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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2015-01193-01

Fecha
16 de junio de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2015-01193-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 11 de abril de 2024, proferida el Tribunal Administrativo de Santander, de conformidad con las razones expuestas en esta providencia y, en su lugar, 54 Según lo informado en memorial del 18 de agosto de 2020 (archivo “060MindefensaSolicitud InspeccionProceso” del expediente digital). 55 Conforme a la información brindada por la accionante en el archivo “042Memorial” del expediente digital. 56 A partir de lo indicado por la misma entidad mediante oficio del 28 de junio de 2018, obrante en el archivo “044Memorial” del expediente digital y sus anexos contenidos en la carpeta “048CdPruebaPoliciaNacional”. 57 A raíz del requerimiento formulado por esa corporación en oficios del 3, 13 y 23 de agosto de 2021 (archivos 61 a 63 del expediente digital). 22 Radicación: 68001-23-33-000-2015-01193-01 (71.525) Demandante: Consorcio GHC 2015 Demandado: Nación –Ministerio de Defensa –Policía Nacional Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho 1. DECLARAR la nulidad de la Resolución 000366 del 17 de julio de 2015, por medio de la cual la Policía Nacional adjudicó el proceso de selección PN MEBUC LI 003 - 2015 al Consorcio Electrojjcoapenssar. 2. NEGAR las demás pretensiones de la demanda. 3. Sin condena en costas. SEGUNDO: NO CONDENAR en costas de segunda instancia. TERCERO: REMITIR, por conducto de la Secretaría, copia de la presente actuación a los siguientes organismos: (i) Juzgado 168 de Instrucción Penal Militar, despacho en el que cursa la investigación 016-2015; (ii) Fiscalía 35 de Administración Pública, despacho en el cual fue radicado el proceso penal identificado con el NUIC 680016008828201501418; (iii) Grupo de Asuntos Disciplinarios de Primera Instancia de la Policía Nacional, en el cual se surte la investigación disciplinaria INSGE-2016-128; y (iv) Comisión Nacional de Disciplina Judicial, con destino al expediente 11001080200020210006500, conforme a lo expresado en la parte considerativa. CUARTO: DEVOLVER, por Secretaría, el expediente al Tribunal de origen, una vez ejecutoriada esta sentencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 68001-23-33-000-2015-01193-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

16 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 68001-23-33-000-2015-01193-01 (71.525)
Demandante: Consorcio GHC 2015
Demandado: Nación –Ministerio de Defensa –Policía Nacional
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho (precontractual)

Temas: NULIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN – El oferente que la pretenda debe demostrar las
irregularidades alegadas y su incidencia en la decisión que puso fin al proceso de escogencia del contratista. /
SELECCIÓN OBJETIVA – La Ley 1150 de 2007 establece la distinción entre los requisitos habilitantes de la
propuesta y los aspectos objeto de evaluación, que son los que otorgan puntaje y permiten comparar las ofertas.
/ ALCANCE DEL PLIEGO DE CONDICIONES – Las reglas previstas en el pliego de condiciones se deben
analizar de manera integral con el ordenamiento jurídico. / APLICACIÓN DE LAS CAUSALES DE RECHAZO
DE LAS OFERTAS – La presentación de documentos contrarios a la realidad con los que se pretenda obtener
una ventaja en el proceso de selección conllevan a que la propuesta deba ser rechazada.

1. La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en
contra de la sentencia del 11 de abril de 2024, por medio de la cual el Tribunal
Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

2. El consorcio GHC 20151 (en adelante, el Consorcio, demandante u oferente)
impugnó la legalidad de la Resolución 000366 del 17 de julio de 2015, por medio de
la cual la entidad demandada adjudicó el proceso de licitación pública PN MEBUC
LI 003 - 2015, que se adelantó con el objeto de realizar el mantenimiento preventivo
y correctivo, a todo costo, para los vehículos livianos y pesados asignados a la
Policía Metropolitana de Bucaramanga, el Departamento de Policía Santander y sus
unidades de apoyo. Según el demandante, el proponente que resultó adjudicatario
presentó documentos que no correspondían a la realidad en su oferta, por lo que no
debió ser seleccionado para suscribir el contrato.

ANTECEDENTES

La demanda subsanada2

3. El 16 de octubre de 2015, el Consorcio GHC 2015, a través de apoderado judicial,
presentó demanda contra la Nación –Ministerio de Defensa –Policía Nacional (en
adelante, la Policía Nacional o la entidad demandada), con el fin de que se declare
la nulidad de la Resolución 000-366 del 17 de julio de 2015 y, como consecuencia,

1 El Consorcio está conformado por: (i) Olga Lucía Niño Moreno; (ii) Todo Camperos Ltda. y (iii) Gilberto Barajas

Cordero. Expediente digital, índice 2 de Samai, documento denominado “009 Anexo” (folios 1 a 3).
2 El Tribunal a quo, por intermedio de auto del 14 de diciembre de 2015, inadmitió la demanda y ordenó a la

parte actora: (i) aportar el documento de constitución del consorcio GHC 2015 y (ii) allegar al expediente las
copias pertinentes de la demanda y sus anexos (traslados) en medio físico y magnético (escaneado en formato
PDF). La parte demandante subsanó su demanda mediante escrito radicado el 15 de enero de 2016.

Radicación: 68001-23-33-000-2015-01193-01 (71.525)
Demandante: Consorcio GHC 2015
Demandado: Nación –Ministerio de Defensa –Policía Nacional
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

se proceda al restablecimiento de sus derechos por no haber sido seleccionado
como adjudicatario.

4. Las pretensiones de la demanda corresponden a las siguientes (se transcribe de
forma literal, incluso con posibles errores):

“1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 0366 del 17 de Julio de 2015,
mediante la cual se declara adjudicada el proceso licitatorio PN MEBUC LI 003 -
2015.

2. Que como ya no se puede declarar adjudicatario de la Licitación Pública No. PN
MEBUC Ll 003 -2015, cuyo objeto era: "Mantenimiento preventivo y correctivo a
todo costo incluye repuestos originales correspondientes a la casa matriz de cada
marca para los vehículos livianos y pesados asignados a la Policía Metropolitana
de Bucaramanga, el Departamento de Policía Santander y sus unidades de apoyo”
a mi patrocinado Consorcio GHC 2015, en su defecto se ordene una
indemnización por daño por el valor de la utilidad de dicho contrato.

3. Como consecuencia de lo anterior se reconozca la suma de trescientos noventa
y ocho millones setecientos dieciséis mil quinientos veinticuatro pesos, con 87
centavos ($398.716.524,87), equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total
propuesto por el consorcio GHC 2015 dentro de la pluricitada Licitación Pública,
que como utilidad debía percibir mi patrocinado”3.

5. Como fundamentos fácticos, en síntesis, se mencionaron los siguientes:

6. El 10 de mayo de 2015, la Policía Nacional abrió el proceso de selección PN-
MEBUC-LIC 003-2015 mediante el mecanismo de licitación pública, con el objetivo
de contratar el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de los vehículos
de la institución que prestan servicios en el Área Metropolitana de Bucaramanga y
en el departamento de Santander.

7. De conformidad con el pliego de condiciones, el procedimiento de selección se
dividiría en dos grupos para la prestación del servicio, así: (1) Policía Metropolitana
de Bucaramanga, que implica realizar el servicio de mantenimiento en
Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón; y (2) Departamento de Policía
Santander, que incluyó los municipios de San Gil, Barbosa y Málaga.

8. Al proceso de selección concurrieron el Consorcio Electrojjcoapenssar, el Consorcio
GHC 2015 y la Unión Temporal Mebuc 2015, quienes allegaron propuestas con el
objetivo de ser seleccionados para la ejecución de lo relativo al grupo 1 del proceso
de selección.

9. El 26 de junio de 2015, la Policía publicó el informe preliminar de evaluación en el
que consideró que las propuestas presentadas por los consorcios GHC 2015 y
Electrojjcoapenssar cumplían con los requisitos habilitantes y realizó la evaluación
económica y técnica de sus ofertas, según lo dispuesto en los pliegos de
condiciones. Por el contrario, en relación con la Unión Temporal Mebuc 2015, indicó
que no cumplió con los requisitos mínimos habilitantes para ser evaluada.

3 Folio 8 del escrito de demanda, enlace del expediente digital visible en el índice 2 de Samai, documento

denominado “003 Demanda”.

2

Radicación: 68001-23-33-000-2015-01193-01 (71.525)
Demandante: Consorcio GHC 2015
Demandado: Nación –Ministerio de Defensa –Policía Nacional
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

10. El Consorcio GHC 2015 realizó observaciones sobre el informe de verificación
preliminar. Entre otras, frente a las certificaciones aportadas con la propuesta del
competidor, como sustento de la formación y experiencia del personal ofrecido por
éste para ejecutar el contrato. Señaló que: (i) no coincidían con los requisitos
académicos exigidos, especialmente para el sujeto propuesto como jefe de taller;
(ii) varias de ellas estarían adulteradas, al no haber sido reconocidas por el SENA y
por Asopartes, o presentaban inconsistencias; (iii) en cuanto a otras, no fue posible
verificar su autenticidad; y (iv) se aceptaron la certificaciones de algunos mecánicos
que no acreditaron el tiempo mínimo exigido para sus respectivas especialidades.

