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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04162-00

Fecha
2 de julio de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04162-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por el señor Juan Carlos Olarte Santamaría contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En el evento que esta decisión no sea impugnada, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-04162-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

2 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., dos (2) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04162-00
Demandante: JUAN CARLOS OLARTE SANTAMARÍA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN C

Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedente por no
superar el requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 1 de la Sala
Plena de esta corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo2

El señor Juan Carlos Olarte Santamaría, actuando en nombre propio, inició acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, a efectos de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial
efectiva y la aplicación de los principios de buena fe, confianza legítima,
favorabilidad en materia laboral, prevalencia del derecho sustancial, seguridad
jurídica y primacía de la realidad sobre las formas.

El actor consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con ocasión
de la providencia del 30 de abril de 2026 en la que la autoridad judicial accionada
confirmó el auto del 26 de agosto de 2024 en el que el Juzgado Veinticuatro
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá libró mandamiento de pago en el
proceso ejecutivo identificado con el radicado número 11001-33-35-024-2022-
00495-00/02.

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 002 de Samai. Acción de tutela radicada el 29 de mayo de 2026 a la que se le asignó la

secuencia interna número 6692.

Demandante: Juan Carlos Olarte Santamaría
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04162-00

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

[…]
SEGUNDA. Dejar sin efectos la providencia proferida el treinta (30) de abril de dos
mil veintiséis (2026) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección “C”, dentro del radicado No. 11001333502420220049502.

TERCERA. Ordenar a la autoridad judicial accionada emitir una nueva decisión
respetando integralmente:

• El alcance material del título ejecutivo;
• El principio de primacía de la realidad;
• La interpretación favorable al trabajador;
• El precedente constitucional aplicable;
• Y el reconocimiento administrativo previamente efectuado por la
propia entidad demandada.

CUARTA. Ordenar que la nueva decisión valore integralmente la Resolución No.
556 de 2022 y los factores salariales y prestacionales reconocidos en dicho acto
administrativo.3

1.2.1. El accionante solicitó como medida provisional, lo siguiente:

✓ La suspensión parcial de los efectos de la providencia accionada;
✓ La suspensión de actuaciones derivadas de la decisión cuestionada;
✓ La preservación integral del crédito judicial mientras se resuelve de fondo la
presente acción constitucional.

1.3. Hechos

El señor Juan Carlos Olarte Santamaría promovió el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho contra la Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur E.S.E., -en adelante Subred Sur- a fin de que se examine la legalidad del Oficio
No. OJU-E-1504-2017 que le negó el pago de acreencias laborales derivadas de
la presunta relación legal y reglamentaria entre el demandante y la entidad, y como
consecuencia, se declare la existencia de una relación subrepticia y se ordene el
pago de las diferencias salariales dejadas de percibir al ocupar el cargo de auxiliar
administrativo, grado 08, código 407, entre el 8 de abril de 2009 y el 15 de febrero
de 2017.

El proceso se asignó al Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito Judicial

3 Transcripción literal que puede contener errores.

2

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Demandante: Juan Carlos Olarte Santamaría
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C
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de Bogotá4, que mediante sentencia del 23 de julio de 2019 accedió parcialmente
a las súplicas; (i) declaró la existencia de un vínculo laboral encubierto entre la
Subred Sur y el señor Juan Carlos Olarte Santamaría durante el periodo
comprendido entre el 8 de abril de 2009 hasta el 15 de febrero de 2017, y le ordenó
a la demandada; (ii) pagar los salarios y prestaciones sociales por el periodo de
vinculación; (iii) consignar al respectivo fondo los aportes a pensión teniendo como
base de cotización los honorarios pactados mes a mes y descontando lo
consignado por el señor Olarte Santamaría; (iv) pagar los aportes a salud que le
correspondían como empleadora y; (v) consignar a la Caja de Compensación.

La parte demanda presentó recurso de apelación y en segunda instancia, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
mediante sentencia del 28 de abril de 2021 confirmó parcialmente la decisión.

