Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 44001-23-40-000-2020-00345-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 44001-23-40-000-2020-00345-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 44001-23-40-000-2020-00345-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 44001-23-40-000-2020-00345-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
26 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 26 de marzo de 2025
Radicación: 44001-23-40-000-2020-00345-01 (68709)
Demandante: Yezitd Cornejo Ochoa
Demandado: Distrito de Riohacha
Referencia: Controversias contractuales
Temas: controversias contractuales − desequilibrio económico del contrato
incumplimiento del contrato renuncias a reclamar ineficacia de pleno derecho
salvedades efectos en el tiempo de las Sentencias de Unificación.
Síntesis: Un contratista solicitó la declaratoria de desequilibrio económico del contrato
como consecuencia de las suspensiones celebradas durante su ejecución. En la apelación
se alegó que eran ineficaces de pleno derecho los acuerdos según los cuales las
suspensiones no generaban mayores costos y también lo eran las renuncias a reclamar
judicialmente.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
en contra de la Sentencia proferida el 4 de febrero de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Guajira1, que negó las pretensiones de la demanda.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada.
1.3. Sentencia de primera instancia. 1.4. Recurso de apelación.
1.1. Posición de la parte demandante
1. Yezitd Cornejo Ochoa (en adelante el contratista o el demandante)
presentó demanda2, en ejercicio del medio de control de controversias
contractuales, en contra del Distrito de Riohacha (en adelante la
demandada o el Distrito), con las siguientes pretensiones (se trascribe):
PRIMERO: Que se declare administrativamente responsable al Distrito
Turístico de Riohacha y se reconozca el desequilibrio económico al que
fue sometido el Ingeniero YEZITD CORNEJO OCHOA, debido a la mayor
permanencia en la ejecución del contrato de obras N° 161 de 2015.
SEGUNDO: Que como consecuencia de lo anterior, el Distrito debe
cancelar al Señor Yezitd Cornejo Ochoa, la suma de QUINIENTOS
NOVENTA MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS
($590.125.509,00) que corresponde al valor reclamado por el contratista
para restablecer el equilibrio económico del contrato de obras N° 161
de 2015.
1 El Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto, en virtud del recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante en un proceso con vocación de segunda instancia ante esta Corporación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA).
2 Interpuesta el 23 de septiembre de 2020. Expediente electrónico Samai.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 44001-23-40-000-2020-00345-01 (68709)
Demandante: Yezitd Cornejo Ochoa
Demandado: Distrito de Riohacha
Referencia: Controversias contractuales
Decisión: Confirma la Sentencia
TERCERO: Condenar a la demandada a pagar a favor de la
demandante, el valor del reajuste o actualización de la cifra
precedente, desde la fecha de su causación para cada rubro y hasta
la fecha de ejecutoria de esta providencia, según la fórmula que se
definirá en la sentencia.
CUARTO: Se dispondrá que la entidad pública demandada deberá dar
cumplimiento a la sentencia dentro de los términos establecidos en el
artículo 176 del C.C.A.
QUINTO: Se ordenará a la entidad pública demandada, darle
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 177 del C.C.A., sobre el pago
de intereses corrientes y moratorios.
SEXTO: Condenar en costas a la entidad demandada.
2. La parte demandante basó sus pretensiones, en síntesis, en los
siguientes hechos:
3. 1) El contratista y el Distrito celebraron el contrato de obra pública 161
de 2015 por valor de $3.833.397.420, cuyo objeto era la “rehabilitación de
redes de alcantarillado del barrio arriba del municipio de Riohacha”. El
plazo de ejecución acordado fue de 10 meses con inicio el 22 de febrero
de 2015 y terminación el 21 de diciembre de 2016.
4. 2) Durante la ejecución del contrato se presentaron “varias
dificultades que impedían el normal desarrollo de las” obras. “Entre ellas
podemos cita[r] que entre los años 2016 y 2019, el distrito de Riohacha ha
tenido una situación administrativa y política muy compleja, al extremo de
haber sido gobernada por 8 alcaldes”.