11. La Policía Nacional desestimó las observaciones del ahora demandante con
fundamento en lo siguiente: (i) el jefe de taller propuesto acreditó su conocimiento y
experiencia en labores afines a las de mecánica en las profesiones y/o técnicas
exigidas en el pliego de condiciones; (ii) el Comité Técnico Evaluador consideró que
se demostró con documentos provenientes de una autoridad pública (SENA) la
experiencia de su personal; (iii) el pliego de condiciones no exigió que los
certificados discriminaran el tiempo de capacitación del personal de cada
proponente; y (iv) las certificaciones sobre las que se pidió revisar su autenticidad,
la entidad excluyó aquellos documentos que fueron desconocidos por el SENA y,
por otra parte, valoró los archivos sobre los que no se desvirtuó su autenticidad, con
fundamento en el principio de buena fe, y bajo el argumento de que el procedimiento
contractual no permitía realizar valoraciones sobre las supuestas irregularidades en
las certificaciones aportadas.

12. El 16 de julio siguiente se realizó la audiencia de adjudicación de la licitación pública,
diligencia en la que el Consorcio GHC 2015 reiteró sus observaciones al informe
preliminar de evaluación. Sin embargo, la entidad adjudicó el contrato al Consorcio
Electrojjcoapenssar, con la particularidad de que el respectivo acto administrativo,
notificado en la diligencia, fue fechado el 17 de julio de 2015 (es decir, un día
después de adoptada la decisión).

Fundamentos de derecho y concepto de violación

13. La parte demandante indicó que la Policía Nacional, con la expedición del acto de
adjudicación, vulneró varias disposiciones de la Ley 80 de 1993. Al respecto, se
refirió a la obligación de verificar las condiciones de todos los proponentes (artículo
22)4, a los principios de responsabilidad y transparencia durante el proceso de
selección (artículos 24 y 26) y, además, al deber de garantizar la selección objetiva
del contratista (artículos 29 de la Ley 80 de 19935 y 5 de la Ley 1150 de 2007).

14. Según el Consorcio GHC 2015, se desconoció la causal de rechazo establecida en
el numeral 4.4 del pliego de condiciones, esto es, “Cuando en la propuesta se
encuentre información que no correspondan (sic) a la realidad que le permita cumplir
un requisito mínimo o recibir puntuación”, dado que el adjudicatario habría
falsificado múltiples de los documentos que allegó con su oferta. Adujo que, pese a
lo anterior, la entidad los tuvo en cuenta con fundamento en la presunción de buena
fe, aun cuando la libelista presentó elementos de prueba que permitían demostrar
lo contrario. Sostuvo que, con ese proceder, la entidad dio credibilidad a

4 Disposición normativa derogada por la Ley 1150 de 2007; sin embargo, fue invocada por el demandante.
5 Id.

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Radicación: 68001-23-33-000-2015-01193-01 (71.525)
Demandante: Consorcio GHC 2015
Demandado: Nación –Ministerio de Defensa –Policía Nacional
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

instrumentos que, a su juicio, eran falsos y apócrifos, con lo cual la contratante
favoreció al oferente ganador.

15. También indicó que la entidad infringió su deber de denunciar ante las autoridades
competentes los hechos puestos de presente en las observaciones al informe
preliminar de evaluación, en relación con la posible falsedad de las certificaciones
presentadas por el Consorcio Electrojjcoapenssar.

Contestación de la demanda

16. La Policía Nacional se opuso a las pretensiones de la demanda, porque la
presunción de legalidad del acto administrativo de adjudicación no fue desvirtuada.
Como sustento, alegó lo siguiente: (i) las observaciones planteadas por el Consorcio
GHC 2015 fueron resueltas de manera oportuna previo a la adjudicación del
negocio, como se puede observar en el acta No. 157 del 10 de julio de 2015,
específicamente, en relación con las certificaciones expedidas por el SENA y
aportadas por el Consorcio Electrojjcoapenssar. Al respecto, precisó que se apartó
de la evaluación aquellos documentos que no fueron reconocidos por la entidad que
los expidió porque no afectaban los requisitos mínimos para participar en el proceso
de selección y, por otra parte, adujo que las demás certificaciones fueron valoradas
en virtud del principio de buena fe, porque no existía prueba que evidenciara la
falsedad de los documentos; (ii) sobre la audiencia de adjudicación, indicó que se
escucharon a todos los oferentes y se resolvieron las inquietudes esbozadas,
advirtiendo que ya conocían de antemano los resultados de las observaciones al
informe de evaluación técnica, el cual fue publicado en el SECOP el 15 de julio de
2015, por lo que no era procedente efectuar durante la diligencia un nuevo debate
sobre lo que ya estaba resuelto; (iii) respecto de la fecha de la Resolución 000366
del 17 de julio de 2015 y cuyo contenido fue conocido por las partes en la audiencia
realizada el día anterior, afirmó que el cuestionamiento del demandante no desvirtúa
la legalidad del acto administrativo, porque, según el artículo 2.2.1.2.1.1, numeral 4,
del Decreto 1082 de 2015, en la diligencia de adjudicación se debe efectuar la
lectura de la decisión adoptada.

17. Por otra parte, la entidad adujo que la pretensión de reconocimiento de
$398’716.524, a título de utilidad dejada de percibir, no fue demostrada, porque no
se acreditó el monto de dinero que hubiera devengado el Consorcio GHC 2015
como ganancia por la ejecución del contrato, de ahí que el perjuicio reclamado sea
incierto.

Trámite relevante en primera instancia

19. El 7 de junio de 2018, se llevó a cabo la audiencia inicial, en la que el Tribunal
Administrativo de Santander decretó pruebas de oficio, con las que ordenó requerir:
(i) al Juzgado 168 de Instrucción Penal Militar de Bucaramanga para que informara
sobre el trámite y estado de las denuncias formuladas con ocasión de la Licitación
Pública No. PN-MEBUC-LIC 003-2015; (ii) al Grupo de Procesos Disciplinarios de
la Policía Nacional -INGSE- para que indicara sobre el estado de la investigación
disciplinaria por el señalado procedimiento de selección, y que corresponde a la
investigación disciplinaria No. INSGE-2016-128; y (iii) a la Fiscalía General de la

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Radicación: 68001-23-33-000-2015-01193-01 (71.525)
Demandante: Consorcio GHC 2015
Demandado: Nación –Ministerio de Defensa –Policía Nacional
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

Nación para que comunicara si inició las diligencias contra los integrantes del
Consorcio Electrojjcoapenssar.

20. Recaudadas las pruebas decretadas de oficio y finalizado el periodo probatorio, el
Tribunal a quo otorgó a las partes y al Ministerio Público el término de 10 días para
presentar sus alegatos de conclusión y concepto, respectivamente. El demandante
insistió en que la propuesta del consorcio adjudicatario debió ser rechazada. La
Policía Nacional señaló que no se demostraron las vulneraciones alegadas por el
consorcio GHC 2015. El Ministerio Público indicó que había lugar a acceder a las
pretensiones de la demanda porque durante el proceso de selección la entidad
demandada no resolvió de fondo las objeciones presentadas en contra de la
propuesta del oferente que resultó adjudicatario.

21. El a quo, mediante providencia del 22 de septiembre de 20226, ordenó vincular al
proceso como litisconsorte necesario al Consorcio Electrojjcoapenssar, en su
condición de adjudicatario en el proceso de licitación pública PN MEBUC LI 003 -
2015. Como sustento de su decisión, señaló que “aunque no se pretende en la
demanda la nulidad del contrato adjudicado, se hace necesario también garantizar
el derecho a la defesa (sic) y contradicción del contratista adjudicatario, pues,
eventualmente, es plausible que el juez declare de oficio la nulidad del contrato”.

Sentencia de primera instancia

18. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia del 11 de abril de 2024,
negó las pretensiones de la demanda.

19. Al respecto, consideró que la Policía Nacional resolvió de fondo a las observaciones
planteadas por el consorcio GHC 2015 según lo dispuesto en el informe de
evaluación; además, expuso que la respuesta de la entidad se ajustó a las normas
vigentes y a lo previsto en el pliego de condiciones como requisitos para la
participación en el proceso de selección.

20. En relación con la causal de rechazo de las propuestas prevista en el numeral 4.4
del pliego de condiciones, explicó que no bastaba que la información contenida
generara dudas respecto a su autenticidad, sino que, además, esa documentación
hubiera servido para la habilitación del proponente y/o recibido puntuación en la
calificación de la oferta.

21. En ese sentido, a pesar de que algunas de las certificaciones de experiencia del
personal aportadas por el consorcio que resultó adjudicatario contenían información
contraria a la realidad, tal como se acreditó por parte del SENA, para el a quo la
causal de rechazo aludida no aplica respecto del oferente adjudicatario, debido a
que el Comité Técnico Evaluador de la Policía Nacional excluyó la valoración de
dicha información del puntaje y, aun así, el proponente cumplió con los requisitos
mínimos habilitantes exigidos en el pliego de condiciones.

22. Para el Tribunal de primera instancia, la decisión de adjudicar el negocio respetó el
principio de transparencia y selección objetiva del contratista por parte del Estado,
pues, ante la verificación de dicha información contraria a la verdad, la consecuencia

6 Expediente digital, índice 60 de primera instancia del aplicativo Samai.

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Radicación: 68001-23-33-000-2015-01193-01 (71.525)
Demandante: Consorcio GHC 2015
Demandado: Nación –Ministerio de Defensa –Policía Nacional
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

jurídica no podía conllevar al rechazo de la propuesta, dado que dichos documentos
no se exigían para cumplir un requisito mínimo habilitante conforme a los pliegos de
condiciones. Al respecto, consideró que la exclusión del adjudicatario por cuenta de
la información irregular de las certificaciones, que no fue tenida en cuenta y tampoco
otorgó puntaje, hubiera violado el debido proceso del Consorcio
Electrojjcoapenssar, porque en ese momento no se presentaron pruebas
(decisiones judiciales) para corroborar las objeciones del consorcio GHC 2015.

