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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06204-01

Fecha
9 de abril de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06204-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 1° de diciembre de 2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B que declaró improcedente la acción constitucional promovida por el Consorcio G.H.C. 2015 contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, por no superar el requisito de relevancia constitucional. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 40 «Artículo 237. Son atribuciones del Consejo de Estado: 1. Desempeñar las funciones de tribunal supremo de lo contencioso administrativo, conforme a las reglas que señale la ley. […]» 41 Ver Ley 2430 de 2024, artículo 14 «INTEGRACIÓN Y COMPOSICIÓN. El Consejo de Estado es el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Cuerpo Supremo Consultivo del Gobierno y estará integrado por elegidos por la misma Corporación para los períodos individuales que determina la Constitución Política, de listas de diez (10) candidatos enviados por el Consejo Superior de la Judicatura, para cada vacante que se presente, elaboradas previa convocatoria pública adelantada de conformidad con lo previsto en esta ley. […]». El Consejo de Estado es el máximo Tribunal de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y estará integrado por treinta y un (31) magistrados, elegidos por la misma Corporación para los períodos individuales que determina la Constitución Política, de listas superiores a cinco (5) candidatos, que reúnan los requisitos constitucionales, por cada vacante que se presente, enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura». (subrayado fuera de texto) 14 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Consorcio G.H.C. 2015 Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2025-06204-01

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-06204-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

9 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06204-01
Demandante: CONSORCIO G.H.C. 2015
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN A

Tema: Tutela contra providencia judicial. Confirma improcedencia por
falta de relevancia constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte accionante contra
la sentencia del 1° de diciembre de 2025, en virtud de la cual, el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B declaró improcedente la acción de tutela por falta
de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo1

El Consorcio G.H.C. 2015, actuando a través de apoderado judicial2, promovió
acción de tutela3 contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en
la que solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia y «a la tutela judicial efectiva».

En criterio de la parte actora, la vulneración de sus garantías constitucionales se
materializó con la providencia del 16 de junio de 2025, mediante la cual, la autoridad
judicial accionada revocó el proveído de primera instancia dictado el 11 de abril de
2024 por el Tribunal Administrativo de Santander en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho (precontractual) identificado con el radicado 68001-23-
33-000-2015-01193-01, para en su lugar, acceder a las pretensiones de la
demanda.

1 Tutela radicada el 2 de octubre de 2025 a la que se le asignó la secuencia interna No. 10012.
2 Poder conferido por el señor Gilberto Barajas Cordero, en calidad de representante del Consorcio

GHC 2015 al abogado Vidal José Díaz Castellanos.
3 La tutela se radicó el 19 de agosto de 2025 a través del correo electrónico de la Secretaría General

del Consejo de Estado, a la que se le asignó la secuencia interna número 8231.

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Demandante: Consorcio G.H.C. 2015
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06204-01

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

[…]
SEGUNDA. Dejar sin efectos la sentencia del 16 de junio de 2025, notificada el
01 de julio de 2025, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho radicado bajo No. 68001-23-33-000-2015-01193-01 (interno
71.525) proferida por el Consejo De Estado – Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A.

TERCERO. Ordenar al Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, que en el término de tres (3)
días hábiles contados a partir de la notificación del fallo de tutela, profiera una
nueva sentencia dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho radicado bajo No. 68001-23-33-000-2015-01193-01 (interno 71.525),
en la cual, con base en la valoración integral de las pruebas obrantes en el
expediente y en concordancia con la protección de los derechos fundamentales
del CONSORCIO GHC 2015, se reconozca el restablecimiento del derecho
reclamado4.

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

La Policía Nacional abrió el proceso de selección PN-MEBUC-LIC 003-2015, para
realizar el mantenimiento de «los vehículos livianos y pesados asignados a la Policía
Metropolitana de Bucaramanga, el Departamento de Policía Santander y sus
unidades de apoyo». Como oferentes se presentaron los Consorcios
Electrojjcoapenssar y GHC 2015, y la Unión Temporal Mebuc 2015.

En la audiencia del 16 de julio de 2015 la Policía Nacional escogió la propuesta del
Consorcio Electrojjcoapenssar, por lo que se expidió la Resolución 0366 del 17 de
julio de 2015 «Por la cual se adjudica el proceso de contratación por la modalidad
de licitación pública No. PN MEBUC LI 003 2015»5.