5. 3) Las obras se suspendieron en 4 ocasiones. El total de las
suspensiones sumó 187 días.
6. 4) El plazo de 10 meses de ejecución del contrato fue insuficiente, por
lo que las partes suscribieron una prórroga de 3 meses para un total de 13
meses que finalizaron el 25 de septiembre de 2017.
7. 5) El contratista ejecutó el contrato de obra 161 de 2015 en un 100%,
lo que consta en el acta final de entrega y el informe final de supervisión.
8. 6) El 25 de octubre de 2017 se suscribió el acta de entrega y recibo
final de las obras.
9. 7) El 2 de octubre de 2018 se liquidó bilateralmente el Contrato, en esa
acta se consignaron las inconformidades del Contratista.
1.2. Posición de la parte demandada
10. El Distrito contestó la demanda3 y solicitó que se negaran las
pretensiones. Los argumentos pueden resumirse de la siguiente manera:
11. El Contratista pretende que se le indemnicen unos presuntos perjuicios
sufridos por la suscripción de manera “voluntaria y bilateral” de unas
3 Expediente digital.
2 de 9
Radicación: 44001-23-40-000-2020-00345-01 (68709)
Demandante: Yezitd Cornejo Ochoa
Demandado: Distrito de Riohacha
Referencia: Controversias contractuales
Decisión: Confirma la Sentencia
suspensiones. Lo anterior, pese a que tenía conocimiento y experiencia
para determinar los riesgos y costos en que podría haber incurrido.
12. “Luego de analizar cada una de las actas de suspensión y sus
prórrogas, debe precisarse que en las mismas quedó plasmado que la
suspensión del contrato no generaba gastos de administración adicionales
en obra o lucro cesante a cargo del Distrito de Riohacha, también se dejó
constancia que el contratista renunciaba expresamente a presentar
reclamación judicial o extrajudicial alguna ante el Distrito de Riohacha”.
13. A lo anterior adicionó que “no solo omitió o guardó silencio en torno a
las reclamaciones, reconocimientos, observaciones o salvedades de la
obra, sino que además dejó constancia que la suspensión del contrato no
generaba gastos de administración adicionales en obra o lucro cesante”.
14. De igual manera, puso de presente desde la perspectiva del
“principio de planeación” que el contratista conoció toda la
documentación precontractual y de estructuración del proyecto.
15. Con base en lo anterior, propuso las excepciones de “buena fe”,
“cobro de lo no debido”, y la que denominó “excepción genérica”.
1.3. Sentencia recurrida
16. El 4 de febrero de 2022 el Tribunal Administrativo de Guajira profirió
Sentencia4, en la que negó las pretensiones de la demanda. La decisión fue
adoptada, en síntesis, con base en los siguientes argumentos:
17. “En las actas de suspensión y en sus prórrogas, se consignó
expresamente que las partes acordaban que estas no generarían gastos
de administración adicionales por permanencia en obra o lucro cesante a
cargo del distrito de Riohacha y que renunciaban a presentar cualquier tipo
de reclamación judicial por causa de las mismas” (…) “A juicio del tribunal,
lo anterior significa que dentro de su autonomía de la voluntad, el
demandante renunció libremente al restablecimiento del equilibrio
económico y financiero por causa de la mayor extensión del plazo de
ejecución, independientemente de que las causas de ello no le fueran
imputables. Debe decirse que dicha renuncia se hizo no de manera
anticipada al celebrar el contrato, lo que podría privarla de eficacia por
cuanto sería renunciar a lo desconocido, sino que se estipuló en cada acta
y de manera reiterada, sin que se consignara salvedad similar a la que a la
postre se hizo contener en el acta de liquidación y sin que en momento
previo a esta, el contratista reclamara pago de esos presuntos
sobrecostos”.
18. A continuación, se puede leer la parte resolutiva de la Sentencia
recurrida (se trascribe):
4 Expediente digital.
3 de 9
Radicación: 44001-23-40-000-2020-00345-01 (68709)
Demandante: Yezitd Cornejo Ochoa
Demandado: Distrito de Riohacha
Referencia: Controversias contractuales
Decisión: Confirma la Sentencia
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda presentada por el
ciudadano Yezitd Cornejo Ochoa contra el distrito de Riohacha, en
ejercicio del medio de control de controversia contractual radicado 44-
001-23-40-000-2020-00345-00. Lo anterior, por las razones expuestas en la
parte motiva del presente proveído.