Para el tribunal, no se podía disponer el pago de aportes a salud, ni a la caja de
compensación. Frente al primero porque aquella es una contraprestación cuyo
beneficio se percibe a futuro, y con respecto al segundo, determinó que no existía
prueba de que el demandante hubiera disfrutado de los beneficios derivados de
este, por lo que revocó la condena en dichos aspectos. Por otro lado, modificó lo
referente a los aportes a pensión y dispuso que Subred Sur debería consignar solo
la proporción que legalmente le correspondía como empleadora durante el periodo
de vinculación del demandante y confirmó en lo demás el fallo.

En cumplimiento de la orden judicial, Subred Sur profirió la Resolución 556 del 23
de mayo de 20225. Sin embargo, el actor consideró que persistían obligaciones sin
saldar, por lo que, promovió demanda ejecutiva con el fin de hacer efectiva, de
forma íntegra, la condena reconocida a su favor.

El Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá advirtió que
subsistían acreencias insolutas a cargo de Subred Sur por lo que mediante auto
del 26 de agosto de 2024 libró mandamiento de pago6 y le ordenó cancelar: (i)
$1.081.338 por concepto de la diferencia de prestaciones sociales e indexación,
causados desde el 8 de abril de 2009 hasta el 15 de febrero de 2017; (ii)
$3.155.803 por intereses moratorios desde la fecha de exigibilidad del título hasta

4 El proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se tramitó con el radicado número 11001

3335 024-2018-00036-00.
5 En esta se ordenó: «PRIMERO. Reconocer Y Ordenar El Pago De La Suma De OCHENTA Y

CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS
PESOS MONEDA CORRIENTE ($84.535.962), en cumplimiento de la sentencia proferida por el
Juzgado Veinticuatro (24) Administrativo del Circuito de Bogotá, de fecha veintitrés (23) de julio de
dos mil diecinueve (2019), confirmada y modificada parcialmente por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca Sección Segunda Subsección C, con ocasión del proceso de Nulidad y
Restablecimiento de Derecho con radicado No.11001-33-35-024-2018-00036-01, adelantado por
el señor JUAN CARLOS OLARTE SANTAMARÍA […]».
6 El proceso ejecutivo se tramita con el radicado 11001333502420220049500/02.

3

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Demandante: Juan Carlos Olarte Santamaría
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que se cancele en su totalidad la obligación y; (iii) $9.678.600 por concepto de
seguridad social en pensiones.

El ejecutante interpuso recurso de apelación y en segunda instancia, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, a través del
proveído del 30 de abril de 2026 confirmó el auto recurrido tras considerar que los
emolumentos adeudados al ejecutando fueron los que en efecto determinó el a
quo, y, por otro lado, consideró que debían excluirse ciertos factores salariales y
prestacionales incluidos en la Resolución 556 del 23 de mayo de 2022 porque no
se habían reconocido en el título ejecutivo objeto de recaudo7.

El anterior proveído se notificó a las partes de forma personal mediante correo
electrónico el 4 de mayo de 20268.

1.4. Fundamentos de la vulneración

El accionante señaló que la providencia cuestionada adolece de los siguientes
yerros:

(i) Sustantivo: porque realizó una interpretación restrictiva, desproporcionada e
irrazonable del título judicial y desconoció su contenido, máxime porque este no
se limitó a reconocer prestaciones mínimas sino todas las acreencias salariales y
prestacionales del cargo.

No obstante, el fallador reinterpretó la sentencia declarativa y consideró que debía
excluir ciertos factores; convirtiendo el proceso ejecutivo en un escenario de
reducción material del derecho reconocido.

(ii) Fáctico: al omitir la valoración adecuada de la Resolución 556 del 23 de mayo
de 2022, la liquidación aportada por la ejecutada y el pago parcial de los conceptos
dispuestos en la sentencia del proceso ordinario.