23. También indicó que la entidad demandada garantizó el principio de selección
objetiva, debido a que actuó de manera diligente ante la acreditación de la
información irregular en algunas de las certificaciones presentadas por el
proponente que resultó seleccionado y, por ende, procedió a modificar el resultado
en el informe de evaluación definitivo, y se disminuyó la calificación de la evaluación
técnica de 582,55 a 573,21 puntos.

24. Seguidamente, sobre la fecha de expedición de la Resolución 000366, precisó que,
conforme a lo dispuesto en el numeral 4° del artículo 2.2.1.2.1.1 del Decreto 1082
de 2015, en la referida audiencia la entidad debe dar lectura al borrador del acto
administrativo de adjudicación, de ahí que, aunque el documento tenía fecha del 17
de julio de 2015, se puso en conocimiento de los proponentes durante la diligencia
(esto es, el 16 de julio anterior).

25. Por último, se abstuvo de condenar en costas al Consorcio GHC 2015, por
considerar que la demanda contenía fundamento legal que motivó el litigio.

El recurso de apelación

26. El Consorcio GHC 2015 presentó recurso de apelación, en el que alegó que no
comparte lo decidido por el Tribunal a quo, por “indebida aplicación de las normas
invocadas y la falta de consideración de jurisprudencia consolidada”.

27. Indicó que se dio una interpretación errónea del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 -
particularmente, de su parágrafo 1°-, porque la información contenida en la
propuesta vencedora era esencial para la comparación de las ofertas, ya que los
requisitos que se pretendieron comprobar con esta documentación otorgaban una
puntuación por parte del Comité Técnico Evaluador y definían el orden de
elegibilidad de los proponentes.

28. Con ello, consideró que la argumentación de la sentencia de primera instancia fue
contradictoria, debido a que la citada norma hace referencia a la prohibición de
rechazar las propuestas por falta de requisitos formales, pero que las
inconsistencias de la oferta ganadora se encontraban en documentos que
pretendían acreditar aspectos esenciales de la propuesta como la experiencia del
personal y que otorgaban puntuación en el proceso.

29. En ese sentido, cuestionó el razonamiento del Tribunal sobre la conducta de la
entidad contratante, debido a que, según el numeral 4.4 del pliego de condiciones,
la propuesta que presentara información falsa debía ser rechazada, sin ninguna
consideración o interpretación, en vez de simplemente apartar esos documentos del
proceso y evaluar el acervo restante. Alegó que dar la oportunidad de subsanar o
no tomar en cuenta estos documentos es premiar la intención del oferente de mentir

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Radicación: 68001-23-33-000-2015-01193-01 (71.525)
Demandante: Consorcio GHC 2015
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

al órgano administrativo que adelanta la licitación, a lo que agregó que el mismo
fallo de primer grado aceptó que los documentos allegados por al adjudicatario
evidenciaban indicios graves de falsedad. Asimismo, cuestionó que en la decisión
apelada se hubiese validado mantener al consorcio ganador en el proceso por el
hecho de que no existiese declaración judicial alguna en torno al reproche que se
formuló.

30. Por último, indicó que, según el precedente establecido por la Sección Tercera de
esta Corporación en sentencia del 14 de marzo de 2013 (expediente 1999-00827),
la contravención de los principios o normas que imponen obligaciones, estipulan
requisitos mínimos o prohíben determinadas acciones, como el hecho de allegar
documentación falsa, justifican la decisión de rechazar la oferta o excluir la
participación del proponente del proceso de selección.

Trámite relevante en segunda instancia

31. El recurso de apelación fue admitido mediante providencia del 15 de octubre de
20247.

32. Posteriormente, el Despacho sustanciador, a través de auto del 3 de febrero de
20258, advirtió una irregularidad presentada en primera instancia al momento de
notificar al consorcio Electrojjcoapenssar, por lo que ordenó poner en su
conocimiento la situación evidenciada y le concedió el término de 3 días para que
manifestara lo que considerara pertinente. No obstante, el período otorgado
transcurrió sin pronunciamiento del vinculado, por lo que se declaró saneado el
proceso mediante providencia del 18 de marzo de 20259.

33. Las partes y el Ministerio Público no se pronunciaron en esta instancia10.

CONSIDERACIONES

34. Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo
actuado (en especial, al haberse superado y declarado saneada la irregularidad
atinente a la notificación del consorcio vinculado), y al evidenciarse el cumplimiento
de los presupuestos procesales: jurisdicción, competencia, oportunidad de la
demanda, legitimación en la causa por activa y por pasiva, el agotamiento del
requisito de conciliación extrajudicial y verificados los requisitos de la demanda en
forma, la Subsección procede a decidir la segunda instancia de la presente litis11.

35. Con ese propósito, se abordarán los asuntos en discusión, bajo el siguiente orden
metodológico: (i) el objeto del recurso de apelación y los problemas jurídicos para

7 Providencia en la que también se reconoció personería al abogado Edisson Alexander Colmenares Rodríguez

como apoderado sustituto de la parte demandante (índice 3 de Samai).
8 Índice 10 de Samai.
9 Sobre esta decisión del despacho tampoco hubo pronunciamiento de las partes. Índice 17 de Samai.
10 El proceso ingresó al despacho para fallo el 31 de marzo de 2025. Índice 21 de Samai.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 6 de abril de 2018, expediente 46.005,

C.P. Danilo Rojas Betancourth, a cuyo tenor: “si se apela un aspecto global de la sentencia, el juez adquiere
competencia para revisar todos los asuntos que hacen parte de ese aspecto más general (…) desde luego, sin
perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones
que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la
causa y la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como
fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada”.

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Radicación: 68001-23-33-000-2015-01193-01 (71.525)
Demandante: Consorcio GHC 2015
Demandado: Nación –Ministerio de Defensa –Policía Nacional
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

resolver la controversia; (ii) el régimen jurídico aplicable al proceso de selección y
la naturaleza de la decisión que adjudicó el negocio; (iii) la relación de lo probado
en el proceso de selección de licitación pública PN MEBUC LI 003 2015; (iv) el
principio de selección objetiva y su aplicación al momento de evaluar la propuesta
presentada por el adjudicatario; (v) las conclusiones; (vi) la condena en costas; y
(vii) la orden de remitir copia de este proceso a diferentes autoridades penales y
disciplinarias.

El objeto del recurso de apelación interpuesto y los problemas jurídicos para
resolver la controversia

36. Conforme con el contexto identificado, a efectos de resolver el recurso de apelación,
se itera, le corresponde a la Sala pronunciarse sobre los reparos específicos
presentados en contra de la sentencia de primer grado, los cuales, por regla general,
establecen la competencia del ad quem para ventilar la controversia, salvo
situaciones que se deban auscultar y definir de manera oficiosa, en virtud de lo
establecido en el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP).

37. De ese modo, el debate central en esta instancia se ubica, en punto de la
argumentación en contra de lo considerado por el Tribunal a quo, sobre los
siguientes ítems: (i) el análisis del principio de selección objetiva, de acuerdo con el
artículo 5 de la Ley 1150 de 2007; (ii) la interpretación sobre la configuración de la
causal de rechazo establecida en el numeral 4.4 del pliego de condiciones, debido
a las alegadas inconsistencias de la información presentada por el Consorcio
Electrojjcoapenssar; (iii) la procedencia, o no, del rechazo de la propuesta de
conformidad con la jurisprudencia indicada en el recurso de apelación; y (iv) los
efectos derivados de la lectura de dicha hipótesis de exclusión de los ofrecimientos,
en torno a la legalidad del acto de adjudicación.

38. Así, con base en el escrito de impugnación, los problemas jurídicos concretos que
se deben resolver en esta instancia son: (i) ¿erró el Tribunal a quo al considerar
que, en aplicación del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, el proponente podía
subsanar la información relacionada con la acreditación de experiencia de su
personal que no correspondía con la base de datos del SENA?; (ii) ¿en la primera
instancia se interpretó de manera indebida la causal de rechazo establecida en el
numeral 4.4. del pliego de condiciones, al considerar que era viable separar la
información falsa para valorar la demás documentación sin rechazar la oferta?; (iii)
¿fue equivocada la conclusión del Tribunal al no encontrar acreditada la
configuración de la nulidad de la Resolución 000366 del 17 de julio de 2015 por
infracción de las reglas del proceso de selección?

39. En caso de que se dé respuesta afirmativa a este último interrogante, se deberá
dilucidar lo siguiente: (iv) ¿demostró el demandante que su propuesta era la más
favorable para la Policía Nacional?

El régimen jurídico aplicable a la licitación pública y la naturaleza del acto de
adjudicación

40. Previo a abordar el análisis del caso en concreto para adoptar las decisiones de
fondo, resulta necesario realizar algunas precisiones en relación con la normativa
aplicable al proceso de selección objeto de discusión. Concretamente, se debe

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Radicación: 68001-23-33-000-2015-01193-01 (71.525)
Demandante: Consorcio GHC 2015
Demandado: Nación –Ministerio de Defensa –Policía Nacional
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

establecer la naturaleza jurídica de la Resolución 000366 del 17 de julio de 2017,
con el fin de resolver los argumentos de la apelación que propenden porque se
revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se acceda a las
pretensiones de la demanda.

