Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2019-00567-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2019-00567-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 08001-23-33-000-2019-00567-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
4 de junio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
Bogotá, D. C., cuatro (4) de junio de dos mil veinticuatro (2024).
Radicación: 08001-23-33-000-2019-00567-01 (70198)
Demandante: Didácticos y Libros – Didaclibros Ltda.
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho (precontractual)
TEMAS: NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN – Carga de la
prueba / NULIDAD PROCESAL – Hay litisconsorcio necesario entre la entidad contratante
y la adjudicataria, salvo que esta última sea una sociedad mercantil liquidada / ALEGATOS
DE CONCLUSIÓN – No pueden estudiarse cargos de nulidad de los actos administrativos
ni argumentos nuevos que no hayan sido expuestos en la demanda, por obstruir el derecho
de contradicción de la contraparte / CONFESIÓN DE ENTIDADES PÚBLICAS – No es
procedente / DOCUMENTOS QUE OBRAN EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE
CONTRATACIÓN PÚBLICA (SECOP) – Son susceptibles de ser valorados judicialmente /
OFERTA DE CONTRATO – Debe ser inequívoca, completa, clara y precisa / FACTORES
DE EVALUACIÓN QUE OTORGAN PUNTAJE – No son subsanables.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 25 de abril de 2022, proferida por el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Atlántico –Sala de Decisión Oral A, que negó las pretensiones de
la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1. La sociedad Didaclibros Ltda. participó en un procedimiento de selección
abreviada de menor cuantía que adelantó el Distrito de Barranquilla, cuyo objeto era
escoger al contratista encargado de dotar tres sedes del SENA para la formación en
TIC, salud y logística en el Distrito. Esta entidad adjudicó el contrato a la sociedad
Analytica S.A.S. Inconforme con esta decisión, Didaclibros demandó el acto
administrativo de adjudicación alegando que, por la insuficiencia técnica de los ítems
ofrecidos en relación con lo exigido por el pliego de condiciones, la adjudicataria
debió ser inhabilitada para participar en el procedimiento; además sostuvo que su
propuesta no fue correctamente calificada en lo que refiere a su ofrecimiento de
garantía adicional de los productos, factor en el que debió recibir el puntaje máximo
y, por motivos excesivamente formales y distantes de las disposiciones del pliego,
no recibió la valoración a la que tenía derecho.
II. ANTECEDENTES
La demanda: hechos, normas violadas y concepto de la violación
2. El 6 de agosto de 2019, mediante apoderado judicial, la sociedad Didácticos y
1
Radicación: 08001-23-33-000-2019-000567-01 (70198)
Actor: Didaclibros Ltda.
Demandado: DEIP Barranquilla.
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho
Libros – DIDACLIBROS Ltda. (en adelante, Didaclibros, la actora, la demandante,
la apelante o la recurrente) presentó demanda1 de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra del Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla (en lo
sucesivo, el Distrito, la demandada o la entidad), para obtener pronunciamiento
favorable respecto de las siguientes pretensiones:
“PRIMERA: Declarar la nulidad de la Resolución 056 del veintiséis (26) de febrero
de 2019, expedida por la Secretaría General de la Alcaldía Distrital de Barranquilla
y por medio de la cual adjudicó la Selección Abreviada N° SA-002-2019, cuyo objeto
es el [sic] “DOTACION [sic] DE TRES SEDES DEL SENA PARA OFRECER
PROGRAMAS DE FORMACION EN LAS AREAS [sic] DE TIC, SALUD, LOGISTICA
[sic] Y TRANSPORTE EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO [sic],
BARRANQUILLASIMULADORES [sic] DE SALUD”, a la sociedad ANALYTICA
S.A.S. Identificado con NIT 890.935.513-9, representada legalmente por […]
identificado con […], quien cumplió con los requisitos habilitantes establecidos en el
presente proceso y obtuvo un puntaje de 992 puntos, por un valor de MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL
DOSCIENTOS SESENTA PESOS ($1.698.670.260,00) IVA INCLUIDO, incluidos
[sic] todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y
liquidación del contrato.
SEGUNDA: A manera de Restablecimiento [sic] del derecho se ordene:
2.1. Que a título de restablecimiento del derecho, se ordene al Distrito Especial
Industrial y Portuario de Barranquilla otorgar la calificación de 200 puntos por
garantía máxima a la empresa DIDACLIBROS LTDA.
2.2. Que a título de restablecimiento del derecho, se ordene al Distrito Especial
Industrial y Portuario de Barranquilla ajustar el puntaje de la evaluación del proceso
de selección Abreviada N° SA-002-2019 señalando que DIDACLIBROS CON 993
PUNTOS es la mejor propuesta y era la beneficiaria de la adjudicación del Proceso
de Selección Abreviada N° SA-002-2019.
2.3. Que se condene al Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla al pago
de los dineros que se dejó de percibir debido a la adjudicación del proceso y
celebración del Contrato.
2.4. Que se ordene el cumplimiento de la sentencia dentro del término de establecido
[sic] por el señor juez.
2.5. La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo previsto en el
artículo 187 del C.P.A.C.A., aplicando los ajustes de valor (indexación) desde la
fecha de la desvinculación hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia que le ponga
fin al proceso.
2.6. Si no se efectúa el pago en forma oportuna, la entidad liquidará los intereses
comerciales y moratorios como lo ordena el Código General del Proceso”.
3. Como soporte fáctico de sus pretensiones, la actora sostuvo que, a través de la
Resolución 007 del 21 de enero de 2019, el Distrito ordenó la apertura de la
1 En expediente digital (SAMAI, índice 2), archivo “ED_001EXPDIGITAL201(.pdf)” (archivo pdf), pp. 2-25.
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Radicación: 08001-23-33-000-2019-000567-01 (70198)
Actor: Didaclibros Ltda.
Demandado: DEIP Barranquilla.
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho
selección abreviada núm. 002 de 2019, cuyo objeto era contratar “la dotación de
tres sedes del SENA para ofrecer programas de formación en las áreas de TIC,
salud, logística y transporte en el Departamento del Atlántico, Barranquilla –
Simuladores de salud”, por un valor de mil ochocientos tres millones novecientos
tres mil veintiún pesos ($ 1.803.903.021,00).
3.1. Según el pliego de condiciones, los equipos requeridos debían contar con una
“garantía mínima de doce (12) meses contados a partir del recibo a satisfacción por
parte del supervisor del contrato”. Además, entre los factores de evaluación de las
propuestas, disponía un puntaje por “garantía máxima”, otorgado al ofrecimiento por
garantía adicional de los elementos que eran suministrados. A la propuesta que
ofreciera 4 años de garantía adicional le serían otorgados 200 puntos.
3.2. El mismo documento precontractual precisaba el alcance, condiciones,
especificaciones y demás aspectos relacionados con los productos a suministrar; y
establecía, como causal de rechazo de la oferta, el no cumplimiento de las
especificaciones técnicas mínimas. El anexo 6 del pliego enlistó 33 ítems.
3.3. Durante el lapso para formular observaciones al pliego de condiciones, varios
intervinientes e interesados realizaron estas observaciones: (i) Respecto de los
ítems 18 y 19, referidos al simulador de venopunción en brazo para mujer y para
hombre, respectivamente, para solicitar que se permita ofrecer simuladores sin
interesar el género; el Distrito negó tal modificación porque existía una diferencia
en la ficha técnica entre ambos ítems. (ii) Sobre los requisitos habilitantes, la entidad
aclaró que cada proponente debía presentar una ficha técnica, en idioma castellano,
y que en caso de discrepancias entre la ficha técnica y el catálogo del fabricante se
preferiría lo consignado en la ficha.
3.4. Cuatro proponentes formularon oferta en la selección abreviada, entre ellos, las
sociedades Analytica S.A.S. (en adelante, Analytica o la adjudicataria) y Didaclibros.
En el informe de evaluación, el ofrecimiento de Didaclibros obtuvo 150 puntos,
porque en su oferta no expresó la palabra “ADICIONAL”, y como se requería una
garantía mínima de un año, el Distrito interpretó que ofreció una adicional de 3 años.
Por su parte, la propuesta de Analytica consiguió el puntaje máximo de 200 por
garantía adicional. El informe ubicó la propuesta de Analytica en primer lugar, con
982 puntos; y la de Didaclibros en segundo puesto, con 943.
3.5. Didaclibros formuló las siguientes observaciones al informe de evaluación:
(i) Didaclibros sí presentó 4 años de garantía adicional a la mínima requerida
porque la garantía mínima de 12 meses ya había sido aceptada en otro
aparte del pliego: el anexo 6 sobre condiciones generales del contrato.
(ii) Las fichas técnicas presentadas por Analytica en los ítems 19, 31 y 33 no
cumplían lo establecido en el pliego.
3
Radicación: 08001-23-33-000-2019-000567-01 (70198)
Actor: Didaclibros Ltda.
Demandado: DEIP Barranquilla.
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho
En el ítem 19, denominado “SIMULADOR BRAZO VENOPUNCIÓN
MUJER” fue ofrecido un producto idéntico al del ítem 18, un simulador de
género masculino, pero diferenciado únicamente en el color de piel.
En cuanto al ítem 31, “SIMULADOR RCP MANIQUÍ DE SOPORTE VITAL
AVANZADO ADULTO”, el producto de Analytica no cumplía con la función
de ruidos para auscultación cardiaca.
Para el ítem 33, “SISTEMA PARA LECCIONES DE FISIOLOGÍA E
INTERPRETACIÓN DE PARÁMETROS FISIOLÓGICOS”, Analytica
presentó un producto cuya ficha técnica era “inexistente en el mercado”.
Además, era adaptado para la fisiología del deporte, por lo tanto, no
satisfacía las condiciones técnicas para suministrar datos de
electrooculografía, electroencelografía, electrocardiograma, ni tenía
software dedicado a la enseñanza.
3.6. Según la demandante, la entidad no respondió satisfactoriamente a las
observaciones de Didaclibros ni adelantó audiencia de adjudicación. A través de la
Resolución núm. 056 de 2019, el Distrito adjudicó el contrato a Analytica.
4. La demanda planteó que el acto de adjudicación contrarió la Constitución Política
de Colombia, en sus artículos 2, 6, 13, 29, 83, 90, 121, 122, 209 y 228. Asimismo,
expresó que transgredió la Ley 80 de 1993 en sus artículos 24 (numeral 5), 25
(numeral 2), 29 y 30 (numerales 1 a 12); y la Ley 1150 de 2007 en sus artículos 2
(numeral 2 y parágrafo 2), y 5.
5. De acuerdo con lo que afirma la actora, el Distrito adjudicó irregularmente el
contrato, y vulneró el principio de selección objetiva contenido en normas
superiores, toda vez que escogió una propuesta que debió ser rechazada porque
no cumplía los parámetros técnicos fijados por el pliego, ni era la mejor para los
intereses de la entidad. También incurrió en falsa motivación y en violación de los
principios de transparencia, selección objetiva y buena fe, por evaluar de forma
“amañada” las ofertas, castigar a Didaclibros por “no manifestar expresamente la
palabra adicional”, al no otorgarle los 200 puntos que merecía, y premiar a la
oferente por haber agregado ese vocablo a la extensión de la garantía de los
productos.
Contestación de la demanda
6. El Tribunal admitió la demanda mediante auto del 13 de febrero de 2020 2, y
únicamente dispuso la notificación al agente del Ministerio Público, al Distrito, y a la
demandante. El Distrito no contestó la demanda3.
Adecuación del trámite para dictar sentencia anticipada y decreto probatorio
2 Archivo pdf: pp. 1022-1023. La providencia se notificó por estado electrónico del 14 de febrero de 2020.
3 Informe secretarial, en expediente digital (índice SAMAI núm. 0002), archivo “ED_006PASEPARAAUD2(.pdf)”.
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Radicación: 08001-23-33-000-2019-000567-01 (70198)
Actor: Didaclibros Ltda.
Demandado: DEIP Barranquilla.
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho
7. Mediante auto del 9 de febrero de 20224, el Tribunal resolvió dictar sentencia
anticipada, porque consideró que el asunto es de “puro derecho”, y no era necesaria
la práctica de pruebas diferentes a las documentales que fueron aportadas por la
demandante.
8. En esa misma decisión, el Tribunal corrió traslado para presentar alegatos de
conclusión, y enlistó las pruebas documentales que el demandante allegó, “en
fotocopia”, con la presentación de la demanda. Entre ellas, indicó: “44. Propuesta
presentada por ANALYTICA S.A.S.”. Asimismo, decidió negar los “testimonios e
interrogatorios solicitados” por la actora, porque fueron considerados “innecesarios”.
En consecuencia, el ordinal tercero del auto del 9 de febrero de 2022 ordenó:
“Tener como pruebas, las allegadas por la parte actora con la demanda y negar la
solicitada por la misma, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de esta
providencia.”
Fallo de primera instancia
9. En sentencia5 del 25 de abril de 2022, el Tribunal negó las pretensiones de la
demanda. Según el a quo, la demandante no formuló oportunamente sus alegatos
de conclusión en primera instancia.
9.1. De entrada, el fallo encontró que la propuesta de Analytica no fue aportada en
su integridad por la actora, situación que debía acarrear las consecuencias
derivadas del desconocimiento de las cargas probatorias.
9.2. En relación con el ítem 19 y su comparación con el ítem 18, el Tribunal aseguró
que a pesar de que cuente con una denominación diferente, técnicamente ambos
productos exigían lo mismo, por lo tanto, no le asistía razón a la actora. Además,
sin la propuesta completa, no era posible comprobar las condiciones del producto
que ofreció la adjudicataria.
9.3. Al no aportar la propuesta completa de Analytica, el a quo estimó que no podía
analizarse el cargo de nulidad por los ítems 31 y 33 de las condiciones técnicas del
pliego. De cualquier manera, la certificación del que afirma ser el fabricante del
insumo que ofrecía exclusivamente Didaclibros no es plena prueba de que el
producto ofrecido por el oferente ganador no existiera en el mercado.
9.4. Por último, por “la forma como quedó redactado el oficio” en el que el
representante legal de la sociedad demandante ofrecía la garantía de los productos,
no era posible predicar que los cuatro años a los que allí se refiere fueran
adicionales a la mínima requerida de un año.
El recurso de apelación
4 En expediente digital (índice SAMAI núm. 0002), archivo “ed_00720190056700j”.
5 En expediente digital (índice SAMAI núm. 0002), archivo “ED_011FALLO2019005(.pdf)”.
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Radicación: 08001-23-33-000-2019-000567-01 (70198)
Actor: Didaclibros Ltda.
Demandado: DEIP Barranquilla.
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho
10. La demandante interpuso recurso de apelación6 en contra del fallo de primera
instancia, ocasión en la que reprochó lo siguiente:
10.1. Contrario a lo que expresó el Tribunal, la actora sí formuló oportunamente
alegatos de conclusión en primera instancia, única oportunidad que tuvo para
presentar su análisis “profundo, razonable y proporcional”, antes de la sentencia.
