Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05338-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05338-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-05338-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
13 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D. C., trece (13) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05338-00
Demandante: RAFAEL ANTONIO GARCÍA GONZÁLEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA, SALA
TERCERA DE DECISIÓN
Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedente por no
superar el requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 1 de la Sala
Plena de esta corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo2
El señor Rafael Antonio García González, actuando a través de apoderado
judicial3, inició acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala
Tercera de Decisión, a efectos de obtener el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de
justicia.
El actor consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con ocasión
de la providencia del 30 de enero de 2026 en la que la autoridad judicial accionada
revocó la sentencia dictada por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito
Judicial de Montería el 2 de octubre de 2020, en la que se había accedido a las
pretensiones del medio de control de reparación directa identificado con el
radicado 23001-33-33-001-2013-00323-00/01 que promovió contra la Nación,
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 002 de Samai. Acción de tutela radicada el 14 de julio de 2026 a la que se le asignó la
secuencia interna número 8593.
3
Poder conferido al abogado Harry Benjamín Arrieta Villegas, a través de mensaje de datos.
Demandante: Rafael Antonio García González
Demandado: Tribunal Administrativo de Córdoba,
Sala Tercera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05338-00
Ministerio de Defensa, Policía Nacional, para, en su lugar, negarlas.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
[…]
SEGUNDA: Solicito respetuosamente que se ordene al TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA que, en un término de
Cuarenta y Ocho (48) horas, deje sin efectos la providencia judicial proferida el día
treinta (30) de enero de dos mil veintiséis (2026), con ponencia de la Magistrada
MARÍA VIRGINIA LORDUY VILLARREAL, en el proceso de reparación directa
distinguido con el radicado No. 23001333300120130032301, a través de la cual se
revocó la condena impuesta a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA
NACIONAL y se negaron las pretensiones de la demanda.
TERCERA: Solicito respetuosamente que se ordene al TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA que, en un término no
superior a treinta (30) días, profiera nueva sentencia mediante la cual se valore
íntegramente el acervo probatorio; aplique correctamente la distribución de la
carga probatoria del régimen objetivo; aplique el precedente del Consejo de Estado
sobre imputación en actividades peligrosas concurrentes; valore el testimonio del
señor ERISNEL BELTRÁN BELLO distinguiendo lo consistente de lo
contradictorio; y que valore íntegramente la declaración del Patrullero OSCAR
ALEJANDRO ROJAS FERNÁNDEZ bajo un estándar de mayor rigurosidad;
efectuando una valoración de las pruebas en su integridad y en su conjunto, con
base en las reglas de la sana crítica y de acuerdo a lo exige la norma procesal.
CUARTA: Solicito respetuosamente que se ordene al TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA que, examine, conforme al deber constitucional
establecido en la sentencia T-452 de 2025 de la Corte Constitucional, si los hechos
probados en el expediente configuran, además del riesgo excepcional, el título de
imputación de falla del servicio, y se pronuncie motivadamente sobre los títulos de
imputación que resulten acreditados, sin limitarse al análisis de uno solo de ellos.
[…]4.
1.3. Hechos
El señor Rafael Antonio García González sufrió un accidente el 02 de junio de 2011
mientras se movilizaba en la motocicleta de placas MGW-07A en la vía que
conduce al municipio de Cereté desde Montería, al colisionar con una camioneta
Nissan Frontier identificada con la sigla 04-0165, al servicio de la Policía Nacional.
Según relató el actor, el conductor del vehículo oficial no esperó la llegada de las
autoridades de tránsito, sino que asumió los daños materiales de la motocicleta.
Sin embargo, al día siguiente, tras mucho dolor, tuvo que recibir asistencia médica
4 Transcripción literal que puede contener errores.
2
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Demandante: Rafael Antonio García González
Demandado: Tribunal Administrativo de Córdoba,
Sala Tercera de Decisión
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en la Clínica de Traumas y Fracturas de Montería en la que le diagnosticaron
«fractura del primer metacarpiano de la mano izquierda y trauma del tendón y del
músculo flexor del pulgar» por lo que le fue practicada una cirugía el día 4 del
mismo mes y año. No obstante, debido a las secuelas, fue calificado con una
pérdida de capacidad laboral de 26.34% por parte de Junta Regional de
Calificación de Invalidez de Bolívar, mediante dictamen del 18 de noviembre de
2015.
