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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2019-00539-01

Fecha
7 de noviembre de 2025
Consejero ponente
José Roberto Sáchica Méndez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2019-00539-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, el 29 de septiembre de 2023, y en su lugar, se decide: “PRIMERO: DECLARAR la responsabilidad de la Secretaría de Educación del Distrito Capital de Bogotá por pérdida de oportunidad en los expresos términos señalados en esta providencia. SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones declarativas. TERCERO: CONDENAR a la Secretaría de Educación del Distrito Capital de Bogotá a pagar al Consorcio Gisc – Fundasol la suma de setenta y un millones quinientos ochenta y nueve mil ochocientos veintinueve Pesos M/Cte ($71´589.829) por concepto de pérdida de oportunidad, de conformidad con los porcentajes de participación de sus integrantes en la referida estructura plural”. SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS a la entidad demandada, por la primera instancia, en la suma de dos millones setecientos sesenta y un mil quinientos cincuenta y dos pesos M/Cte ($2´761.552); y, en la segunda instancia, por el valor equivalente a 1 SMLMV a la fecha de ejecutoria de esta providencia, suma que se reconocerá en favor del Consorcio Gisc – Fundasol, de acuerdo con la participación de cada integrante en esta forma plural. Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal a quo. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2019-00539-01

Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez

7 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., siete (07) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Expediente: 25000233600020190053901 (70.890)
Demandante: Consorcio Gisc – Fundasol
Demandado: Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá y otro
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Asunto: Sentencia de segunda instancia

TEMAS: PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD – criterio de indemnización de la responsabilidad
precontractual / CARACTERIZACIÓN EN SEDE PRECONTRACTUAL – sus criterios
difieren de algunas pautas fijadas por la jurisprudencia en materia de responsabilidad
extracontractual / CRITERIOS PARA INDEMNIZAR LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado a
resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia
que negó las pretensiones de la demanda.

El actor reclama el reconocimiento y pago de perjuicios por pérdida de oportunidad
en la etapa precontractual; pide la nulidad del acto de adjudicación por falsa
motivación y del contrato celebrado.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la proferida el 29 de septiembre de 2023, en la que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, negó las
pretensiones de la demanda y condenó al pago de las costas procesales1:

2. El anterior proveído resolvió la demanda cuyas pretensiones, hechos relevantes
y fundamentos de derecho, son los siguientes:

Pretensiones

3.El 23 de julio de 20192 el Consorcio Gisc - Fundasol3 (en adelante el “Consorcio”,
“Gisc-Fundascol” o simplemente “GF”), presentó demanda contra la Secretaría de
Educación del Distrito Capital de Bogotá (en adelante “SED” o la “Secretaría”) y

1 “PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte demandante. Se fija por concepto de agencias en derecho
a favor de la parte demandada, la suma equivalente al 3% de las pretensiones de la demanda, que
corresponden a la suma de $46.025.868.
(…)”.
2 Fls. 1 a 37 del cuaderno 1, índice 2 de aplicativo SAMAI
3 Conformado por las sociedades Grupo IS Colombia S.A.S. y Fundación Acción Solidaria (Fundasol), la primera

con el 60% de participación y la segunda con el 10%. Fls. 24 y 25, c. principal.

Radicación: 25000233600020190053901 (70.890)
Demandante: Consorcio Gisc - Fundasol
Demandado: Secretaría de Educación del Distrito Capital y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

contra C&M Consultores S.A. –hoy S.A.S–, (en adelante “C&M”), con el propósito
de obtener las siguientes declaraciones y condenas (se transcribe de forma literal,
incluyendo sus propios énfasis y eventuales errores):

“PRIMERA: Que se decrete la Nulidad de la Resolución No. 044 de 05 de marzo de
2019 por medio de la cual, la Secretaría de Educación del Distrito adjudicó el Proceso
SED-CM-A-DBE-001-2019 al proponente C&M CONSULTORES S.A., por pérdida de
oportunidad, culpa incontrahendo y por haberse vulnerado los principios de
transparencia, selección objetiva e igualdad, lo cual conlleva la violación de las normas
de rango supra legal, así como las disposiciones jurídicas que integran el Estatuto de
Contratación Estatal.

SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, se declare la nulidad absoluta del
Contrato CO1.PCCNTR.877858 (Número del portal transaccional Secop 2 suscrito entre
la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO y C&M CONSULTORES S.A., por
haberse omitido el cumplimiento de los principios de transparencia, selección objetiva e
igualdad en el proceso SED-CM-A-DBE-001-2019, lo cual conlleva la violación de las
normas de rango supra legal, así como las disposiciones jurídicas que integran el Estatuto
de la Contratación Estatal.

TERCERA: Como consecuencia de las anteriores declaraciones, se restablezcan los
perjuicios económicos ocasionados a la sociedad aquí demandante por concepto de
pérdida de oportunidad la suma de MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES
CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE
($1.534.195.623.oo), Equivalente al 10% del valor del contrato, sin IVA, del Proceso
SED-CM-A-DBE-001-2019, de conformidad con la oferta económica presentada que
contemplaba el AU.

CUARTA: Que el valor total del anterior acápite se actualice desde la fecha de la
presentación de la propuesta y sobre el monto histórico actualizado de acuerdo a los
índices de precios al consumidor (IPC) certificados por el DANE y la jurisprudencia que
al respecto ha sentado el H. Consejo de Estado y hasta la fecha de terminación del
proceso; se liquiden los intereses a la tasa del 1% mensual que equivale al doble del
interés legal civil, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4, numeral 8, inciso 2 de la
Ley 80 de 1993 y el Decreto Reglamentario 679 de 28 de marzo de 1994.

QUINTA: Que se reconozca a favor del aquí demandante, la experiencia acreditada por
la correcta ejecución del contrato, con el fin de ser incluida en el registro único de
proponentes RUP, tal como en efecto habría ocurrido de haberse adjudicado el contrato
si se hubiesen respetado los conductos legales.

SEXTA: Las sumas a las que resulte condenada la entidad demandada, devengarán
intereses moratorios desde la fecha de ejecutoria de la sentencia, conforme se señala en
el inciso tercero del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.

SÉPTIMA: Se condene a la parte demandada en costas y agencias en derecho” 4.

Hechos relevantes

4. El 4 de enero de 20195, la SED publicó el aviso de convocatoria del concurso de
méritos SED-CM-A-DBE-001-2019 con el objeto de contratar la realización de la
“interventoría técnica, financiera, administrativa y jurídica a los contratos y
convenios celebrados para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar del
Distrito Capital”.

4 Fl. 10, c. principal.
5 Archivo en carpeta “documentos proceso de selección inter pae”, que reposa en USB a fl. 1, c. principal.

2

Radicación: 25000233600020190053901 (70.890)
Demandante: Consorcio Gisc - Fundasol
Demandado: Secretaría de Educación del Distrito Capital y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

5. De acuerdo con los numerales 5.2. y 5.2.4. del pliego de condiciones definitivo,
el componente de apoyo a la industria nacional sería evaluado según el anexo 15,
otorgando 10 puntos a los servicios de origen nacional.

6.En desarrollo de la evaluación6, la SED acogió la observación formulada contra
Gisc-Fundasol por indebido diligenciamiento del anexo 15, indicando que el
Consorcio llenó la casilla que lo identificaba como proponente de origen nacional,
pero también marcó “x” en el compromiso de incorporar personal nacional, como si
se tratara de un oferente extranjero. Así que en el informe final no se le otorgó
puntaje por este componente.

7.Afirmó que el yerro al calificar su propuesta lo ubicó en el segundo lugar del orden
de elegibilidad, al obtener 90 de los 100 puntos que le correspondían.

8. El 5 de marzo de 2019, se profirió la Resolución 044, mediante la cual se adjudicó
el concurso de méritos a C&M Consultores, y el 29 de marzo siguiente se suscribió
el contrato CO1.PCCNTR.877858. Actuaciones con las cuales “se le impidió
participar en el sorteo, favoreciendo de forma inadecuada al adjudicatario del
proceso y restándole la oportunidad al Consorcio, lo que implica un daño antijurídico
que debe ser indemnizado por culpa in contrahendo”7.

Fundamentos de derecho

9. El Consorcio adujo el desconocimiento de los principios de la contratación estatal
y de los arts. 1, 2, 6, 13, 29, 83, 84, 90, 209 y 367 de la Constitución Política; 1, 2 y
3 de la Ley 816 de 2003; 3, 23, 24 núm. 5 y 8, 25 núm. 15, 17; 26 núm. 6; 28, 29,
30 núm. 7 y 8 de la Ley 80 de 1993; 1618 al 1624 del Código Civil; y 2.2.1.2.4.2.1.
del Decreto 1082 de 2015. Planteó los siguientes argumentos:

10. (i) Indebida apreciación de la oferta respecto al ítem de apoyo a la industria
nacional, pues la entidad se limitó a aspectos meramente formales y desechó que
el ofrecimiento era de servicios nacionales de conformidad con la Ley 816 de 2013,
el Decreto 1082 de 2015 y el núm. 5.2.4 del pliego de condiciones definitivo; indicó
que tal condición se acreditaba únicamente por el origen del oferente, y cualquier
confusión fue generada por el formato que elaboró la entidad, por tanto, se debieron
aplicar las pautas de interpretación a favor de quien no dispuso su contenido.

11. (ii) Falsa motivación en el acto de adjudicación, al limitarse a evaluar un aspecto
netamente formal de la propuesta y haberse negado a otorgarle los 10 puntos por
apoyo a la industria nacional, solo por haber marcado la casilla que acreditaba la
incorporación de recurso humano nacional en un 100% en el anexo 15, aun cuando,
para la época, el origen de la oferta se probaba con el certificado de existencia y
representación legal del proponente que acreditaba su nacionalidad. Al estar
probado el empate con el oferente que ocupó el primer lugar en la evaluación y su
persistencia, el contrato se debió adjudicar por balota.

6 En la evaluación preliminar el Consorcio fue declarado jurídicamente “No habilitado”, y posteriormente
subsanó, como adelante será reseñado.
7 Hecho décimo séptimo de la demanda, ídem.

3

Radicación: 25000233600020190053901 (70.890)
Demandante: Consorcio Gisc - Fundasol
Demandado: Secretaría de Educación del Distrito Capital y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

12. Adujo que el yerro en un formato no era razón para negar el puntaje por el factor
de apoyo a la industria nacional. Cuestionó que no se hubiesen aplicado los arts. 28
de la Ley 80 de 1993 y 1624 del Código Civil, pues si el formulario era confuso debía
interpretarse a su favor; añadió que la jurisprudencia del Consejo de Estado
respalda la prevalencia de lo sustancial sobre lo formal en la evaluación de las
ofertas 8.

13. Sostuvo que la entidad incurrió en culpa in contrahendo porque le imposibilitó
acceder al sorteo para poder ser adjudicatario del contrato, lo que le ocasionó un
daño cierto por pérdida de oportunidad, que debe ser indemnizado.

14. De haberse evaluado correctamente habría obtenido la misma calificación del
adjudicatario (100 puntos), y el empate debía resolverse bajo los criterios indicados
en el art. 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015 y en el pliego de condiciones. Ante
la persistencia del empate, la elección debió hacerse por sorteo a través de balota.

Contestación de la demanda9

15. La SED se opuso a lo pretendido. Como excepciones planteó la “Ausencia de los
presupuestos necesarios para la prosperidad de la acción”, y la genérica. Señaló
que el núm. 5.2.4. del pliego fue claro en que las personas jurídicas colombianas
acreditarían su nacionalidad mediante el certificado de existencia y representación
legal, debiendo presentar el anexo 15 debidamente diligenciado. Así que el oferente
nacional debía marcar sólo la casilla respectiva, no como lo hizo el actor. Pidió tener
en cuenta que las reglas del pliego fueron publicadas en debida forma, sin que se
pueda alegar una ambigüedad no expresada en oportunidad.

16. C&M también se opuso al petitum. Esgrimió que no fue desvirtuada la legalidad
del concurso ni la escogencia de la mejor oferta, pues el actor no cuestionó que
aquella propuesta hubiese obtenido 100 puntos. Además, según el pliego, un mismo
servicio no podía aplicar a los dos puntajes, es decir, al que se otorgaría a las ofertas
de origen nacional, y también a las extranjeras que contaran con la incorporación
de personal colombiano, por lo que el error no fue netamente formal10. Propuso la
excepción genérica.

17. Afirmó que, ante datos confusos en las ofertas el Consejo de Estado autoriza a
no otorgar puntuación, tal como lo hizo la entidad.

Alegatos en primera instancia

8 Al efecto citó: Consejo de Estado, Sección Tercera: i) Subsección B, sentencia del 5 de abril de 2017, Rad.

250002326000-20050244901 (35459), M.P. Danilo Rojas Betancourth, ii) Subsección B, sentencia del 8 de
febrero de 2012, Rad. 170012331-00019970803401 (20688), M.P. Ruth Stella Correa Palacio, iii) sentencia del
4 de febrero de 2010, Rad. 2500023260001994-0982701 (16540), M.P. Mauricio Fajardo Gómez, iv) sentencia
del 19 de febrero de 1987, Rad. 4694, M.P., Julio César Uribe Acosta, reiterada en fallo del 19 de junio de 1998,
Rad. 10.217, M.P. Ricardo Hoyos Duque, y v) sentencia del 12 de noviembre de 2014, Rad.
25000232600019961280901 (27986), M.P. Enrique Gil Botero.
9 La demanda fue admitida mediante auto del 24 de septiembre de 2020 (índice 4, SAMAI de primera instancia).

El auto admisorio fue notificado personalmente a la demandada y al litisconsorte C&M Consultores S.A.S.
mediante correo electrónico del 3/02/2021 (índice 11, SAMAI de primera instancia)
10 Señala que ofertó para obtener tanto los 10 puntos por servicios de origen nacional, como para obtener los 5

puntos cuando el 100% de recurso humano es nacional en la prestación del servicio de origen extranjero.

4

Radicación: 25000233600020190053901 (70.890)
Demandante: Consorcio Gisc - Fundasol
Demandado: Secretaría de Educación del Distrito Capital y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

18. Surtidoel debate probatorio11, al alegar de conclusión, el actor12 reiteró los
argumentos de la demanda. C&M Consultores13 subrayó que hay varios hechos no
probados que impiden la prosperidad de las pretensiones, entre ellos que: (i) el
Consorcio no expuso confusiones sobre el anexo 15 en el proceso de selección; (ii)
no se probó que el análisis del comité evaluador fuera errado o desconociera el
debido proceso (iii) no se demostró el empate, pues lo acreditado es que el GF optó
por dos puntajes excluyentes, lo que impedía obtener calificación por apoyo a la
industria nacional; (iv) no se probaron perjuicios dada la inasistencia de la
demandante y del perito a la audiencia de pruebas, lo que dejó sin valor la pericia
aportada para ello14.

19. La SED guardó silencio y el Ministerio Público no se pronunció.

Fundamentos de la providencia recurrida

20. El a quo negó las pretensiones de la demanda. Indicó que el Consorcio actuó
contra los deberes de diligencia y cuidado al presentar el anexo 15, pues: (i) ante
posibles confusiones sobre cómo llenar el formato, debió elevar observaciones en
curso del proceso de selección, y (ii) el núm. 5.2.4. del pliego fijó las reglas para
diligenciar tal anexo, y el oferente las obvió incurriendo en yerros.

21.Aclaró que otro de los oferentes cometió el mismo error y tampoco se le otorgó
puntaje por ese requisito; sumado a que la SED no debía analizar el conjunto de la
oferta e interpretar si era de origen nacional, pues esa claridad la daba el anexo 15;
agregó que tampoco le correspondía hacer interpretaciones adicionales sobre los
aspectos de la evaluación en desconocimiento del pliego de condiciones.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

22. El demandante pide revocar el fallo de primer grado y que se acceda a las
pretensiones. Aduce que existen falencias en la valoración probatoria15 y
contradicciones argumentativas. Al respecto indica:

11 En audiencia inicial del 21 de junio de 2022, el a quo decretó las siguientes pruebas: 1) del demandante: A)

Documentales: a) propuesta económica de GF, b) documento de constitución del consorcio y de sus integrantes,
c) Resolución 044 del 5 de marzo de 2019, por medio de la cual se adjudicó el concurso de méritos, d) solicitud
y constancia de conciliación extrajudicial, e) documentos del procedimiento de selección, f) copia de las ofertas:
del actor, C&M, Consorcio Empresarial PAE y Unión Temporal Alimentación Escolar, que podrían consultarse
en el SECOP II. B) Pericial: para la tasación de perjuicios económicos causados al Consorcio GF por la no
adjudicación del contrato. C) Oficios: a la SED para que allegara la oferta presentada por el demandante y por
C&M Consultores, 2) de la SED: expediente administrativo del concurso de méritos SED-CM-A-DBE-001-2019;
3) de C&M Consultores: Poder y certificado de existencia y representación legal de la sociedad.
12 Índice 34 del aplicativo SAMAI de primera instancia.
13 Índice 35 del aplicativo SAMAI de primera instancia.
14 Fls. 1878 a 1888, 1915 a 1930 y 1931 a 1938, cuaderno 7, índice 2 del aplicativo SAMAI.
15 El actor señala que el a quo no advirtió la redacción confusa el pliego de condiciones, específicamente en el

numeral 5.2.4., según el cual se indica que el puntaje de apoyo a la industria nacional se otorgaría a quien
probara ser oferente de origen nacional a través del certificado de existencia y representación legal, pero luego,
menciona que este factor solo se calificaría teniendo en cuenta el anexo 15. Acorde con los documentos
allegados con la oferta de GF, se podía evidenciar que sus integrantes, Grupo IS y Fundasol, eran de origen
nacional, acorde a sus certificados de existencia y representación legal, y el Tribunal obvió que acorde a la
normatividad aplicable para el momento en que se surtió el proceso de selección, este documento bastaba para
haberle asignado el puntaje por este factor.

5

Radicación: 25000233600020190053901 (70.890)
Demandante: Consorcio Gisc - Fundasol
Demandado: Secretaría de Educación del Distrito Capital y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

(i) El Tribunal pasó por alto que acorde a la definición de “servicios nacionales” del
Decreto 1082 de 2015 y la Ley 816 de 2003, para su acreditación bastaba que se
tratara de personas jurídicas constituidas bajo la legislación colombiana.
(ii) Con todo, como la redacción del numeral 5.2.4. del pliego resultaba confusa, el
a quo debió determinar qué es un bien y servicio nacional, y de allí definir el puntaje
de las ofertas. Al no hacerlo, se castigó a un proponente por errores de la entidad,
y se privilegió lo formal sobre lo sustancial16.

(iii) Difiere de la afirmación del a quo de que los factores de evaluación no podían
ser interpretados por la entidad, pues era un yerro que se gestó en el mismo pliego
ocasionando la confusión del actor en el ofrecimiento de la industria nacional.

Trámite de segunda instancia

23. Conforme al art. 247.5 del CPACA, modificado por el art. 67 de la Ley 2080 de
2021, no se corrió traslado para alegar de conclusión. El Ministerio Público no rindió
concepto.

III. CONSIDERACIONES

Objeto de la apelación

24. El problema jurídico que concentra la atención de la Sala se contrae a determinar
si en el proceso de selección sub-lite hubo una indebida calificación de la propuesta
del actor respecto del factor de apoyo a la industria nacional, y sus efectos frente a
la escogencia realizada como fundamento del daño aducido.

Criterio de calificación de apoyo a la industria nacional - definición de bienes
y servicios nacionales - evolución legal

25. El art. 21 de la Ley 80 de 1993 determinó que era deber de las entidades estatales
garantizar la participación y prevalencia de oferentes de bienes y servicios de origen
nacional en cualquier procedimiento de selección; por lo que, en “igualdad de
condiciones para contratar, se preferirá la oferta de bienes y servicios de origen
nacional”. A su vez, respecto de oferentes extranjeros que estuvieran en igualdad
de condiciones indicó que se “preferirá aquel que contenga mayor incorporación de
recursos humanos nacionales, mayor componente nacional y mejores condiciones
para la transferencia tecnológica”.

26.El parágrafo primero del citado artículo, designó al gobierno nacional para definir
qué debía entenderse por bienes y servicios de origen nacional y extranjero, junto
con el diseño de mecanismos que facilitaran el conocimiento oportuno tanto de su
oferta como de su demanda. En los arts. 10 y 11 del Decreto 679 de 1994 17 se
establecieron las siguientes definiciones:

16 Fl. 12, índice 41 del aplicativo SAMAI de primera instancia.
17 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 80 de 1993”.

6

Radicación: 25000233600020190053901 (70.890)
Demandante: Consorcio Gisc - Fundasol
Demandado: Secretaría de Educación del Distrito Capital y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

(i) Bienes de origen nacional: aquellos producidos en el país para los cuales el valor
CIF de los insumos, materias primas y bienes intermedios importados, empleados
para la elaboración de los bienes objeto de la contratación fueren igual o inferior al
60% del valor en fábrica de los bienes terminados ofrecidos.
(ii) Servicios de origen nacional: son los prestados por empresas constituidas según
la ley nacional, por personas naturales colombianas o por residentes en Colombia.