El Consorcio G.C.H. promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho (precontractual) contra la Resolución 0366 de 2015, alegando, entre otras
cosas, que «el adjudicatario habría falsificado múltiples de los documentos que allegó con
su oferta»6; cuya situación puso en conocimiento de la entidad demandada. A título

4 Transcripción original del texto con posibles errores.
5 Narrativa desplegada de la situación fáctica descrita en el proceso ordinario.
6Concretamente señaló que, la información relacionada con la acreditación de experiencia del
personal del Consorcio Electrojjcoapenssar no correspondía con la base de datos del Servicio
Nacional de Aprendizaje – SENA.

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Demandante: Consorcio G.H.C. 2015
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06204-01

de restablecimiento del derecho pidió el monto equivalente al 30% del valor total de
su propuesta.

El proceso se asignó al Tribunal Administrativo de Santander que, mediante
sentencia del 11 de abril de 2024 negó las pretensiones de la demanda, tras
considerar que la actuación de la Policía Nacional se enmarcó en los postulados
que rigen todo proceso de selección contractual, y como resultado adjudicó el
contrato estatal al Consorcio Electrojjcoapenssar porque presentó la mejor oferta,
no obstante, la institución policial resolvió cada una de las observaciones de los
otros oferentes. Además, concluyó que, los documentos que el Consorcio G.H.C.
2015 tachó de «falsos», se presumían veraces; y que en todo caso «a la entidad
accionada le correspondía valorarlos como auténticos por virtud del principio de la buena
fe que rige las relaciones entre los particulares y el Estado, tal como lo dispone el artículo
83 de la Constitución Política y el artículo 28 de la ley 80 de 1993».

La decisión del a quo se recurrió por la parte actora, y en segunda instancia, el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A7, en providencia del 16 de junio
2025 revocó el fallo, y, en su lugar, declaró nula la Resolución 0366 del 17 de julio
de 2015, pero negó las pretensiones indemnizatorias.

Como sustento, explicó que el ítem referente a la «experiencia del personal» del
Consorcio Electrojjcoapenssar8 era un aspecto objeto de puntaje que incidía en la
clasificación de la propuesta, por lo que no podía subsanarse o dejarse de valorar
como ocurrió en este caso, sino que debía rechazarse, atendiendo a lo dispuesto
en el numeral 4.4 del capítulo (I) del pliego de condiciones -INSGE-2016-128-6. En
consecuencia, como la propuesta de Electrojjcoapenssar debía ser rechazada, el
acto que le adjudicó el contrato estaba viciado de nulidad por infracción a las reglas
del proceso de selección y falsa motivación.

Por otro lado, explicó que negó el restablecimiento del derecho debido a que no se
arribaron al proceso las pruebas para conceder la suma reclamada por la parte
actora, y del expediente no se podía concluir que su oferta fuera la más favorable
dado que no obraban las propuestas de los otros oferentes. Por tanto, concluyó que
«no hay manera de determinar si los demás ofrecimientos podían haber sido habilitados -o
no- y, de ser el caso, cuál de ellos era el más favorable en el procedimiento de selección
No. PN MEBUC LI 003-2015».

El proveído anterior se notificó a las partes por correo electrónico el 1° de julio de
20259.

7 Providencia suscrita por los Magistrados, Fernando Alexei Pardo Flórez, María Adriana Marín y

José Roberto Sáchica Méndez.
8 El consorcio adjudicatario presentó certificaciones de los señores Jhon Edinson Sánchez Vásquez,

Holvis Bolaños Castro y Ricardo Ortiz Ayala, supuestamente expedidas por el SENA, las que,
posteriormente fueron desconocidas por esa entidad educativa.
9 Índice 025 de Samai del proceso 68001233300020150119301.

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Demandante: Consorcio G.H.C. 2015
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1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte accionante señaló que la providencia cuestionada incurre en los siguientes
defectos:

(i) Procedimental por exceso ritual manifiesto porque el ad quem negó las
pretensiones resarcitorias «bajo el único argumento de que la verificación sobre si
su propuesta era la más favorable constituía un ejercicio que solo es viable si al
plenario se aportan las fuentes primarias», desconociendo que el demandante
aportó otros elementos para advertir que su propuesta era la mejor, tales como, la
copia de los informes de verificación y evaluación, el acta de adjudicación y la
resolución demandada.