Por ende, consideró que el fallo de primera instancia adolece de “irregularidades”
que, a su juicio, deben ser auscultadas en segunda instancia.
10.2. Cuestionó el fallo por expresar que no había prueba de la propuesta de
Analytica, porque en el auto en el cual se decidió proferir sentencia anticipada, el
Tribunal certificó que fue presentada la propuesta de Analytica, con todo y los
“catálogos” de los productos que esta sociedad presentó. Además, resaltó que “en
la demanda se indicó y, así lo resaltó el Tribunal al momento de aceptar las pruebas,
el sitio oficial del proceso en la plataforma SECOP I”. Aseguró, entonces, que la
“precariedad de los documentos, no es por orfandad de las pruebas, sino que, desde
el principio, el proponente presentó unos catálogos confusos, adulterados y
ajustados a su conveniencia”, por lo tanto, como la ficha técnica era “del
FABRICANTE no del comercializador”, si la propuesta presentada por la
adjudicataria, tal como la aportó la demandante no era completa, tal circunstancia
“no se trata de la carga de la prueba”, sino que demuestra la habilitación de una
propuesta que no satisfacía las condiciones técnicas exigidas por el pliego. Además,
sostuvo que la no contestación de la demanda tiene unos efectos previstos en el
artículo 97 del Código General del Proceso (CGP), que significan que la demandada
“se allanó a las pruebas arrimadas al expediente”.
10.3. En lo que refiere a la habilitación de la propuesta de la adjudicataria, el recurso
adujo que la entidad desconoció el pliego de condiciones, particularmente, en las
“fichas técnicas”, cuyo contenido debía reunir lo dispuesto en el artículo
2.2.1.2.1.2.1. del Decreto 1082 de 2015. En ese orden de ideas, reprochó que la
sentencia haya centrado “su análisis respecto al rechazo de plano de la propuesta
(ANALYTICA), sin detenerse en el procedimiento de la verificación de los requisitos
habilitantes, especialmente el cumplimiento del contenido y la contratación de lo
ofertado con lo establecido en el pliego”.
10.3.1. Insistió en que Analytica “ofreció para el ítem 19 el mismo brazo del ítem
18 cuya diferencia es el color de piel, siendo en ambos casos masculino”, y se
fundamenta, además, en la respuesta a una observación al proyecto del pliego,
que sostuvo la diferenciación entre los ítems 18 y 19 en razón de las diferencias
sexuales. Por estas razones, los productos no cumplían con su función de
simular cuerpos humanos, incluyendo las diferencias fisionómicas entre los
géneros masculino y femenino.
10.3.2. Asimismo, recalcó que, para el ítem 31, Analytica ofreció un producto
que no cumplía con la función de “ruidos para auscultación cardiaca, conforme
a la misma certificación presentada por […] DIDACLIBROS” y expedida por la
6 En expediente digital (índice SAMAI núm. 0002) archivo “ED_012RECDEAPDELD(.pdf)”.
6
Radicación: 08001-23-33-000-2019-000567-01 (70198)
Actor: Didaclibros Ltda.
Demandado: DEIP Barranquilla.
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho
fabricante “Laerdal Med. Corp”, cuyos productos eran distribuidos
exclusivamente por la actora.
10.3.3. En relación al ítem 33, la demandante insiste en que la ficha técnica
presentada por la adjudicataria era “inexistente en el mercado”, y era un
producto carente de software para la enseñanza, y destinado a la fisiología del
deporte, que no suministraba datos de electroencefalografía y
electrocardiografía. Sostuvo que, por estas falencias, la relación contractual se
extendió por nueve meses, es decir hasta el 30 de noviembre de 2019, tal como
se puede evidenciar en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación
Pública (SECOP).
10.4. En cuanto a la puntuación por garantía adicional, insistió en que el puntaje de
Didaclibros debió ser de 200 por garantía máxima, y no de 150 como lo decidió el
Distrito, y expresó que la calificación atenta contra las precisas indicaciones del
pliego:
“…desconociendo la intención clara y expresa que esta garantía es complementaria a
la que todos los proponentes debían aceptar con la firma del anexo 6. En derecho
conocida claramente la intención de la norma o de la obligación, debe estarse a ella
más que a lo literal de las palabras. Si existe un documento separado del anexo 6 -en
la que se obliga a dar la garantía mínima exigida- es diáfana la intención del proponente
que si extendía su garantía en cuatro años más.
El comité evaluador al exigir la palabra adicional al ofrecimiento de la garantía desbordó
su competencia violando la ley contractual como son las normas de contratación y
anticorrupción, así como, las reglas establecidas en los pliegos de condiciones”.
Trámite en segunda instancia
11. Mediante auto del 24 de agosto de 20237, el Despacho sustanciador admitió el
recurso de apelación. El Ministerio Público no presentó concepto.
III. CONSIDERACIONES
Jurisdicción y competencia8
12. De una parte, la jurisdicción de lo contencioso administrativo debe conocer del
presente asunto9, porque versa sobre la impugnación judicial del acto administrativo
de adjudicación10 que concluyó un procedimiento de selección abreviada de menor
7 Índice SAMAI, núm. 4.
8 En el presente asunto resultan aplicables las reglas de competencia del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011 – CPACA) sin la reforma que, sobre este
aspecto, dispuso la Ley 2080 del 25 de enero de 2021. De acuerdo con el artículo 86 de la norma citada, las
modificaciones en materia de competencias “se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año
después de publicación de esta ley”.
9 CPACA – Artículo 104, inciso primero: “DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la
Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos,
omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades
públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa” (Se subraya).
10 Ley 80 de 1993 – Artículo 77, inciso tercero: “El acto de adjudicación no tendrá recursos por la vía gubernativa.
Este podrá impugnarse mediante el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, según las
7
Radicación: 08001-23-33-000-2019-000567-01 (70198)
Actor: Didaclibros Ltda.
Demandado: DEIP Barranquilla.
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho
cuantía, expedida por un Distrito11 legalmente sometido al régimen del Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública12. Además, esta Sala de
Subsección es competente, porque decide el recurso de apelación interpuesto en
contra de una sentencia proferida por un Tribunal Administrativo, en el marco del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, y en un conflicto cuya
cuantía impone su juzgamiento en doble instancia, en este caso, conocida por esta
Corporación13.
Ejercicio oportuno de la acción
13. La Resolución 056 data del 26 de febrero de 2019. En la página 14 del Sistema
Electrónico para la Contratación Pública, (SECOP)15 consta que el acto
administrativo demandado fue publicado en la mencionada fecha 16. Así, tomando
ese momento como punto de partida para el cómputo del término ordenado por el
artículo 164, núm. 2, lit. c) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), de cuatro (4) meses, habría vencido -sin
suspensión o interrupción- el 27 de junio de 2019.
14. Sin embargo, en razón al trámite de conciliación extrajudicial17, el término de
caducidad fue suspendido18 entre el 20 de junio y el 6 de agosto de 2019, el tiempo
restante al momento de presentar la solicitud (7 días) venció el 15 de agosto de
2019, fecha posterior al de la presentación de la demanda (6 de agosto de 2019).
Por lo tanto, la acción fue ejercida oportunamente.
reglas del Código Contencioso administrativo”. Además, ver: CPACA. artículo 141, inciso. 2: “Los actos
proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual, podrán demandarse en
los términos de los artículos 137 y 138 de este Código, según el caso”.
11 Constitución Política de Colombia. Artículo 286: “Son entidades territoriales los departamentos, los distritos,
los municipios y los territorios indígenas”. (Se subraya).
12 Ley 80 de 1993 – Artículo 2°: “DE LA DEFINICIÓN DE ENTIDADES, SERVIDORES Y SERVICIOS
PÚBLICOS. Para los solos efectos de esta ley: // 1o. Se denominan entidades estatales: // a) La Nación, las
regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas,
las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las
empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga
participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las
demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la
denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles”. (Se subraya).
13 CPACA. Artículo 150, inciso primero: “El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo
conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como
de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un
efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de
jurisprudencia.”
14 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-8838925
15 En adelante, las referencias hechas al SECOP, deberán entenderse realizadas al SECOP 1, vigente para la
fecha en que se adelantó la selección abreviada, y distinta al SECOP 2, instaurado posteriormente.
16 Pauta adoptada por la jurisprudencia de la Sección, en estos términos: “En la medida en que con la publicación
en el SECOP se materializa la comunicación de los actos de los procesos de selección a los interesados, es a
partir de esta fecha que se debe computar el término de caducidad de 4 meses para la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, en los términos de la norma citada”: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Tercera – Subsección B. Auto del 5 de mayo de 2020. Rad. 54001-23-33-000-2018-
00200-01(63114). C.P. Martín Bermúdez Muñoz.
17 P. 1018-1019, archivo pdf.
18 De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, vigente para la fecha de interposición de la demanda:
“La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término
de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta
de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan
las constancias a que se refiere el artículo 2o. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3)
meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y
será improrrogable”.
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Radicación: 08001-23-33-000-2019-000567-01 (70198)
Actor: Didaclibros Ltda.
Demandado: DEIP Barranquilla.
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho
Legitimación en causa
15. Como participante, en su condición de oferente, de la selección abreviada de
menor cuantía núm. SA- 002 de 2019 que concluyó con la adjudicación del contrato
objeto del procedimiento de selección a Analytica, Didaclibros está legitimada en
causa por activa al postularse como posible lesionada en sus derechos subjetivos 19.
16. El Distrito, al ser la autoridad que expidió la Resolución núm. 056 de 2019, está
legitimado en causa por pasiva. Empero, es necesario analizar si, en este caso, el
hecho de que Analytica no haya sido convocada al asunto se traduce en la
imposibilidad de proferir un pronunciamiento de fondo.
Control de legalidad del proceso
17. En virtud de lo previsto en el artículo 207 del CPACA20, la Sala analizará en el
sub judice si dos circunstancias, acontecidas durante el trámite procesal de primera
instancia, configuran vicios que afecten la validez de lo actuado, a saber: (i) no haber
vinculado a la adjudicataria durante el trámite del proceso y (ii) no haber considerado
los alegatos de conclusión de primera instancia presentados por la actora.
Sobre la vinculación de Analytica al proceso
18. Según la jurisprudencia reiterada de esta Corporación, entre la entidad pública
contratante y el adjudicatario del contrato hay una relación jurídica sustancial
surgida a partir del acto de adjudicación y, por este motivo, se conforma un
litisconsorcio necesario pasivo. La explicación de esta postura radica en el interés
que le asiste al favorecido con la adjudicación de defender la legalidad del acto, así
como los derechos subjetivos que de esa manifestación de voluntad nacen en su
favor21, de forma que no puede decidirse el mérito del asunto sin la comparecencia
del adjudicatario. Si este último no es llamado al proceso, hay lugar a declarar
oficiosamente la nulidad procesal de lo actuado, con fundamento en la causal fijada
en el artículo 133, numeral 8, del Código General del Proceso (CGP)22.
19 CPACA – Artículo 138, inciso primero: “Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo
amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso
o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. [...]” (Se subraya).
CPACA – Artículo 141, inciso segundo: “Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión
de la actividad contractual, podrán demandarse en los términos de los artículos 137 y 138 de este Código, según
el caso”.
20 “CONTROL DE LEGALIDAD. Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el control de legalidad para
sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar
en las etapas siguientes”.
21 “Cuando se pide la nulidad de un acto de adjudicación por un licitante vencido con pretensiones de
restablecimiento derivadas de esa nulidad y que puedan tener incidencia en el contrato o en los contratos
celebrados debe, en principio, citarse al proceso a los favorecidos con dicha adjudicación, por ser éstos
precisamente los interesados en defender su legalidad, ya que ese acto es para ellos no sólo el fundamento del
contrato o los contratos que celebraron con la Administración, sino de todos los derechos derivados de la
licitación. // La jurisprudencia y la doctrina han visto en estos casos un litisconsorcio pasivo de carácter
necesario, conformado por la entidad pública adjudicante y el adjudicatario o adjudicatarios, según el caso.”:
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 9 de diciembre de
1988. Rad. 3528, 3529 y 3544 acumulados. C.P. Carlos Betancur Jaramillo.
22 “ARTÍCULO 133. CAUSALES DE NULIDAD. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los
siguientes casos: […] 8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda
a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban
ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la
9
Radicación: 08001-23-33-000-2019-000567-01 (70198)
Actor: Didaclibros Ltda.
Demandado: DEIP Barranquilla.
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho
19. Esta postura ha sido sostenida en múltiples ocasiones por la jurisprudencia de
la Sección, bien sea para invalidar el proceso23, reconocer la legitimación en causa
al adjudicatario24 para actuar como litisconsorte necesario de la parte demandada25
o para recurrir las decisiones adoptadas en su contra26. Ahora, cabe añadir que la
jurisprudencia condicionó la conformación del litisconsorcio necesario del
adjudicatario en asuntos en los que se pretenda la nulidad del acto de adjudicación
a que el contrato se encontrase en ejecución al momento de admitir la demanda 27,
postura que fue recogida posteriormente por la Sección28.
20. Ahora bien, como se tratará en profundidad más adelante 29, por las
particularidades del caso concreto, y las características, finalidades y garantías que
ofrece el SECOP, los jueces pueden consultar y valorar los documentos contenidos
en la página de dicho portal electrónico. Allí consta 30 que el contrato núm.
ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de
acuerdo con la ley debió ser citado.
23 Ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Autos del 19 de julio de
2001. Rad. 25000-23-26-000-1994-09963-01(17759). C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros; del 22 de mayo de
2002. Rad. 07001-23-31-000-1997-00670-01(16881). C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; del 28 de mayo
de 2009. Rad. 52001-23-31-000-1997-08814-01(15398). C.P. Ramiro Saavedra Becerra; Subsección B. Autos
del 25 de septiembre de 2014. Rad. 15001-23-31-000-1997-17632-01(33082). C.P. Stella Conto Díaz del
Castillo; y del 10 de noviembre de 2017. Rad. 47001-23-31-000-2002-00713-01(41062). C.P. Ramiro Pazos
Guerrero; y Subsección A. Auto del 27 de enero de 2021. Rad. 25000-23-26-000-2010-00964-01(51408). C.P.
José Roberto Sáchica Méndez.
24 En ese sentido, se expresó que el adjudicatario es un litisconsorte necesario y no un tercero coadyuvante.
Ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del
7 de marzo de 2012. Rad. 54001-23-31-000-1997-02625-01(20745). C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
25 Ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A. Auto del
11 de febrero de 2019. Rad. 25000-23-3-2015-02612-01 (60939). C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
26 Ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 24 de junio
de 2004. Rad. 73001-23-31-000-1997-5365-01(15705). C.P. Ricardo Hoyos Duque.