41. En el presente asunto, el proceso de selección No. PN MEBUC LI 003 - 2015 fue
regido por las normas del Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública (EGCAP), teniendo en cuenta que, de conformidad con lo previsto en el
artículo 2 de la Ley 80 de 199312, la Policía Nacional es un órgano dependiente de
la Nación, por disposición constitucional13 y legal14. Además, dicha licitación se llevó
a cabo con el objetivo de suscribir un contrato de mantenimiento de los vehículos
de la entidad que se enmarcó en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 15 (por la
naturaleza de la entidad contratante) y la escogencia del contratista se sujetó a la
señalada modalidad16, establecida en el numeral 1° del artículo 2 de la Ley 1150 de
200717. Asimismo, dado que el procedimiento inició en el año 2015, le son aplicables
las disposiciones del EGCAP previo a su modificación por la Ley 1882 de 2018.

42. De acuerdo con la naturaleza de la entidad demandada, su régimen sustantivo, así
como los preceptos que justificaron los documentos precontractuales, se concluye
que la decisión de adjudicación adoptada por la entidad demandada refleja la
manifestación unilateral de la voluntad de la administración y constituyó un acto
administrativo precontractual que se encuentra sometido a las normas de derecho
público.

Lo probado en el proceso de selección

43. En concordancia con lo planteado en el recurso de apelación, se debe reseñar lo
acontecido en relación con la propuesta del adjudicatario (Consorcio
Electrojjcoapenssar), con el fin de determinar si los hechos concuerdan con lo

12 Ley 80 de 1993. “Artículo 1. Del objeto. La presente ley tiene por objeto disponer las reglas y principios que

rigen los contratos de las entidades estatales”.
“Artículo 2. De la definición de entidades, servidores y servicios públicos. Para los solos efectos de esta ley:
1o. Se denominan entidades estatales:
a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las
áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los
establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía
mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades
descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública
mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles.
13 “ARTÍCULO 218. La ley organizará el cuerpo de Policía. || La Policía Nacional es un cuerpo armado

permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones
necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de
Colombia convivan en paz”.
14 Ley 62 de 1993 – Artículo 5: “La Policía Nacional es un cuerpo armado, instituido para prestar un servicio

público de carácter permanente, de naturaleza civil y a cargo de la Nación (…)”.
15 Artículo 32. “De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de

obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o
en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad (…).
16 Cabe aclarar, igualmente, que el objeto contractual no se enmarcó en la contratación de bienes y servicios

para la defensa y seguridad nacional (prevista como causal de selección abreviada) ni para el sector defensa
que requiriese de reserva para su adquisición (causal de contratación directa), y la entidad licitante tampoco
hace parte de aquellas señaladas en el artículo 16 de la Ley 1150 de 2007 como exceptuadas del EGCAP.
17 Artículo 2. “Modalidades de selección. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las

modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa,
con base en las siguientes reglas:
1. Licitación pública. La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de licitación pública,
con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo. Cuando la entidad estatal
así lo determine, la oferta en un proceso de la licitación pública podrá ser presentada total o parcialmente de
manera dinámica mediante subasta inversa, en las condiciones que fije el reglamento”.

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

indicado por el demandante, especialmente, lo relacionado con la valoración
realizada por la Policía Nacional de los documentos aportados por el proponente
aludido con el fin de acreditar el requisito de experiencia del personal.

44. La Policía Nacional, a través de la Resolución No. 0265 del 2 de junio de 2015 18,
inició el procedimiento de selección de licitación pública PN MEBUC LI 003 - 2015,
con la finalidad de contratar -en síntesis- el mantenimiento preventivo y correctivo
de los vehículos asignados a la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el
Departamento de Policía Santander y sus unidades de apoyo, por un valor estimado
de $2.259’346.618.

45. De conformidad con el pliego de condiciones19, se indicó que el negocio se dividiría
en dos grupos para la prestación del servicio, así: (1) Policía Metropolitana de
Bucaramanga, que implicaba prestar el servicio de mantenimiento en
Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón; y (2) Departamento de Policía
Santander, que incluyó los municipios de San Gil, Barbosa y Málaga.

46. En el documento referido en precedencia, también se estableció que las propuestas
debían cumplir con requisitos habilitantes de índole jurídico, económico y técnico
para ser evaluadas. Así, en el anexo 1 del pliego se previó: “Se requiere que los
proponentes cuenten con personal técnico calificado en las diferentes
especialidades requeridas (…) de esta manera se pretende determinar un nivel de
idoneidad o competencia laboral mínimo que garantice la calidad de los trabajos”20.
Además, se consagraron diferentes causales de rechazo de las ofertas, y
específicamente en el numeral 4.4 del pliego de condiciones se definió: “Cuando en
la propuesta se encuentre información o documentos que no correspondan a la
realidad que le permita cumplir un requisito mínimo o recibir puntuación”21.

47. La Sala advierte que, aunque en el sub lite no se aportaron las ofertas presentadas
en el proceso de selección, de los documentos anexos de la demanda decretados
como prueba, se constata que, en la selección del contratista del grupo 1 para
prestar el servicio de mantenimiento en Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta
y Girón, se allegaron ante la entidad contratante las propuestas de: (i) Consorcio
GHC 2015; (ii) Consorcio Electrojjcoapenssar y (iii) Unión Temporal Mebuc 2015.

48. El Comité de Evaluación Económica de la Policía, mediante informe del 18 de junio
de 201522, comunicó a la jefe del Grupo de Contratos de la entidad que las tres
propuestas presentadas respecto del grupo 1 del proceso contractual PN MEBUC
LI 003-2015 cumplían con las exigencias requeridas en ese aspecto.

49. El Comité de Evaluación Jurídica, en su reporte, indicó que se encontró una
inconsistencia en la propuesta de la Unión Temporal Mebuc 2015 (denominada así
en el acta de constitución de la figura asociativa), porque la carta de presentación
de la propuesta fue firmada por la “unión temporal Dicar 2015”23.

18 Expediente digital, índice 2 de Samai, documento denominado “002 AnexoDemanda” (folios 250 a 252).
19 Expediente digital, índice 2 de Samai, documento denominado “INSGE-2016-128-6” (folios 15 a 57).
20 Ibidem.
21 Ibidem.
22 Expediente digital, índice 2 de Samai, documento denominado “002 AnexoDemanda” (folios 135 y 136).
23 Ibidem (folios 141 a 143).

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50. El 24 de junio de 2015, los evaluadores técnicos24 del proceso contractual PN
MEBUC LI 003 - 2015 consideraron que la Unión Temporal Mebuc no cumplió con
los requisitos esa índole25 y, por ende, se excluyó al proponente de la evaluación
de los elementos que otorgaban puntaje a la propuesta y realizó la calificación de la
siguiente manera:

Proponente Personal Grúas y Lavado Garantía Industria Total Puntos
requerido carro Nacional
talleres
GHC 2015 144,64 150 100 75 100 569,64
Electrojj 150 132,55 100 100 100 582,55
Coapenssar

51. El 26 de junio de 2015, la Policía Nacional publicó el informe preliminar de
verificación y evaluación de requisitos en el proceso de selección 26, en el que
concluyó, respecto del grupo 1:

Oferente Verificación Verificación Verificación Evaluación Evaluación Puntaje
Jurídica Económica Técnica económica técnica total
GHC 2015 Cumple Cumple Cumple 400 569,64 969,64
Electrojj Cumple Cumple Cumple 400 582,55 982,55
Coapenssar

52. El Consorcio GHC 2015 presentó observaciones27 frente al documento reseñado en
el párrafo precedente, relacionadas con la acreditación del requisito de experiencia
del personal por parte del consorcio Electrojjcoapenssar:

“El señor Fabián Esteban Uzcátegui Manyoma, fue presentado como jefe
de taller (…), sin embargo la certificación que presentan se observa
prístinamente que es la de un técnico, razón por la cual, la verificación y
evaluación de este ítem es que NO CUMPLE y por ende no se puede de
ninguna forma y de ninguna manera otorgar el puntaje respectivo”28.

53. El demandante solicitó al SENA –Regional Santander informar si eran auténticas
las certificaciones de estudio de Jhon Edinson Sánchez Vásquez, Holvis Bolaños
Castro y Ricardo Ortiz Ayala, anexadas por el consorcio Electrojjcoapenssar. La
entidad respondió diciendo, sobre cada una de ellas, que: “revisada la base de datos
no se encontró en el registro en sistema, igualmente el nombre del subdirector que
avala el certificado no corresponde o ninguno de los subdirectores que a la fecha
han dirigido el centro de formación, la fecha y número de registro no pertenece a la
codificación expedida por el SENA”29.

24 Ibidem (folios 149 a 163).
25 El calificador enrostró el incumplimiento de los siguientes ítems: (i) revisión técnico-mecánica; (ii) garantía de

mantenimiento y reparaciones; (iii) prioridad en la atención; (iv) diagnóstico y (v) tiempo máximo de
cumplimiento.
26 Ibidem (folios 164 a 175).
27 La Sala pone de presente que se formularon observaciones sobre otros aspectos de la propuesta del

consorcio que resultó adjudicatario. Sin embargo, a efectos del presente litigio, se hace referencia a las que
guardan relación con el reproche planteado por el demandante en el sub lite, esto es, la acreditación de la
experiencia con información falsa. Expediente digital, índice 2 de Samai, documento denominado “002
AnexoDemanda” (folios 12 a 32).
28 Ibidem.
29 Ibidem.

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54. Asimismo, pidió que se verificaran los certificados de estudio de Hernán Murcia
Álvarez y Osnaider Luis Villegas presentados para acreditar la experiencia técnica
del personal ofrecido, porque no se encontraban en el sistema de consulta del
SENA, ni poseían número de registro30.

55. También indicó que ese ejercicio de verificación no fue posible en relación con
Alberto Arenas Peña y Luis Alberto Espitia Lugo, por lo que pidió investigar su
autenticidad31.