27. Estas definiciones tuvieron especial relevancia luego de la entrada en vigencia
de la Ley 816 de 200318, que estableció la obligación para las entidades públicas de
adoptar criterios objetivos que permitieran apoyar la industria nacional –excluyendo
a las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios–. Para ello, precisó
el puntaje que debía asignarse a este componente: a) para proponentes que
ofertaran bienes y servicios nacionales y aquellos que tuvieran trato nacional por
acuerdo comercial entre Colombia y otros Estados, se asignaría un puntaje entre el
10% y 20%; y b) para proponentes extranjeros sin trato nacional, pero que ofrecían
incorporar bienes o servicios colombianos en la ejecución del contrato, se debía
asignar un puntaje entre el 5% y 10%. Esta norma aclaró que si la oferta del
proponente extranjero estaba en igualdad de condiciones con la de uno nacional,
se adjudicaría a este último.

28. La asignación de puntajes fue reglamentada mediante el Decreto 2473 de 2010,
el cual remitió a la noción de bienes y servicios nacionales fijada en el Decreto 679
de 1994, manteniendo vigentes tales conceptos.

29. Estas definiciones, a su turno, se incluyeron en el art. 3 del Decreto 1510 de
201319, compilado posteriormente en el art. 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015,
norma que reiteró que los servicios nacionales se identificaban por el origen y
constitución de la persona natural o jurídica que los prestara, sin elementos
adicionales que modificaran tal identificación.

30. Bajo estas premisas, las empresas extranjeras que constituyeran personas
jurídicas bajo la ley Colombiana lograban obtener el puntaje más alto por apoyo a
la industria nacional, sin que necesariamente utilizaran bienes y servicios del país
para ejecutar los respectivos contratos.

31. En atención a esta problemática, y para dar cumplimiento a una de las acciones
de mejora definida en el “Pacto por el Crecimiento y la Generación de Empleo del
Sector de Industrias de la Construcción” (2019), se debía analizar la posibilidad de
incluir el uso de bienes colombianos y/o un mínimo de mano de obra local en la
definición de servicios nacionales en el Sistema de Compra Pública 20 con el fin de
promover encadenamientos productivos de bienes nacionales, generar empleo,
sustituir importaciones, promover la formalización empresarial y acercar de forma
eficiente el mercado de compras públicas a las distintas empresas colombianas de
manera directa o indirecta. Con estos objetivos se profirió el Decreto 680 de 202121.

18 “Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la contratación pública”.
19 “Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública”.
20 En línea con el documento CONPES 3866 del 8 de agosto de 2016.
21 En las consideraciones del citado Decreto se precisaron, entre otras, las siguientes:

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Radicación: 25000233600020190053901 (70.890)
Demandante: Consorcio Gisc - Fundasol
Demandado: Secretaría de Educación del Distrito Capital y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

32. Elart. 1° de este reglamento modificó la definición del art. 2.2.1.1.1.3.1. del
Decreto 1082 de 2015, y determinó que un servicio es considerado nacional22 si,
además del componente subjetivo de quien lo presta, usa los bienes nacionales
relevantes definidos por la entidad estatal contratante para el desarrollo de la
actividad objeto del proceso de selección y/o contratación, o vinculen el porcentaje
mínimo de personal colombiano según corresponda23.

33. Entre otras disposiciones, el Decreto 680 de 2021 (art. 2) incluyó los parámetros
que deben tener en cuenta los entes públicos al adelantar procesos de selección
para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecución del contrato: (i) el
sector económico, los oferentes y toda la información adicional con la que cuente la
entidad en la fase de planeación; (ii) el porcentaje de participación de los bienes en
el presupuesto; y, (iii) la existencia de los bienes en el Registro de Productores de
Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 200924

El pliego de condiciones y el proceso de selección

34. De acuerdo con el material probatorio, el 21 de enero de 2019 se publicó el pliego
definitivo de condiciones del concurso de méritos SED-CM-A-DBE-001-2019; en su
capítulo V se consagró lo referente a la ponderación de las propuestas y el puntaje
por apoyo a la industria nacional.

35.Para este componente se daría aplicación a lo dispuesto en la Ley 816 de 2003,
otorgando 10 puntos a las ofertas nacionales, y 5 a oferentes extranjeros que
incorporasen bienes y servicios nacionales. La calificación por este factor otorgaba
máximo 10 puntos.

“Que el artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015 definió como servicios nacionales aquellos ´prestados por personas
naturales colombianas o residentes en Colombia o por personas jurídicas constituidas de conformidad con la legislación
colombiana´.
Que no todos los Acuerdos Comerciales incluyen dentro de su cobertura a las Entidades Estatales y a las entidades
descentralizadas del nivel departamental y municipal, que tienen una participación relevante en el total de Procesos de
Contratación.
Que algunos proponentes obtienen el puntaje relacionado con el estímulo a la industria nacional de que trata el inciso primero
del artículo 2 de la Ley 816 de 2003, sin que el mismo se vea reflejado en el uso de bienes o servicios colombianos durante
la ejecución del respectivo contrato. (…)
Que dichos emparejamientos y encadenamientos productivos además de fomentar la formalización empresarial y apalancar
los objetivos de la Política de Desarrollo Productivo, buscan acercar el mercado de compras públicas a las distintas empresas
colombianas de manera directa o indirecta”.
22
"Servicios Nacionales. En los contratos que deban cumplirse en Colombia, un servicio es colombiano si además de ser
prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de
conformidad con la legislación colombiana o por un proponente plural conformado por estos o por estos y un extranjero con
trato nacional, usa los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para la prestación del servicio que será
objeto del Proceso de Contratación o vinculen el porcentaje mínimo de personal colombiano según corresponda”.
23
Dicha normativa también estableció los parámetros bajo los cuales un servicio es colombiano tratándose de contratos que
deban ser ejecutados en el extranjero; también se refirió al respeto por los acuerdos comerciales vigentes, de cara a ofertas
de extranjeros con derecho a trato nacional.
24
Señala, además, que en los casos que, acorde al objeto contractual, no existan bienes nacionales relevantes o no haya
oferta en el país, el puntaje de apoyo a la industria nacional se asignaría a proponentes que vincularan el porcentaje mínimo
fijado por la entidad pública de empleados o contratistas colombianos, que no podría ser inferior al 40% del total del personal
requerido para su cumplimiento.

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36. Elnumeral 5.2.4. del pliego de condiciones, especificó el tipo de ofertas
consideradas de origen nacional y la forma en que éstas debían ser acreditadas 25:

OFERTAS DE ORIGEN NACIONAL (10 PUNTOS)

Personas Personas Personas Personas Naturales o Jurídicas
Naturales Naturales Jurídicas Extranjeras con derecho a trato
Colombiana extranjeras con Colombianas nacional
s residencia en
Colombia

“Acreditarán “Podrán “Acreditarán “De acuerdo al artículo 2.2.1.2.4.1.3.
su acreditar la su del Decreto 1082 de 2015, las
nacionalidad residencia, nacionalidad personas jurídicas extranjeras
a través de la mediante la visa mediante el recibirán trato nacional cuando se
cédula de correspondiente certificado de cumpla alguna de las siguientes tres
ciudadanía que le permita existencia y condiciones …: 1) que la persona
ejecutar el objeto jurídica extranjera provenga de un
correspondie representació
contractual de país con el cual exista algún
nte, la cual se conformidad con n legal” (se Acuerdo Comercial …; 2) que exista
deberá la Ley, la cual se resalta). certificado de Trato Nacional por
aportar con la deberá aportar Reciprocidad …; o 3) que la persona
oferta en con la oferta en jurídica extranjera provenga de un
copia simple” copia simple”. país miembro de la Comunidad
Andina (…)”

37. Precisó que para consorcios y/o uniones temporales, los 10 puntos se otorgarían
si todos sus miembros acreditaban el origen nacional de la oferta; en caso de que
esas figuras plurales se conformaran por integrantes colombianos y extranjeros, el
puntaje se asignaría en proporción a la participación del miembro nacional.

38. El mismo numeral, en el subtítulo “Incentivo a la Incorporación de componente
nacional”, determinó que cuando se presentaran proponentes extranjeros sin
derecho a trato nacional que ofrecieran servicios profesionales de origen
colombiano, se les otorgaría puntaje de conformidad con la siguiente tabla:

39. Conforme al Anexo 15 –APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL–, los oferentes
debían señalar el origen del personal ofrecido. En la nota 1 de la cláusula 5.2.4 se
hizo énfasis en que el ofrecimiento de incorporación de recurso humano nacional
en el citado formato, no asignaría puntaje al oferente en proporción al porcentaje de
participación del integrante nacional, pues un mismo servicio no podía aplicar a
ambos puntajes. En cualquier caso, era deber de todos los participantes diligenciar
el citado anexo.

25 Fl. 55 dentro del archivo pdf “SED-CM-A-DBE-001-2019 PLIEGO DE CONDICIONES”, dentro de la carpeta

“ANEXOS, DOCUMENTOS Y ANTECEDENTES CONTRACTUALES”, subcarpeta “DOCUMENTOS
PROCESO DE SELECCIÓN INTER PAE”, en usb a fl. 1, c. principal.

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40. Respecto al pliego de condiciones no se presentaron observaciones referentes
al anexo 15 y a las reglas de puntaje por apoyo a la industria nacional26.

41. La Sala precisa que si bien no reposan en el expediente las observaciones al
pliego de condiciones y al anexo 15, ni las respuestas de la entidad contratante, al
consultar esos documentos en el SECOP II27 se verificó que no hubo observaciones
sobre la cláusula de apoyo a la industria nacional ni al contenido del anexo 15. El
examen de dicha plataforma virtual es procedente, porque es el mecanismo de
publicidad de la contratación estatal en Colombia28, entre otras características, y de
acuerdo con su reglamentación la demandada debía publicar allí los documentos y
actos administrativos de la etapa precontractual, así como los relativos al desarrollo
y finalización del negocio jurídico, como en efecto aparece registrado.

42. Esta Subsección, en recientes oportunidades 29, ha señalado que en casos como

el sub examine la carga de la prueba se matiza en virtud del deber de las entidades
demandadas de “allegar el expediente administrativo que contenga los
antecedentes de la actuación objeto del proceso y que se encuentren en su poder”
establecido en el parágrafo primero del art. 175 del CPACA; además, como en el
presente asunto el a quo ofició en curso de la audiencia inicial a la SED, para que
allegara los antecedentes administrativos y los documentos contentivos del proceso
de selección SED-CM-A-DBE-001-2019, sin que la entidad atendiera el mandato de
remitir la información relativa al concurso de méritos30, la Sala está habilitada para
acudir a los medios electrónicos de divulgación de la información de los procesos
contractuales de las entidades públicas, particularmente al SECOP que posee las
piezas del expediente administrativo necesarias para fallar.

43. El 21 de enero de 2019 se expidió la Resolución 010, mediante la cual se ordenó
la apertura y trámite del Concurso de Méritos31. Al proceso se presentaron 4
oferentes: i) C&M Consultores32, ii) Consorcio Gisc – Fundasol, iii) Consorcio
Empresarial PAE, y iv) Unión Temporal Alimentación Escolar.

44. En el informe de evaluación preliminar publicado el 14 de febrero de 2019, se
determinó que la propuesta del actor no estaba habilitada por omitir requisitos

26 El actor no formuló pregunta u observación respecto al anexo 15 o al apoyo a la industria nacional. Ver:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=esCO
&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
27 Consultado en: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/PublicMessageDisplay/Index?id=520299

&contract
NoticeUniqueIdentifier=&prevCtxUrl=%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fPerspective%3
dDefault&showDownloadDocument=False&asPopupView=true y
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/PublicMessageDisplay/Index?id=524360&contractNoticeUni
queIdentifier=&prevCtxUrl=%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fPerspective%3dDefault
&showDownloadDocument=False&asPopupView=true
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 4

de junio de 2024, radicación 08001-23-33-000-2019-00567-01 (70198), C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
29 Ibidem.
30 Como se constata al verificar los documentos visibles en los índices 25 a 30, SAMAI, Gestión en otras

corporaciones, TA de Cundinamarca –Sección Tercera – Subsección B.
31 Archivo pdf: “SED-CM-A-DBE-001-2019 RESOLUCIÓN DE APERTURA”, dentro de la carpeta “ANEXOS,

DOCUMENTOS Y ANTECEDENTES CONTRACTUALES”, subcarpeta “DOCUMENTOS PROCESO DES
ELECCIÓN INTER PAE”, en USB a fl. 1, c. principal.
32 Se precisa que al momento de presentar propuesta C&M Consultores era sociedad anónima, posteriormente,

mediante Acta No. 56-20 del 2 de marzo de 2020, se transformó en S.A.S. Índice 14 SAMAI, T.A.

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jurídicos de su integrante Fundasol (certificaciones de pago de aportes al sistema
de seguridad social integral e inscripción y antecedentes disciplinarios legibles del
revisor fiscal que suscribió tal certificación)33. El 26 de febrero siguiente se publicó
el informe final de evaluación que señaló que el demandante subsanó la oferta, y
ocupó el segundo orden de elegibilidad, pues en el primer lugar se ubicó C&M
Consultores.

45. Como documento anexo a tal evaluación, la SED adjuntó el oficio de respuesta a
las observaciones, del que se destaca la formulada por C&M frente al Consorcio
Gisc – Fundasol, relativo al diligenciamiento del Anexo 1534:

Observación contra el Consorcio Gisc - Fundasol

OBSERVACIÓN 18:
El formato de industria nacional aportado en la propuesta conlleva a una indebida
acumulación de factores de puntuación.
Conforme se encuentra establecido en el numeral 5.2.4. del pliego de condiciones, las
ofertas serán objeto de puntaje por dos circunstancias particulares respecto de industria
nacional: la primera cuando el proponente sea de origen nacional (10 puntos) y la
segunda cuando, al tratarse de proponente extranjero, suscribe el compromiso de
incorporación de servicios nacionales en la prestación de servicios extranjeros (5
puntos). En evidente contradicción de lo anteriormente establecido, el Consorcio GISC
– FUNDASOL suscribe el Anexo 15 de Industria nacional como nacional y a la vez con
compromiso de incorporación, aportando por tanto un formato erróneamente
diligenciado.
Por lo anterior, y considerando que el Anexo 15 es el documento mediante el cual se
acredita este factor de puntuación, se solicita a la entidad no otorgar puntaje alguno por
este concepto a la propuesta del Consorcio GISC – FUNDASOL.
RESPUESTA 18:
Una vez revisado el documento referido por el observante, el comité evaluador procedió
a verificar la información allegada por el Consorcio GISC – FUNDASOL, en el anexo
Formato de apoyo a la Industria Nacional, donde se encontró que efectivamente el
documento aportado por el oferente establece confusiones sobre la selección realizada
(…) Así las cosas y de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones
numeral 5.2.4., el oferente no es acreedor al puntaje previsto y se procederá a
realizar el ajuste correspondiente.

46. En el anexo 15 presentado por el actor35 –a diferencia del diligenciado por C&M
como adjudicatario– se seleccionó la casilla que indicaba que la oferta era de origen
nacional, e igualmente se marcó la opción de incorporación de personal nacional en
un 100% –espacio dispuesto sólo para oferentes de origen extranjero–.

Los formatos presentados por el GF y por el adjudicatario, fueron los siguientes:

33 Archivo pdf: “SED-CM-A-DBE-001-2019 – EVALUACION FINAL”, dentro de la carpeta “INFORME DE
EVALUACIÓN”, en USB a fl. 1, c. principal.
34 Fls. 43, 44 y 50, ídem.
35 Archivo Pdf: “Anexo 15. Formato Apoyo a la Industria Nacional”, dentro de la carpeta “PROPUESTAS”,

subcarpeta “consorcio gisc-fundasol”, en USB a fl. 1, c. principal.

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47. El 27 de febrero de 2019, en la audiencia de apertura de la propuesta económica,
C&M expresó su acuerdo con el comité evaluador indicando que en este proceso
de selección no bastaba allegar el certificado de existencia y representación legal
del proponente o integrantes de las formas plurales para probar el origen nacional
de la oferta, ya que con el anexo 15 se acreditaba que los servicios y personal eran
colombianos, independientemente de donde se constituyó.

48. Por su parte, el actor aseveró que la entidad debió hacer una evaluación
sustancial y no sólo formal del origen nacional de su oferta, la cual se había
acreditado como lo pedía el pliego, con el certificado de existencia y representación
legal de sus integrantes. Adujo una violación al debido proceso porque aun cuando
la entidad pudo pedirle aclarar este punto, lo omitió y le restó el puntaje, sin que
existieran dudas respecto a la nacionalidad del proponente36.

49. La audiencia se suspendió y continuó el 1 de marzo de 2019, confirmando los
puntajes asignados a cada oferente37. Se dio apertura a la propuesta económica de
C&M, adjudicándole el contrato mediante Resolución 044 del 5 de marzo de 201938.

Análisis de la Sala

50. La normatividad aplicable al sub-lite, respecto al componente de apoyo a la
industria nacional, corresponde al artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 201539
antes de la reforma que introdujo el Decreto 680 de 2021, en la medida que el
proceso de selección objeto de análisis se desarrolló de enero a marzo de 2019; de
manera que es aplicable la definición de servicios nacionales allí contenida. Ésta, a
su vez, quedó incorporada en el capítulo V del pliego de condiciones que consagró
que los servicios de origen nacional correspondían a aquellos prestados, entre
otros, por personas jurídicas constituidas bajo la legislación colombiana, situación
que sería acreditada con el certificado de existencia y representación legal
respectivo, sin agregar datos adicionales –más allá del anexo 15 que debía registrar
la información correspondiente–.

51. Al revisar los términos del citado anexo, no se encuentra que exista una redacción
confusa que indujera en error a los proponentes. Como quedó visto, dicho
documento diferenció dos tipos de información: a) en un primer cuadro se debía
seleccionar con una X si el “origen de los servicios” ofrecidos era nacional o
extranjero; y b) el segundo cuadro, relativo a la “incorporación de nacionales en la

36
“(…) nosotros no pretendemos subsanar sino le vamos a aclarar a la entidad qué fue lo que sucedió en dicho formato 15…
Si usted revisa el formato… [Lee el formato], por eso, se marcaron las dos. ¿qué es lo que sucede? Dentro de la industria
nacional existen 2 o 3 requisitos que se pueden determinar, primero, que la empresa sea de origen nacional, lo cual se verifica
a través de la cámara de comercio y segundo, que la prestación del servicio o los bienes sean de origen nacional. En este
momento si usted verifica en ningún momento nos estamos contradiciendo, origen del servicio: nacional y ¿qué dice el
segundo punto [dentro de formato]? Que la totalidad del recurso humano requerida (sic) para la prestación del servicio sea
de origen nacional. (…) si la naturaleza de la empresa se verifica de acuerdo al pliego de condiciones que señala que es con
la cámara de comercio y acá [en el formato] yo simplemente estoy haciendo una manifestación de que recurso es nacional,
no entiendo cuál es la interpretación errónea que se entiende … Min. 11:09 a 16:43, de la grabación “AUDIENCIA APERTURA
DE SOBRES SED-CM-A-DBE-001-2019 PARTE I”, carpeta “informe evaluación”, en USB a fl. 1, c. principal.
37
Se precisa que no fue aportada al proceso la segunda parte de la audiencia, y en la plataforma SECOP II no figura la
grabación; esta situación no afecta el análisis que se efectúa de cara a los argumentos esgrimidos y por cuanto el acto
administrativo de adjudicación que es el objeto del sub-examine está aportado al proceso.
38
Archivo Pdf: “resolución de adjudicación”, carpeta “informe de evaluación”.
39
El Decreto 1082 de 2015 (antes de la reforma del Decreto 680 de 2021) disponía: “Servicios Nacionales: Servicios
prestados por personas naturales colombianas o residentes en Colombia o por personas jurídicas constituidas de conformidad
con la legislación colombiana”.

13

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prestación del servicio extranjero” (se subraya), estableció que si el recurso humano
era 100% nacional se asignaban 5 puntos, y en caso de incluir personal extranjero
no obtendría puntuación por este factor. Todo ello, consistente con el núm. 5.2.4 del
pliego que al desarrollar el “Incentivo a la Incorporación de componente nacional”,
precisó tales reglas.

52. En este sentido, el actor cometió un error al diligenciar el anexo 15, puesto que
en el primer segmento indicó que la oferta era de origen nacional; y luego, como si
se tratara de un proponente extranjero, marcó la casilla que debían completar
únicamente los oferentes sin trato nacional o netamente foráneos. De modo que no
asiste razón al apelante al señalar que los términos del citado formato se prestaban
a confusiones, pues de una lectura integral de los pliegos, que abarca las reglas de
participación y sus anexos, se llega a esta comprensión sin ambigüedades;
evidencia que descarta el argumento asociado a una vaguedad o ambivalencia
proveniente del pliego y del anexo referido, y por lo mismo no tiene cabida la crítica
del censor relacionada con la aplicación de los criterios legales de interpretación a
su favor.

53. Con todo, este examen no puede pasar por alto que las personas jurídicas que
conformaban el Consorcio Gisc – Fundasol eran de origen nacional, calidad que sin
mayor esfuerzo es apreciable en los certificados de existencia y representación
aportados con la propuesta. Así que en los términos del art. 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto
1082 de 2015, los servicios que ofertó debían catalogarse como nacionales.

54. La Sala no desconoce la importancia de esa clase de documentos de cara al
proceso de evaluación y, por ello, no desdice de la obligatoriedad de que los anexos
sean debidamente diligenciados. Lo que resalta es que esta exigencia no puede
llevarse al extremo de sobreponer un yerro meramente formal por encima de la
realidad sustancial, sobre todo si, como en este caso, la incorrección en el
diligenciamiento del formulario era francamente apreciable –pues una casilla
demarcaba el origen nacional de los servicios versus la que registraba la
“incorporación de nacionales en la prestación del servicio extranjero”, lo que las
hacía excluyentes–; y era fácilmente superable, comoquiera que bastaba constatar
tal información en los certificados de existencia y representación de los integrantes
del Consorcio, documento indicado en el pliego y establecido en la ley para su
acreditación40.