27 “No ha sido pacífico el debate sobre la naturaleza de la posible relación litisconsorcial existente entre la
entidad pública que adjudica un contrato y el contratista beneficiado, cuando se demande la nulidad del acto de
adjudicación. No se puede establecer una única posición, porque todo dependerá de las circunstancias en que
se desarrolle el litigio. […] Lo anterior bajo el entendido de que existirá un litisconsorcio necesario pasivo entre
la entidad estatal que adelantó el proceso licitatorio que culminó con la celebración del contrato, y el contratista
que lo suscribió, siempre que al momento de admisión de la demanda el contrato se encuentre en ejecución,
porque sólo en este supuesto existe un interés directo y serio del contratista en las resultas del proceso dado
que puede verse perjudicado con la sentencia que declare la nulidad del acto de adjudicación, por cuanto esa
circunstancia se erige en causal de nulidad absoluta del contrato, y le impone a la entidad el deber de terminarlo
unilateralmente. (ley 80/93, art. 44 - 4 y 45)”: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Tercera. Auto del 26 de mayo de 2005. Rad. 19001-23-31-000-1998-00476-01(25341). C.P. Ruth Stella Correa
Palacio. (Se subraya). En sentido análogo, esta Subsección ha indicado: “armonizando los fines que se
persiguen con la citada figura procesal [litisconsorcio necesario], la efectiva realización de los derechos
comprometidos en el juicio, que no son otros que los que se presentan para ser decididos en la sentencia, y la
evidente ausencia de afectación actual y pasada de la inasistencia del contratista al proceso, la falta de
integración del contradictorio en la pasiva, dejó de existir para la fecha en que se profirió el fallo de primera
instancia, y por supuesto en la actualidad, dado que la relación jurídica sustancial que emanaba del contrato,
ya se ha extinguido”: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección
A. Sentencia del 6 de noviembre de 2020. Rad. 41001-23-31-000-2002-01184-01(46975). Así mismo, ver:
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A. Auto del 14 de
septiembre de 2015. Rad. 25000-23-36-000-2013-01437-01(52378). C.P. Hernán Andrade Rincón (E).
28 “Si bien en otras oportunidades la Sala ha sostenido que, únicamente, cuando se demande la nulidad del
acto mediante el cual se adjudicó el contrato, y éste se encuentre en ejecución, la entidad contratante y el
adjudicatario conforman un litisconsorcio necesario, porque sólo en ese supuesto, existe un interés directo y
serio del contratista en las resultas del proceso, dado que puede verse perjudicado con la sentencia que declare
la nulidad del acto de adjudicación, en esta ocasión, la Sala precisa el punto, en el entendido de que siempre
que se demande la nulidad del acto de adjudicación de un contrato, deberá vincularse al proceso a la entidad
adjudicataria de ese contrato.”: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera.
Auto del 7 de diciembre de 2005. Rad. 25000-23-26-000-1997-03891-01(30911). C.P. Alier Eduardo Hernández
Enríquez. En sentido análogo, ver: Auto del 7 de diciembre de 2005. Rad. 76001-23-31-000-1998-00091-
01(27651). C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez y Subsección B. Auto del 3 de diciembre de 2019. Rad.
25000-23-36-000-2016-02143-01(61923). C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
29 Infra. Párr. 35.3. a 35.3.7.
30 Supra, cit. 14.
10
Radicación: 08001-23-33-000-2019-000567-01 (70198)
Actor: Didaclibros Ltda.
Demandado: DEIP Barranquilla.
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho
012019002727, celebrado entre Analytica y el Distrito como resultado de la
adjudicación impugnada, fue liquidado unilateralmente por la entidad contratante
mediante Resolución núm. 086 del 4 de mayo de 202331. En la parte motiva se lee
que, por entonces, la sociedad contratista se encontraba “en liquidación Judicial
según Aviso 2021-02-028528 de la Superintendencia de sociedades”, y que la
entonces agente liquidadora no compareció ni se pronunció sobre el proyecto de
liquidación bilateral del contrato remitido por el Distrito.
21. En la “Baranda Virtual” de la Superintendencia de Sociedades
(Supersociedades)32, puede corroborarse que: (1) mediante el aviso mencionado
por el acto administrativo de liquidación unilateral del contrato, del 3 de diciembre
de 2021, se informó a la ciudadanía que la Intendencia Regional Medellín (IRM) de
la Supersociedades decretó la liquidación judicial de Analytica S.A.S. (NIT:
890.935.513-9) mediante auto del 12 de octubre de 202133; (2) el proceso
liquidatorio de la sociedad Analytica la IRM declaró terminado mediante auto del 18
de diciembre de 202334, y también ordenó a la Cámara de Comercio del domicilio
de la sociedad liquidada la cancelación de la matrícula mercantil y el archivo del
expediente; (3) en cumplimiento de la decisión, la IRM comunicó el auto a la Cámara
de Comercio de Medellín, mediante oficio del 17 de enero de 2024 35, advirtiendo
que con la anotación se extinguiría la personería jurídica de la sociedad, conforme
al artículo 63 de la Ley 1116 de 200636. Al ser consultado el sitio web de la Cámara
de Comercio de Medellín, se generó el siguiente certificado de cancelación37:
22. A partir de lo expuesto cabe colegir que, si bien el remedio procesal indicado
para eventos en los que el adjudicatario no es notificado, citado o emplazado como
litisconsorte de la entidad demandada cuando se cuestiona la validez del acto de
31 Documento “ACTA DE LIQUIDACIÓN UNILATERAL - 012019002727 ANALITYCA (FIRMADO”, publicado en
el SECOP.
32 https://servicios.supersociedades.gov.co/barandaVirtual/#!/app/dashboard
33 Rad. 2021-02-024898
34 Rad. 2023-02-019508
35 Rad. 2024-02-000608
36 “ARTÍCULO 63. TERMINACIÓN. El proceso de liquidación judicial terminará: // 1. Ejecutoriada la providencia
de adjudicación. // 2. Por la celebración de un acuerdo de reorganización. // Cumplido lo anterior, dispondrá el
archivo del expediente, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que proceda contra el deudor, los
administradores, socios y el liquidador, y ordenará la inscripción de la providencia en el registro mercantil o en
el que corresponda. La anotación indicada extinguirá la persona jurídica de la deudora.”
37 Cuya autenticidad puede consultarse a través de la página web:
https://virtuales.camaramedellin.com.co/CertificadosElectronicos/#!/
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Radicación: 08001-23-33-000-2019-000567-01 (70198)
Actor: Didaclibros Ltda.
Demandado: DEIP Barranquilla.
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho
adjudicación es declarar la nulidad procesal correspondiente, incluso si el contrato
fue liquidado, en este caso concreto, una decisión que invalide lo actuado hasta el
momento iría en contra del principio de trascendencia que rige las nulidades
procesales el cual “impone que el defecto menoscabe los derechos de los sujetos
procesales, por atentar contra sus garantías o cercenarlas”38.
23. En efecto, una medida judicial como la que expresa la pauta jurisprudencial que
sanciona con nulidad procesal la omisión de vinculación del adjudicatario es, en este
caso, o bajo el sub lite, irrazonable e innecesaria39, porque a partir de los registros
públicos y los sistemas de información electrónicos y de acceso público, está
demostrado que la sociedad mercantil adjudicataria fue liquidada y su personería
jurídica fue extinguida, por lo tanto, no puede ser sujeto de derechos ni de
obligaciones, y carece de capacidad para obrar directamente o a través de su
liquidador como litisconsorte en este proceso judicial40. Al no existir un sujeto de
derechos que, al momento de adoptar esta providencia, vea cercenadas sus
garantías procesales por la adopción de este fallo sin su vinculación, se concluye
que no hay lugar a declarar la nulidad procesal por este motivo.
La incidencia de la decisión sobre la no presentación de los alegatos de
conclusión
24. El Tribunal no tuvo en cuenta los alegatos de conclusión presentados por el
demandante en primera instancia. En su impugnación, el apelante sugirió que de
ello surgieron irregularidades susceptibles de control por parte de esta Corporación.
25. La Ley 2080 de 2021, vigente para la fecha en que el Tribunal de primera
instancia dictó sentencia anticipada, en su artículo 42 (adiciona el artículo 182A al
CPACA) establece que, una vez proferida la decisión de adecuar el trámite para
proferir el pronunciamiento anticipado, se corre traslado para alegar de conclusión
conforme al inciso final del artículo 181 del CPACA, que dispone el término de diez
(10) días contados a partir del día hábil siguiente al de la desfijación del estado para
la presentación de los argumentos de cierre41.
38 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia SC280 del 20 de febrero de 2018. M.P. Aroldo
Wilson Quiroz Monsalvo.
39 CGP: “ARTÍCULO 11. INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES. Al interpretar la ley procesal el
juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos
por la ley sustancial. Las dudas que surjan en la interpretación de las normas del presente código deberán
aclararse mediante la aplicación de los principios constitucionales y generales del derecho procesal
garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los demás
derechos constitucionales fundamentales. El juez se abstendrá de exigir y de cumplir formalidades
innecesarias.” (Se subraya).
40 Según la Sección Cuarta de esta Corporación: “una sociedad liquidada no es sujeto de derechos y
obligaciones y por tratarse de una persona jurídica que ya no existe, tampoco puede demandar ni ser
demandada. Por la misma razón, el liquidador no tiene su representación legal ni pueden exigírsele a este el
cumplimiento de las obligaciones a cargo de la sociedad liquidada.”: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 23 de abril de 2015. Rad. 25000-23-27-000-2012-00378-01
(20688). C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
41 “… la notificación por estado no puede asimilarse a una notificación electrónica, pues si bien el precitado
artículo 201 dispone que se enviará un mensaje de datos al canal digital de los sujetos procesales, tal actuación
se limita a comunicar a las partes sobre la existencia de la notificación por estado, pues la providencia se
encuentra inserta en el estado fijado virtualmente en la página web de la autoridad judicial. Lo anterior incide en
la contabilización de los respectivos términos procesales, pues los mismos empezarán a correr al día hábil
siguiente a la desfijación del estado.”: Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto
de unificación jurisprudencial del 29 de noviembre de 2022. Rad. 68001-23-33-000-2013-00735-02 (68177).
C.P. Stella Jeanette Carvajal Basto.
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Radicación: 08001-23-33-000-2019-000567-01 (70198)
Actor: Didaclibros Ltda.
Demandado: DEIP Barranquilla.
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho
26. En este caso, el auto del 9 de febrero de 2022 fue notificado mediante estado
del día siguiente (10 de febrero de 2022), y el término para alegar concluyó el 24 de
febrero de 2022. El demandante presentó su escrito de argumentación en esta
última fecha42, motivo por el que esta intervención, en realidad, fue oportuna.
27. Ahora, vistos los alegatos de conclusión, observa esta Sala que estos abordan
los argumentos centrales planteados en la demanda, de manera idéntica, y fueron
resueltos en la sentencia de primera instancia de esta manera:
Tema Demanda Alegatos Sentencia de primera
instancia
Presentación “ANALYTICA S.A.S. ANALYTICA S.A.S. “…una vez revisada la FICHA
del mismo en su propuesta en su propuesta TÉCNICA DE ELEMENTOS
producto en técnica el mismo técnica el mismo PARA DOTACIÓN DE SALA
ítems 18 y 19 brazo del ítem 18 brazo del ítem 18 DE SIMULACIÓN SALUD,
cuya única diferencia cuya única diferencia visible a folio 57 en adelante,
es el color de piel, es el color de piel, cotejados los ítems 18 y 19, se
siendo en ambos siendo en ambos puede establecer que, pese a
casos masculino. Las casos masculino. Las que cuenten con un nombre
referencias que referencias que diferente, vale decir, Simulador
presentaron […] solo presentaron […] solo Brazo Venopunción Mujer y
cambian por el color y cambian por el color y Simulador Brazo Venopunción
no por el género no por el género Hombre, en su finalidad y
desatendiendo lo desatendiendo lo especificación técnica mínima a
exigido por los exigido por los definir, la única diferencia
pliegos de pliegos de efectivamente es que la
condiciones y la condiciones y la denominada “mujer”, cuenta
claridad dada por el claridad dada por el con la característica adicional
Distrito ante una Distrito ante una de “muñeca y dedos flexibles”.
observación observación En tal orden de ideas, se
presentada […] La presentada […] La encuentra que, pese a que la
respuesta del Distrito respuesta del Distrito sociedad demandada
expresamente expresamente presentara en su oferta el
advirtió que se trata advirtió que se trata mismo producto, situación que
de dos productos de dos productos no se puede comprobar como
diferentes uno de diferentes uno de líneas considerativas previas se
género masculino y género masculino y dejó dicho, en gracia de
otro de género otro de género discusión de aceptar como
femenino”. femenino”. (Alegatos: cierto que dicho ofrecimiento
(Demanda: p. 10 y p. 4) hubiera sido por el mismo
11, archivo pdf) producto para ambos ítems, lo
cierto es que según lo
informado por el pliego de
condiciones y las
características mínimas que
exige el mismo, estos, los
requisitos, se contraen a
condiciones de cumplimiento y
habilitantes, con lo cual siempre
que se mantenga la misma
naturaleza del producto, y este
cuente con lo demandado de
parte de la entidad directora del
proceso de selección de oferta,
se coincide en que, no existe
óbice para que se ofrezca un
producto con mejores
condiciones siendo estas
42 En expediente digital (índice SAMAI núm. 0002) archivo “ED_0091CORREO_2019(.pdf)” (En adelante,
alegatos).
13
Radicación: 08001-23-33-000-2019-000567-01 (70198)
Actor: Didaclibros Ltda.
Demandado: DEIP Barranquilla.
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho
adicionales, y siempre que
cumpla con todas las mínimas
que se solicitaron como en
efecto se dio para ambos,
según enseña la
documentación que calificó las
ofertas. Por ello, este
argumento a juicio de la Sala no
tiene vocación de prosperidad”.
Presentación “ANALYTICA S.A.S. “ANALYTICA S.A.S. “En lo que tiene que ver con los
de los ítems 31 en su propuesta en su propuesta denominados ítems 31 y 33,
y 33 técnica ofreció para técnica ofreció para existe una clara imposibilidad
el ítem 31 un el ítem 31 un de calificar la falta o no a la
producto que no producto que no verdad de los que resultaron
cumple con la función cumple con la función seleccionados, pues dentro del
de ruidos para de ruidos para plenario la referida propuesta
auscultación auscultación de ANALYTICA S.A.S., no se
cardiaca, conforme a cardiaca, conforme a encuentra en su totalidad, lo
la misma certificación la misma certificación que hace de entrada no viable
presentada por presentada por los cargos que en este respecto
Didaclibros Ltda. Didaclibros Ltda. se presentaron, pese a las
Distribuidor Exclusivo Distribuidor Exclusivo afirmaciones que hicieran quien
del fabricante Laerdal del fabricante Laerdal afirman [sic] ser los
Med. Corp. y Med. Corp. y representantes dentro de
expedida por esta y expedida por esta y Colombia y con exclusividad de
anexa como prueba anexa como prueba comercialización de los
en este proceso…” en este proceso…” productos, para los fabricantes
(Demanda, p. 12 (Alegatos, p. 6) de los productos que se afirman
archivo pdf) fueron los ofertados.
