
30. El Tribunal a quo, a través de la sentencia del 11 de agosto de 202313, denegó
las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente.
31. Consideró que el municipio de Armenia expidió los actos administrativos
demandados con base en un estudio riguroso del material probatorio aportado,
el cual daba cuenta de que el anticipo desembolsado no había sido administrado
ni invertido de forma adecuada, pues no se cumplió con el plan de inversión, y
buena parte de los recursos utilizados carecían de soportes contables que
10 “1. QUE SE DECLARE LA NULIDAD de los siguientes actos administrativos contra los cuales se agotó la
correspondiente vía administrativa, por estar viciados de nulidad falsa motivación y transgresión al principio de
buena fe por parte de la entidad como asegurada y beneficiaria de la póliza expedida por Seguros del Estado,
y violación a las normas en que debe fundarse: a. Resolución No. 223 del 27 de agosto de 2020, proferida por
el Departamento Administrativo Jurídico del Municipio de Armenia (…). b. Resolución No. 366 del 22 de
diciembre de 2020 proferida por el Departamento Administrativo Jurídico del Municipio de Armenia (…). 2. Como
consecuencia de la solicitud precedente, SE ORDENE A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
la restitución del valor total que las aseguradoras hayan efectuado por concepto de la declaratoria de siniestro
conforme los actos administrativos indicados. 3. QUE SE ORDENE el pago indexado de la suma que hubiese
sido pagada (…). 4. Que se condene al Municipio de Armenia a pagar por todos los perjuicios que se acrediten
en el curso del proceso. 5. Que se condene en costas y agencias en derecho al Municipio de Armenia”. Carpeta
“023IntervencionLitisconsorte”, archivo “SolicitudLitisconsorte” del expediente OneDrive de primera instancia.
11 Índice 052 del expediente Samai de primera instancia.
12 Índices 061 y 068 del expediente Samai de primera instancia.
13 Índice 079 del expediente Samai de primera instancia.
7
Radicación: 63001-23-33-000-2021-00084-01 (70.576)
Demandante: Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.
Litisconsorte por activa: Seguros del Estado S.A.
Demandados: Municipio de Armenia y otros
Referencia: Controversias contractuales
permitieran ser amortizados del valor total de la obra, de manera que descartó
el cargo de nulidad por falsa motivación. Soportó esta conclusión en lo decidido
dentro del proceso iniciado por Seguros del Estado S.A. en contra de las mismas
resoluciones14, en el cual se encontró acreditado que el contratista incumplió la
obligación de buen manejo y correcta inversión del anticipo.
32. Desestimó el cargo formulado por violación de las normas en que deberían
haberse fundado los actos. Señaló que la obligación del asegurado de informar
el cambio en el estado de riesgo del contrato de seguro (conforme al artículo
1060 del Código de Comercio) gira en torno a circunstancias imprevisibles que
sobrevengan a su celebración, cosa que no ocurrió en el presente caso, dado
que el hecho debatido se refirió al siniestro por incorrecto uso del anticipo.
Asimismo, compartió la conclusión del fallo dictado en el proceso iniciado por
Seguros del Estado S.A. en el que se explicó que no se configuró la prescripción
extintiva de la acción derivada del señalado negocio (consagrada en el artículo
1081 del Código de Comercio), pues se probó que el municipio conoció del
incumplimiento del contratista el 3 de septiembre de 2018, fecha de presentación
del informe elaborado por la supervisión del contrato15. Con base en los
anteriores argumentos, resolvió denegar las pretensiones principales de la
demanda.
33. En cuanto a los pedimentos subsidiarios, el Tribunal no accedió a la declaratoria
de nulidad del contrato de seguro, al ratificar la tesis del fallo dictado en el
proceso adelantado por Seguros del Estado S.A., según la cual el dolo y la culpa
grave sí son riesgos asegurables en materia de la garantía de cumplimiento
frente a entidades estatales. Precisó que lo anterior solo es inaplicable en el
evento en el que la entidad contratante propicie el incumplimiento del contrato,
situación que no se alegó en el presente caso.
34. El a quo se abstuvo de condenar en costas, al considerar que no se demostró
su causación.
Los recursos de apelación
35. La demandante Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. apeló 16 el fallo, al
considerar que (i) no se tuvo en cuenta que el municipio conoció del
incumplimiento contractual desde el 1 de noviembre de 2017 (fecha del informe
no. 18 de interventoría) o, en subsidio, desde el 4 de mayo de 2018 (fecha de
solicitud por parte de la interventoría de la efectividad de las garantías), de
manera que se configuró la prescripción de la acción derivada del contrato de
seguro; (ii) se valoró erradamente el dictamen pericial que llevó a negar las
pretensiones de la demanda, dado que el mismo, a su juicio, acreditaría que el
anticipo fue destinado en debida forma; (iii) se desconoció la modificación del
estado de riesgo contenido en la póliza cobrada, al alegar que el municipio fue
14 Expediente 63001233300020210003700 surtido, igualmente, ante el Tribunal Administrativo del Quindío, en
el que su Sala Primera de Decisión profirió sentencia de primera instancia del 21 de abril de 2022.
15 En el fallo de primera instancia no se desarrolla la incidencia de esta calenda en el cómputo del término bienal
de prescripción.
16 Índice 093 del expediente Samai de primera instancia.
8
Radicación: 63001-23-33-000-2021-00084-01 (70.576)
Demandante: Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.
Litisconsorte por activa: Seguros del Estado S.A.
Demandados: Municipio de Armenia y otros
Referencia: Controversias contractuales
reticente en torno a las circunstancias que elevaron la contingencia garantizada,
especialmente, los procesos penales iniciados con ocasión de estos hechos en
contra de trabajadores de la alcaldía y de los contratistas; y (iv) se consideró
erróneamente que el dolo y la culpa grave sí son riesgos asegurables, y se pasó
por alto que Seguros del Estado sí alegó la mala fe del municipio en torno a los
presuntos punibles investigados.
36. La sociedad Seguros del Estado S.A.17, igualmente, presentó apelación y
reprochó que el Tribunal a quo (i) no tuvo en cuenta que la prescripción bienal
de la acción derivada del contrato de seguro sí había operado para el momento
de expedirse la Resolución 223 del 27 de agosto de 2020, a partir de cuatro
fechas18 en las que -a su juicio- el municipio tuvo conocimiento del siniestro de
incumplimiento; (ii) erró al no haber valorado el dictamen pericial aportado por la
aseguradora, que acreditaría la correcta inversión del anticipo y demostraría la
falsa motivación de los actos acusados, además de la reducción del valor del
anticipo derivada de las modificaciones contractuales; (iii) extendió la cobertura
del amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo a la no amortización
del mismo, la cual no estuvo cubierta en el presente caso; (iv) desconoció que
el municipio obró con negligencia, al obviar su deber de información en torno a
la configuración del incumplimiento endilgado; (v) pasó por alto que la
aseguradora sí alegó que el municipio incurrió en mala fe y en conductas que
dieron lugar a la inobservancia contractual, especialmente, en reticencias que
generaron que el asegurador careciera de la información fidedigna en torno al
alcance del riesgo; y (vi) no estudió las pretensiones adicionales planteadas en
la intervención de la sociedad, al haberla considerado como una mera
coadyuvante de Mapfre.
37. Esta alzada fue concedida por el Tribunal por auto del 13 de septiembre de
202319, el cual fue objeto de recurso de reposición presentado por Mapfre20, en
el que alegó que no se tuvo en cuenta la apelación presentada por esta última
sociedad. Mediante proveído del 11 de octubre siguiente21, la corporación
repuso la decisión y concedió, también, la impugnación omitida.
Trámite en segunda instancia
38. Los recursos de apelación fueron admitidos con auto del 1 de diciembre de
202322. Tras ello, el municipio de Armenia se opuso a la prosperidad de los
17 Índice 083 del expediente Samai de primera instancia.
18 Planteó los siguientes supuestos: I) 1 de noviembre de 2017, momento de entrega del informe de interventoría
No. 18, con la relación de las facturas que el contratista de obra presentó como soportes de inversión del
anticipo; II) 12 de marzo de 2018, cuando el Alcalde del Municipio solicitó a la interventoría y a la Unión Temporal
un informe financiero sobre el buen manejo y correcta ejecución del anticipo; III) 23 de marzo de 2018, fecha en
la que iniciaron las audiencias de formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento por
presuntos delitos relacionados con el presente caso; y IV) 4 de mayo de 2018, calenda en la que la Interventoría
solicitó hacer efectiva la garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo, y en la que, la alcaldesa de
Armenia suscribió un documento informándole a las aseguradoras sobre la posible afectación del amparo.
19 Índice 083 del expediente Samai de primera instancia.
20 Índice 092 del expediente Samai de primera instancia.
21 Índice 096 del expediente Samai de primera instancia.
22 Índice 005 del expediente Samai de segunda instancia.
9
Radicación: 63001-23-33-000-2021-00084-01 (70.576)
Demandante: Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.
Litisconsorte por activa: Seguros del Estado S.A.
Demandados: Municipio de Armenia y otros
Referencia: Controversias contractuales
reproches23, mientras que la Fiduciaria Bancolombia S.A. allegó escrito 24 en el
que solicitó confirmar la sentencia de primer grado, al afirmar el cumplimiento de
las obligaciones de dicha sociedad. El Ministerio Público guardó silencio.
CONSIDERACIONES
Presupuestos procesales
39. Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide
lo actuado y evidenciado el cumplimiento de los presupuestos procesales frente
a las pretensiones principales: jurisdicción, competencia, oportunidad de la
demanda, legitimación en la causa por activa (con la precisión que se expresará
más adelante) y por pasiva, el agotamiento del requisito de conciliación
extrajudicial y verificados los requisitos de la demanda en forma, le corresponde
a la Sala decidir la segunda instancia de la presente litis.
40. Sin embargo, no se evidencia lo mismo a propósito del pedimento subsidiario de
Mapfre encaminado a que se declare la nulidad relativa de la póliza. Frente a
este tipo de pretensiones, la Corporación ha reconocido que “los contratos de
seguros que se celebran para respaldar o garantizar el cumplimiento de
contratos estatales también participan de la naturaleza jurídica de éstos”, entre
otros motivos, debido a que “los contratos de seguro que se celebran para
garantizar el cumplimiento de los contratos estatales, deben examinarse con la
misma óptica conceptual con la que se ha diseñado el régimen legal especial de
los contratos estatales que ellos garantizan”25, motivo por el cual el contencioso
administrativo ostenta jurisdicción al respecto26. Ello se ve reforzado por el hecho
de que, en su demanda, Mapfre imputó responsabilidad al municipio de Armenia,
como entidad asegurada dentro de dicho negocio, por no haber informado de
presuntas circunstancias de agravación del estado del riesgo (con fundamento
en el artículo 1060 del Código de Comercio), lo cual asigna al contencioso
administrativo la potestad de conocer de dicha solicitud, en virtud del instituto del
fuero de atracción27. Pese a lo anterior, lo cierto es que esa pretensión fue
formulada de manera extemporánea, comoquiera que, conforme al artículo 164
del CPACA (literal “j”, inciso segundo): “Cuando se pretenda la nulidad absoluta
o relativa del contrato, el término para demandar será de dos (2) años que se
empezarán a contar desde el día siguiente al de su perfeccionamiento. En todo
23 Índice 014 del expediente Samai de segunda instancia.
24 Índice 015 del expediente Samai de segunda instancia.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto del 30 de enero de 2008,
exp. 32867, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
26 El contrato objeto de estudio en este proceso se rigió por el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública (EGCAP), dado que fue celebrado por el municipio de Armenia (entidad territorial incluida
en la enunciación del literal “a” del numeral 1 del artículo 2 de la Ley 80 de 1993), sin que mediaran normas
especiales o de excepción que desplazaran el régimen general de contratación. Por esta razón, a su vez, las
declaraciones de voluntad emitidas por este último con ocasión de dicho negocio, y aquí impugnadas, son actos
administrativos.
27 La jurisprudencia de esta Subsección ha reconocido que: “En virtud de la figura del fuero de atracción esta
jurisdicción tiene competencia para fallar las pretensiones formuladas frente a los sujetos cuyos conflictos, en
principio, no están sometidos a esta jurisdicción, pero han sido demandados de manera conjunta con una
entidad pública, siempre que: (i) las imputaciones formuladas en contra de la entidad y el particular tengan
sustento en los mismos fundamentos fácticos y jurídicos; (ii) exista una identidad en la fuente o causa de las
imputaciones endilgadas y, con base en ello, (iii) se configure la probabilidad razonable de que la entidad pública
pueda ser condenada”. Vid. Sentencia del 28 de julio de 2024, exp. 65.934 (contractual), C.P. José Roberto
Sáchica Méndez.