56. El 10 de julio de 2015, el Comité Evaluador de la Policía Nacional publicó el informe
final de evaluación32, en el que respondió las observaciones presentadas por los
proponentes en contra del documento de verificación y evaluación. Respecto de lo
aducido por el consorcio GHC 2015, en lo pertinente, consideró lo siguiente:

57. Sobre la idoneidad de Fabián Esteban Uzcátegui Manyoma para ejercer como jefe
de taller, indicó que el proponente cumplió con los requisitos del pliego de
condiciones porque demostró los conocimientos del referido trabajador en
actividades afines al mantenimiento y reparación de automóviles, con las
certificaciones de: (i) la Escuela Colombiana de Carreras Industriales, cuyo título
obtenido fue “Técnico profesional en mecánica automotriz”, y (ii) la Escuela
Colombiana de Carreras Industriales, a partir del “Seminario Controles
electrónicos”, con una intensidad de 100 horas.

58. En relación con las certificaciones de estudio de Jhon Edinson Sánchez Vásquez,
Holvis Bolaños Castro y Ricardo Ortiz Ayala, sobre las que el SENA manifestó que
“revisada la base de datos no se encontró registro en el sistema”, el Comité
Evaluador tomó la decisión de no tener en cuenta esas 3 personas dentro de la
evaluación con asignación de puntaje. Sin embargo, aclaró que no se rechazaría la
propuesta porque el requisito mínimo habilitante se cumplía con las hojas de vida
de las otras personas referidas en la oferta del consorcio Electrojjcoapenssar.

59. Sobre la petición de verificar la autenticidad de los certificados de estudio expedidos
por el SENA de Hernán Murcia Álvarez, Osnaider Luis Villegas, Alberto Arenas Peña
y Luis Alberto Espitia Lugo, el Comité Evaluador apuntó que valoraría esos
documentos en aplicación del principio de buena fe que regula las relaciones entre
los particulares y la administración. Agregó que la determinación sobre la veracidad
de esa información correspondía definirla en el marco de un proceso judicial ante
una autoridad competente.

60. A modo de conclusión, el Comité Evaluador tabuló el resumen de verificación de
requisitos y evaluación, y recomendó un orden de elegibilidad de las propuestas.

Resumen informe de verificación de requisitos y evaluación (grupo 1):

Oferente Verificación Verificación Verificación Evaluación Evaluación Puntaje
Jurídica Económica Técnica económica técnica total
(puntaje) (puntaje)
GHC 2015 Cumple Cumple Cumple 400 571,69 971,59

30 Ibidem
31 Ibidem.
32 Expediente digital, índice 2 de Samai, documento denominado “002 AnexoDemanda” (folios 221 a 247).

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Electrojj Cumple Cumple Cumple 400 573,21 973,21
Coapenssar

Resumen informe final de verificación de requisitos y evaluación (grupo 1):

Orden de elegibilidad Oferente Puntaje total
1 Consorcio Electrojjcoapenssar 973,21
2 Consorcio GHC 2015 971,59

61. El 16 de julio de 2015, la Policía Nacional adelantó la audiencia de adjudicación del
proceso de selección33, en la que se adoptaron las recomendaciones del informe
final de verificación de requisitos y evaluación de las propuestas. El representante
del consorcio GHC 2015 intervino durante la diligencia y manifestó su desacuerdo
con la decisión de tener en cuenta los documentos presentados por el Consorcio
Electrojjcoapenssar que contenían, a su juicio, información falsa. Al respecto, la
entidad reiteró lo expuesto en la respuesta a las observaciones contenidas en el
informe final de verificación de requisitos y acogió el orden de elegibilidad propuesto
por el Comité Técnico Evaluador.

62. Con fundamento en lo acontecido durante la audiencia, la Policía publicó la
Resolución 000366 el 17 de julio de 201534, en la que adjudicó el proceso de
selección PN MEBUC Ll 003 de 2015, en lo relativo al grupo 1, al Consorcio
Electrojjcoapenssar.

El principio de selección objetiva y su aplicación al momento de evaluar la
propuesta presentada por el adjudicatario

63. Una vez reseñado el trasegar del proceso de selección, la Subsección observa que
uno de los aspectos de la discusión, en esta instancia, se relaciona con la aplicación
del principio de selección objetiva.

64. Según el Tribunal a quo, la decisión de la entidad de evaluar la propuesta del
Consorcio Electrojjcoapenssar fue acertada y resultó acorde con lo dispuesto en el
artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, porque la información contenida en dichos
documentos no era indispensable para cumplir con los requisitos habilitantes, ni
otorgó puntaje al adjudicatario, por lo que no se configuró la causal de rechazo
invocada en la demanda y establecida en el numeral 4.4. del pliego de condiciones.

65. Por su parte, el recurrente consideró que el fundamento legal invocado fue aplicado
de manera incorrecta, debido a que las inconsistencias de la oferta ganadora se
encontraban en documentos que permitían obtener ventajas competitivas, como la
experiencia del personal, lo cual incidía en el orden de elegibilidad de las propuestas
y, por ese motivo, el ofrecimiento debió ser rechazado según la causal invocada
desde el escrito de demanda.

66. El legislador estableció que la capacidad jurídica y las condiciones de experiencia,
capacidad financiera y de organización del proponente deben ser objeto de
verificación y son requisitos habilitantes para la participación en el proceso de

33 Según el acta de la audiencia de adjudicación que se encuentra en el expediente digital, índice 2 de Samai,

documento denominado “INSGE-2016-128-6” (folios 74 a 82).
34 Expediente digital, índice 2 de Samai, documento denominado “002 AnexoDemanda” (folios 254 a 29).

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selección35, por lo que su acreditación debe ser exigida de manera adecuada y
proporcional a la naturaleza del contrato. Asimismo, el parágrafo primero 36 de la
norma en cita dispuso que la ausencia de aspectos y/o documentos referentes a la
propuesta pueden ser subsanados, siempre que no sean necesarios para la
comparación de los ofrecimientos.

67. De acuerdo con lo anterior, los elementos de la oferta se categorizan entre: (i) los
que no son necesarios para la comparación y que pueden ser subsanados hasta la
adjudicación37 y (ii) aquellos que se requieren para la evaluación de los
ofrecimientos y que otorgan puntaje para determinar el orden de elegibilidad de los
proponentes, los cuales no se pueden subsanar38.

68. Descendiendo al caso concreto, se encuentra que, entre los requisitos habilitantes
de la propuesta, la Policía Nacional contempló los criterios técnicos descritos en el
anexo 1 del pliego de condiciones39. En el numeral (I) de dicho documento se
establecieron las “especificaciones técnicas mínimas” que debía cumplir la
propuesta.

69. Asimismo, en relación con los factores de evaluación se consagró “la capacidad
operativa, el personal ofrecido y grúa y/o carro taller” como criterios de evaluación
que otorgaría hasta 300 puntos correspondientes en la propuesta técnica 40.
Además, en el anexo 1 se señalaron las exigencias relacionadas con “la experiencia
del personal” requerido para la ejecución del negocio41.

35 Ley 1150 de 2007. Artículo 5. “De la selección objetiva. Es objetiva la selección en la cual la escogencia se

haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores
de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. En consecuencia, los factores de
escogencia y calificación que establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes
tendrán en cuenta los siguientes criterios:
1. La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los
proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en
el proceso de selección y no otorgarán puntaje, con excepción de lo previsto en el numeral 4 del presente
artículo. La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a
suscribir y a su valor. La verificación documental de las condiciones antes señaladas será efectuada por las
Cámaras de Comercio de conformidad con lo establecido en el artículo 6o de la presente ley, de acuerdo con
lo cual se expedirá la respectiva certificación.
(…).
Parágrafo primero. La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al
proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo
de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la
asignación de puntaje, podrán ser solicitados por las entidades en cualquier momento, hasta la adjudicación.
No obstante lo anterior, en aquellos procesos de selección en los que se utilice el mecanismo de subasta,
deberán ser solicitados hasta el momento previo a su realización”.
36 Ibidem.
37 Según la redacción original de la Ley 1150 de 2007, artículo 5, parágrafo primero. Previo a la modificación

introducida por el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018.
38 Vid. (i) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 29 de octubre de 2018, exp. 57.597.

C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y (ii) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 28 de
febrero de 2022, exp. 65.134. C.P. Nicolás Yepes Corrales.
39 Pliego de condiciones. Capítulo II. Criterios de selección y evaluación de las propuestas, numeral 1 Requisitos

habilitantes. Inciso 1.3. Técnicos. 1.3.1. Condiciones técnicas mínimas habilitantes. “Los elementos solicitados
deberán cumplir con las condiciones y especificaciones técnicas mínimas requeridas en el anexo No. 1 del
presente pliego de condiciones, en el cual se encuentran descritas las normas y/o especificaciones técnicas el
cual se verificará como cumple o no cumple. Expediente digital, índice 2 de Samai, documento denominado
“INSGE-2016-128-6” (folios 15 a 57).
40 En el Pliego de condiciones. Capítulo II. Numeral 2, se estableció que todas las ofertas válidamente

presentadas serían ponderadas según los siguientes criterios de calificación: (i) económico (400); (ii) capacidad
operativa, personal ofrecido y grúa y/o carro taller (300); (iii) lavado general (100); (iv) garantía en tiempo para
los repuestos (100) y (v) estímulo a la industria nacional (100). Ibidem.
41 Anexo 1 del pliego de condiciones. En este documento se encuentra categorizado: (i) Especificaciones

técnicas mínimas; (ii) Experiencia del proponente; (iii) Personal requerido y (iv) capacidad operativa. Índice 2 de
Samai, documento denominado “INSGE-2016-128-6” (folios 40 a 53).

