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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04299-00

Fecha
2 de julio de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04299-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por la señora Isabel Ortiz Ramírez actora contra el Tribunal Administrativo del Putumayo, por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional. 28 Sentencia SU134 del 21 de abril de 2022. Magistrado Ponente José Fernando Reyes Cuartas. 15 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Isabel Ortiz Ramírez Demandado: Tribunal Administrativo del Putumayo Radicado: 11001-03-15-000-2026-04299-00 SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En el evento que esta decisión no sea impugnada, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-04299-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

2 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., dos (2) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04299-00
Demandante: ISABEL ORTIZ RAMÍREZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL PUTUMAYO

Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedente por no
superar el requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta Corporación1.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

La señora Isabel Ortiz Ramírez, a través de apoderada judicial, instauró acción de
tutela2 contra el Tribunal Administrativo del Putumayo3 con el fin de reclamar el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la
seguridad social.

Garantías constitucionales que consideró transgredidas con ocasión de la
sentencia del 30 de abril de 2026, proferida por la autoridad judicial accionada que
confirmó la providencia del 27 de junio de 2024, dictada por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de Mocoa que negó las pretensiones en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con el
radicado 86001-33-33-002-2022-00292-00/01.

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Tutela interpuesta el 4 de junio de 2026.
3Sala integrada por los magistrados Marco Antonio Muñoz Mera, Gloria Eugenia Domínguez
Betancur y Manuel Alí Rodríguez Mustafá.

Demandante: Isabel Ortiz Ramírez
Demandado: Tribunal Administrativo del Putumayo
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04299-00

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

[…]

2. Que se deje sin efectos la sentencia del 30 de abril de 2026, proferida por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL PUTUMAYO, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento de derecho radicado 86001-3333-002-2022-00292-01.
3. Que se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL PUTUMAYO emitir una
sentencia que resuelva conforme a derecho el recurso de apelación presentado en
contra de la sentencia de primera instancia proferida por el JUZGADO SEGUNDO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MOCOA4.

1.3. Hechos

La señora Isabel Ortiz Ramírez, promovió medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para que se declarara la nulidad
parcial de la Resolución No. 4614 de 21 de octubre de 2019 que reconoció y
ordenó el pago de su pensión de jubilación a efectos de que se incluyera en la
base de liquidación la totalidad de los factores salariales percibidos durante el año
inmediatamente anterior a la adquisición del status pensional y que corresponden
a la «asignación básica, auxilio de movilización, bonificación pedagógica, horas
extras com. planta g. 12, 13 y 14 d.2277, prima de navidad, y prima de
vacaciones».

El referido proceso fue asignado por reparto al Juzgado Segundo Administrativo
del Circuito Judicial de Mocoa que en sentencia del 27 de junio de 2024 negó la
prosperidad de las pretensiones tras considerar que no se configuraba vicio alguno
que provocara la nulidad del acto administrativo demandado, toda vez que si bien
los factores salariales reclamados habían sido efectivamente devengados durante
el último año en que la demandante prestó sus servicios como docente no se
encontraba acreditada la correspondiente cotización de los mismos ante sistema
pensional.

Adujo que el régimen pensional aplicable para efectos de liquidar la pensión de
jubilación a favor de la actora era el señalado en las Leyes 33 y 62 de 1985,
atendiendo a que su vinculación como docente nacional, se produjo antes de la
vigencia de la Ley 812 de 2003 y conforme con el literal b del numeral 2 del artículo
15 de la ley 91 de 1989, así como a lo establecido en sentencia SUJ-014 -CE-S2
-2019 del 25 de abril de 2019 de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

4 Transcripción literal que puede contener errores.

2

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Demandante: Isabel Ortiz Ramírez
Demandado: Tribunal Administrativo del Putumayo
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04299-00

Asimismo, señaló que los artículos 1 y 3 de la citada Ley 33 de 1985 establecieron
el monto de la pensión y los factores que integran el ingreso base de liquidación,
por lo que correspondería el 75% del salario promedio que sirvió de base para los
aportes durante el último año de servicio y respecto de los factores salariales, el
artículo 3° de la norma citada, consagró una lista de los que se debían incluir.