10
Radicación: 63001-23-33-000-2021-00084-01 (70.576)
Demandante: Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.
Litisconsorte por activa: Seguros del Estado S.A.
Demandados: Municipio de Armenia y otros
Referencia: Controversias contractuales
caso, podrá demandarse la nulidad absoluta del contrato mientras este se
encuentre vigente” (subraya la Sala)
41. Frente a lo anterior, el Tribunal a quo, mediante autos del 17 de noviembre y 10
de diciembre de 2021, encontró que el fenómeno de la caducidad no operó con
relación a dicha pretensión subsidiaria, a su juicio, dado que el contrato principal
de obra continuaba vigente ante la persistencia de la obligación de las partes de
liquidarlo. La Sala se aparta de esta premisa, dado que (i) el contrato de seguro
es principal, autónomo e independiente del contrato de obra, a pesar de estar
coligado a él; y (ii) Mapfre alegó la nulidad relativa del negocio contenido en la
póliza otorgada28, por lo que no es viable extender el término de caducidad
durante toda su vigencia, teniendo en cuenta que esta hipótesis solo es aplicable
ante la nulidad absoluta del negocio. Así las cosas, corresponde seguir la regla
primigenia indicada en la norma citada, según la cual el cómputo debe hacerse
“desde el día siguiente al de su perfeccionamiento” hasta por dos años.
42. Dado que la póliza fue otorgada el 30 de diciembre de 2015 (emisión original)29,
el término de dos (2) años transcurrió hasta el 31 de diciembre de 2017, lo cual
evidencia la extemporaneidad de la pretensión incoada mediante demanda del
31 de mayo de 2021. La misma situación se advierte, inclusive, respecto de la
última prórroga a la póliza del 12 de marzo de 201830, pues respecto de ésta el
plazo bienal transcurrió hasta el 13 de marzo del 2020, sin que para esa fecha,
siquiera, se hubiese presentado la solicitud de conciliación prejudicial, que fue
radicada el 23 de abril de 202131. Por este motivo, la Sala declarará la caducidad
parcial de la acción respecto de los pedimentos subsidiarios elevados por la
demandante, dirigidos a la declaratoria de nulidad relativa del contrato de
seguro.
43. En cuanto a la intervención de Seguros del Estado S.A., la Sala considera que
ésta no podía ser vinculada como litisconsorte necesario, comoquiera que la
relación con Mapfre, derivada del contrato de coaseguro, no implicaba que su
comparecencia dentro de este proceso fuese imprescindible para fallar de fondo.
Así lo ha considerado esta subsección en anteriores oportunidades, al señalar
lo siguiente:
“En todo caso, se advierte que el peticionario fundamentó su solicitud anulatoria
en la existencia de un contrato de coaseguro32, definido como aquella
“operación en virtud de la cual varios aseguradores asumen, bajo un mismo
contrato de seguro, un riesgo determinado o un conjunto de riesgos que son
materia de amparo bajo una póliza de seguro y donde cada uno de ellos contrae
una obligación individual e independiente respecto del asegurado”33, de modo
que por su naturaleza no es constitutivo de un litisconsorcio necesario de
cara a las obligaciones conjuntas que vinculan a las aseguradoras, lo que
impediría incluso plantear una nulidad insaneable que enervara la inactividad
28 Aunque en las pretensiones subsidiarias se hizo referencia a la póliza otorgada bajo el consecutivo No. 65-
44-101125442, la Sala entiende que se refiere a la misma garantía identificada con el No. 65-44-101128442.
29 Archivo “POLIZA” de la carpeta “006.1CarpetaPruebas”, en “006PruebasAnexos” del expediente OneDrive
de primera instancia.
30 Ibid., pág. 18 y ss.
31 Archivo “CONSTANCIA DE NO ACUERDO” ibid.
32 art. 1095 del Código de Comercio (cita del original)
33 Narváez Bonnet J. E., 2012, El coaseguro. Pág. 119 (cita del original)
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Radicación: 63001-23-33-000-2021-00084-01 (70.576)
Demandante: Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.
Litisconsorte por activa: Seguros del Estado S.A.
Demandados: Municipio de Armenia y otros
Referencia: Controversias contractuales
de la parte de haber agotado la vía procesal disponible para controvertir tal
posición.” (énfasis fuera del original)34
44. En otras oportunidades35, esta Sección ha emitido pronunciamiento de fondo
frente a controversias en las que media un contrato de coaseguro, sin que haya
intervenido la totalidad de las aseguradoras otorgantes de la póliza, lo cual
reafirma que el litisconsorcio conformado por estas compañías no tiene la
calidad de necesario. Así, esta Sección ha destacado que, en estos eventos, tal
relación constituye un litisconsorcio cuasinecesario, “en la medida en que el
vínculo jurídico que hay entre ambos hace que en efecto la decisión que se tome
en el sentido de sacar o no de la vida jurídica el acto administrativo tendrá el
mismo efecto para ambos, pero ello no quiere decir que deban los dos concurrir
al proceso para su validez”36.
45. La preliminar distinción tiene una consecuencia jurídica trascendente,
relacionada con la oportunidad en la que puede intervenir el litisconsorte
cuasinecesario:
“(…) si bien la aseguradora o el asegurado contratista, según el caso, no
requieren ser citados al proceso, pues basta que uno solo de ellos demande,
quien no lo haga puede concurrir e intervenir en el proceso en el estado en que
se encuentre, antes de dictarse fallo de única o de segunda instancia (…), y
con todas las prerrogativas de la parte activa siempre que respecto de ella
no haya operado la caducidad para ventilar en sede judicial sus
pretensiones, porque hay que recordar que, al contrario de lo que sucede con
la nulidad, los efectos del restablecimiento del derecho dispuestos en la
sentencia solo aprovechan a quien hubiera intervenido en el proceso y obtenido
esta declaración a su favor, intervención que, por supuesto, debe hacerse
antes de que se hubiese configurado dicho fenómeno procesal de la
caducidad”37 (énfasis fuera del original).
46. En seguimiento de lo anterior, la Subsección ha sostenido que “la formulación
de pretensiones por parte de los litisconsortes cuasinecesarios del extremo
activo de la controversia está supeditada al ejercicio oportuno de su derecho de
acción, es decir, dentro del término de caducidad previsto en la norma para el
medio de control al que se acuda en cada caso, el cual para la presente
controversia es de naturaleza contractual”38.
47. Bajo el derrotero que viene de desarrollarse, la participación de Seguros del
Estado S.A. dentro del presente proceso, puntualmente para formular nuevas
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Auto del 30 de
noviembre 2021, exp. 49142 C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
35 Vid. sentencias del 26 de enero de 2022, exp. 50698 y del 12 de abril de 2024, exp. 69664 (en ambas, C.P.
Fredy Ibarra Martínez). En la segunda providencia citada, en la que se declaró la nulidad de los actos acusados,
se consideró que “La nulidad que se declara afecta únicamente las obligaciones que los actos administrativos
demandados impusieron a la parte demandante Chubb Seguros Colombia SA, lo cual es viable por razón de la
divisibilidad de las obligaciones asumidas para cada uno de los coaseguradores del riesgo del contrato materia
de la presente litis, toda vez que en los términos del artículo 1092 del Código de Comercio, aplicable al
coaseguro por disposición del artículo 1095 ibídem”.
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 27
de marzo de 2014, exp. 29857, M.P. Danilo Rojas Betancourth.
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 23
de febrero de 2012, expediente 20.810, M.P. Ruth Stella Correa Palacio. Posición reiterada en sentencia del 30
de agosto de 2016, exp. 56599, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
38 Sentencia del 30 de agosto de 2016, exp. 56599, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
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Demandante: Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.
Litisconsorte por activa: Seguros del Estado S.A.
Demandados: Municipio de Armenia y otros
Referencia: Controversias contractuales
pretensiones y cargos de nulidad, fue oportuna al haberse allegado el 28 de
septiembre de 2021, esto es, dentro del término de dos (2) años consagrado
para el ejercicio del derecho de acción, con lo que se impone concluir la
obligatoriedad de tener en cuenta los cargos y pretensiones formuladas en dicho
escrito. Por los anteriores motivos, hay lugar a desestimar la premisa de la que
partió el Tribunal a quo al considerar -en la sentencia impugnada- frente a esta
compañía que “su participación no se extiende más allá de coadyuvar las
pretensiones de Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.”, aunado a la
contradicción en la que incurre, a renglón seguido, al reconocer que “pese a
haberse demandado a SEGUROS DEL ESTADO S.A., este Tribunal lo vinculó
como litisconsorte necesario de MAPFRE SEGUROS GENERALES DE
COLOMBIA S.A., por cuanto realmente coadyuvó las pretensiones de la
demanda”39.
48. El anterior análisis tiene una consecuencia medular dentro de la presente
sentencia, dado que permitirá enmarcar el alcance del estudio que debe efectuar
esta Sala en torno a los recursos de apelación instaurados tanto por Mapfre
como por Seguros del Estado, en función tanto de la demanda primigenia como
de la intervención de la segunda compañía en calidad de litisconsorte por activa.
En esa medida, se dará aplicación a lo previsto en el artículo 287 del CGP, según
el cual “[e]l juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del
inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado”, de
manera que, en la parte resolutiva, se emitirá el pronunciamiento
correspondiente frente a los pedimentos de la interviniente.
Objeto de los recursos de apelación y problemas jurídicos
49. Esta Sección ha establecido que el marco fundamental de competencia del juez
de segunda instancia lo constituyen las referencias conceptuales y
argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión adoptada en
el curso de la primera, por lo cual, en principio 40, los demás aspectos, diversos
a los planteados por el recurrente, están llamados a excluirse del debate en sede
de apelación. Dado que los argumentos de las dos aseguradoras coinciden
parcialmente, se procederá a analizarlos de forma conjunta, para posteriormente
estudiar los argumentos adicionales de Seguros del Estado.
50. En tal sentido, de conformidad con los argumentos de los recursos de apelación,
el objeto de la controversia a dirimirse por esta Corporación se contrae a resolver
39 Como se anunció, la aseguradora fue admitida como litisconsorte necesario mediante providencia del 31 de
enero de 2022.
40 Debe precisarse, en todo caso, que “dicha regla general no es absoluta, puesto que debe entenderse y
admitirse junto con las excepciones que se derivan, por ejemplo i) de las normas o los principios previstos en la
Constitución Política; ii) de los compromisos vinculantes asumidos por el Estado a través de la celebración y
consiguiente ratificación de Tratados Internacionales relacionados con la protección de los Derechos Humanos
y la vigencia del Derecho Internacional Humanitario, o iii) de las normas legales de carácter imperativo, dentro
de las cuales se encuentran, a título puramente ilustrativo, aquellos temas procesales que, de configurarse, el
juez de la causa debe decretar de manera oficiosa, no obstante que no hubieren sido propuestos por la parte
impugnante como fundamento de su inconformidad para con la decisión censurada” (Consejo de Estado,
Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 9 de febrero de 2012, exp. 21060, C.P. Mauricio Fajardo Gómez).
Posición reiterada, entre otras, en: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 6 de abril de
2018, exp. 46005, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
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Radicación: 63001-23-33-000-2021-00084-01 (70.576)
Demandante: Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.
Litisconsorte por activa: Seguros del Estado S.A.
Demandados: Municipio de Armenia y otros
Referencia: Controversias contractuales
los siguientes problemas jurídicos: (i) ¿Debió el a quo declarar la prescripción
extintiva de la acción derivada del contrato de seguro?; (ii) ¿Erró el Tribunal al
haber dejado de valorar el dictamen pericial aportado por Seguros del Estado
S.A., y fue ello determinante para el sentido del fallo?; (iii) ¿Obvió el juzgador de
primera instancia apreciar la existencia de una modificación del estado del riesgo
contenido en la póliza?; (iv) ¿Fue indebidamente establecida la asegurabilidad
del dolo y la culpa grave en el presente caso?; (v) ¿Se desconoció el alcance de
la cobertura del riesgo incluido en la póliza?; y, finalmente, (vi) ¿Incurrió el
municipio en declaraciones reticentes sobre el estado del riesgo de cara a los
diseños de la obra y la situación penal de algunos participantes de los
integrantes de la unión temporal contratista?