Además, señaló que el fallador le exigió incorporar las ofertas de todos los
participantes, pese a que ni siquiera estaban cargados en el micrositio del SECOP10,
siendo esta una imposición desproporcionada e irrazonable, máxime porque el juez
podía acudir a sus facultades oficiosas y obtenerlas directamente de la entidad.

(ii) Fáctico: debido a que no se valoraron los informes técnicos y de verificación
obrantes en el plenario, «que evidenciaban que, una vez declarada la nulidad del acto de
adjudicación cuestionado, el único oferente que quedaba habilitado y con derecho cierto a
la adjudicación era el Consorcio GHC 2015».

(iii) Sustantivo: se desnaturalizó el alcance del artículo 167 del C.G.P. por cuanto
no se armonizó con el artículo 165 de la misma norma, el cual consagra como
medios de prueba no solo los documentos originales, sino también los informes,
dictámenes, indicios y cualquier otro elemento útil para formar el convencimiento
del juez.

Consideró que se desatendió el artículo 228 Constitucional que habla de la
prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, porque se le impuso una carga
excesiva al pedirle que aporte las fuentes primarias, máxime cuando esta prueba
reposa en los archivos de la administración.

(iv) Desconocimiento del precedente: de providencias dictadas por el Consejo de
Estado, Sección Tercera Subsección C11, en las que, a su juicio, si bien se fijó como
regla jurisprudencial que cuando se pretenda el restablecimiento del derecho por la
declaratoria de nulidad de un acto de adjudicación, el demandante debe probar que
su oferta era la más favorable; tal convencimiento no se acredita nada más con las
«fuentes primarias».

Además, consideró desatendida la sentencia SU-304 de 2024 de la Corte
Constitucional que se establece cuando se configura el desconocimiento del
precedente.

10 Sistema Electrónico para la Contratación Pública.
11 Citó las sentencias del 22 de septiembre de 2022, Exp. 65.630; y del 19 de mayo de 2025. Exp.

69.503.

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Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
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1.5. Trámite de la acción de tutela

Por auto del 21 de octubre de 2025, el Magistrado ponente del Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, admitió la solicitud de amparo, ordenó la
notificación a la parte accionante12, y como accionados, a los magistrados del
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A13.

Asimismo, ordenó vincular en calidad de terceros con interés en el resultado del
proceso al Tribunal Administrativo de Santander14 [a quo], a la Nación- Ministerio de
Defensa- Policía Nacional15 [extremo pasivo] y al Consorcio Electrojjcoapenssar16
[vinculado en el proceso ordinario].

1.6. Intervenciones

1.6.1. Tribunal Administrativo de Santander17

El titular del despacho que dictó el proveído de primera instancia hizo un recuento
de las actuaciones surtidas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
precontractual e indicó que las sentencias adoptadas en el medio de control se
ajustaron a la normativa y jurisprudencia aplicable al caso.

Por otro lado, señaló que, los reproches formulados contra la providencia del ad
quem carecen de relevancia constitucional porque lejos de proponerse un debate
sobre derechos fundamentales, evidencia una inconformidad respecto de la
valoración probatoria realizada por el fallador de segunda instancia en relación con
la favorabilidad de la propuesta presentada por el Consorcio G.H.C, por lo que pidió
que se declare la improcedencia de esta acción.

1.6.2. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A18

El magistrado ponente de la decisión enjuiciada relató los antecedentes del proceso
ordinario e iteró las razones por las cuales negó la pretensión indemnizatoria de la
parte actora.

