Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-33-000-2018-00818-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-33-000-2018-00818-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 13001-23-33-000-2018-00818-02
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
9 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D. C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 13001-23-33-000-2018-00818-02 (73.259)
Demandante: Uriel de Jesús Botero Zuluaga
Demandado: Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho (precontractual)
Temas: PRINCIPIO DE CONGRUENCIA – Las partes no pueden plantear argumentos ajenos a los
expuestos en la demanda o en su contestación / RECHAZO DE LAS PROPUESTAS – Causal de
exclusión por presentación de documentación fraudulenta, falsa o inexacta / CARGA DE LA PRUEBA
– Corresponde al demandante desvirtuar los motivos de hecho o de derecho invocados por la
administración en el acto administrativo cuya nulidad se pretende por la causal de falsa motivación /
DECLARACIÓN JURAMENTADA – Como medio de prueba involucra una manifestación expresa de
que lo aseverado por el deponente corresponde a la verdad.
1. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la sentencia del 30 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión número 2, que negó las pretensiones
de la demanda.
SÍNTESIS DEL CASO
2. La Agencia Logística de las Fuerzas Militares, organizó la subasta inversa
electrónica número 005-022-2018, con el objeto de contratar el suministro de
alimentos y bebidas a la fuerza pública. El demandante presentó oferta de
contrato en tres de los cinco lotes en que dicho procedimiento fue fragmentado.
Para acreditar el cumplimiento del pago de aportes a seguridad social y
parafiscales, presentó una certificación indicando que no tenía personal en
nómina, pero la entidad halló inconsistencias con otros contratos vigentes donde
sí figuraban empleados. Aunque el actor intentó subsanar el requisito, alegando
que se trataba de un error involuntario, la Agencia consideró que la información
suministrada fue tergiversada y que indujo en error a la administración, por lo
que inhabilitó al oferente y rechazó sus propuestas, a su vez adjudicó a otro
oferente uno de los segmentos en los que participó, y declaró desiertos los otros
dos.
ANTECEDENTES
La demanda
3. El 10 de octubre de 2018, el señor Uriel de Jesús Botero Zuluaga (en adelante,
el demandante, el actor o el señor Botero Zuluaga) presentó, mediante
apoderado judicial, demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 1 en
1 Índice SAMAI segunda instancia, núm. 2. Archivo “4ED_01Cuaderno(.pdf)”. f. 1-15.
1
Radicación: 13001-23-33-000-2018-00818-02 (73.259)
Demandante: Uriel de Jesús Botero Zuluaga
Demandado: Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
contra de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares (en lo sucesivo, la
demandada, la entidad, la Agencia o “ALFM”), con el fin de obtener
pronunciamiento favorable respecto de las siguientes pretensiones2:
“1. Declarar la nulidad del acto administrativo particular Resolución Número 0100 de
27 de abril de 2018.
2. Declarar a título de restablecimiento del derecho, que el contrato objeto del
proceso no. 005-022-2018 debió ser adjudicado a mi mandante.
3. Que como fue declarado desierto, a título de restablecimiento del derecho, deberá
ser rembolsados los dineros correspondientes a las pólizas de:
Seriedad de la oferta de selección abreviada subasta inversa electrónica No.005-
022-2018 por valor de DOSCIENTOS CUATRO MIL SEIS CIENTOS [sic]
OCHENTA PESOS M/CTE ($204.680,oo).
4. Que como consecuencia de lo anterior, se pague a mi cliente la suma de
TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA [sic] MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE correspondiente al valor de la
utilidad neta dejada de percibir por valor $362.860.262,oo [sic].
5. Los eventuales gastos que por concepto de agencias y costas procesales se
incurran en el trámite del proceso.
6. Todos estos dineros deberán ser pagados debidamente actualizados y con los
intereses correspondientes en los términos de la ley 1437 de 2011.”
4. Según el libelo, el 10 de abril de 2018 la Agencia inició el proceso número 005-
022-20183. El pliego de condiciones definitivo, publicado en el “SECOP II”, exigió
acreditar el cumplimiento de aportes parafiscales como un requisito habilitante.
En el caso de las personas naturales, debía demostrarse mediante “declaración
juramentada”.
5. El actor presentó oferta de contrato, y dentro de los soportes correspondientes
aportó un “certificado de APORTE PARAFISCAL”. La entidad requirió su
aclaración porque, mientras allí consignó que “no posee personal de nómina”,
en otro contrato vigente con la ALFM relacionó el pago de parafiscales de sus
empleados.
6. Posteriormente, el demandante allegó un “oficio aclaratorio” en el que expresó
su cumplimiento con las normas establecidas en el sistema de seguridad social
integral, riesgos laborales y cajas de compensación familiar, explicando que “la
premisa “ya que no posee personal de nómina” que coloque (sic) el certificado
(sic) presentado dentro de la propuesta fue por un error involuntario”.
7. La evaluación jurídica determinó que el ofrecimiento del señor Botero no podía
ser considerado por haber incurrido en la causal de rechazo por arrimar
información tergiversada que indujo en error a la Administración. A pesar de
solicitar la reconsideración de esta decisión, la demandada expidió la
2 Transcripción literal, con posibles yerros y equívocos. Mayúsculas originales de la demanda.
3 En la demanda, no se describe el objeto ni el procedimiento de selección.
2
Radicación: 13001-23-33-000-2018-00818-02 (73.259)
Demandante: Uriel de Jesús Botero Zuluaga
Demandado: Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
“Resolución No. 0100 por la cual adjudica el proceso No. 005-022-2018 para los
lotes 1,2,3 [e] inhabilita [al demandante] en los Lotes (sic) 4 y 5”4.
Concepto de violación y fundamentos de derecho
8. El actor invocó, como disposiciones quebrantadas, el artículo 23 de la
Constitución Política y los artículos 1 a 10 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011 – CPACA),
sustituidos por la Ley 1755 de 2015. Indicó que, de acuerdo con la
jurisprudencia,5 para el rechazo de la propuesta el requisito incumplido debe ser
determinante y que, por esta razón, la administración no puede invocar cualquier
deficiencia. Adujo que para el caso no existió tergiversación de la información y
que, por consiguiente, los precedentes judiciales debieron ser acatados
conforme lo establece el artículo 10 anteriormente citado.
9. El demandante señaló que la Resolución declaró “de manera injusta la
inhabilitación de la propuesta” que presentó “para los lotes No 4 BEBIDAS NO
ALCOHOLICAS (SUCRE) por valor de TRESCIENTOS VEINTICINCO
MLLIONES [sic] DE PESOS M/CTE ($325.000.000,oo) Y LOTE No. 5 FRUTAS
Y VERDURAS (SUCRE) por valor de SETECIENTOS MILLONES DE PESOS
M/CTE ($700.000.000,oo).
10. En criterio del señor Botero Zuluaga, el acto es nulo por “violación directa de la
Ley, falsa motivación, desviación de poder y vulneración de las normas
constitucionales”, toda vez que incurrió en un “error de subsunción” dando un
“alcance distinto” a la regla del pliego de condiciones, cuyo propósito era verificar
el cumplimiento de sus obligaciones de seguridad social y parafiscales. Afirmó
que dicha circunstancia fue acreditada y reconocida por la propia entidad, sin
embargo, esta desconoció el principio de buena fe al desestimar la oferta con
base en un equívoco mecanográfico que no configuraba la causal de rechazo.