55. La prevalencia de lo sustancial sobre lo formal ha sido un tema ampliamente
tratado por la Sección Tercera del Consejo de Estado, precisando que es deber de
la administración interpretar las reglas de los procesos de selección, justificar
debidamente el análisis de dichas cláusulas, siempre teniendo en consideración que
dicha prerrogativa no es discrecional y sin que se pueda atentar o contravenir los
actos propios.

56. El yerro de GF no tenía la trascendencia asignada en la evaluación, ni impedía
conocer si tales personas jurídicas estaban constituidas bajo las leyes colombianas.

40
Adviértase que acorde a lo dispuesto en el artículo 1618 del Código Civil, “Conocida claramente la intención de los
contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras”.

14

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La función de dicho formato era consolidar y organizar la información de los
participantes para facilitar la evaluación y, puntualmente, fijar el compromiso de los
oferentes extranjeros respecto a la utilización de personal nacional41; pero en ningún
caso podía sustituir preceptos legales ni reglas del pliego relacionadas con la
acreditación del origen nacional de los servicios.

57. No podrá decirse que por ser un factor de evaluación, tal incorrección no era
susceptible de constatación por la entidad, ya que en este caso el factor de apoyo
a la industria nacional estaba libre de interpretaciones o incertidumbres conforme al
Decreto 1082 de 2015, pues dicha normativa estableció que se debía demostrar si
la persona era (i) nacional o no, (ii) residente o no, y (iii) para las personas jurídicas,
si estaban constituidas o no bajo las leyes colombianas; de modo que se conferían
los puntos según esta calidad, sin atravesar por un dilema subjetivo.

58. Revisada la oferta del actor, se observa que el Consorcio Gisc – Fundasol estaba
constituido por dos sociedades42: i) Grupo IS Colombia S.A.S., y ii) la Fundación
Acción Solidaria – Fundasol. Con la propuesta, aportaron sus certificados de
existencia y representación legal en los que consta que la primera fue constituida
mediante escritura pública 2713 otorgada en la Notaría 10 del Circuito de Bogotá,
el 27 de diciembre de 2007, con el nombre de Interventoría Social Ltda. La segunda,
fue creada mediante acta del 24 de febrero de 2003 registrada en la Cámara de
Comercio de Montería bajo el número 4076 del Libro I del registro de entidades sin
ánimo de lucro, bajo la denominación de Fundación Acción Social “FUNDASOL”43.

59. Al quedar demostrado que el demandante ofreció servicios nacionales conforme
a la normatividad que le era aplicable, se concluye que la SED evaluó
indebidamente la oferta del actor al no asignarle los 10 puntos por el factor de apoyo
a la industria nacional, a los que tenía derecho.

60. En consecuencia, como el demandante debió obtener 100 puntos al igual que
quien ocupó el primer lugar en el orden de elegibilidad, las dos propuestas deben
ser evaluadas aplicando los criterios de desempate previstos en el pliego de
condiciones, para determinar si Gisc – Fundasol debía avanzar hasta el sorteo por
balota en punto a la adjudicación, como alega en su demanda44.

Aplicación de los criterios de desempate

41
La relevancia sustancial de los datos referidos en el citado anexo, apuntaba al ofrecimiento de proponentes extranjeros en
el marco de la incorporación de recurso humano nacional. En estos eventos, tal manifestación sí tenía carácter constitutivo,
pues contenía una declaración de voluntad de los oferentes foráneos en la que definían el tipo de personal con el que
cumplirían el contrato y, según su ofrecimiento, se determinaba el incentivo asignado por este componente en un máximo de
5 puntos, si todo el personal era colombiano.
42
Archivo Pdf: “Anexo 2. Conformación Consorcial”, subcarpeta “consorcio gisc-fundasol”, carpeta “propuestas”, en USB a fl.
1, c. principal.
43
Archivo Pdf “Certificados de Existencia y Representación legal”, subcarpeta “consorcio gisc-fundasol”, carpeta “propuestas”,
en USB a fl. 1, c. principal.
44
La Sala precisa respecto de los otros proponentes que participaron en el proceso de selección que: 1) la Unión Temporal
Alimentación Escolar fue calificada con un total de 94 puntos al no alcanzar los 25 que podía obtener por “experiencia adicional
del proponente”, y no acreditó tener trabajadores en condición de discapacidad. 2) que el Consorcio Empresarial PAE incurrió
en el mismo error del actor al diligenciar el anexo 15 -como lo señaló el a quo-, pero esta situación no repercute en el presente
análisis ante la circunstancia de que sólo Gisc-Fundasol reclamó en este juicio una posición jurídica subjetiva por pérdida de
oportunidad, que es a la que se contrae el presente examen.

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61. La cláusula 5.3. del pliego de condiciones consagró las reglas de desempate para
el proceso de selección objeto de estudio. De conformidad con lo dispuesto en el
art. 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015, la SED escogería el oferente que tuviera
el mayor puntaje en los siguientes factores sucesivos y excluyentes: (i)
“EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE”; (ii) “EXPERIENCIA ADICIONAL
DEL DIRECTOR DEL PROYECTO”; (iii) “EXPERIENCIA ADICIONAL DE LOS
SUBDIRECTORES”; (iv) “EXPERIENCIA ADICIONAL DEL ASESOR DE
DIRECCIÓN”, o (v) tener en cuenta el puntaje por personal en discapacidad. Se
aclaró que al momento de evaluar posibles empates únicamente serían tenidos en
cuenta los formatos y certificaciones presentados hasta la fecha de cierre.

62. Seguidamente, enlistó los siguientes factores de desempate, consagrados en el
precitado Decreto:

“1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o
servicios extranjeros.
2. Preferir las ofertas presentadas por una Mipyme nacional; o, consorcio o unión
temporal, constituida por exclusivamente por Mipyme Nacional.
3. En caso en que dentro del Proceso de Contratación no existan ofertas presentadas
por Mipyme o proponentes plurales constituidos exclusivamente por Mipyme, Preferir la
oferta presentada por un Consorcio o unión temporal siempre que: (a) esté conformado
por al menos una Mipyme nacional que tenga una participación de por lo menos el
veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%)
de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del
Consorcio o unión temporal.
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en
condición de discapacidad a la que se refiere la ley 361 de 1997. Si la oferta es
presentada por un Consorcio o unión temporal, el integrante del oferente que acredite
que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los
términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el
veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio o unión temporal y aportar mínimo el
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.
5. Si con la aplicación de los criterios de desempate, los proponentes continúan
empatados, se seleccionará la mejor oferta mediante sorteo a través de balotera
neumática, en presencia de los participantes del proceso mediante el siguiente
procedimiento: Se colocan dentro de una balotera neumática, el número de balotas
correspondientes al número de proponentes cuya propuestas se encuentren en empate,
escogidas por cada uno de los proponentes o en su defecto, por el profesional de la
Oficina de Control Interno de la Entidad; El número de cada balota será el que identifique
a cada uno de los proponentes; seguidamente dos de los asistentes a la reunión
accionará la balotera y permitirá la salida de dos balotas, la primera de las cuales
corresponderá al adjudicatario del proceso y la siguiente determinará el segundo orden
de elegibilidad para los efectos en que sea aplicable.

PARÁGRAFO: En el evento en que los proponentes ubicados en primero y segundo
orden de elegibilidad resulten Rechazados Económicamente, el sortero descrito en este
numeral se realizará nuevamente y hasta que la entidad lo considere pertinente”.

63. En este contexto, el primer criterio de desempate estaba referido a la experiencia
adicional del proponente que, según el numeral 5.2.1. del pliego otorgaba 25 puntos.
Éste versaba sobre la acreditación, mediante un máximo de 5 certificaciones, de
contratos iniciados, ejecutados, terminados e identificados con el Clasificador de
Bienes y Servicios de “alguno de los códigos UNSPSC 851515, 841116, 801015,
801016, 851516, 851517, 931316 hasta el tercer nivel (Artículo 2.2.1.1.1.5.3
Decreto 1082 de 2015)” registrados en el RUP, de servicios cuyo objeto fuera:

16

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interventoría y/o supervisión y/o seguimiento y/o monitoreo y/o control a programas
y/o servicios de alimentación. La asignación de puntaje dependía de los siguientes
criterios:

64. Elmismo numeral aclaró que para acreditar la experiencia adicional, el
proponente debía allegar el formulario 11 anexo al pliego de condiciones junto con
las certificaciones diferentes a las presentadas para los requisitos habilitantes de
experiencia. Además, si la propuesta era de un consorcio o unión temporal, la
experiencia adicional podría ser acreditada por cualquiera de sus integrantes y sería
tenida en cuenta de acuerdo con el porcentaje de participación en la forma plural en
la cual fue adquirida.

Información de C&M Consultores en el Información del Consorcio Gisc –
Anexo 11. Fundasol en el Anexo 11
Es una “mediana empresa” acorde al Integrantes: (i) Grupo IS COLOMBIA: 90%, (ii)
certificado de existencia y representación Fundasol: 10%
legal allegado con la propuesta45.
Se mencionan los siguientes contratos, Se mencionan los siguientes contratos:
que fueron catalogados en los códigos
pedidos: 1. #1462 con inicio el 27 de marzo de 2017 y
finalización el 30 de junio de 2018, suscrito
1. #367 con fecha de inicio del 31 de con la SED, cuyo objeto fue la interventoría
diciembre de 2015 y terminación el 30 de técnica, financiera, administrativa, jurídica a
diciembre de 2016, suscrito con la Unidad los contratos, convenios e instrumentos de
de Servicios Penitenciarios y Carcelarios agregación de demanda o cualquier otra
• USPEC, cuyo objeto era la interventoría modalidad de contratación suscrita para la
técnica, administrativa, financiera, ejecución del programa de alimentación
jurídica y de control de calidad del escolar. Fue ejecutado por el Grupo IS con un
suministro del servicio de alimentación 45% de participación en el Consorcio
por el sistema de ración a la población Empresarial 2017.
privada de la libertad a cargo del INPEC,
en 49 establecimientos de reclusión del 2. #13667 inició el 4 de enero de 2017 y
orden nacional – ERON. culminó el 2 de agosto de 2018, suscrito con
Integración Social, cuyo objeto era realizar la
2. #869 con inicio el 24 de junio de 2015 interventoría especializada para garantizar la
y terminación el 31 de diciembre 2015, ejecución y cumplimiento del objeto
suscrito con el Ministerio de Educación contractual de los contratos, convenios,
Nacional -MEN cuyo objeto era realizar la contratos de comisión y las operaciones de
interventoría integral a los contratos de bolsa que se deriven de estos, para la
aporte, con cabildos indígenas y implementación de los diferentes servicios y
convenios interadministrativos con modalidades que presten suministro
entidades territoriales, (…) suscritos por alimentario a través del Proyecto 1098
la entidad, de acuerdo con el lineamiento “BOGOTÁ TE NUTRE”. Fue ejecutado por el
técnico administrativo del PAE, 2015, Grupo IS con un 45% de participación en el
zona 2. Consorcio Bogotá Te Nutre.

45
Archivo pdf “Cert. Existencia y Representación”, carpeta “cym”, usb a fl. 1, c. principal. Consta que la sociedad C&M
Consultores S.A.S. (antes S.A.), se constituyó mediante escritura pública 02536 otorgada por la Notaría Quinta de Bogotá del
26 de agosto de 1999, inscrita el 30 de agosto de ese mismo año, bajo el número 00693977 del Libro IX, bajo la denominación
de C&M Consultores Ltda.

17

Radicación: 25000233600020190053901 (70.890)
Demandante: Consorcio Gisc - Fundasol
Demandado: Secretaría de Educación del Distrito Capital y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

3. #870 del 24 de junio de 2015 y 3. #11868 inició el 13 de julio de 2015 y
culminación el 31 de diciembre de 2015, terminó el 13 de diciembre de 2016, suscrito
con la misma entidad pública anterior y el con la Secretaría de Integración Social, cuyo
mismo objeto a realizar, sólo que en la objeto era realizar la interventoría
zona 3. especializada para garantizar el cumplimiento
del objeto contractual de los contratos,
4. #4600003193 con inicio el 4 de marzo convenios, contratos de comisión y las
de 2015 y terminación el 28 de diciembre operaciones de bolsa que se deriven de estos,
de 2015, suscrito con el Departamento de para la implementación de los diferentes
Antioquia cuyo objeto fue la interventoría servicios y modalidades que presten
integral a contratos y/o convenios suministro alimentario a través del proyecto
celebrados por la entidad para garantizar “Alimentando Capacidades” desarrollo de
el suministro de víveres y la habilidades y apoyo para superar condiciones
implementación del PAE. de vulnerabilidad. Desarrollado 100% por
Grupo IS.
5. #1023 con fecha de inicio del 8 de
marzo de 2013 y terminación el 31 de 4. #871 inició el 25 de junio de 2015 y terminó
diciembre del mismo año, suscrito con el el 31 de diciembre de 2015, suscrito con el
ICBF, cuyo objeto era la interventoría MEN, para realizar la interventoría integral a
integral a los contratos celebrados con los los contratos de aporte, con cabildos
operadores de la entidad en el territorio indígenas y convenios interadministrativos
nacional para la vigencia de 2013, de con entidades territoriales (…). Desarrollado
acuerdo con los lineamentos técnico- 100% por GRUPO IS.
administrativos y estándares del PAE –
Grupo 1. Fue ejecutado por C&M 5. #994 fecha de inicio el 28 de diciembre de
Consultores con un 50% de participación 2007 y terminación el 28 de diciembre de
en el Consorcio C&G. 2010, suscrito con el ICBF, cuyo objeto era
realizar el control y supervisión técnica y
administrativa de los programas, desayunos
infantiles, raciones de emergencia,
recuperación nutricional, así mismo, a las
entidades contratistas y unidades aplicativas
de los proyectos 131 y 140 denominados:
Asistencia nutricional al escolar, Hogares
comunitarios de Bienestar 0-7, Hogares
Infantiles, Centros de emergencia, Internados,
Seminternados, Externados, Hogares
Gestores, Intervención de apoyo, preparación
para la vida social y orientación vocacional,
proyecto de vida independiente, preparación
para la vida social y orientación vocacional.
Desarrollado 100% por Sociedad Interventora
Social.
Observaciones: Observaciones:
Los contratos permitían otorgar los 25 Los contratos permitían otorgar los 25 puntos
puntos al proponente, pues: al proponente, puesto que:
-Los 5 contratos tenían como objeto la -Los 5 contratos tuvieron por objeto la
interventoría, supervisión, de programas interventoría, supervisión, de programas y/o
y/o servicios de alimentación servicios de alimentación.
-Todos fueron ejecutados y terminados -Todos fueron ejecutados y terminados.
-Todos se clasificaron en los códigos -Todos se clasificaron en los códigos
UNSPSG señalados en el pliego. UNSPSG señalados en el pliego.
-Son diferentes a los que la SED tuvo en -Son diferentes a los que la SED tuvo en
cuenta para acreditar la experiencia cuenta para acreditar la experiencia
habilitante del contratista: i) Contrato habilitante del contratista: i) Contrato 116 de
11960 de 2015, ii) Contrato 10806 de 2017, ii) 610 de 2016, iii) 2597 de 2012, iv)
2014, y iii) Contrato 3342 de 2012. 4600053961 de 2014, v) 095 de 2010, y vi)
-Se permite que algunos hayan sido 1292 de 2012.
ejecutados de forma simultánea. -Se permite que algunos hayan sido
ejecutados de forma simultánea.

18

Radicación: 25000233600020190053901 (70.890)
Demandante: Consorcio Gisc - Fundasol
Demandado: Secretaría de Educación del Distrito Capital y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

65. En la evaluación técnica final se hizo la evaluación de tales contratos; y consta
que el comité evaluador otorgó a C&M y a GF el máximo puntaje, respectivamente:

Y frente al demandante:

66. En el consolidado de evaluación final de los oferentes, primera casilla del cuadro
ubicado a la derecha que contiene el puntaje adicional aplicable para desempate,
se advierte que ambas ofertas obtuvieron 25 puntos por concepto de experiencia
adicional, lo que constata que acreditaron este requisito:

19

Radicación: 25000233600020190053901 (70.890)
Demandante: Consorcio Gisc - Fundasol
Demandado: Secretaría de Educación del Distrito Capital y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

67. El empate persiste, lo que abre paso al segundo criterio de desempate. Éste se
refiere a la experiencia adicional del director del proyecto, que según el núm. 5.2.2.
del pliego otorgaba 10 de los 64 puntos que se conferían en total por el criterio de
“Experiencia adicional del equipo de trabajo”. Sobre el director se calificaba lo
siguiente, según el anexo 12:

68. Revisado el anexo al pliego de condiciones respectivo, se encuentra acreditado
que ambos proponentes cumplieron la experiencia exigida para obtener los 10
puntos, así:

C&M Consultores

Nombre Empresa Cargo Funciones o actividades Tiempo laborado
del
profesional

Alfonso C&M Director Máximo responsable técnico Del 1 de enero de
Medina Consultore General por el direccionamiento del 2008 al 31 de
Torres s S.A. Contrato 988 proyecto en cada una de sus diciembre de 2009.
de 2007 etapas y componentes. 2 años

Director Máximo responsable técnico Del 1 de enero al 31
Contrato 502 por el direccionamiento del de diciembre de
de 2009 proyecto en cada una de sus 2010.
etapas y componentes. 1 año.

Coordinador Encargado de la coordinación Del 24 de junio de
General operativa del proyecto en cada 2011 al 5 de enero
Contrato una de sus etapas y de 2012.
4600034668 componentes 6 meses y 17 días.
de 2011

Gerente de Máximo responsable por la Del 21 de diciembre
interventoría planeación, implementación y de 2012 al 31 de
Contrato control de los asuntos, diciembre de 2013.
3342 de 2012 actividades y temas 1 año y 10 días.
relacionados con la
administración y ejecución del
proyecto.

Director Máximo responsable técnico Del 1 de enero al 31
Contrato por el direccionamiento del de julio de 2014. 6
1741 de 2013 proyecto en cada una de sus meses.
etapas y componentes.

20

Radicación: 25000233600020190053901 (70.890)
Demandante: Consorcio Gisc - Fundasol
Demandado: Secretaría de Educación del Distrito Capital y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

Director Máximo responsable técnico Del 14 de
General por el direccionamiento del noviembre de 2014
Contrato proyecto en cada una de sus al 28 de junio de
10804 de etapas y componentes. 2015. 7 meses y 14
2015 días.

Director Máximo responsable técnico Del 13 de julio al 14
General por el direccionamiento del de diciembre de
Contrato proyecto en cada una de sus 2015. 5 meses y un
11960 de etapas y componentes. día.
2015

Director de Máximo responsable técnico Del 31 de diciembre
Interventoría por el direccionamiento del de 2015 al 1 de
Contrato proyecto en cada una de sus junio de 2017. 1
1675 de 2015 etapas y componentes. año, 5 meses y 1
día.

Director Máximo responsable técnico Del 1 de julio de
General por el direccionamiento del 2018 al 31 de marzo
Contrato proyecto en cada una de sus de 2019. 8 meses.
443029 de etapas y componentes.
2018

TOTAL: Más de 5 años
acreditados, lo que
le permitía obtener
los 10 puntos46

Consorcio Gisc – Fundasol

Nombre Empresa Cargo Funciones o actividades Tiempo laborado
del
profesional

Elena Consorcio Director Dirigir e implementar Del 16 de enero al
Amparo Bogotá Te General instrucciones al talento 30 de noviembre de
Gómez Nutre humano con el propósito que 2017.
Moreno den cumplimiento integral al 10 meses y 14 días.
contrato de interventoría.
Grupo Is Directora Dirigir, coordinar, supervisar, Del 5 de julio al 12
Colombia Técnica asesorar y responder por la de diciembre de
SAS ejecución del contrato. 2016.
5 meses y 7 días.
Grupo Is Directora de Dirigir, coordinar, supervisar, Del 31 de diciembre
Colombia Interventoría asesorar y responder por la de 2015 al 3 de
SAS ejecución del contrato. junio de 2016.
5 meses y 3 días.
Grupo Is Directora Ejercer la dirección técnica, Del 2 de marzo al
Colombia Técnica con calidad, oportunidad y 30 de diciembre de
SAS obligaciones definidas en el 2015.
contrato principal 9 meses y 28 días.
Consorcio Líder de Dirigir, coordinar, supervisar y Del 1 de mayo de
Interalimen Interventoría asesorar las actividades de 2014 al 30 de enero
tos 2014 interventoría técnica y de 2015.
administrativa a los contratos 8 meses y 29 días.
suscritos para la prestación de

46
Los certificados reposan en archivo pdf “Director general_1” y “Director general_ 2”, en la carpeta “cym”, en USB a fl. 1, c.
principal.