(iii) Procedimental por exceso ritual manifiesto: dado que el tribunal privilegió
una lectura literal y extrema de la providencia a ejecutar, sacrificando el derecho
sustancial e impidiendo que se cumpla de forma íntegra la condena.

(iv) Desconocimiento del precedente judicial relativo a la primacía de la
realidad, la favorabilidad en materia laboral, el principio pro operario, la protección
laboral reforzada del trabajador, la prevalencia del derecho sustancial y el alcance

7 Señaló que los conceptos como auxilio de transporte, auxilio de alimentación, dotación de vestido

y calzado, reconocimiento por permanencia y otras bonificaciones propias del régimen pleno de
empleados públicos no fueron reconocidos en la sentencia que sirve de título ejecutivo.
8 Índice 019 de Samai del proceso 11001333502420220049502.

4

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material del «contrato realidad»; frente a este último refirió que se restringieron los
derechos económicos derivados de la condena.

(v) Incongruencia y contradicción interna de la decisión, puesto que reconoce
que la administración incluyó determinados factores salariales, pero
simultáneamente sostiene que estos no conformar el título ejecutivo.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Por medio de auto del 10 de junio de 2026, la Magistrada Ponente admitió la acción
de tutela y ordenó notificar a la parte accionante9 y, como accionado, al magistrado
Carlos Alberto Orlando Jaiquel integrante del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C10.

Asimismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el
resultado del proceso, al Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá11 [a quo del proceso ejecutivo], y a la E.S.E. Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur12 [parte ejecutada].

Por otro lado, aunque el actor solicitó como medida cautelar la suspensión parcial
de los efectos de la providencia accionada, de las actuaciones derivadas de la
decisión cuestionada, así como la preservación integral del crédito judicial mientras
se resuelve de fondo la presente acción constitucional, lo cierto es que esta se
negó en la referida providencia al no encontrar acreditados los presupuestos para
su procedencia porque no advirtió un quebrantamiento palmario de los derechos
fundamentales con ocasión del auto proferido por la autoridad judicial accionada
el 30 de abril de 2026; máxime cuando existe una decisión judicial que se
encuentra en firme y que no puede ser desatendida sin adelantar un análisis de
presupuestos adicionales.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

9 Índice 010 de Samai. La notificación fue realizada a los correos:
recepciongarzonbautista@gmail.com y abg76@hotmail.com.

10 Índice 010 de Samai. La notificación fue realizada al correo:
corlandj@cendoj.ramajudicial.gov.co; scs02tadmincdm@notificacionesrj.gov.co;
scs02sb03tadmincdm@notificacionesrj.gov.co y
rmemorialessec02sctadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co
11 Índice 010 de Samai. La notificación fue realizada a los correos:
admin24bt@cendoj.ramajudicial.gov.co y jadmin24bta@notificacionesrj.gov.co.
12 Índice 010 de Samai. La notificación fue realizada al correo:
notificacionesjudiciales@subredsur.gov.co.

5

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1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C13

El magistrado ponente de la decisión cuestionada solicitó que se declare
improcedente este mecanismo constitucional porque el actor pretende usarlo como
una instancia adicional. Aunado a que el tutelante no acreditó actuación u omisión
alguna que comporte la vulneración de los derechos fundamentales invocados por
el accionante.

Argumentó que, el auto recurrido se basó en las pruebas aportadas al plenario y
en la condena impuesta en el proceso ordinario y que en este se plantearon de
forma suficiente las razones que lo llevaron a confirmar lo resuelto por el fallador
de primer grado.

1.6.2. Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá14
El titular del despacho pidió que se declare improcedente la tutela, o en su defecto,
se niegue el amparo deprecado por el señor Olarte Santamaría.

Además, refirió que las actuaciones surtidas en el proceso ejecutivo se
adelantaron con estricta observancia de las normas procesales aplicables y con el
respeto de las garantías constitucionales de las partes. Aunado a que, para
determinar el monto de la suma del mandamiento de pago solicitó el apoyo técnico
del grupo liquidador de la Oficina de Apoyo Judicial, lo que cotejó con el título
ejecutivo y las pruebas del proceso.