Inconforme con la sentencia, la señora Isabel Ortiz Ramírez formuló recurso de
apelación en el que cuestionó que las horas extras debían ser tenidas en cuenta
para el cómputo de la base de liquidación de la pensión, por haberse devengado
y estar enlistadas en la Ley 62 de 1985, al igual que la bonificación pedagógica
creada por el Decreto 2354 de 19 de diciembre de 2018 como factor salarial para
todos los efectos legales.

Igualmente, reiteró que el auxilio de transporte también debía incluirse al momento
de liquidar las prestaciones sociales, según el artículo 7° de la Ley 1era de 1963 y
concluyó que el juzgado se equivocó «al considerar que la obligación de efectuar
aportes es una, pero los factores sobre los cuales se liquiden es otra distinta y
queda a discreción de la Administración».

En consecuencia, señaló que correspondía al nominador haber efectuado los
correspondientes descuentos sobre el valor de los factores salarias aludidos para
efectuar los aportes pensionales, pues de no haberlo hecho estaría faltando a sus
deberes legales y sus consecuencias no debían ser asumidas por la demandante.

Asumido el conocimiento del asunto por el Tribunal Administrativo del Putumayo
se profirió sentencia el 30 de abril de 2026 que confirmó la de primera instancia.
Para ello, adujo que si bien las normas anteriormente señaladas habían
establecido que la liquidación o reliquidación pensional se debía ajustar
exclusivamente a los factores previstos en la ley y que fueron devengados durante
el último año de servicio y efectivamente cotizados, lo cierto era que el Consejo de
Estado en la sentencia de unificación del 20195 «ha admitido la inclusión de rubros
adicionales como la asignación adicional, la bonificación mensual y la bonificación
pedagógica, bajo la condición sine qua non de que sobre estos se hubieren
realizado las deducciones de ley para seguridad social».

En ese sentido, no desconoció que los emolumentos reclamados en la demanda
correspondían a prestaciones creadas con carácter de factor salarial, pero reiteró
lo señalado por el a quo en cuanto a que a efectos de que fuesen incluidos en la
liquidación en la pensión de jubilación debía tratarse de i) ingresos efectivamente
devengados; (ii) ostentar un carácter remuneratorio; y (iii) ser respecto de los

5 Consejo de Estado, Sección Segunda, 25 de abril de 2019, Rad: 68001-23-33-000-2015-00569-

01 (0935-17) SUJ014-CE-S2-19.

3

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cuales se hubieren realizado las cotizaciones respectivas.

Así, para el caso en concreto tuvo por acreditado que la señora Isabel Ortiz
Ramírez percibió como factor salarial la asignación básica, auxilio de movilización,
bonificación pedagógica, horas extra, prima de navidad, prima de servicios y prima
de vacaciones, pero para el reconocimiento de su pensión de jubilación la
Resolución 4614 de 21 de octubre de 2019 únicamente incluyó el salario básico.

Asimismo, advirtió que no se allegaron otros soportes que permitieran acreditar
que sobre todos los factores efectivamente pagados por el empleador se hubiese
efectuado aportes a pensión, lo que no se podía deducir únicamente con el
certificado de salarios. Por lo tanto, concluyó que si bien tal gestión constituía una
obligación a cargo del empleador lo cierto era que dicha circunstancia no eximía a
la parte demandante de acreditarlo, en virtud de su carga probatoria.

El anterior proveído se notificó a las partes por correo electrónico el 4 de mayo de
20266.

1.4. Fundamentos de la vulneración

La parte actora señaló que la providencia cuestionada adolece de los siguientes
defectos:

I. Fáctico: Como sustento señaló que el tribunal accionado desconoció la Ley
al negarse a ordenar incluir en la liquidación de la pensión, los factores
salariales taxativamente previstos en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 y
concretamente las horas extras que percibió la demandante según el
certificado de salarios aportado con la demanda.