SEGUNDO: Sin condena en costas de primera instancia.
TERCERO: Por secretaría del tribunal, repórtese a la ponente dentro de
los tres (3) días siguientes al vencimiento del plazo legal para recurrir, si
esta sentencia es apelada, y una vez ejecutoriada i) devuélvase a
solicitud de la parte demandante el remanente a que hubiere lugar, de
lo consignado por concepto de gastos ordinarios del proceso, ii)pásese
al despacho ponente para el trámite posterior que se requiera, en
especial con ocasión del mandato contenido en el artículo 298 Cpaca,
si fuere el caso y iii) archívese el expediente en su oportunidad legal,
previa verificación de que todas las actuaciones surtidas, incluida la de
archivo, estén registradas en el sistema de la rama judicial.
1.4. Recurso de apelación
19. La parte demandante presentó recurso de apelación5 en contra de
la Sentencia de primera instancia. El recurso se centró en los siguientes
puntos:
20. La suscripción de las actas de suspensión se dio por la necesidad de
salvar el objeto del contrato pese a las dificultades y “ninguna conducta
diferente le era exigible”. De la suscripción de tales actas “no puede
entenderse de ninguna manera, que el contratista haya renunciado
tácitamente a su derecho a reclamar perjuicios”.
21. En la Sentencia de primera instancia se descartaron
injustificadamente todos los anexos relacionados con los ajustes de los
costos del contrato.
22. En lo referente a las renuncias en las actas de suspensión y prórroga
sostuvo (se trascribe): “olvida el Tribunal que es usual que existan acuerdos
desiguales entre contratistas y administración, debido a la posición
dominante de ésta dentro de la relación contractual, en tanto sus
imposiciones desequilibran aún más la relación obligacional, al punto que
se sancionan con ineficacia de pleno derecho, en los términos del numeral
5 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993”. “Asimismo, un acuerdo en el que se
sujete la suscripción de la modificación del contrato a la renuncia de
derechos del contratista violaría el numeral 3º del articulo 5º de la ley 80 de
1993, de acuerdo con el cual las autoridades no pueden condicionar la
adición o modificación de contratos (…) a la renuncia, desistimiento, o
abandono de peticiones, acciones, demandas y reclamaciones por parte
de éste”.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Análisis sustantivo. 2.2. Sobre la condena en costas.
2.1. Análisis sustantivo
5 Expediente digital Samai.
4 de 9
Radicación: 44001-23-40-000-2020-00345-01 (68709)
Demandante: Yezitd Cornejo Ochoa
Demandado: Distrito de Riohacha
Referencia: Controversias contractuales
Decisión: Confirma la Sentencia
23. Le corresponde a la Sala decidir si los acuerdos celebrados durante la
ejecución del contrato en los cuales el contratista renunció expresamente
a reclamar judicialmente por mayores costos son ineficaces de pleno
derecho y, en caso de serlo, si se configuró un incumplimiento o
desequilibrio económico del contrato como consecuencia del cual deba
condenarse a la indemnización de perjuicios o al reequilibrio económico
del contrato.
24. La Sala confirmará la Sentencia apelada, que negó las pretensiones de
la demanda, pues las cláusulas de renuncia contenidas en los negocios
jurídicos contractuales son válidas y no se demostró un incumplimiento o el
rompimiento del equilibrio económico del contrato.
25. Antes de entrar en el análisis de la validez de las renuncias contenidas
en los negocios jurídicos celebrados durante la ejecución del contrato, y
que motivaron la demanda que dio origen a este litigio, debe la Sala poner
de presente la jurisprudencia actual del Consejo de Estado sobre
salvedades, pues el recurrente señaló que no podían tenerse en
consideración las renuncias tácitas de esos acuerdos por el hecho de no
haberse dejado salvedades.