51. Para la resolución del tercer problema planteado, la Sala no tendrá en cuenta la
fecha que Mapfre plantea en su recurso como momento en el que el municipio
habría tenido conocimiento de la agravación del estado del riesgo (23 de marzo
de 2018), por ser diferente al mencionado en este mismo punto de la demanda
(1 de noviembre de 2017) y, por tanto, un argumento sorpresivo que no puede
ser introducido en esta etapa del trámite.
Sobre la alegada configuración de la prescripción extintiva de la acción
derivada del contrato de seguro
52. En su demanda, Mapfre argumentó la configuración de la prescripción extintiva
de la acción derivada del contrato de seguro, a la luz de lo señalado en el artículo
1081 del Código de Comercio, el cual establece:
“Artículo 1081.- La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de
seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria.
La prescripción ordinaria será de dos (2) años y empezará a correr desde el
momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del
hecho que da base a la acción. (…)”
53. Con fundamento en lo anterior, adujo que la jurisprudencia de esta Corporación
ha señalado que dicho límite implica que la administración solo está facultada
para declarar un siniestro mediante acto administrativo dentro del mencionado
plazo de dos años siguientes a la fecha en que tenga conocimiento de su
ocurrencia, en todo caso, dentro de la vigencia de la póliza afectada. Para la
accionante, el señalado término bienal debía ser contabilizado, en este caso,
desde el 1° de noviembre de 2017, fecha en la que el municipio de Armenia
habría tenido conocimiento del mal manejo del anticipo por parte de la unión
temporal, lo cual justificó en que en dicha calenda “la Alcaldía remitió a la
Secretaría de Infraestructura los soportes documentales de la inversión del
anticipo, por lo que es evidente que, para tal data, la contratante debía conocer,
con base en dicha documentación, si se había invertido adecuadamente o no el
anticipo desembolsado en el 2016”. Seguros del Estado también planteó esta
fecha como primera hipótesis temporal para deducir la configuración de la
prescripción.
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Radicación: 63001-23-33-000-2021-00084-01 (70.576)
Demandante: Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.
Litisconsorte por activa: Seguros del Estado S.A.
Demandados: Municipio de Armenia y otros
Referencia: Controversias contractuales
54. El Tribunal desestimó este argumento al traer a colación lo considerado en la
sentencia que resolvió el proceso paralelo iniciado por Seguros del Estado
S.A.41, en cuanto a que “la sociedad demandante manifiesta que el conocimiento
del ente territorial data del 02 de noviembre de 2017, y coincide con el momento
en que la interventoría remite a la Secretaría de Infraestructura los soportes
documentales de la inversión del anticipo”, pero que “no se advierte aportado el
memorial respecto del cual la sociedad demandante pretende derivar el
conocimiento del ente territorial”. Frente a lo anterior, las dos aseguradoras
alegaron en sus recursos de apelación que esta premisa es errónea, al
considerar que en el expediente sí obra copia del Informe de Interventoría No.
18, “en el cual dicho contratista arrimó relación de facturas que el contratista de
obra presentó como soportes del anticipo, de las que se colige que estos no eran
coherentes con el plan de anticipo”.
55. Frente a lo previo, encuentra la Sala que, efectivamente, el documento
mencionado por las apelantes fue incorporado al plenario, al hacer parte de los
anexos remitidos por el alcalde municipal de Armenia en su oficio del 22 de julio
de 2022 rendido como respuesta a la prueba por informe decretada en el
proceso42. No obstante, una vez revisada esta prueba, se observa que (i) el
documento en mención no señala la fecha en la que el mismo habría sido
entregado a la entidad territorial (solo indica el mes de su elaboración,
septiembre de 2017); y (ii), en todo caso, no demuestra que, con él, se hubiese
puesto en conocimiento del municipio el supuesto mal manejo del anticipo.
56. Por el contrario, el informe señaló que: “La interventoría se encuentra revisando
la documentación suministrada por el contratista para la legalización del anticipo”
(pág. 52). Aunado a ello, se señaló que “A la fecha el anticipo fue invertido en su
totalidad” (pág. 59), y que “Mediante oficio UT-PUENTES-31-2015-173 el
contratista entrega documentos soporte para el gasto del anticipo,
documentación que se encuentra en revisión por parte de la interventoría”
(destacado añadido), todo lo cual desestima que el interventor y, por ende, el
municipio, hubiesen tenido conocimiento acerca del supuesto mal manejo de
dicha suma desde la fecha señalada por Mapfre, esto es, el 1 de noviembre de
2017, de manera que este argumento de la apelación no está llamado a
prosperar.
57. La demandante también adujo que la valoración del informe de interventoría
“debió realizarse en conjunto con los comunicados que la interventoría remitió al
municipio el 6 de marzo de 2017; el 18 de abril de 2017; el 14 de junio de 2017;
el acta de comité No. 48 del 19 de julio de 2017 y el oficio CIQ-01-2016-336 del
13 de septiembre de 2017 [también mencionado por Seguros del Estado], donde
se advirtió que los soportes entregados por el contratista de obra, no eran
coherentes con el plan de inversión, sin que justificaran de forma fidedigna su
41 Sentencia de primera instancia del 21 de abril de 2022. Expediente 63001233300020210003700 surtido,
igualmente, ante el Tribunal Administrativo del Quindío.
42 Índice 057 del expediente Samai de primera instancia y Carpeta “039AnexosInformeAlcalde”, carpeta
“TOMO1”, “Informe 18”, archivo “INF N°18 G2 CONTRATO 001-2016” del expediente OneDrive de primera
instancia. Estas pruebas se tuvieron por incorporadas en audiencia de pruebas del 24 de agosto de 2022.
15
Radicación: 63001-23-33-000-2021-00084-01 (70.576)
Demandante: Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.
Litisconsorte por activa: Seguros del Estado S.A.
Demandados: Municipio de Armenia y otros
Referencia: Controversias contractuales
inversión, lo que conlleva a que la entidad tenía suficientes elementos para
conocer del riesgo”. La Sala estima errada la apreciación que realiza la
aseguradora frente a estos documentos, dado que tampoco contienen el alcance
que busca otorgarles, por los siguientes motivos.
58. En los comunicados referenciados, la interventoría le solicitó a la unión temporal
que le remitiera la documentación necesaria para la legalización del anticipo,
información que fue rendida por el contratista mediante oficio del 15 de agosto
de 201743. Encuentra la Sala que, ante esta respuesta, el interventor emitió el
oficio CIQ-01-2016-336 del 13 de septiembre de 201744 (detallado en los
recursos que aquí se estudian), con asunto: “Observaciones a documentos del
anticipo”, en el que le indicó que “luego de la revisión se encuentran las
siguientes observaciones: (…) Una vez revisado todo lo anterior, se solicita al
contratista complementar los valores para justificar el manejo del anticipo y
aclarar los gastos que no están enmarcados en el plan de inversión del anticipo”.
59. Lo anterior es concordante con lo reseñado en el informe final de interventoría45,
en el que se relató que, en el referido oficio, se informó que “los documentos no
estaban enmarcados dentro del plan de inversión de anticipo, que no justificaron
de manera adecuada la inversión del anticipo y que no enviaron a esta
interventoría los informes respecto a los pagos por rendimientos financieros, ni
la manera como se manejó dicho anticipo, tampoco se presentó el informe final
de la entidad bancaria Bancolombia y el cierre de la fiducia para el respectivo
reporte a la entidad solicitado en los oficios anteriormente citados”. Se estableció
que, por ello, “mediante oficio CIQ-01-2016-383 del 14 de marzo de 2018 se
solicita subsanar las observaciones a los soportes del manejo del anticipo;
dado que no se recibió respuesta por parte del contratista, esta consultoría
solicitó mediante oficio CIQ-01-2016-403 del 04 de mayo de 2018 a la secretaría
de infraestructura del municipio de Armenia y enteró a Seguros del Estado (Sede
Medellin) (sic) la solicitud para hacer efectivas las garantías por buen manejo y
correcta inversión del anticipo” (énfasis fuera del original).
60. De esta forma, la Subsección colige que los comunicados de interventoría a los
que se hace referencia no se apresuraron a concluir que el manejo del anticipo
había sido indebido. Por el contrario, su contenido consistió, en primera medida,
en solicitar los soportes contables para valorar la forma en la que se había
empleado dicha suma de dinero y, seguidamente, requerir la subsanación de las
falencias identificadas, sin que esté probado que hubiese una certeza o
conocimiento definitivo sobre el incumplimiento en que se sustentó la efectividad
de las pólizas. Por ello, la Sala desestima este otro supuesto temporal.
61. Seguidamente, en su recurso, Seguros del Estado planteó como hipótesis
temporal alternativa el 12 de marzo de 2018, correspondiente a la fecha en la
43 Oficio U.T.PUENTES-031-2015-173 de esa fecha.
44 Vid. archivo “CIQ-01-2016-336”, carpetas “Anexo 5 Corresp enviada”, “Informe 19”, “TOMO 1”
“039AnexosInformeAlcalde” del expediente OneDrive de primera instancia
45 Vid. archivo “Informe final V18L”, carpetas “INFORME FINAL INTERVENTORÍA CTO 001-2016”, “CARPETAS
PRUEBAS” del enlace de pruebas aducido en la contestación de la demanda del Municipio de Armenia.
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Radicación: 63001-23-33-000-2021-00084-01 (70.576)
Demandante: Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.
Litisconsorte por activa: Seguros del Estado S.A.
Demandados: Municipio de Armenia y otros
Referencia: Controversias contractuales
que el Municipio solicitó a la interventoría y a la Unión Temporal un informe
financiero detallado sobre el buen manejo y correcta ejecución de los recursos
entregados a título de anticipo (mediante oficio AM-PGG 0060 de esa calenda46).
Frente a ello, la Sala aprecia, nuevamente, que de dicho oficio no se deriva un
conocimiento adecuado por parte de la entidad frente al acaecimiento del riesgo
de indebido manejo del anticipo, porque se limitó a una solicitud de información
dirigida, precisamente, a obtener insumos que le permitiesen confirmar o
descartar tal hipótesis, lo que impone no aceptarlo para los efectos analizados.
62. Seguros del Estado planteó como siguiente posible punto de partida el 23 de
marzo de 2018, como primera fecha en la que “se llevó a cabo audiencia de
formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento en contra de
Hernán Moreno Pérez, Fernando León Diez Cardona y Luz Maribel Ramírez, por
delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento y lavado
de activos”, lo cual refuerza con el testimonio de la supervisora del contrato de
consultoría. Al respecto, la Sala tampoco puede deducir que el municipio haya
tenido conocimiento de la materialización del riesgo a partir de la celebración de
dicha diligencia (y de las que le siguieron, del 23 al 29 de marzo, del 3 al 6 de
abril y el 11 y 12 de abril), comoquiera que, para ese momento, no se había
proferido una decisión que desvirtuase la presunción de inocencia de los
señalados sujetos y que determinase, con total certeza, que los recursos del
anticipo habían sido indebidamente destinados.
63. Ahora bien, en subsidio de la primera fecha que ya ha sido desestimada (1 de
noviembre de 2017), Mapfre planteó que “inclusive para el 4 de mayo de 2018,
dicha entidad conocía del riesgo, y esto es así porque mediante oficio fechado a
30 de abril de 018 (sic), pero recibido por el Secretario de Infraestructura el 4 de
mayo de 2018, el Consorcio Interpuentes Quindío, solicitó hacer efectivas las
garantías por riesgo de “cumplimiento” (…)”, hipótesis que también propuso
Seguros del Estado. Pese a que Mapfre referenció el oficio por medio del cual
se solicitó hacer efectivo el amparo de cumplimiento, la Sala observa que en el
expediente obra un documento con la misma fecha y radicado (CIQ-01-2016-
403 del 30 de abril de 2018, y sello de recepción en la entidad del 4 de mayo de
2018)47, en el que el interventor relató a la entidad las observaciones formuladas
a la unión temporal mediante oficio CIQ-01-2016-336 del 13/09/2017, reiteradas
con oficio CIQ-01-2016-383 del 14 de marzo de 2018, “sin que a la fecha se
tenga respuesta alguna por parte del contratista de las comunicaciones en
mención”. Lo anterior le llevó a formular la siguiente advertencia:
“Se evidencia con dicho comportamiento que el contratista no ha hecho un buen
manejo y correcta inversión del anticipo, motivo por el cual ésta (sic) interventoría
solicita a la entidad hacer efectivas las garantías de la póliza de seguro
establecida en la cláusula sexta del contrato de obra pública No 2015-031 en lo
referente al amparo por riesgo de ‘Buen manejo y correcta inversión del
anticipo’”.