“ANALYTICA S.A.S.
“ANALYTICA S.A.S. en su propuesta Ahora bien, sin perjuicio del
en su propuesta técnica ofreció para argumento anterior, debe
técnica ofreció para el ítem 31 [sic] un sentar la Sala que, pese a que
el ítem 31 [sic] un producto que no se allega de parte de la
producto que no cumple con las sociedad actora, una
cumple con las condiciones técnicas certificación de quien afirma ser
condiciones técnicas exigidas por: (i) ser el representante legal de la
exigidas por: (i) ser un producto de regional del fabricante, esto no
un producto de fisiología del deporte viene a ser plena prueba de que
fisiología del deporte (ambiente de el producto en cuestión no
(ambiente de ejercicio); (ii) No exista, pues el mismo en la
ejercicio); (ii) No suministra datos de medida de la oferta puede ser
suministra datos de electrooculografía; modificado, tomado
electrooculografía; (iii) No suministra parcialmente y asumiendo el
(iii) No suministra datos de oferente dicha modificación,
datos de electroencefalografía aún si con ello se transgrede
electroencefalografía (desempeño normativas de otra estirpe como
(desempeño cerebral) y (iv) No patentes y demás, por lo que
cerebral) y (iv) No suministra datos de los fundamentos que este
suministra datos de electrocardiografía y específico resorte, aún estarían
electrocardiografía y software destinado a llamados a no ser prósperos”.
software destinado a la enseñanza, es
la enseñanza, es decir, con variables
decir, con variables (sujeto en reposo)”.
(sujeto en reposo)”. (Alegatos, p. 7)
(Demanda, p. 12,
archivo pdf)
“Lo observado en su
“ANALYTICA S.A.S. momento al Distrito
para el ítem 33 armó de Barranquilla fue
una ficha técnica que ANALYTICA
inexistente en el S.A.S. para el ítem 33
mercado” (Demanda, compuso una ficha
p. 12, archivo pdf.) técnica inexistente en
el mercado…”
(Alegatos, p. 7)
14
Radicación: 08001-23-33-000-2019-000567-01 (70198)
Actor: Didaclibros Ltda.
Demandado: DEIP Barranquilla.
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho
Calificación de “2.9. En el “Como conclusión de “…en lo tocante a la calificación
la propuesta mencionado anexo 6, la evaluación por parte de la entidad
de Didaclibros el Distrito de efectuada por el demandada en este trámite,
Barranquilla Distrito de dentro del procedimiento de
estableció como Barranquilla es que selección abreviada, en el
obligaciones no se otorga el específico tema del
generales del máximo puntaje a mi otorgamiento de la puntuación
Contratista. poderdante por no por garantía adicional a la
“manifestar” la mínima requerida de 12 meses,
[…] 2.48 La palabra encuentra el Tribunal que, si
respuesta del Comité “ADICIONAL”, bien efectivamente la oferente
Evaluador constituye desconociendo la informa el número de años de
una violación a la Ley intención clara y su garantía en un documento
de contratación y al expresa que esta aparte dentro del oficio
pliego de garantía es denominado Garantía, y que
condiciones, complementaria a la previamente había hecho una
estableciendo que todos los salvedad de que se
requisitos adicionales proponentes debían comprometía con la mínima
por fuera de la ley al aceptar con la firma requerida, por la forma como
proceso que son los del anexo 6. En quedó redactado el oficio
pliegos de derecho conocida fechado 31 de enero de 2019,
condiciones. claramente la en la que solo expone un
intención de la norma número de años de la garantía,
2.49 Nunca el pliego o de la obligación, no era posible predicar a juicio
de condiciones debe estarse a ella de este colegiado que este
estableció que debía más que a lo literal de número de años se presenta
incorporarse la las palabras. Si existe como uno que fuera adicional al
palabra “adicional” al un documento mínimo requerido, pues en el
ofrecimiento de la separado del anexo 6 mismo se hace una afirmación
garantía como factor -en la que se obliga a sin ningún tipo de aclaración o
de evaluación. dar la garantía indicio siquiera, que informara
mínima exigida- es que este era adicional al
2.50 La exigencia de diáfana la intención mínimo requerido y
la palabra adicional del proponente que si comprometido, por lo que, no
en la propuesta de extendía su garantía podría ahora predicarse que
garantía constituye en cuatro años más. desde un principio lo dispuso
fue [sic] una decisión como adicional.
discrecional que El comité evaluador
constituye violación al exigir la palabra Bajo ese entendido, no se
al debido proceso, adicional al encuentra que debiera
principio de selección ofrecimiento de la calificarse en este específico
objetiva y una acción garantía desbordó su requisito con 200 puntos, sino
por fuera de la ley competencia con 150 como en efecto lo hizo
contractual (pliegos violando la ley la entidad, al entender por el
de condiciones). contractual como son uso natural del lenguaje, que
las normas de precisamente es para las partes
2.51 DIDACLIBROS contratación y que participan en este tipo de
no fue el único anticorrupción, así procedimiento reglado (artículo
proponente que en su como, las reglas Ley 1150 de 2007), un
propuesta de establecidas en los parámetro de objetividad, con lo
extensión de garantía pliegos de que se agotan los cargos de
no incluyó la palabra condiciones” nulidad propuestos, que dicho
“adicional”. (Alegatos, p. 14). sea de paso, no logran
derrumbar la presunción de
2.52. El Comité legalidad del acto administrativo
evaluador debió aquí enjuiciado.
asignar doscientos
puntos (200) a la En este orden de ideas, la
propuesta respuesta al interrogante
DIDACLIBRIOS por jurídico planteado es un NO, no
garantía adicional de debe reajustarse el puntaje
cuatro (4) años. señalado en la actuación objeto
de debate, pues los mismos
2.53 Con los encuentran consonancia con
doscientos puntos a los parámetros del concurso, en
15
Radicación: 08001-23-33-000-2019-000567-01 (70198)
Actor: Didaclibros Ltda.
Demandado: DEIP Barranquilla.
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho
que tenía derecho tanto no se logra demostrar
DIDACLIBROS el ninguna de los cargos de
puntaje final de la nulidad formulados”. (Negrillas
propuesta de originales del fallo).
DIDACLIBROS debió
ser de
NOVECIENTOS
NOVENTA Y TRES
PUNTOS (993).
2.54 Con el puntaje
de NOVECIENTOS
NOVENTA Y TRES
PUNTOS
DIDACLIBROS
obtenía el primer
lugar siendo la mejor
propuesta a la que la
Alcaldía de
Barranquilla debió
adjudicar la
Selección Abreviada
SA-002-2019”.
(Demanda, p. 17).
28. A partir de lo expuesto, cabe concluir que el hecho de no apreciar los alegatos
de conclusión de primera instancia no comporta un yerro trascendental para
cuestionar la validez de lo actuado en juicio, toda vez que los cargos de la demanda,
análogamente consignados en el escrito de cierre, sí fueron considerados y
resueltos en la sentencia de primer grado y lo serán en la segunda instancia en
aquellos aspectos vinculados al recurso de apelación, y siempre que hagan parte
de la causa petendi planteada en juicio.
29. En ese sentido, en sus alegatos de conclusión, el demandante formuló otra serie
de argumentos que no fueron propuestos en su escrito de demanda:
29.1. Respecto de la inclusión del mismo producto en los ítems 18 y 19, adujo
que, a pesar de las observaciones elevadas al Distrito, este “hizo caso omiso
y validó ilegalmente un producto que no cumplía con las condiciones
establecidos por el mismo contratante, beneficiando al proponente
ANALYTICA S.A.S., con evidente desviación de poder”43.
29.2. Sobre los tres ítems que, a juicio del demandante, no fueron cumplidos,
consignó en sus alegaciones que el Distrito no había conferido “libertad para
que los oferentes presentaran ítems alternativos; por el contrario, en el pliego
expresamente quedó que debían presentar las fichas conforme a los
requerimientos"44.
29.3. En cuanto al producto presentado por la adjudicataria para el ítem 33,
afirmó que la composición de “una ficha técnica inexistente”45 se vio reflejada
en la “realidad contractual”, porque el plazo de ejecución “se extendió por
43 Alegatos, p. 5.
44 Ibíd. p. 15.
45 Ibíd. p. 7-8.
16
Radicación: 08001-23-33-000-2019-000567-01 (70198)
Actor: Didaclibros Ltda.
Demandado: DEIP Barranquilla.
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho
nueve meses, es decir hasta el 30 de noviembre de 2019”46, circunstancia
que, a su juicio, contravino el pliego de condiciones, en el anexo 6, que
contempló la obligación del contratista de garantizar la disponibilidad
inmediata de los productos ofertados.
30. Entonces, con relación a la desviación de poder como cargo nuevo y a los demás
argumentos novedosos que plasmó el demandante en los alegatos de conclusión,
no podían ser evaluados por el Tribunal, ni pueden tenerse en cuenta en esta
segunda instancia de estar insertados en el recurso, toda vez que la etapa para
presentar las apreciaciones finales que sugieran al juzgador la solución del conflicto
a partir de los medios probatorios aportados no podía emplearse para sorprender a
la contraparte con razonamientos que no pudieron controvertirse en la oportunidad
diseñada para tal efecto47.
31. Por todo lo anterior, la Sala concluye que ninguna de las dos circunstancias
advertidas anteriormente, esto es, que la extinta Analytica no haya sido vinculada al
proceso y que el Tribunal haya omitido apreciar los alegatos de conclusión
oportunamente presentados en primera instancia, impide proferir una decisión de
mérito.
Problemas jurídicos
32. A partir de los argumentos de la apelación planteados oportunamente por el
demandante, los problemas jurídicos que demarca el objeto del conocimiento de
esta Sala en segunda instancia, y deberán solucionarse para decidir el fondo del
asunto, son los siguientes:
32.1. General: ¿Con la Resolución núm. 056 del 26 de febrero de 201948, el Distrito
incurrió en falsa motivación por las supuestas irregularidades endilgadas por el
demandante, a saber, la incorrecta calificación de la propuesta de Didaclibros y la
adjudicación a un proponente que no cumplía con las condiciones técnicas
plasmadas en el pliego de condiciones?
32.2. Específicos:
46 Ibíd.
47 Sobre el tema, esta Subsección ha sostenido que “no resulta admisible que la entidad demandada intente
incluir esos argumentos de defensa en los alegatos de conclusión de primera instancia y, posteriormente, en el
recurso de apelación, con el fin de que fueran estudiados por esta Subsección al resolver la impugnación
formulada contra la sentencia de primera instancia. Es claro que se trata de un aspecto decidido oportunamente
en la audiencia inicial, que fue una etapa precluida en el proceso, por lo que, no es viable pretender revivirla en
los alegatos de conclusión. // Al respecto, debe decirse que los alegatos de conclusión constituyen la
oportunidad procesal otorgada a las partes para que, si así lo desean, manifiesten sus impresiones respecto de
lo ocurrido en el trasegar de cada una de las instancias, de conformidad con lo acreditado a través de las
pruebas recaudadas en la etapa procesal respectiva y no para suplir los aspectos que no fueron puestos de
presente de manera oportuna, además de constituir un aspecto sobre el cual la contraparte no tendría la
oportunidad de pronunciarse, ni oponerse, lo que comprometería su derecho de contradicción y el debido
proceso.// Con fundamento en los argumentos esbozados, la Sala se abstendrá de pronunciarse sobre las
excepciones incluidas extemporáneamente en los alegatos de conclusión de primera instancia presentados por
la parte demandada.”: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección
A. Sentencia del 22 de agosto de 2023. Rad. 25000-23-36-000-2013-01375-02 (60146). C.P. Martha Nubia
Velásquez Rico.
48 Págs. 492-493, archivo pdf.
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Radicación: 08001-23-33-000-2019-000567-01 (70198)
Actor: Didaclibros Ltda.
Demandado: DEIP Barranquilla.
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho
32.2.1. ¿Analytica no satisfizo los requisitos habilitantes, porque ofreció productos
que no cumplían con lo dispuesto en las especificaciones técnicas de los productos
que hacían parte de los ítems 19, 31 y 33 del pliego de condiciones?
32.2.2. ¿La propuesta presentada por Didaclibros fue incorrectamente calificada en
cuanto al factor de evaluación del ofrecimiento de garantía adicional?
Análisis de los cargos en contra del acto de adjudicación
33. Para solucionar el problema jurídico general anteriormente planteado, es
importante reiterar49 que quien impugna ante los jueces un acto administrativo de
adjudicación debe emprender exitosamente una doble labor probatoria que consiste
en demostrar la infracción del ordenamiento jurídico por parte del acto; y que la
oferta de contrato presentada por la demandante era la más favorable para la
entidad pública adjudicadora, lo que implica cumplir con todos los requisitos de
habilitación y los factores de ponderación previstos en el documento
precontractual50, y así demostrar la satisfacción de “la totalidad de los requisitos
legales y de los contemplados en el respectivo pliego de condiciones, que es la ley
del proceso de selección y materializa los criterios que informan el deber de
selección objetiva”51.
34. La labor probatoria que acaba de describirse es planteada por la demandante
de la siguiente manera: (1) Al alegar que Analytica ofreció productos que no
cumplían con lo dispuesto en los ítems 19, 31 y 33 del anexo técnico al pliego de
condiciones que reglamentó la selección abreviada promovida por el Distrito la
actora aduce que la Resolución núm. 056 del 26 de febrero de 2019 52 fue contraria
a derecho, por violación de normas superiores y falsa motivación, toda vez que la
oferta de esta proponente adjudicataria debió ser rechazada, siendo su propuesta
la llamada a obtener la adjudicación. (2) Mediante el cuestionamiento de la
calificación de su propia oferta, porque la entidad debió concederle 200 puntos por
garantía máxima adicional, Didaclibros manifiesta que la suya debía quedar en el
primer orden de elegibilidad de las propuestas. Así, ambas aristas del litigio merecen
ser tratadas por separado, no sin antes analizar si es procedente analizar los
documentos contenidos en la página web del SECOP, correspondiente a la
selección abreviada que resultó en la adjudicación impugnada.
Admisibilidad de los documentos publicados en el SECOP
49 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencias del 19 de
septiembre de 1994. Rad. 8071. C.P. Carlos Betancur Jaramillo; del 13 de mayo de 1996. Rad. 9474. C.P. Juan
de Dios Montes Hernández; del 3 de mayo de 1999. Rad. 12344. C.P. Daniel Suárez Hernández; del 26 de abril
de 2006. Rad. 66001-23-31-000-1997-03637-01(16041). C.P. Ruth Stella Correa Palacio; y de la Subsección A.