Trámite relevante en primera instancia
11. Mediante auto6 del 21 de abril de 2021, el Tribunal admitió7 la demanda y ordenó
su notificación y traslado a la parte demandada.
4 El escrito inicial no precisa quiénes fueron los adjudicatarios, ni a qué correspondían los “Lotes”.
5 En la demanda hace referencia en los siguientes términos: “LINEA JURISPRUDENCIAL Sobre el
rechazo de propuestas en proceso de licitación pública, consultar sentencia de 26 de febrero de
2014, Exp. 25804, MP. Enrique Gil Botero". También sentencia de la sección tercera CONSEJO DE
ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA SUBSECCION C
Consejera ponente: OLGA MELIDA VALLE DE LA HOZ Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de agosto
de dos mil quince (2015) Radicación número: 25000-23-26-000-2002- 01218-01(37463) Actor:
ESTRUCTURAS ESPECIALES S.A Y EQUIPO UNIVERSAL S.A Demandado: INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO IDU Y OTROS”.
6 Índice SAMAI segunda instancia, núm. 2. Archivo “5ED_02Cuaderno(.pdf)”. f. 46-51.
7 En auto del 29 de marzo de 2019 (en: ibid. f. 1-5), el Tribunal rechazó la demanda por caducidad
de la acción. Empero, mediante providencia del 24 de marzo de 2020 (número interno 65.221. C.P.
Marta Nubia Velásquez Rico), esta Corporación revocó la decisión y devolvió el expediente al a quo
para que decidiera sobre la admisión de la demanda.
3
Radicación: 13001-23-33-000-2018-00818-02 (73.259)
Demandante: Uriel de Jesús Botero Zuluaga
Demandado: Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
12. La ALFM se opuso a las pretensiones formuladas por su contraparte 8. Defendió
la legalidad del acto impugnado porque se ajustó al ordenamiento jurídico
vigente, en particular a los principios rectores del procedimiento de selección
adelantado “bajo la modalidad de selección abreviada por subasta inversa
electrónica No. 005-022-2018”. Manifestó que el actor no precisó las normas
violadas, ni aportó pruebas que desvirtúen la juridicidad de la resolución.
Además, sostuvo que la decisión de rechazo de la propuesta se produjo porque:
(i) la aclaración del certificado fue radicada de manera extemporánea por el
interesado; y (ii) se configuró la respectiva causal en tanto las manifestaciones
de este fueron contrarias a la realidad y a la buena fe.
13. Mediante decisión del 25 de julio de 20249, el a quo dispuso dictar sentencia
anticipada, incorporando las pruebas documentales aportadas por el
demandante10, y fijando el litigio en estos términos:
“¿Es dable declarar la nulidad de la Resolución Número 0100 del 27 de abril de
2018, por medio de la cual se adjudicó el proceso de contratación No.005-022-2018
bajo la modalidad de Selección Abreviada por Subasta Inversa Electrónica, por parte
de la Agencia Logística Regional Atlántico, y en consecuencia declarar a título de
restablecimiento de derecho [sic] que el contrato objeto del proceso no. 005-022-
2018 debió ser adjudicado al señor Uriel de Jesús Botero Zuluaga y otorgar las
reparaciones a que haya lugar?”
Sentencia de primera instancia11
14. En fallo del 30 de agosto de 2024, el Tribunal negó las pretensiones de la
demanda12 porque: (i) “el demandante no cumplió con la aportación de la
declaración juramentada frente al cumplimiento en el pago de aportes
parafiscales para el momento de la presentación de la propuesta, y que además
indujo en error a la administración al consignar datos contrarios a la realidad” al
expresar que no tenía personal en nómina; y (ii) la “aclaración aportada lejos de
dar claridad sobre el cumplimiento o subsanar la falencia señalada, […] solo se
limitó a señalar el error cometido, pero sin que se aportara prueba del
cumplimiento del requisito habilitante, como lo era la declaración juramentada”.
8 Índice SAMAI segunda instancia, núm. 2. Archivo “6ED_03ContestacionDemand(.pdf)”.
9 Ibid. Archivo “18ED_15AutoAnunciaSentenc(.pdf)”
10 Respecto de las pruebas invocadas por la demandada, el auto indicó lo siguiente: “REQUIÉRASE
a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, para que dentro de los cinco (05) días siguientes a
la comunicación de esta providencia, ACTUALICE Y REMITA el enlace del expediente digital y
completo del proceso de selección abreviada de subasta inversa electrónica N. 005-022-2018
adelantado por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, así como los anexos que fueron
relacionados en su contestación de demanda. En caso de no aportarse, la prueba se tendrá por
desistida; conforme lo expuesto”. La ALFM no allegó memorial con el vínculo de la documentación
digital señalada.
11 Uno de los integrantes de la Sala de Decisión salvó su voto (Ibid. Archivo
“31ED_28SalvamentodeVoto(.pdf)”. En su criterio, se configuró la falsa motivación porque no se le
exigió al proponente que la aclaración del documento de certificación debiera ser juramentada, ni
requería esa formalidad porque bastaba con su presentación para que se entendiera rendida bajo
esa gravedad. Así mismo, consideró que el acto fue deficientemente motivado porque no hubo
inducción al error ni explicó en qué consistió dicha conducta. Por último, sostuvo que la nulidad que,
a su juicio, fue demostrada, era parcial, ya que el demandante solo participó en el procedimiento de
selección del contratista de los lotes 3, 4 y 5 de la subasta.
12 Ibid. Archivo “28ED_25SentenciaNiega(.pdf)”.
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Radicación: 13001-23-33-000-2018-00818-02 (73.259)
Demandante: Uriel de Jesús Botero Zuluaga
Demandado: Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
15. Así las cosas, según la decisión de primera instancia, la presunción de legalidad
que cobija al acto demandado se mantuvo porque el rechazo del ofrecimiento
estuvo sustentado en las falencias de la documentación que era exigible al
oferente conforme al pliego de condiciones definitivo consultado en el SECOP.
Adicionalmente, se abstuvo de condenar en costas indicando que, examinada la
conducta procesal del demandante, no advirtió actuación temeraria o mala fe.
Recurso de apelación
16. El demandante impugnó la sentencia del Tribunal13 y solicitó, principalmente,
que en su lugar se disponga sobre la “admisión” de las pretensiones de la
demanda “pues se demuestra falsa motivación”. En subsidio, pidió “admitir las
pretensiones de la demanda teniendo en cuenta principios de acceso a la
administración de justicia, justicia material efectiva, celeridad y economía
procesal”. Para fundamentar la alzada, expuso lo siguiente:
17. Contrario a lo sentenciado en primera instancia, el oferente Botero Zuluaga sí
cumplió con el requisito habilitante de aportar constancia de cumplimiento de
aportes parafiscales, exigido por el numeral 4.2.2. del pliego de condiciones
contenido en el SECOP II, en concordancia con el artículo 50 de la Ley 789 de
2002, porque “como persona natural aporto [sic] dentro de su propuesta
declaración juramentada de CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES
PARAFISCALES”.
18. Según refirió el recurrente, en respuesta a una observación sobre su oferta, la
entidad le solicitó aclaración al proponente para que indicara cuál era “el alcance
del certificado de aportes parafiscales aportado” pero no le exigió que dicho
documento debía ser, a su vez, juramentado, como lo sostuvo la providencia
apelada. Advirtió que la demandada tenía conocimiento de la satisfacción de
este requisito por contar con esa información en sus bases de datos, e insistió
en que dicha formalidad no era necesaria porque así lo ordena la “ley anti tramite
[sic]”.