46 Vid. archivo “ANTICIPO7642”, carpetas “AnticCto031-2015Tom1”, “021.2MpioArmenia”,
“021ContestacionDda” del expediente OneDrive del proceso 2021-00037. Vid. índice 55 Samai de primera
instancia.
47 Ibid., pág. 29.
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Demandante: Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.
Litisconsorte por activa: Seguros del Estado S.A.
Demandados: Municipio de Armenia y otros
Referencia: Controversias contractuales
64. Lo anterior es concordante con la respuesta rendida en este proceso por el
alcalde municipal en oficio del 22 de julio de 202248, según la cual “el municipio
de Armenia tan solo fue advertido de las presuntas irregularidades en torno al
buen manejo y correcta inversión del anticipo del contrato de obra No. 31 de
2015 en la fecha del 04 de mayo de 2018, tal y como se desprende del oficio
CIQ-01-2016-403 suscrito por el Señor ANDRÉS LEONARDO LASSO
AGUIRRE en su condición de representante legal de la interventoría” (énfasis en
el original).
65. A la luz de lo expuesto, esta colegiatura estima acreditado que el municipio de
Armenia tuvo conocimiento del hecho constitutivo del incumplimiento el 4 de
mayo de 2018, con lo cual, en principio, la potestad para hacer efectiva la póliza
habría transcurrido hasta el 4 de mayo de 2020. No obstante, como lo advirtió
Mapfre en su demanda, los términos en sede administrativa fueron
suspendidos49 por la entidad territorial a partir del 16 de abril de 2020, con
ocasión de la expedición del Decreto Municipal 161 de esa fecha50, por el cual
expresamente se resolvió que “se entienden suspendidos los procedimientos
sancionatorios contractuales y de simple incumplimiento contractual para hacer
efectiva la garantía única de cumplimiento a favor de entidades estatales”, y que
“durante el término que dure la suspensión y hasta el momento en que se
reanuden las actuaciones no correrán los términos de caducidad, prescripción o
firmeza prevista en la Ley que regule la materia”. Este acto fue proferido en virtud
de la habilitación otorgada, entre otros, por los Decretos Legislativos 440, 491 y
537 de 2020.
66. Para ese momento (16 de abril de 2020) restaban 18 días calendario para el
vencimiento del término bienal de prescripción de la acción derivada del contrato
de seguro. La mencionada suspensión de términos fue levantada a partir del 24
de agosto de 2020 mediante Decreto Municipal 276 de ese año51, de manera
que el plazo restante en mención se prolongó hasta el 10 de septiembre
siguiente, de lo cual la Sala deduce que la emisión de la Resolución 223 del 27
de agosto de 2020 por parte del municipio se efectuó dentro del término de dos
(2) años previsto en el artículo 1081 del Código de Comercio (en concordancia
con la jurisprudencia de esta corporación) para hacer efectiva la póliza otorgada
por Mapfre y Seguros del Estado.
67. La anterior conclusión está igualmente soportada en la expedición del citado
Decreto Legislativo 564 de 2020, por medio del cual se estipuló que “[l]os
términos de prescripción y de caducidad previstos en cualquier norma sustancial
o procesal para ejercer derechos, acciones, medios de control o presentar
48 Índice 057 del expediente Samai de primera instancia.
49 Cuando ya se encontraban bajo ese fenómeno, con ocasión del Decreto Legislativo 564 de 2020.
50 Pese a que este acto administrativo no fue allegado al plenario, la Sala destaca que, conforme al artículo 177
del CGP, en materia de normas con alcance no nacional, “no será necesaria su presentación cuando estén
publicadas en la página web de la entidad pública correspondiente”. En este caso, el Decreto Municipal 161 de
2020 puede ser consultado en el siguiente enlace disponible en el portal del municipio de Armenia:
https://www.armenia.gov.co/wp-content/uploads/2020/4/DECRETO_161_2020.pdf.
51 Disponible en https://www.armenia.gov.co/wp-content/uploads/2020/8/GACETA_MUNICIPAL_2411-
_AGOSTO_20_DE_2020_1.pdf.
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Litisconsorte por activa: Seguros del Estado S.A.
Demandados: Municipio de Armenia y otros
Referencia: Controversias contractuales
demandas ante la Rama Judicial o ante los tribunales arbitrales, sean de días,
meses o años, se encuentran suspendidos desde el 16 de marzo de 2020 hasta
el día que el Consejo Superior de la Judicatura disponga la reanudación de los
términos judiciales”, suspensión que, para este caso concreto, se extendió hasta
el 24 de agosto de ese año, en virtud de la emisión de los Decretos Municipales
161 y 276 ya mencionados.
68. Por estos motivos, la Sala desestima este cargo de las apelaciones, y da
respuesta negativa al primer problema jurídico planteado, para concluir que el
Tribunal no debió declarar la prescripción extintiva de la acción derivada del
contrato de seguro ni, en consecuencia, la nulidad de los actos acusados por
este motivo.
Sobre la valoración del dictamen pericial aportado por Seguros del
Estado S.A.
69. El siguiente motivo de inconformidad formulado por las aseguradoras se refiere
a la ausencia de valoración del dictamen pericial aportado por Seguros del
Estado S.A. Para Mapfre, esta prueba “se circunscribió precisamente a
demostrar la debida inversión del anticipo por parte del contratista de obra, lo
que conllevaría declarar probado el cargo de falsa motivación”, pese a lo cual
consideró que “el tribunal desestimó el hecho que de conformidad al dictamen,
el anticipo se invirtió en el cumplimiento del contrato, y contrario a ello tuvo pie
a denegar las pretensiones del medio de control”. Seguros del Estado,
igualmente, reprochó que “El Tribunal desechó la argumentación según la cual
parte del anticipo sí se invirtió en el cumplimiento del objeto contractual y en el
desarrollo de la etapa inicial de ajuste de diseños, aduciendo que no se
acreditaron soportes de la inversión -p. 23-. Sin embargo, no hizo análisis del
dictamen pericial, lo cual constituye un defecto fáctico que atenta contra el
derecho fundamental al debido proceso”.
70. La Sala recalca que el análisis de la prueba técnica en mención se relaciona con
el cargo de nulidad por falsa motivación enfilado por las dos aseguradoras,
sustentado en el cuestionamiento sobre la configuración, o no, del siniestro por
mal manejo e indebida destinación del anticipo. Dado que la señalada causal de
nulidad implica, para el actor, la demostración del alejamiento entre la realidad
fáctica y jurídica del caso en estudio y las premisas en las que se sustentó la
motivación de las resoluciones acusadas, en este caso correspondía a la actora
y su litisconsorte probar que no se configuró el supuesto de hecho para hacer
efectiva la póliza por el señalado concepto, a fin de desestimar la presunción de
legalidad que cobija a los actos administrativos cuestionados, conforme al
artículo 88 del CPACA52.
52 “ARTÍCULO 88. Presunción de legalidad del acto administrativo. Los actos administrativos se presumen
legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Cuando fueren
suspendidos, no podrán ejecutarse hasta tanto se resuelva definitivamente sobre su legalidad o se levante dicha
medida cautelar.”
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Demandados: Municipio de Armenia y otros
Referencia: Controversias contractuales
71. La prueba técnica en la que las recurrentes fundan su reproche es el dictamen
pericial denominado “Documento Técnico: Análisis de inversión del Anticipo
Contrato de Obra Pública 2015-031 del Municipio de Armenia” elaborado por la
firma Coravil S.A.S., que ya había sido objeto de aporte dentro de la actuación
administrativa, y cuya contradicción se dio en audiencia de pruebas del 24 de
agosto de 2022. Observa la Sala que el Tribunal, en efecto, no valoró esta
prueba en el fallo apelado, pese a lo cual este medio probatorio no tiene la
entidad suficiente para justificar la pretensión anulatoria elevada por la
accionante y su litisconsorte, como pasará a explicarse.
72. A la luz del artículo 226 del Código General del Proceso (CGP)53, “[l]a prueba
pericial es procedente para verificar hechos que interesen al proceso y requieran
especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos”. Así mismo, conforme
al art. 232 ejusdem, “[e]l juez apreciará el dictamen de acuerdo con las reglas de
la sana crítica, teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión
y calidad de sus fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento en la
audiencia, y las demás pruebas que obren en el proceso”, motivo por el cual el
juzgador no puede otorgar absoluta validez de plano a las conclusiones de la
pericia, sino que debe valorarlas a la luz de los insumos y metodología
empleados para llegar a ellas, y tomando en consideración las demás piezas
procesales obrantes en el plenario.
73. En las conclusiones del dictamen pericial, se señaló que: “Con relación al manejo
del anticipo, se establece que este se utilizó para la compra de materiales,
subcontratos de obra y maquinaria. Adicionalmente, y tal como lo permite el
contrato garantizado, el anticipo se utilizó para otros rubros relacionados con la
obra, como son • Ensayos • Diseños • Cerramientos • Topografía • Gastos
Bancarios, y legales • Impuestos, etc.” (pág. 19). Se observa que la pericia
reconoce que “el análisis del uso del anticipo esta [sic] soportado por la
documentación obtenida de la facturación y soportes de gastos de la unión
temporal”, y que “Se trabajó con la siguiente información, suministrada por la UT
Puentes Armenia (…)”. Dado que los insumos empleados por el perito fueron
suministrados por el propio contratista, de quien se predica el indebido manejo
del anticipo desembolsado, esta situación impone una valoración más rigurosa
y exhaustiva del ejercicio realizado con el fin de determinar si las conclusiones
pueden, o no, ser compartidas como prueba que desvirtúe la legalidad de los
actos acusados. Ello se impone, igualmente, de cara a la vinculación que el
perito reconoce haber tenido de tiempo atrás con la compañía Seguros del
Estado S.A.54.
74. En su contestación de la demanda, el municipio de Armenia arguyó que el valor
probatorio del dictamen pericial se ve desestimado, debido a que (i) pese a estar
53 Aplicable por remisión del artículo 218 del CPACA, modificado por el artículo 54 de la Ley 2080 de 2021, a
su vez aplicable a este proceso teniendo en cuenta que el decreto de pruebas se dio con posterioridad a la
entrada en vigencia de esta última norma.
54 En audiencia de pruebas del 22 de agosto de 2022, al ser interrogado en cuanto a su “vínculo legal, contractual
o diversa índole con Seguros del Estado”, el perito manifestó haber realizado varios acompañamientos a la
aseguradora desde al año 2015.
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Demandados: Municipio de Armenia y otros
Referencia: Controversias contractuales
encaminado a realizar un informe técnico, el estudio únicamente se basó en
documentación o información contable; (ii) si bien el sustento principal fueron las
facturas aducidas como soporte de la inversión del anticipo por parte del
contratista, no se relacionaron aquellos insumos que sirvieron de base para la
cuantificación de la inversión del anticipo; (iii) el informe pericial omitió analizar
la idoneidad de los soportes contables aportados por el contratista y que
sirvieron de base para las conclusiones allí esbozadas, toda vez que aquellos
no cumplen los requisitos exigidos en las normas tributarias ni se ajustan al plan
de inversión del anticipo; (iv) no existió prueba que acreditara el cumplimiento
por parte del contratista de obra, ni de que los recursos entregados por este
concepto se hubiesen invertido en la obra pública y para las actividades
específicas del contrato, como se había pactado en el plan de inversión del
anticipo; y (v) aun cuando el objeto de la prueba pericial era revisar el anticipo
invertido en “obra”, esta situación solo constó en una visita técnica visual al sitio,
sin mayores detalles de esta.