21

Radicación: 25000233600020190053901 (70.890)
Demandante: Consorcio Gisc - Fundasol
Demandado: Secretaría de Educación del Distrito Capital y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

servicios de complementación
alimentaria de la secretaría.
Consorcio Director de Revisar, verificar, controlar y Del 29 de agosto de
Interventor Interventoría firmar todos los informes y 2013 al 31 de marzo
es AIB conceptos de la interventoría de 2014.
7 meses y dos días.
Grupo Is Director de Gerenciar, asesorar, Del 11 de mayo al
Colombia Interventoría coordinar, supervisar al área 28 de agosto de
SAS técnica, administrativa, 2013.
financiera y legal de la 3 meses y 17 días.
ejecución del contrato
Grupo Is Director de Gerenciar, asesorar, coordinar, Del 11 de mayo de
Colombia Interventoría supervisar al área técnica, 2012 al 10 de mayo
SAS administrativa, financiera y de 2013.
legal de la ejecución del 11 meses y 29 días.
contrato
Grupo Is Director de Gerenciar, asesorar, coordinar, Del 22 de
Colombia Interventoría supervisar al área técnica, septiembre de 2010
SAS administrativa, financiera y al 30 de junio de
legal de la ejecución del 2011.
contrato 9 meses y 8 días.
UT Gerente de Ejercer la dirección, 4 de septiembre de
PROSAM Interventoría coordinación, supervisión y 2006 al 31 de marzo
control de las obligaciones de 2007.
contractuales 6 meses y 27 días.
TOTAL: Más de 5 años
acreditados, lo que
le permitía obtener
los 10 puntos47

69. De nuevo, el empate habría persistido, llevando a acudir al tercer criterio de
desempate señalado en el pliego, que hacía parte de los 64 puntos que en total se
asignarían por experiencia adicional del equipo profesional de cada oferente,
relacionado con los subdirectores, el cual se calificaba así:

70. Luego de aplicar este criterio las propuestas continuaban empatadas, pues todos
los subdirectores probaron la experiencia de 3 o más años:

C&M Consultores

Subdirector Se acreditó que laboró en los siguientes periodos:
Administrativo y de
Recursos 1) Contratante: Consorcio Interplantas; cargo: Coordinador de Proyecto;
Humanos: Faviola entre el 14 de enero de 2008 al 5 de abril de 2010.
Andrea Guerra 2) Contratante: C&M Consultores S.A.; cargo: Coordinador General –
Pinzón. Gerente de Proyecto – Subdirector Administrativo y de Recursos Humanos,
en los periodos comprendidos entre el 24 de septiembre al 31 de diciembre
de 2010, 1 de mayo de 2013 al 31 de diciembre de 2013, del 10 de enero
de 2014 al 30 de septiembre de 2014, del 14 de noviembre de 2014 al 28

47
Los contratos suscritos se encuentran en archivo pdf “Anexo 12. Experiencia Adicional 1”, subcarpeta “consorcio gisc-
fundasol”, carpeta “propuestas”, en USB a fl. 1, c. principal.

22

Radicación: 25000233600020190053901 (70.890)
Demandante: Consorcio Gisc - Fundasol
Demandado: Secretaría de Educación del Distrito Capital y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

de junio de 2015, del 29 de junio de 2015 al 31 de diciembre de 2015 y del
1 de julio de 2018 al 31 de marzo de 201948.

Tiempo total acreditado: más de 3 años.

Subdirector de Se acreditó que laboró en los siguientes periodos con C&M Consultores
análisis de S.A., en los cargos de: Gerente de Proyecto, gerente de macroregión,
información para el director de gestión de proyectos, subdirector de análisis de información.
proceso de gestión Periodos: i) 9 de octubre de 2007 al 8 de abril de 2008, ii) 9 de abril de 2008
de novedades: al 28 de febrero de 2010, iii) 1 de marzo al 31 de octubre de 2010, iv) 4 de
Francisco José julio de 2017 al 16 de marzo de 2018, y v) 17 de marzo de 2018 al 13 de
Medina Barragán. junio de 201849.

Tiempo total acreditado: más de 3 años.

Subdirector Se acreditó que laboró en los cargos pedidos, en los siguientes periodos:
Técnico: Uber
Alberto Isaza 1) Contratante: Galenos; cargos: coordinador técnico, administrativo y de
Agudelo. eje de alternativas comunitarias de complementación alimentaria, desde el
12 de julio de 2005 al 31 de diciembre de 2007.

2) Contratante: Universidad de Antioquia; cargo: coordinador; periodos: i) 8
de mayo de 2012 al 30 de junio de 2012, ii) 11 de julio de 2012 al 25 de
septiembre de 2012, iii) 26 de septiembre de 2012 al de diciembre de 2012,
iv) 17 de febrero de 2013 al 30 de abril de 2013, v) 6 de mayo de 2013 al
30 de mayo de 2013.

3) Contratante: Corporación Interuniversitaria de Servicios; cargo:
coordinador general, desde el 7 de octubre de 2013 al 9 de abril de 2014.

4) Contratante: C&M Consultores S.A.; Cargo: Subdirector técnico: se
precisa en el informe de evaluación final que esta certificación no se tiene
en cuenta porque incluye periodo de labores en el momento no ejercidas 50.
Tiempo total acreditado: más de 3 años

Subdirector Se acreditó que laboró en los cargos pedidos, en los siguientes periodos
Financiero: Adriana para C&M Consultores S.A., en el cargo de director financiero: i) 10 de
Medina Fuentes enero al 30 de septiembre de 2014, ii) 14 de noviembre de 2014 al 28 de
junio de 2015, iii) 13 de julio de 2015 al 12 de febrero de 2016, iv) 13 de
febrero de 2016 al 3 de julio de 2017, v) 4 de julio de 2017 al 16 de marzo
de 2018, y vi) 17 de marzo de 2018 al 30 de junio de 2018.

Se precisa en el informe de evaluación final que la certificación que reposa
a folio 565 no se tiene en cuenta porque incluye periodo de labores en el
momento no ejercidas51.
Tiempo total en años: más de 3 años.
Subdirector Se acreditó que laboró en los cargos pedidos para C&M Consultores S.A.,
Jurídico: Carlos como asesor líder jurídico, en los periodos: i) 21 de diciembre de 2012 al 31
Felipe Santacruz de diciembre de 2013, ii) 10 de enero de 2014 al 30 de septiembre de 2014,
Ortega iii) 14 de noviembre de 2014 a 28 de junio de 2015, iv) 29 de junio de 2015
al 31 de diciembre de 2015, v) 1 de enero de 2016 al 30 de junio de 2018 52.
Tiempo total en años: más de 3 años.

48
Los certificados reposan en archivo pdf “Subdirector Administrativo y de RH_1” y “Subdirector Administrativo y de RH_ 2”,
en la carpeta “cym”, en USB a fl. 1, c. principal.
49
Los certificados reposan en archivo pdf “Subdirector de Análisis de Información_1” y “Subdirector de Análisis_ 2”, en la
carpeta “cym”, en USB a fl. 1, c. principal.
50
Los certificados reposan en archivo pdf “Subdirector Técnico_1” y “Subdirector Técnico_ 2”, en la carpeta “cym”, en USB a
fl. 1, c. principal.
51
Los certificados reposan en archivo pdf “Subdirector Financiero_1” y “Subdirector Financiero_ 2”, en la carpeta “cym”, en
USB a fl. 1, c. principal.
52
Los certificados reposan en archivo pdf “Subdirector Jurídico_1” y “Subdirector Jurídico_ 2”, en la carpeta “cym”, en USB a
fl. 1, c. principal.

23

Radicación: 25000233600020190053901 (70.890)
Demandante: Consorcio Gisc - Fundasol
Demandado: Secretaría de Educación del Distrito Capital y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

Consorcio Gisc – Fundasol

Subdirector Se acreditó que laboró para C&M Consultores en el cargo de coordinadora
administrativo y de técnica, durante: i) el 2 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2009, ii) el
recursos humanos 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2010 y iii) del 25 de julio de 2012
María Fernanda al 31 de diciembre de 201253.
Bohórquez Torrez.
Total: 3 años y 4 meses.

Subdirector de Se acreditó que laboró para EAG Consultorías y Asesorías, en el cargo de
análisis de coordinadora de interventoría, desde el 3 de enero de 2005 al 5 de enero
información para el de 200854.
proceso de gestión
de novedades: Tiempo total en años: 3 años
Sandra Margarita
Barreto Quijano
Subdirector Se acreditó que laboró en los cargos pedidos en los siguientes periodos:
técnico: María
Isabel Garzón 1) Contratante: Consorcio Interalimentos 2014; cargo: coordinadora
Rojas técnica, desde el 1 de mayo al 31 de diciembre de 2014.
2) Contratante: Consorcio Interventores AIB; cargo: coordinadora técnica,
desde el 15 de mayo de 2013 al 30 de marzo de 2014.
3) Contratante: EAG Consultorías y Asesorías; cargo: coordinadora técnica
de interventoría, desde el 26 de julio de 2011 al 14 de mayo de 2013
Tiempo total en años: 3 años y 5 meses 55.

Subdirector Se acreditó que laboró en los cargos pedidos en los siguientes periodos:
financiero: Maribel
Andrea Montes Contratante: Grupo IS Colombia; cargo: Coordinadora Financiera, durante:
Ruiz i) el 1 de enero de 2011 al 30 de junio de 2011, ii) el 1 de septiembre de
2011 al 29 de febrero de 2012, iii) del 11 de mayo de 2012 al 10 de mayo
de 2013, iv) del 25 de junio de 2015 al 31 de diciembre de 2015, v) del 1 de
enero de 2016 al 3 de junio de 2016, y vi) del 5 de julio de 2016 al 28 de
noviembre de 201656.
Tiempo total: más de 3 años

Subdirector Se acreditó que laboró para la UT Regalías de Colombia en el cargo de
jurídico: José coordinador jurídico desde el 2 de junio de 2003 al 31 de julio de 2006 57.
Francisco Martínez Tiempo total acreditado: 3 años
Petro

71. El cuarto criterio de desempate previsto en el pliego versaba sobre la experiencia
adicional del asesor de dirección, y otorgaba un máximo de 9 puntos calificados así:

72. El empate entre ambos oferentes se mantiene. En efecto, se pudo constatar que
el asesor de dirección de cada uno laboró en los siguientes periodos:

53
Los certificados reposan en archivo pdf “Anexo 12. Experiencia adicional 3”, subcarpeta “consorcio gisc-fundasol”, carpeta
“propuestas”, en USB a fl. 1, c. principal.
54
Los certificados reposan en archivo pdf “Anexo 12. Experiencia adicional 4”, ídem.
55
Los certificados reposan en archivo pdf “Anexo 12. Experiencia adicional 5”, ídem.
56
Los certificados reposan en archivo pdf “Anexo 12. Experiencia adicional 6”, ídem.
57
Los certificados reposan en archivo pdf “Anexo 12. Experiencia adicional 7”, ídem.

24

Radicación: 25000233600020190053901 (70.890)
Demandante: Consorcio Gisc - Fundasol
Demandado: Secretaría de Educación del Distrito Capital y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

C&M Consultores58

Asesor de Dirección: Se acreditó que laboró en los siguientes periodos:
Sandra Patricia Vela
Hernández 1) Contratante: Interventoría Social; cargo: Coordinador de Interventoría,
entre el 16 de junio de 2012 al 30 de abril de 2013.

2) Contratante: JAHC MCGREGOR S.A.; cargo: Consultor – coordinador
técnico; entre el 3 de febrero al 30 de septiembre de 2013 y 1 de
septiembre de 2016 al 28 de marzo de 2017.

3) Contratante: Unión Temporal Interdia-2014; cargo: Interventor
Subdirector; entre el 16 de octubre de 2014 al 31 de mayo de 2015.

4) Contratante: C&M Consultores S.A.; cargo: Coordinador técnico –
asesor de dirección; entre el 19 de junio de 2015 y el 31 de enero de
2016, y entre el 1 de febrero y el 31 de agosto de 2016.

5) Contratante: Consorcio Empresarial 2017; cargo: Subdirector
Técnico; entre el 29 de marzo de 2017 al 30 de junio de 2018.

Tiempo total en años: 5 años

Consorcio Gisc - Fundasol59

Asesor de Dirección: Se acreditó que laboró en los cargos pedidos en los siguientes periodos:
Luz Myriam Arenas
Herreño 1) Contratante: Consorcio Empresarial 2017; cargo: coordinador
proceso técnico en comida caliente en comedor urbano. Entre el 1 de
febrero de 2018 al 30 de junio de 2018.
2) Contratante: Consorcio Empresarial 2017; cargo: coordinador
proceso técnico en comida caliente en comedor urbano. Entre el 29 de
marzo al 31 de diciembre de 2017.
3) Contratante: Consorcio Interventores AIB; cargo: Coordinadora de
interventorías. Entre el 2 de mayo de 2013 al 31 de diciembre ib.
4) Contratante: Alcaldía de Mosquera; cargo: nutricionista – dietética,
encargada de coordinar los programas de comedores escolares a nivel
municipal y capacitar – asesorar al personal en aspectos relacionados
con la nutrición y alimentación. Entre el 1 de marzo de 2002 al 2 de mayo
de 2005.
Tiempo total acreditado: más de 3 años.

73. El quinto criterio de desempate correspondía a personal con discapacidad. En
aplicación de lo dispuesto en el art. 1 del Decreto 392 de 2018, se calificaría con 1
punto al oferente que acreditara con la respectiva certificación laboral y el anexo
técnico 13 del pliego, la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta
de personal. Si la oferta era presentada por consorcio o unión temporal, se tendría
en cuenta la planta de personal del integrante que tuviera como mínimo el 40% de
la experiencia requerida para la contratación. Todo lo anterior, en proporción al
número de trabajadores: i) Entre 1 y 30, se debía acreditar que 1 trabajador estaba
en condición de discapacidad; ii) entre 31 y 100, se debía demostrar que eran 2; iii)
entre 101 y 150, serían 3; iv) entre 151 y 200, 4; y v) si eran más de 200, al menos
5 trabajadores debían entrar en dicha categoría.

58
Ver certificados en archivo pdf “Asesor de Dirección_1” y “Asesor de Dirección_ 2”, en la carpeta “cym”, en USB a fl. 1, c.
ppal.
59
Los certificados reposan en archivo pdf “Anexo 912 Experiencia adicional 2”, ídem.

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74. De nuevo, ambos oferentes acreditaron el número de empleados en condición de
discapacidad acorde a su planta de trabajo. En el anexo 13 de la propuesta del
consorcio demandante, consta que el revisor fiscal verificó que el número total de
trabajadores de planta de personal del Grupo IS (quien tiene el mayor porcentaje de
participación y aporta la mayor cantidad de experiencia habilitante requerida) es de
14 de los cuales 2 están en condición de discapacidad, además, allegó la respectiva
certificación del Ministerio de Trabajo60. Lo mismo ocurrió con C&M, al acreditar que
su planta de personal correspondía a 175 empleados, de ellos 18 están en condición
de discapacidad, y allegó certificado del respectivo ministerio61.

75. Alpermanecer el empate, el pliego estableció la aplicación de los criterios
previstos en el art. 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015, vigente para la época.
De ahí que, bajo el primer criterio legal se prefiere la oferta de bienes y servicios
nacionales frente a la oferta extranjera. Como se explicó líneas atrás, el actor probó
que sus dos miembros eran de origen colombiano; y C&M acreditó haber sido
constituida bajo las leyes colombianas mediante escritura pública 7990 del 27 de
diciembre de 2004 bajo el nombre de C&M Consultores Ltda., acorde al certificado
de existencia y representación legal aportado62. Así que el empate persiste.

76. Elsiguiente criterio legal de desempate conminaba a preferir las ofertas
presentadas por una Mipyme nacional, o consorcio o unión temporal constituida
exclusivamente por este tipo de empresas. En la nota 2 de la cláusula 5.3. del pliego
se dispuso que la condición de Mipyme se acreditaría “única y exclusivamente con
el RUP”. Entonces, al revisar el Registro Único de Proponentes se pudo constatar
que C&M se cataloga como “mediana empresa” 63, y los integrantes del Consorcio
demandante: de un lado, Fundasol figura como “pequeña empresa”64 y el Grupo IS,
como “mediana empresa”65. Situación que mantiene la paridad.

77. Como tercer criterio de desempate, el Decreto 1082 de 2015 señaló que en caso
de no existir ofertas de Mipymes o proponentes plurales exclusivamente
constituidos por éstas, se debe preferir la oferta presentada por un grupo asociativo
siempre que “(a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga
una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme
aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la
oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean
empleados, socios o accionistas de los miembros del Consorcio o unión temporal”.
Al respecto, la Sala observa que en el caso concreto este factor no aplica, pues al
estar acreditado que los dos oferentes son y están constituidos por Mipymes, no
tiene operancia esta regla supletiva.

60
Archivo pdf: “Anexo 13. Puntaje por trabajadores con discapacidad”, carpeta “consorcio gisc-fundasol”, en USB a fl. 1, c.
principal.
61
Archivo pdf: “Puntaje trabajadores con discapacidad”, carpeta “cym”, ídem.
62
Archivo pdf: “Cert. Existencia y Representación”, en USB a fl. 1, cuaderno principal.
63
Archivo pdf: “RUP” fl. 3, en USB a fl. 1, cuaderno principal. En este consta: “CERTIFICA: CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO
DE LA EMPRESA, QUE EL INSCRITO SE CLASIFICÓ COMO: MEDIANA EMPRESA”
64
Archivo pdf: “Registro único de proponentes”, fl. 2, en USB a fl. 1, cuaderno principal. En este consta: “CERTIFICA: (…)
TAMAÑO DE EMPRESA: PEQUEÑA EMPRESA”
65
Archivo pdf: “Registro único de proponentes”, fl. 32, en USB a fl. 1, cuaderno principal. En este consta: “CERTIFICA:
CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO DE LA EMPRESA, QUE EL INSCRITO SE CLASIFICÓ COMO: MEDIANA EMPRESA”

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78. La cuarta regla imponía optar por la propuesta presentada por el oferente que
acredite, en las condiciones establecidas en la Ley 361 de 1997, que al menos el
10% de su nómina está en condición de discapacidad. Si la oferta era presentada
por un consorcio o unión temporal, el integrante del oferente que acreditara la
anterior condición, debía tener por lo menos el 25% de participación en la figura
asociativa y aportar el mismo porcentaje de experiencia acreditada en la oferta.

79. En relación con este punto, la Sala ya efectuó el análisis del factor por
discapacidad al aplicar el quinto criterio previsto en los pliegos, y constató que
ambos oferentes cumplían esta condición. En el caso de C&M, tenía un total de 175
trabajadores, siendo 17.5 el 10% de la nómina, lo que conduce a que tener 18
empleados en condición de discapacidad, daba por cumplido este factor. Respecto
del GF, está demostrado que en el Grupo IS, la planta de personal estaba
compuesta por 14 personas y, al ser 1.4 el 10%, 2 trabajadores debían estar en
condición de discapacidad; manteniéndose el empate.

80. El último criterio determinó que la mejor oferta sería seleccionada mediante
sorteo a través de balotera neumática, según lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.2.9
del Decreto 1082 de 2015, núm. 5. Es evidente que la Sala no puede dar aplicación
al citado criterio, en tanto corresponde a un mecanismo que debía realizarse de
manera presencial con la participación de los oferentes empatados en el primer
orden de elegibilidad y que estaba librada enteramente al azar.

81. En términos concretos, hay que indicar que a esta fase última llegan aquellos
proponentes que se encuentran en condiciones de igualdad respecto de la
aplicación sucesiva y excluyente de tales criterios, y por tanto cualquiera de ellos
podría ser adjudicatario, entendiendo que tal escogencia sería adecuada a los fines
que persigue la etapa precontractual. Basado en lo anterior, la suerte se constituyó
en el instrumento definitorio.

82. A esta etapa debió haber llegado GF bajo el proceso de selección sub-lite, sin
embargo, ello no ocurrió. Lo anterior significa que tanto C&M como el actor, al
alcanzar los 100 puntos en la evaluación y mantenerse igualados en la aplicación
de los criterios de desempate, tenían las mismas posibilidades de que la fortuna los
acompañara. De ello da cuenta el procedimiento establecido en los pliegos, que es
expresión de lo previsto en el Decreto 1082 de 2015, norma que disponía como
último recurso la utilización de un método aleatorio para la selección, el cual debía
estar definido previamente en las bases de la contratación; en esta línea, el pliego
dispuso:

“5. Si con la aplicación de los criterios de desempate, los proponentes continúan
empatados, se seleccionará la mejor oferta mediante sorteo a través de balotera
neumática, en presencia de los participantes del proceso mediante el siguiente
procedimiento: Se colocan dentro de una balotera neumática, el número de balotas
correspondientes al número de proponentes cuya propuestas se encuentren en empate,
escogidas por cada uno de los proponentes o en su defecto, por el profesional de la
Oficina de Control Interno de la Entidad. El número de cada balota será el que identifique
a cada uno de los proponentes; seguidamente dos de los asistentes a la reunión
accionará la balotera y permitirá la salida de dos balotas, la primera de las cuales
corresponderá al adjudicatario del proceso y la siguiente determinará el segundo orden
de elegibilidad para los efectos en que sea aplicable”.

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83. Lo anterior, evidentemente, impide establecer a cuál de los proponentes
favorecería el azar. En este caso, ambos introducirían sus balotas y al activar la
balotera neumática ésta permitiría la salida de la primera con la que habría de
definirse el adjudicatario; por manera que no existe un criterio o tesis que al aplicarlo
lleve a inclinar las posibilidades de elección respecto de alguno de ellos, pues bajo
un cálculo de orden estadístico, al igual que ocurriría con una moneda que se lanza
al aire, cada proponente tendría un medio (½) de probabilidad de que saliera su
balota primero, que es la misma de que aconteciera en segundo lugar.