19. En criterio del actor, respondió con apego a lo pedido por la entidad, aclarando
que la expresión “NO POSEE PERSONAL DE NÓMINA” fue “introducida por
“UN ERROR INVOLUNTARIO”, distinto a lo considerado por el a quo.
20. Invocando lo expuesto por el voto disidente 14, el recurrente sostuvo que la
decisión no fue suficientemente motivada porque se limitó a manifestar la
inducción en error a la administración mediante el equívoco plasmado por el
actor, sin tener en cuenta que el escrito satisfizo el requisito, ni exteriorizar en
qué consistió el yerro al cual condujo el proponente a la Agencia. Asimismo, en
idéntica dirección del salvamento de voto, agregó que la nulidad del acto cuya
prosperidad pregona “es parcial, pues el demandante solo participó en la
13 Ibid. núm. 4, archivo “35ED_32RecursoApelacion(.pdf)”.
14 Ver: Supra. Cit. 11.
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Radicación: 13001-23-33-000-2018-00818-02 (73.259)
Demandante: Uriel de Jesús Botero Zuluaga
Demandado: Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
adjudicación de los lotes 3, 4 y 5; por ello, debe entenderse que solo se busca
la nulidad con respecto a las adjudicaciones o declaratorias de desiertos de esos
lotes, quedando incólumes los lotes 1 y 2”.
Trámite en segunda instancia
21. En auto del 9 de septiembre de 202515, el Despacho admitió el recurso de
apelación e informó a los sujetos procesales sobre la posibilidad de pronunciarse
sobre la alzada interpuesta dentro del término de ejecutoria de la providencia
admisoria. Asimismo, indicó que el Ministerio Público podía conceptuar hasta
cuando el asunto ingrese para sentencia. Tanto las partes como la vista fiscal
guardaron silencio.
CONSIDERACIONES
22. Al no advertir causal de nulidad que invalide lo actuado, y reunir los requisitos
adjetivos de jurisdicción, competencia, oportunidad, legitimación en la causa por
activa y por pasiva, conciliación extrajudicial, y demanda en forma, la Subsección
está habilitada para proferir decisión de segunda instancia dentro del presente
asunto.
23. Para tal efecto, la Sala seguirá el siguiente itinerario: (i) objeto del recurso de
apelación y problema jurídico a resolver; (ii) régimen jurídico del procedimiento
de selección; (iii) hechos probados; (iv) solución del caso concreto; (v)
consecuencias derivadas de no aportar el expediente administrativo al proceso
judicial; y (vi) costas procesales.
Objeto del presente pronunciamiento y planteamiento del problema jurídico
24. Con el fin de delimitar el marco de esta decisión, es preciso anticipar que el
“proceso de contratación No.005-022-2018”, culminado por la Resolución
número 0100 del 27 de abril de 201816, impugnada en el sub-lite, tenía por objeto
el “SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS FRESCAS Y SECAS, BEBIDAS
NO ALCOHÓLICAS Y HIELO CON DESTINO A LA FUERZA PÚBLICA,
ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y
OTRAS EN DESARROLLO DE SUS OPERACIONES”, y se dividió en 5 lotes17
dejando entrever que la adquisición se realizaría por partes18. El señor Botero
Zuluaga únicamente presentó propuesta de contrato en tres de ellos (3, 4 y 5).
25. No obstante, pese a que expresamente se persigue la nulidad total del acto de
adjudicación, tanto los hechos como los señalamientos19 contenidos en la
15 Índice SAMAI segunda instancia, núm. 4.
16 Índice SAMAI segunda instancia, núm. 2. Archivo “4ED_01Cuaderno(.pdf)”. f. 47-53.
17 De acuerdo con la motivación de la adjudicación, los fragmentos de la subasta inversa electrónica
eran: lote 1 “FRUTAS Y VERDURAS (BOLÍVAR) por $800.000.000; lote 2 “HIELO” por
$140.000.000; lote 3 “BEBIDAS NO ALCOLÓLICAS (BOLÍVAR)” por $; lote 4 “BEBIDAS NO
ALCOHÓLICAS (SUCRE)” por $325.000.000; lote 5: “FRUTAS Y VERDURAS (BOLÍVAR)” por
$700.000.000.
18 Conforme al Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.1.2.1., numeral 3.
19 Al que ya se refirió esta decisión. Vid. supra. párr. 7.
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Radicación: 13001-23-33-000-2018-00818-02 (73.259)
Demandante: Uriel de Jesús Botero Zuluaga
Demandado: Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
demanda indican que la disconformidad del demandante únicamente estuvo
enfocada hacia su descalificación para participar de los lotes 4 y 5, sin realizar
reproche alguno sobre lo ocurrido en el número 3.
26. Así, en el encabezado de la demanda20, el actor acotó que impugnaba “la
adjudicación del proceso de contratación No. 005-022-2018 y se declara de
manera injusta la inhabilitación de la propuesta presentada por el Señor URIEL
DE JESUS BOTERO ZULUAGA para los lotes No 4 BEBIDAS NO
ALCOHOLICAS (SUCRE) por valor de TRESCIENTOS VEINTICINCO
MLLIONES DE PESOS M/CTE ($325.000.000,00) Y LOTE No. 5 FRUTAS Y
VERDURAS (SUCRE) por valor de SETECIENTOS MILLONES DE PESOS
M/CTE ($700.000.000,oo) […]”. Igualmente, en el hecho 9 del libelo, se alude a
lo siguiente21:
“Con fecha 27 de abril de 2018 la entidad Accionada AGENCIA LOGISTICA DE LAS
FUERZAS MILITARES REGIONAL ATLANTICO emite Resolución No. 0100 por la
cual adjudica el proceso No. 005-022-2018 para los lotes No. 1,2,3 y me inhabilita
en los Lotes 4 y 5”. (Se subraya)
27. A partir de lo anterior, la Sala desestima la alegación formulada por el apelante
de analizar el lote número 3 cuya decisión final no fue cuestionada por el actor
desde el comienzo del proceso judicial22. Ello, en virtud del principio de
congruencia23 que, en consonancia con los derechos de defensa y contradicción,
limitan la decisión judicial a los hechos y pretensiones expresados en la
demanda, e imponen a las partes la imposibilidad de alterar los contornos de la
controversia en etapas distintas a las de formulación, corrección o adición del
libelo inicial, según lo ha sostenido reiteradamente esta Subsección 24.
28. Por este mismo motivo, no se considera irregular la no la vinculación del
adjudicatario del mencionado segmento, porque este litigio no versa sobre ese
componente del procedimiento de selección.
29. Dicho esto, los puntos de reproche contra la decisión de primera instancia que
se derivan del recurso son dos: (i) que, distinto a lo que consideró
mayoritariamente la sala de decisión de primera instancia, el señor Botero
Zuluaga sí cumplió con el requisito mencionado en el pliego de acreditar la
satisfacción de sus obligaciones legales de aportes a seguridad social y
parafiscales mediante la certificación expedida por él mismo, amparada bajo la
gravedad del juramento; y (ii) por ende, sus propuestas fueron indebidamente
rechazadas al no configurarse la causal de facilitar información tergiversada que
haya provocado el error de la Agencia.