75. A la luz de lo previamente considerado, el extremo activo de esta controversia
(Mapfre y Seguros del Estado) debió desvirtuar que se hubiese dado un indebido
manejo al anticipo desembolsado por la entidad, o, lo que es lo mismo,
demostrar que dicho rubro sí se invirtió conforme al plan aprobado por el
interventor55 (se transcribe literalmente, con sus propios énfasis y posibles
errores):
RELACION DE INVERSION DE ANTICIPO
CONTRATO PUENTES DE ARMENIA # 2015-031
VALOR DEL CONTARTO (sic) $ 80.455.727.813,00
VALOR DEL ANTICIPO
$ 24.136.718.344,00
FECHA DOC. DESCRIPCIÓN PROVEEDOR VALOR SUBTOTAL CAPÍTULO
$ 4.240.821.413,04
1 Nómina personal de obra Contratista $ 679.335.578,0 18%
m 2 Alquiler Equipo y maquinaria Contratista $ 241.367.183,4
e
s 3 Anticipos Materiales Contratista $ 3.151.161.623,2
1 4 Transportes en general Contratista $ 72.410.155,0
5 GMF Contratista $ 96.546.873,4
TOTAL MES 1 $ 4.240.821.413,04
$ 7.241.015.503,20
1 Nómina personal de obra Contratista $ 1.206.835.917,2
m
e 2 Alquiler Equipo y maquinaria Contratista $ 482.734.366,9 30%
s
3 Anticipos Materiales Contratista $ 4.344.609.301,9
2
4 Transportes en general Contratista $ 1.206.835.917,2
TOTAL MES 2 $ 7.241.015.503,20
$ 12.654.881.427,76
55 Pág. 3 del archivo “ANEXO A INFORME ANTICIPO CONT. 2015-031”, carpeta “TOMO1”, carpeta
“039AnexosInformeAlcalde” del expediente OneDrive de primera instancia.
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Referencia: Controversias contractuales
1 Nómina personal de obra Contratista $ 2.896.406.201,3 52%
m 2 Alquiler Equipo y maquinaria Contratista $ 3.048.467.526,8
e
s 3 Anticipos Materiales Contratista $ 5.503.171.782,4
4 Transportes en general Contratista $ 1.206.835.917,2
3
TOTAL MES 3 $ 12.654.881.427,76
$ 24.136.718.344,00
TOTAL ANTICIPO 30% $ 24.136.718.344
76. Como se observa, los conceptos que hicieron parte del plan de inversión del
anticipo aprobado, con visto bueno del interventor, no implicaron la destinación
de recursos directamente al desarrollo de las obras, sino que buscaban permitir
su apalancamiento por medio del pago de nómina, alquiler de maquinaria,
materiales y transportes en general.
77. En ese contexto, la Subsección concluye que no es dable otorgar valor
probatorio al dictamen pericial para sustentar el cargo de falsa motivación que
se formuló, por las razones que pasan a exponerse.
78. En primera medida, al analizar la clasificación de los conceptos a los que se
destinaron los recursos según el dictamen pericial, se infiere que ella no coincide
con los rubros aprobados en el plan de inversión del anticipo. En efecto, en la
prueba técnica aducida se señala lo siguiente (se transcribe de forma literal,
incluso con posibles errores):
“El anticipo se usó en lo siguiente rubros de obra
Tabla N° 7. Gastos generados por Capítulos 56
CAPITULO DE GASTO GASTO PORCENTAJE
OFICINAS Y CAMPAMENTO 197,715,298.00 1.05%
DISEÑOS, ENSAYOS Y ASESORÍAS 500,941,316.00 2.65%
NOMINAS, PRESTACIONES 1,888,391,616.23 9.99%
SUBCONTRATOS DE MANO DE OBRA 2,816,598,652.00 14.90%
TRANSPORTES, FLETES, ACARREOS 7,165,298,599.00 37.89%
MATERIA PRIMA 2,875,410,156.00 15.21%
EQUIPOS, ALQUILER Y HERRAMIENTA 248,742,950.00 1.32%
GASTOS VIAJE Y REPRESENTACIÓN 59,461,362.00 0.31%
IMPUESTOS Y RETENCIONES 2,521,657,333.00 13.34%
GASTOS LEGALES 181,830,182.00 0.96%
GASTOS BANCARIOS 45,739,943.74 0.24%
OTROS 407,621,944.00 2.16%
GASTO TOTAL 18,909,409,351.97 100%
En la tabla anterior, se observa que, de acuerdo con los soportes de gastos, el
anticipo se usó para el pago de nóminas, mano de obra, materiales de reserva
para su utilización en actividades futuras, con el fin de conservar el precio del
año fiscal vigente, maquinaria y transportes.
56 “De acuerdo con los soportes de gastos entregados por la Unión Temporal Puentes Armenia” (nota al pie en
el original)
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Referencia: Controversias contractuales
Adicionalmente para otros usos como son los pagos de impuestos, gastos
bancarios, diseños y cerramientos, etc., actividades necesarias para
ejecutar la obra en su etapa inicial” (énfasis y subrayado fuera del original)
79. Como se vislumbra, entre los rubros enunciados por el perito se incluyeron
conceptos que no fueron aprobados como parte del plan de inversión del
anticipo, que se limitó -se reitera- al pago de nómina, alquiler de maquinaria,
materiales, transportes en general y al cubrimiento del gravamen a los
movimientos financieros (GMF). En tal sentido, el hecho de haber incluido
soportes contables por concepto de “oficinas y campamento” “diseños, ensayos
y asesorías”, “gastos legales”, “gastos bancarios”, “diseños y cerramientos”, así
como la adición genérica de “otros”, no permite a la Sala tomar esta prueba como
sustento válido para aceptar que se hubiesen empleado los recursos en forma
estrictamente apegada al plan de inversión ni, por tanto, para desestimar la
legalidad de los actos acusados.
80. Aunado a ello, la determinación de qué conceptos hacen parte, o no, del plan de
inversión del anticipo constituye un ejercicio eminentemente jurídico, que no
puede ser suplido por medio de la elaboración de un dictamen pericial. Según lo
previsto en el artículo 226 del CGP, “[n]o serán admisibles los dictámenes
periciales que versen sobre puntos de derecho”, motivo por el cual no es dable
extender las conclusiones de esta prueba para tener los “capítulos de gasto”
destacados como parte permitida dentro de la programación de pagos.
81. Otro aspecto que resta valor probatorio al dictamen es que, conforme a lo
considerado por el municipio en los actos acusados, el cronograma en cuestión
debió contabilizarse desde el primer desembolso efectuado por este concepto al
contratista, que ocurrió el 31 de marzo de 201657, a partir de lo cual se debe
valorar la oportunidad para adelantar la destinación de los recursos transferidos
por el municipio. Pese a lo anterior, conforme a la matriz de pagos obrante en el
plenario, la última de las transferencias realizadas por el patrimonio autónomo
ocurrió el 5 de octubre de 2016, esto es, más de seis meses después de que
hubiesen iniciado las órdenes de pago, lo cual conlleva a concluir que su
utilización se dio en desconocimiento de las mensualidades aprobadas por la
interventoría. El dictamen pericial no brinda elementos de juicio en contra de esta
circunstancia y, por el contrario, reafirma tal falencia al incorporar en sus
consideraciones la relación de desembolsos de la fiducia al contratista (tabla no.
5 del documento), e igualmente al aseverar que la ejecución del monto que -en
su decir- fue debidamente invertido, se extendió hasta el mes de junio de 2018
(tabla no. 6).
82. Frente a este último hallazgo, las sociedades aseguradoras alegaron que no era
realista esperar que el plan de inversión del anticipo se ejecutara conforme a lo
57 Pág. 117 de la Resolución 223 de 2020. Así mismo, vid. archivo “PRUEBA 6. MATRIZ DE PAGOS” de la
carpeta de pruebas de la contestación de la demanda de Fiduciaria Bancolombia en el expediente OneDrive de
primera instancia.
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Demandados: Municipio de Armenia y otros
Referencia: Controversias contractuales
inicialmente previsto tras haberse celebrado los contratos modificatorios al
negocio inicial. De cara a lo anterior, la Sala encuentra que estos acuerdos
posteriores se limitaron a modificar el plazo de ejecución y el valor inicialmente
pactados, sin que se hubiese previsto una modificación al plan de inversión del
anticipo y sin que medie prueba de que el contratista haya solicitado la
aprobación de un nuevo cronograma con fundamento en dichas variaciones.
Ligado a ello, aun cuando en el texto primigenio del contrato se señaló de forma
amplia que el anticipo podría ser empleado para la adquisición de “elementos
que se precisen para adelantar la ejecución del contrato”, la destinación de aquél
debió ceñirse a lo incorporado y aprobado por el interventor desde el respectivo
plan para su inversión. Ello se deriva de las obligaciones que le asistían a la
unión temporal de “acatar las órdenes de la interventoría”58 y de “respetar,
facilitar y acatar los requerimientos y observaciones de la interventoría”59, así
como el deber previsto para el interventor -en el mismo contrato de obra- de
“impartir instrucciones u órdenes al contratista sobre asuntos de su
responsabilidad, relacionados con las obras y éste estará obligado a cumplirlas”,
máxime cuando el señalado plan fue suscrito por el representante legal del
adjudicatario plural. Aunado a ello, en el propio contrato de consultoría se previó
como obligación del interventor la de “velar por el cumplimiento del cronograma
y flujo de inversión del contrato, efectuando controles periódicos de las
actividades programadas”60, lo cual desestima que el ejecutor tuviese libertad
absoluta para establecer la destinación de los recursos del anticipo.
83. Adicionalmente, el municipio de Armenia llamó la atención sobre la inclusión de
soportes contables de inversiones ajenas a lo aprobado en el plan de manejo
del anticipo, como lo es la factura de venta 2003 por concepto de “gastos
reembolsables de la excavadora CAT 312 para el contrato N° 2015-012”61,
circunstancia que contribuye a restar credibilidad a las conclusiones del
dictamen.
84. Por los anteriores razonamientos, el dictamen pericial aportado no otorga
elementos de juicio que permitan demostrar la configuración del cargo de nulidad
por falsa motivación que se formula contra las resoluciones acusadas. Así las
cosas, a pesar de que el Tribunal omitió la valoración de esta prueba en el fallo
apelado, la misma no resulta determinante para revocar la denegatoria de las
pretensiones acogida en él.
Sobre el error que se reprocha en torno a no declarar probada la
modificación del estado del riesgo
85. Con el siguiente motivo de inconformidad vertido en la apelación de Mapfre se
cuestionó que el fallo haya sostenido que el deber de declarar el estado de riesgo
no está propiamente en cabeza del municipio, e insiste en que esta entidad fue
reticente al haber tenido conocimiento oportuno de las circunstancias que, a su
58 Obligación no. 4 del contratista (cláusula cuarta del contrato de obra).
59 Cláusula décima tercera del contrato de obra, relativa a la interventoría.
60 Obligación específica no. 5 del interventor (cláusula cuarta del contrato de consultoría).
61 Pág. 141 del archivo “INFORME COSTOS Y GASTOS DEL PROYECTO JULIO-SEPTIEMBRE 2016.pdf”
incluido en el “Anexo 1.1_SOPORTES MENSUALES GASTOS” del dictamen pericial.
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juicio, agravaron el riesgo a raíz del incumplimiento del contratista, y no haber
informado de ello a la aseguradora. Funda su argumento en el artículo 1060 del
Código de Comercio62, conforme al cual el asegurado o el tomador deben
notificar al asegurador los hechos o circunstancias no previsibles que
sobrevengan con posterioridad a la celebración del contrato, y que signifiquen
agravación del riesgo o variación de su identidad local.
86. Para Mapfre, el tribunal incurrió en un error al señalar que, “atendiendo a la
experiencia que debe reposar en cabeza de las aseguradoras, estas no puedan
alegar el total desconocimiento de las circunstancias que rodearon la ejecución
y posterior suspensión del Contrato de Obra 031 de 2015”, e invoca como motivo
de agravación del riesgo las audiencias de formulación de imputación que se
celebraron desde el 23 de abril de 2018 en contra de diversos sujetos con
ocasión de presuntas irregularidades en el desarrollo de ese negocio.