84. Las particularidades del caso concreto revelan que bajo el escenario cierto de
llegar a las balotas, lo incierto resultaba ser a cuál de los dos oferentes debía
adjudicarse el concurso de méritos. De esta manera y dado que el demandante situó
el daño en la frustración de su derecho a participar del sorteo final que determinaba
la selección, la Sala debe analizar tal reclamo bajo el instituto de la pérdida de
oportunidad, en consonancia con la causa petendi que informa el proceso.

• Precisiones sobre el medio de control instaurado

85. En las súplicas de la demanda, el actor pidió la nulidad del acto de adjudicación
“por pérdida de oportunidad, culpa incontrahendo y por haberse vulnerado los
principios de transparencia, selección objetiva e igualdad” (primera pretensión);
como efecto de lo anterior, pidió la nulidad del contrato CO1.PCCNTR.877858
(segunda pretensión). De forma consecuencial a las anteriores, en tercer lugar,
pretendió que “se restablezcan los perjuicios económicos ocasionados a la sociedad
aquí demandante por concepto de pérdida de oportunidad la suma de MIL
QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE ($1.534.195.623.oo), Equivalente al
10% del valor del contrato, sin IVA (…) de conformidad con la oferta económica
presentada que contemplaba el AU”. (transcripciones literales, incluidos errores).

86. Estos planteamientos imponen a la Sala subrayar que aun cuando el demandante

formuló sus reclamos por la vía de pedir la nulidad y restablecimiento, y de forma
consecuencial la nulidad del contrato celebrado, lo cierto es que el propio enunciado
de las pretensiones hace evidencia de que el interés del actor anida en la
responsabilidad por pérdida de oportunidad en el ámbito precontractual. Como se
pasa a explicar, habrá casos en que las irregularidades presentadas en el proceso
de selección no desemboquen en la nulidad del acto de adjudicación como ocurre
en el sub- lite, lo que hace errado el cauce procesal promovido por el actor, siendo
procedente el de reparación directa, dispositivo diseñado para examinar la
responsabilidad de la administración con fuente en hechos, omisiones, operaciones
administrativas, y “cualquier otra causa” generadora de un daño antijurídico, según
se desprende del art. 140 del CPACA.

87. La Subsección precisa que el estatus jurídico que aduce el demandante es
diferente del que formula quien reclama el derecho cierto de haber sido adjudicatario
del proceso de selección, y de haber podido suscribir el negocio jurídico respectivo
–eventos en los cuales el dispositivo de nulidad y restablecimiento es idóneo,
incluso como base para pretender la nulidad del negocio jurídico–. Esta última

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hipótesis es la que da lugar al reconocimiento de la utilidad dejada de percibir, según
jurisprudencia pacifica en la materia, criterio que no se corresponde con eventos
como el que atañe a esta litis; por lo que la formulación del factor resarcitorio
planteada por GF, resulta incompatible con la esfera de responsabilidad aducida en
la causa petendi.

88. La incorrección de la ruta procesal y de la petición de perjuicios no hace nugatorio

que la Sala constate si efectivamente se infringió un daño; de ahí que se imponga
hacer precisiones relacionadas con la responsabilidad en el ámbito precontractual
o de la culpa in contrahendo y analizar la pérdida de oportunidad en este escenario,
de acuerdo con los elementos fácticos reseñados en el libelo:

“DÉCIMO SEXTO: De acuerdo a lo precedente, es claro que el oferente adjudicatario y
mi prohijada cumplían con todos los requisitos del artículo ejusdem. Por tanto, la
Secretaría de Educación debió efectuar un sorteo a través de balota como lo dispone
su pliego de condiciones.

DÉCIMO SÉPTIMO: Como colofón a lo anterior, al CONSORCIOS (sic) GISC-
FUNDASOL, se le impidió participar en el sorteo, favoreciendo de forma inadecuada al
adjudicatario del proceso y restándole la oportunidad al Consorcio, lo que implica un
daño antijurídico que debe ser indemnizado por culpa in contrahendo” 66

Responsabilidad precontractual

89. Como sistema de resarcimiento de daños, este tipo de responsabilidad tiene sus
raíces en la teoría de la nulidad por culpa in contrahendo67, esbozada en el siglo
XIX por su precursor, el jurista alemán Rudolf von Jhering. Este autor reflexionó
acerca del interés indemnizatorio que asistía al sujeto que confiadamente ejecutaba
un contrato, pero se veía perjudicado con su posterior declaratoria de invalidez, así
que, en esos casos, se debía definir si había lugar a la indemnización y si ésta era
o no del ámbito de contractual. También incluyó en el panorama resarcitorio el
análisis de los eventos relacionados con la “ocasión perdida”, refiriéndose a los
daños que se generaban cuando el sujeto se había visto en imposibilidad de
celebrar otro contrato similar, por cuenta del que resultó anulado68.

90. El contexto de la discusión puso sobre la mesa la dificultad de explicar, bajo las
corrientes más destacadas de aquella época, que si una de las partes incurría en
un error en su declaración que invalidara el contrato carecía de una acción para
reclamar los daños ocasionados. Así lo reseña la doctrina especializada, al señalar:

“,(…) bajo el supuesto de que una de las partes hubiera incurrido en un error (en la declaración)
que la legitimara para invalidar el contrato, la consecuencia en principio más lógica según las

66
Fl. 9, c. principal.
67
“Las primeras manifestaciones de la doctrina sobre reparación del daño precontractual, centraron la discusión en la nulidad
por culpa in contrahendo, pero muy pronto su relevancia abarcó toda la etapa de formación del contrato. Jhering, que fue el
primer autor en analizar de fondo el deber de reparar el daño causado en la etapa de formación del contrato (…)” Mendieta,
J. 2011. La Culpa In Contrahendo: Historia, Evolución y Estado Actual de la Cuestión. Revista e-mercatoria. 10, 2 (dic. 2011),
40–74. Disponible en https://revistas.uexternado.edu.co/ index.php/emerca/article/view/3048
68
“La teoría de la culpa in contrahendo fue elaborada con un fin específico: la fundamentación de una acción (principio)
general de indemnización de perjuicios para la contraparte que ha sufrido daños por haber legítimamente actuado en ejecución
de un contrato aparente (esto es, cuando el contrato celebrado resultó no haberse celebrado en realidad o fue invalidado),
así como por haberse visto imposibilitada, en virtud de tal aparente contrato, de celebrar un contrato similar, supuesto este
último que llama JHERING ocasión perdida, y del cual el autor recalca la importancia del análisis del caso concreto”. Ver,
SALGADO RAMÍREZ, Catalina, en “Breve introducción a la responsabilidad precontractual en la teoría de Rudolf von Jhering”.
En Estudios de Derecho Civil en memoria de Fernando Hinestrosa, tomo I, 721-58. Bogotá: Universidad Externado de
Colombia, 2014. Pág. 727.

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categorías dogmáticas de la época, y compartida por doctrina bien autorizada, por lo menos en
lo que concierne a SAVIGNY, era que la contraparte quedaba desprovista de acción para solicitar
indemnización por los daños padecidos como consecuencia de haber confiado en la existencia
del contrato: porque no habiendo contrato no se podrían aplicar los principios de la
responsabilidad contractual y porque resultaba difícil encajar el supuesto en la responsabilidad
extracontractual por la lex Aquilia (286 a.C. aprox.): responsabilidad que se caracterizaba no por
proteger ‘en general’ el patrimonio de una persona, sino fundamentalmente por contemplar ciertos
daños causados a sus ‘cosas´ (…)”69.

91. En desarrollo de estas disertaciones, von Jhering concluyó que “la nulidad del
contrato cierra sí la posibilidad de una acción para solicitar su cumplimiento, pero
no una para solicitar el resarcimiento del daño causado con culpa” 70. De modo que
bautizó su teoría como culpa in contrahendo71, que es la surgida “con ocasión de
una pretendida relación contractual, y (…) una de las partes sufre daños por el
cumplimiento de un contrato que se le propuso y que solo de conformidad con el
mero procedimiento externo, vino a formarse”72.

92. Esta tesis buscó dar respuesta a un problema que, para ese momento, no tenía
una solución satisfactoria en la ley73. En esas disertaciones se identificó el interés
resarcible por falencias en la formación del contrato, distinguiendo entre el “interés
contractual positivo” y el “interés contractual negativo” siendo fundamento del
primero la validez del contrato, y del segundo su nulidad”74.

93. En estos términos, explicó que el interés positivo es aquel que alude a
obligaciones derivadas de la relación contractual, de modo que “la lesión al interés
de cumplimiento supone una indemnización equivalente al beneficio económico que
se recibiría con la ejecución normal del contrato”. Por su parte, el interés negativo
era el proveniente del daño ocasionado por la nulidad del contrato, así que “lesiona
la confianza que tenía el vendedor o comprador en la validez del mismo. El
resarcimiento se limitará a la restitución de la cosa entregada, al mayor valor de la
cosa respecto del precio de venta y los gastos realizados en la celebración del
contrato y pérdida de otras oportunidades”, como reseña la doctrina75.

69
Ibidem. Pág. 728.
70
Afiliándose a la tesis de Heinrich Richelmann, quien en 1837 publicó el estudio “La influencia del error en los contratos: una
tentativa desde el derecho civil”, disponible en Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte: http://dlib-
pr.mpier.mpg.de/m/kleioc/0010/exec/wrapbooks/%22189196%22. Cita tomada de Salgado Ramírez Catalina. Ib. pág. 732.
71
“la culpa in contrahendo se define, entonces, como el error de conducta, violación al deber de diligencia que se presenta
en la etapa de contracción del negocio-etapa in contrahendo, o como todas aquellas situaciones perjudiciales para los
contratantes cuando la conducta de las partes no se ajusta a la buena fe”. Expósito Vélez, Juan Carlos, "La responsabilidad
precontractual en la actividad contractual del Estado", Revista digital de Derecho Administrativo, Universidad Externado de
Colombia, n.° 27, 2022, pp. 73-133. DOI: https://doi.org/10.18601/21452946.n27.04.
72
Von Jhering, “Culpa in contrahendo”, cit., p. 7. Citado por Salgado Ramirez, Catalina. Ídem pág. 730.
73
“el de la carencia de acción de perjuicios para la contraparte que sufría un daño como consecuencia de la confianza que
depositó en un contrato solo en apariencia existente, debido a la presencia de un error obstativo” Ib. pág. 726. En la
construcción de su teoría, von Jhering acudió a figuras del derecho romano como base de su análisis. Del derecho clásico
resaltó la stipulatio, que era un contrato unilateral en el que, bajo una fórmula solemne, se prometía algo. La doctrina señala
que las institutas de Gayo señalaban que “si lo que se estipulaba que fuera dado era de tal naturaleza que no podía ser dado,
la estipulación era inútil (inutilis est stipulatio), y ponía estos ejemplos: que alguien estipulara que se le diera un esclavo, pero
que en realidad no se tratara de esclavo sino de un hombre libre; o que se le diera un esclavo, que en cambio ya había
fallecido; o un lugar que creía que era privado y resultaba ser sagrado o religioso; o una construcción que se creía existente
y resultaba ya haber sido consumida por el fuego” ib. pág. 735. Posteriormente, cuando el Digesto aludió a la compraventa,
emptio-venditio, se desarrolló lo atinente al no surgimiento de las obligaciones contractuales por imposibilidad inicial del objeto,
pues para que hubiera lugar a la compraventa era necesario que la cosa objeto del contrato existiera, física y jurídicamente,
antes de perfeccionarse el contrato. De no ser así, la venta era ‘nula’ ib. pág. 736. Así mismo se reseña la condictio, acción
que servía para recuperar el precio pagado por el comprador pues, como el contrato era nulo, no nacía la acción contractual;
mecanismo versátil con aplicaciones contractuales y extracontractuales. Pág. 737. Se habló, así mismo, de la actio empti en
función resarcitoria: a diferencia de la condictio, este instituto buscó proteger la confianza del comprador defraudado en su
interés, más no porque realmente surgieran obligaciones propias del contrato. Ib. pág. 741.
74
Ib. pág. 748. Inicialmente el jurista alemán los denominó “‘interés en la conservación, y por tanto en la ejecución del contrato’,
y al segundo como ‘interés en la no celebración del contrato’, luego los renombra.
75
Mendieta, J. 2011. Ob. Cit. Pág. 45. Refiriéndose a la obra de von Jhering, pág. 33.

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94. Las reflexiones que planteó la teoría de la culpa in contrahendo76, han sido marco
de referencia del sistema de responsabilidad precontractual –incluso para
disentir77–, pero también plataforma de interpretación o producción normativa de
diversas legislaciones en la escena de formación del contrato. Así, el modelo jurídico
Frances78 y Español79 reconocen responsabilidad bajo el régimen extracontractual
por daños ocasionados por el comportamiento antijurídico en la fase que precede la
relación negocial80 bajo el deber genérico del alterum non laedere, o no causar daño
a otro. Igual ocurre en Italia, con la precisión de indicar que la responsabilidad
precontractual protege la libertad contractual, así que se “tutela el interés de no ser
envuelto en tratos inútiles, no el cumplimiento de una obligación” contractual81.

95. El Código Civil Alemán (Bürgerliches Gesetzbuch - BGB), recogió el interés que
emerge de la seriedad de una manifestación, concretando la teoría de von Jhering;
y dispuso en el art. 118 que “es nula toda declaración de intención que no sea
seriamente intencionada (…)”82, y por ello el art. 122 estableció la responsabilidad
por daños, entre otros83, en los casos del art. 118, y estableció el pago de perjuicios
“(...) como resultado de haber confiado en la validez de la declaración, pero no en
exceso del monto total del interés que la otra persona o el tercero tiene en la validez
de la declaración”. De manera que “el deber de indemnización se encuentra limitado
por la misma norma, en tanto en cuanto la reparación no puede superar el interés
que la otra parte tenía en la validez del contrato, es decir, siguiendo la misma línea,
el deber de reparación del interés negativo no puede superar el interés positivo”84.

96. Respecto a la distinción de utilizar la expresión de “culpa in contrahendo” o
“responsabilidad precontractual”, es de precisar que en la actualidad se ha
considerado como un recurso lingüístico85 que está referido, en cualquier caso, a
los daños generados en la fase que precede al negocio jurídico86 –también conocida
como responsabilidad por los tratos previos–87. Esta línea fue consagrada en el

76
Las críticas versaban, principalmente, en que esta tesis se basaba sólo en el evento de nulidad del contrato, y sus referentes
eran más próximos a los elementos de la responsabilidad objetiva que al de la culpa.
77
“la doctrina italiana, en cabeza de Faggella, igualmente criticó a Jhiering, porque su tesis no cobijaba la fase de formación
del vínculo, dejando por fuera las tratativas previas, v. g, la emisión de la oferta. La doctrina italiana rechazaba el concepto
de interés negativo. Por demás, estipulaba que el fundamento de esta responsabilidad no se hallaba en la culpa, como lo
suponía Jhiering, sino en la violación del acuerdo concluido expresa o tácitamente entre las partes para entablar las
negociaciones. En este sentido, esta violación podía existir sin la presencia de dolo o negligencia. Solo bastaba una
separación arbitraria, sin motivo de las tratativas, para que ello ocurra (…)”. Expósito Vélez, Juan Carlos. Ib.
78
La doctrina francesa “fue muy crítica con la tesis contractualista pues partía de la ficción de que el oferente tenía la intención
de asumir el compromiso que se le atribuye al momento de emitir la oferta; tampoco quedaba claro cuáles eran las
obligaciones que surgían (…)”. Ver CARREÑO-MENDOZA, Sergio “La responsabilidad precontractual desde una perspectiva
del derecho de contratos”, citando a Marcel Planiol y Georges Ripert, en Traité Pratique de Droit Civil Français [t. VI], p.175-
77. En https://anuarioderechoprivado.uniandes.edu.co/images/ pdfs/anuario2/3Carrenodoctrina.pdf. Pág. 114.
79
“Como complemento, se ha puesto de presente la indeterminación de los deberes que surgen a partir del mandato de buena
fe, lo cual impide el nacimiento de una relación jurídica cobijada por el artículo 1101 (responsabilidad contractual). Dicha
ausencia permite deducir que el daño generado en desarrollo de una negociación presupone la violación del deber genérico
del alterum non laedere (…)”. Ídem, pág. 115.
80
La doctrina especializada reporta que en Francia, “en 2016 se reformó el libro tercero del Código Civil (…) se vino a incluir
una regulación expresa de la responsabilidad precontractual en los artículos 1112, 1112-1 y 1112-2. Siguiendo la línea
tradicional, mantiene la tesis extracontractual” ídem. En España
81
Ídem. Pág. 116.
82
Consultado en: https://dejure.org/gesetze/BGB/122.html.
83
Refiriéndose a las hipótesis de los arts. 119 y 120, el primero de éstos trata sobre la anulación por error, y el segundo a la
nulidad por transmisión incorrecta.
84
Mendieta, J. 2011. Ib. pág. 47.
85
Se ha dicho que la “variedad de los casos que se incardinan dentro de la responsabilidad precontractual ha llevado a que
se haya calificado esta categoría como “un recurso lingüístico”. GARCÍA RUBIO, María Paz, “La responsabilidad
precontractual en el derecho español”, Tecnos, Madrid, 1991, pág. 22.
86
Con la precisión, que más adelante se hace, de que en la etapa precontractual que adelanta el Estado, la fuente de la
responsabilidad anida en los principios de legalidad y buena fe, y no en el elemento de la culpa imperante bajo el derecho
privado frente a los tratos previos.
87
La doctrina europea ha explicado, al referirse a la consagración del término de la culpa in contrahendo, que la “introducción
de este precepto es fruto de las dudas que plantea la calificación de los distintos supuestos que en los diferentes

31

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Reglamento de Roma II “relativo a la ley aplicable a las obligaciones
extracontractuales” cuyo art. 12 incluyó a la “[c]ulpa in contrahendo”88. En cuanto al
alcance de la terminología utilizada, el considerando 30 de aquel instrumento
explicó que dicha figura debe incluir la violación del deber de información y la ruptura
de los tratos contractuales89.

97. El ordenamiento jurídico colombiano también prevé la responsabilidad
precontractual en las relaciones sometidas al derecho privado, fundamentada en el
art. 863 del Código de Comercio, con proyección en los artículos 87190 ib. y 160391
del Código Civil que, con redacción similar, y en una lectura integral aplicada al
camino de formación del contrato, exige a las partes el deber de obrar conforme a
los postulados de la buena fe y el respeto a los derechos y expectativas de los
sujetos involucrados.

98. Esta normativa confirma la existencia de intereses con relevancia jurídica en la
fase preparatoria del contrato y, sin desconocer que en ese estadio la autonomía de
la voluntad permite llegar a la celebración del acuerdo, e incluye también la decisión
no hacerlo, se tiene que la conducta pre negocial apartada del principio de buena fe
y generadora de daños, es fuente de responsabilidad. En el contexto del derecho
común, la referencia a este tipo de responsabilidad alude a la expresión de la culpa
in contrahendo, de cara a su origen en el régimen privado del derecho romano, y a
las bases que sobre el elemento de la culpa construyeron tal concepto.

99. La Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 28 de julio de 1998 resaltó el
contexto de las tratativas negociales y los deberes de conducta asociados al
principio de buena fe, y precisó que su vulneración acontece, “por ejemplo, cuando
alguna de ellas, traicionando la confianza que la otra ha depositado en la seriedad
de las conversaciones, las interrumpe injustificada y abruptamente. Quiérese poner
de presente, entonces, que esas negociaciones preliminares no son jurídicamente
irrelevantes, toda vez que los interesados se encuentran apremiados a comportarse
con lealtad y buena fe, acatando la ética social existente en el entorno dentro del
cual actúan, comprometiendo su responsabilidad patrimonial por transgredir esos
particulares deberes de conducta"92.

ordenamientos se incluyen en la categoría “responsabilidad precontractual”. Dado que un mismo caso puede ser incardinado
en unos ordenamientos en el ámbito de la responsabilidad contractual mientras que en otros puede ser considerado como
responsabilidad extracontractual se impone –en la concepción preponderante en el ámbito comunitario- una calificación
autónoma que resuelva estas dificultades impidiendo que se produzcan superposiciones entre ambos instrumentos”. ARENAS
GARCÍA, Rafael. “La regulación de la responsabilidad precontractual en el Reglamento Roma II”. En InDret Revista para el
análisis del derecho, Universidad Autónoma de Barcelona, 2008. Pág. 4. Consultado en https://indret.com/wp-
content/themes/indret/pdf/590_es.pdf.
88
Dicho artículo señaló: “[l]a ley aplicable a una obligación extracontractual que se derive de los tratos previos a la celebración
de un contrato, con independencia de que el contrato llegue o no a celebrarse realmente, será la ley aplicable al contrato o la
que se habría aplicado al contrato si este se hubiera celebrado”. Consultado en https://www.boe.es/doue/2007/199/L00040-
00049.pdf.
89
Allí se indicó: “La culpa in contrahendo a efectos del presente Reglamento es un concepto autónomo y no debe interpretarse
necesariamente dentro del sentido de la legislación nacional. Debe incluir la violación del deber de información y la ruptura
de los tratos contractuales. El artículo 12 cubre únicamente las obligaciones extracontractuales con vínculo directo con los
tratos previos a la celebración de un contrato. Esto quiere decir que si durante las negociaciones de un contrato una persona
sufriera una lesión personal, se aplicaría el artículo 4 o cualquier otra disposición pertinente del Reglamento”.
90
“ARTÍCULO 871. <PRINCIPIO DE BUENA FE>. Los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en
consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los
mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural”.
91
“ARTÍCULO 1603. <EJECUCIÓN DE BUENA FE>. Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan
no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o
que por ley pertenecen a ella”.
92
Corte Suprema de Justicia. M.P. Jorge Antonio Castillo Rugeles. Exp. 4810.