20 Antes mencionado en el acápite fáctico de este fallo. Vid. supra. párr. 9.
21 Cita textual, con posibles errores e imprecisiones.
22 Supra. Párr. 20.
23 Cfr. Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso – CGP) – Artículo 281.
24 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A.
Sentencias del 30 de julio de 2021, Rad. 25000-23-26-000-2010-00282-01(50728). C.P. José
Roberto Sáchica Méndez; y del 6 de julio de 2022. Rad. 25000-23-26-000-2001-00061-01(36997).
C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
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Radicación: 13001-23-33-000-2018-00818-02 (73.259)
Demandante: Uriel de Jesús Botero Zuluaga
Demandado: Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
30. Así las cosas, deberá zanjarse el siguiente interrogante: ¿Contrario a lo estimado
por el Tribunal, el acto cuestionado incurrió en falsa motivación porque no se
configuró la causal de rechazo que llevó a desestimar la oferta del demandante
y, por el contrario, este cumplió con el requisito habilitante de acreditar el pago
de aportes a seguridad social y parafiscales?
Régimen jurídico del procedimiento y de la adjudicación realizada por la ALFM
31. La Agencia, es un establecimiento público25 del orden nacional26 que debía
someter sus actuaciones al régimen jurídico del Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública, esto es, a las Leyes 80 de 1993 y
1150 de 2007, y sus modificaciones vigentes para ese entonces27, entre las
cuales cabe destacar las introducidas por el Decreto Ley 19 de 2012 y la Ley
1882 del 15 de enero de 201828; así como por sus reglamentaciones, en
particular las compiladas en el Decreto 1082 de 2015. Por estas razones, la
Resolución 0100 de 2018, expedida por la ALFM, en desarrollo del proceso
precontractual, es un acto administrativo29 sujeto sustantivamente al marco
normativo descrito.
Lo probado en el proceso de selección
32. Previo a exponer los hechos demostrados, y los medios de prueba allegados al
plenario que los fundamentan, la Subsección tendrá en cuenta la resolución de
apertura del proceso de selección y el pliego de condiciones definitivo que
reposan en el SECOP, considerando el valor probatorio que le ha reconocido a
los documentos electrónicos allí alojados que permiten conocer los soportes de
la actividad contractual de las entidades del Estado30. Adicionalmente, la
decisión apelada apreció estos elementos, sin que tal aspecto haya sido objeto
de los cuestionamientos planteados por el recurrente.
25 Ley 80 de 1993 – Artículo 2, numeral 1, literal a): “ARTÍCULO 2o. DE LA DEFINICIÓN DE
ENTIDADES, SERVIDORES Y SERVICIOS PÚBLICOS. Para los solos efectos de esta ley: // 1o. Se
denominan entidades estatales: // a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el
distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los
territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y
comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación
superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las
demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la
denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles”. (Se subraya)
26 Decreto 4746 de 2005 – Artículo 2: “La Agencia Logística de las Fuerzas Militares, es un
establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, dotado de
personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente”. (Se subraya)
27 De acuerdo con el SECOP, el acto de apertura del proceso de contratación fue publicado el 10 de
abril de 2018.
28 Según el artículo 21 de esta norma, esta “rige a partir de su promulgación”, advirtiendo que los
procedimientos “que se encuentren en curso se surtirán de acuerdo con las normas con las cuales
se iniciaron”.
29 Ley 80 de 1993 – Artículo 25, numeral 18: “La declaratoria de desierta de la licitación
[…] únicamente procederá por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva y se declarará
en acto administrativo en el que se señalarán en forma expresa y detallada las razones que han
conducido a esa decisión.” (se subraya).
30 Sobre las características del Sistema, y el valor probatorio de los documentos allí alojados, ver:
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A.
Sentencia del 4 de junio de 2024. Rad. 08001-23-33-000-2019-00567-01 (70198). C.P. Fernando
Alexei Pardo Flórez.
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33. Una vez hecha esta precisión, fueron válidamente acreditadas las siguientes
circunstancias:
34. El 10 de abril de 2018, el director de la ALFM -regional Atlántico-, ordenó la
apertura del “proceso de Selección Abreviada de Subasta Inversa Electrónica
No. 005-022-2018”, separado en cinco (5) “lotes”31.
35. El pliego de condiciones del procedimiento fijó, entre otros, el siguiente requisito
habilitante:
“4.2.2. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES.
Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el
oferente, debe probar el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de
Seguridad Social Integral y las de carácter parafiscal, para lo cual las personas
jurídicas lo harán mediante certificación expedida por el revisor fiscal o en su defecto
por el representante legal y las personas naturales mediante declaración
juramentada, tanto al momento de presentación de la propuesta como al inicio
de la ejecución del contrato, caso último que será verificado por el Supervisor
del Contrato.” (Negrillas y subrayas originales del documento).
36. En el numeral 6.8., ordinal 11, del mismo documento, la entidad plasmó que una
de las causales de rechazo de las ofertas era: “Cuando la propuesta contenga
datos tergiversados, que induzcan en error a la administración”.
37. En oficio dirigido a la Agencia, con fecha del 14 de abril de 2018, y suscrito en
calidad de proponente, el señor Botero Zuluaga presentó lo siguiente 32:
“CERTIFICADO DE PAGO APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES
EL suscrito URIEL DE JESUS BOTERO ZULUAGA, actuando en calidad de
Propietario del establecimiento de comercio EL IMPERIO DEL ARROZ, por medio
de la presente Certifico que el establecimiento de comercio el cual represento ha
cumplido con las normas establecidas por el Sistema de Seguridad Social Integral
de acuerdo con los artículos 11 y 12 del Decreto 1406 de 1999, "Por el cual se
adoptan disposiciones reglamentarias de la Ley 100 de 1993," se reglamenta
parcialmente el artículo 91 de la Ley 488 de diciembre 24 de 1998 del Reglamento
Único de Aportantes al Sistema de Seguridad Integral, ya que no posee personal de
nómina.
Así mismo ha cumplido con lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 759 de 2002,
referente al pago de las obligaciones con los Sistemas de Salud, Riesgos
Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA".
La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 23
de La Ley 1150 de 2008”.
31 Supra. Párr. 24.
32 Transcripción literal, incluso con posibles errores. Negrillas y mayúsculas originales del texto,
subrayas agregadas por la Sala.
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38. En oficio del 25 de abril de 201833, el director de la ALFM respondió a un reparo
al instrumento referido en el párrafo anterior hecho por otro oferente, en estos
términos34:
“OBSERVACIÓN 5:
En el certificado de aportes parafiscales, que en el caso de la propuesta es una
declaración juramentada, el oferente expresa bajo la gravedad del juramento que
no posee personal de nómina, ante esto surge una duda si el oferente ya es
adjudicatario de contratos como por ejemplo el No. 005-106-2017 con la Agencia
Logística de Las Fuerzas Militares Regional Atlántico, por valor de $1.010.200.000
y por un plazo de seis meses, el cual fue suscrito el día 28 de diciembre de 2017 y
que en la actualidad está vigente, ¿Con qué personal ejecuta el contrato?, el
oferente debe aclarar si el personal está vinculado a través de prestación de
servicios, bolsa de empleo o una empresa de servicios temporales, anexarlos
contratos y las planillas y recibo de pago acreditando el cumplimiento de las
obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social integral y pago del cumplimiento
de las obligaciones parafiscales (Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar) y
sistemas de seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales), de
conformidad con las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003.