1.6.3. Subred Sur guardó silencio pese a que fue debidamente notificada de la
existencia de la presente acción.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por el señor Juan Carlos Olarte Santamaría contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, de
conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por los Decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, y el Acuerdo 080 de 2019
de la Sala Plena de esta Corporación15.

13 Índice 014 de Samai.
14 Índice 015 de Samai.
15 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

6

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2.2. Problema jurídico

Acorde con lo señalado en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
actora, el material probatorio recaudado y las intervenciones presentadas,
corresponde a la Sala decidir:

• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?

En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá:

• ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C vulneró las garantías invocadas por la parte accionante, al
proferir el auto del 30 de abril de 2026 en el que confirmó el proveído del 26
de agosto de 2024 dictado por el Juzgado Veinticuatro Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá mediante el cual libró el mandamiento de pago
dentro del proceso ejecutivo identificado con el radicado 11001-33-35-024-
2022-00495-00/02?

Para desatar los interrogantes planteados, resulta pertinente analizar los
siguientes temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva, y; (iii) el caso
concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201216
unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema17 y declaró su
procedencia.18

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez;
y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y

16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.

María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
17 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
18 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».

7

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extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.3.1. Relevancia constitucional

La Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202219 explicó que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, por tanto, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional debe atenderse lo siguiente:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino
que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones
de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio
de igualdad.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:

19 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.

8

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[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así
se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia
y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como
una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal20
(Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico21; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional22.

[…]

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

[…]

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos
de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal23”. En este orden, se reitera que
el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda
la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales24”.

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.

[…]

20 Sentencia SU-573 de 2019.
21 Sentencia SU-103 de 2022.
22 Sentencia SU-103 de 2022.
23 Sentencia SU-103 de 2022.
24 Sentencia SU-128 de 2021.

9

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Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto25, lo que implica verificar que en
efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal26.
(Resaltado de la Sala)

2.4. Caso concreto

La parte actora cuestionó el proveído dictado el 30 de abril de 2026 por la autoridad
judicial accionada en el que confirmó el auto del 26 de agosto de 2024, mediante
el cual se libró mandamiento de pago en el proceso ejecutivo adelantado con el
radicado número 11001-33-35-024-2022-00495-00/02, cuyo objeto de recaudo
fueron las sentencias proferidas en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 11001-33-35-024-2018-
00036-00/01 promovido por el señor Juan Carlos Olarte Santamaría contra Subred
Sur.

Lo anterior, ya que, a su juicio, en el proveído cuestionado el tribunal incurrió en
los defectos sustantivo, fáctico, procedimental por exceso ritual manifiesto,
desconocimiento del precedente judicial e incongruencia de la decisión.

Respecto de lo alegado por el actor la Sala evidencia que los argumentos
desplegados, pese a que hacen alusión a un lenguaje constitucional, realmente
denotan una inconformidad con lo resuelto por el fallador de segunda instancia,
por lo que este mecanismo se torna improcedente porque no cumple con el
requisito de relevancia constitucional, como pasa a explicarse.

Advierte la Sección que los yerros en los que supuestamente incurre el fallo
enjuiciado carecen de la carga argumentativa necesaria para abordar su estudio
de fondo, ya que los razonamientos tienen como como propósito reabrir el debate
concluido para hacer prevalecer el criterio interpretativo propio, en torno a cuáles
son los emolumentos que componen el título ejecutivo objeto de recaudo y que se
pueden exigir por vía judicial.

Se observa que, el planteamiento del tutelante demuestra la discrepancia con la
providencia del tribunal, quién concluyó que, en la Resolución 556 del 23 de mayo
de 2022 se incluyeron factores salariales y prestacionales, tales como, «el auxilio
de transporte, auxilio de alimentación, dotación de vestido y calzado,
reconocimiento por permanencia y otras bonificaciones propias del régimen pleno

25 Sentencia SU-573 de 2019.
26 Ibid.

10

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Demandante: Juan Carlos Olarte Santamaría
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04162-00

de empleados públicos» que no fueron reconocidos en las sentencias proferidas
en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por tanto,
consideró que el juez ejecutivo podía excluirlos, comoquiera que no se podían
incorporar al mandamiento de pago al no contener una obligación clara, expresa y
exigible.

