Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02995-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02995-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-02995-00
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
29 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02995-00
Accionante: MÓNICA IDÁRRAGA MEDINA
Autoridad: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario.
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Mónica Idárraga Medina contra la
sentencia de segunda instancia del 26 de noviembre de 2025, proferida por la Sala
Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó.
ANTECEDENTES
1. Acción de tutela
El 17 de abril de 2026, Mónica Idárraga Medina, a través de apoderado judicial,
formuló acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y reparación
integral, vulnerados por el Tribunal Administrativo del Chocó al haber proferido la
sentencia del 26 de noviembre de 2025, en el marco del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho1 que adelantó contra el Municipio de Quibdó.
En virtud de la acción de tutela, la accionante solicitó textualmente:
1 Identificado con número de radicado: 27001-33-33-002-2023-00473-01.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-02995-00
Accionante: Mónica Idárraga Medina
Acción de tutela – Primera instancia
Primera: Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso (art. 29 C.P.),
al acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P.) y a la reparación
integral (art. 90 C.P.) de la señora Mónica Idárraga Medina, vulnerados por la
Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó mediante la
Sentencia No. 177 del 26 de noviembre de 2025.
Segunda: En consecuencia, dejar sin efecto la Sentencia Nro. 177 del 26 de
noviembre de 2025, proferida por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal
Administrativo del Chocó, en lo que respecta exclusivamente a la revocatoria
del numeral segundo de la sentencia de primera instancia (restablecimiento
del derecho).
Tercera: Ordenar a la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo
del Chocó que, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta
providencia, profiera una nueva sentencia en la que, al resolver el
restablecimiento del derecho, aplique el precedente del Consejo de Estado
sobre pérdida de oportunidad y expectativas legítimas en la etapa
precontractual, particularmente cuando se trata del ÚNICO PROPONENTE
cuya oferta fue antijurídicamente rechazada.
2. Hechos relevantes
La accionante afirmó que el 31 de mayo de 2023 el Municipio de Quibdó publicó en
SECOP II la invitación pública de mínima cuantía MIN‑029‑II‑2023 para la prestación
de servicios logísticos en la conmemoración del día nacional por la dignidad de las
mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Indicó que
presentó oferta el 1 de junio de 2023 como Mipyme, ajustándose a los requisitos
establecidos, y que su propuesta fue la única recibida. Sin embargo, el comité
evaluador, mediante informe del 5 de junio, concluyó que no cumplía los requisitos
habilitantes por falta de experiencia general y específica y por no haber aportado un
formato exigido, desestimando la aplicación del régimen diferencial para Mipymes. A
pesar de la solicitud de subsanación presentada, la entidad la rechazó y el Municipio
declaró desierto el proceso mediante Resolución 069 de 2023.
Inconforme con esa decisión, la accionante promovió medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. En primera instancia, el Juzgado Octavo
Administrativo Oral de Quibdó, mediante sentencia del 31 de marzo de 2025, declaró
la nulidad del acto y condenó en abstracto al Municipio a reconocer la utilidad dejada
de percibir. No obstante, el recurso de apelación interpuesto por la entidad no fue
trasladado a la demandante para ejercer contradicción. En segunda instancia, el
Tribunal Administrativo del Chocó, mediante sentencia del 26 de noviembre de 2025,
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-02995-00
Accionante: Mónica Idárraga Medina
Acción de tutela – Primera instancia
aunque confirmó la nulidad de la Resolución 069 de 2023, revocó el restablecimiento
del derecho al considerar que la actora no tenía un derecho adquirido sino una mera
expectativa de adjudicación, negando así las pretensiones de la demanda.
3. Fundamentos de la acción
La accionante sostuvo que la providencia recurrida vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la
reparación integral.
Señaló que se configuró un defecto sustantivo, pues el Tribunal desconoció el
precedente jurisprudencial del Consejo de Estado sobre la pérdida de oportunidad y
las expectativas legítimas en la etapa precontractual. Citó, entre otras, las sentencias
del 14 de noviembre de 2025, proferida por la Sección Tercera–Subsección A, con
radicación 25000-23-36-000-2019-00539-01, expediente 70.890, con ponencia de la
consejera María Adriana Marín, así como las sentencias del 19 de septiembre de
1994 (Exp. 8071, C.P. Carlos Betancur Jaramillo), 13 de mayo de 1996 (Exp. 9474,
C.P. Juan de Dios Montes Hernández), 26 de septiembre de 1996 (Rad. 9963, C.P.