[…] RESPUESTA OBSERVACIÓN 5:
Teniendo en cuenta la observación presentada, se le solicita al Señor Uriel de Jesús
Botero indique cual es el alcance que usted le da al certificado aportado en la
Subasta, en el sentido de indicar que usted no posee personal de nómina.
Lo anterior teniendo en cuenta que una vez verificado por la Entidad, usted aporta
pago de planilla de parafiscales de empleados con fecha 24 de abril de 2018, en el
contrato que está vigente con la entidad.
Para lo anterior se le da hasta las 10:00am, para contestar.”
39. Por medio de documento con fecha del 26 de abril de 2018 35, el señor Botero
Zuluaga indicó36:
“[…] Por medio de la presente aclaro que el CERTIFICADO DE APORTES
PARAFISCALES que anexe en mi propuesta dentro del proceso Selección
Abreviada Subasta Inversa No.005-022-2018 que adelanta esta entidad, por un
error involuntario coloque en este la siguiente premisa "ya que no posee personal
de nómina".
[…] Así mismo declaro que el establecimiento de comercio el cual represento ha
cumplido con las normas establecidas por el Sistema de Seguridad Social Integral
de acuerdo con los artículos 11 y 12 del Decreto 1406 de 1999, "Por el cual se
adoptan disposiciones reglamentarias de la Ley 100 de 1993," se reglamenta
parcialmente el artículo 91 de la Ley 488 de diciembre 24 de 1998 del Reglamento
Único de Aportantes al Sistema de Seguridad Integral y ha cumplido con lo
estipulado en el artículo 50 de la Ley 759 de 2002, referente al pago de las
obligaciones con los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y
Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA".
33 No. 20184550039291-ALRATDR-CT-CTR-455, en: Índice SAMAI segunda instancia, núm. 2.
Archivo “4ED_01Cuaderno(.pdf)”. f. 26-30.
34 Se cita textualmente, con posibles equivocaciones. Negrillas originales del oficio.
35 Índice SAMAI segunda instancia, núm. 2. Archivo “4ED_01Cuaderno(.pdf)”. f. 31.
36 Se reproduce este elemento de convicción de manera fidedigna, incluyendo inexactitudes y errores
gramaticales. No se aportaron anexos a este oficio en el expediente.
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La anterior para efectos de dar cumplimiento al Artículo 23 de La Ley 1150 de 2008.
Dicha declaración se puede verificar con el aporte del pago de planilla de
parafiscales de empleados que reposa en esta entidad con fecha 24 de abril de
2018, dentro del contrato que tengo vigente con la entidad.
Espero que con la presente aclarar la duda generada por el error involuntario
presentado en dicho certificado.”
40. A través del informe de “EVALUACIÓN JURÍDICA”37 del 26 de abril de 2018, el
comité evaluador concluyó que el oferente Botero Zuluaga no cumplió con la
certificación de aportes parafiscales, descalificación que sustentó así 38:
“6. URIEL DE JESÚS BOTERO ZULUAGA
• El oferente aporta aclaración de la certificación juramentada de pago a los aportes
parafiscales, de fecha 26 de abril donde manifiesta bajo la gravedad de juramento
por un error involuntario expresó en su declaración juramentada Inicial, la cual hace
parte Integral de su propuesta que no posee personal de nómina, situación que este
comité ha verificado y validado dentro del pliego de condiciones definitivo No. 005-
022-2018, del presente proceso, constatando que este oferente ha Inducido en erro
a la Administración en armonía con lo establecido en la causal No. 11 del numeral
6.8 CAUSALES DE RECHAZO […]
Por consiguiente, este comité determina que el mismo no cumple jurídicamente con
el lleno de este requisito jurídico habilitante.”
41. La “Reevaluación FINAL”39 del 26 de abril de 2018 expedida por el director de la
Agencia, retomó lo mencionado en el informe jurídico para señalar que el
demandante estaba “INHABILITADO” para participar de la adjudicación de los
lotes 3, 4 y 5. En la misma fecha, el señor Botero Zuluaga solicitó “reconsiderar
la evaluación jurídica y, en consecuencia, mantener [su] participación en el
proceso” con fundamento en que no existía “error, y menos tergiversación” en
los documentos allegados40.
42. Mediante Resolución 0100 del 27 de abril de 2018, la ALFM decidió, en lo
pertinente para este asunto, declarar desiertos los “Lotes No.4 y No.5 teniendo
en cuenta que no hubo concurrencia de oferentes habilitados en la totalidad de
los aspectos jurídicos, técnicos, económicos y financieros solicitados en el pliego
de condiciones definitivo”41.
Solución del caso concreto
43. Inicialmente, la Sala remarca que el parágrafo 1° del artículo 5 de la Ley 1150
de 2007, modificado por el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018, establece que las
entidades estatales no podrán fundamentar el rechazo de las propuestas de
contrato en la carencia de requisitos o de documentos del proponente que no
37 Índice SAMAI segunda instancia, núm. 2. Archivo “4ED_01Cuaderno(.pdf)”. f. 35-37.
38 Transcripción literal, con posibles errores. Mayúsculas y negrillas propias del documento.
39 Índice SAMAI segunda instancia, núm. 2. Archivo “4ED_01Cuaderno(.pdf)”. f. 32-34.
40 Ibid. f. 38-46.
41 Reproducción del artículo segundo de la parte resolutiva del acto mencionado, con posibles
errores. Negrillas originales del texto.
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sean necesarios para la comparación de las ofertas o la asignación de puntaje,
e impone un término preclusivo para que la administración los solicite y los
participantes lo proporcionen, “hasta el momento previo” de su realización para
el caso de la subasta42.
44. Asimismo, reitera43 que la descalificación de las ofertas no es una decisión que
dependa de la libre discrecionalidad de la entidad pública en tanto se encuentra
reglada bien sea por causales previamente determinadas en la ley o en el
establecimiento de supuestos razonables, esenciales y proporcionados para el
cumplimiento del negocio jurídico a celebrar.
45. Dentro de los motivos de rechazo de las propuestas en los procedimientos de
selección, acorde con los principios y fines de la contratación estatal, se
encuentra la presentación de documentos o información falsa, o que no
corresponda con las cualidades afirmadas por el oferente. Según lo ha indicado
esta Subsección, dicha exigencia: (i) refleja el deber de selección objetiva en
tanto previene la escogencia de un contratista que arriesgue la consumación del
objeto contractual y, por ende, el interés general que se pretende satisfacer44 y;
(ii) desarrolla el principio de buena fe exigible a los contratistas del Estado en
actuar con rectitud, honestidad y lealtad durante todas las etapas
contractuales45. Esta causal no se fundamenta en sospechas o discrepancias
conceptuales sino que procede cuando existen evidencias serias, contundentes
e inequívocas que, a partir de “la implementación de elementos objetivos de
verificación”46, demuestren la falta de veracidad en los datos suministrados.