12 Índice 014 de Samai. La notificación fue realizada a: globales.solucionesjuridicas@gmail.com y

vidaldiaz.abg@gmail.com.
13 Índice 014 de Samai. La notificación fue realizada a: notifjsachica@consejodeestado.gov.co

notiffpardo@consejodeestado.gov.co; spamplonat@consejodeestado.gov.co;
pbastosb@consejodeestado.gov.co; kdiazl@consejodeestado.gov.co;
cmartinezg@consejodeestado.gov.co; notiftutelas3@consejodeestado.gov.co;
ces3secr@consejodeestado.gov.co.
14 Índice 014 de Samai. La notificación fue realizada a: sectribadm@cendoj.ramajudicial.gov.co;

sgtadminstd@notificacionesrj.gov.co; sg02tadminstd@notificacionesrj.gov.co;
ventanillatriadmsan@cendoj.ramajudicial.gov.co.
15 Índice 014 de Samai. La notificación fue realizada a: usuarios@mindefensa.gov.co;

contactenos@mindefensa.gov.co; notificaciones.tutelas@mindefensa.gov.co;
notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co; notificaciones.judiciales@mindefensa.gov.co.
16 Índice 014 de Samai. La notificación fue realizada a: electro-booster@hotmail.com.
17 Índice 016 de Samai.
18 Índice 017 de Samai.

5
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Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06204-01

A renglón seguido, solicitó que se declare improcedente este mecanismo por falta
de relevancia constitucional porque los planteamientos se centran en cuestionar la
interpretación de los preceptos legales señalados por el juez natural de la causa,
sin que medie una argumentación constitucional sino un simple desacuerdo, aunado
a que el planteamiento de la actora va dirigido a reabrir una nueva instancia.

Consideró que no se configuraron los defectos alegados porque en la sentencia
cuestionada: (i) se tuvieron en cuenta todos los medios probatorios; (ii) el
razonamiento jurídico se ajustó al marco del proceso de selección, a la normativa
vigente y los criterios jurisprudenciales aplicables; (iii) la exigencia de aportar la
oferta y sus anexos no fue desproporcionada puesto que al demandante le
correspondía demostrar que tenía el derecho a ser adjudicatario del negocio para
obtener el restablecimiento pretendido, y; (v) la negativa de la pretensión económica
se sustentó en que el demandante no probó que su propuesta era la mejor.

Señaló, además, que la decisión tuvo sustento en los criterios fijados en casos
similares por las distintas subsecciones de la Sección Tercera de esta Corporación,
la que ha establecido que cuando se pretende el reconocimiento de la utilidad
derivada de la nulidad del acto de adjudicación debe constatarse dentro del plenario
que la oferta era la más favorable.

1.6.3. Consorcio Electrojjcoapenssar19

El apoderado de esta asociación pidió que se declare improcedente este
mecanismo por carecer de relevancia constitucional en tanto pretende ser usada
como una tercera instancia ya que el debate planteado gira en torno a cuestiones
que no trascienden de la esfera legal y económica. Aunado a que, no se configura
ninguno de los defectos contra la decisión enjuiciada.

Además, explicó que la parte demandante no aportó su propia oferta al proceso
ordinario ni elevó solicitud alguna para obtener las de los otros proponentes, por lo
que no puede alegar que se le impuso una carga irrazonable, sino que quiere usar
esta acción para subsanar la falta de diligencia probatoria.

1.6.4. Ministerio de Defensa, Policía Nacional20

La apoderada general de la entidad pidió que se niegue el amparo o, en su defecto,
se declare improcedente por falta de relevancia constitucional porque no vislumbra
la vulneración de las garantías invocadas, sino que la tutelante plantea un debate
meramente legal o económico.

Agregó que, el procedimiento administrativo precontractual se ejecutó con apego al
ordenamiento jurídico y se brindó a los oferentes las garantías del caso, pero no

19 Índice 020 y 022 de Samai.
20 Índice 019 y 024 de Samai.

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desestimó la propuesta del Consorcio Electrojjcoapenssar porque no existía una
prueba que desvirtuara la presunción de buena fe dentro de la licitación.

Por otra parte, consideró que, la accionante no logró que se le adjudicara el contrato
ni se le otorgaran las pretensiones indemnizatorias reclamadas; todo ello debido al
incumplimiento de su propia carga probatoria, máxime porque no puede pretender
que se ordene su restablecimiento del derecho con simples aseveraciones, sino que
debe probar el daño.

1.7. Sentencia de primera instancia21

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B dictó sentencia el 1° de
diciembre de 2025 en la que negó la solicitud de desvinculación presentada por el
Ministerio de Defensa, Policía Nacional y, declaró improcedente la acción por no
superar el requisito de relevancia constitucional.