Hizo alusión a la sentencia de unificación de 25 de abril de 2019 la Sección
Segunda del Consejo de Estado que se pronunció acerca del ingreso base
de liquidación en el régimen pensional de los docentes vinculados al servicio
público educativo oficial vinculados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, de la cual transcribió un aparte.

Igualmente, hizo mención a una sentencia de tutela de esta Corporación del
20 de abril de 2026 que aludió a la carga que le correspondía a la entidad
territorial en el recaudo de los aportes a fin de liquidar, retener y girar los
mismos al FOMAG.

II. Desconocimiento de precedente: citó como sentencias desconocidas las
siguientes, proferidas por Tribunal Administrativo de Cundinamarca: i) del

6 Índice 014 de Samai del proceso 86001333300220220029201.

4

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21 de septiembre de 2023, dentro del medio de control nulidad y
restablecimiento del derecho 25307333300320210006601; ii) del 12 de
agosto de 2025, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho No. 25269333300220220018301 y iii) del 15 de julio de 2025,
en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho No.
25269333300220230002701.

Refirió que las mencionadas providencias «a los demandantes se les
reconoció la pensión de jubilación por haberse vinculado al Magisterio antes
del 27 de junio de 2003, sin embargo, en la liquidación de la pensión no se
incluyeron como factores salariales las asignaciones adicionales de
directivos docentes, la bonificación mensual, y la bonificación pedagógica.
Es por ello por lo que los docentes iniciaron el medio de control de nulidad
y restablecimiento de derecho, los cuales fueron conocidos en segunda
instancia por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
quien ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación». Argumento que,
además, la Sala entiende como vulneración del derecho a la igualdad.

Igualmente, señaló que en el presente asunto «se pretende que se incluya
dentro de la base de liquidación de la pensión, uno de los factores
taxativamente establecidos en la Ley 62 de 1985 como son las HORAS
EXTRAS».

Mencionó que si bien en la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019
del 25 de abril de 2019 existe un vacío sobre la bonificación mensual, la
bonificación pedagógica y los sobresueldos de directivos docentes, en otros
pronunciamientos el Consejo de Estado estableció ciertos criterios frente a
la liquidación de la pensión de jubilación de los docentes que sí los incluía
y para el efecto transcribió textualmente algunos apartes de sentencias del
23 de octubre de 2025, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento de derecho No. 0500123-33-000-2016-01737-01 y del 19
de junio de 2025, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
de derecho No. 25000-23-42-000-2021-00493-01.

III. Error inducido: por cuanto la entidad territorial en todas sus actuaciones
procesales manifestó que los factores salariales que se debían incluir en la
liquidación de la pensión de jubilación eran «solo aquellos que sirvieron de
base para hacer cotizaciones a seguridad social y que se encuentran en la
Ley 62 de 1985. Sin embargo, en ninguno de sus pronunciamientos hizo
mención ni a las HORAS EXTRAS, ni al Comunicado No. 003 del 18 de
febrero de 2020, emitido por el FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES
SOCIALES DEL MAGISTERIO».

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Respecto a este último comunicado mencionó que producto de una consulta
elevada por el Ministerio de Educación al Departamento Administrativo de
la Función Pública, con el fin de establecer cómo se debía liquidar la
pensión de jubilación de los docentes, respecto de la aplicación sentencia
de unificación del Consejo de Estado SUJ-014-CE-S2-2019, fue proferido
el concepto No. 20194000386161, en el que se determinó «que las
asignaciones adicionales para directivos docentes, la bonificación mensual
y la bonificación pedagógica debe liquidarse teniendo en cuenta los aportes
sobre los cuales cotizó el beneficiario», por lo que posteriormente el
FOMAG emitió el Comunicado No. 003 del 18 de febrero de 2020 donde se
aclaró la inclusión de tales factores en la liquidación de la pensión de
jubilación de los docentes.

Por ello, estimó que las apreciaciones realizadas por la demandada en el
proceso ordinario hicieron que el tribunal desconociera el pronunciamiento
de la misma entidad que emitió el Comunicado No. 003 del 18 de febrero
de 2020.