Sentencias del 10 de diciembre de 2018. Rad. 76001-23-31-000-2001-02942-01(39066). C.P. Carlos Alberto
Zambrano Barrera; del 13 de agosto de 2020. Rad. 19001-23-31-000-2008-10299-01(46204). C.P. María
Adriana Marín: y del 5 de febrero de 2021. Rad. 13001233100020080012102 (61220). C.P. José Roberto
Sáchica Méndez.
50 Conforme al artículo 30, numeral 6, de la Ley 80 de 1993, las “propuestas deben referirse y sujetarse a todos
y cada uno de los puntos contenidos en el pliego de condiciones”.
51 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del
12 de noviembre de 2014. Rad. 25000232600020020160601 (29855). C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
52 Fls. 492-493, archivo pdf.
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Radicación: 08001-23-33-000-2019-000567-01 (70198)
Actor: Didaclibros Ltda.
Demandado: DEIP Barranquilla.
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho
35. El Tribunal centró buena parte de su análisis sobre la habilitación de la
adjudicataria en explicar que, dada la incorporación incompleta de la propuesta
hecha por Analytica53, en particular de las especificaciones técnicas de los
productos ofrecidos en los ítems 19, 31 y 33, la demandante no satisfizo su carga
probatoria, y sus pretensiones no estaban llamadas a prosperar. La apelante objeta
este aparte del razonamiento porque, a su juicio: (1) la decisión de primera instancia
ignora que la entidad demandada no contestó la demanda por lo que debían
generarse los efectos dispuestos en la normatividad procesal; (2) en cualquier caso,
debía fallarse con los elementos que, según el mismo Tribunal, obraron en el
expediente, y que no tuvieron oposición de la demandada; y (3) si no estaba
completa la oferta de la sociedad adjudicataria, el juzgador debía acudir al sitio del
proceso que está en el SECOP, citado en la demanda.
35.1. En relación con la primera de las refutaciones formuladas por el apelante en
relación con la falta de pruebas que advierte el fallo, si bien es cierto que el Distrito
no contestó la demanda, dicha circunstancia no produce los efectos echados de
menos por la parte actora, toda vez que la omisión de respuesta a lo planteado por
la demanda, que conforme al CGP provoca la presunción de veracidad y
certidumbre de los hechos que sean susceptibles de confesión54, no tiene los
mismos efectos para las entidades públicas, cuyos representantes legales tienen
vedado confesar y, por lo tanto, hacen que el medio probatorio de la confesión sea
inadmisible55.
35.2. Ahora, sobre el segundo de los motivos expresados, la apelante arguye que
el fallo contradice al auto del 9 de febrero de 2022, que ordenó ajustar el trámite del
proceso para proferir sentencia anticipada, porque, al pronunciarse sobre las
pruebas, el despacho sustanciador aludió a la copia de la propuesta tal como la
enunció el demandante. Este argumento no es de recibo toda vez que, al decidir
tener como pruebas dentro del proceso “las allegadas por la parte actora con la
demanda”56, la autoridad judicial refirió al documento aportado en esa oportunidad
53 En el elemento allegado, que consta de 139 páginas (f. 878-1017, archivo pdf.), únicamente obran los
siguientes documentos de la propuesta de Analytica: la carta de presentación de la propuesta, el certificado de
existencia y representación legal de Analytica, la copia de la cédula del representante legal, el registro único de
proponentes y el registro único tributario de Analytica, la vigencia de la propuesta presentada, los certificados
del representante legal de no incurrir en causales de inhabilidad o incompatibilidad, de cumplimiento del pago
de parafiscales, de antecedentes disciplinarios, sanciones e inhabilidades, responsabilidad fiscal, antecedentes
judiciales, la garantía de seriedad de la oferta, el balance general de Analytica, y los anexos núm. 2 (compromiso
anticorrupción) y 4 (capacidad financiera y organizacional) diligenciados. De acuerdo con la carta de
presentación de la propuesta de Analytica, esta constaba de 353 páginas, por lo faltaron 214 para que fuera
incorporada completamente al plenario.
54 CGP – Artículo 97, inciso primero: “FALTA DE CONTESTACIÓN O CONTESTACIÓN DEFICIENTE DE LA
DEMANDA. La falta de contestación de la demanda o de pronunciamiento expreso sobre los hechos y
pretensiones de ella, o las afirmaciones o negaciones contrarias a la realidad, harán presumir ciertos los hechos
susceptibles de confesión contenidos en la demanda, salvo que la ley le atribuya otro efecto”.
55 CPACA – Artículo 217; CGP – Artículo 195. En relación con el tema, esta Sala ha expresado: “se debe tener
en cuenta que la facultad de comprometer el interés público y el patrimonio del Estado no puede fundarse
exclusivamente en la adopción de conductas procesales de la entidad pública (activas u omisivas), salvo
disposición expresa en contrario, pues de otro modo se socavarían las bases de la competencia de la
Administración y el principio de legalidad”: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Tercera – Subsección A. Sentencia del 23 de abril de 2021. Rad. 25000-23-26-000-2010-00678-01(48860). C.P.
José Roberto Sáchica Méndez. Además, ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Tercera – Subsección B. Sentencia del 14 de septiembre de 2017. Rad. 25000-23-26-000-2006-01985-
01(38175). C.P. Danilo Rojas Betancourth; y Subsección C. Sentencia del 1° de noviembre de 2023. Rad.
25000-23-26-000-2005-02401-01 (43611). C.P. José Roberto Sáchica Méndez (E).
56 Numeral tercero del auto del 9 de febrero de 2022.
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Radicación: 08001-23-33-000-2019-000567-01 (70198)
Actor: Didaclibros Ltda.
Demandado: DEIP Barranquilla.
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho
probatoria, con la extensión e información allí contenida57. Ningún aparte de la
decisión alude a que este elemento haya sido allegado en su totalidad, aspecto que
escapa al análisis del juzgador en dicha etapa, destinada a la solicitud de
incorporación de los documentos aportados con la demanda para su decreto
probatorio, y de esta forma sean tenidos en cuenta por el juzgador dentro del
proceso. Más bien, era interés del demandante lograr que el medio de convicción
que aportó fuera reconocido desde esa fase del proceso, y cumpliera con
la idoneidad y suficiencia que le impone probar el hecho alegado para la
prosperidad de sus pretensiones.
35.3. En relación con el tercer argumento de este acápite de la apelación, que
sugiere incorporar los elementos que obren en el SECOP I para acceder a aquellos
documentos necesarios para adoptar una decisión de fondo sobre las pretensiones
de la demanda, es de advertir que el a quo, al pronunciarse sobre las pruebas
aportadas por el demandante, el auto del 9 de diciembre de 2022 guardó silencio
respecto de aquellas pruebas documentales que se encuentran alojadas en el
mencionado sistema electrónico, pese a que la demandante menciona el link de la
página web del proceso dentro de las pruebas documentales que pretendía hacer
valer en el juicio. Esa decisión no fue objeto de recursos, ni de solicitudes de
aclaración o enmienda, por lo que quedó en firme.
35.3.1. A este respecto, podría advertirse que estos documentos electrónicos, en
particular el ofrecimiento de la adjudicataria publicado en el SECOP,
necesariamente debían ser aportados y/o admitidos al proceso en las oportunidades
que el ordenamiento procesal prevé para ello, conforme lo ordena el artículo 173
del CGP58. Sin embargo, es necesario advertir que el Tribunal, en el auto del 9 de
diciembre de 202259, aunque no haya analizado en profundidad la mención del link
que dirige a la página del SECOP en la demanda, sí decretó todas las pruebas que
la parte actora allegó en su escrito60, incluyendo las contenidas en esa dirección
electrónica. Una lectura distinta, que excluya estos elementos del análisis probatorio
de este asunto no atendería a sus particularidades y, por otra parte, iría en contra
de la finalidad misma del SECOP61 como mecanismo en el que toda la ciudadanía,
los servidores públicos, organismos de control y funcionarios judiciales pueden
conocer los soportes de la actividad contractual de las entidades del Estado, sin
necesidad de trámites adicionales, ni trabas procedimentales que impidan el libre
acceso a esta fuente de información, incluso en el marco de los procesos
57 Supra. Cit. 49.
58 “ARTÍCULO 173. OPORTUNIDADES PROBATORIAS. Para que sean apreciadas por el juez las pruebas
deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados
para ello en este código. // En la providencia que resuelva sobre las solicitudes de pruebas formuladas por las
partes, el juez deberá pronunciarse expresamente sobre la admisión de los documentos y demás pruebas que
estas hayan aportado. El juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que, directamente o por medio
de derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la petición no hubiese
sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente”.
59 Supra. Cit. 4.
60 Supra, párr. 8.
61 “De manera que, el fin del Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP- es disponer de las
funcionalidad tecnológicas para realizar procesos de contratación electrónicos, servir como punto único de
ingreso de información y generación de reportes para las entidades estatales y la ciudadanía, contar con la
información oficial de la contratación realizada, integrar el Registro Único Empresarial de las Cámaras de
Comercio, el Diario Único de Contratación Estatal y los demás sistemas que involucren la gestión contractual
pública, entre otros.”: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 25 de mayo de 2017. Rad. 08001-23-33-006-2016-00291-01(PI). C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
20
Radicación: 08001-23-33-000-2019-000567-01 (70198)
Actor: Didaclibros Ltda.
Demandado: DEIP Barranquilla.
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho
judiciales62, como lo ha hecho esta Sala de Subsección en oportunidades
anteriores63.
35.3.2. Además, en el presente caso la carga de la prueba se halla matizada en
virtud del deber de las entidades demandadas de “allegar el expediente
administrativo que contenga los antecedentes de la actuación objeto del proceso y
que se encuentren en su poder” establecido en el parágrafo primero del artículo 175
del CPACA. Como la demandada no atendió este mandato, la Sala está habilitada
para acudir a los medios electrónicos de divulgación masiva de la información de
los procesos contractuales de las entidades públicas, particularmente al SECOP
que posee algunas de las piezas más importantes del expediente administrativo
precontractual necesario para fallar.
35.3.3. A su vez, con la implementación de estos sistemas de información, la
distribución de las cargas probatorias varía, en tanto el acceso a estos documentos
es libre no solo para las partes o el juzgador sino para cualquier ciudadano. En un
asunto análogo, la Subsección planteó lo siguiente:
“La solución expuesta para el asunto sub lite amerita una consideración sobre la
distribución de la carga de la prueba entre las partes del proceso precontractual,
teniendo en cuenta que el procedimiento de contratación que ahora se estudia, se
adelantó entre octubre y diciembre del año 2000, época para la cual la información
pública de dichos procesos era exigua, máxime cuando el procedimiento de
contratación se desarrollaba a través de la figura del encargo fiduciario, mediante
una clase de contrato fiduciario que no aparece especificado en las pruebas que
obran en el proceso; empero, se puede observar que la ejecución de dichos
contratos, para esa época, no estaba sometida al reporte del procedimiento
contractual previo en el sistema de información y vigilancia de la contratación estatal,
en aquel entonces denominado SICE64.
Con lo anterior, se quiere significar que no existiendo sistemas de publicidad para
los documentos del proceso, la carga de la prueba estaba radicada básicamente en
las partes y cada una dependía de lo que estaba en sus archivos y, ambas, de lo
que se encontraba en poder de la fiduciaria que instrumentó el procedimiento de la
respectiva contratación”65. (Se subraya)
35.3.4. Ahora, desde la exposición de motivos del proyecto de ley66 que dio origen
al artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, en el que se dispuso su creación y
62 En ese sentido, la Subsección B de la Sección Tercera negó una petición probatoria de inspección judicial al
SECOP en el marco de una acción instaurada en el medio de control de nulidad simple con el argumento de
que la inspección judicial es una prueba judicial que es procedente cuando “no sea posible hacer uso de los
documentos, y que, este no es el caso, dado que era completamente viable, que la parte allegara los
documentos ya señalados, se negará la prueba solicitada por improcedente”. No obstante, a renglón seguido,
el pronunciamiento precisa que: “La negativa de esta prueba como “inspección judicial” no obsta para que la
Sala, de considerarlo necesario para adoptar la decisión que resuelva el fondo del asunto, ingrese al portal
SECOP “Sistema Electrónico para la Contratación Pública” cuyo fin es dar publicidad de los documentos del
proceso contractual.”: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección
B. Auto del 8 de junio de 2021. Rad. 11001-03-26-000-2014-00194-00(52923)B. C.P. Alberto Montaña Plata.
(Subrayas ajenas al original de la providencia).
63 Ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A. Sentencia
del 10 de septiembre de 2020. Rad. 25000-23-26-000-2009-01062-01(44804). C.P. María Adriana Marín.
64 “Creado por la Ley 598 de julio 18 de 2000. A partir de la Ley 1150 de 2007 se desarrollaron los sistemas de
publicidad a través del SECOP, con alcance sobre los documentos del proceso de contratación, desde la etapa
de planeación del contrato hasta su liquidación.” (Cita original del fallo, núm. 28)
65 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del
19 de julio de 2017. Rad. 13001-23-31-002-2001-01002-01(51365). C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
66 En ese sentido, según la exposición de motivos (en: Gaceta del Congreso núm. 458 del 1° de agosto de 2005)
21
Radicación: 08001-23-33-000-2019-000567-01 (70198)
Actor: Didaclibros Ltda.
Demandado: DEIP Barranquilla.
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho
acoplamiento con la normatividad vigente en materia de documentos electrónicos y
mensajes de datos67, el SECOP fue concebido como una expresión concreta de
múltiples principios de la función administrativa y de la contratación estatal, como la
transparencia, la eficiencia, la selección objetiva y la publicidad de las actuaciones
contractuales, máximas contenidas en el artículo 209 de la Constitución Política de
Colombia, e igualmente desarrolladas en normas legales anteriores a la propia Ley
1150 de 2007, como el artículo 24 numeral 3 de la Ley 80 de 1993 68. Acá interesa
enfatizar que el principio de publicidad, garantizado mediante el SECOP 69, busca
facilitar el conocimiento oportuno de toda la ciudadanía, así como de los particulares
interesados, y de los funcionarios de todos los organismos de control administrativo
y judicial, con miras a fortalecer el seguimiento y control de las actividades de la
Administración70.
, la creación e implementación de un sistema de contratación electrónica materializaba “de manera clara las
aspiraciones de eficiencia y transparencia del proyecto, toda vez que la implementación del Sistema conlleva la
utilización de las herramientas ofrecidas por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Así,
siguiendo de cerca la experiencia de otros Estados, la nueva regulación en materia de contratación estatal debe
sustentar la formulación de los mecanismos e instrumentos necesarios para la celebración de los contratos de
las entidades a través de la Internet. […] Sin duda, el uso de herramientas tecnológicas a través de este sistema
apoyará la selección objetiva y la celebración de contratos estatales y hará más fácil el desarrollo de los
principios de transparencia y eficiencia para la contratación estatal”.