Como sustento, consideró que, la solicitud de amparo pretende reabrir el debate ya
finalizado por el juez natural, sin que advierta una actuación arbitraria o ilegítima por
parte de la autoridad judicial accionada, la que explicó de manera suficiente y
razonable que el accionante incumplió con la carga de probar que su oferta era la
más favorable, máxime porque no allegó al plenario las ofertas presentadas en la
licitación para acreditar que la suya, en efecto era la mejor, lo que impedía realizar
la correspondiente comparación y evaluación.

La sentencia de primera instancia se notificó a las partes e intervinientes el 19 de
diciembre de 202522 mediante correo electrónico.

1.8. Impugnación23

El apoderado de la parte accionante solicitó que se revoque la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, se amparen las garantías invocadas porque, en su sentir,
aquella no resolvió el problema jurídico que delimitó en el fallo, dirigido a examinar
si el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A incurrió o no en los yerros
fáctico, procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto y sustantivo, sino que
se limitó a declararla improcedente porque giraba en torno a una discusión
meramente probatoria.

Subrayó que, lo que pretende a través de esta acción es que se determine la validez,
desde el ámbito constitucional, de la decisión proferida por el ad quem del proceso
ordinario, ya que le impuso a la demandante una carga probatoria excesiva al
exigirle que presentara como pruebas las fuentes primarias del proceso licitatorio.

21 Índice 028 de Samai.
22 Índice 031 de Samai.
23 Índice 033 de Samai. La sentencia se notificó el 19 de diciembre de 2025 a través de correo

electrónico y el escrito contentivo de la impugnación fue radicado el día 15 de enero de 2026, por lo
que fue oportuna su interposición. El recurso se concedió en auto del 21 de enero de 2026.

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Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06204-01

Concluyó que la relevancia constitucional se desprende de la importancia de la
distribución de la carga probatoria, de la prohibición de sacrificar el derecho
sustancial, de la igualdad procesal ante la administración, y de la coherencia en la
aplicación del precedente judicial.

En consecuencia, consideró que, en este caso, la sentencia de tutela incurre en una
incongruencia argumentativa y, desconoce el precedente de la sentencia dictada el
16 de junio de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
dentro del radicado 68001-23-33-000-2015-01193-01, en la que, a su juicio, se fijó
como regla vinculante que, para obtener el restablecimiento del derecho por la
declaratoria de nulidad de un acto de adjudicación debe probarse que la oferta del
demandante era la más favorable, sin exigirle que aporte las fuentes primarias.

Finalmente indicó que el juez constitucional desconoció la técnica propia del control
del precedente en sede tutela, el que no se limita a verificar si el accionante citó o
no fallos, sino a determinar si el juez contencioso aplicó o no el precedente.

1.9. Actuaciones en segunda instancia

1.9.1. Impedimentos

En escritos del 12 y 23 de febrero de 2026, los consejeros Gloria María Gómez
Montoya y Omar Joaquín Barreto Suárez manifestaron impedimento para conocer
del presente asunto invocando el numeral 5° del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal, comoquiera que sostienen una relación de amistad entrañable
con los magistrados María Adriana Marín y Fernando Alexei Pardo Flórez
respectivamente, quienes suscribieron la providencia enjuiciada al interior de la
presente acción de tutela.

Sin embargo, mediante providencia del 12 de marzo de 2026 los demás integrantes
de la Sección Quinta de esta Corporación, junto con los conjueces Antonio José
Lizarazo Ocampo y Álvaro Andrés Motta Navas declararon infundados los referidos
impedimentos.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Corporación es competente para resolver la impugnación formulada por la
parte accionante, conforme con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el
numeral 7º del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por los
Decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 201924.

24 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

8
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Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06204-01

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la sentencia del 1°
de diciembre de 2025 dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, a efectos de lo anterior, se deben resolver los siguientes problemas
jurídicos:

• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?

En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:

• ¿El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, vulneró las
garantías invocadas por la parte accionante al proferir la sentencia del 16 de
junio de 2025 dentro del medio de control nulidad y restablecimiento del
derecho (precontractual) identificado con el radicado 68001-23-33-000-2015-
01193-01?

