Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-01737-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-01737-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2016-01737-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
23 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicado: 05001-23-33-000-2016-01737-01 (1835-2025)
Demandante: Horacio Quintero Duque
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
Tema: Reconocimiento de pensión de jubilación de docente – Ley
33 de 1985 – compatibilidad entre la prestación y el salario
que devenga como docente oficial
Decisión: Confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto al
reconocimiento de la la pensión de jubilación prevista en la
Ley 33 de 1985, compatible con el salario de docente oficial
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia de primera instancia del 16 de mayo de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. El señor Horacio Quintero Duque instauró demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el objeto de que se
declare la nulidad de las Resoluciones 004676 del 28 de abril de 2015 y 011259
del 10 de septiembre de 2015, por medio de las cuales se negó el reconocimiento
de la pensión de jubilación y se resolvió el recurso de reposición que confirmó la
negativa.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó (i) reconocer la citada
prestación, equivalente al 75% de los salarios y primas percibidas en el año
anterior a la fecha en que adquirió el estatus pensional; (ii) pagar las mesadas
causadas desde que adquirió el derecho, de manera indexada, más los intereses
moratorios y comerciales que se generen; (iii) dar cumplimiento a la sentencia en
los términos de los artículos 189,192 y 195 del CPACA; y (iv) condenar en costas
a la parte demandada.
3. Como hechos relevantes, expuso que nació el 6 de septiembre de 1959 y
que se vinculó al servicio educativo del departamento del Quindío, en calidad de
docente en propiedad, entre el 20 de febrero de 1978 y el 21 de julio de 1994.
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Demandante: Horacio Quintero Duque
4. Posteriormente, prestó sus servicios docentes en (i) el municipio de
Manzanares (Caldas) del 21 de julio de 1994 al 1 de septiembre de 1995; y del 2
al 7 de septiembre de 1995; y (ii) el municipio de Itagüí (Antioquía) del 6 de julio
de 2009 al 21 de abril de 2010.
5. Relató que el 9 de marzo de 2011 se posesionó como docente en
provisionalidad en el municipio de Medellín, cargo que continuaba ejerciendo a
la fecha de presentación de la demanda.
6. En el concepto de violación argumentó que los actos acusados infringieron
las normas en que debía fundarse1, teniendo en cuenta que el señor Quintero
Duque se vinculó al servicio oficial docente con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo que el régimen aplicable para el
reconocimiento y pago de su pensión de vejez es el consagrado en la Ley 33 de
1985.
Contestación de la demanda
7. La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio se opuso a las pretensiones de la demanda,
al considerar que los actos administrativos demandados están amparados por la
presunción de legalidad.
8. En ese sentido sostuvo que no existe prueba alguna de que dichos actos
se hayan expedido con infracción de las normas que lo sustentan, sin
competencia, de forma irregular, con desconocimiento del derecho de audiencia
y defensa, mediante motivación falsa o con desviación de poder.
9. Asimismo, indicó que que la liquidación de la pensión de jubilación no
debía basarse en el 75% del promedio devengado durante el último año de
servicios, sino en los factores salariales sobre los cuales el actor efectuó sus
cotizaciones.
10. Como excepciones propuso: ineptitud de la demanda; falta de agotamiento
de la vía gubernativa; inexistencia de la obligación; cobro de no debido;
compensación; y la genérica o innominada.
11. Por último, solicitó la vinculación de la entidad Previsora S. A., en su
calidad de vocera y administradora del patrimonio autónomo del FOMAG.
Trámite en primera instancia
12. Por medio del auto del 20 de junio de 2017 se negó la solicitud de vincular
a la fiduciaria La Previsora, porque la encargada de reconocer y pagar la
prestación es el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
1 Artículos 29 de la Constitución Política; 1 de la Ley 24 de 1947, parágrafo 2; Ley 114 de 1973; 1 de la Ley
33 de 1985; 15 de la Ley 91 de 1988; 81 de la Ley 812 de 2003; Decreto 3752 de 2003.
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Demandante: Horacio Quintero Duque
13. En la audiencia inicial celebrada el 17 de febrero de 2018, el Tribunal
declaró no probadas las excepciones denominadas «ineptitud de la demanda» y
«no agotamiento de la vía gubernativa», propuestas por la accionada. Decisión
que no fue objeto de recursos.
Sentencia apelada
14. El Tribunal Administrativo de Antioquia mediante sentencia del 16 de mayo
de 2025 declaró la nulidad de los actos acusados y, en consecuencia, condenó
a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio a reconocer y pagar al señor Horacio Quintero Duque la
pensión de jubilación prevista en la Ley 33 de 1985.