67 En lo pertinente, esta norma establece lo siguiente: “ARTÍCULO 3o. DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
ELECTRÓNICA. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999, la sustanciación de las actuaciones,
la expedición de los actos administrativos, los documentos, contratos y en general los actos derivados de la
actividad precontractual y contractual, podrán tener lugar por medios electrónicos. Para el trámite, notificación
y publicación de tales actos, podrán utilizarse soportes, medios y aplicaciones electrónicas. Los mecanismos e
instrumentos por medio de los cuales las entidades cumplirán con las obligaciones de publicidad del proceso
contractual serán señalados por el Gobierno Nacional. […] Con el fin de materializar los objetivos a que se
refiere el inciso anterior, el Gobierno Nacional desarrollará el Sistema Electrónico para la Contratación Pública,
Secop, el cual: // a) Dispondrá de las funcionalidades tecnológicas para realizar procesos de contratación
electrónicos bajo los métodos de selección señalados en el artículo 2o de la presente ley según lo defina el
reglamento; // b) Servirá de punto único de ingreso de información y de generación de reportes para las
entidades estatales y la ciudadanía; // c) Contará con la información oficial de la contratación realizada con
dineros públicos, para lo cual establecerá los patrones a que haya lugar y se encargará de su difusión a través
de canales electrónicos y; // d) Integrará el Registro Unico Empresarial de las Cámaras de Comercio, el Diario
Unico de Contratación Estatal y los demás sistemas que involucren la gestión contractual pública. Así mismo,
se articulará con el Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal, SICE, creado por la
Ley 598 de 2000, sin que este pierda su autonomía para el ejercicio del control fiscal a la contratación pública”.
68 “ARTÍCULO 24. DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. En virtud de este principio: […] 3o. Las actuaciones
de las autoridades serán públicas y los expedientes que las contengan estarán abiertos al público, permitiendo
en el caso de licitación el ejercicio del derecho de que trata el artículo 273 de la Constitución Política”.
69 “… la publicación de los contratos estatales en el SECOP cumple cabalmente con las exigencias
constitucionales de publicidad administrativa. En efecto, permite la presentación de la totalidad del contenido
aludido, en un medio al que puede tener acceso al público en general, facilitando a los ciudadanos el
conocimiento de las actuaciones de la administración y de los particulares en los procesos de contratación
estatal y facilitando su participación en las decisiones que les afectan. Y, de conteras, [sic] suple algunas de las
limitaciones de las que adolecía el Diario Único de Contratación, en términos de cobertura geográfica, de
cantidad de ejemplares y de posibilidad de acceso por parte de la ciudadanía.”: Corte Constitucional. Sentencia
C-711 del 12 de septiembre de 2012. M.P. Mauricio González Cuervo.
70 Así, en la exposición de motivos antes citada, se lee: “Dentro de la estructura del proyecto es particularmente
importante el establecimiento de normas que habiliten escenarios para la contratación a través de medios
electrónicos, buscando con ello maximizar el principio de publicidad de la función administrativa por las ventajas
que brinda la tecnología en el acceso a la información, bien sea para efectos de control social o para quienes
se encuentran interesados en proveer bienes o servicios al Estado. // Teniendo en cuenta que uno de los
principales elementos del Estado Comunitario [sic] está referido al seguimiento y control de la gestión pública,
el Gobierno se ha comprometido en el diseño de sistemas de información y en general de herramientas que
permitan de una parte, hacer más visible para la ciudadanía los avances y resultados en los diferentes campos
que entraña la gestión pública, con el objeto de fortalecer los mecanismos de control ciudadano, y de otra,
asegurar que el contenido de las medidas administrativas que se tomen por las entidades refleje las necesidades
de los sectores involucrados”. En sentido análogo, la Corte Constitucional ha razonado del siguiente modo: “El
principio de publicidad de la función administrativa resulta en un alto grado pertinente a la aplicación de sistemas
electrónicos de información dentro de la actividad de las autoridades públicas, en el asunto bajo análisis referida
a la contratación pública. Ello en tanto la aplicación de dicho principio permite que los ciudadanos conozcan y
observen las actuaciones de la administración y estén por ende capacitados para impugnarlas, a través de los
recursos y acciones correspondientes, ubicándose de esta manera en el ámbito expansivo del principio
democrático participativo. Al respecto, conforme a la jurisprudencia constitucional sobre la materia, la Corte
considera que un sistema automatizado de información sobre la contratación estatal debe, para mostrarse
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Radicación: 08001-23-33-000-2019-000567-01 (70198)
Actor: Didaclibros Ltda.
Demandado: DEIP Barranquilla.
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho
35.3.5. En la actualidad, el SECOP es el principal medio de divulgación de la
contratación estatal en Colombia71 y, de acuerdo con su reglamentación, el Distrito
estaba obligado a publicar los documentos y actos administrativos del proceso de
contratación, así como la oferta del adjudicatario del respectivo procedimiento de
selección72. Estos documentos, según la normativa vigente, tienen valor probatorio
propio de los mensajes de datos, en los términos de la Ley 527 de 1999 y del CGP73;
además, se presumen auténticos, siguiendo los lineamientos del estatuto procesal
general74.
35.3.6. El sitio web de la selección abreviada SA-002-2019, antes citado75, contiene
buena parte del expediente electrónico de la actuación contractual en el que
constan, entre otros, el análisis del sector de simuladores de salud, las fichas
técnicas de los simuladores, el proyecto de pliego junto con sus observaciones y
respuestas, la resolución de apertura, el estudio previo, el pliego definitivo de
condiciones junto con las observaciones y la respuesta a las mismas, el informe de
evaluación con las observaciones y la respuesta de la entidad, la Resolución que
aquí se demanda, la oferta de Analytica, el contrato que esta última celebró con el
Distrito y, como ya se dijo, el acto de liquidación unilateral que finiquitó el negocio
jurídico. Toda la documentación es de acceso público, tiene valor probatorio y se
presume auténtica.
35.3.7. Además, cabe anotar que: (1) en su demanda, la parte actora sí cumplió con
su mínima carga probatoria respecto de estos documentos electrónicos, indicando
con precisión la página web del SECOP en el que se consiguen todos los
documentos precontractuales de la selección abreviada de menor cuantía que
concluyó en la adjudicación que aquí se impugna. El hecho de que la oferta de la
ajustado a los postulados constitucionales, contar con instancias tecnológicas que aseguren, entre otros
objetivos, (i) la imparcialidad y la transparencia en el manejo y publicación de la información, en especial las
decisiones adoptadas por la administración; (ii) la participación oportuna y suficiente de los interesados en el
proceso contractual, al igual que los organismos de control; y (iii) el conocimiento oportuno de la información
atinente en la contratación estatal, a fin de garantizar los derechos constitucionales a la defensa, el debido
proceso y el acceso a los documentos públicos, al igual que la preservación del principio de seguridad jurídica.”:
Corte Constitucional. Sentencia C-259 del 11 de marzo de 2008. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
71 Cfr. Decreto Ley 19 de 2012. Artículos 222 a 225.
72 Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.1.7.1., inciso primero: “Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal
está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de
Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del
adjudicatario del Proceso de Contratación. Los documentos de las operaciones que se realicen en bolsa de
productos no tienen que ser publicados en el SECOP”.
73 “ARTÍCULO 247. VALORACIÓN DE MENSAJES DE DATOS. Serán valorados como mensajes de datos los
documentos que hayan sido aportados en el mismo formato en que fueron generados, enviados, o recibidos, o
en algún otro formato que lo reproduzca con exactitud. // La simple impresión en papel de un mensaje de datos
será valorada de conformidad con las reglas generales de los documentos”.
74 “ARTÍCULO 244. DOCUMENTO AUTÉNTICO. Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la
persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se
atribuya el documento. // Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en
original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la
imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso. //
También se presumirán auténticos los memoriales presentados para que formen parte del expediente, incluidas
las demandas, sus contestaciones, los que impliquen disposición del derecho en litigio y los poderes en caso
de sustitución. // Así mismo se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos para ser
título ejecutivo. // La parte que aporte al proceso un documento, en original o en copia, reconoce con ello su
autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad. Los documentos en
forma de mensaje de datos se presumen auténticos. // Lo dispuesto en este artículo se aplica en todos los
procesos y en todas las jurisdicciones”.
75 Supra. Cit. 18.
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Radicación: 08001-23-33-000-2019-000567-01 (70198)
Actor: Didaclibros Ltda.
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derecho
adjudicataria se encuentre almacenada en dicho sistema electrónico oficial y
público, hacía innecesario su aporte completo en soporte físico porque ya estaba
aportada en su equivalente digital. (2) La entidad demandada, además de ser
garante de la integridad y autenticidad de las piezas subidas al SECOP, no sólo
creó varios de los documentos precontractuales necesarios para resolver este
conflicto, además, al haber publicado el ofrecimiento de la adjudicataria,
implícitamente conoce de su contenido y, al no contestar la demanda, dejó pasar la
oportunidad para expresar su oposición a la incorporación de este documento. Y (3)
el decreto oficioso de las pruebas que obran en el SECOP en segunda instancia
sería superfluo e ineficaz en este caso porque, además de que éste fue realizado
por el propio Tribunal, podría conducir a esta Sala al mismo portal web, al cual ya
tiene acceso, para obtener la información que se necesita para fallar.
35.3.8. Por todo lo anterior, la Sala le da la razón al apelante en este punto, y la
documentación contenida en la página web del SECOP que refiere al procedimiento
de selección del contratista que adelantó el Distrito será tenida en cuenta para
decidir este asunto.
Análisis de la habilitación de la propuesta adjudicataria
36. Pasando al estudio de los cargos relativos a la habilitación de la propuesta de
Analytica, el pliego de condiciones definitivo76 de la selección abreviada de menor
cuantía No. SA-002-2019 estableció:
“A.3 REQUISITOS HABILITANTES NECESARIOS PARA LA EJECUCION [sic] DEL
OBJETO.
El proponente deberá cumplir con los siguientes Requisitos Habilitantes, los cuales
deben acreditarse en la propuesta:
FICHA TECNICA [sic] Y/O CATALOGO [sic] DEL FABRICANTE: El proponente
deberá presentar una ficha técnica y/o catalogo del fabricante, donde se detallen
cada uno de los elementos a suministrar según lo ofertado, para efectos de la
verificación de las especificaciones técnicas requeridas, la documentación debe ser
presentada en idioma castellano. En caso de presentarse discrepancias entre la
ficha técnica y el catálogo del fabricante, prevalecerá lo consignado en ficha técnica
del fabricante”. (Subrayas originales del pliego)
37. La ficha técnica77 de los elementos solicitados para los ítems 18 y 19, reflejaban
lo siguiente:
76 Fls. 203-279, archivo pdf.
77 Documento “FICHAS TECNICAS SIMULADORES DEFINITIVAS” publicada en SECOP, p. 6.
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37.1. En la etapa de observaciones del proyecto de pliego de condiciones, desde la
casilla de correo electrónico “abogadosley80@gmail.com”, se presentó la siguiente
petición:
“ÍTEM 18 y 19. Solicitamos a la entidad permitir ofertar un simulador de brazo
venopunción indistinto del genero [sic], toda vez que, las estructuras musculares,
oseas [sic] y uniones osteotendinosas y demás referencias anatómicas descritas
son las mismas en el brazo simulador a las morfológicamente encontradas en un
brazo humano indistintamente del sexo fisiológico. Además de que las técnica usada
[sic] para la formación y entrenamiento en brazos IV (inyección intramuscular,
intravenosa e intradermica) es la misma, independientemente del género”.
37.2. El Distrito respondió a la anterior observación en estos términos:
“Existe una diferencia en la ficha técnica de los ítems simuladores brazos
venpunción [sic] hombre y mujer. El de hombre se diferencia con muñeca y dedos
flexibles. La observación indicada con respecto a anatomía y demás, son correctas
sin embargo como se indica anteriormente existe una diferencia en las
características entre ambos, por tanto, no podrían ofrecer el mismo producto para
los dos ítems.
Por lo anterior no se efectúa modificación en la ficha técnica y no se acepta la
observación”.
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37.3. Analytica ofreció78 el mismo producto para los ítems 18 y 19, denominado
“Brazo Avanzado para inyección y Venopunción”, referencias “Life/form” LF01121U
y LF01126U, marca “Nasco”. Entre las características del producto, consta que
estos contaban con “Dedos suaves y flexibles”, y que la “flexión de la muñeca ayuda
a frdsrrollar [sic] habilidades para manipularlo”.
37.4. Didaclibros refutó79 la propuesta de Analytica, porque ofreció el mismo
producto en los ítems 18 y 19, pese a haber respondido categóricamente que ello
no era posible. En la respuesta a esta observación, el Distrito expresó80:
“Una vez verficado [sic] los modelos ofertados en la propuesta presentada por […]
ANALYTICA […] se observa que las mismas cumplen con la totalidad de las
especificaciones establecidas en la ficha técnica SENA para cada uno de los ítems,
si bien, aportan la misma ficha del fabricante, lo anterior no es óbice para declarar
el rechazo de la oferta técnica puesto que esta ficha cumple con la totalidad de las
especificaciones solicitadas en el proceso las cuales fueron validadas técnicamente
y por ende los productos cumplirían con su funcionalidad.
Cuando la entidad brindó respuesta a la observación planteada por ABOGADOS
LEY 80, claramente informó que existen diferencias entre las características
establecidas para el ítem 18 y 19, específicamente en la característica “muñeca y
dedos flexibles”, la cual es característica específica solo para el ítem 19, por lo que
el proponente no podría ofertar un producto para los dos ítems sin cumplir el
requisito antes mencionado. En consecuencia, una vez revisada nuevamente la
ficha técnica aportada por el proponente se logró verificar que con la misma ficha
aportada para los dos ítems se cumple con la característica específica “muñeca y
dedos flexibles” establecida para el brazo venopunción mujer. Por lo anterior, no
procede su observación y el proponente cumple en estos ítems”.
37.5. Visto lo anterior, la Sala encuentra que, contrario a lo señalado por la
demandante, el insumo que ofreció Analyitica sí cumplió con la especificación
técnica mínima de “Muñeca y dedos flexibles” que el pliego dispuso expresamente
para el ítem 19 de simulador de venopunción en brazo mujer, de acuerdo con la
descripción de los productos que allegó la adjudicataria a su propuesta. En ese
sentido, la misma referencia sí podía ser presentada para el ítem 18, referido al
simulador de venopunción de brazo hombre que cumplió con lo mínimo exigido.
37.7. Ahora, aunque la respuesta a la observación del proyecto de pliego aclaró que
las dos fichas de los ítems 18 y 19 no podían ser iguales, ello no comportó una
ventaja para la adjudicataria, ni era incompatible con los ítems aportados para
ambos productos, porque para ambos casos, Analytica sí cumplió con lo previsto
con lo solicitado en cada ficha. Así las cosas, el cargo por estos motivos, no está
llamado a prosperar.