26. Al respecto, esta Sala ha sostenido6 que la jurisprudencia del Consejo
de Estado sobre salvedades indicaba que estas debían consignarse en los
negocios jurídicos celebrados por las partes durante la ejecución del
contrato. En la jurisprudencia existían posiciones que variaban desde la
necesidad absoluta de consignar salvedades en otrosíes, prórrogas,
suspensiones, adicionales, etc., hasta el análisis particular de los efectos del
negocio jurídico sobre lo pedido judicialmente para determinar la
necesidad de las salvedades7.
27. Tal posición fue revisada por el Consejo de Estado8 que unificó la
jurisprudencia en el siguiente sentido (se trascribe):
“Cuando se llegue a acuerdos durante la ejecución de un contrato, el juez
deberá estudiar las pretensiones, aunque la parte no haya elevado una
reclamación específica o no haya formulado una salvedad cuando se firman
suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual o se pactan
contratos adicionales u otrosíes o haya guardado silencio al suscribir tales
acuerdos. El deber del juez será desentrañar, en cada caso, cuál fue el
acuerdo de las partes y su alcance según las reglas de interpretación de los
contratos, las normas supletivas aplicables a los tipos contractuales contenidas
en las reglas civiles y comerciales y, por supuesto, la ejecución de buena fe del
contrato. Conforme a dichas reglas, establecerá si las partes pretendieron o
no, con ese acuerdo, regular los asuntos cuya reclamación ahora se formula y
los términos de ese pacto. De ahí que, si no se acordó nada por las partes o se
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 11 de
septiembre de 2024, exp. 68810
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 31 de
agosto de 2011, exp. 18080; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección C, sentencia del 20 de octubre de 2014, exp. 24809; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 1 de julio de 2015, exp. 37613; Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de enero de 2022, exp.
64897.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de unificación de 27 de
julio de 2023, Exp. 39121.
5 de 9
Radicación: 44001-23-40-000-2020-00345-01 (68709)
Demandante: Yezitd Cornejo Ochoa
Demandado: Distrito de Riohacha
Referencia: Controversias contractuales
Decisión: Confirma la Sentencia
guardó silencio, deberá estudiarse, en cada caso, si esas pretensiones
judiciales tienen fundamento o no en lo pactado en el contrato y según lo que
resulte probado”.
28. Así las cosas, la jurisprudencia actual del Consejo de Estado exige que
se estudien las pretensiones, aun cuando la parte no haya consignado una
salvedad en el negocio jurídico y el juez debe, en cada caso, desentrañar
cuál fue el acuerdo o acuerdos de las partes y su alcance sobre lo
reclamado judicialmente.
29. Este caso plantea, como otros, un problema jurídico recurrente,
relacionado con los efectos de las Sentencias de Unificación en el tiempo.
Esta Sala quiere señalar expresamente que con esta decisión no dirime de
manera general, ni busca hacerlo, la problemática recién referida. Sin
embargo, a efectos de adoptar una decisión, y cumplir con su deber de
administrar justicia, resulta necesario determinar los efectos que tiene la
citada Sentencia de Unificación sobre el caso.
30. Para poner en contexto lo anterior, es necesario hacer notar que la
Sentencia de primera instancia fue proferida el 4 de febrero de 2022, la
apelación fue presentada el 21 de febrero de 2022, mientras que la
Sentencia de Unificación fue adoptada por la Sala Plena de la Sección
Tercera el 27 de julio de 2023. Es decir, la Sentencia de Unificación es
posterior a la Sentencia de primera instancia y a la apelación presentada
en su contra. En consecuencia, no le era exigible, por razones lógicas y
cronológicas, al Tribunal o al apelante conocer y citar la referida decisión.