IV. Violación directa a la Constitución: Aludió de manera general que esta
discusión gira en torno a derechos fundamentales por lo que no se trata de
un asunto meramente legal y señaló en este acápite que en ninguno de los
certificados que expide FOMAG a través del aplicativo Humano En Línea
se puede determinar sobre cuales factores salariales se hicieron aportes a
seguridad social, lo que vulnera su derecho a la seguridad social y al debido
proceso.

1.5. Admisión de la tutela

Por medio de auto del 10 de junio de 20267, la Magistrada Ponente admitió la
acción de tutela y ordenó notificar a la accionante8, y como parte accionada a los
magistrados integrantes del Tribunal Administrativo del Putumayo9.

Asimismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el
resultado del proceso, a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio10 [parte demandada en el proceso ordinario], a
la Fiduciaria Previsora S.A., al departamento del Putumayo11 [vinculados en el medio

7 Índice 005 de Samai.
8 Índice 008 de Samai. La notificación se efectuó al correo: atbc3010@hotmail.com
9 Índice 008 de Samia. La notificación se efectuó al buzón: mmunozme@cendoj.ramajudicial.gov.co

gdomingb@cendoj.ramajudicial.gov.co, mrodrimu@cendoj.ramajudicial.gov.co.
10 Índice 008 de Samai. La notificación se envió a los correos:
notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co, tutelas_fomag@fiduprevisora.com.co,
notjudicial@fiduprevisora.com.co.
11 Índice 008 de Samai. La notificación se envió a los correos: notjudicial@fiduprevisora.com.co y

notificaciones.judiciales@putumayo.gov.co.

6

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de control] y al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Mocoa12
[juez de primera instancia].

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

1.6.1. Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Mocoa13

La secretaria de la sede judicial allegó el enlace de acceso al expediente digital,
sin realizar pronunciamiento adicional alguno.

1.6.2. Tribunal Administrativo del Putumayo14

El despacho ponente de la sentencia de segunda instancia dentro del proceso
ordinario refirió que en su fallo no desconoció que las horas extras se encuentran
previstas en la Ley 62 de 1985, ni que la bonificación pedagógica ha sido
reconocida como factor salarial en la normativa y jurisprudencia aplicable al sector
docente, sin embargo, reitera la posición de la Sala en cuanto a que dichos factores
pueden llegar a integrar el IBL, siempre y cuando se demuestre que sobre ellos se
efectuaron los aportes o cotizaciones respectivas.

Indicó que las pruebas obrantes en el expediente no acreditaban que sobre los
factores devengados por la demandante se hubieren realizado descuentos,
aportes o cotizaciones al sistema pensional.

Por lo tanto, consideró que no se configuraron los defectos invocados en la tutela,
pues en la sentencia acusada valoró las pruebas aportadas al expediente y
explicó, de manera razonada, por qué el certificado de salarios no era suficiente
para acceder a las pretensiones de reliquidación de la pensión. Así, advirtió que la
inconformidad de la parte actora con la valoración de las pruebas no convierte la
sentencia en arbitraria, caprichosa o carente de motivación.

Señaló que contrario a lo estimado por la actora, el tribunal no trasladó a la docente
la obligación de efectuar los aportes, sino que advirtió sobre la exigencia en que la
demandante probara los supuestos fácticos de sus pretensiones.

En cuanto al desconocimiento del precedente señaló que la sentencia acusada
«aplicó la regla fijada por la Sección Segunda del Consejo de Estado en la

12 Índice 008 de Samai. La notificación se efectuó al buzón: stcarioha@cendoj.ramajudicial.gov.co.
13 Índice 011 de Samai.
14 Índice 012 de Samai.

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sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019, según la cual, para los docentes
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, la pensión ordinaria de
jubilación se liquida con los factores previstos en la Ley 62 de 1985 y aquellos que,
conforme a disposiciones posteriores, tengan carácter salarial, siempre que sobre
ellos se hubieren efectuado los aportes correspondientes».

Igualmente, señaló que las decisiones del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca no constituyen un precedente vertical de obligatorio cumplimiento
para esa sede judicial ni integran una regla de unificación que desplace el criterio
fijado por el Consejo de Estado, aunado a que las providencias de este órgano de
cierre invocadas en la tutela no establecen una regla absoluta de inclusión
automática de factores salariales sin prueba de los respectivos aportes y por el
contrario respaldan el criterio adoptado que se cuestiona.