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100. Como medida indemnizatoria en este ámbito, la jurisprudencia de la citada
Corporación también distinguió entre el interés positivo y el negativo, siendo este
último el factor de resarcimiento derivado de la responsabilidad civil por culpa in
contrahendo, y lo explica en los siguientes términos:

“(…) cuando esa ruptura brusca del procedimiento, adoptada en forma unilateral y sin causa
justificada por el anunciante, se sucede antes de culminar aquel en el perfeccionamiento del
contrato, mediante la adjudicación al concursante mejor calificado, es decir mientras subsiste aún
el período preparatorio, los participantes perjudicados tienen derecho a una indemnización cuya
medida ya no se encadena con el interés de cumplimiento o interés positivo –exigible únicamente
en la hipótesis de contratos efectiva y válidamente realizados-, sino que vendrá dada por el que
comúnmente se llama ‘(…) interés negativo o de confianza (…)’, ordenado por definición hacia el
restablecimiento de la situación patrimonial negativa en la que puedan encontrarse aquéllos por
la confianza que tuvieron en que el curso normal de la negociación no se interrumpiría”.

(…) la fuente del derecho al resarcimiento del que ella es objeto, no es contractual, sino que
emerge, al tenor del ordenamiento positivo nacional (art. 863 del C. de Co.), del principio general
de la buena fe (…) y en fin, la comentada indemnización debe ser integral, o sea comprensiva del
daño emergente y del lucro cesante (…), es decir reunidos por una relación causal adecuada al
hecho definido como generador de responsabilidad, entendiéndose que por el primero de
aquellos conceptos –daño emergente- el damnificado podrá demandar el reembolso de los gastos
ocasionados con motivo de tales negociaciones, mientras que a título de ganancias frustradas
habrá lugar a reclamar beneficios ciertos que se hayan dejado de percibir en razón de las
actuaciones precontractuales que no progresaron debido al retiro injustificado de la otra parte,
este último teniendo en cuenta, obviamente, que no se trata de lucro cesante por incumplimiento
de la propia relación negocial proyectada –pues una utilidad de esa naturaleza integra sin duda
el interés positivo o de cumplimiento que, como se advirtió antes, presupone un contrato ab initio
válido y perfecto- sino de la pérdida que significa el que, por haber confiado en que el otro
negociador haría lo necesario para llegar a la perfección del vínculo contractual proyectado, se
haya abandonado una posición económicamente favorable y existente en realidad al momento
del evento dañoso -v. gr. la posibilidad cierta de celebrar otro contrato distinto- que le habría
reportado ventaja”93.

101.En la esfera de la actividad estatal, el art. 90 de la Constitución Política establece
que el Estado será responsable patrimonialmente por los daños antijurídicos que le
sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas. De
acuerdo con este postulado, ningún ámbito de la actuación estatal escapa a esta
cláusula general de responsabilidad, lo que incluye, naturalmente, el resarcimiento
de aquellos producidos en sede precontractual94. Lo anterior, mantiene y ratifica la
lógica asentada en la teoría general de este instituto, que informa que sin daño no
hay responsabilidad.

102. En punto a la contratación regida por el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública – EGCAP, el art. 13 de la Ley 80 de 1993 dispone que a
estos negocios jurídicos les aplican las disposiciones comerciales y civiles
pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esa ley. De este
último catálogo de especialidad hacen parte las reglas que disciplinan los
procedimientos de selección del contratista, mecanismos de escogencia
establecidos por el legislador para proteger el interés general que inspira la
contratación estatal y la correcta inversión del gasto público que se materializa por
esta vía.

93
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 23 de noviembre de 1989, G.J. t. CXCVI, 2° semestre,
pág. 123, reiterada en sentencia del 5 de julio de 2011. Rad. 19001-3103-003-2000-00183-01. M.P. Ruth Marina Díaz Rueda.
94
La Corte Constitucional, en sentencia C-333 de 1996, expresó que “el inciso 1.º del artículo 90 consagra la cláusula general
de responsabilidad patrimonial del Estado y comprende por ende no solo la responsabilidad extracontractual, sino también el
sistema de responsabilidad precontractual (derivado de la ruptura de la relación jurídico-administrativa precontractual) así
como también la responsabilidad patrimonial del Estado de carácter contractual”.

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103.Es de señalar que la etapa que antecede al contrato está conformada por una
faceta interna o de planeación a cargo de la entidad pública, en la que se despliegan
todas las actividades exigidas para la adecuada identificación de las necesidades
que se pretende satisfacer con el futuro contrato, los recursos públicos disponibles,
y los demás análisis que lo respaldan. Todos ellos quedan registrados en los
estudios y documentos previos que son “el soporte para elaborar el proyecto de
pliegos, los pliegos de condiciones y el contrato”95, de modo que se constituyen de
la base que autoriza la puesta en marcha de este procedimiento.

104.Una vez la Administración exterioriza su voluntad mediante el acto de apertura,
se marca el nacimiento de la etapa precontractual respecto de los negocios jurídicos
sometidos al EGCAP. Ello en el entendido que corresponde al escenario en el que
se desenvuelven las tratativas para la celebración del contrato a través de los
mecanismos de selección fijados por la ley; y es definitivo que ello acontece en ese
momento pues, en adelante, la intervención de los proponentes hace clara
expresión de tal relacionamiento bajo este régimen.

105.Ratifica lo anterior, que la estructura normativa que disciplina la actividad
precontractual prevé una dinámica colaborativa en la construcción de las reglas de
escogencia, así como las del negocio jurídico que se aspira celebrar. Más allá de
que la entidad pública formule dichas pautas, lo cierto es que la ley dispone múltiples
oportunidades para que el experto interesado96 manifieste yerros, imprecisiones,
aclaraciones, o en general, insuficiencias en las bases del mecanismo, por lo que
en aplicación del principio de la buena fe se le impone el deber de informarlas a la
administración para ser resueltas. En caso de hallarlas justificadas y razonables, la
entidad modificará la regla pertinente en orden a atender de mejor manera el interés
general, lo que incluye tal variación. A través de esta regulación y la dinámica del
procedimiento, el EGCAP concibe los tratos previos.

106.De esta manera, siempre que el avance de tales tratativas revista la seriedad
necesaria para que su ruptura genere un daño, podrá tener lugar un evento
desencadenante de responsabilidad precontractual, panorama en el que los
principios de legalidad y buena fe constituyen su fundamento. Lo anterior se explica
en consideración a la existencia de una actividad reglada que, de forma concreta e
imperativa, estableció los mecanismos de selección a los cuales debe acudir el
Estado para celebrar un contrato –según el art. 2 de la Ley 1150 de 2007 y sus
normas reglamentarias–, y al que se someten los particulares que decidan participar

95
El Decreto 1082 de 2015 dispone: “ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos
previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones y el contrato. Estos deben permanecer
a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación y contener los siguientes elementos, además de
los indicados para cada modalidad de selección:
1. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de Contratación.
2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y
cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.
3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos jurídicos.
4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté determinado por precios
unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos presupuestales en la estimación de
aquellos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su estructuración.
5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable.
6. El análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo.
7. Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el proceso de contratación.
8. La indicación de sí el proceso de contratación está cobijado por un acuerdo comercial. El presente artículo no es aplicable
a la contratación por mínima cuantía" (transcripción literal).
96
También el Ministerio Público, veedores, o la ciudadanía en general.

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en ellos. Premisa que se respalda, entre otras disposiciones, en el núm. 897 del art.
24 de la Ley 80 de 1993, que establece que a las autoridades públicas “les será
prohibido eludir los procedimientos de selección objetiva y los demás requisitos
previstos en el presente estatuto”. De otra parte, en observancia del principio de
buena fe, se impone a los sujetos negociales atender los deberes de información,
claridad, de actuar con lealtad y sin dobleces, manifestando todo aquello necesario
para el mutuo provecho del futuro acuerdo.

107.Si bien el objetivo de estos mecanismos es llegar a la adjudicación y a la
celebración del contrato, en este itinerario se pueden presentar circunstancias que
no permitan arribar a ese estadio, v. gr. porque la interacción con los proponentes
expertos dé lugar a reconsiderar aspectos relevantes en función de la selección, o
que la entidad los advierta, o porque no hay oferentes elegibles, de modo que tales
situaciones pueden llevar a declinar el procedimiento98, o a declararlo desierto, ante
la prevalencia del interés público que vincula a todos los intervinientes, cualquiera
sea la posición que asuman en la actuación.

108.También puede ocurrir que la administración adopte determinaciones en curso
de la escogencia que generen un daño antijurídico, según el estado de avance en
que se encuentre el trámite, asunto que la jurisprudencia de esta corporación ha
abordado desde diversos vértices identificando, principalmente, dos tipos de
escenarios: el de la ilegalidad del acto de adjudicación, y el que estudia el daño
generado por irregularidades en el proceso de selección. A su turno, este examen
se ha abordado bajo la óptica de la “pérdida de oportunidad” que en algunas épocas
sólo se concibió frente al último de tales eventos, y que, en posiciones más
recientes, ha servido para concretar el factor de resarcimiento en la responsabilidad
precontractual, en cualquiera de estos escenarios. En punto a su tratamiento y
evolución, se desatacan los siguientes pronunciamientos:

109.En sentencia del 9 de diciembre de 198899, se precisaron los tipos de daños que
podía causar la administración en la etapa precontractual, diferenciando entre
aquellos ocasionados por un procedimiento licitatorio viciado y los que derivaban de
una indebida adjudicación del contrato estatal. Se indicó que la indemnización frente
a los primeros se situaba en los gastos en que incurrió el proponente para la
elaboración de la oferta, mientras que si lo alegado era la adjudicación ilegal se
debía reconocer lo que habría podido obtener el proponente si hubiera ejecutado el
pacto contractual100.

97
“8o. Las autoridades no actuarán con desviación o abuso de poder y ejercerán sus competencias exclusivamente para los
fines previstos en la ley. Igualmente, les será prohibido eludir los procedimientos de selección objetiva y los demás requisitos
previstos en el presente estatuto.”
98
Sobre las tesis que definen el momento hasta el cual es posible revocar un procedimiento de selección unilateralmente por
la Administración, y cuándo se requiere la autorización del particular en el trámite de revocatoria directa, ver entre otras:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 26 de marzo de
2014, radicación 05001-23-31-000-1998-01503-01 (25.750), M.P: Enrique Gil Botero; Subsección A, sentencia del 26 de
noviembre de 2014, rad. 760012331000199801093 01 (31.297), M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; Subsección A,
sentencia del 27 de abril de 2016, rad. 2500232600020070066401(46818), M.P. Marta Nubia Velásquez Rico; Subsección A,
sentencia del 2 de julio de 2021, radicación 68001233300020140065601 (58.372), M.P. José Roberto Sáchica Méndez.
99
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de diciembre de 1988, Rad. 3528, 3529 y 3544 (acumulados), M.P.
Carlos Betancur Jaramillo.
100
“Lo precedente permite entender por qué el licitante vencido, que se crea en condiciones de demostrar que su propuesta
era más favorable para la Administración, que la del favorecido con la adjudicación, pueda pedir, además de la nulidad de
ésta, que se le indemnice en forma equivalente a lo que habría ganado si hubiera ejecutado el contrato. Teóricamente es
como si ese licitante pidiera la celebración del contrato con él. Se dice teóricamente porque, en principio, la jurisdicción no
puede imponerle a la Administración la obligación (de hacer) de celebrar un contrato con quien no quiere. Pero un licitante
vencido puede pedir la nulidad de la adjudicación por haberse cumplido el proceso licitatorio irregularmente o con pretermisión

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110.En decisión del 28 de mayo de 1998101, en el caso de un proceso licitatorio en
el que el demandante presentó propuesta para 4 grupos, todas en debida forma, y
en uno de ellos quedó acreditado ser el mejor, se reprochó haber sido descalificado
en las cuatro. La corporación condenó al pago de perjuicios por el daño que devino
de haber presentado la mejor propuesta en un grupo, pero también por el daño de
no haber sido evaluado en los demás, de manera que la entidad estatal
comprometió su responsabilidad “ya que causó perjuicio a quien la preparó y
presentó con la expectativa de ser seleccionado”. Precisó que la pérdida de
oportunidad era una razón y criterio de indemnización al causar un daño a quien se
privó de ella, en ese caso al no evaluarse la oferta sin justificación.

111.Como fundamento de lo anterior, indicó que bastaba considerar algunas
situaciones para comprender que la “chance” poseía valor en sí misma y con
independencia del hecho futuro, siendo objeto de reparación únicamente las
consecuencias resultantes de la privación de una oportunidad para que un
acontecimiento pudiera producirse102. Respecto al monto indemnizatorio por la
pérdida de oportunidad dispuso que quedaba al arbitrio del juez, y en todo caso
debía ser inferior “a lo que hubiera tenido derecho el demandante de resultar
probado que se debieron adjudicar los ítems”103.

112.En 2009104, el Consejo de Estado abordó la tasación de los perjuicios derivados
de la injustificada privación de la posibilidad de ejecutar un contrato, aplicando la
teoría de la pérdida de oportunidad. Se complementó la línea jurisprudencial en la
que dicha figura era utilizada específicamente para los casos en que se privó al
demandante de ser evaluado, y se utilizó frente a una demanda en que el accionante
reclamó y probó haber presentado la mejor oferta, sin resultar adjudicado.

113. Allí se determinó que si bien el actor probó una ganancia que no ingresaría a
su patrimonio, también se había acreditado que para la época hubo una crisis que
llevó a que algunos de éstos terminaran anticipadamente o fueran suspendidos. Así
que la ganancia a ser indemnizada debía ajustarse a la probabilidad de su
ocurrencia; indicó que, aunque inicialmente se tendría derecho al 100% de la
utilidad, había elementos de juicio para entrever su merma, por lo que aplicó la
pérdida de oportunidad para el análisis del perjuicio105.

de las formalidades legales. En este evento no puede pretender que, como consecuencia de esa nulidad, se le adjudique el
contrato o se le indemnice porque tenía derecho a esa adjudicación; porque y esto es obvio, la nulidad del procedimiento
afectaría a todos los particulares en la licitación por igual y no sólo a los favorecidos con ella. De allí que en eventos como el
analizado la indemnización posible, en principio, no puede consistir sino en los perjuicios que ese procedimiento irregular le
irrogó al demandante. Perjuicios que en el fondo podrían no ser otros que los gastos que debió efectuar para participar en la
licitación fallida o irregular”.
101
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de mayo de 1998, Rad. 10539. M.P. Ricardo Hoyos Duque.
102
Cita original del fallo: “Sobre este particular también ha dicho el profesor Christian Larroumet: Tanto en la responsabilidad
contractual como en la extracontractual, la jurisprudencia admite la reparación del perjuicio que consiste en la pérdida de una
oportunidad. Por tanto, si se trata de la responsabilidad contractual, como la pérdida de una oportunidad era previsible, será
objeto de una reparación por parte del deudor. No hay que confundir la pérdida de una oportunidad con un perjuicio posible.
En efecto, lo que se repara no es el daño que resulta de que un acontecimiento que hubiera podido producirse no se produjo,
puesto que, desde luego, no se sabía si dicho acontecimiento se iba a producir y que no se podría tratar de reparar el daño
posible, sino el daño que resultara de lo que el deudor hizo para que el acontecimiento ya no se produjera. Lo que da lugar a
la reparación, son únicamente las consecuencias que resultan de la privación de una oportunidad para que un acontecimiento
pueda producirse. (…) De allí se deduce que los daños y perjuicios no pueden corresponder al perjuicio que resulta porque
el acontecimiento no se produjo. Solo corresponderán a una suma menor, la cual evidentemente no es fácil de evaluar y da
lugar, como en cuanto al perjuicio moral, a aplicar un criterio arbitrario”.
103
Dicha providencia estimó un 80% de lo que previó obtener como utilidad si se hubiera realizado el contrato, y en relación
con el grupo en que demostró tener la mejor oferta, condenó al pago del 100% de la utilidad, a título de daño emergente.
104
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de julio de 2009, Rad. 20525. M.P. Ramiro Saavedra Becerra.
105
“En la tarea de establecer la causalidad en la producción de los daños, lo que hace el juzgador es medir el mayor o menor
grado de probabilidad de que los hechos han sucedido como aparentemente surge del proceso, al ser imposible asegurar su

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114. La evolución de esta figura ha permitido su utilización en las dos esferas
aludidas, como se evidencia en pronunciamientos más recientes de la Sección
Tercera, entre los que se resaltan:

Sentencia Consideraciones relevantes frente a la pérdida de
oportunidad y tasación de perjuicios

Sentencia del 16 de agosto de “Para efectos del cálculo del perjuicio, la Sala tendrá en cuenta
2018. C.P. Stella Conto Díaz del el valor de la utilidad que esperaba recibir, prevista en la
Castillo. Exp. 38.339. propuesta y la décima parte de la misma, teniendo en cuenta
Caso: La propuesta del que debió ser habilitado y sumarse a los nueve proponentes
consorcio actor fue rechazada que sí participaron en el sorteo.
en una licitación. De no haberse
tomado dicha determinación, el Como quiera que el caso concreto el Consorcio … pone de
actor habría quedado empatado presente una situación indemnizatoria que involucra el concepto
con otros 10 proponentes por lo de utilidad esperada por la no adjudicación del contrato –
que la adjudicación se habría numeral 3.1. de las pretensiones–, que se encuadra bajo la
decidido mediante sorteo, según noción de lucro cesante y que la Sala entiende que, por su
el pliego. Al estar acreditado que propia naturaleza, ofrece dificultades probatorias que permitan
la decisión de la entidad fue arribar a conclusiones absolutamente ciertas, por la
contraria al debido proceso consideración de que se trata de valorar un daño sobre bases
administrativo, pues los proyectadas a futuro, específicamente, referidas al contrato de
documentos por los que rechazó obra, circunstancia que, por sí sola, impide poder conocer con
la oferta del actor eran certeza absoluta o por lo menos relativa, el quantum exacto del
subsanables, se declaró la perjuicio experimentado por el demandante, reiterará el
nulidad del acto de adjudicación principio de valoración en equidad, el cual supone el ejercicio
y condenó a una reparación por de una facultad razonada de discrecionalidad del juez,
la pérdida de oportunidad de consagrado positivamente en la Ley 446 de 1998 en su artículo
participar en el sorteo con los 16 (…).
demás proponentes habilitados. De ahí que a quien se le priva injustamente de la posibilidad de
ser adjudicatario, se le vulnera un interés jurídico que se
materializaría en la ejecución del contrato y, por esa misma vía,
en la posibilidad de obtener unas utilidades razonablemente
esperadas, se ha de procurar mantener indemne el patrimonio
del no adjudicatario reconociéndole una indemnización que
consulte la realidad del daño por él padecido”.
Sección Tercera, Subsección A, “...la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que
sentencia del 21 de noviembre cuando la Administración adjudica el contrato a un proponente
de 2022. Rad. 68902. M.P. Marta que no formuló la oferta más favorable, esas circunstancias
Nubia Velásquez Rico. generan un perjuicio al oferente que debió resultar favorecido
con la selección, daño que, por regla general, se concreta en la
Caso en el que se pidió declarar pérdida de oportunidad de recibir la utilidad que esperaba
la nulidad del acto de obtener por la ejecución del contrato”. [Citando, Subsección A,
adjudicación y se probó que se sentencia del 12 de mayo de 2016. Expediente
rechazó la oferta del accionante 250002326000201000692-02 (49.025)].
cuando no había causa para ello.

115. Con esta perspectiva, el instituto de la pérdida de oportunidad en el ámbito de
la responsabilidad precontractual de la Administración, emerge como parámetro
indemnizatorio por los daños causados, ya sea por una ilegal adjudicación o por una
irregularidad con relevancia jurídica en el trámite de escogencia, pues se constituye
en la medida que lleva a cuantificar el valor del perjuicio a reparar en ambos eventos,

verdad categóricamente, dado que finalmente, el juez no conoce los hechos de primera mano sino que los percibe a través
de los distintos elementos probatorios allegados, y por ello su percepción se encuentra contaminada por la subjetividad, la
imperfección del conocimiento empírico, las limitaciones inherentes al proceso y las dificultades del asunto enjuiciado; es por
ello, que han surgido técnicas de facilitación probatoria, como las presunciones, la teoría del riesgo, etc., que concurren a
reforzar un determinado criterio de responsabilidad, carente de la prueba directa de la causalidad del daño, pero necesario
para asegurar la protección resarcitoria de la víctima, incapaz de demostrar que la conducta del agente fue condición sine
qua non de la producción del daño. “El conocimiento de los hechos se fundamenta, pues, en la probabilidad, no en la absoluta
certeza, lo que significa que siempre cabe la discrepancia entre lo acaecido y lo efectivamente demostrado. La teoría de la
pérdida de la oportunidad, ha sido aplicada entonces, en aquellas hipótesis de incertidumbre causal, en las cuales si bien no
hay prueba del nexo, tampoco puede descartarse con toda certeza que el agente ocasionó el menoscabo (…)”. Ibid.

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según el caso. Lo anterior, impone precisar que el alcance y aplicación de la pérdida
de oportunidad dependerá del estado de avance del proceso de selección y, por
ende, del grado de consolidación del estatus jurídico subjetivo de quien aduce las
consecuencias del daño.