46. En ese orden de ideas, en virtud de la carga probatoria47 y de la presunción de
legalidad que cobija a los actos administrativos48, en el marco del proceso
contencioso-administrativo le corresponde al demandante que invoca la falsa
motivación en la desestimación de su ofrecimiento, acreditar que allegó, en su
momento, soportes que contuvieron datos verídicos y congruentes con las
calidades exigidas por la ley y el reglamento del procedimiento precontractual,
para ser contratista de la administración. Siendo este un reproche en contra de
la sustentación fáctica del acto, para lograr su prosperidad el impugnante está
llamado a desvirtuarla a través de elementos de convicción que determinen la
falsedad en los hechos sostenidos por la entidad para tomar su determinación,
42 Ley 1150 de 2007 – Artículo 5, parágrafo 4°, adicionado por la Ley 1882 de 2018 – Artículo 5.
43 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 4
de junio de 2008. Rad. 76001-23-31-000-1997-05064-01(17783). C.P. Myriam Guerrero de Escobar;
y Subsección A. Sentencia del 21 de noviembre de 2013. Rad. 25000-23-26-000-1999-01850-
01(25397). C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
44 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A.
Sentencias del 12 de junio de 2017. Rad. 73001-23-33-000-2013-00159-01(51364); y del 21 de
noviembre de 2022. Rad. 73001-23-33-005-2015-00380-01 (68902). C.P. Marta Nubia Velásquez
Rico.
45 Sent, 21-nov-2022, antes citada, y Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 16 de junio de 2025. Rad. 68001-23-33-000-2015-
01193-01 (71525). C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
46 Sent. 12-jun-2017, referenciada anteriormente.
47 CGP – Artículo 167, inciso primero.
48 CPACA – Artículo 88.
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
o la apreciación errónea de la documentación aportada. De lo contrario, el acto
conservará su juridicidad49.
47. Con todo, esta Sala estima necesario reiterar50 que la redacción de la causal de
rechazo prevista en el pliego de condiciones por aportar información errónea,
inexacta o falaz (en este caso, “inducir al error de la administración”) no implica
que, para su configuración, deba concretarse el desatino mencionado sino que
es suficiente con que la información adulterada, fraudulenta o contraria a la
realidad pueda, potencialmente, causar ese efecto indeseado.
48. Dicho esto, al examinar los medios de prueba traídos por el demandante, se
encuentra demostrado que el rechazo de las ofertas presentadas por el actor se
basó en la presentación de “datos tergiversados” que incitaron la equivocación
de la Agencia.
49. Empero, también se acreditó que la Agencia recibió dos documentos suscritos
por el señor Botero Zuluaga: (i) una certificación en la cual afirmaba el
cumplimiento del requisito habilitante de cumplimiento del pago de aportes a
seguridad social y parafiscales “ya que no posee personal de nómina”51; y (ii) un
oficio que, al contestar la solicitud de enmienda realizada por la entidad 52,
manifestó que la aseveración según la cual no tenía personal a su cargo fue un
descuido de digitación53.
50. Con este último elemento, el oferente pretendió dilucidar la contradicción
ocasionada por la primera de sus manifestaciones, sin embargo su explicación
fue, de una parte, incompleta, porque no fue acompañada con pruebas del
cumplimiento de la exigencia; y por otra, impertinente, en tanto la sola
aseveración de un equívoco no satisfacía el objeto de la rectificación solicitada
por la entidad, que no era otro distinto a precisar si estaba al día con las
obligaciones de seguridad social y de parafiscales, no solo a partir de la
49 En ese sentido, la Sección ha expuesto que: “En la falsa motivación de hecho deberá siempre
tenerse en cuenta que si cualquiera de los hechos adecuados que adujo la Administración para
adoptar una decisión no es contraprobado, en sede judicial, el acto acusado permanece incólume,
porque ese hecho se convierte en pilar del acto administrativo. Por ello cuando los motivos de hecho
son eficientes en la expedición del acto administrativo y este es atacado judicialmente, se requiere
enervar la presunción de veracidad respecto de cada uno de ellos; si no ocurre así el acto no se
podrá anular porque cualquiera de los hechos así indicados y no quebrados, se presume, da lugar a
la decisión”: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia
del 3 de mayo de 2001. Rad. 70001-23-31-000-1994-4626-01(13053). C.P. María Elena Giraldo
Gómez. Negrillas originales del fallo.
50 “… la Subsección precisa que, aunque esos títulos finalmente no hayan sido valorados por la
entidad contratante, lo que se procuró al establecer la causal de rechazo en el pliego de condiciones
fue evitar que los proponentes intentasen engañar a la Administración con información no verificable
y que potencialmente los pudiera beneficiar durante el proceso de selección, con independencia de
si, con ello, se lograra o no el cometido. Una interpretación contraria implicaría que, únicamente ante
la obtención del resultado espurio deseado (alteración del puntaje en la licitación estudiada), podría
tenerse en cuenta la causal de rechazo de la propuesta, lo cual carecería de eficacia, porque
conllevaría a que la entidad contratante no pudiera rechazar ninguna propuesta por este motivo,
previo a la adjudicación del negocio.”: Sent. 16-jun-2025, antes citada.
51 Supra. Párr. 37 de esta decisión.
52 Supra. Párr. 38 de la presente providencia.
53 Supra. Párr. 39 de esta sentencia.
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
aclaración de sus dichos iniciales sino igualmente a través de la subsanación de
la propuesta, remitiendo los soportes correspondientes54.
51. A diferencia de lo considerado por el Tribunal, ambas comunicaciones deben
entenderse rendidas bajo la gravedad del juramento por así disponerlo el artículo
7 del Decreto Ley 19 de 201255. No obstante, dicha formalidad no basta para
desvirtuar que la entidad tuvo ante sí información contradictoria de la cual no
podía determinarse si, en realidad, el demandante satisfizo la exigencia para la
época en que se realizó la subasta. Esta discordancia sí pudo inducir a error a
la administración al no poder verificar con certeza que éste sí acatara lo previsto
en el artículo 50 de la Ley 789 de 200256.
52. Cabe resaltar que el propósito del requisito habilitante, previsto en la norma
mencionada, e igualmente derivado de lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley
1150 de 200757, es prevenir la evasión en el desembolso de esos recursos por
54 En ese sentido, se reitera que aclarar y subsanar las ofertas son situaciones diferentes. Según la
jurisprudencia: “la diferencia entre las actuaciones referidas -subsanar, de un lado; y aclarar o
explicar las ofertas, de otro- no solo se apoya en normas diferentes sino en el significado mismo de
los términos […] Como se observa, subsanar, unido al artículo 25.15, reiterado por el parágrafo 1 del
artículo 5 de la Ley 1150, implica reparar un defecto de la propuesta, con mayor precisión la omisión
de algún requisito, ya que la norma se refiere a la “la ausencia de requisitos o la falta de documentos”
que afecten el futuro contrato o las calidades del proponente, siempre y cuando no incidan sobre la
comparación de las ofertas pueden ser reparados o subsanados, es decir, que ello implica adicionar
un documento o requisito que la propuesta no tiene. // Aclarar o explicar es diferente. El supuesto de
partida no presume agregar a la oferta requisitos omitidos, luego solicitados por la entidad; la idea
inicial más fuerte de su significado es hacer manifiesto, más perceptible, comprensible o dar a
entender las causas de lo que sí se encuentra en la oferta, es decir, no se trata de agregar algo a lo
propuesto, sino de dar a entender lo que contiene.”: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Tercera – Subsección C. Sentencia del 12 de noviembre de 2014. Rad.
25000-23-26-000-1996-12809-01(27986). C.P. Enrique Gil Botero.