Respecto a los demás defectos alegados como error inducido y violación directa a
la constitución manifestó haber respetado el derecho al debido proceso de las
partes y concluyó que los pretendido por la actora era reabrir un debate propio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, ya agotado en sus
instancias ordinarias bajo una tesis distinta a la adoptada relativa a que la prueba
de lo devengo equivale a la prueba de la cotización al sistema pensional.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por la señora Isabel Ortiz Ramírez contra el Tribunal Administrativo del
Putumayo, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 2015, modificado por los Decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, y el
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación15.

2.2. Problema jurídico

Acorde con lo señalado en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
actora, el material probatorio recaudado y la intervención presentada, corresponde
a la Sala resolver:

• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?

En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá:

15 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

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• ¿El Tribunal Administrativo del Putumayo vulneró las garantías invocadas
por la parte actora con ocasión de la providencia proferida el 30 de abril de
2026 que confirmó la providencia del 27 de junio de 2024, dictada por el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Mocoa por medio
de cual se negaron las pretensiones en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, identificado con el radicado 86001-33-33-
002-2022-00292-00/01?

Para resolver los interrogantes planteados, resulta pertinente analizar los
siguientes temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva, y; (iii) el caso
concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201216
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema17 y declaró su
procedencia.18

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez;
y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que

16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.

María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
17 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
18 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».

9

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incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad

2.4.1. Relevancia constitucional

La Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202219 explicó que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, por tanto, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional debe atenderse lo siguiente:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino
que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones
de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio
de igualdad.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así
se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia
y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como

19 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal20
(Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico21; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional22.

[…]

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

[…]

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos
de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal23”. En este orden, se reitera que
el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda
la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales24”.

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.

[…]

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto25, lo que implica verificar que en
efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal26.
(Resaltado de la Sala)

20 Sentencia SU-573 de 2019.
21 Sentencia SU-103 de 2022.
22 Sentencia SU-103 de 2022.
23 Sentencia SU-103 de 2022.
24 Sentencia SU-128 de 2021.
25 Sentencia SU-573 de 2019.
26 Ibid.

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2.5. Caso concreto

La parte actora cuestionó la sentencia proferida el 30 de abril de 2026 por el
Tribunal Administrativo del Putumayo en la que se confirmó el fallo de primera
instancia dictado el 27 de junio de 2024 por el Juzgado Segundo Administrativo
del Circuito Judicial de Mocoa que negó las pretensiones dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 86001-33-33-002-
2022-00292-00/01 encaminadas a la reliquidación de la pensión de jubilación con
la inclusión de todos los factores salariales percibidos durante el año
inmediatamente anterior a la adquisición del estatus pensional.

Lo anterior, ya que, a juicio de la tutelante, en la providencia acusada se incurrió
en los defectos fáctico, desconocimiento del precedente, error inducido y violación
directa de la Constitución, sin embargo, la Sala evidencia que los argumentos
planteados, pese a que hacen alusión a un lenguaje constitucional, realmente
denotan una inconformidad con la decisión proferida por el juez contencioso en
segunda instancia, por lo que este mecanismo se torna improcedente porque no
cumple con el requisito de relevancia constitucional, como pasa a explicarse.

Advierte la Sección que, los yerros que la tutelante refiere como fáctico y algunos
argumentos del defecto por violación directa a la constitución se dirigen a
cuestionar la valoración probatoria que hizo el fallador de segunda instancia,
porque, en su sentir, no tuvo en cuenta pruebas que demostraban los factores que
fueron devengados por la ella, entre los que se encuentran las horas extras, que
debieron ser incluidos en la liquidación de su pensión de jubilación.