116. En estos términos, y sin pretender abarcar la universalidad de este concepto,
es dable indicar que la pérdida de oportunidad se ha entendido como el menoscabo
que se produce en los casos en que, por acción u omisión, se trunca la expectativa
cierta y actual del afectado respecto de un beneficio que podría alcanzar, o la
posibilidad real de conjurar una desventaja, que se origina en el hecho dañoso, sin
que esta lesión se pueda asimilar al perjuicio que deriva del daño final padecido.

117.En sentencia del 27 de abril de 2011106, esta Corporación señaló en torno a la
pérdida de oportunidad, lo siguiente:

“En ese sentido, la probabilidad, la oportunidad, la chance, tendrían sustancia o entidad
propia. La oportunidad está constituida por el beneficio que no se sabe si se produciría,
precisamente por la interferencia que se produjo en el curso de los acontecimientos
determinada por la conducta que se endilga al demandado. El beneficio no sólo reviste el
carácter de ganancia o la posibilidad de conseguir algo que, en veces, puede estar
constituido por la atenuación o la prevención de un mal.

“(…) De suerte que lo incierto, lo que se ubica en la línea media de lo hipotético y seguro es
el beneficio, el chance que podría producirse de no haber mediado la conducta del
demandado, pero de lo que se tiene certeza es que la oportunidad de que se produjera ese
beneficio desapareció y que desapareció por la conducta del demandado; allí se estructura
la relación de causalidad. Lo anterior significa que el perjuicio cierto, indemnizable, consiste
en la pérdida o frustración de la oportunidad de obtener el beneficio o evitar la mengua, el
cual sin duda es distinto al perjuicio que se desprende del daño final padecido

118. La doctrina ha precisado respecto a la noción de esta figura107:

“La desaparición de la probabilidad de un evento favorable, siempre y cuando esta
oportunidad aparezca suficientemente seria. Cuando la pérdida de una oportunidad
es establecida, constituye un perjuicio indemnizable. Pero este se limita a dicha
pérdida; sólo la pérdida de la oportunidad será compensada, y no la totalidad del
beneficio que la víctima habría obtenido en caso de que hubiese ocurrido el evento
cuya realización ha sido impedida por culpa del deudor. 108

A) La chance configura un daño actual, no hipotético, resarcible cuando implica una
probabilidad suficiente de beneficio económico que resulta frustrado y puede ser
valorada en sí misma prescindiendo del resultado final incierto, en su intrínseco valor
económico de probabilidad.

B) En el terreno de las chances, queda patentizado que para ser daño jurídico no es
necesario, la vulneración de un derecho subjetivo sino la mera esperanza probable de
un beneficio o lucro, esperanza que de por sí no significa un derecho a reclamar algo
de alguien, puesto que aún no se ha concretado una facultad de obrar de esa manera,
sino tan solo la frustración de la posibilidad de lograr consolidar la adquisición de un
bien jurídicamente protegido. Cuando la “chance” implica una probabilidad suficiente
de beneficio económico que se ve frustrada por la culpa del responsable, se convierte
en un daño actual resarcible; por ello, la indemnización debe ser de la “chance” misma
(…)109”.

106
Radicado número 760012331000199400776 01 (18714)
107
Cita tomada de: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 3 de julio de 2020, rad. 050012331000-
20070327401 (44713), M.P. María Adriana Marín.
108
LE TORNEAU, Philippe; “La responsabilidad Civil Profesional”, Editorial Legis, Bogotá, 2006. p. 85.
109
Trigo Represas, Félix A - López Mesa, Marcelo J.; “Tratado de la Responsabilidad Civil”, Tomo I, Editorial La Ley,
Reimpresión, Buenos Aires, 2005, p. 470.

38

Radicación: 25000233600020190053901 (70.890)
Demandante: Consorcio Gisc - Fundasol
Demandado: Secretaría de Educación del Distrito Capital y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

119. A pesar de la uniformidad estricta respecto de su noción, las diferencias en el
tratamiento de la pérdida de oportunidad en el campo extracontractual frente al de
la etapa que precede al contrato subsisten. La Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia ha subrayado la dificultad de ubicar el daño por pérdida del
“chance” en el esquema de la responsabilidad y sus efectos, pero en todo caso le
ha dado la connotación de corresponder a una tipología de perjuicios diferente,
distinguiéndolo, específicamente, del lucro cesante110. En la jurisdicción de lo
contencioso administrativo se le ha considerado, en veces, como: i) un fundamento
del daño111, ii) como un título de imputación, y iii) como un elemento a analizar
dentro de la causalidad112, o sistema de aligeramiento del nexo causal.

120. A pesar de los variados criterios, esta Corporación al analizar la responsabilidad
extracontractual se decantó por explicar esta institución a través de dos corrientes
centrales. Una, con fundamento en la causalidad probabilística, conforme a la cual
la responsabilidad es proporcional a la probabilidad de la causa entre el hecho
dañoso y el daño final, lo que implica imputar una fracción o porcentaje del perjuicio
final en virtud de la posibilidad de que el actuar dañoso haya incidido en el resultado
negativo (teoría relacionada con la imputación). La otra posición, considera que la
pérdida de oportunidad representa un daño independiente cuya reparación tiene
fundamento en el quiebre de una expectativa legítima113, y por ello difiere de otros
daños –v. gr. la muerte o afectación a la integridad física–.

121.La Sección Tercera se ha inclinado por la segunda postura y, a su vez, ha
descartado que la pérdida de oportunidad pueda ser considerada como un criterio
auxiliar de imputación de responsabilidad, lo que significa que dicho instituto no
aplica en casos de incertidumbre causal entre la intervención del sujeto y el
beneficio perdido, o el detrimento no evitado. En suma, esta figura puede definirse
en este contexto como un daño indemnizable en aquellos eventos en que un sujeto
está en una posición apta para obtener un provecho o impedir una pérdida, pero
con ocasión de un acto u omisión de un sujeto, ve frustrada la consolidación de
dicha posibilidad de manera definitiva.

122.Respecto de la etapa precontractual regida por el EGCAP, el marco de
referencia no se contrae a una imputación cimentada en la culpa, esto es, aquella
basada en una falta de diligencia in contrahendo, sino que está atada al componente
de orden público que impone la sujeción al principio de legalidad en materia de

110
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 4 de agosto de 2014. SC10261-2014. En dicho fallo se
expone: “…debe decirse que tanto la pérdida de oportunidad como el lucro cesante futuro, pese a que el censor los
entremezcla, pertenecen a categorías diversas pues atienden fuentes obligacionales distintas, pero además se diferencian
por los grados de certidumbre que en una y otra se registran. En la primera, existe un razonable juicio de posibilidad… En el
segundo evento, esto es en el ámbito del lucro cesante futuro, no se indemniza la pérdida de una probabilidad sino la obtención
de dividendos a los cuales tendría derecho la víctima, pero bajo el esquema de una privación de ganancia cierta.
No ha sido pacífica la ubicación del acaecimiento del daño por pérdida de la chance… es una especie de daño independiente,
provisto de unas singulares características y que, en última se ve concretado en el desvanecimiento de la posibilidad de
obtener una ganancia o de evitar que se produzca un evento, frustración que correlativamente, coloca a quien sufre el
menoscabo en la posición de poder demandar la reparación de los perjuicios.
Aquella, en sí misma considerada, causa daño a quien se privó o se frustró de ese “chance”, razón por la cual tiene un valor
en sí misma, independientemente del hecho futuro, pues la lesión consistente en la desaparición absoluta de una probabilidad
objetiva, posee una naturaleza cierta y directa”.
111
Ver, entre otras, Subsección B, Sección Tercera, fallo del 5 de abril de 2017, exp. 25706.
112
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 30 de noviembre de 2023. Rad. 76001-23-31-000-2006-
00041-01. M.P. Alberto Montaña Plata.
113
Ver la explicación de ambas posturas en Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección B, Sentencia de 5 de abril de 2017, exp. 25706.

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Radicación: 25000233600020190053901 (70.890)
Demandante: Consorcio Gisc - Fundasol
Demandado: Secretaría de Educación del Distrito Capital y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

procedimientos de selección, como ha sido reconocido por esta judicatura 114,
acompañado por el principio de la buena fe, de raigambre constitucional y legal,
conforme al cual las partes han de exhibir un comportamiento coherente en una
relación negocial que suscita en el otro sujeto la confianza de no ser defraudada.

123.Por ende, a diferencia de lo que sucede en el escenario estrictamente
extracontractual, en que la pérdida de oportunidad tiene que ver en sí mismo con la
categoría del daño –al punto de catalogarse como un daño autónomo– en el plano
prenegocial el quiebre de las normas que regulan los procesos de selección en la
anotada esfera es la que configura el daño, de modo que la pérdida de oportunidad
en este ámbito despunta como criterio de indemnización115.

124.En la evolución que la jurisprudencia de esta Corporación ha experimentado, ya
sea que el daño surja de la ilegal adjudicación o de irregularidades del proceso de
selección, el análisis no pasa por la naturaleza del daño propiamente dicho. En el
primer contexto, la Sección Tercera116 señaló que el perjuicio a indemnizar por la
omisión del deber de adjudicar el contrato a quien hizo el mejor ofrecimiento, si bien
estaba basada en la utilidad, no debía corresponder al 100% de ella como
parámetro cuantificatorio, sino que debía tenerse en cuenta las circunstancias que
rodeaban el perjuicio del reclamante, especialmente porque no podía ignorarse que
el actor no tuvo que realizar ningún esfuerzo como aquel que había ejecutado el
contrato117.

125.Luego, el parámetro indemnizatorio relativo a la utilidad por haber perdido la
oportunidad de celebrar el contrato, ejecutarlo, y hacerse a la experiencia y
beneficios económicos de aquel, se consolidó en la jurisprudencia como factor de
resarcimiento118, y así se mantiene en la actualidad. No obstante, cuando ésta no
ha sido determinada en la propuesta, ni probada en juicio, subsisten posturas
disímiles sobre la manera de determinar el monto de la utilidad esperada119. La Sala
no ahondará en estos criterios, en tanto el sub-lite no se inscribe en dicho evento.
114
Esta Corporación, en sentencia del 7 de junio de 2001, M.P. Ricardo Hoyos Duque (13405), al respecto señaló: “En el
ámbito del derecho administrativo la imputación de responsabilidad por los daños causados en la etapa precontractual no se
hace con fundamento en la culpa, ni en el riesgo ni en el enriquecimiento injusto, o la reciprocidad de prestaciones del contrato
bilateral, sino en los principios de la buena fe y de legalidad”.
115
En aclaración de voto del Magistrado Fredy Ibarra Martínez a la sentencia del 30 de noviembre de 2023, rad.
76001233100020060004101 (53.435) de la Sección Tercera, Subsección B de esta Corporación, se indicó lo siguiente: “La
pérdida de oportunidad en la responsabilidad patrimonial del Estado ha sido empleada tanto en materia precontractual como
en el escenario extracontractual; mientras que en la primera sirve como parámetro o criterio para la indemnización de
expectativas legítimas de un proponente no favorecido con la adjudicación de un contrato, en el ámbito extracontractual ha
tenido distintos entendimientos (v gr. daño autónomo, perjuicio autónomo o sistema de aligeramiento del nexo causal). Así
las cosas, lo primero que debo precisar que es no es posible confundir o equiparar la noción de pérdida de oportunidad en
asuntos precontractuales con aquella que opera en materia extracontractual, por cuanto tienen contenidos y alcances
disímiles, en tanto, insisto, en el primer ámbito se usa como criterio para la tasación de perjuicios derivados de un daño
ocasionado por la irregular o indebida adjudicación de un contrato, lo cual genera en el proponente no favorecido una
expectativa legítima frustrada que debe ser ponderada o valorada con criterios de equidad (artículo 16 Ley 446 de 1998); por
el contrario, la pérdida de oportunidad en la responsabilidad patrimonial extracontractual es un asunto que tiene que ver con
el daño mismo (…)”.
116
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de abril de 1999, Rad. 11344. M.P. Daniel Suárez Hernández.
117
Señaló que “[a] la luz del derecho de daños, no se trata de negar la indemnización al no adjudicatario, sino de reconocer,
que el quantum indemnizatorio cuando ha de tasarse partiendo de la noción de utilidades esperadas, bien puede verse
reducido razonable y equitativamente, en el equivalente al valor del tiempo no destinado en la ejecución de las obras y ante
la ausencia de esfuerzos, vicisitudes y riesgos connaturales a la ejecución de un contrato de tal naturaleza que conforman el
contenido del débito contractual que hubiera tenido que asumir y ejecutar de habérsele adjudicado el contrato, como que la
Sala considera que no es lo mismo obtener las utilidades trabajando y ejecutando el contrato, que obtenerlas, sin haberlo
ejecutado” Ib.
118
Ver entre otras, Subsección A, sentencia del 12 de noviembre de 2014, Rad. 29855; Subsección A, sentencia del 21 de
noviembre de 2022, expediente 68.902; Subsección B, sentencia del 19 de abril de 2023.
119
En la actualidad, la Sala Plena de la Sección Tercera de esta corporación reflexiona en sede de unificación sobre los
criterios de determinación de la utilidad esperada, en los términos señalados en auto del 5 de junio de 2025, exp.
25000233600020200039901 (71.754), M. P. Fernando Alexei Pardo Flórez.

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126.Es de señalar que en tal evolución, la pérdida de esa oportunidad alusiva al
evento de una ilegal adjudicación, quedó alineada con el referente objetivo asociado
a la utilidad esperada –sin detenerse en, si las condiciones del proponente, su
esfuerzo organizacional y la incidencia de factores externos, realmente le habrían
permitido lograr la máxima eficiencia para alcanzar dicha utilidad de forma
completa–. Con este mecanismo se superó esta incertidumbre.

127.El segundo escenario, de irregularidades en el proceso de selección, tiene lugar
en eventos en que, p. ej., se reclama y demuestra que el proponente fue inhabilitado
o su oferta rechazada sin justificación, sin que la irregularidad alcance a viciar el
acto de adjudicación. O como en el caso que se analiza, cuando no se asignó el
puntaje correcto en la evaluación y esta circunstancia le impidió al actor participar
del sorteo de desempate perdiendo la posibilidad de ser adjudicatario del contrato.
En estos casos a través de la teoría de la pérdida de oportunidad se debe analizar
el daño cierto, personal, directo y antijurídico producto de la frustración de una
expectativa legítima, construida en el marco de desarrollo de la fase precontractual
de la Administración.

128. De ahí que su análisis imponga constatar los dos elementos centrales de este
instituto: i) la existencia cierta y seria de una posibilidad real de obtener una
ganancia o de impedir una pérdida120 y ii) la incertidumbre causal derivada del
desconocimiento sobre lo que hubiera ocurrido con esa posibilidad en caso de que
no se hubiera malogrado definitivamente la trayectoria normal de los eventos.

129.Con mayor detalle, esta Corporación ha señalado que para el reconocimiento
de los perjuicios que genera el daño por pérdida de oportunidad, es necesario que
se compruebe, con grado de certeza, la existencia de una real oportunidad frustrada
por un acto imputable a la Administración, tal como lo ha precisado esta Subsección:

“Al respecto, la jurisprudencia de la Corporación 121 ha reconocido pacífica y
reiteradamente que la pérdida de oportunidad, como fuente indemnizatoria, debe
reunir los siguientes requisitos: (i) la certeza de la existencia de una oportunidad
que se pierde, aunque esta involucre un componente aleatorio; (ii) la imposibilidad
definitiva de obtener el provecho o de evitar un detrimento, y (iii) que la víctima se
encuentre en una situación potencialmente apta para pretender la consecución del
resultado esperado122” (resaltado fuera del texto original)123.

130.De esta forma, se requiere que quien reclame la pérdida de oportunidad
establezca que antes de la ocurrencia del hecho generador del daño, estaba en una
posición potencialmente apta para producir un resultado beneficioso a su favor. Las
posibilidades vagas o la mera eventualidad de un provecho no resultan

120
“La desaparición de la probabilidad de un evento favorable, siempre y cuando esta oportunidad aparezca suficientemente
seria. Cuando la pérdida de una oportunidad es establecida, constituye un perjuicio indemnizable. Pero este se limita a dicha
pérdida; sólo la pérdida de la oportunidad será compensada, y no la totalidad del beneficio que la víctima habría obtenido en
caso de que hubiese ocurrido el evento cuya realización ha sido impedida por culpa del deudor”. LE TORNEAU, Philippe, La
responsabilidad Civil Profesional, Legis, Bogotá, 2006, p. 85.
121
Nota original: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 30 de enero de 2013, C.P.: Mauricio
Fajardo Gómez. Exp.: 23.769. Reiterada por esta misma Subsección en la Sentencia del 8 de febrero de 2017, C.P.: Hernán
Andrade Rincón. Exp.: 41.073.
122
Nota original: Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de agosto de 2010, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez.
Exp.: 18.593.
123
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 2 de julio de 2021, C.P. María Adriana Marín, Exp.
54.154.

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jurídicamente relevantes como asunto indemnizable124, al tratarse de daños
hipotéticos o eventuales.

131. En este punto cobra especial relevancia el concepto de expectativas legítimas,
en tanto corresponde al fundamento de la indemnización por pérdida de oportunidad
en este tipo de casos, dado el grado de formación que alcanza la situación jurídica
del individuo dentro del proceso de selección. Se trata de aspiraciones sentadas en
bases objetivas y razonables sobre la determinación futura de un derecho, pues
“son aquellas que ‘aunque no estén consolidadas ni hayan generado derechos
adquiridos, sí han determinado cierta expectativa válida, respecto de la
permanencia de la regulación’125. Son ‘una suerte de expectativas que goza de
cierta protección, por cuanto existían razones que justificaban la confianza del
administrado en que la regulación que lo amparaba lo seguiría manteniendo’126 (…)
J.P. MÜLLER127 ha señalado que las expectativas que son objeto de protección del
principio de confianza legítima se caracterizan porque emanan de un sujeto de
derecho, en razón de un determinado comportamiento en relación con otro o ante
la comunidad jurídica en su conjunto, tienen la capacidad de producir efectos
jurídicos e imponen a las autoridades públicas la obligación de respetar los actos
propios previos y actuar en forma armónica y coherente con ellos”128.

132. De ahí que el postulado de la confianza legítima, expresión del principio de
buena fe, es la plataforma en que se edifica el concepto de las expectativas
legítimas, y como tal, tiene especial relevancia en la teoría de la “chance” o pérdida
de la oportunidad toda vez que reconoce la concreción de un daño, cuando “se
detiene el proceso evolutivo de una situación jurídica, ahogando la posibilidad de
que se consolide un derecho o se conserve un beneficio”129.

133. Por lo anterior, se subraya que el concepto central de este instituto alude
expresamente a la “oportunidad” perdida, y ello es así para distinguirlo de la noción
de los “derechos adquiridos”, en tanto estos últimos están concebidos como
“aquellas ‘situaciones jurídicas individuales que han quedado establecidas y
consolidadas bajo el imperio de una ley y que en tal virtud se entienden incorporadas
válida y definitivamente al patrimonio de una persona’130. Son derechos
‘intangibles’131 … que se ‘incorpora[n] de modo definitivo al patrimonio de su

124
Sobre este punto, la Sección Tercera indicó: “Por otra parte, con el fin de precisar los alcances de la noción de ‘pérdida de
oportunidad’ conviene identificar con la mayor claridad posible sus límites: así, de un lado, en caso de que el ‘chance’
constituya en realidad una posibilidad muy vaga y genérica, se estará en presencia de un daño meramente hipotético
o eventual que no resulta indemnizable y, de otro lado, no puede perderse de vista que lo perdido o frustrado es la
oportunidad en sí misma y no el beneficio que se esperaba lograr o la pérdida que se pretendía eludir, los cuales constituyen
rubros distintos del daño”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de agosto de 2010. Exp. 18.593, C.P.
Mauricio Fajardo Gómez
125
Nota original: “(Corte Constitucional. Sentencia C-314 de 2004, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra). Nuestra postura
extiende la confianza legítima en la protección de las expectativas legítimas no sólo respecto de la estabilidad de la regulación
sino, en general, respecto de toda situación jurídica preexistente”
126
Nota original: “Corte Constitucional. Sentencia C-478 de 1998, M.P.: Alejandro Martínez Caballero.
127
Nota original: “J.P. MÜLLER. Vertrauesnsschutz im Völkerrecht, Berlín, 1971, citado por CALMES. Du príncipe de
protection de la confiance légitime en droits allemand, communautaire et francais, cit., p.567”.
128
VIANA CLEVES, María José: “El principio de la confianza legítima en el derecho administrativo Colombiano”, Bogotá,
Universidad Externado de Colombia, 2007, pág. 211 y 212.
129
VALBUENA HERNÁNDEZ, Gabriel, “La defraudación de la confianza legítima: aproximación crítica desde la teoría de la
responsabilidad del Estado”, Universidad Externado de Colombia, pág. 340. Citando a MEDINA ALCOZ, Luis “La teoría de la
pérdida de la oportunidad. Estudio legal y jurisprudencial del derecho de daños público y privado”. Barcelona, Bosch, 2007,
pág. 564.
130
Nota original: “Corte Constitucional. Sentencia C-789 de 2002, M.P.: Rodrigo Escobar Gil”.
131
Nota original: “Corte Constitucional. Sentencia C-314 de 2004, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra”

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titular’132 y que están ‘cubiertos de cualquier acto oficial que pretenda
desconocerlo[s]’133”134.