55 Que varió la redacción del artículo 10 del Decreto Ley 2150 de 1995, modificado a su vez por el
artículo 25 de la Ley 962 de 2005, en estos términos: “"ARTÍCULO 10. Prohibición de
declaraciones extra juicio. Se prohíbe exigir como requisito para el trámite de una actuación
administrativa declaraciones extra juicio ante autoridad administrativa o de cualquier otra índole. Para
surtirla bastará la afirmación que haga el particular ante la autoridad, la cual se entenderá hecha bajo
la gravedad del juramento."
56 En lo pertinente, establece lo siguiente: “CONTROL A LA EVASIÓN DE LOS RECURSOS
PARAFISCALES. La celebración, renovación o liquidación por parte de un particular, de contratos
de cualquier naturaleza con Entidades del sector público, requerirá para el efecto, del cumplimiento
por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales,
pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. Las Entidades públicas en el
momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las
obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo
una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas. […]
Para la presentación de ofertas por parte de personas jurídicas será indispensable acreditar el
requisito señalado anteriormente. El funcionario que no deje constancia de la verificación del
cumplimiento de este requisito incurrirá en causal de mala conducta
57 Que reformó el inciso segundo y el parágrafo 1° de la Ley 80 de 1993, en estos términos: “Para la
ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades
presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencias
fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto. El proponente y
el contratista deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos
al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensación Familiar, cuando corresponda. // PARÁGRAFO 1o. El requisito establecido en la
parte final del inciso segundo de este artículo, deberá acreditarse para la realización de cada pago
derivado del contrato estatal. // El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los
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parte de los empleadores58, de allí que sea exigible que los participantes en
procedimientos de selección de contratistas deban reflejar indubitablemente su
efectivo cumplimiento a fin de que las propias entidades puedan verificarlo
adecuadamente, como lo ordena la ley. De esta manera, pueden requerir al
oferente para soportar la declaración con pruebas, a fin de corroborar lo
afirmado59.
53. En contraposición al imperativo anterior, tanto en sede administrativa como ante
los estrados judiciales, el actor no allegó elementos de juicio suficientes para dar
por satisfecho el supuesto habilitante de la evaluación de sus propuestas. En
efecto, al no expresar nada distinto que una aserción de supuesto cumplimiento,
sin allegar medios de convicción que pudieran comprobarla, el señor Botero
Zuluaga no acreditó que la demandada haya valorado desacertadamente
aquello que él suministró para participar del procedimiento “No.005-022-2018”,
y menos aún lo contrastó con el expediente del otro contrato (como el expresado
por la observación 5, identificado con “No. 005-106-2017”), ya que no aportó al
proceso judicial su propia oferta, ni datos sobre los otros negocios jurídicos
celebrados con la ALFM.
54. Ahora, en la respuesta a la observación que halló la inconsistencia se señaló
que el oferente aportó “planilla de parafiscales de empleados con fecha 24 de
abril de 2018” en el contrato vigente con la entidad. No obstante, dicha
circunstancia no le otorga razón al apelante. En primer lugar, de la lectura del
pliego de condiciones, que estableció los elementos de tiempo, modo y lugar del
procedimiento de selección, no se desprende ninguna disposición que exima a
los participantes de aportar la documentación exigida, incluso si mantenían
vínculos contractuales vigentes con la Agencia. En segundo lugar, si bastara con
lo mencionado por la administración en esa oportunidad, únicamente se
acreditaría parcialmente el cumplimiento del requisito legal, omitiendo los
aportes relacionados con los pagos a seguridad social (salud y pensión).
55. De esta manera, la Subsección no encuentra que el demandante se haya ceñido
a las pautas establecidas por la administración en el reglamento precontractual,
con lo cual desconoció su carga probatoria consistente en demostrar la ilegalidad
del acto por haber satisfecho todos los requisitos habilitantes, en particular, aquel
que careció de soporte en el procedimiento adelantado por la entidad 60.
aportes a que se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será
sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente”.
58 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 8
de junio de 2011. Rad. 20001-23-31-000-2005-00409-01(AP). C.P. Enrique Gil Botero, reiterada por
la Subsección A en sentencia del 19 de febrero de 2021. Rad. 05001-23-31-000-2007-02443-01
(49167). C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
59 Ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A.
Sentencia del 24 de abril de 2023. Rad. 41001-23-33-000-2017-00303-01 (69023). C.P. Marta Nubia
Velásquez Rico.
60 Según el artículo 30, numeral 6, de la Ley 80 de 1993, las “propuestas deben referirse y sujetarse
a todos y cada uno de los puntos contenidos en el pliego de condiciones”. De allí que, en palabras
de esta Subsección, quienes impugnen la legalidad de los actos administrativos precontractuales,
deban “cumplir una doble carga procesal: de una parte, demostrar que el acto administrativo
efectivamente lesionó normas superiores del ordenamiento jurídico y, de otra, acreditar que,
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
56. Lo hasta acá sostenido no varía en virtud de lo dispuesto por el artículo 7 del
Decreto Ley 19 de 2012 que, como se citó anteriormente61, prohíbe exigir
declaraciones extra-juicio para tramitar actuaciones administrativas, bastando la
afirmación del particular para entenderla efectuada bajo la gravedad del
juramento, ya que esta formalidad, de comprenderla como un medio de prueba,
únicamente “involucra una manifestación expresa en el sentido de que se dirá la
verdad”62 respecto de la materia de la deposición que se realiza, al punto de
considerarse como equivalente a un testimonio63. Luego, incluso si el documento
allegado posteriormente por el demandante fuese apreciado de esa manera, sus
dichos no encuentran fundamento en otros medios de prueba que obren en el
expediente, de suerte que sus afirmaciones no comprueban por sí solas que
haya ocurrido el supuesto fáctico con el cual se demandó la falsa motivación del
acto demandado, a saber, que sí acreditó el pago de seguridad social y
parafiscales ante la Agencia.
Consecuencias de no aportar el expediente del procedimiento de selección
57. Aunque, por las razones recién expuestas, las pretensiones no están llamadas
a prosperar, la Subsección encuentra que la entidad demandada no satisfizo el
deber establecido por el parágrafo 1° del artículo 175 del CPACA, ya que, como
se precisó anteriormente en esta decisión64, no atendió al requerimiento del a
quo en el sentido de actualizar y remitir el enlace del expediente digital y
completo del proceso de selección adelantado.
efectivamente, su propuesta era la mejor y la más conveniente para la administración -en términos
del servicio público-, es decir, que su propuesta era la que debía ser favorecida con la adjudicación,
por cumplir la totalidad de los requisitos legales y de los contemplados en el respectivo pliego de
condiciones, que es la ley del proceso de selección y materializa los criterios que informan el deber
de selección objetiva”: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera
– Subsección A. Sentencia del 12 de noviembre de 2014. Rad. 25000-23-26-000-2002-01606-01
(29855). C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, reiterada por esta Subsección en sentencia del 4 de
junio de 2024, antes citada.
61 Vid. Supra. Cit. 57 de esta providencia.
62 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-616 del 27 de noviembre de 1997. M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa.