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70. De conformidad con la información contenida en los documentos que guiaron la
licitación pública 003 de 2015, la Sala distingue entre los requisitos previstos, por
un lado, en el numeral (I), que consistía en las “especificaciones técnicas mínimas”
y que correspondían a los requisitos técnicos habilitantes, y por otro, los definidos
en el numeral (II) como “experiencia del personal requerido” cuya información era
objeto de puntaje e incidía en la calificación de las propuestas presentadas.

71. En ese sentido, se constata que el ítem discutido por el Consorcio GHC 2015,
“experiencia del personal”, se trató de un aspecto que era objeto de puntaje por la
Administración y, por ende, incidía en la clasificación de la propuesta y no iba
encaminada a la acreditación de las calidades del proponente, por lo que, en
relación con el primer problema jurídico, se resuelve que la información
presuntamente contraria a la realidad que presentó el consorcio adjudicatario no
podía ser subsanada, con lo cual el Tribunal sí erró al concluir lo contrario.

72. De ese modo, a la Subsección le corresponde determinar si las alegaciones
formuladas por la parte demandante, en relación con los documentos cuestionados
que hicieron parte de la oferta del consorcio adjudicatario, se enmarcaban en el
supuesto establecido en la causal de rechazo de la propuesta contenida en el
numeral 4.4 del pliego de condiciones.

La configuración de la causal de rechazo invocada

73. En este punto, se encuentra en discusión la configuración de la causal de rechazo
prevista en el numeral 4.4 del capítulo I del pliego de condiciones, debido a que el
Tribunal a quo consideró que, para declarar la nulidad del acto de adjudicación, no
bastaba con aducir que la información contenida en la propuesta era contraria a la
realidad, sino que además esa documentación debía haber servido al proponente
para ser seleccionado. A juicio del apelante, aquella hipótesis se configuró por la
presentación de información falsa para cumplir con un requisito objeto de puntaje,
sin que fuera dable a la entidad contratante avalar la oferta que debió ser
descartada42.

74. Esta Sala de decisión ha considerado que es válida la consagración de una causal
de rechazo de la propuesta (similar a la estudiada en este escenario) como
mecanismo para impedir que quien suministre información que no concuerde con la
realidad participe en el proceso de selección. Se ha señalado que una previsión en
ese sentido comporta un desarrollo del principio de buena fe que impone a los
interesados en contratar con el Estado actuar con rectitud, lealtad y honestidad
durante todas las etapas contractuales. A su vez, se ha indicado que la entidad
contratante no puede dejar de lado lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1150 de
2007, cuando la información que se cuestiona no sea necesaria para obtener
puntaje, evento en el cual, antes que aplicar el rechazo de plano, se debe otorgar la
posibilidad al proponente de brindar las explicaciones del asunto, posteriormente, la
entidad decidirá si las explicaciones se ajustan al compendio constitucional, legal y
reglamentario que sirve de base para el procedimiento de selección43.

42 Citó: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14 de marzo de 2013, expediente

1999-00827, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
43 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 21 de noviembre de 2022, expediente

68.902, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

75. En el caso concreto, se evidencia que, con la información contenida en los
documentos cuestionados, el proponente pretendía acreditar la experiencia del
personal requerido para la ejecución de las obligaciones contractuales, ítem que,
según se verificó en el acápite anterior, permitía obtener puntaje y podía afectar el
orden de elegibilidad de los proponentes. En contexto, la Sala procederá a señalar
las razones por las que se configuró la causal de rechazo alegada por la parte
demandante, en relación con la propuesta presentada por el Consorcio
Electrojjcoapenssar que resultó adjudicatario del negocio.

76. De las pruebas incorporadas al proceso, se constata que, en el ofrecimiento que
resultó ganador, se pretendió sumar puntaje al ítem de “experiencia del personal”
con las certificaciones de los señores Jhon Edinson Sánchez Vásquez, Holvis
Bolaños Castro y Ricardo Ortiz Ayala. Si bien la Policía Nacional objetó que la
información no reconocida por el SENA atinente a esos sujetos fue excluida de la
valoración final y no sumó puntaje a la propuesta del Consorcio Electrojjcoapenssar,
la Sala no comparte dicho argumento, porque la causal de rechazo no exigía que
efectivamente se hubiera derivado un beneficio de la presentación de documentos
con un supuesto contenido falso (“que no corresponden a la realidad”), sino que
tenía por finalidad excluir aquellas ofertas en las que objetivamente se advirtiese la
señalada inexactitud, como se procede a explicar.

77. Al examinar el numeral 4.4 del pliego de condiciones, se encuentra que la Policía
Nacional previó el rechazo de las ofertas ante la incorporación de información que
no correspondiera a la realidad y que los proponentes utilizaran para intentar
acreditar el cumplimiento de un requisito mínimo o recibir puntuación. Este último
evento (obtener puntaje) fue lo que pretendió el consorcio adjudicatario con la
presentación de certificaciones supuestamente expedidas por el SENA y que,
posteriormente, fueron desconocidas por esta entidad educativa, al manifestar que
no se encontraban registros en sus bases de datos sobre las personas señaladas
en los documentos que acompañaron la propuesta, y que “el nombre del subdirector
que avala el certificado no corresponde a ninguno de los subdirectores que a la
fecha han dirigido el centro de formación”44.

78. De ese modo, la Subsección precisa que, aunque esos títulos finalmente no hayan
sido valorados por la entidad contratante, lo que se procuró al establecer la causal
de rechazo en el pliego de condiciones fue evitar que los proponentes intentasen
engañar a la Administración con información no verificable y que potencialmente los
pudiera beneficiar durante el proceso de selección, con independencia de si, con
ello, se lograra o no el cometido. Una interpretación contraria implicaría que,
únicamente ante la obtención del resultado espurio deseado (alteración del puntaje
en la licitación estudiada), podría tenerse en cuenta la causal de rechazo de la
propuesta, lo cual carecería de eficacia, porque conllevaría a que la entidad
contratante no pudiera rechazar ninguna propuesta por este motivo, previo a la
adjudicación del negocio. Lo anterior permite responder afirmativamente el segundo
problema jurídico planteado, en tanto el a quo sí interpretó de manera errónea la
citada causal.

44 Expediente digital, índice 2 de Samai, documento denominado “002 AnexoDemanda” (folio 55).

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Radicación: 68001-23-33-000-2015-01193-01 (71.525)
Demandante: Consorcio GHC 2015
Demandado: Nación –Ministerio de Defensa –Policía Nacional
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

79. Lo expuesto guarda concordancia con el precedente45 invocado por la parte
demandante en su recurso de apelación. En la citada sentencia del 14 de marzo de
2013, se precisó que en escenarios como este procede el rechazo de propuestas
en un proceso de selección y, además, se indicó que, de acuerdo con los postulados
de la buena fe, cuando la entidad estatal contratante advierte inexactitudes en las
ofertas, le corresponde efectuar un ejercicio de interpretación para determinar si se
trata de errores excusables o no y consecuentemente determinar si dicho yerro
conlleva a la imposibilidad de evaluación y comparación de las propuestas o no. En
concreto, esta Corporación detalló lo siguiente:

“(…) la exclusión de una oferta del correspondiente procedimiento administrativo
de selección contractual, sólo puede adoptarse o decidirse de manera válida por
parte de la respectiva entidad estatal contratante, cuando verifique la
configuración de una o varias de las hipótesis que se puntualizan a continuación
(…) iv) cuando la conducta del oferente o su propuesta resultan abiertamente
contrarias a Principios o normas imperativas de jerarquía constitucional o legal
que impongan deberes, establezcan exigencias mínimas o consagren
prohibiciones y/o sanciones ”.

80. Así, como ratio en esa ocasión, se señaló:

“En consecuencia, para la Sala sería inadmisible sostener que la entidad estatal
contratante tuviere el deber de adjudicar el procedimiento administrativo de
selección a una determinada oferta a sabiendas de que, aunque en apariencia
tendría las mejores condiciones, en realidad sería, por su contenido, total o
parcialmente, una propuesta mentirosa, fraudulenta, engañosa o proveniente de
un proponente que pretende sacar provecho o ventaja, frente a la entidad
contratante y/o ante sus competidores, de la manipulación de información
errónea, inexacta o falaz (…) por lo cual resulta plausible que en estos casos la
entidad decida rechazar o excluir esa clase de ofertas, independientemente de
que así lo haya previsto, o no, el correspondiente pliego de condiciones, decisión
que, de todos modos, la entidad estatal contratante está en el deber de motivar
de manera clara, precisa, completa y detallada”46.

81. Por consiguiente, la providencia invocada en el recurso de apelación es aplicable al
caso objeto de estudio, debido a que los fundamentos fácticos son similares a lo
acontecido en el proceso de selección PN MEBUC LI 003 - 2015, porque se constató
la presentación de documentos que no correspondieron con la realidad en una de
las ofertas. Aun cuando en el precedente referido la entidad optó por el rechazo de
la propuesta en la que concurría la falsedad47, dicho análisis es semejable a lo
acontecido en el sub lite, en el que la Policía Nacional decidió no tomar esa decisión
y valorar los demás documentos que integraban la propuesta del Consorcio
Electrojjcoapenssar.