38. Sobre el ítem 31, las exigencias contenidas en el pliego fueron del siguiente
tenor81:
78 Oferta de Analytica publicada en el SECOP, p. 252 a 265.
79 Pág. 354-355, archivo pdf.
80 Pág. 388-389, archivo pdf.
81 Documento “FICHAS TECNICAS SIMULADORES DEFINITIVAS” publicada en SECOP, p. 11.
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Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del
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38.1. Para este ítem, la propuesta de Analytica82 ofreció el producto “Resusci Anne
para RCP avanzada”, fabricado por “Laerdal Medical Corp.”.
38.2. El comité evaluador del Distrito solicitó a los proponentes subsanar varios
aspectos de sus propuestas. En el caso de Analytica, le pidió “se aclaren los
aspectos técnicos descritos en el documento de requerimiento técnico” 83. Este
último84 indicó, en relación con el producto del ítem 31 que presentó Analytica:
“No se evidencia textualmente las siguientes características: * Dispositivo de
retroalimentación compatible con DEA de entrenamiento * Capacidad de intubación
• Desfribilación [sic] * Que permita monitoreo, desfribrilación [sic] con descargas
reales manual, semiautomática y automática * Que permita verificar pulso * Revisión
presión sanguínea * Cateterización IV, características circulatorias * Monitor con
pantalla, se solicita se aclare”.
38.3. Didaclibros formuló observación85 a la propuesta de Analytica, indicando que
el producto “NO CUMPLE con lo exigido por la entidad”, porque el simulador debía
cumplir con la función de “Auscultación de sonidos cardiacos”, y la referencia del
producto no tenía esa característica. Además, afirmó ser representante exclusivo
en Colombia de la compañía “Laerdal Medical Corp.”. Para probar sus asertos,
Didaclibros adjuntó un documento86 suscrito con fecha del 21 de febrero de 2019
por el señor Juan Carlos Alonso Reyes, quien afirmó lo siguiente:
“En mi calidad de Gerente de la Región Andina y Centroamérica de la Compañía
Laerdal Medical Corp. […] certifico que la empresa Didaclibros […] es distribuidor
exclusivo de los productos marca Laerdal en todo el territorio Colombiano, de
igual manera certifico lo siguiente a las referencias subsanadas por la compañía
82 Oferta de Analytica publicada en el SECOP, p. 307 a 315.
83 Documento “SOLICITUD DE SUBSANE SELECCIÓN ABREVIADA N° SA-002-2019” publicado en el SECOP,
p. 4.
84 Documento “REQUERIMIENTO TÉCNICO” publicado en el SECOP, p. 2.
85 Pág. 355-356, archivo pdf.
86 Pág. 363-365, archivo pdf.
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Demandado: DEIP Barranquilla.
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho
Analytica SAS en el proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
– No. SA-002-2019:
[…] 2. Que la referencia Resuci Anne para RCP avanzada NO cuenta con
Auscultación de Sonidos Cardiacos.” (Negrillas originales del texto)
38.4. La respuesta del Distrito a esta observación fue la siguiente87:
“Verificada la ficha técnica aportada por el proponente en el subsane se evidencia
que el mismo si cumple con la especificación técnica de “Auscultación de sonidos
cardiacos” ya que en la ficha técnica del ítem 31 se observa que la Resusci Anne
Simulator presenta “sonidos cardíacos y respiratorios, respiración espontánea y
auscultación de la presión arterial para su ejercicio de formación”, por lo anterior
cumple”.
38.5. A partir de estos supuestos, se concluye que no fue probado que la oferta de
la adjudicataria haya desconocido lo exigido por el pliego de condiciones en el ítem
31, porque: (i) el documento que adjuntó Didaclibros, como elemento de prueba que
soporta esta afirmación, no es suficiente para acreditar si la persona que lo suscribió
representaba a la compañía fabricante del insumo y; (ii) no fue allegada ni se
encuentra en el SECOP para ser consultada la subsanación presentada por
Analytica para responder a la solicitud hecha por la entidad.
39. Ahora bien, en relación al ítem 33, la ficha técnica88 refería:
39.1. Analytica ofreció89 en este ítem el producto denominado “Sistema de fisiología
del ejercicio PL3508B80” de la compañía “ADinstrumentos”, que describía un
87 Pág. 389, archivo pdf.
88 Documento “FICHAS TECNICAS SIMULADORES DEFINITIVAS” publicada en SECOP, p. 12.
89 Oferta de Analytica publicada en el SECOP, p. 317 a 319.
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Actor: Didaclibros Ltda.
Demandado: DEIP Barranquilla.
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho
“Sistema completo de registro fisiológico para monitorizar la función
cardiorrespiratoria y metabólica durante el ejercicio”.
39.2. Didaclibros elevó observación sobre este ítem90, indicando que era
representante exclusivo “para Colombia de ADInstruments PowerLab”, y en ese
sentido, aseveraron “que la ficha técnica que adjunta Analytica S.A.S. de
Adinstruments NO está avalada por dicha compañía y las 2 fichas técnicas que
adjuntan son de compañías diferentes y no son del fabricante”, además señala que
Analyitica adaptó las fichas para las “características exigidas en este proceso” y “NO
corresponden a lo solicitado por la entidad” porque la referencia no era apta “PARA
EXPERIMENTACIÓN CON ANIMALES” y contaba con una “configuración […] para
fisiología del ejercicio para investigación en humanos y no animales y no está
enfocada a procedimientos básicos en enfermería” como lo preveía la ficha del
proceso.
39.3. Adjuntó a la observación un documento91 suscrito por “Patricia Mendes PhD”,
“Regional Manager” de “ADinstruments”, que certificó a Didaclibros como
“distribuidor exclusivo de los productos de nuestra fabricación en todo el territorio
colombiano”. En ese sentido, aseguró que el producto referenciado por Analytica no
estaba avalado por la compañía fabricante, no contaba “con las características ni el
equipamiento para experimentación animal”, ni estaba enfocada “al área de
procedimientos básicos de enfermería”. En su lugar, consideró que otro de sus
productos (referencia PTB4264) sí cumplía con lo requerido por el pliego.
39.4. Respecto a la observación planteada por Didaclibros, el Distrito contestó92:
“… revisado los documentos presentados por el proponente frente a este ítem, los
cuales cuentan con características distintivas de ficha técnica o catálogo de
fabricante se observa la verificación de la totalidad de las especificaciones técnicas
relacionadas por la Entidad, por lo anterior no procede su observación”.
39.5. Con estos elementos, no resulta procedente el segmento del cargo que atacó
la adjudicación en cuanto al incumplimiento de lo exigido para el ítem 33. Para
empezar, porque el certificado de la compañía fabricante no indicó que el producto
presentado por la adjudicataria no existiera en el mercado, como lo sostuvo la
demandante en su recurso. De otra parte, este documento no refleja con precisión
si el producto ofrecido por Analytica no cumplía íntegramente con las exigencias de
la ficha técnica, e igualmente es insuficiente porque no se advierte que la persona
que lo suscribió hablara a nombre de la compañía fabricante. Además, no es
acertado que la entidad exigiera en los pliegos un producto para experimentación
animal.
39.6. Por otro lado, frente al argumento que planteó el recurso de apelación sobre
la prórroga del contrato como demostración del incumplimiento del requisito en el
ítem 33, como se precisó anteriormente, este fue insertado por la recurrente en los
90 Pág. 356, archivo pdf.
91 Pág. 366, archivo pdf.
92 Pág. 389, archivo pdf.
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Radicación: 08001-23-33-000-2019-000567-01 (70198)
Actor: Didaclibros Ltda.
Demandado: DEIP Barranquilla.
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho
alegatos de conclusión de primera instancia y no a partir de la demanda, razón por
la cual no podrá ser objeto de este pronunciamiento.
40. En suma, no fue probado lo afirmado por la apelante, esto es, que la
adjudicación del contrato a Analytica fuese irregular por no cumplir con los ítems 18,
19, 31 y 33 del pliego de condiciones de la selección abreviada de menor cuantía,
que culminó en la Resolución 056 de 2019.
La calificación de la propuesta de Didaclibros
41. El otro frente de ataque contra la legalidad del acto fue la calificación que el
Distrito concedió a la propuesta de la demandante. A su juicio, la Administración
debió otorgarle un puntaje mayor al conferido, que permitiera sobrepasar en el orden
de elegibilidad a la oferente adjudicataria, porque sí cumplió con las condiciones
establecidas en el pliego para obtener la puntuación más alta respecto de la garantía
adicional de los productos que formaban parte del objeto de la selección abreviada.
42. Al respecto, el pliego de condiciones definitivo 93 de la selección abreviada de
menor cuantía No. SA-002-2019 estableció, en el literal V. A., los criterios y factores
que serían observados para la escogencia de la oferta más favorable, en estos
términos94:
“Los factores de evaluación para el presente proceso son:
La suma de los elementos de calidad y precio de la oferta dará como resultado un
valor máximo de mil (1.000) puntos calculados de acuerdo con la siguiente fórmula:
PT= PPO + PGM + PNS + PIN
Donde,
PT = PUNTAJE TOTAL OBTENIDO POR EL PROPONENTE (MÁXIMO 100
PUNTOS)
PPO=PUNTAJE OBTENIDO POR EL PRECIO DE LA OFERTA ECONÓMICA
(MÁXIMO 600 PUNTOS)
PGM= PUNTAJE POR GARANTÍA MÁXIMA (MÁXIMO 200 PUNTOS)
PNS= PUNTAJE POR NO SANCIONES (MÁXIMO 100 PUNTOS)
PIN= PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS)
PUNTAJE MÁXIMO TOTAL: 1000 PUNTOS”.
42.1. Con relación al “PUNTAJE POR GARANTÍA MÁXIMA”, el documento plasmó
lo siguiente:
“Se otorgarán los siguientes puntos al oferente que ofrezca garantía adicional de los
elementos suministrados, al requerido para TODOS los ítems señalados en el
respectivo grupo. Teniendo en cuenta la siguiente [sic]:
93 Fls. 203-279, archivo pdf.
94 Fl. 225, archivo pdf.
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Radicación: 08001-23-33-000-2019-000567-01 (70198)
Actor: Didaclibros Ltda.
Demandado: DEIP Barranquilla.
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho
AÑOS DE PUNTAJE
GARANTÍAS
1 año 50 PUNTOS
2 años 100 PUNTOS
3 años 150 PUNTOS
4 años 200 PUNTOS”
42.2. Por otra parte, en el anexo núm. 6 “ASPECTOS TÉCNICOS”95, consta un
listado de “OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA”, entre las cuales
se precisa: “25. Los equipos deben contar con una garantía mínima de doce (12)
meses contados a partir del recibo a satisfacción por parte del supervisor del
contrato”. En su propuesta, el representante legal de Didaclibros suscribió este
anexo96.
42.3. En su propuesta de contrato, el oferente Didaclibros expresó, respecto de la
garantía de los productos ofrecidos97:
“El suscrito […], en calidad de Representante Legal de DIDACLIBROS LTDA […]
ofrece garantía de 4 años por defectos de fabricación a los equipos ofertados en la
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA – No. SA-002-2019”.
42.4. El informe de evaluación de la selección abreviada98 asignó estos puntajes por
garantía máxima:
PUNTAJE POR GARANTÍA MÁXIMA
No. PROPONENTE AÑOS DE GARANTÍA PUNTAJE
ADICIONAL
1 DIDACTICOS Y LIBRIO 181 150 PUNTOS
DIDACLIBBROS LTDA. El proponente no
[sic] manifiesta la palabra
“ADICIONAL”, en atención
a ello y teniendo en cuenta
que para el presente
proceso se requiere una
garantía mínima de un
año, se le otorgan los
puntos correspondientes
de garantía ofrecida.
3 ANDINA DE NO APORTO 0 PUNTOS
TECNOLOGÍAS S.A.S.
4 ANALYTICA S.A.S. 325 200 PUNTOS
42.5. Así, de acuerdo con el informe de evaluación, el orden de elegibilidad y los
puntajes totales, fueron los siguientes:
No. PROPONENTE PUNTAJE PUNTAJE PUNTAJE PUNTAJE TOTAL ORDEN
POR POR POR NO POR DE
EVALUACI SANCIONES PROMOCIÓN
95 Fls. 269-272, archivo pdf.
96 Fls. 789-792, archivo pdf.
97 Fl. 750, archivo pdf.
98 Fls. 328-333, archivo pdf.
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Radicación: 08001-23-33-000-2019-000567-01 (70198)
Actor: Didaclibros Ltda.
Demandado: DEIP Barranquilla.
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho
ÓN PRECIO ASPECTOS DE LA ELEGIBILI
DE LA TÉCNICOS INDUSTRIA DAD
OFERTA NACIONAL
1 DIDACTICOS Y 593 150 PUNTOS 100 PUNTOS 100 PUNTOS 943 2°
LIBRIO PUNTOS PUNTOS
DIDACLIBBROS
LTDA. [sic]
3 ANDINA DE 587 0 PUNTOS 100 PUNTOS 100 PUNTOS 787 3°
TECNOLOGÍAS PUNTOS PUNTOS
S.A.S.
4 ANALYTICA 592 200 PUNTOS 100 PUNTOS 100 PUNTOS 992 1°
S.A.S. PUNTOS PUNTOS
42.6. Didaclibros formuló observación99 respecto del puntaje que le fue asignado,
en estos términos:
“De la manera más respetuosa solicitamos que sea asignado el puntaje de 200 en
el factor de Garantía Máxima al proceso de la referencia, teniendo en cuenta que
DIDACLIBROS LTDA SI ofreció una garantía adicional a la mínima requerida toda
vez que en el anexo 6, numeral 25 […] aceptamos y declaramos en las obligaciones
generales del contratista "una garantía mínima de 12 meses contados a partir del
recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato" y adicionalmente se
adjunta […] una garantía máxima de 4 años documento que está incluido dentro del
grupo clasificado en nuestra propuesta como: "Criterios de Selección, factores de
desempate e incentivos" establecidos en el numeral V del pliego de condiciones,
por lo anterior la compañía que represento Si está certificando un compromiso
adicional y un valor agregado al mínimo requerido en las obligaciones generales del
contratista, dado que aplica al mayor puntaje establecido en la tabla de Años de
Garantía establecida en el pliego de condiciones, por lo cual si tomamos la garantía
mínima de un año y la garantía máxima ofrecida en total se ofrecen 5 años de
garantía por ser acumulativas y no excluyentes”. (Negrillas originales del
documento).
42.7. Empero, el Distrito respondió a esta observación100, así:
“Dadas las consideraciones anteriores, el proponente aporta […] ofrecimientos de
garantía y dentro de esta manifiesta una garantía de 4 años. No obstante, este
ofrecimiento no manifiesta la palabra “ADICIONAL”, tal como lo establece el pliego
de condiciones, en atención a ello y teniendo en cuenta que para el presente proceso
se requiere una garantía mínima de un año, se le otorgan los puntos
correspondientes a 3 años de garantía ofrecida. Por lo cual, solo se le podría otorgar
150 puntos al proponente, manteniéndose lo establecido en el informe de
evaluación”.