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos generales de procedibilidad y, (iii) el caso
concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 25
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 26 y declaró su
procedencia.27

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.

25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María

Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
26 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
27 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».

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Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1 Relevancia constitucional

La Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202228 explicó que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, por tanto, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional debe atenderse lo siguiente:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino
que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de
los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de
igualdad.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así
se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia
y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica

28 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una
instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes
o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal29 (Énfasis de la
Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico30; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional31.

[…]

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

[…]

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos
de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales]
y no a problemas de carácter legal32”. En este orden, se reitera que el examen de
relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera
“inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales33”.

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.

[…]

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto34, lo que implica verificar que en efecto
se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los
derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal35.
(Resaltado de la Sala)

29 Sentencia SU-573 de 2019.
30 Sentencia SU-103 de 2022.
31 Sentencia SU-103 de 2022.
32 Sentencia SU-103 de 2022.
33 Sentencia SU-128 de 2021.
34 Sentencia SU-573 de 2019.
35 Ibid.

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2.5. Caso Concreto

La parte actora cuestiona la providencia del 16 de junio de 2025 en la que el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección A, revocó el proveído de primera instancia
dictado el 11 de abril de 2024 por el Tribunal Administrativo de Santander, en el que
se negaron las súplicas del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho (precontractual) identificado con el radicado 68001-23-33-000-2015-01193-
01, para en su lugar, declarar nulo el acto demandado, pero negó las pretensiones
indemnizatorias.

El a quo constitucional declaró improcedente el amparo porque concluyó que no
superaba el requisito de relevancia constitucional comoquiera que el accionante
pretendía reabrir el debate ya finalizado por el juez natural, dado que no advertía
una actuación arbitraria o ilegítima por parte de la autoridad judicial accionada.

Con todo y ello, la parte actora impugnó la decisión anterior y solicitó que se revoque
la decisión de primera instancia porque no resolvió el problema jurídico planteado,
dirigido a examinar si el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A al dictar
el fallo enjuiciado incurría en los defectos alegados, sino que se limitó a declarar la
improcedencia del mecanismo sin analizar nada de lo alegado en el escrito de tutela,
pese a que la providencia enjuiciada, en su sentir, vulnera sus derechos
fundamentales.

La Sala advierte que los yerros que el consorcio actor refiere como procedimental
por exceso ritual manifiesto, fáctico y sustantivo realmente se dirigen a cuestionar
la decisión del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, porque negó las
pretensiones indemnizatorias reclamadas por la parte actora comoquiera que no
probó que su oferta fuera la más favorable, cuyo requisito era indispensable para
acceder a la reclamación.

A pesar de ello, el actor, inconforme con la decisión a la que arribó el ad quem,
argumenta que sí aportó medios de prueba que el fallador podía haber tenido en
cuenta para conceder las súplicas, no obstante, el juez contencioso consideró que
la única prueba válida para demostrar que su oferta era la mejor, era que se
aportaran las fuentes primarias, es decir, las ofertas realizadas por todos los
proponentes.

Sin embargo, los planteamientos que expone el accionante ya fueron examinados
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A en la sentencia de
segundo grado, en la que se negaron las pretensiones indemnizatorias porque el
Consorcio G.H.C. 2015 no probó que su oferta fuera la más favorable para la
administración.

Por otra parte, en relación con el supuesto desconocimiento del precedente se
advierte que, pese a que el tutelante refirió sentencias dictadas por el Consejo de

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Estado36 y la Corte Constitucional37 en las que se establece que corresponde al
demandante probar que la oferta que presentó era la más favorable para que el juez
contencioso le conceda las pretensiones indemnizatorias, lo cierto es que, no señaló
cuál es la regla de derecho vinculante que estimaba aplicable a su situación y que
fue desconocida por el fallador de segundo grado.

Sobre el desconocimiento del precedente es preciso advertir que esta Sección 38 ha
considerado que la parte que invoca este defecto debe cumplir con la carga mínima
de identificar: (i) la decisión que considera desatendida; (ii) la ratio aplicable a la
solución del nuevo caso que se somete a la jurisdicción dada la analogía con la litis
anterior y, (iii) la incidencia de esta en la decisión final que adopte el fallador de
instancia, lo que no se cumplió por la parte actora.