87. A propósito de este argumento, la Sala destaca que el reproche de la
aseguradora debe observarse en función de lo alegado desde la demanda
inicialmente presentada, comoquiera que el recurso de apelación no puede ser
empleado como una oportunidad para variar, mejorar o complementar los
argumentos del libelo introductorio. Al revisar el capítulo relativo a este tópico63,
se observa que Mapfre alegó que “la contratante tuvo conocimiento de los
hechos que fundamentaron los Actos Administrativos objeto de impugnación,
desde el 01 de noviembre del 2017, momento en el que remitió a la Secretaría
de Infraestructura los soportes documentales de la inversión del anticipo”64, y no
en el hecho de que dicha violación deba estimarse “para fechas como el 23 de
marzo de 2018, cuando se celebró audiencia de imputación y solicitud de medida
de aseguramiento en contra de los señores Hernán Moreno Pérez, Fernando
León Diez Cardona y Luz Maribel”, como se aduce en el recurso. Por este
motivo, no hay lugar a referirse a este argumento por resultar novedoso y, valga
decir, carente de sustento en torno a la explicación de la relación entre esa
diligencia judicial y la supuesta agravación del estado del riesgo.
62 “ARTÍCULO 1060. MANTENIMIENTO DEL ESTADO DEL RIESGO Y NOTIFICACIÓN DE CAMBIOS. El
asegurado o el tomador, según el caso, están obligados a mantener el estado del riesgo. En tal virtud, uno u
otro deberán notificar por escrito al asegurador los hechos o circunstancias no previsibles que sobrevengan con
posterioridad a la celebración del contrato y que, conforme al criterio consignado en el inciso lo del artículo 1058,
signifiquen agravación del riesgo o variación de su identidad local.
La notificación se hará con antelación no menor de diez días a la fecha de la modificación del riesgo, si ésta
depende del arbitrio del asegurado o del tomador. Si le es extraña, dentro de los diez días siguientes a aquel
en que tengan conocimiento de ella, conocimiento que se presume transcurridos treinta días desde el momento
de la modificación.
Notificada la modificación del riesgo en los términos consignados en el inciso anterior, el asegurador podrá
revocar el contrato o exigir el reajuste a que haya lugar en el valor de la prima.
La falta de notificación oportuna produce la terminación del contrato. Pero sólo la mala fe del asegurado o del
tomador dará derecho al asegurador a retener la prima no devengada.
Esta sanción no será aplicable a los seguros de vida, excepto en cuanto a los amparos accesorios, a menos de
convención en contrario; ni cuando el asegurador haya conocido oportunamente la modificación y consentido
en ella.”
63 “4. LA ENTIDAD CONTRATANTE INCURRIÓ EN UNA VIOLACIÓN A LAS NORMAS EN QUE DEBE
FUNDARSE, CONCRETAMENTE EN LO PRECEPTUADO EN EL ARTÍCULO 1060 DEL CÓDIGO DE
COMERCIO.”
64 En cualquier caso, este evento no tenía la entidad para generar, en cabeza del municipio, la obligación de
informarlo como un evento de agravación, dado que, como se vio, en la entrega del informe de interventoría de
noviembre de 2017 no se señaló de forma contundente acerca de la existencia de irregularidades en el manejo
del anticipo.
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88. Ahora bien, vale la pena destacar que el artículo 1060 del Código de Comerio,
invocado por la recurrente, no aplica en los contratos de seguro de cumplimiento
a favor de entidades estatales, tal y como ha sido reconocido por la
jurisprudencia de esta Subsección, “no solo por la función económica que
cumplen65, sino también por oponerse al interés asegurable que profesan, donde
el deber de garantía se edifica en normas de orden público que no se pueden
desconocer ni dejar sin efecto”66. Precisamente, se ha indicado que “las
consecuencias a las que alude el artículo 1060 en mención no pueden
trasladarse automáticamente al contrato de seguro de cumplimiento a favor de
entidades públicas”, de manera que “si no acontece la notificación de la
agravación del estado del riesgo, la consecuencia prevista en el derecho común
no podrá tener operancia, pues ello significaría admitir que el contrato estatal
podría quedar desprovisto de protección patrimonial, en contravía de las normas
que imponen su obligatoria salvaguarda durante toda la vigencia del negocio
jurídico”67, lógica que impide dar aplicabilidad a la norma aludida por Mapfre en
el caso concreto.
89. En todo caso, en cuanto a la inconformidad con el sustento jurídico del fallo de
primera instancia, se advierte que éste es concordante con la lectura que la
jurisprudencia en materia civil y comercial ha dado al artículo 1058 del Código
de Comercio, con la cual se ha concluido que el deber de informar acerca del
estado del riesgo no exime a la aseguradora de efectuar una diligencia debida
en torno a las circunstancias que rodean dicho suceso probable:
“De tal modo que en la interpretación de la regla 1058 del Código de Comercio,
tocante con la reticencia, los deberes de conducta frente a la buena fé (sic) son
de doble vía, pero a la aseguradora le incumbe adoptar una conducta activa,
para retraerse de la celebración del contrato o para estipular condiciones más
onerosas, porque se trata de una buena fe calificada que por la posición
dominante de las compañías aseguradoras al hallarse en mejores condiciones
jurídicas, técnicas y organizacionales frente al usuario del seguro, también les
compete. Precisamente la ley las autoriza para proponer un cuestionario al
tomador, y a partir del mismo, es cómo las profesionales del seguro deben tomar
las acciones necesarias para determinar el estado del riesgo del tomador.
Fundadas en el cuestionario o en su investigación en relación con el tomador,
es como pueden asumir la determinación de no contratar o de hacelo (sic) en
condiciones más onerosas. La obligación emanada del 1058 es bifronte, cobija
a las dos partes”68.
90. Bajo tal entendido, el deber de información por parte del asegurado y el tomador
no excluye el estudio diligente que la aseguradora debe efectuar, con
anterioridad al otorgamiento de la póliza (o sus modificaciones), en torno a la
65 La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que, debido a su naturaleza, además
de otros, el artículo 1060 del C.Co. no resulta aplicable a los seguros de cumplimiento pactados a favor de
particulares, en tanto lo harían inoperante. Al respecto, se pueden consultar: sentencia del 2 de mayo de 2002,
Exp. 6785, M.P. Manuel Ardila Velásquez, sentencia del 15 de agosto de 2008, Rad. 11001 31 03 016 1994
03216 01, M.P. Pedro Octavio Munar Cadena. (referencia en el original)
66 Sentencia del 5 de febrero de 2024, exp. 130012333000201300328 01 (62.324), C.P. José Roberto Sáchica
Méndez.
67 Ibid.
68 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 1 de septiembre de 2021, Rad. SC3791-
2021. M.P. Luis Armando Tolosa Villabona.
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situación real de su cliente y de las circunstancias que puedan agravar el riesgo
que se busca amparar. Para el caso concreto, la Sala comparte el razonamiento
del a quo en torno a que Mapfre y Seguros del Estado, en su calidad de garantes
del contrato de obra en discusión, también contaban con la posibilidad de
conocer las actuaciones surtidas en desarrollo del mismo y de abstenerse de
otorgar nuevos amparos en el evento en que considerasen que hubo una
agravación del estado del riesgo.
91. En este punto, cabe destacar que, conforme a la jurisprudencia en cita69, “la
reticencia o inexactitud de la declaración del tomador acerca de las cuestiones
que permiten establecer el estado del riesgo asegurado, conduce a la nulidad
relativa del contrato de seguro”, y, aunque la accionante elevó este pedimento
de forma subsidiaria, ya se ha concluido que operó el fenómeno de la caducidad
para su estudio dentro del presente proceso. Por estos motivos, la Sala
desestima el cargo de la apelación fundado en la pretendida vulneración del
artículo 1058 del Código de Comercio, y da respuesta al tercer interrogante
formulado para señalar que el a quo no obvió la existencia de una modificación
del estado del riesgo contenido en la póliza. Se resalta, igualmente, que la
demandante solicitó solamente la declaratoria de nulidad “del Contrato de
Seguro documentado en la Póliza de Cumplimiento No. 65-44-101125442”, sin
mencionar las prórrogas que fueron posteriormente otorgadas y que -
eventualmente- serían las únicas afectadas por el supuesto vicio advertido en el
libelo introductorio, motivo por el cual no hay lugar a referirse a tales acuerdos
ulteriores.
Sobre el error que se reprocha al Tribunal por haber declarado el dolo y
la culpa grave como riesgos asegurables
92. El siguiente motivo de reproche de Mapfre se funda en el artículo 1055 del
Código de Comercio, conforme al cual: “El dolo, la culpa grave y los actos
meramente potestativos del tomador, asegurado o beneficiario son
inasegurables. Cualquier estipulación en contrario no producirá efecto alguno”.
Para la recurrente, el fallo de primer grado desconoció este canon al sostener
que, en virtud del carácter estatal de la póliza otorgada (por amparar un contrato
público), “en el contrato de seguro para entidades estatales sí aplica la
asegurabilidad del dolo y culpa grave respecto del tomador, pero que, conforme
a la jurisprudencia del Consejo de Estado, “si, por el contrario, es el Estado quien
por su propio incumplimiento da lugar a la concreción de un riesgo patrimonial
en su contra, la garantía del contrato respectivo no le puede ser exigible al
asegurador”70. Frente a lo anterior, la aseguradora controvirtió que el Tribunal
hubiese aseverado que “no se alegó en la demanda que el Municipio de Armenia
hubiera incurrido en alguna conducta que diera lugar a la declaratoria de
incumplimiento del contrato de obra”, puesto que Seguros del Estado sí aludió a
ello en su intervención. La litisconsorte también advirtió lo anterior en su recurso.
69 Ibid.
70 Para el efecto, citó la sentencia del 16 de mayo de 2019, Exp. No. 85001 23-31-000-2007-00159-01(40102),
C.P. María Adriana Marín.
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93. En primera medida, se considera acertada la apreciación del fallador de primera
instancia en torno a las particularidades del contrato de seguro en materia de
negocios estatales. Como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Subsección,
la regla contenida en el artículo 1055 del estatuto comercial “encuentra varias
excepciones respecto del tomador en algunas tipologías de seguro, como en el
seguro de daños y, dentro de esta categoría, en el seguro de cumplimiento de
contratos estatales, en los cuales la garantía procede por la concreción del
riesgo provocado por el contratista incumplido, al margen de que este haya
obrado o no con culpa -dado que así se desprende de la naturaleza y los fines
legales previstos para esa clase de garantía”71. De esta forma, el argumento de
la apelante no tiene vocación de prosperidad, dado que la garantía de
cumplimiento, prevista en forma especial en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007
y el artículo 2.2.1.2.3.1.7. del Decreto 1082 de 2015, tiene por finalidad amparar
a la entidad estatal frente al riesgo de inobservancia por parte del contratista de
sus compromisos negociales.
94. A renglón seguido, en los recursos de las aseguradoras se reconoce que, de
manera concomitante al señalado criterio, la jurisprudencia72 ha sostenido que
aquellas conductas constitutivas de mala fe o dolo, pero provenientes de la
entidad estatal asegurada, no pueden ser objeto de aseguramiento, pero
reprochan que el fallo haya considerado que esta circunstancia no fue alegada
en el proceso, cuando ello sí ocurrió. Revisado lo anterior, efectivamente,
Seguros del Estado advirtió esta situación en su escrito de intervención, al
imputarle responsabilidad al municipio por no declarar el real estado del riesgo
y omitir su deber de vigilancia en la verificación de los soportes contables de los
desembolsos al momento de suscribir las actas de recibo parcial de obra.
95. Pese a este hallazgo, se valora que estos reproches no permiten deducir la
existencia de una conducta constitutiva de incumplimiento doloso por parte del
municipio, que hubiese sido determinante para la concreción del riesgo, dado
que (i) las declaraciones presuntamente reticentes, en torno a las circunstancias
de orden penal que rodearon a contratistas y funcionarios, se refieren a un
posible vicio del consentimiento en el momento de expedición de la póliza o sus
prórrogas, punto frente al que la Sala ya se ha referido; y (ii) si bien la entidad
territorial contaba con poderes de seguimiento y vigilancia del contrato, no podía
asignársele -a los efectos del contrato de seguro- la totalidad de estas labores,
que fueron asumidas por la interventoría adelantada por el Consorcio
Interpuentes Quindío, lo cual excluye la “culpa exclusiva de la víctima”, que se
achaca a la contratante.
96. Por este último motivo, se considera desacertada la apreciación de Seguros del
Estado al señalar que: “la Supervisión debió hacer el seguimiento financiero del
71 Ibid.
72Ibid.: “Sin embargo, la regla en mención se mantiene incólume frente al asegurado en el marco de la
contratación pública, pues siendo el Estado asegurado un sujeto distinto del tomador, su conducta viciada con
dolo o culpa grave o sus actos meramente potestativos, determinantes en la provocación del siniestro, no
pueden ser cobijados por el seguro, pues ello cohonestaría un inadmisible abuso del derecho de la
administración y atentaría contra el principio de la buena fe, el cual, como lo establece el artículo 83 de la
Constitución Política, debe regir todas las actuaciones de las autoridades públicas y de los particulares”.