No obstante, se observa que, frente a las pruebas presuntamente inobservadas,
juez del asunto señaló lo siguiente:

«En el presente asunto, al plenario se aportó el Formato Único para la Expedición
de Certificado de salarios9, en el cual consta que la señora Isabel Ortiz Ramírez
devengó como factor salarial: la asignación básica, auxilio de movilización,
bonificación pedagógica, horas extra, prima de navidad, prima de servicios y prima
de vacaciones. Respecto de los cuales, mediante la Resolución 4614 de 21 de
octubre de 201910 —reconocimiento de pensión de jubilación a favor de la señora
Ortiz Ramírez —, únicamente se incluyó el “salario básico” para liquidación de
pensión de jubilación.

Lo anterior, tal y como lo advirtió el A quo, sin allegar otros soportes que permitieran
acreditar que sobre todos los factores efectivamente pagados por el empleador se
efectuaron aportes a pensión».

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En consecuencia, la Sala evidencia que la prueba documental obrante en el
expediente del ordinario, donde además se encuentran los certificados de los
factores devengados por la docente, fue valorada por el ad quem, pero este
concluyó que dichos emolumentos no acreditaban el presupuesto o condición
necesaria para que fuesen incluidos en su totalidad al momento de calcular el IBL
de la prestación reclamada, pues correspondía acreditar la efectiva cotización de
los mismos ante el sistema de seguridad social. Sin embargo, la accionante
disiente de dicha valoración y pretende que, a través de este mecanismo, se
examinen nuevamente las pruebas obrantes en el plenario. Por tanto, es claro que
pretende usar la tutela como una instancia adicional al proceso ordinario, finalidad
para la cual no está instituida esta acción.

En cuanto al yerro catalogado como «fáctico por indebida aplicación de la Ley»,
que esta Sala entiende como sustantivo y los argumentos planteados como
desconocimiento de precedente, la actora sostuvo que, la autoridad judicial
accionada no tuvo en cuenta que con la sentencia de unificación de 25 de abril de
2019 de la Sección Segunda del Consejo de Estado «cobró vigencia la aplicación
literal de las Leyes 33 y 62 de 1985 en lo que concierne a las pensiones de los
docentes y la tesis de que para la liquidación de estas pensiones solo se deben
incluir los factores salariales taxativamente previstos en el artículo 1 de la referida
Ley 62 de 1985», entre los que se encuentran las horas extras que no le fueron
incluidas en su liquidación pensional.

Asimismo, aludió como desconocidas, las siguientes sentencias del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca: i) del 21 de septiembre de 2023, proferida dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
25307333300320210006601; ii) del 12 de agosto de 2025, proferida dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho No.
25269333300220220018301, iii) del 15 de julio de 2025, proferida dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho No.
25269333300220230002701. Igualmente, trajo a colación dos sentencias del
Consejo de Estado: i) la proferida el 23 de octubre de 2025, dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento de derecho No. 0500123-33-000-2016-
01737-01 y ii) del 19 de junio de 2025, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento de derecho No. 25000-23-42-000-2021-00493-01.

No obstante, la Sección advierte que además de no contar los anteriores reproches
con la suficiente carga argumentativa, pues únicamente se citan las sentencias
aludidas y se transcriben apartes de las mismas, las decisiones proferidas por
otros tribunales de igual jerarquía en el curso de los procesos ordinarios que su
competencia no corresponden a precedentes de obligatorio cumplimiento para la
autoridad judicial accionada, pues dichas providencias no fueron emitidas por el

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órgano de cierre encargado de unificar jurisprudencia dentro de la respectiva
jurisdicción. En ese sentido, no podría aludirse a un cargo por desconocimiento de
procedente, sino que correspondería estudiar una posible vulneración del derecho
a la igualdad.

Sin embargo, además de no haberse identificado los criterios que hacen que los
casos aludidos guarden estrecha relación con el caso de la señora Isabel Ortiz
Ramírez, resulta palmario que las decisiones puestas en contraposición fueron
adoptadas por despachos y autoridades judiciales diferentes lo que descartaría
desde el inicio la configuración de la vulneración alegada.

