Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06707-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06707-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-06707-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
11 de diciembre de 2025
Demandante: Lucía Susana Rodríguez Burgos
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06707-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D. C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06707-00
Demandante: LUCÍA SUSANA RODRÍGUEZ BURGOS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN E
Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedente por no
superar el requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
La señora Lucía Susana Rodríguez Burgos, actuando a través de apoderado
judicial1, inició acción de tutela2 contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E, en la que solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad jurídica y de acceso a la
administración de justicia.
La parte actora consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con
ocasión de la providencia emitida por la autoridad judicial accionada el 29 de
septiembre de 2025 en la que revocó el proveído del a quo proferido el 15 de
noviembre de 2024 en el que se negaron las pretensiones dentro del medio de
1
Índice 002 de Samai. Poder conferido al abogado William Alexander Olave Villamil, que fue
autenticado en la Notaría Segunda del Círculo de Facatativá.
2
Acción de tutela radicada a través del aplicativo «tutela en línea» el 24 de octubre de 2025 bajo
el número interno 3266742.
1
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www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Lucía Susana Rodríguez Burgos
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06707-00
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
25269-33-33-002-2023-00191-00/01, y en su lugar, declaró la ineptitud sustantiva
de la demanda.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
[…]
SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración, ordénese a la
Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, con ponencia de la Magistrada Dra. Patricia Victoria Manjarrés
Bravo, que, en el término de 15 días hábiles, profiera nueva sentencia en sede de
segunda instancia, en consonancia con las consideraciones que para el caso
imparta el juez constitucional de tutela.3
1.3. Hechos
La señora Lucía Susana Rodríguez Burgos actuando a través de apoderado
judicial, promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la E.S.E Hospital San Rafael de Facatativá, con el fin de que se declarara
nulo el oficio 031-2023 de 21 de julio de 2023 en el que la demandada negó la
existencia de un contrato realidad y, en consecuencia, pidió que se le ordenara el
pago de las prestaciones sociales y laborales causadas entre el 19 de agosto de
2003 al 30 de junio de 2020, periodo en el que se desempeñó como auxiliar de
farmacia en la E.S.E referida.
En primera instancia, el proceso se asignó al Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito Judicial de Facatativá con el radicado 25269-33-33-002-2023-00191-00
que, mediante sentencia del 15 de noviembre de 2024, negó las pretensiones de
la demanda.
Como fundamento explicó que, aunque existían diversos contratos suscritos entre
la E.S.E. Hospital San Rafael de Facatativá y varias entidades intermediarias: «i)
COOPSEIN C.T.A; ii) Fundación Esperanza y Amor; iii) Máximo canal de
radioperadores LTDA; iv) CMPFARMA S.A.S.; v) COOMEDICOM y, vi) Sindicato
colombiano de trabajadores integrados del sector salud integrasalud», la
demandante no aportó ninguna prueba que demostrara la existencia de un nexo
contractual directo entre esta y las cooperativas o que evidenciara la
intermediación laboral encubierta con las que alegó la configuración de una
relación de trabajo subyacente a través de una intermediación con la E.S.E
3
Transcripción literal que puede contener errores.
2
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Demandante: Lucía Susana Rodríguez Burgos
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E
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Hospital San Rafael de Facatativá.
Inconforme con la decisión, la actora interpuso recurso de apelación que se
resolvió por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E 4, que mediante providencia del 29 de septiembre de 2025 revocó la
sentencia del a quo, y, en su lugar, declaró la ineptitud sustantiva de la demanda.
Lo anterior dado que, a su juicio, el acto administrativo que definió la situación
jurídica de la demandante fue el contenido en el oficio AJUR-083-20 del 9 de
septiembre de 2020 y reiterado en el AJUR-084-20 del 10 de septiembre de 2020,
y no los pronunciamientos posteriores expedidos por la demandada, que se
emitieron para reiterar la respuesta a la actora frente a las nuevas solicitudes
presentadas en el mismo sentido, esto es, que se declare la existencia de una
relación laboral encubierta.
El anterior proveído se notificó a las partes de forma personal mediante correo
electrónico el 29 de septiembre de 20255.
1.4. Fundamentos de la vulneración
La parte actora señaló que las providencias cuestionadas adolecen de los
siguientes yerros:
(i) Orgánico: señaló que, el ad quem no dijo nada respecto de la prescripción de
los derechos laborales reclamados, y de su interrupción. Además, indicó que la
jurisdicción contenciosa es competente para resolver controversias referentes a la
configuración de una relación laboral bien por contratos suscritos directamente con
la entidad o por tercerización.