Jesús María Carrillo Ballesteros), 28 de mayo de 1998 (Rad. 10539, C.P. Ricardo
Hoyos Duque), 3 de mayo de 1999 (Rad. 12344, C.P. Daniel Suárez Hernández), 11
de marzo de 2004 (Rad. 25000-23-26-000-1996-8996-01 (13355), C.P. Alier
Eduardo Hernández Enríquez) y 26 de abril de 2006 (Rad. 66001-23-31-000-1997-
03637-01 (16041), C.P. Ruth Stella Correa Palacio), proferidas por la Corporación
para demostrar que se consolidó una línea jurisprudencial en que se reconoce la
pérdida de oportunidad como daño indemnizable aun cuando no exista un derecho
adquirido.
También aseguró que la sentencia recurrida incurrió en defecto fáctico, al
considerar que el Tribunal omitió valorar integralmente las pruebas que demostraban
que su propuesta fue la única presentada y que cumplía con los requisitos bajo el
régimen diferencial Mipyme, lo que evidenciaba una expectativa legítima de
adjudicación y la consecuente pérdida de oportunidad.
Además, alegó que en el trámite procesal se incurrió en defecto procedimental,
pues el recurso de apelación interpuesto por el Municipio de Quibdó nunca fue
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-02995-00
Accionante: Mónica Idárraga Medina
Acción de tutela – Primera instancia
trasladado a la parte accionante, impidiéndole ejercer su derecho de contradicción y
defensa, según lo establecido en el artículo 78 del CGP.
4. Trámite procesal
El 27 de abril de 20262, se admitió la acción de tutela, se vinculó como tercero con
interés al Municipio de Quibdó, se ordenó notificar la providencia a las partes y a los
vinculados para que intervinieran en el trámite dentro de los tres (3) días siguientes
a la respectiva notificación y se reconoció personería al apoderado de la accionante.
En su escrito de contestación3, el Municipio de Quibdó solicitó desestimar la acción
de tutela. Señaló que el trámite del proceso precontractual de la invitación pública de
mínima cuantía MIN-029-II-2023 estuvo ajustado a derecho. Indicó que el recurso de
apelación presentado en contra de la sentencia de primera instancia del proceso
ordinario se registró en el sistema SAMAI, lo que evidencia la publicidad de la
actuación. Añadió que la falta de envío del recurso a la parte accionante no constituía
causal de nulidad, pues se ajustaba a lo dispuesto en el artículo 78.14 del CGP.
Además, el artículo 247 del CPACA permite que las partes procesales se pronuncien
en relación con el recurso de apelación desde el auto que lo concede hasta la
ejecutoria del que lo admite e indicó que la parte accionante guardó silencio y solicitó
impulso procesal, sin supuestamente haber revisado el recurso de apelación. Por lo
tanto, manifestó que no se reunían los requisitos para la procedencia de la acción
constitucional.
CONSIDERACIONES
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela contra la sentencia
del 26 de noviembre de 2025, en el marco de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que la accionante fungió como parte demandante.
6. Análisis de la Sala
2 SAMAI, índice 18.
3 SAMAI, índices 10 y 11.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-02995-00
Accionante: Mónica Idárraga Medina
Acción de tutela – Primera instancia
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia-LEAJ. La Sala es competente para decidir la solicitud con arreglo a lo
dispuesto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena de la Corporación.
La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental4. De conformidad con
su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que
el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable;
iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad
procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la solicitud señale
con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; vi)
que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela5.
Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
“precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.
Relevancia constitucional
La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado los siguientes elementos para
determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia
constitucional6: (i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo
4 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
5 Ibidem.
6 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-02995-00
Accionante: Mónica Idárraga Medina
Acción de tutela – Primera instancia
cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se
deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor
respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; (ii) Que
la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue
proferida la providencia acusada y; (iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y/o económico.
En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los elementos
antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia
constitucional. Sostuvo que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio
de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial”. Precisó que el requisito de relevancia constitucional
es consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad
de los jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional.
Además de lo anterior, la Corte indicó que:
«(…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la
protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de
la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados
ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal».
Caso concreto
La accionante promovió acción de tutela contra la sentencia del 26 de noviembre de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, al considerar que vulneró
sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia y a la reparación integral. Sostuvo que dicha providencia incurrió en los
defectos sustantivo, fáctico y procedimental. Por su parte, el Municipio de Quibdó
solicitó desestimar el amparo, al considerar que la actuación judicial se ajustó a
derecho.
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Accionante: Mónica Idárraga Medina
Acción de tutela – Primera instancia
Con base en lo anterior, la Sala advierte que la controversia planteada carece de
relevancia constitucional, en tanto la accionante pretende reabrir el debate jurídico y
probatorio resuelto por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en el marco
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Se evidencia que la
acción de tutela se utiliza para cuestionar la decisión adoptada y reabrir el debate
propio del proceso ordinario, reflejando, en realidad, una inconformidad con el
sentido de la providencia.