45 El recurrente refirió la sentencia del 14 de marzo de 2013, exp. 1999-00827 (exp, 24059), proferida por la

Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
46 Como sustento legal en concreto de esta regla, se trajo a colación el artículo 863 del Código de Comercio,

según el cual: “Las partes deberán proceder de buena fe exenta de culpa en el período precontractual, so pena
de indemnizar los perjuicios que causen”.
47 En esa ocasión, el departamento de La Guajira declaró desierta una licitación pública. La sociedad

demandante cuestionó esa decisión porque consideró que su oferta no debió ser rechazada, al no haber
incurrido en la supuesta falsedad documental que le achacó la entidad. Esta Corporación revocó la sentencia
que había accedido a las pretensiones y negó la nulidad del acto administrativo de declaratoria de desierta, al
encontrar que estaban acreditadas las inconsistencias en la información financiera de la actora (causal de
rechazo prevista en los pliegos de condiciones), lo que ameritaba que su propuesta no fuese tenida en cuenta.

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Radicación: 68001-23-33-000-2015-01193-01 (71.525)
Demandante: Consorcio GHC 2015
Demandado: Nación –Ministerio de Defensa –Policía Nacional
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

82. En este punto, según el fallo invocado48, se refuerza la consideración planteada
sobre la conducta de la entidad demandada, en el sentido de indicar que ésta debió
haber valorado las inconsistencias de la información presentada por el consorcio
que resultó adjudicatario, así como sus consecuencias, y determinar con dicho
acervo que pretendió sumar puntaje que le otorgaría una ventaja en el proceso de
selección.

83. En su respuesta a las observaciones, la entidad adujo que no le era dable analizar
los reproches sobre la veracidad de la información por tratarse de un procedimiento
contractual, argumento que -conforme a lo expuesto- no es de recibo, pues la
autoridad licitante es la primera llamada a verificar que el contenido de los anexos
allegados por los oferentes correspondan a la realidad, sin que ello implique una
usurpación de funciones de la autoridad judicial respecto de las consecuencias
penales que ello pueda acarrear (y sin perjuicio de la compulsa y remisión de copias
con ese destino para las investigaciones a que haya lugar). No de otra manera se
entiende que, justamente, la Policía Nacional haya accedido a excluir los
certificados frente a los que el SENA manifestó no encontrar coincidencias en sus
registros.

84. Asimismo, en el evento objeto de estudio en el sub lite, la Sala considera que la
irregularidad de los documentos fue un inexcusable por parte del proponente que
resultó adjudicatario, debido a que se trató de información contenida en su
propuesta cuya autenticidad debió verificar y garantizar antes de remitirla a la
entidad contratante. En ese sentido, la Policía Nacional debió aplicar lo establecido
en el numeral 4.4 del pliego de condiciones y rechazar la propuesta del Consorcio
Electrojjcoapenssar por pretender obtener una ventaja irregular en la calificación de
su oferta. Contrario a ello, en relación con las certificaciones que no fueron avaladas
por el SENA, la entidad contratante decidió simplemente excluirlas de la evaluación,
y habilitar al oferente que había presentado esa información falsa.

85. En definitiva, se resalta que la misma entidad reconoció que el contenido de algunos
de los documentos presentados por el consorcio no correspondía a la realidad, por
lo cual lo excluyó de la valoración de la propuesta. Sin embargo, es evidente que la
contratante no arribó a la conclusión que se le imponía, porque aunque
correctamente identificó que parte de la información que allegó el oferente carecía
de fiabilidad y autenticidad, no rechazó su propuesta, tal como lo disponía el
numeral 4.4 del pliego de condiciones. Por el contrario, prefirió valorar la propuesta,
a pesar de los cuestionamientos que recaían sobre la idoneidad del consorcio para
ser adjudicatario, debido a la entrega de soportes cuya veracidad no se pudo validar
o que quedó desestimada por las pruebas aportadas por el Consorcio GHC 2015,
circunstancia que debería haber llevado a la exclusión del ofrecimiento.

86. Así las cosas, la Sala considera que, con la aducción de los respaldos documentales
relacionados con los señores Jhon Edinson Sánchez Vásquez, Holvis Bolaños
Castro y Ricardo Ortiz Ayala, y sobre las que el SENA manifestó no haber
encontrado registro alguno ni coincidencia de los subdirectores que los avalaban, y

48 Dicho pronunciamiento ha sido reiterado en la reciente jurisprudencia de esta Sección. Vid. Subsección C,

sentencia del 23 de septiembre de 2024, exp. 55736 (C.P. Nicolás Yepes Corrales); Subsección A, sentencia
del 4 de junio de 2021, exp. 64908 (C.P. Marta Nubia Velásquez Rico); y Subsección B, sentencia del 3 de
agosto de 2020, exp. 49221 (C.P. Alberto Montaña Plata).

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Radicación: 68001-23-33-000-2015-01193-01 (71.525)
Demandante: Consorcio GHC 2015
Demandado: Nación –Ministerio de Defensa –Policía Nacional
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

que la misma Policía Nacional aceptó separar del procedimiento por esta razón, se
configuró la causal de rechazo establecida en el numeral 4.4. del pliego de
condiciones y, por ende, la propuesta del Consorcio Electrojjcoapenssar debió ser
rechazada. En tal sentido, esta circunstancia permite dar respuesta al tercer
problema jurídico planteado, para concluir que el razonamiento del Tribunal fue
errado al no tener por acreditada la ilegalidad de la Resolución 000366 del 17 de
julio de 2015, lo cual implicaba que este acto sí debió declararse nulo por infracción
de las reglas del proceso de selección.

87. Lo anterior conlleva a revocar la sentencia de primer grado, para declarar la nulidad
de la señalada decisión por violación de las normas en que debió fundarse (hipótesis
prevista en el artículo 137 del CPACA, por remisión del art. 138 ejusdem).
Puntualmente, las disposiciones de la Ley 80 de 1993 invocadas por el actor,
contenidas en sus artículos 24 (principio de transparencia), 26 (responsabilidad), al
igual que el parámetro contenido en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 (selección
objetiva, en el que se insistió en el recurso de apelación), en los términos antes
referidos. Aun cuando la libelista no mencionó el cargo de falsa motivación, las
circunstancias advertidas también configuran este vicio conforme a lo reprochado
en la demanda, comoquiera que las consideraciones de la entidad en el acto
acusado se separaron de la realidad jurídica llamada a gobernar el procedimiento.

88. Ahora bien, al haberse advertido el alejamiento entre la realidad y el contenido de
dichos documentos (los certificados desconocidos por el SENA, sobre lo cual la
Policía no formuló objeciones), la Sala se encuentra relevada de estudiar los demás
motivos por los cuales la actora alegó que la propuesta ganadora debía ser
rechazada. En efecto, esta circunstancia es suficiente para concluir que la causal
No. 4 de exclusión era aplicable a la oferta del Consorcio Electrojjcoapenssar, con
lo cual la Sala se abstendrá de verificar los reproches atinentes a (i) la formación
académica del señor Fabián Esteban Uzcátegui Manyoma; (ii) las alegadas
inconsistencias en los soportes de Hernán Murcia Álvarez, Osnaider Luis Villegas,
Alberto Arenas Peña y Luis Alberto Espitia Lugo; (iii) la valoración de la cantidad de
horas de preparación de los mecánicos propuestos por cada oferente; y (iv) la
supuesta falsedad del certificado emitido por la entidad Asopartes Nacional.

Sobre la acreditación de la oferta más favorable

89. El Tribunal de primera instancia consideró que no se desvirtuó la presunción de
legalidad del acto administrativo de adjudicación, por lo que no realizó un análisis
sobre la propuesta del consorcio GHC 2015 en el proceso de selección No. PN-
MEBUC-LIC 003-2015.

90. En el presente asunto, el demandante planteó que su propuesta debió ser
seleccionada, porque la del Consorcio Electrojjcoapenssar -que resultó ganadora-
incurrió en una casual de rechazo y, en ese sentido, su ofrecimiento era el más
favorable para la entidad49.

49 Aunque no existió una referencia concreta del demandante, se recuerda que la tercera propuesta presentada

por la unión temporal Mebuc 2015 fue rechazada porque no cumplió con los requisitos habilitantes.

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Radicación: 68001-23-33-000-2015-01193-01 (71.525)
Demandante: Consorcio GHC 2015
Demandado: Nación –Ministerio de Defensa –Policía Nacional
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

91. Sobre el asunto, esta Sección ha considerado50 que cuando se pretende el
restablecimiento del derecho (reconocimiento de la utilidad esperada) derivado de
la nulidad del acto de adjudicación, es necesario constatar que la oferta del
demandante fue la más favorable para la entidad contratante.

92. En el caso concreto, los elementos probatorios que obran en el expediente no
permiten arribar a esa conclusión. Si bien se aportó copia de los informes de
verificación y evaluación, del acta de la audiencia de adjudicación y de la resolución
respectiva, estos instrumentos no permiten validar de forma directa el cumplimiento
de los requisitos habilitantes y la puntuación otorgada en cada ítem por la entidad,
ejercicio que solo es viable si al plenario se aportan las fuentes primarias en torno
a ello. En efecto, se destaca que la oferta presentada por el Consorcio GHC 2015
no obra en el plenario51, como tampoco los ofrecimientos de los demás proponentes
del proceso de selección, lo que impide determinar si el ofrecimiento del
demandante fue el más favorable para la Policía Nacional y debió ser adjudicatario
del contrato. Así, independientemente del orden de elegibilidad consignado en el
informe final de evaluación, es imprescindible acudir a los anexos de las propuestas
a fin de cotejar unas con otras, de forma que no exista duda de que la de la
reclamante era la que habría tenido el derecho a ser elegida.