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contrato, para vigilar y controlar el adecuado manejo de los dineros
desembolsados al contratista a título de anticipo”, comoquiera que ello era una
labor debidamente asignada al interventor conforme a la cláusula décima tercera
del contrato de obra. En tal sentido, no se observa la existencia de una conducta
deliberada tomada por el municipio de Armenia que hubiese facilitado la
materialización del riesgo, consistente en el indebido manejo del anticipo
desembolsado, razón por la cual no hay lugar a acceder a este cargo de la
apelación de Mapfre.
97. Por todo lo revelado, el cuarto problema jurídico debe ser respondido de forma
negativa, pues la asegurabilidad del dolo y la culpa grave en el presente caso no
fue indebidamente establecida.
Sobre la alegada ausencia de cobertura del riesgo
98. En su recurso de apelación, Seguros del Estado reprochó que no se haya tenido
en cuenta el cargo de nulidad que propuso en su intervención por violación de
los artículos 1036 y siguientes del Código de Comercio y el artículo 2.2.1.2.3.1.7
del Decreto 1082 de 2015, pues sostuvo que la omisión en la amortización del
anticipo no fue un riesgo cubierto por la póliza. Comoquiera que -en efecto- fue
un argumento no estudiado en el fallo de primera instancia, la Sala procederá a
referirse a él, por ser así solicitado en la impugnación.
99. El juicio formulado por la litisconsorte se fundamenta en la diferencia que la
jurisprudencia ha reconocido entre los riesgos por no amortización del anticipo y
la indebida destinación del mismo. Sin embargo, en el análisis del caso concreto,
la compañía no sustentó adecuadamente cuál es el motivo para considerar que
el municipio de Armenia, en realidad, hizo efectiva la póliza por el primer hecho
y no por el segundo, al sostener que, “[d]e acuerdo con el Municipio, la causa
eficiente de la lesión al derecho de crédito la constituye el desembolso de
recursos públicos a título de anticipo, el cual no fue justificado contablemente en
su totalidad conforme al plan de inversión, y la no amortización del mismo por
no ejecutarse la obra en su totalidad, lo cual constituye un uso y apropiación
indebida en los términos del amparo de buen manejo y correcta inversión del
anticipo”.
100. Al revisar la motivación de la Resolución 223 de 2020, se observa que, al
referirse al mismo argumento planteado por la aseguradora en su recurso de
reposición, la entidad señaló que: “Se debe precisar, nuevamente, que, en el
presente caso, el daño antijurídico constitutivo de la lesión al derecho de crédito
que tiene como titulo (sic) de Imputación jurídica es el incumplimiento declarativo
de reclamación de siniestro de amparo de buen manejo y correcta inversión del
anticipo, no tiene como causa eficiente simplemente un anticipo entregado no
amortizado como lo afirma equivocadamente el apoderado del garante”73.
Aunado a ello, en el acto se consideró que “[l]o anterior constituye, la causa
eficiente del daño antijurídico en relación con el siniestro de buen manejo y
73 Pág. 11 de la Resolución 366 de 2020.
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correcta inversión del anticipo bajo el concepto de uso y apropiación indebida,
es decir, para el despacho, se trata de un perjuicio cierto y actual, que se
encuentra consolidado, y no eventual o hipotético”74. Lo anterior, se estima, es
concordante con la decisión adoptada en cada uno de los actos acusados, al
haber declarado “el incumplimiento constitutivo de reclamación de siniestro del
amparo del buen manejo y correcta inversión del anticipo del contrato de obra
nro. 031 de 2015, imputable al contratista plural denominado Unión Temporal
Puentes Armenia”, circunstancia que, como se vio, no fue desestimada ante este
estrado judicial. En tal sentido, el cargo enfilado por Seguros del Estado se
fundamentó en una deducción que no se desprende de la motivación del acto,
dirigida a sustentar la efectividad de la garantía por el concepto ya desarrollado.
101. Se debe aclarar que, en anteriores ocasiones75, esta Subsección ha
declarado la nulidad de actos administrativos por medio de los cuales se hace
efectiva la póliza por buen manejo y correcta inversión del anticipo, pero con
sustento en la no amortización de éste, al encontrar que se trata de un riesgo no
cubierto por la póliza en el caso concreto. En el presente, se deduce que esta
no es la hipótesis fáctica acaecida, en tanto el debate surtido a lo largo del
proceso se deriva, precisamente, de la incorrecta utilización de este rubro por
parte de la Unión Temporal, conforme a lo encontrado por el municipio dentro de
la actuación contractual, y en contra del cual no se aportó prueba en este
proceso.
102. Por estas razones, no se accederá al cargo de nulidad propuesto, y se dará
respuesta negativa al quinto problema jurídico, en cuanto no se desconoció el
alcance de la cobertura del riesgo incluido en la póliza.
Sobre la pretendida existencia de declaraciones reticentes frente al
estado del riesgo y la alegada negligencia del municipio
103. En su apelación, Seguros del Estado insistió en el cargo de nulidad propuesto
con fundamento en las declaraciones -a su juicio- reticentes por parte del
municipio de Armenia, pues éste se habría abstenido de poner de presente (i) la
inexistencia de estudios y diseños previos a la suscripción del contrato, lo cual
se habría traducido en que el asegurador no recibió correcta información sobre
el verdadero estado del riesgo; y (ii) la denuncia y las circunstancias que
rodeaban tanto a funcionarios del municipio como de los contratistas, que
condujeron a las medidas de aseguramiento en contra de los integrantes de la
Unión Temporal.
104. En cuanto al primer tópico, esta colegiatura se aparta de la premisa de la que
se vale la impugnante, en tanto el contrato de obra sí contaba con los estudios
y diseños previos para su ejecución, pero con él se buscaba, igualmente, realizar
los ajustes necesarios para llevarlos a Fase III y, de esa forma, permitir el cabal
desarrollo de las actividades. Esta circunstancia, a juicio de la Sala, nunca fue
encubierta por el municipio, dado que (i) el objeto del contrato, desde el inicio
74 Pág. 12 ibid.
75 Al respecto, vid. sentencia del 12 de julio de 2024, exp. 69.817, C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
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del procedimiento, advirtió que las labores por contratar incluyeron el “ajuste a
diseños”; además de que (ii) en los estudios previos incorporados en la fase
precontractual76, se señaló -en múltiples acápites- que las obligaciones por
ejecutar penderían, precisamente, de la entrega de los diseños definitivos77.
105. Asimismo, Seguros del Estado pasó por alto que, conforme a la obligación
no. 17 del contratista, prevista en la cláusula cuarta del contrato de obra, el
ejecutor debía “[r]ealizar la revisión, ajuste, y complemento de los estudios y
diseños existentes, en un término no mayor de Treinta (30) días, contados a
partir de la suscripción del acta de inicio del contrato”, lo cual desestima la
imputación que sobre este punto formuló dicha recurrente. En tal sentido, la
unión temporal proponente (posteriormente contratista) siempre tuvo
conocimiento del alcance del objeto por desarrollar, con la etapa preliminar
consistente en el ajuste a los diseños ya confeccionados por el municipio.
106. Aunado a lo anterior, incluso si se reprochara el ocultamiento de información
hacia la aseguradora en torno a este asunto, esta circunstancia sería atribuible
únicamente a la unión temporal, y no al municipio, lo cual impide a la compañía
oponerse a la reclamación efectuada por éste 78. Frente a este punto, Seguros
del Estado refutó que esta regla debe ser valorada a la luz del artículo 1039 del
Código de Comercio, conforme al cual “al asegurado corresponden aquellas
obligaciones que no puedan ser cumplidas más que por él mismo”, criterio que,
para la Sala, no es de aplicabilidad en el presente caso, dado que el mismo
contratista estuvo en plenas facultades para informar este estado de cosas al
momento de contratar la póliza de marras.
107. Además, Seguros del Estado no sustentó la consecuencia de lo anterior
sobre la materialización del riesgo asegurado y, como se vio en precedencia, la
existencia de una eventual reticencia implicaría la declaratoria de nulidad relativa
del negocio, pretensión únicamente elevada por Mapfre y que, en todo caso, fue
extemporánea ante la configuración de la caducidad de la acción de cara a ella.
108. Por los mismos motivos que vienen de exponerse, el segundo punto de
reproche de la aseguradora tampoco está llamado a ser acogido, en tanto (i) el
contratista estuvo en capacidad de informar acerca de las diligencias penales a
76 Vid. archivo “3. ESTUDIOS PREVIOS 031-2015” de la carpeta de pruebas de Seguros del Estado (carpeta
“023IntervencionLitisconsorte” del expediente OneDrive de primera instancia).
77 A este respecto, se rescatan los acápites 3.1.3 (“Los permisos ambientales, que sean requeridos (…) como
resultado posterior a la entrega de los diseños definitivos, donde se determinaran los permisos ambientales
requeridos, serán responsabilidad del Contratista”); 5.2 (“La obra extra generada en desarrollo del contrato en
ningún caso será objeto de ajuste, así como los costos correspondientes al capítulo I de ajuste de diseños en
Fase III”); 8.2.6 y 8.2.7 (se exigió como parte de la experiencia específica requerida para los especialistas en
geotecnia y en estructuras “acreditar la participación en mínimo dos (2) contratos cuyo objeto incluya dentro de
su alcance la elaboración de Estudios y Diseños para la Construcción de Vías o Carreteras” y “para la
Construcción de Puentes Vehiculares”, respectivamente, para lo cual se previó que “Este profesional deberá
ingresar desde la fecha de iniciación del contrato para participar en la etapa de ajustes a los diseños del
proyecto”). Transcripción literal, con énfasis de la Sala.
78 Conforme al artículo 2.2.1.1.3.2.6 del Decreto 1082 de 2015, “La compañía de seguros no puede oponerse o
defenderse de las reclamaciones que presente la Entidad Estatal alegando la conducta del tomador del seguro,
en especial las inexactitudes o reticencias en que este hubiere incurrido con ocasión de la contratación
del seguro o cualquier otra excepción que tenga el asegurador en contra del contratista” (destacado fuera del
original).
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las que hace referencia Seguros del Estado, previo a la solicitud de prórroga o
modificación de la póliza; y (ii) en todo caso, la eventual configuración de una
reticencia sería motivo para la declaratoria de nulidad relativa del negocio,
discusión frente a la cual -nuevamente- no es posible emitir pronunciamiento
ante la caducidad de la acción.
109. Sumado a ello, es equivocada la aseveración de la litisconsorte según la cual
“la audiencia de formulación de imputación y solicitud de medida de
aseguramiento se llevó a cabo entre los días 23 al 29 de marzo de 2018 y en
días subsiguientes, pero previamente se había presentado escrito de acusación,
toda vez que la denuncia fue interpuesta el 01 de septiembre de 2015 por el
representante legal de CINTE SAS, según consta en el escrito de acusación”,
toda vez que (i) el escrito de acusación respectivo fue presentado el 6 de julio
de 201879, y (ii) la noticia criminal a la que se hace referencia80 versó sobre una
posible irregularidad en el proceso de selección para la contratación de la
interventoría, desarrollada con anterioridad a que hubiese siquiera iniciado la
ejecución del contrato 2015-031, con lo cual no guardó concordancia alguna con
el riesgo por amparar.
110. En forma transversal a lo previamente desarrollado, se reitera la tesis
planteada respecto del argumento propuesto por Mapfre en torno al
incumplimiento del deber de declarar la modificación del estado del riesgo,
consistente en el deber que le asiste, de manera concomitante, a la aseguradora
de realizar la debida diligencia en torno a las actuaciones contractuales que
serán objeto de amparo, así como a la situación específica de los tomadores y
de quienes los representan. Se pone de presente que el proceso de selección
emprendido por la entidad, junto con sus insumos, son aspectos que deben ser
publicados para conocimiento de cualquier sujeto interesado, de forma que, si la
ausencia de estudios definitivos resultaba ser determinante -a juicio de la
aseguradora- para amparar, o no, el negocio, ello debió ser tenido en cuenta al
momento de expedir la póliza discutida, junto con la situación procesal de los
miembros de la unión temporal dentro del trámite penal.