31. No obstante, las decisiones de unificación que profiere el Consejo de
Estado, salvo aquellas para “sentar jurisprudencia”, se expiden, por regla
general, sobre la base de que existen posiciones jurisprudenciales
divergentes entre las cuales el Consejo de Estado, o sus secciones, deben
decidir cuál adoptar de manera unificada. Así las cosas, una Sentencia de
Unificación escoge la posición que la mayoría de la corporación considera
más ajustada al derecho positivo vigente. Por lo mismo, se trata del mismo
derecho positivo que se encontraba vigente con anterioridad a la
expedición de la Sentencia de Unificación. Lo anterior, se aclara, con
independencia de la fuerza creadora de derecho que tiene la
jurisprudencia en general y la existencia de reglas jurisprudenciales que, a
ojos de la Sala, son verdaderas reglas de derecho.
32. A la luz de lo señalado, resulta aplicable, a este caso, la regla
jurisprudencial unificada por la Sección Tercera del Consejo de Estado en
materia de salvedades. Lo anterior, pese a que para el momento de la
adopción de la Sentencia de primera instancia y la presentación de la
apelación no se había adoptado la Sentencia de Unificación de 27 de julio
de 2023 y, por lo mismo, existían sobre la materia posturas divergentes en
esta corporación.
6 de 9
Radicación: 44001-23-40-000-2020-00345-01 (68709)
Demandante: Yezitd Cornejo Ochoa
Demandado: Distrito de Riohacha
Referencia: Controversias contractuales
Decisión: Confirma la Sentencia
33. Por lo anterior, no era necesario cumplir con el requisito denominado
de “oportunidad”, en virtud del cual hubiera debido dejar salvedades en
cada uno de los negocios jurídicos celebrados durante la ejecución del
contrato objeto de la controversia. No obstante, de conformidad con la
Sentencia de Unificación, esta Sala debe “desentrañar el acuerdo de las
partes” y su alcance de conformidad con las reglas de interpretación de
los contratos.
34. En este ejercicio, se encuentra que en cada una de las Actas de
Suspensión las partes pactaron “que la suspensión del contrato no generará
gastos de administración adicionales por permanencia en obra o lucro
cesante a cargo del distrito de Riohacha, EL CONTRATISTA renuncia
expresamente a presentar cualquier reclamación judicial o extrajudicial
alguna ante el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha y/o el
FONDO ADAPTACIÓN ni ante cualquier autoridad administrativa, de policía
o judicial por los conceptos objeto de la presente acta”. Ello se encuentra
en: el acta de suspensión 19, el acta de suspensión 210, la prórroga del acta
de suspensión de obra 211, la prórroga 2 del acta de suspensión de obra 212,
el acta de suspensión 313, el acta de suspensión 414, la prórroga del acta
de suspensión de obra 415
35. En todos los negocios jurídicos celebrados entre las partes durante la
ejecución del contrato, estas acordaron que las suspensiones no
generarían gastos de administración adicionales por permanencia en obra
o lucro cesante y que el contratista renunció expresamente a presentar
cualquier reclamación judicial por “los conceptos objeto de la presente
acta”.
36. Sin embargo, en la apelación, la parte demandante sostuvo que tales
renuncias debían ser declaradas ineficaces de pleno derecho. Debido a
que, a diferencia de otras peticiones, la ineficacia de pleno derecho, como
la nulidad absoluta del contrato, puede ser declarada sin pretensión sobre
el punto, pasa la Sala a pronunciarse sobre ello.
37. Al respecto, se debe poner de presente que esta Sala ha considerado
que son válidas las renuncias realizadas en este tipo de negocios jurídicos16.
Es cierto que el numeral 3 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993 establece que
“[l]as autoridades no podrán condicionar la participación en licitaciones ni
la adjudicación, adición o modificación de contratos, como tampoco la
cancelación de las sumas adeudadas al contratista, a la renuncia,
desistimiento o abandono de peticiones, acciones, demandas y
reclamaciones por parte de éste”. Sin embargo, la Sala ha sostenido que la
prohibición contenida en esa disposición se refiere a que se condicione la
9 Folio 479 anexo de la demanda.
10 Folio 482 anexo de la demanda.
11 Folio 484 anexo de la demanda.
12 Folio 486 anexo de la demanda.
13 Folio 488 anexo de la demanda.
14 Folio 491 anexo de la demanda.
15 Folio 493 anexo de la demanda.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 10 de junio de 2022,
Exp. 53737.