Al respecto, cabe recordar que la carga argumentativa a la que hace alusión la Corte
Constitucional no se satisface simplemente con enunciar y transcribir artículos de la
Constitución Política para cumplir el mencionado ejercicio, aún más cuando se trata
de una providencia de una alta Corporación, tal como se indicó:

[…] el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes
debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una
actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales.
Así, la tutela contra providencias judiciales no debe representar una instancia
adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para definir controversias
doctrinarias o interpretativas de corrección legal. Como las altas cortes son
tribunales de cierre, es a ellas a quienes corresponde “la unificación de
jurisprudencia como forma de precisar con autoridad y vocación de generalidad el
significado y alcance de las diferentes áreas del ordenamiento jurídico”.39

Por último y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
las decisiones de las altas cortes debe ser estricto, lo que implica verificar que en
efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales invocados, en los términos que indicó la Corte
Constitucional en la sentencia SU-353 de 2020, cuya carga argumentativa no se
satisface de manera plena en el presente caso.

En este punto resulta pertinente recordar que, si bien la tutela puede ser procedente
para controvertir decisiones de cualquier grado, sin excluir las de las corporaciones
de cierre, también es importante resaltar que la jurisprudencia de la Corte
Constitucional hace especial énfasis en la carga argumentativa que se debe tener
cuando se pretende dejar sin efectos una decisión de la Sección que la Constitución

36 Citó las sentencias del 22 de septiembre de 2022, Exp. 65.630; y del 19 de mayo de 2025. Exp.

69.503.
37 Hizo referencia a la sentencia SU-304 de 2024.
38 Sobre este tema se pueden consultar las siguientes providencias de tutela proferidas por la

Sección Quinta: (i) Sentencia del 04 de diciembre de 2025, radicado: 11001-03-15-000-2025-06707-
00. C.P. Gloria María Gómez Montoya; (ii) sentencia del 30 de octubre de 2025, radicado: 11001-03-
15-000-2025-05962-00. C.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
39 Corte Constitucional, sentencia SU-0125 del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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Política40 y la Ley41 determinaron como suprema autoridad en la materia.

Por su parte, se recuerda que la administración de justicia garantiza que los
funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones,
circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprochar sus decisiones
vía acción de tutela; máxime cuando se advierte, como en el presente caso, que el
debate planteado busca mutar el amparo constitucional en una instancia adicional
y reabrir un debate ya zanjado por el juez contencioso, conforme las etapas que
para tal efecto estableció el legislador.

De esta forma, esta Sección advierte que, tal como lo indicó el a quo constitucional,
el consorcio accionante pretende reabrir el debate ya resuelto por el juez natural y
usar esta acción como una instancia adicional, razón por la cual no se supera el
requisito de relevancia constitucional y, en consecuencia, se confirmará la sentencia
del 1° de diciembre de 2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 1° de diciembre de 2025 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B que declaró improcedente la
acción constitucional promovida por el Consorcio G.H.C. 2015 contra el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A, por no superar el requisito de relevancia
constitucional.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

40 «Artículo 237. Son atribuciones del Consejo de Estado: 1. Desempeñar las funciones de tribunal

supremo de lo contencioso administrativo, conforme a las reglas que señale la ley. […]»
41 Ver Ley 2430 de 2024, artículo 14 «INTEGRACIÓN Y COMPOSICIÓN. El Consejo de Estado es

el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Cuerpo Supremo Consultivo del Gobierno y
estará integrado por elegidos por la misma Corporación para los períodos individuales que determina
la Constitución Política, de listas de diez (10) candidatos enviados por el Consejo Superior de la
Judicatura, para cada vacante que se presente, elaboradas previa convocatoria pública adelantada
de conformidad con lo previsto en esta ley.
[…]».
El Consejo de Estado es el máximo Tribunal de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo y estará integrado por treinta y un (31) magistrados, elegidos por la misma
Corporación para los períodos individuales que determina la Constitución Política, de listas
superiores a cinco (5) candidatos, que reúnan los requisitos constitucionales, por cada vacante que
se presente, enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura». (subrayado
fuera de texto)

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Ausente con permiso

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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