Como consecuencia, promovió demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, con
el fin de que fuera declarada responsable por los daños y perjuicios padecidos por
el demandante, con ocasión al accidente de tránsito ocurrido en fecha de 2 de
junio de 2011 en razón a que en el siniestro estuvo involucrado un vehículo oficial
de dicha institución.
En primera instancia el proceso se asignó al Juzgado Primero Administrativo del
Circuito Judicial de Montería, que mediante sentencia del 2 de octubre de 2020
accedió a las súplicas de la demanda. Como sustento indicó que, con la historia
clínica se probó el daño con las lesiones sufridas por el actor como consecuencia
del accidente de tránsito y la antijuricidad de este, por cuanto, el accidente fue
consecuencia del riesgo que asumió el patrullero de la Policía Nacional, mientras
prestaba el servicio, «al intentar girar en U sin el cuidado suficiente, obstaculizando
la vía por donde se movilizaba el actor».
El fallo se apeló por la demandada y en segunda instancia, el Tribunal
Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de Decisión5, en providencia del 30 de
enero de 2026 revocó la decisión y negó las pretensiones.
Para el tribunal, si bien se puede establecer la existencia del daño con la historia
clínica, de las otras pruebas allegadas, esto es, las fotografías del lugar del
siniestro, y los testimonios, no se puede imputar responsabilidad estatal
comoquiera que, el registro fotográfico aportado se tomó 3 años después de
ocurrido el accidente, por lo que «no tiene la virtualidad de establecer cómo era el
estado de la vía o si existían señales de tránsito al momento del accidente» y, por
otro lado, las declaraciones de los testigos eran muy contradictorias, por lo que,
no tienen la precisión para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido. Agregó
que, «en casos de colisión de vehículos al tratarse de dos actividades riesgosas
que convergen, la responsabilidad debe determinarse estableciendo cuál fue la
causa que originó el accidente; situación que no está clara en el sub lite».
El anterior proveído se notificó a las partes de forma personal mediante correo
5 Conformada por los magistrados María Virginia Lorduy Villarreal, Pedro Olivella Solano y María
Bernarda Martínez Cruz.
3
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electrónico el 12 de febrero de 20266.
1.4. Fundamentos de la vulneración
El accionante señaló que la providencia cuestionada adolece de los siguientes
defectos:
(i) Fáctico: afirmó que, al actor solo le correspondía demostrar el daño antijurídico,
la ocurrencia del accidente en el marco de la actividad peligrosa estatal y el nexo
causal, mientras que a la entidad demandada le correspondía acreditar la
existencia de algún eximente de responsabilidad, pero no lo hizo.
Agregó que, que la contradicción advertida por el tribunal respecto del testimonio
del señor Erisnel Beltrán Bello recae sobre un aspecto periférico, esto es, si el
testigo presenció el impacto o llegó momentos después, circunstancia que no le
resta credibilidad al hecho de que el vehículo oficial se encontraba atravesado en
la vía, como este lo manifestó en su declaración. Aunado a que, de existir una
contradicción secundaria, ello no permite invalidar esta prueba, pues de lo
contrario, se desconocería el artículo 176 del Código General del Proceso.
Con respecto a la declaración del patrullero señaló que, si bien la autoridad judicial
anunció que la sometería a mayores niveles de rigurosidad por tratarse de un
testigo sospechoso, de aquella solo extrajo lo favorable a la entidad demandada,
ignorando manifestaciones que la perjudicaban, tales como: que el agente sí
realizó el giro en «U», que la motocicleta quedó incrustada en la camioneta, que
acordó con la víctima no llamar a las autoridades de tránsito, que pagó la totalidad
de los daños, y que en el sector existían reductores de velocidad.