Agregó que, si bien la actora elevó peticiones anteriores pidiendo a la E.S.E
Hospital San Rafael de Facatativá que reconociera la existencia del contrato
realidad, estas se negaron a través del oficio AJUR-083-20 del 9 de septiembre de
2020 y AJUR-084-20 del 10 de septiembre de 2020; sin embargo, como presentó
una nueva solicitud el 2 de junio de 2023 y la E.S.E emitió otra respuesta en el
oficio AJUR 031-2023 del 21 de julio de 2023, esta sí era susceptible de control
judicial, pero que las primeras respuestas debían tenerse en cuenta para la
interrupción de los términos de prescripción de derechos laborales.
(ii) Sustantivo: consideró que el tribunal desconoció lo previsto en los artículos 41
4
La sentencia fue suscrita por los magistrados, Patricia Victoria Manjarrés Bravo, Ramiro Ignacio
Dueñas Rugnon y Jaime Alberto Galeano Garzón.
5
Índice 011 y 012 de Samai del proceso 25269333300220230019101.
3
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Sección Segunda, Subsección E
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del Decreto 3135 de 19686 y 102 del Decreto 1848 de 19697 que señalan que,
cuando se eleva una petición ante la administración se interrumpen los términos
de prescripción por un término igual, por lo que, a su juicio, con la solicitud que la
actora presentó ante la E.S.E el 13 de agosto de 2020, los términos de prescripción
se interrumpían, pero ello no le impedía presentar una nueva reclamación análoga.
Explicó que, si bien la solicitud radicada el 3 de junio de 2023 no tenía la vocación
de revivir los términos de caducidad de los oficios AJUR 083-20 del 9 de
septiembre de 2020 y AJUR-084-20 del 10 de septiembre de 2020, esa
reclamación generó una nueva respuesta de la demandada, la que también podía
demandarse ante la jurisdicción contenciosa administrativa por ser un acto
particular y concreto que generó efectos jurídicos y el cual es independiente de los
otros actos, por lo que iteró que más allá de si existía o no caducidad, las
acreencias reclamadas no prescriben.
Explicó que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el oficio
AJUR 031-2023 del 21 de julio de 2023 se radicó el 8 de agosto de 2023, es decir,
dentro del término de 4 meses que señala el numeral 2, literal d) del artículo 164
del CPACA, que fenecía el 13 de agosto de 2023.
(iii) Desconocimiento del precedente: citó las sentencias de constitucionalidad
«539 de 2011, 634 de 2011, 816 de 2011 y 179 de 2016» y otras providencias del
Consejo de Estado8. Argumentó que el precedente desatendido es el referente a
las temáticas de la institución de la prescripción extintiva laboral que permiten
obtener el reconocimiento y pago de derechos laborales derivados de contrato
realidad en cualquier tiempo.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Por medio de auto del 31 de octubre de 2025, la Magistrada Ponente admitió la
6
Artículo 41º.- Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto
prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un
derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso
igual.
7
ARTÍCULO 102.- Prescripción de acciones.
1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este
Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación
se haya hecho exigible.
2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada,
sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por
un lapso igual.
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25
de agosto de 2016, radicado: 23001-233-000-2013-00206-01. C.P. Carmelo Perdomo Cuéter;
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 17 de
octubre de 2019, radicado: 20001-23-33-000-2014-00015-00. C.P. William Hernández Gómez.
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acción de tutela y ordenó notificar a la parte accionante9 y, como parte accionada,
a los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E10.
Asimismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el
resultado del proceso al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Facatativá11 [a quo proceso ordinario] y a la E.S.E Hospital San Rafael de
Facatativá12 [extremo pasivo] y se publicó un aviso a la comunidad en la página web
de la corporación13.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E14
El Magistrado Ponente de la decisión enjuiciada hizo un recuento de las
actuaciones surtidas en el proceso ordinario y pidió que se niegue el amparo
porque la sentencia cuestionada se encuentra debidamente sustentada.
Con respecto a los defectos alegados por la tutelante, indicó que ninguno de estos
se materializa en el caso objeto de estudio porque la accionante no señala
concretamente cuál es la norma indebidamente aplicada, sino que realiza una
interpretación subjetiva de los actos que considera susceptibles de control judicial.