Ahora, si bien en el escrito de tutela se hizo mención a la sentencia de unificación
de esta Corporación [SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019] y se citó dos
pronunciamientos del esta Corporación dictados en medios de control que a su
juicio correspondieron al mismo asunto en cuestión, lo cierto es que no se expuso
la incidencia concreta que tales providencias tendrían en la decisión adoptada por
el fallador de segundo grado ni refirió si los asuntos analizados en las providencias
aludidas fueron similares o idénticos al suyo, lo que se suma al planteamiento
realizado en el párrafo inmediatamente anterior.

En consecuencia, tampoco se satisface la carga argumentativa mínima que
habilitaría a la Sala a efectuar un análisis de fondo pues pese a que la parte actora
cumplió con el deber de identificar las respectivas providencias, omitió determinar
la ratio que resulta aplicable a la solución del nuevo caso que se somete a la
jurisdicción dada la analogía con la litis anterior y la incidencia de estas en el fallo
que adopte el operador judicial de instancia.

Sobre el desconocimiento del precedente es preciso advertir que esta Sección27
ha considerado que quien invoca este defecto debe cumplir con la carga mínima
de identificar: (i) la decisión que considera desatendida; (ii) la ratio aplicable a la
solución del nuevo caso que se somete a la jurisdicción dada la analogía con la
litis anterior y, (iii) la incidencia de esta en la resolución final que adopte el fallador
de instancia, lo que no se cumplió por la parte actora.

En ese sentido, es claro para la Sala que, los argumentos de la actora realmente
demuestran la discrepancia con el criterio del juez de segunda instancia, quién
después de examinar las pruebas arribadas al plenario advirtió que la demandante
no acreditó el cumplimiento del presupuesto necesario para que los factores
salariales efectivamente devengados fueran incluidos en la liquidación de la

27 Sobre este tema se pueden consultar las siguientes providencias de tutela proferidas por la

Sección Quinta: (i) Sentencia del 04 de diciembre de 2025, radicado: 11001-03-15-000-2025-
06707-00. C.P. Gloria María Gómez Montoya; (ii) sentencia del 30 de octubre de 2025, radicado:
11001-03-15-000-2025-05962-00. C.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

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pensión de jubilación, pues sobre aquellos no se probó cotización alguna al
sistema de seguridad social, por lo que es claro que la señora Isabel Ortiz Ramírez
pretende usar este mecanismo como una instancia adicional y reabrir el debate
que ya fue zanjado por el juez natural de la causa.

La Corte Constitucional ha decantado que la acción de tutela no es una vía alterna,
ni un mecanismo para rectificar providencias judiciales en firme, ni para
desautorizar interpretaciones jurídicas que se hacen dentro del marco de la
autonomía y de la independencia propia de los jueces, ni el instrumento para atacar
o impugnar las providencias judiciales que tienen fuerza ejecutoria.28

Es evidente que la controversia esbozada por el extremo actor no satisface el
requisito de relevancia constitucional, debido a que la discusión se circunscribe a
aspectos legales y lo que busca es imponer su criterio, el cual estima más
acertado, sobre el del operador judicial, lo cual denota un desconcierto respecto al
sentido del fallo y no una verdadera transgresión a derechos fundamentales.

En suma, se recuerda que la administración de justicia garantiza que los
funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones,
circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprocharlas vía acción de
tutela; máxime cuando se advierte, como en el presente caso, que el debate legal
planteado por la parte actora, se reitera, busca mutar el amparo constitucional en
una instancia adicional y reabrir la discusión jurídica ya resuelta por el juez
contencioso, conforme las etapas que para tal efecto estableció el legislador.

De avalarse dicha tesis, conllevaría una deformación de la tutela y la
desarticulación de la organización judicial, por lo que, en el presente caso, este
mecanismo se torna improcedente por no superar el requisito de relevancia
constitucional.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por la señora
Isabel Ortiz Ramírez actora contra el Tribunal Administrativo del Putumayo, por no
satisfacer el requisito de relevancia constitucional.

28 Sentencia SU134 del 21 de abril de 2022. Magistrado Ponente José Fernando Reyes Cuartas.

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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En el evento que esta decisión no sea impugnada, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
Ausente con permiso

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de radicación en el
siguiente link https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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