93. Ahora bien, se resalta que la parte actora solicitó como pruebas los documentos
del proceso contractual que reposan en el sistema electrónico de contratación
pública -Secop y aportó el hipervínculo de la página web para consultarlo. A su vez,
el Tribunal a quo decretó los archivos allegados junto con la demanda52, con lo cual
la Sala se encuentra habilitada para revisar los archivos que obran en la plataforma
reseñada53. Sin embargo, una vez realizada la consulta a través del señalado
aplicativo, en este no se encuentran cargadas las ofertas aducidas por los oferentes
dentro de la licitación pública, por lo que, en todo caso, no hay manera de
determinar si los demás ofrecimientos podían haber sido habilitados -o no- y, de ser
el caso, cuál de ellos era el más favorable en el procedimiento de selección No. PN
MEBUC LI 003 - 2015.

94. En este punto, la Subsección destaca que, a la luz del principio de carga de la
prueba, consagrado en el artículo 167 del CGP: “Incumbe a las partes probar el
supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen”. Aun cuando la libelista demostró que la causal de rechazo prevista en

50 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22 de septiembre de 2022, exp. 65.630.

C.P. Nicolas Yepes Corrales. Criterio reiterado por esta Subsección en sentencia del 19 de mayo de 2025, exp.
69.503, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
51 En los anexos de la demanda (folios 260-436) se aportó un acápite titulado “6. Propuesta económica

presentada”, en la que figura una matriz denominada “Anexo no. 1A Precios de referencia o techo", en la que
se señala que ésta corresponde a la “lista de precios de referencia unitarios sobre la cual el oferente deberá
realizar un porcentaje de descuento (diligenciar formulario no. 4 oferta económica) que aplicará para la totalidad
de los ítems relacionados a continuación: (…)”. Se constata que dicho documento corresponde al anexo 1A de
los pliegos publicado en la plataforma Secop, pero no viene acompañado del resto de la documentación exigida
en la licitación a los proponentes.
52 “1. Téngase como pruebas los documentos aportados al proceso y déseles en su oportunidad el valor legal

que les corresponda”.
53 Con respecto a la incorporación de los documentos que obran en el sistema electrónico de contratación

pública, aunque en la demanda no se aportaron la totalidad de documentos relacionados en el Secop, lo cierto
es que se aportó el hipervínculo para la consulta en línea del expediente contractual
(https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-138675) y, en ese sentido,
fue incorporado entre los documentos decretados por el Tribunal a quo. Sobre la posibilidad de valoración de
los documentos contractuales que figuran en la mencionada herramienta, ver la sentencia del 4 de junio de
2024, expediente. 70.198, proferida por esta Subsección (C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez).

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Radicación: 68001-23-33-000-2015-01193-01 (71.525)
Demandante: Consorcio GHC 2015
Demandado: Nación –Ministerio de Defensa –Policía Nacional
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

el pliego se configuró respecto de la oferta de su contendor, no logró acreditar, a su
vez, que su propuesta tuviese la vocación de ser habilitada y de ser calificada como
la más favorable (se insiste, más allá de la mera aducción del orden de elegibilidad
consignado por la entidad), supuesto imprescindible para acceder al
restablecimiento del derecho deprecado y a la indemnización de perjuicios que se
pretendió. Así las cosas, en este proceso, no se aportaron elementos probatorios
que permitieran evidenciar si la propuesta del Consorcio GHC 2015 fue la más
favorable para la entidad contratante, lo cual impone denegar las pretensiones
consecuenciales a la declaratoria de nulidad del acto acusado.

95. En ese orden de ideas, la Sala concluye que el cuarto problema jurídico debe ser
resuelto de manera negativa, porque el demandante no acreditó tener la propuesta
más favorable para la entidad, condición sin la cual no es posible acceder al
reconocimiento de utilidad esperada pretendida por el consorcio GHC 2015.

Conclusiones

96. En las condiciones previamente analizadas, la Subsección revocará la sentencia de
primera instancia, para declarar la nulidad del acto acusado y negar las demás
pretensiones de la demanda, recapitulando que:

97. La Resolución 000366 del 17 de julio de 2015 correspondió a un acto administrativo
expedido por la Policía Nacional en el marco de un procedimiento de selección
sometido a las normas del EGCAP.

98. La pretensión de nulidad del acto de adjudicación del contrato cuestionado
prosperó, dado que el demandante demostró que, con el mismo, la entidad vulneró
las normas en que debería haberse fundado, al haber seleccionado una oferta en la
que concurría una de las causales de rechazo previstas en el pliego de condiciones.

99. La acreditación de experiencia del personal ofertado por los proponentes
correspondió a un ítem de la evaluación que era objeto de puntaje y determinaba el
orden de elegibilidad de las propuestas. Por ende, la falsedad en la información
aportada sobre dicha materia implicaba la necesidad de rechazar la propuesta, de
manera que permitir al oferente continuar participando del proceso de selección
desconoció el principio de selección objetiva, según lo dispuesto en el artículo 5 de
la Ley 1150 de 2007 y las reglas de la licitación.

100. La causal de rechazo establecida en el numeral 4.4 del pliego de condiciones
procuró proteger el proceso de selección ante propuestas que pretendieran obtener
ventaja o provecho de la presentación de información que no correspondiera a la
realidad, con independencia de si materialmente obtenía o no dicho resultado. Por
esa razón, no era viable que la Policía Nacional interpretara dicha hipótesis en el
sentido de permitir la continuidad en el proceso del proponente que faltó a su deber
de buena fe y lealtad con la presentación de certificaciones no avaladas por el
SENA.

101. Con todo, no se probó que la propuesta del Consorcio GHC 2015 hubiera
sido la más favorable para la entidad contratante, debido a que no se aportaron los

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Radicación: 68001-23-33-000-2015-01193-01 (71.525)
Demandante: Consorcio GHC 2015
Demandado: Nación –Ministerio de Defensa –Policía Nacional
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

ofrecimientos. Como consecuencia de ello, no hay lugar a acceder al
reconocimiento de la utilidad reclamada.

Condena en costas

102. De conformidad con el artículo 188 del CPACA y según lo establecido en el
numeral quinto del artículo 365 del CGP, para el caso particular no procede la
condena en costas, al no encontrarse una parte vencida en esta instancia. Conforme
esta última disposición, “En caso de que prospere parcialmente la demanda [sin
discriminar en qué instancia], el juez podrá abstenerse de condenar en costas o
pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión”. Como se
observa, las pretensiones de la demanda y los cargos del recurso de apelación
prosperaron de manera parcial, dado que se accedió a la declaratoria de nulidad de
la Resolución 000366 del 17 de julio de 2015, pero se descartó la procedencia de la
pretensión económica de la parte demandante. Así, lo anterior se estima suficiente
para que esta Sala se abstenga de condenar en costas a los litigantes.

Remisión de copias

103. La Sala ordenará que se remita copia de la presente actuación a los
siguientes organismos: (i) Juzgado 168 de Instrucción Penal Militar, despacho en el
que cursa la investigación 016-2015 con ocasión de los hechos debatidos en este
proceso54; (ii) Fiscalía 35 de Administración Pública, despacho en el cual fue
radicado el proceso penal identificado con el NUIC 68001600882820150141855; (iii)
Grupo de Asuntos Disciplinarios de Primera Instancia de la Policía Nacional, en el
cual se surte la investigación disciplinaria INSGE-2016-12856; y (iv) Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, con destino al expediente
11001080200020210006500 . 57

104. Esta determinación responde a los diferentes trámites administrativos y
judiciales de los que se tiene noticia, a la fecha, en torno a los hechos debatidos en
el presente proceso, para efectos de que cada uno de los señalados despachos, en
el marco de sus competencias, adelante o prosiga con las investigaciones
pertinentes a que haya lugar.

105. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 11 de abril de 2024, proferida el Tribunal
Administrativo de Santander, de conformidad con las razones expuestas en esta
providencia y, en su lugar,

54 Según lo informado en memorial del 18 de agosto de 2020 (archivo “060MindefensaSolicitud
InspeccionProceso” del expediente digital).
55 Conforme a la información brindada por la accionante en el archivo “042Memorial” del expediente digital.
56 A partir de lo indicado por la misma entidad mediante oficio del 28 de junio de 2018, obrante en el archivo

“044Memorial” del expediente digital y sus anexos contenidos en la carpeta “048CdPruebaPoliciaNacional”.
57 A raíz del requerimiento formulado por esa corporación en oficios del 3, 13 y 23 de agosto de 2021 (archivos

61 a 63 del expediente digital).

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Radicación: 68001-23-33-000-2015-01193-01 (71.525)
Demandante: Consorcio GHC 2015
Demandado: Nación –Ministerio de Defensa –Policía Nacional
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

1. DECLARAR la nulidad de la Resolución 000366 del 17 de julio de 2015, por
medio de la cual la Policía Nacional adjudicó el proceso de selección PN
MEBUC LI 003 - 2015 al Consorcio Electrojjcoapenssar.

2. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

3. Sin condena en costas.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas de segunda instancia.

TERCERO: REMITIR, por conducto de la Secretaría, copia de la presente actuación
a los siguientes organismos: (i) Juzgado 168 de Instrucción Penal Militar, despacho
en el que cursa la investigación 016-2015; (ii) Fiscalía 35 de Administración Pública,
despacho en el cual fue radicado el proceso penal identificado con el NUIC
680016008828201501418; (iii) Grupo de Asuntos Disciplinarios de Primera
Instancia de la Policía Nacional, en el cual se surte la investigación disciplinaria
INSGE-2016-128; y (iv) Comisión Nacional de Disciplina Judicial, con destino al
expediente 11001080200020210006500, conforme a lo expresado en la parte
considerativa.

CUARTO: DEVOLVER, por Secretaría, el expediente al Tribunal de origen, una vez
ejecutoriada esta sentencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: Esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha.
VF

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