Además, no evidenció una contradicción entre la parte motiva y resolutiva de la
providencia recurrida, sino que se realizó un análisis jurídico de la ineptitud
sustantiva de la demanda en atención a que no se demandó el acto definitivo.
Explicó que, la actora demandó la nulidad del oficio AJUR-031-2023 de 21 de julio
de 2023 y no de los oficios AJUR-083-20 del 9 de septiembre de 2020 y AJUR-
084-20 del 10 de septiembre de 2020, mediante los que el hospital negó la
existencia de un contrato realidad, por tanto, son los que definieron de manera
expresa su situación jurídica.
9
Índice 007 de Samai. La notificación fue realizada a: lucysusy33@gmail.com
waolavev@unal.edu.co y astreaserviciosjuridicos@gmail.com.
10
Índice 007 de Samai. La notificación fue realizada a: scs02tadmincdm@notificacionesrj.gov.co;
scs02sb05tadmincdm@notificacionesrj.gov.co;
rmemorialessec02setadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co.
11
Índice 007 de Samai. La notificación fue realizada a: j02adminfac@cendoj.ramajudicial.gov.co.
12
Índice 007 de Samai. La notificación fue realizada a:
notificacionesjudiciales@hospitalfacatativa.gov.co y siau@hospitalfacatativa.gov.co.
13
Índice 008 de Samai.
14
Índice 010 de Samai.
5
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En consecuencia, refirió que, al no haberse demandado los actos definitivos y
haber dirigido la demanda contra un acto distinto, la señora Rodríguez Burgos
incurría en un defecto sustancial por no cumplir con la exigencia del numeral 2 del
artículo 162 del CPACA, esto es, identificar correctamente el acto demandado, lo
que le impedía emitir un pronunciamiento de fondo.
Además, señaló que, no adelantó el examen de prescripción por cuanto no se logró
determinar la existencia o no del vínculo laboral, en la medida que no se
demandaron los actos administrativos definitivos y primigenios, tal como lo dispone
la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 del Consejo de Estado.
1.6.2. Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Facatativá15
Aportó el link del expediente electrónico, sin embargo, no hizo ningún
pronunciamiento sobre lo pretendido en esta acción.
1.6.3. La E.S.E Hospital San Rafael de Facatativá guardó silencio, pese a que
fue debidamente notificada.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por la señora Lucía Susana Rodríguez Burgos contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, de
conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por los Decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, y el Acuerdo 080 de 2019
de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Problema jurídico
Acorde con lo señalado en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
actora, el material probatorio recaudado y las intervenciones presentadas,
corresponde a la Sala resolver:
• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?
En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá:
15
Índice 013 y 015 de Samai.
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• ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E vulneró las garantías invocadas por la parte accionante al
proferir la sentencia del 29 de septiembre de 2025 en la que revocó el
proveído de primera instancia del 15 de noviembre de 2024 que negó las
pretensiones del medio de control nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 25269-33-33-002-2023-00191-00/01, para en su lugar,
declarar configurada la inepta demanda?
Para resolver los interrogantes planteados, resulta pertinente analizar los
siguientes temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva, y; (iii) el caso
concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201216
unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema17 y declaró su
procedencia.18
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez;
y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.
16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.
María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
17
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
18
Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
7
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Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.3.1. Relevancia constitucional
La Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202219 explicó que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, por tanto, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional debe atenderse lo siguiente:
[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino
que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones
de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio
de igualdad.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:
[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así
se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia
y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como
una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal20
(Énfasis de la Sala).
19
Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
20
Sentencia SU-573 de 2019.
8
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De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico21; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional22.
[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos
de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal23”. En este orden, se reitera que
el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda
la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales24”.
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.
[…]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto25, lo que implica verificar que en
efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal26.
(Resaltado de la Sala)
21
Sentencia SU-103 de 2022.
22
Sentencia SU-103 de 2022.
23
Sentencia SU-103 de 2022.
24
Sentencia SU-128 de 2021.
25
Sentencia SU-573 de 2019.
26
Ibid.
9
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2.4. Caso concreto
La parte actora cuestionó la sentencia del 29 de septiembre de 2025 proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, en
la que revocó el proveído de primera instancia dictado el 15 de noviembre de 2024
por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Facatativá en el
que negó las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado 25269-33-33-002-2023-00191-00/01 y, en su
lugar, declaró la ineptitud sustantiva de la demanda.