111. Por estos motivos, la Sala no acoge el cargo de nulidad reiterado en el
recurso de apelación, lo cual da lugar a responder negativamente el sexto
problema jurídico planteado, es decir, a concluir que el municipio no incurrió en
declaraciones reticentes sobre el estado del riesgo de cara a los diseños de la
obra y la situación penal de algunos participantes de los integrantes de la unión
temporal contratista.
112. Finalmente, la Sala no se referirá al cargo de nulidad formulado por Seguros
del Estado relacionado con la violación del principio “non reformatio in pejus”,
dado que este punto no fue alegado en el recurso de apelación. Se destaca que,
conforme al artículo 328 del CGP, “[e]l juez de segunda instancia deberá
79 Vid archivo “3-Escrito de Acusacion HERNAN Y OTROS”, carpetas “Imputacion-Acusacion”, “Anexos”,
“041RespuestaFiscalia” del expediente OneDrive de primera instancia.
80 Vid archivo “DENUN .JUAN M.SALAZAR INT.INDEB.CELEB.CONT.”, carpetas “DenunciaJuanMSalazar”,
“Anexos”, “041RespuestaFiscalia” del expediente OneDrive de primera instancia.
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Radicación: 63001-23-33-000-2021-00084-01 (70.576)
Demandante: Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.
Litisconsorte por activa: Seguros del Estado S.A.
Demandados: Municipio de Armenia y otros
Referencia: Controversias contractuales
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante”,
motivo por el cual no es dable extender el análisis de la alzada a puntos que no
fueron incluidos en el respectivo escrito. Por esta misma razón, tampoco se
pronunciará sobre la ausencia de la condena en costas en primera instancia, en
tanto ese tópico no fue recurrido.
Conclusiones
113. En las condiciones previamente analizadas, la Subsección declarará la
caducidad de la acción judicial en torno a la pretensión de nulidad relativa del
contrato de seguro, modificará el fallo del Tribunal para negar los otros
pedimentos (principales y subsidiarios) de la demanda de Mapfre, así como los
incluidos en la intervención de Seguros del Estado, y confirmará en lo demás la
sentencia de primera instancia, recapitulando que:
114. El contencioso administrativo ostenta jurisdicción para estudiar la legalidad
de contratos de seguro otorgados para amparar negocios de naturaleza estatal,
dado el régimen normativo especial que los cobija.
115. La oportunidad para solicitar la declaratoria de nulidad relativa de un contrato
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo no puede extenderse a toda
su vigencia, dado que este criterio está limitado a los eventos en que se pretende
la invalidez absoluta del negocio.
116. La intervención del coasegurador dentro de una demanda en la que se
solicite la declaratoria de nulidad de un acto administrativo que haga efectiva la
póliza será a título de litisconsorte cuasinecesario, por cuanto la decisión que se
tome frente a dicha pretensión tendrá efectos sobre aquél, pero no es
imprescindible su comparecencia para fallar de fondo. En estos eventos, la
intervención del litisconsorte por activa para formular nuevos cargos y
pretensiones está sujeto al cumplimiento de los mismos presupuestos
procesales que debe reunir el demandante primigenio, incluyendo la oportunidad
de la acción.
117. Con la finalidad de declarar el siniestro y hacer efectiva la póliza que ampare
el contrato estatal, mediante la expedición del acto administrativo
correspondiente, la entidad pública debe respetar el término de dos (2) años
contados a partir del momento en el que haya tenido conocimiento (o debido
tenerlo) del hecho que da base a dicha determinación. Para el caso del amparo
de buen manejo del anticipo, se deberá tener en cuenta la prueba del momento
en el que la contratante estuvo suficientemente enterada de que dicho rubro fue
indebidamente destinado por el contratista.
118. El dictamen pericial debe ser valorado en función de la metodología
empleada por el perito, los insumos tenidos en cuenta y las demás pruebas que
obren en el expediente. En caso de ser empleado para sustentar un cargo de
nulidad por falsa motivación, dicho medio probatorio debe ser concluyente para
desestimar la legalidad del acto acusado.
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Radicación: 63001-23-33-000-2021-00084-01 (70.576)
Demandante: Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.
Litisconsorte por activa: Seguros del Estado S.A.
Demandados: Municipio de Armenia y otros
Referencia: Controversias contractuales
119. El deber del tomador y del asegurado de declarar el estado del riesgo y su
variación es concomitante a la carga con que cuenta el propio asegurador de
adelantar las pesquisas necesarias para determinar la realidad del hecho
probable cuyo acontecimiento se busca amparar. Las reticencias en torno a lo
anterior conducen a la nulidad relativa del contrato de seguro, cuando se
pretenda oportunamente.
120. Aun cuando el dolo y la culpa grave son riesgos no asegurables bajo el
régimen civil y mercantil, en materia de contratación estatal esta previsión
adquiere particularidades que permiten extender el amparo a dichos eventos,
especialmente, en materia de la garantía frente al posible mal manejo del
anticipo o su destinación indebida. Lo anterior solo se verá desestimado en el
evento en el que la propia entidad, como consecuencia de su conducta dolosa,
contribuya a la materialización del riesgo previsto.
121. El riesgo por indebido manejo del anticipo ha sido diferenciado de aquellos
eventos de no amortización de dicho rubro.
122. La compañía de seguros no puede oponerse a las reclamaciones que
presente la entidad estatal contratante alegando la conducta del tomador del
seguro, en especial las inexactitudes o reticencias en que este hubiere incurrido
con ocasión de la contratación del seguro.
La condena en costas
123. En este tópico, se tiene que, de conformidad con la remisión del primer inciso
del artículo 188 del CPACA81, y según lo establecido en el numeral 1 del artículo
365 del CGP82, según se ha entendido, la condena en costas no requiere de la
apreciación o calificación de una conducta de la parte a la cual se le imponen83.
Por lo tanto, se condenará en costas a las sociedades Mapfre Seguros
Generales de Colombia S.A. y Seguros del Estado S.A. por ser las vencidas en
el proceso, y a quienes se les resolverá desfavorablemente el recurso de
apelación. Conforme al artículo 366 del CGP, las costas serán liquidadas por el
tribunal a quo.
81 Artículo 188. “Condena en costas: Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la
demanda con manifiesta carencia de fundamento legal”. La modificación introducida por la Ley 2080 de 2021
es aplicable al caso concreto atendiendo la fecha en la que se interpuso el recurso de apelación (25 de agosto
de 2023).
82 Artículo 365 “Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya
controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte
vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja,
súplica, anulación o revisión que haya propuesto. (…)” (se destaca).
83 En asuntos como el presente, el magistrado ponente estima que, para condenar en costas a la demandante
(no así a la demandada vencida), debe acudirse a un criterio subjetivo, en aplicación del mandato incorporado
-con la Ley 2080 de 2021- en el artículo 188 del CPACA, conforme al cual en todos los casos (salvo en litigios
relacionados con grave violación de derechos humanos, donde no procede, o en las actuaciones gobernadas
con reglas especiales, como en recursos extraordinarios) corresponde comprobarse si la demanda careció
manifiestamente de fundamento legal. Sin embargo, también reconoce que no es una interpretación pacífica,
por lo que -hasta tanto la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo no unifique la subregla- acogerá la actual
posición mayoritaria de la Sección Tercera, que se inclina por mantener la aplicación del elemento objetivo.
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Radicación: 63001-23-33-000-2021-00084-01 (70.576)
Demandante: Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.
Litisconsorte por activa: Seguros del Estado S.A.
Demandados: Municipio de Armenia y otros
Referencia: Controversias contractuales
124. A su vez, el artículo 361 ejusdem prevé que las costas están integradas por
la totalidad de las expensas y gastos sufragados causados durante el trámite de
la controversia, así como por las agencias en derecho, las cuales, en virtud del
numeral 4 del artículo 366 de la misma normativa, se fijan con observancia de
las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura. Para el caso
concreto, se deben seguir los parámetros establecidos en el artículo 6 del
Acuerdo PSAA16-10554 expedido el 5 de agosto de 2016 proferido por la
señalada corporación, vigente para el momento en el que se interpuso la
demanda, conforme al cual las agencias en derecho para el trámite de segunda
instancia pueden fijarse “[e]ntre 1 y 6 S.M.M.L.V.”.
125. Dado que en el trámite de la apelación se observó la intervención solo de
Fiduciaria Bancolombia S.A. y del Municipio de Armenia84, aunado a la vigilancia
que dichos sujetos realizaron al trámite de la segunda instancia del proceso, a
cada uno de ellos, por separado, se le reconocerá el pago de agencias en
derecho, que se fijan en el valor de tres (3) salarios mínimos legales mensuales
(vigentes para el año 2024) para cada una de las demandadas mencionadas;
sumas que deberán ser pagadas por partes iguales a cargo de Mapfre y Seguros
del Estado.
Consideración final
126. Se rememora que el a quo expresó en la sentencia de primera instancia85
que quien aquí funge como litisconsorte por activa -Seguros del Estado S.A.-
promovió proceso contra el municipio de Armenia (con solicitud de vinculación,
como litisconsortes necesarios por activa, de Mapfre y de la Unión Temporal
contratista), para cuestionar la legalidad de los mismos actos administrativos que
fueron impugnados en el sub lite, causa judicial que se identifica con el radicado
63001233300020210003700 y que fue decidida en primera instancia el 21 de
abril de 2022 por el Tribunal Administrativo del Quindío. Al consultar el aplicativo
SAMAI, se constató que ese otro proceso cursa actualmente, en segunda
instancia, ante esta Corporación, en la Subsección C de la Sección Tercera, bajo
la radicación 63001233300020210003701 (68.671). Se observó -igualmente-
que el petitum de la demanda que le dio origen, los hechos en los que se apoya
y las partes en contienda, guardan íntima relación con lo que aquí se ha
conocido; razón por la cual, se dispondrá que, por Secretaría, se remita copia de
esta providencia, una vez ejecutoriada, con destino al indicado expediente, para
lo que -en derecho- corresponda definir.
127. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
84 Anotaciones 14 y 15 del expediente Samai de segunda instancia.
85 Página 23.
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Radicación: 63001-23-33-000-2021-00084-01 (70.576)
Demandante: Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.
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Demandados: Municipio de Armenia y otros
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RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR la caducidad de la acción judicial, en lo que respecta a la
pretensión subsidiaria No. 1 formulada por Mapfre Seguros Generales de Colombia
S.A., correspondiente a la nulidad relativa del Contrato de Seguro documentado en
la Póliza de Cumplimiento No. 65-44-101128442 expedida en coaseguro con
Seguros del Estado S.A.
SEGUNDO: MODIFICAR el punto resolutivo primero de la sentencia del 11 de
agosto de 2023, proferida por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo
del Quindío, el cual queda así:
NEGAR las pretensiones principales y las demás subsidiarias de la demanda
presentada por Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.
NEGAR las pretensiones formuladas en el escrito de intervención allegado
por el litisconsorte por activa Seguros del Estado S.A.
TERCERO: CONFIRMAR, en lo demás, la referida sentencia apelada, en los
estrictos términos y por las razones expresadas en la parte motiva de esta
providencia.
CUARTO: CONDENAR en costas de segunda instancia a las sociedades apelantes
Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. y Seguros del Estado S.A., que serán
liquidadas por el Tribunal a quo. Como agencias en derecho, se fijan las sumas
equivalentes a (i) tres (3) salarios mínimos legales mensuales (vigentes para el año
2024), en favor del municipio de Armenia; y (ii) tres (3) salarios mínimos legales
mensuales (vigentes para el año 2024), en favor de la sociedad Fiduciaria
Bancolombia S.A. El pago de estas sumas será asumido en partes iguales por las
compañías aseguradoras condenadas en costas.
QUINTO: REMITIR, por Secretaría, copia de esta providencia, cuando adquiera
ejecutoria, con destino al proceso con radicado 63001233300020210003701
(68.671) de la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación, conforme
a lo anotado en las consideraciones.
SEXTO: DEVOLVER, por Secretaría, el expediente al Tribunal de origen, una vez
cumplido lo anterior.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Con aclaración de voto
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con aclaración de voto
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Radicación: 63001-23-33-000-2021-00084-01 (70.576)
Demandante: Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.
Litisconsorte por activa: Seguros del Estado S.A.
Demandados: Municipio de Armenia y otros
Referencia: Controversias contractuales
Nota: Esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo del expediente SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha.
VF
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