7 de 9
Radicación: 44001-23-40-000-2020-00345-01 (68709)
Demandante: Yezitd Cornejo Ochoa
Demandado: Distrito de Riohacha
Referencia: Controversias contractuales
Decisión: Confirma la Sentencia
modificación del contrato y, procesalmente, la demostración de que se dio
un condicionamiento por parte de la entidad; de lo contrario, la renuncia
resulta válida17.
38. En este caso, la parte no alegó, ni se encuentran pruebas en el
expediente que permitan a la Sala concluir que la entidad condicionó la
celebración de los acuerdos celebrados durante la ejecución del contrato;
por lo que, de cara al artículo referido tales renuncias no son ineficaces de
pleno derecho, son, por el contrario, eficaces.
39. De otro lado, es preciso advertir que el recurrente no indicó en su
recurso las razones por las cuales las referidas renuncias debían declararse
ineficaces de pleno derecho de conformidad con lo establecido en el
numeral 5 del artículo 24 de la Ley 80 de 1992. El texto literal, completo sobre
el punto, es el siguiente (se trascribe):
Ahora bien, encarando con el debido comedimiento la postura asumida por
el Tribunal, frente a que “los acuerdos suscritos entre las partes deben
reafirmarse y honrarse, sin que sea posible desconocerlos por la sola salvedad
incluida en el acta liquidación bilateral, pues conforme al código civil
constituyen ley para los contratantes, obligándose no solo a lo que se
expresaron sino también a todo lo que emane de la naturaleza de la
obligación o que por ley pertenezcan a esta”, olvida el Tribunal que es usual
que existan acuerdos desiguales entre contratistas y administración, debido a
la posición dominante de ésta dentro de la relación contractual, en tanto sus
imposiciones desequilibran aún más la relación obligacional, al punto que se
sancionan con ineficacia de pleno derecho, en los términos del numeral 5 del
artículo 24 de la Ley 80 de 1993.
40. Pese a la ausencia de argumentos, la Sala no advierte ningún defecto
que pueda sancionarse con la ineficacia de las referidas cláusulas. Lo
anterior, pues no se observan exenciones de responsabilidad por “los datos,
informes y documentos” o “reglas que induzcan a error” o “formulación de
ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan de la voluntad
exclusiva de la entidad”.
41. Por lo anterior, el acuerdo de las partes en el sentido de que esos
negocios jurídicos no generarían costos adicionales para la entidad, así
como las renuncias a reclamar judicialmente por parte del contratista son
válidos y, en virtud de la fuerza obligatoria de esos acuerdos, deben
negarse las pretensiones de la demanda.
42. En conclusión, la Sala confirmará la negación de las pretensiones de la
demanda, debido a que los pactos de que las suspensiones no generarían
mayores costos para la entidad y la renuncia del contratista a reclamar
judicialmente por los conceptos de esas suspensiones son válidos.
2.2. Sobre la condena en costas
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 4 de mayo de 2022,
Exp. 63690.
8 de 9
Radicación: 44001-23-40-000-2020-00345-01 (68709)
Demandante: Yezitd Cornejo Ochoa
Demandado: Distrito de Riohacha
Referencia: Controversias contractuales
Decisión: Confirma la Sentencia
43. De conformidad con el artículo 188 del CPACA y el numeral 1 del
artículo 365 del CGP, se condenará en costas en esta instancia a la parte
demandante. Estas deberán ser tasadas y liquidadas por el tribunal de
primera instancia, de acuerdo con los artículos 365 y 366 del CGP.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia proferida el 4 de febrero de 2022 por el
Tribunal Administrativo de Guajira.
SEGUNDO: CONDENAR en costas en esta instancia a Yezitd Cornejo Ochoa
a favor del Distrito de Riohacha. Estas deberán ser tasadas y liquidadas por
el Tribunal de primera instancia, de acuerdo con los artículos 365 y 366 del
CGP.
Por Secretaría, una vez ejecutoriada la presente providencia, DEVUÉLVASE
el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
9 de 9
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.