En cuanto al registro fotográfico, indicó que, la antigüedad de este no debe restarle
mérito, pues la ubicación del colegio, la señalización vial y los reductores de
velocidad son una infraestructura permanente, y porque el patrullero confirmó la
existencia de esos elementos.
Finalmente, indicó que, como el mismo agente de la Policía Nacional confirmó que
había reparado voluntariamente los daños de la motocicleta, debía aplicarse las
máximas de experiencia, como lo hizo el a quo, para concluir que «nadie repara
voluntariamente los daños que no ha causado, de modo que el pago efectuado por
el patrullero refuerza el indicio en lugar de eliminarlo».
(ii) Sustantivo: comoquiera que el tribunal reconoció expresamente que el título
de imputación aplicable era el de riesgo excepcional por actividades peligrosas,
propia del régimen objetivo, en donde no se requiere acreditar falla del servicio;
6 Índice 025 de Samai del proceso 23001333300120130032301.
4
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sin embargo, concluyó que «la parte actora no cumplió con su carga de probar la
causa del accidente», exigiéndole al demandante un estándar de certeza absoluta
sobre la ocurrencia del siniestro, propio del régimen subjetivo de falla del servicio.
(iii) Desconocimiento del precedente judicial: dispuesto por la Corte
Constitucional en las sentencias SU-769 de 2014 y SU-354 de 2017 en las
estableció la procedencia de la tutela contra providencia judicial cuando se
desconoce abiertamente el precedente de un órgano de cierre jurisdiccional.
Advirtió que, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, Sección Tercera7, en
materia de colisión de vehículos y actividades peligrosas, el título de imputación
no muta a uno de naturaleza subjetiva o de falla del servicio, sino que se mantiene
en la dimensión objetiva, siendo aplicable el título de imputación del riesgo
excepcional, debiendo el juez analizar cuál de las partes rompió el equilibrio y elevó
el riesgo permitido.
Agregó que, conforme a la sentencia T-452 de 2025 de la Corte Constitucional, es
deber del juez pronunciarse sobre todos los títulos de imputación que resulten
probados, con independencia del invocado por la parte demandante, de manera
que el tribunal no podía limitarse a descartar el riesgo excepcional sin examinar si
los mismos hechos configuraban una falla del servicio.
(iv) Violación del principio de congruencia: refirió que este se configura cuando
el juez no se pronuncia sobre la aplicación o inaplicación de un precedente citado
por una de las partes. En su caso, afirmó haber invocado jurisprudencia del
Consejo de Estado, sobre riesgo excepcional en actividades peligrosas
concurrentes en el proceso de reparación directa, no obstante, el tribunal omitió
aplicarlo o motivar suficientemente porqué no lo hacía, pues solo se limitó a indicar
que no estaba clara la causa del accidente.
Concluyó que, existe contradicción entre lo reconocido en la parte motiva de la
providencia, esto es, la aplicación del régimen objetivo de riesgo excepcional y del
estándar de mayor rigurosidad para el testigo sospechoso, y lo efectivamente
aplicado al resolver el caso, donde se exigió una certeza probatoria propia del
régimen subjetivo y se valoró benévolamente la declaración del patrullero.
(v) Violación directa de la Constitución Política: por desatender el artículo 90
de la Carta Política, por cuanto, una vez se reconoce la existencia de un daño
antijurídico plenamente acreditado y que fue causado por un agente del Estado en
ejercicio de sus funciones, no hay lugar a negar la reparación a la persona
7 Citó las siguientes sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera: (i) 14 de abril de 2010.
M.P. Enrique Gil Botero y; (ii) del 10 de febrero de 2017. M.P. Ramiro Pazos Guerrero.
5
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Demandado: Tribunal Administrativo de Córdoba,
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afectada.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Por medio de auto del 22 de julio de 2026, la Magistrada Ponente admitió la acción
de tutela y ordenó notificar a la parte accionante8 y, como accionados, a los
magistrados que integran el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de
Decisión9.
Asimismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el
resultado del proceso, al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de
Montería10 [a quo de la reparación directa] y a la Nación, Ministerio de Defensa11,
Policía Nacional12 [demandado].
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
1.6.1. Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Montería13 y el
Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de Decisión14 aportaron el
link de acceso al expediente electrónico, sin pronunciarse respecto de las
pretensiones de la presente acción constitucional.
1.6.2. Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional15
La entidad solicitó que se niegue el amparo al no existir vulneración alguna a los
derechos fundamentales invocados por la parte actora, puesto que, en el proceso
se respetaron todas las garantías de defensa, contradicción y de acceso a la
administración de justicia, no obstante, se negaron las pretensiones de reparación
directa en segunda instancia porque el demandante no acreditó que la conducta
imputada fuera la causa directa del daño, ni se demostró la relación de causalidad
entre el hecho y el perjuicio alegado por el accionante.
8 Índice 007 de Samai. Notificación enviada al correo: harryarrieta@yahoo.es y
rogerandresvalverde@gmail.com.
9 Índice 007 de Samai. Notificación enviada al correo: setradmon@cendoj.ramajudicial.gov.co.
10 Índice 007 de Samai. Notificación enviada al correo: adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co.
11 Índice 007 de Samai. Notificación enviada al correo: notificaciones.tutelas@mindefensa.gov.co.
12 Índice 007 de Samai. Notificación enviada a los correos: segen.consejo@policia.gov.co y
notificacion.tutelas@policia.gov.co.
13 Índice 012 de Samai.
14 Índice 013 de Samai.
15 Índice 014 de Samai.
6
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Finalmente, señaló que la acción de tutela resulta improcedente como mecanismo
transitorio, dado que no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable, esto
es, inminente, grave, urgente e impostergable, y que el asunto ya fue debatido a
través de las vías judiciales idóneas previstas en el ordenamiento jurídico.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por el señor Rafael Antonio García González contra el Tribunal
Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de Decisión, de conformidad con lo
establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por los
Decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta Corporación16.
2.2. Problema jurídico
Acorde con lo señalado en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
actora, el material probatorio recaudado y las intervenciones presentadas,
corresponde a la Sala decidir:
• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?
En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá:
• ¿El Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de Decisión vulneró
las garantías invocadas por la parte accionante, al proferir la sentencia del
30 de enero de 2026 en el proceso de reparación directa identificado con el
radicado 23001-33-33-001-2013-00323-00/01?
Para desatar los interrogantes planteados, resulta pertinente analizar los
siguientes temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva, y; (iii) el caso
concreto.
16 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
7
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2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201217
unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema18 y declaró su
procedencia.19
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez;
y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.3.1. Relevancia constitucional
La Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202220 explicó que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, por tanto, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional debe atenderse lo siguiente:
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.
María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
18 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
19 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
20 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
8
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[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino
que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones
de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio
de igualdad.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:
[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así
se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia
y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como
una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal21
(Énfasis de la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico22; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional23.
[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
[…]
21 Sentencia SU-573 de 2019.
22 Sentencia SU-103 de 2022.
23 Sentencia SU-103 de 2022.
9
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Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos
de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal24”. En este orden, se reitera que
el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda
la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales25”.
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.
[…]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto26, lo que implica verificar que en
efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal27.
(Resaltado de la Sala)
2.4. Caso concreto
La parte actora cuestionó la providencia del 30 de enero de 2026 en la que la
autoridad judicial accionada revocó la sentencia dictada por el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito Judicial de Montería el 2 de octubre de 2020, que había
accedido a las pretensiones del medio de control de reparación directa identificado
con el radicado 23001-33-33-001-2013-00323-00/01 que promovió contra la
Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, para, en su lugar, negarlas.
Lo anterior, ya que, a su juicio, en el proveído cuestionado el tribunal incurrió en
los defectos fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente judicial,
incongruencia de la decisión y violación directa de la Carta Política.