63 Cfr. Ibid. Además, retomando lo sostenido por el tribunal constitucional, se ha sostenido que:“El
juramento como medio especial de prueba es la afirmación solemne que una persona hace ante un
juez de decir la verdad en la declaración que rinde o en las manifestaciones que haga. Dicho medio
de convicción es ajeno a cualquier contenido religioso y tiene por objeto aumentar la garantía de
veracidad en las declaraciones de las partes vinculadas en los procesos, so pena de las sanciones
penales, patrimoniales o disciplinarias a que hubiere lugar, según el caso, en el evento de contrariar
la verdad (…)”. /// “Respecto de la prueba en cuestión, dijo la Corte Constitucional a propósito de la
demanda de inexequibilidad formulada contra múltiples preceptos que contienen las expresiones
"bajo juramento", "bajo la gravedad del juramento", o "jurada": (…) ‘los doctrinantes del derecho
procesal miran el juramento como un medio de prueba. En este sentido es un recurso para demostrar
la verdad de un hecho relevante para la decisión judicial. Es, usualmente, una prueba solemne y
formal, en cuanto involucra una manifestación expresa en el sentido de que se dirá la verdad, bajo
la fórmula 'juro' u otra similar, pero dicha manifestación solemne, en ciertos casos, se presume, y,
por lo tanto, de hecho se omite. Desde esta perspectiva el juramento ha sido definido como 'la
declaración por la cual una parte afirma como verdadero un hecho en la forma grave y solemne
prevista por la ley, y puede considerarse como un medio de prueba de naturaleza testimonial (…)”:
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de tutela del 1 de agosto de 2001.
Rad. 1100122130002001-9050-01. Reiterada por la misma Colegiatura en las sentencias STC5797-
2017 del 28 de abril de 2017, y STC3154-2020 del 19 de marzo de 2020. M.P. Luis Armando Tolosa
Villabona.
64 Supra. Cit. 10 de esta providencia.
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Radicación: 13001-23-33-000-2018-00818-02 (73.259)
Demandante: Uriel de Jesús Botero Zuluaga
Demandado: Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
58. En ese orden de ideas, atendiendo a lo prescrito por el inciso final de la norma
antes mencionada, se ordenará remitir copias y comunicar este fallo a la Oficina
de Control Disciplinario Interno de la AFLM, siguiendo la pauta que esta
Subsección ha establecido en situaciones análogas65.
Conclusiones
59. En suma, el problema jurídico planteado66 se responde en sentido negativo, ya
que no se demostró la falsa motivación en la decisión unilateral de rechazo de
la oferta, ni se probó que el demandante haya cumplido con el requisito
habilitante del pago de aportes a seguridad social y parafiscales. En
consecuencia, la Sala confirmará el fallo apelado por los siguientes motivos:
60. El litigio estaba acotado, desde el inicio, a los lotes 4 y 5 de la subasta inversa
electrónica adelantada por la Agencia. No era posible extender esta reclamación
al lote 3, en el que la actora también participó, considerando que los reproches
plasmados en la demanda sólo se enfilaron en contra de los dos segmentos
indicados.
61. Bajo ese marco de juzgamiento, el actor allegó dos certificaciones para acreditar
el requisito habilitante de encontrarse al día en el pago de las obligaciones a
seguridad social y parafiscales de sus empleados, la primera afirmando que no
tenía personal en nómina y la segunda alegando que esa aseveración era, en
realidad, un equívoco involuntario. Pese a que ambos documentos se entendían
rendidos bajo la gravedad del juramento, contenían información contradictoria
que, potencialmente, podía provocar el error de la administración y, por ende,
configuraba la causal de rechazo de las propuestas del demandante.
62. Para que sus pedimentos se abrieran paso, el demandante debía acreditar que
cumplió con el requisito habilitante de cumplimiento de pago de seguridad social
y parafiscales. Sin embargo, no bastaba con la simple declaración, sino que
debía verificarse la satisfacción de esta exigencia. Como el demandante no
aportó otros medios de prueba encaminados a demostrar ese hecho, sus
manifestaciones carecieron de sustento.
63. Los pliegos de condiciones establecen las pautas de participación del respectivo
procedimiento de selección. En esa medida, al no contener reglas que eximieran
la presentación de documentos que acrediten su cumplimiento sobre la base de
contratos vigentes con la entidad, el actor no podía omitir allegarlos.
64. Como los fundamentos fácticos del acto demandado, que fueron objeto de
impugnación por el demandante, no fueron desvirtuados, el actor no satisfizo la
carga probatoria, la legalidad de la decisión unilateral adoptada se mantiene, y
sus pretensiones no prosperan.
65 Cfr. Sent. 4-jun-2024, antes citada.
66 Supra. Párr. 29.
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Radicación: 13001-23-33-000-2018-00818-02 (73.259)
Demandante: Uriel de Jesús Botero Zuluaga
Demandado: Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Condena en costas
65. En observancia del artículo 188 del CPACA (modificado por la Ley 2080 de
2021), así como de los artículos 365 y 366 del CGP aplicables a este proceso
contencioso67, se dispondrá la condena en costas en segunda instancia al
demandante y en favor de la demandada, comoquiera que el recurso de
apelación que propuso fue resuelto desfavorablemente68, y en tanto la entidad
debió mantener la designación de su apoderado judicial para la vigilancia del
proceso, circunstancia suficiente para disponer dicho concepto en su favor.
Estas serán liquidadas de forma concentrada por el Tribunal de primera
instancia.
66. En cuanto a las agencias en derecho pertenecientes a esta instancia, de acuerdo
con las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, mediante
el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 201669, vigente para la fecha de
presentación de la demanda, la Sala fijará por este rubro la suma de un (1)
salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de esta
providencia, en favor de la entidad demandada.
67. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 30 de agosto de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, – Sala de Decisión número. 2, por las razones
expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia a la apelante, las cuales
serán liquidadas por el Tribunal de primera instancia, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 366 del Código General del Proceso. Como agencias en derecho, se fija
67 CPACA – Artículo 306.
68 En asuntos como el presente, el magistrado ponente estima que, para condenar en costas a la
demandante (no así a la demandada vencida), podría acudirse a un criterio subjetivo, en aplicación
del mandato incorporado -con la Ley 2080 de 2021- en el artículo 188 del CPACA, conforme al cual
en todos los casos (salvo en litigios relacionados con grave violación de derechos humanos, donde
no procede, o en las actuaciones gobernadas con reglas especiales, como en recursos
extraordinarios) corresponde comprobarse si la demanda careció manifiestamente de fundamento
legal. Sin embargo, también reconoce que no es una interpretación pacífica, por lo que -hasta tanto
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo no unifique la subregla- acogerá la actual posición
mayoritaria de la Sección Tercera, que se inclina por mantener la aplicación del elemento objetivo.
69 Conforme al artículo 1 del Acuerdo, este “regula las tarifas para efectos de la fijación de agencias
en derecho y se aplica a los procesos […] de la jurisdicción de lo contencioso administrativo”. Según
el artículo 3 de dicha normativa, cuando “se trate de la segunda instancia […] las tarifas se establecen
en salarios mínimos legales mensuales vigentes”; y conforme al artículo 5, numeral 1, las tarifas de
agencias en derecho en segunda instancia corresponden al margen comprendido entre 1 y 6
S.M.L.M.V.
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Radicación: 13001-23-33-000-2018-00818-02 (73.259)
Demandante: Uriel de Jesús Botero Zuluaga
Demandado: Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
la suma de un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de
esta providencia, en favor de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.
TERCERO: Por medio de la Secretaría de la Sección Tercera, REMITIR copia de
este fallo a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Agencia Logística de las
Fuerzas Militares para lo de su competencia, conforme a lo consignado en la parte
motiva de esta decisión.
CUARTO: DEVOLVER, por Secretaría, el expediente al Tribunal de origen, una vez
ejecutoriada esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha.
VF
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