134. Entonces, de la misma manera en que la chance no corresponde a una llana
intención o a una mera expectativa, pues sólo se ubica en los contornos de las
expectativas legítimas, la oportunidad perdida no se confunde o integra con el
estatus que asigna un derecho adquirido. En estos términos, “quien se considere
indebidamente afectado por una actuación alejada de la norma y exija reparación
por ello, tendrá que demostrar que la posibilidad de consolidar la ventaja esperada
fue truncada definitivamente y que no podrá obtener el beneficio en el futuro”135.

135. Finalmente, y en cualquiera de sus manifestaciones, como la noción de la
pérdida de oportunidad se caracteriza por su impronta de naturaleza aleatoria, al no
haber alcanzado el estándar de un derecho subjetivo, “no es posible saber con
certeza si el beneficio esperado por la víctima, o el perjuicio que quería evitar,
definitivamente habría sido logrado aún teniendo la oportunidad, razón por la cual
tampoco se puede determinar de forma totalmente segura si la falta fue
efectivamente la causa de la no obtención de la ventaja anhelada”136.

136.Aplicando la teoría descrita al caso concreto, es evidente que el yerro de la SED
ocasionó que la parte demandante perdiera la oportunidad de obtener el puntaje
que la ubicaba en el primer orden de elegibilidad junto con el proponente que resultó
adjudicatario. De allí que, con razón, el demandante reclame una posición jurídica
relevante que lo sitúa en el escenario del desempate por balota, y le confería la
expectativa legítima de que, sorteado el mecanismo, iguales posibilidades de
resultar adjudicatario habría tenido el consorcio demandante, como C&M que
resultó seleccionado.

137.Respalda lo anterior el test que constata los elementos de la pérdida de chance,
pues: (i) hay certeza de que el actor tenía derecho a participar en el desempate por
balota; (ii) a la fecha, hay una imposibilidad definitiva de sortear el contrato, el que,
además, ya fue liquidado como consta en el SECOP; y (iii) el Consorcio Gisc –
Fundasol vio frustrada injustamente la expectativa legítima de ser adjudicatario,
pues sólo habría bastado activar el mecanismo final de desempate, ubicándolo en
una situación potencialmente apta para ser seleccionado y suscribir el pacto
contractual.

138. Para la Sala, bajo el escenario cierto de llegar a las balotas, el alea resultaba
ser a cuál de los dos oferentes acompañaría la suerte para la adjudicación del
contrato. Sin posibilidad de arribar a una respuesta certera en el mundo físico, pues
tal desenlace fiaba a la suerte la realización del desempate, entonces, la pregunta
que corresponde desatar es, si ¿la constatación del defecto analizado es suficiente

132
Nota original: “Corte Constitucional. Sentencia C-168 de 1995, M.P.: Carlos Gaviria Díaz”.
133
Nota original: “Ibid.”
134
VIANA CLEVES, María José: “El principio de la confianza legítima en el derecho administrativo Colombiano”, Bogotá,
Universidad Externado de Colombia, 2007, pág. 204.
135
GUTIÉRREZ MORALES, Nathalie, “Aplicación de la teoría de la pérdida de la oportunidad en responsabilidad patrimonial
precontractual y contractual del estado en Colombia”. Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 2021, pág.
92.
136
Ibidem.

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para invalidar la resolución de adjudicación? interrogante que la Sala resuelve de
forma negativa, como se pasa a explicar.

139.Las particularidades del caso concreto revelan que en la actualidad no hay
forma de descartar que C&M hubiese podido resultar seleccionado, o que Gisc –
Fundasol lo hubiera conseguido. Ante esta realidad la decisión de adjudicar a C&M
Consultores no se reputa ilegal en sí misma, como sí lo es la incorrecta evaluación
efectuada a GF. Puestas así las cosas, dado que los dos sujetos eran igualmente
elegibles, ello impide a la Sala declarar la nulidad del acto de adjudicación por
cuenta de la referida irregularidad, y confirma que el análisis del sub lite se ubica un
paso antes del acto de adjudicación que, en este caso, no alcanza a configurar su
invalidez. Lo anterior, se itera, pues no hay manera de negar que C&M también
hubiera podido resultar beneficiado con la balota.

140.A esta comprensión se llega al considerar el efecto que tendría una declaratoria
de nulidad del acto de adjudicación de forma integral. Así, a diferencia de lo que
ocurre cuando un demandante demuestra en juicio que era la mejor propuesta y
debió ser el adjudicatario –hipótesis bajo la cual se anula la decisión en tanto el
derecho fue otorgado a quien no correspondía–, el sub-lite gravita en un escenario
diverso y particular que impone considerar las leyes del azar, según la normatividad
aplicable, en armonía con los mecanismos procesales de control de la actuación de
la Administración.

141.Anular la adjudicación, y con ella el respectivo contrato, implicaría que C&M no
debió haber sido seleccionado, cuando sí podía serlo de acuerdo con la evaluación
y los criterios de desempate; y conduciría a que este último también reclamara la
posición jurídica de ser elegido, pues ambos podían serlo. Dado que la nulidad
conduce a retrotraer las cosas a su estado anterior, como si el acto o contrato nunca
hubieran existido, su declaratoria eliminaría de plano la probabilidad que a su vez
asistía a C&M de acceder al contrato, por lo que esta sanción no se ajusta a los
acontecimientos que se examinan. Este escenario pone de relieve que el juez al
administrar justicia debe acometer el examen con tal detalle que responda a las
reales circunstancias puestas en su conocimiento, ya que solo su comprensión
permite adoptar la decisión que en derecho corresponde.

142.Por manera que en el sub-examine la sanción por el yerro de la entidad no
puede afectar (además del actor) a un sujeto que igualmente ocupaba el primer
orden de elegibilidad y cuyo estatus jurídico también es digno de protección, e
impone precisar que el reproche, que por cierto reclamó el actor, se sitúa en el
segundo panorama de la responsabilidad por irregularidades del proceso de
escogencia.

143.Estando acreditado que en el presente caso se concretó la pérdida de
oportunidad incoada por el actor, es importante pasar a decantar algunos criterios
para determinar el monto por concepto de indemnización de este daño. Al respecto,
la Sala indica que, dado que no existe una disposición que regule la forma en la que
se debe indemnizar la pérdida de oportunidad, se aplicarán los criterios auxiliares
de la equidad, así como la jurisprudencia que versa sobre este instituto para su

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determinación (art. 230 de la C.P). A partir de estas disposiciones, para definir la
forma en que se debe valorar la cuantía del resarcimiento, habrá de acudirse al art.
16 de la Ley 446 de 1998, que dispone:

“ARTÍCULO 16. Valoración de daños. Dentro de cualquier proceso que se surta ante la
Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas,
atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos
actuariales”.

144.Lo anterior, surge ante la dificultad de indemnizar con base en datos
estadísticos o exactos el perjuicio sufrido y, a la par, se enfila en evitar el
proferimiento de condenas en abstracto, en cuanto ello sea posible. Así lo ha
dispuesto esta Subsección en casos en que se condena al Estado por la
configuración de una pérdida de oportunidad137.

145.Para orientar este análisis, la Sala estima conveniente acudir al tratamiento que
en sede extracontractual se ha asignado a este instituto para, seguidamente, hacer
algunas reflexiones en torno a los criterios que este parámetro indemnizatorio
autoriza razonar en torno a las instancias previas al contrato. Seis pautas han sido
trazadas por esta Corporación para definir la condena por pérdida de oportunidad:

“(i) “[E]l fundamento del daño sobre el cual se erige el débito resarcitorio radica en el
truncamiento de la expectativa legítima”, de manera que la estimación será menor a la
indemnización por el daño final, al ser proporcional al “porcentaje de posibilidades que
tenía la víctima de sobrevivir o de mejorar sus condiciones de salud”.
(ii) La expectativa deberá cuantificarse en “términos porcentuales, teniendo en cuenta
que está ubicada en un espacio oscilante entre dos umbrales, eso es, inferior al 100%
y superior al 0%, ya que por tratarse de una probabilidad no podría ser igual o
equivalente a ninguno de los dos extremos”.
(iii) “[N]o es procedente indemnizar la pérdida de la oportunidad como un perjuicio
independiente que deba ser resarcido por fuera del concepto de perjuicios materiales -
daño emergente y lucro cesante-, inmateriales -daño moral y daños a bienes
constitucionales y convencionales- y daño a la salud, (…) puesto que hacerlo conduciría
a desconocer el objeto primordial del instituto de la responsabilidad, esto es, el principio
de la reparación integral, ya que las víctimas serían, sin razón alguna, resarcidas
parcialmente a pesar de que el actuar del demandado cercenó una expectativa
legítima”, visto lo cual, como la pérdida en sí misma genera diferentes tipos de
perjuicios, deberá ser indemnizada bajo la naturaleza material o inmaterial.
(iv) No procede una indemnización por el porcentaje probabilístico que resulte de la
acreditación del vínculo causal existente entre la falla y el daño.
(v) El porcentaje de la pérdida deberá establecerse a partir de una perspectiva
cuantitativa, y ante la imposibilidad de determinar esta última, desde una
perspectiva cualitativa, que implicará condenar en abstracto y determinar la
cuantificación a través de un trámite incidental, o acudir a criterios de equidad.
(vi) Por regla general, la pérdida de la oportunidad deberá ser fijada con criterios
técnicos y científicos pero, excepcionalmente, podrá acudirse a un “50% el cual se
aplicará para la liquidación de los perjuicios materiales e inmateriales, de manera que,
en virtud de la equidad y la igualdad procesal, (…) bastará que se hayan acreditado los
elementos de la pérdida de la oportunidad, es decir que se constate cualitativamente un
truncamiento de la oportunidad que afecte el patrimonio de los demandantes para que
proceda la reparación por excepción” 138.

146. En criterio de la Sala, el estándar que dimana del instituto de las expectativas
legítimas, que es fundamento de la pérdida de oportunidad en el escenario

137
Consejo de Estado Sección Tercera Subsección A, Sentencias del 13 de marzo de 2013, exp. 500012331000199605793-
01 (25.569) y del 21 de marzo de 2012, exp. 54001233100019972919-01 (22.017), ambas con ponencia del Magistrado
Mauricio Fajardo Gómez.
138
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 4 de diciembre de 2023, Rad. 5400123-31-000-2007-
00026-01 (60.000). M.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.

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Radicación: 25000233600020190053901 (70.890)
Demandante: Consorcio Gisc - Fundasol
Demandado: Secretaría de Educación del Distrito Capital y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

precontractual, afirma un grado mayor de certidumbre en relación con la chance que
se aduce perdida, hipótesis que dista de la posición que se analiza en los eventos
de responsabilidad extracontractual en los que no es posible establecer con alto
grado de probabilidad la incidencia causal que la acción u omisión, generadora de
la pérdida de la oportunidad, tuvo en el desenlace fatal139.

147. En cambio, los criterios de conmutatividad y onerosidad imperantes en la
contratación del Estado y los particulares, y el grado de avance del proceso de
escogencia, ciertamente ofrecen un escenario diverso para la definición de un
criterio indemnizatorio, pues desde sus bases, la selección tiene anclado el
referente presupuestal junto a las condiciones económicas ofrecidas, que sí
vislumbran un destino cercano en punto de la adjudicación. Esta situación, como
queda visto, no se corresponde con el escenario de la responsabilidad
extracontractual, en la que por la naturaleza de los eventos que recoge, la
probabilidad de detonar en el daño final por la intervención del tercero, retrocede
dos pasos atrás respecto aquella.

148.Con estas reflexiones y tomando como punto de análisis los lineamientos
reseñados en el marco de la pérdida de oportunidad, esta Subsección acoge
aquellos que considera adecuados a la fase precontractual y abona su precisión en
este ámbito, los cuales pueden ser útiles a modo de guía, sin dejar de lado los
avances que la jurisprudencia ha hecho en esta materia:

(i) El primer criterio establece que la cuantía de la indemnización en ningún caso
podrá ser igual o mayor al valor del daño final, es decir, no puede corresponder al
valor de la utilidad esperada de haberse adjudicado y ejecutado el contrato. Lo
anterior impone diferenciarlo del perjuicio que en esos términos puede reclamar
quien sí fue privado del derecho a ser adjudicatario.

(ii) Se utilizará el valor de la utilidad esperada con la adjudicación y ejecución
contractual únicamente como referente económico. A este valor se aplicará el
umbral que será igual o superior al 1% y menos al 20%, con base en el criterio
auxiliar de la equidad con el que se pretende indemnizar más que el interés
negativo, pero, en cualquier caso, menos que el positivo o de cumplimiento. Para
determinar este porcentaje se hará una ponderación inversa entre los límites mínimo

139
En tales casos, cuando se declara la responsabilidad del Estado con fundamento en la pérdida de oportunidad, la
Jurisprudencia de esta Sección ha razonado de la siguiente forma: “Ahora bien, la sala se pregunta ¿ese cúmulo de
deficiencias fue la causa exclusiva del deceso del paciente? o fue causa de la pérdida del chance para la recuperación del
paciente? // - En cuanto al primer punto: “la muerte” del paciente tiene su causa en la negligencia administrativa? // Al respecto
no existe prueba que conduzca a la Sala a afirmar lo uno o lo otro y, en esa medida, no puede sostenerse por ejemplo, que
la falta de valoración oportuna por un especialista de neurología haya sido la causa que concurrió con la patología del enfermo
al desenlace fatal. Tampoco puede concluirse que la no práctica oportuna del scanner tenga la suficiente eficacia causal para
comprometer la responsabilidad demandada. Pero lo que si resulta absolutamente claro, es que las omisiones en que incurrió
el grupo médico o la organización institucional en la prestación del servicio de salud excluyen la idea de diligencia y cuidado,
de regularidad y eficaz prestación del servicio público. // En cuanto al otro punto: ¿la negligencia administrativa fue causa de
la pérdida de “chance” u oportunidad para la recuperación del paciente? // Para la Sala no es claro que aún si la Administración
hubiera actuado con diligencia el señor Franklin habría recuperado su salud; pero sí le es claro, con criterio de justicia, que si
el demandado hubiese obrado con diligencia y cuidado no le habría hecho perder al paciente el chance u oportunidad de
recuperarse // En conclusión la falla del servicio de la entidad demandada que consistió en la falta de diligencia para realizar
un diagnóstico oportuno de la enfermedad sufrida por el paciente e iniciar de manera temprana el tratamiento adecuado,
implicó para éste la pérdida de la oportunidad de curación y de sobrevivir”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia
del 7 de julio de 2011. Exp. 20.139. M.P. Mauricio Fajardo Gómez, y sentencia del 11 de agosto de 2010, Expediente No.
18593. M.P. Enrique Gil Botero.

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Radicación: 25000233600020190053901 (70.890)
Demandante: Consorcio Gisc - Fundasol
Demandado: Secretaría de Educación del Distrito Capital y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

y máximo de tal concepto así, a mayor valor menor porcentaje, y a menor valor
mayor porcentaje; sin superar el 20% de la utilidad esperada.

(iii) De existir pretensiones por otros daños, se analizarán según su comprobación
y petitorio respectivo.

(iv) Es improcedente una indemnización por el porcentaje probabilístico que resulte
de la acreditación del vínculo causal frente a la configuración del daño final.

(v) El porcentaje de la pérdida deberá establecerse a partir de la perspectiva
cuantitativa indicada, sin exceder en ningún caso los anteriores límites pecuniarios.

149. Aplicando estos criterios al caso concreto, se considera que el Consorcio Gisc
– Fundasol debe ser indemnizado conforme a la siguiente valoración: a) la utilidad
indicada en su propuesta ascendió a la suma de Mil Quinientos Treinta y Cuatro
Millones Ciento Noventa y Cinco Mil Seiscientos Veintitrés Pesos M/Cte
($1.534´195.623); b) a este valor se aplica el 3%, que se sitúa en el primer cuarto
de los extremos del umbral indicado, aplicando la ponderación inversa; y c) como
resultado de esta operación los perjuicios por pérdida de oportunidad ascienden a
la suma de cuarenta y seis millones veinticinco mil ochocientos sesenta y ocho
Pesos M/Cte ($46´025.868), los cuales serán indexados a la fecha de esta
providencia.

150.Con lo hasta aquí indicado, la Sala procede a revocar el fallo de primera
instancia, y declarará la responsabilidad precontractual de la SED en los términos
expuestos en esta providencia.

151.Para indemnizar la pérdida de oportunidad a la que esta Sala accede, se dictará
condena contra la Secretaría de Educación del Distrito Capital de Bogotá en cuantía
cuarenta y seis millones veinticinco mil ochocientos sesenta y ocho Pesos M/Cte
($46´025.868), que será indexada, a favor del Consorcio Gisc – Fundascol, de
conformidad con los porcentajes de participación de sus integrantes en la referida
estructura plural.

152.El valor de $46´025.868 se actualizará de conformidad con los índices de
precios al consumidor certificados por el DANE, tomando como índice inicial el
correspondiente a la fecha en que se suscribió el contrato por ser la utilidad
esperada con su adjudicación y suscripción el referente económico principal para
tasar la indemnización -29 de marzo de 2019- y el índice final el de la fecha de esta
providencia, con base en la siguiente fórmula (donde Vp corresponde al valor
presente y Vh al valor histórico o inicial):

46.025.868 x Índice final
Vp= ----------------------
Índice inicial

46.025.868 x 151,48
Vp= ----------------------------------
101,62

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Radicación: 25000233600020190053901 (70.890)
Demandante: Consorcio Gisc - Fundasol
Demandado: Secretaría de Educación del Distrito Capital y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

Vp= $71’589.829

153. Por consiguiente, la indemnización por pérdida de oportunidad que se reconoce
al Consorcio Gisc – Fundasol debidamente indexada, asciende a la suma de setenta
y un millones quinientos ochenta y nueve mil ochocientos veintinueve Pesos M/Cte
($71´589.829) que, como se dijo previamente, se deberá reconocer en proporción
a la participación de cada integrante en la figura consorcial.

Costas

154. De conformidad con el artículo 188 del CPACA, en la sentencia se dispondrá
sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el
procedimiento civil. El artículo 354 del CGP señala que hay lugar a condenar en
costas a la parte vencida en un proceso o a quien se resuelve desfavorablemente
el recurso. El artículo 361 ibídem establece que las costas “están integradas por la
totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por
las agencias en derecho”. Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por las
tarifas que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura.

155.El numeral 4 del artículo 365 de la norma referida dispone que, cuando la
sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida,
en este caso la SED, será condenada a pagar las costas de ambas instancias;
asimismo, el núm. 8 del citado artículo prevé que “solo habrá lugar a costas cuando
en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”,
para lo cual se tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión
realizada, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales si las hubiere (art.
365.4 ib.).

156. En ese sentido, la Sala fijará las agencias en derecho, para la primera instancia,
en la suma equivalente al 3% de las pretensiones a las que se accede 140, esto es,
dos millones setecientos sesenta y un mil quinientos cincuenta y dos pesos M/Cte
($2´761.552) y, en la segunda instancia, por el valor equivalente a 1 SMLMV a la
fecha de ejecutoria de esta providencia. Esta determinación se efectúa de
conformidad con lo previsto en el Acuerdo No. PSAA16-10554 de agosto 5 de 2016,
expedido por el Consejo Superior de la Judicatura141, norma vigente en materia de
tarifas de agencias en derecho para la fecha en que se presentó la demanda.

157.Finalmente, la liquidación de las costas la hará de manera concentrada el a quo,
en los términos del artículo 366 ib.

IV. PARTE RESOLUTIVA

140
En la demanda se alega que por concepto de pérdida de oportunidad la suma de mil quinientos treinta y cuatro millones
ciento noventa y cinco mil seiscientos veintitrés pesos M/CTE ($1.534.195.623).
141
“ARTÍCULO 5o. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son:
1. PROCESOS DECLARATIVOS EN GENERAL.
“(...) “En primera instancia. a. Por la cuantía. Cuando en la demanda se formulen
pretensiones de contenido pecuniario: (…) (ii) De mayor cuantía, entre el 3% y el 7.5% de lo pedido. “(...) “En segunda
instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V.”.

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Radicación: 25000233600020190053901 (70.890)
Demandante: Consorcio Gisc - Fundasol
Demandado: Secretaría de Educación del Distrito Capital y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

158.En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, el 29 de septiembre de 2023, y en
su lugar, se decide:

“PRIMERO: DECLARAR la responsabilidad de la Secretaría de Educación del
Distrito Capital de Bogotá por pérdida de oportunidad en los expresos términos
señalados en esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones declarativas.

TERCERO: CONDENAR a la Secretaría de Educación del Distrito Capital de Bogotá
a pagar al Consorcio Gisc – Fundasol la suma de setenta y un millones quinientos
ochenta y nueve mil ochocientos veintinueve Pesos M/Cte ($71´589.829) por
concepto de pérdida de oportunidad, de conformidad con los porcentajes de
participación de sus integrantes en la referida estructura plural”.

SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS a la entidad demandada, por la primera
instancia, en la suma de dos millones setecientos sesenta y un mil quinientos
cincuenta y dos pesos M/Cte ($2´761.552); y, en la segunda instancia, por el valor
equivalente a 1 SMLMV a la fecha de ejecutoria de esta providencia, suma que se
reconocerá en favor del Consorcio Gisc – Fundasol, de acuerdo con la participación
de cada integrante en esta forma plural. Las costas se liquidarán de manera
concentrada en el Tribunal a quo.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal
de origen.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.

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