42.8. La Resolución 056 de 2019, que adjudicó la selección abreviada a Analytica,
incorporó la evaluación del informe en las motivaciones de la decisión101.
43. Partiendo de lo expuesto, considera la Sala que en el pliego de condiciones el
Distrito sí exigió expresamente que los oferentes debían manifestar
inequívocamente que el tiempo de extensión de la garantía sobre los productos
ofertados era adicional al mínimo requerido de doce (12) meses, para efectos de
99 Fl. 340, archivo pdf.
100 Fl. 385, archivo pdf.
101 Fls. 492-493, archivo pdf.
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Radicación: 08001-23-33-000-2019-000567-01 (70198)
Actor: Didaclibros Ltda.
Demandado: DEIP Barranquilla.
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho
acreditar el factor de evaluación de puntaje por garantía adicional. Por lo tanto, la
aplicación de la regla para asignar el puntaje equivalente a 3 años de garantía
adicional no se advierte arbitraria.
44. Por el contrario, la decisión administrativa cuestionada obedeció a una
valoración, adecuada a las reglas de participación, de la expresión unilateral de
voluntad de Didaclibros, conforme a la cual el tiempo de garantía ofrecido era total,
incluyendo la garantía mínima de un año, y no permitía inferir si ese término de
cuatro años era un lapso adicional al mínimo requerido, porque en ninguna parte de
ese documento este proponente realizó literalmente tal distinción. De allí que no sea
plausible el argumento según el cual cabía comprender que el documento se refería
al periodo agregado de la garantía porque, en otro aparte (el anexo 6) Didaclibros
ya había aceptado la garantía mínima de un año.
45. En ese sentido, Didaclibros no podía sacar provecho de su culpa o negligencia
al momento de formular su oferta de contrato, siendo necesario advertir que los
participantes en los procedimientos de selección de los contratistas del Estado
tienen una carga de presentar su propuesta de forma inequívoca, clara, completa y
precisa. Así, además de la exigencia de que las propuestas deban “referirse y
sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el pliego de
condiciones”102, a la par del mandato que la ley103 impone a las entidades estatales
de definir reglas objetivas, justas, claras y completas en el pliego de condiciones, tal
deber tiene el propósito explícito de facilitar “la confección de ofrecimientos de la
misma índole”, todo ello en procura de una escogencia objetiva y de garantizar la
selección del contratista.
46. En consecuencia, lo que condujo a la calificación de la oferta con 150 puntos
por garantía adicional es la redacción misma de la oferta de Didaclibros. Igualmente,
no cabe considerar la interpretación del pliego en contra de la entidad104, porque
esta regla del documento no fue un parámetro confuso, ambiguo u obscuro.
47. Por otra parte, para el momento en que se adelantó el procedimiento de
selección abreviada de menor cuantía SA-002-2019, estaba vigente el artículo 5°
de la Ley 1882 de 2018, que modificó el parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1150
de 2007. Según este precepto, los “requisitos de la propuesta que no afecten la
asignación de puntaje, deberán ser solicitados por las entidades estatales y deberán
ser entregados por los proponentes hasta el término de traslado del informe de
evaluación”.
47.1. Así, siguiendo lo expuesto, como el factor de evaluación de garantía máxima
sí otorgaba puntaje e incidía en la clasificación de la propuesta, y no iba encaminada
a la acreditación de requisitos o de documentos atinentes a la futura contratación
102 Ley 80 de 1993 – Artículo 30, numeral 6.
103 Ley 80 de 1993 – Artículo 24, numeral 5, literal b).
104 Ver: Consejo de Estado. Sentencia del 26 de abril de 2006, ya citada. Además, en el mismo sentido: Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 30 de mayo de 1991. Rad.
3577. C.P. Juan de Dios Montes Hernández; y Subsección B. Sentencias del 10 de marzo de 2011. Rad. 52001-
23-31-000-1996-07742-01(15666), y del 1° de marzo de 2018. Rad. 25000-23-26-000-2006-00214-01(38711).
C.P. Danilo Rojas Betancourth.
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Radicación: 08001-23-33-000-2019-000567-01 (70198)
Actor: Didaclibros Ltda.
Demandado: DEIP Barranquilla.
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho
y/o a las calidades del proponente no relacionados con la comparación de las
propuestas, este no podía ser objeto de subsanación por parte de la demandante,
de allí que la observación que esta formuló al Distrito no podía tener dichos efectos.
47.2. Así mismo, el reparo frente al informe de evaluación, que se enfocó en
describir que la garantía era de 4 años adicionales y no de 3 años más la mínima
requerida de un año, tampoco podía ser considerado como una aclaración de la
oferta por cuanto ello incidía en la evaluación sustancial y comparativa de esta oferta
con las demás. La aclaración, se reitera105, es una posibilidad establecida para el
esclarecimiento de aspectos ambiguos u obscuros de la propuesta106, pero que no
puede emplearse para completar, adicionar, modificar o mejorar las ofertas107.
48. En conclusión, como la parte actora no demostró haber merecido la calificación
máxima por garantía adicional, y dicho aspecto de la propuesta no era subsanable,
aclarable, modificable ni mejorable, no puede afirmarse que presentó la oferta más
favorable para los intereses de la administración.
Subreglas de decisión
49. Por todo lo anterior, la sentencia de primera instancia será confirmada.
Asimismo, en vista de que la entidad demandada no allegó el expediente
administrativo en la oportunidad correspondiente, de acuerdo con el inciso final del
parágrafo 1° del artículo 175 del CPACA108, se ordenará remitir copias y comunicar
este fallo a la Oficina de Control Disciplinario Interno del Distrito para lo de su
competencia, obrando de manera conforme al artículo 38, numeral 25, de la Ley
1952 de 2019109, aplicable por remisión del artículo 153, numeral 23, de la Ley 270
de 1996110, al establecer que:
105 En relación con la posibilidad de aclarar las ofertas, conforme al artículo 30, numeral 7°, de la Ley 80 de
1993 esta Subsección ha precisado que esta “autorización […] debe entenderse en el sentido de permitir que
los proponentes, a solicitud de la entidad, presenten explicaciones y aclaraciones sobre puntos de sus ofertas
que, si bien son indispensables para el cumplimiento cabal de los requisitos exigidos en el pliego de condiciones,
no sean necesarios para la comparación objetiva de las ofertas, es decir, no hagan parte de los factores de
calificación, que serán objeto del otorgamiento de puntaje, necesario para establecer qué proponente obtiene
el primer lugar en el orden de elegibilidad, por haber obtenido el más alto.”: Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 25 de octubre de 2019. Rad. 25000-
23-26-000-2007-00677-01(39945) C.P. María Adriana Marín.
106 Sobre la diferencia entre la subsanación y la aclaración de ofertas, ver: Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección C. Sentencia del 12 de noviembre de 2014. Rad.
25000-23-26-000-1996-12809-01(27986). C.P. Enrique Gil Botero.
107 Ley 80 de 1993 – Artículo 30, numeral 8: “Los informes de evaluación de las propuestas permanecerán en
la secretaría de la entidad por un término de cinco (5) días hábiles para que los oferentes presenten las
observaciones que estimen pertinentes. En ejercicio de esta facultad, los oferentes no podrán completar,
adicionar, modificar o mejorar sus propuestas”. (Se subraya).
108 “PARÁGRAFO 1o. Durante el término para dar respuesta a la demanda, la entidad pública demandada o el
particular que ejerza funciones administrativas demandado deberá allegar el expediente administrativo que
contenga los antecedentes de la actuación objeto del proceso y que se encuentren en su poder. // Cuando se
trate de demandas por responsabilidad médica, con la contestación de la demanda se deberá adjuntar copia
íntegra y auténtica de la historia clínica pertinente, a la cual se agregará la transcripción completa y clara de la
misma, debidamente certificada y firmada por el médico que haga la transcripción. // La inobservancia de estos
deberes constituye falta disciplinaria gravísima del funcionario encargado del asunto”. (Se subraya).
109 “ARTÍCULO 38. DEBERES. Son deberes de todo servidor público: […] 25. Denunciar los delitos,
contravenciones y faltas disciplinarias de los cuales tuviere conocimiento, salvo las excepciones de ley.
110 “ARTÍCULO 153. DEBERES. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los
siguientes: […] 23. Cumplir con las demás obligaciones señaladas por la ley”.
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Radicación: 08001-23-33-000-2019-000567-01 (70198)
Actor: Didaclibros Ltda.
Demandado: DEIP Barranquilla.
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho
49.1. La información contenida en los sistemas de información y de libre acceso,
administrados por entidades públicas, como el SECOP y las bases de datos de la
Supersociedades, garantizan el principio de publicidad de la administración pública,
se presumen auténticas, gozan del valor probatorio que confiere el ordenamiento a
los mensajes de datos, y son susceptibles de ser decretadas y consultadas por los
jueces para adoptar sus decisiones. Además, como dichos documentos son, en
algunos casos, emitidos por la propia entidad demandada (v. gr. Pliego de
condiciones, respuesta a observaciones, adjudicación, etc.), y en otros,
suministrados por esta (ej. oferta del adjudicatario), no puede considerarse
sorprendida por su inclusión en el juicio, ni cercenada en sus garantías procesales.
49.2. Las entidades públicas demandadas tienen el deber legal de aportar el
expediente administrativo en la oportunidad destinada a la contestación de la
demanda. Si la entidad incumple con este mandato legal, el juez puede acudir a los
documentos que estén publicados en el SECOP que, además de concretar el
principio de publicidad de la actividad contractual y fomentar su control, garantiza la
autenticidad y fiabilidad en las piezas allí alojadas.
49.3. Cuando los documentos de la actuación contractual son publicados por la
entidad pública contratante en el SECOP, la carga de aportar los documentos
precontractuales expedidos por la Administración y la oferta de la adjudicataria, se
satisface cuando la demanda precisa el sitio exacto en el que están contenidos
dichos documentos en soporte electrónico. Por la finalidad y las características de
mensajes de datos que poseen los documentos alojados en ese sistema, no es
necesario adjuntar el soporte físico; y en el evento que el documento aportado que
esté en poder de las partes esté incompleto, puede contrastarse con aquel que
reposa en el sistema.
49.4. Al demandar la nulidad del acto de adjudicación, se conforma un litisconsorcio
necesario entre la entidad demandada y el adjudicatario. No obstante, si se omite la
vinculación del adjudicatario, esta pauta no conduce a la nulidad procesal, cuando
conste que la persona jurídica adjudicataria de derecho privado ha sido liquidada.
49.5. Al demandar el acto de adjudicación de un contrato, la carga probatoria consta
de la demostración de su ilegalidad, de que el demandante propuso una oferta
satisfactoria de los requisitos habilitantes formulados en el pliego de condiciones, y
que era la más favorable para la Administración. Dicha labor no se logra si no fue
demostrada una contradicción palpable del ofrecimiento del adjudicatario con el
pliego de condiciones y/o el ordenamiento jurídico superior, o la arbitrariedad en la
calificación de las propuestas.
49.6. La omisión en la contestación de la demanda por parte de las entidades
públicas no provoca la presunción de veracidad y certidumbre de los hechos
susceptibles de confesión porque este medio de prueba no opera respecto de las
personas jurídicas del Estado.
49.7. Los oferentes tienen la carga de presentar su propuesta de forma inequívoca,
clara, completa y precisa. De lo contrario, si la propuesta no satisface el
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Radicación: 08001-23-33-000-2019-000567-01 (70198)
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Demandado: DEIP Barranquilla.
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derecho
cumplimiento de los requisitos para obtener el puntaje dispuesto en el pliego, no
puede imputarle a la Administración una calificación de la oferta distinta a la que
persiguió, ni puede denotar de esa circunstancia que la entidad actuó en contravía
del reglamento de participación ni del ordenamiento superior.
49.8. Los elementos de la propuesta de contrato que, según el pliego de
condiciones, acreditan los factores de evaluación y otorgan puntaje, no son
subsanables. Así mismo, la aclaración de las ofertas no opera en los eventos en
que esa manifestación suponga completarla, adicionarla, modificarla o mejorarla.
Costas y agencias en derecho
50. Sobre este asunto, se advierte que la postura mayoritaria de la Sala de
Subsección no es compartida por el Magistrado Ponente de esta decisión, por lo
que éste se suscribirá, de manera separada a este fallo, un salvamento parcial de
voto respecto de su misma ponencia.
51. De acuerdo con el artículo 188 del CPACA111, que remite a lo desarrollado en la
materia por los artículos 365 y 366 del CGP, la Sala condenará en costas a
Didaclibros, comoquiera que, como demandante, fue resuelto desfavorablemente
su recurso de apelación112. Estas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal de
origen113.
52. Por otra parte, siguiendo114 las tarifas establecidas por el Consejo Superior de
la Judicatura, mediante el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016115,
vigente para la fecha de presentación de la demanda, la Sala fijará agencias en
derecho en un (1) salario mínimo legal mensual vigente al momento de esta
providencia.
53. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
111 Artículo 188. “Condena en costas: Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil. // En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal”.
112 CGP – Artículo 365, numeral 1: “1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. // Además se condenará en costas a
quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud
de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe”.
113 CGP – Artículo 366, inciso primero: “Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede
ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por
el superior […]”
114 CGP – Artículo 366, numeral 4: “Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que
establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un
máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el
apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que
pueda exceder el máximo de dichas tarifas”.
115 Conforme al artículo 1 del Acuerdo, este “regula las tarifas para efectos de la fijación de agencias en derecho
y se aplica a los procesos […] de la jurisdicción de lo contencioso administrativo”. Según el artículo 3 de dicha
normativa, cuando “se trate de la segunda instancia […] las tarifas se establecen en salarios mínimos legales
mensuales vigentes”; y conforme al artículo 5, numeral 1, las tarifas de agencias en derecho en segunda
instancia corresponden al margen comprendido entre 1 y 6 S.M.L.M.V.
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Radicación: 08001-23-33-000-2019-000567-01 (70198)
Actor: Didaclibros Ltda.
Demandado: DEIP Barranquilla.
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 25 de abril de 2022, del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Atlántico – Sala de Decisión Oral A, por las razones
expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia a la apelante, las cuales
serán liquidadas por el Tribunal de primera instancia, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 366 del Código General del Proceso; e inclúyase la suma de un (1) salario
mínimo legal mensual vigente, por concepto de agencias en derecho.
TERCERO: Por medio de la Secretaría de la Sección Tercera, REMITIR copia de
este fallo a la Oficina de Control Interno Disciplinario del Distrito Especial, Industrial
y Portuario de Barranquilla para lo de su competencia, conforme a lo consignado en
la parte motiva de esta decisión.
CUARTO: Ejecutoriada la presente providencia, a través de la Secretaría de la
Sección Tercera, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Con salvamento parcial de voto
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el link. Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando
con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
VF
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