Respecto de lo alegado por el actor la Sala evidencia que los argumentos
desplegados, pese a que hacen alusión a un lenguaje constitucional, realmente
denotan una inconformidad con lo resuelto por el fallador de segunda instancia,
por lo que este mecanismo se torna improcedente porque no cumple con el
requisito de relevancia constitucional, como pasa a explicarse.
24 Sentencia SU-103 de 2022.
25 Sentencia SU-128 de 2021.
26 Sentencia SU-573 de 2019.
27 Ibid.
10
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Advierte la Sección que, los planteamientos del tutelante respecto de los yerros
sustantivo y fáctico están dirigidos a cuestionar la valoración probatoria efectuada
por la autoridad judicial accionada, así como la escogencia del título de imputación
bajo el cual se examinaría el asunto sometido a su conocimiento, puesto que, para
el actor, de los elementos aportados al plenario era posible concluir que sí existió
responsabilidad del Estado en las lesiones que le generó el accidente, lo que
acreditó con la prueba documental aportada, los testimonios y los registros
fotográficos. Además, consideró que, al tratarse de la ocurrencia de un accidente
en el marco de la actividad peligrosa el título de imputación aplicable era el objetivo
por riesgo excepcional, por lo que correspondía a la demandada probar la
existencia de una causal eximente de responsabilidad para evitar una condena, lo
que no ocurrió.
Sin embargo, la Sección se percató de que, el tribunal accionado, en la providencia
enjuiciada examinó los elementos probatorios aportados y concluyó que, si bien
se encontraban acreditados las lesiones al demandante28, estas no se podían
imputar a la Policía Nacional, comoquiera que, en los casos en los que se producen
daños por la colisión de vehículos en movimiento, se debe examinar la causalidad,
es decir, «determinar cuál fue la causa que originó el accidente», dada la
concurrencia en el ejercicio de dos actividades peligrosas. No obstante, consideró
que, de las pruebas aportadas no pudo determinarse cuál fue la causa que originó
el accidente.
Para arribar a tal conclusión, estimó que: los testimonios presentaban
contradicciones y contenían apreciaciones subjetivas sobre los hechos, por lo que
no tenían la precisión para esclarecer las circunstancias del accidente de tránsito;
toda vez que la declaración del señor Oscar Alejandro Rojas Fernández, quién fue
el patrullero envuelto en el siniestro, resultaba imparcial «porque fue él quien
estuvo involucrado en el siniestro vial»; y frente al registro fotográfico que «esta
prueba no tiene la virtualidad de establecer cómo era el estado de la vía o si
existían señales de tránsito al momento del accidente, toda vez que, dicho material
fotográfico fue tomado 3 años después de ocurrido el siniestro, puesto que, este
ocurrió el 2 de junio de 2011».
Además, a juicio del tribunal, «el comportamiento del miembro de la Policía
Nacional involucrado en el accidente de tránsito no tiene la entidad de suplir la
acreditación de las circunstancias fácticas que rodearon el accidente de tránsito,
pues, acorde la jurisprudencia consolidada del Consejo de Estado, en la colisión
28 Para concluir que el daño se encontraba probado tuvo en cuenta la historia clínica del 3 de junio
de 2011, la epicrisis del 4 de junio del mismo año y el dictamen del 18 de noviembre de 2015 de la
Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar, que determinó una pérdida de capacidad
laboral del 26.34%.
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de vehículos, al tratarse de dos actividades riesgosas que convergen, la
responsabilidad debe determinarse estableciendo cuál fue la causa que originó el
accidente».
Por lo tanto, la Sala observa que, el planteamiento del tutelante demuestra su
discrepancia con la valoración de los testimonios y del registro fotográfico, con el
fin de que, el juez constitucional revalúe la apreciación de aquellos elementos y
adopte una interpretación favorable a sus intereses. Se trata, entonces, de una
controversia sobre el mérito de las pruebas, que fue debatida y resuelta por el juez
natural de la causa; circunstancia que no compromete, por sí sola, el contenido,
alcance y goce de un derecho fundamental, por lo que, estos yerros no superan el
requisito de relevancia constitucional.