No obstante, el accionante alegó la configuración de los defectos sustantivo,
fáctico, procedimental por exceso ritual manifiesto, e incongruencia de la decisión,
porque, en su sentir, el fallador desconoció que en la condena que le resultó
favorable le reconocieron todas las acreencias salariales y prestacionales del
cargo de auxiliar administrativo, sin excepción, por tanto, en el proceso ejecutivo
no se podían efectuar exclusiones, sino que el ad quem debía limitarse a ordenar
el pago de lo reclamado.

Sin embargo, la Sección se percató de que, en el recurso de alzada contra el auto
que libró mandamiento de pago formuló las mimas inconformidades referentes a
que el fallador de primer grado había excluido ciertos factores salariales que ya se
habían reconocido en la referida resolución y en el título judicial, por lo que no
estaban en discusión y no se podían sustraer por el juez ejecutivo. Empero, tanto
el a quo como el ad quem aclararon que en la condena reclamada se ordenó el
pago de las prestaciones sociales, liquidadas con base en los honorarios pactados
entre Subred Sur y el señor Juan Carlos Olarte Santamaría y no aquellos
emolumentos propios de una vinculación estatutaria, por tanto, aquellos no
contenían una obligación exigible.

Aun así, el señor Olarte Santamaría, quiere usar este mecanismo constitucional
para reabrir el debate ya zanjado por el juez natural de la causa, por lo que es claro
que pretende constituir una tercera instancia a través de esta acción de tutela y
obtener una resolución favorable a sus reclamaciones para conseguir el pago de
acreencias que no le habían sido concedidas en la sentencia que pretendía
ejecutar.

Ahora bien, en lo que respecta al yerro del desconocimiento del precedente
judicial, se evidencia que el tutelante no identificó la providencia que estima
desatendida, como tampoco individualizó la regla de derecho vinculante que
estimaba aplicable a su situación, ni expuso la incidencia concreta que esta tendría
en la decisión adoptada por el fallador de segundo grado. En consecuencia, no se
satisface la carga argumentativa mínima que habilitaría a la Sala a efectuar un
análisis de fondo.

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Frente a este defecto es preciso advertir que esta Sección27 ha considerado que
la parte que lo invoca debe cumplir con la carga mínima de identificar: (i) la
providencia que considera desatendida; (ii) la ratio aplicable a la solución del nuevo
caso que se somete a la jurisdicción dada la analogía con la litis anterior y, (iii) la
incidencia de esta en el fallo, lo que no se cumplió por el actor.

Por su parte, se recuerda que la administración de justicia garantiza que los
funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones,
circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprochar sus
pronunciamientos vía acción de tutela; máxime cuando se advierte, como en el
presente caso, que el debate planteado por el actor busca mutar el amparo
constitucional en una instancia adicional, para que el juez de tutela revise lo
resuelto por el tribunal y dicte un fallo favorable a sus reclamaciones.

En consecuencia, en el presente caso, se declarará improcedente este mecanismo
por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por el señor
Juan Carlos Olarte Santamaría contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C, por no satisfacer el requisito de relevancia
constitucional.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En el evento que esta decisión no sea impugnada, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
Ausente con permiso

27 Sobre este tema se pueden consultar las siguientes providencias de tutela proferidas por la

Sección Quinta: (i) Sentencia del 04 de diciembre de 2025, radicado: 11001-03-15-000-2025-
06707-00. C.P. Gloria María Gómez Montoya; (ii) sentencia del 30 de octubre de 2025, radicado:
11001-03-15-000-2025-05962-00. C.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

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LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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