De la lectura de la sentencia recurrida, la Sala evidencia que el Tribunal
Administrativo del Chocó sí planteó el marco normativo y jurisprudencial aplicable al
caso, en relación con el proceso de selección de mínima cuantía, pues hizo mención
de la regulación introducida por la Ley 1150 de 2007 y sus modificaciones, así como
de los decretos reglamentarios. Además, citó la jurisprudencia del Consejo de
Estado, en particular la sentencia proferida por la Sección Tercera el 2 de agosto de
20237 También se refirió al régimen diferencial y a las correspondientes cargas que
las MiPymes tienen en los procesos de selección y enfatizó que el simple
cumplimiento de los requisitos habilitantes no genera un derecho adquirido a la
adjudicación del contrato, sino únicamente la evaluación integral de la oferta
presentada.
La Sala también observa también que, en la sentencia impugnada, se hizo un
recuento de los hechos probados y las pruebas que los acreditan y, el Tribunal
explicó, como lo afirma la accionante, que esta cumplía con los requisitos habilitantes
bajo el régimen diferencial de MiPyme y que fue la única oferta presentada. Por tal
motivo, confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto a la ilegalidad de la
decisión que declaró desierto el proceso de selección. No obstante, el juez natural
concluyó que ello no implicaba automáticamente un daño antijurídico por la
vulneración de un supuesto derecho adquirido a la adjudicación del contrato o al
reconocimiento de perjuicios. En consecuencia, los reproches formulados
corresponden a un desacuerdo de la accionante con la valoración probatoria
efectuada en el proceso ordinario, asunto que resulta ajeno al ámbito de protección
de la acción de tutela. Admitir lo contrario implicaría convertir este mecanismo
7Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera, C.P. Jaime Enrique Rodríguez
Navas, Sentencia del 2 de agosto de 2023, Radicación No. 11001-03-26-000-2018-00060-00 (61462)
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Accionante: Mónica Idárraga Medina
Acción de tutela – Primera instancia
excepcional en una instancia adicional del proceso ordinario. Por consiguiente, no
se incurrió en un defecto fáctico.
Por último, la Sala advierte que tampoco se incurrió en defecto procedimental. A
partir de las modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021 al Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –CPACA-, el
recurso de apelación no está sujeto a un traslado formal como ocurría en el régimen
anterior. En efecto, el artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la
citada ley, suprimió la etapa de alegatos de conclusión y dispuso que, una vez
admitido el recurso, las partes cuentan con un término de diez (10) días para
pronunciarse sobre la apelación y, vencido el mismo, el expediente ingresa al
despacho para la elaboración del fallo, salvo que durante la ejecutoria del auto de
admisión se solicite la práctica de pruebas, en cuyo caso se realiza el estudio
probatorio correspondiente. En ese contexto, el juez de primera instancia se limita a
conceder el recurso en efecto suspensivo, mientras que el superior procede a su
admisión, sin que exista una carga procesal de correr traslado, como ocurría cuando
se requerían alegatos de conclusión en segunda instancia. Lo anterior, sin perjuicio
de la facultad de carácter potestativo que tienen las partes para pronunciarse sobre
la impugnación desde la notificación del auto que la concede hasta la ejecutoria del
que la admite.
Con base en lo anterior, la controversia planteada no evidencia una vulneración
directa de derechos fundamentales, sino una discrepancia de la accionante con el
ejercicio legítimo de la función jurisdiccional. Asimismo, la sentencia cuestionada
estuvo debidamente motivada, fue razonable y respetó los límites de la autonomía
judicial. Los cargos formulados en sede de tutela se limitaron a expresar el
desacuerdo de la accionante con la decisión adoptada y a intentar reabrir un debate
judicial ya definido de manera definitiva, orientados a controvertir la valoración
probatoria y la interpretación normativa efectuada por el juez natural.
En tales condiciones, al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte
de la autoridad judicial accionada, resulta improcedente que el juez constitucional
revise o reevalúe la interpretación y el alcance atribuidos por el juez natural del
asunto. La acción de tutela no constituye una instancia adicional del proceso
ordinario ni un mecanismo para desconocer la autonomía e independencia
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-02995-00
Accionante: Mónica Idárraga Medina
Acción de tutela – Primera instancia
judiciales. Por las razones expuestas, la acción de tutela no cumple con el requisito
general de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela Mónica Idárraga Medina
contra el Tribunal Administrativo del Chocó.
SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
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