Lo anterior, ya que, a juicio de la parte tutelante, en la providencia cuestionada se
incurrió en los defectos orgánico, sustantivo y desconocimiento del precedente.
Respecto de lo alegado por la tutelante, la Sala evidencia que los argumentos
planteados, pese a que hacen alusión a un lenguaje constitucional, realmente
denotan una inconformidad con la decisión proferida por el juez ordinario en
segunda instancia, por lo que este mecanismo se torna improcedente porque no
cumple con el requisito de relevancia constitucional, como pasa a explicarse.
Advierte la Sección que los yerros que la accionante refiere orgánico y sustantivo
carecen de carga argumentativa porque la actora no explica la forma en que la
providencia cuestionada incurre en los referidos defectos, sino que se limita a
explicar los motivos por los que considera que el acto frente al que pidió la nulidad,
esto es, el oficio AJUR-031-2023 de 21 de julio de 2023 sí era susceptible de
control judicial, máxime porque las pretensiones reclamadas no se veían afectadas
por la figura de la prescripción por tratarse de derechos laborales.
Sin embargo, se advierte que, el planteamiento de la tutelante demuestra la
discrepancia con la decisión del tribunal, quién declaró que en el caso de la señora
Lucía Susana Rodríguez Burgos se configuraba la excepción de inepta demanda,
porque, a su juicio, la pretensión de nulidad no se dirigió frente al oficio AJUR-083-
20 del 9 de septiembre de 2020 que consideró como el acto administrativo
definitivo, porque resolvía la situación jurídica de la actora al ser el que negó el
reconocimiento de una relación laboral encubierta y no el que finalmente demandó
la actora, esto es, el oficio 031-2023 de 21 de julio de 2023, dado que en este se
reiteró la respuesta negativa a la reclamación ya presentada por la demandante.
Para dar sustento al planteamiento, la tutelante corroboró que efectivamente elevó
solicitudes anteriores ante la administración con el mismo asunto, no obstante,
consideró que la respuesta emitida por la demandada frente a aquellas solo debía
tenerse en cuenta para la interrupción de los términos de prescripción de las
acreencias laborales reclamadas y no para decidir que eran los únicos actos
susceptibles de control judicial, sin embargo, los argumentos que despliega la
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Demandante: Lucía Susana Rodríguez Burgos
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06707-00
accionante, más allá de sustentar los yerros alegados, denotan una inconformidad
con la decisión del ad quem, por lo que es claro que la actora pretende usar este
mecanismo como una instancia adicional.
Por otra parte, en relación con el supuesto desconocimiento del precedente, se
advierte que, aunque la actora sostiene que el tribunal desatendió diversas
sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, las cuales, a su
juicio, versan sobre la prescripción extintiva en materia laboral, lo cierto es que no
individualizó la regla de derecho vinculante que estimaba aplicable a su situación,
ni expuso la incidencia concreta que tales providencias tendrían en la decisión
adoptada por el ad quem del proceso ordinario. En consecuencia, no se satisface
la carga argumentativa mínima que habilitaría a la Sala a efectuar un análisis de
fondo.
Sobre el desconocimiento del precedente es preciso advertir que esta Sección ha
considerado que la parte que invoca este defecto debe cumplir con la carga mínima
de identificar: (i) la decisión que considera desatendida; (ii) la ratio aplicable a la
solución del nuevo caso que se somete a la jurisdicción dada la analogía con la
litis anterior y, (iii) la incidencia de esta en la decisión final que adopte el fallador
de instancia, lo que no se cumplió por la parte actora por lo que se declarará
improcedente.
Por su parte, se recuerda que la administración de justicia garantiza que los
funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones,
circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprochar sus
pronunciamientos vía acción de tutela; máxime cuando se advierte, como en el
presente caso, que el debate planteado por la tutelante busca mutar el amparo
constitucional en una instancia adicional, para que el juez de tutela revise lo
decidido por el ad quem y dicte un fallo que le resulte favorable a su reclamación.
En consecuencia, en el presente caso, se declarará improcedente este mecanismo
por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por la señora
Lucía Susana Rodríguez Burgos contra el Tribunal Administrativo de
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Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E
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Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, por no satisfacer el requisito de
relevancia constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En el evento que esta decisión no sea impugnada, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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