Por otro lado, el cargo de violación directa de la Constitución Política tampoco logra
superar el presupuesto mencionado, pues se sustentan en los mismos
razonamientos probatorios y de interpretación legal ya reseñados, es decir, que el
tribunal no desconoció el artículo 90 Superior ni la existencia del daño, que lo
declaró acreditado, pero no se probó la imputación.
Lo mismo ocurre con el reproche referido a incongruencia interna de la sentencia,
pues si bien el actor, señala la existencia de una contradicción entre lo reconocido
en la parte motiva de la providencia, dado que, a su juicio, el tribunal indicó que
aplicaría el régimen objetivo de responsabilidad por riesgo excepcional en la parte
motiva resolvió el caso bajo la óptica del régimen subjetivo, lo cierto es que, los
argumentos exponen simples apreciaciones personales en los que la parte actora
pretende derivar responsabilidad de la entidad demandada.
Lo anterior, comoquiera que, de la lectura de la providencia de segunda instancia,
se advierte que el tribunal sostuvo lo contrario a lo indicado por el demandante,
esto es, que ante la concurrencia de actividades peligrosas la controversia debía
resolverse mediante el estudio de la causalidad, es decir, «cuál fue la causa que
originó el accidente» y no con fundamento en el régimen objetivo de causalidad
dado que, «el daño antijurídico que se alega es producto de un accidente de
tránsito producto de la colisión de dos vehículos en movimiento».
Por tanto, lo que el actor propone es una discusión sobre el título de imputación
aplicable a la responsabilidad extracontractual del Estado en los accidentes de
tránsito, asunto que corresponde al juez natural de la causa y que, por lo mismo,
escapa al ámbito del juez de tutela, por lo que este yerro tampoco supera el
requisito de relevancia constitucional.
Ahora bien, en lo que respecta al yerro del desconocimiento del precedente
judicial, se evidencia que, si bien el tutelante identificó las providencias que estimó
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desatendidas29, lo cierto es que no individualizó la regla de derecho vinculante que
estimaba aplicable a su situación, ni expuso la incidencia concreta que esta tendría
en la decisión adoptada por el fallador de segundo grado. En consecuencia, no se
satisface la carga argumentativa mínima que habilitaría a la Sala a efectuar un
análisis de fondo.
Frente a este defecto es preciso advertir que esta Sección30 ha considerado que
la parte que lo invoca debe cumplir con la carga mínima de identificar: (i) la
providencia que considera desatendida; (ii) la ratio aplicable a la solución del nuevo
caso que se somete a la jurisdicción dada la analogía con la litis anterior y, (iii) la
incidencia de esta en el fallo, lo que no se cumplió por el actor.
Por su parte, se recuerda que la administración de justicia garantiza que los
funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones,
circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprochar sus
pronunciamientos vía acción de tutela; máxime cuando se advierte, como en el
presente caso, que el debate planteado por el actor busca mutar el amparo
constitucional en una instancia adicional, para que el juez de tutela revise lo
resuelto por el tribunal y dicte un fallo favorable a sus reclamaciones.
En consecuencia, en el presente caso, se declarará improcedente este mecanismo
por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por el señor
Rafael Antonio García González contra el Tribunal Administrativo de Córdoba,
Sala Tercera de Decisión, por no satisfacer el requisito de relevancia
constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En el evento que esta decisión no sea impugnada, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
29 Citó las siguientes sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera: (i) 14 de abril de 2010.
M.P. Enrique Gil Botero y; (ii) del 10 de febrero de 2017. M.P. Ramiro Pazos Guerrero.
30 Sobre este tema se pueden consultar las siguientes providencias de tutela proferidas por la
Sección Quinta: (i) Sentencia del 04 de diciembre de 2025, radicado: 11001-03-15-000-2025-
06707-00. C.P. Gloria María Gómez Montoya; (ii) sentencia del 30 de octubre de 2025, radicado:
11001-03-15-000-2025-05962-00. C.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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