15. En la providencia declaró no probadas las excepciones propuestas por la
entidad demandada, a saber: inexistencia de la obligación; cobro de lo no debido;
compensación; y la genérica o innominada.
16. Como fundamento principal, sostuvo que el demandante se encontraba
amparado por lo previsto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, dado que su
primera vinculación al servicio docente oficial ocurrió el 20 de febrero de 1978,
es decir, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003. En
consecuencia, el régimen aplicable era el consagrado en la Ley 33 de 1985, que
exige como requisitos haber cumplido 55 años y acreditar 20 años de servicios.
17. Precisó que, aunque hubo solución de continuidad en las vinculaciones
previas al 27 de junio de 2003, con su ingreso al servicio educativo oficial adquirió
el derecho a beneficiarse del régimen propio de los educadores oficiales.
18. Al estudiar el caso concreto, evidenció que el demandante cumplió los 55
años de edad el 6 de septiembre de 2014, momento para el cual acreditaba más
de 20 años de servicio docente, distribuidos así: 17 años, 5 meses y 24 días
mediante nombramiento en propiedad; y el tiempo restante en calidad de docente
en provisionalidad.
19. Asimismo, el a quo señaló que mediante la Resolución 2539 del 6 de
marzo de 2017 se reconoció una pensión de vejez al actor con fundamento en la
Ley 100 de 1993, razón por la cual ordenó al FOMAG reliquidar la prestación
reconocida en los términos de las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, esto es, en
cuantía del 75 % del promedio de la asignación básica y la bonificación mensual
docente devengadas en el año inmediatamente anterior a la consolidación del
estatus pensional.
20. En relación con los factores salariales que integran el ingreso base de
liquidación, el a quo precisó que correspondían a aquellos previstos en el artículo
1 de la Ley 62 de 1985 y en decretos posteriores, respecto de los cuales se
hubieran efectuado aportes.
21. En cuanto a la prescripción, determinó que no se había configurado, dado
que el demandante adquirió el status el 6 de septiembre de 2014, la solicitud de
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reconocimiento pensional se radicó el 17 de febrero de 2015 y la demanda fue
presentada el 28 de julio de 2016.
22. Finalmente, se abstuvo de condenar en costas a la entidad demandada.
Recurso de apelación
23. La apoderada de la entidad accionada interpuso recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia argumentando que a la parte actora no
le resulta aplicable el régimen previsto «en el artículo 7 de la Ley 71 de 1989»,
dado que su primera vinculación al servicio educativo oficial ocurrió en el año
2011.
24. Igualmente, mencionó que el demandante no cumplía los requisitos para
ser beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993, por cuanto al 1 de abril de 1994 no acreditaba la edad ni el tiempo de
servicios exigidos.
25. Afirmó que los periodos laborados mediante contratos de prestación de
servicios no configuran una relación laboral, salvo prueba de «subordinación o
dependencia ante el contratante»; y aun declarada judicialmente, tal relación no
convierte al contratista en empleado público.
26. Puso de presente que existió solución de continuidad de acuerdo con lo
previsto en el artículo 10 del Decreto 1045 de 1978 pero no estableció esto de
qué manera es relevante para efectos de la solución del caso concreto, e indicó
que la pensión reconocida resulta incompatible con el salario que percibe la
actora como docente oficial, en atención a la prohibición de recibir doble
asignación del tesoro público consagrada en el artículo 128 de la Constitución
Política.
27. Sostuvo que la mesada pensional debe liquidarse únicamente con los
factores sobre los cuales se efectuaron aportes y que se encuentran enlistados
en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985.
28. En cuanto a la prescripción, la recurrente se limitó a señalar que el
legislador estableció para las mesadas pensionales un término de prescripción
de 3 años, que se interrumpe con la presentación de la solicitud de
reconocimiento, sin formular petición concreta ni precisar su incidencia en el
caso.
29. Por último, objetó la condena2 en costas al considerar que esta no es de
carácter objetivo.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
2 Se advierte que, tal como se indicó en el recuento del fallo de primera instancia, no se condenó en costas
a la entidad.
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30. En auto del 28 de julio de 2025, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada3.
31. En sus alegatos4, el actor solicitó modificar el ordinal tercero de la parte
resolutiva del fallo, en el sentido de incluir en la liquidación de la mesada
pensional la totalidad de los factores salariales devengados en el año anterior a
la consolidación del estatus jurídico, y ordenar el pago de la prima de junio. De
forma subsidiaria, pidió confirmar la decisión pero acogiendo las exigencias
presentadas en la solicitud de aclaración del 5 de junio de 2025.
32. El agente del ministerio público en concepto 469-2025 del 5 de agosto de
20255 solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, al estimar que el
demandante es beneficiario de la pensión de jubilación prevista en la Ley 33 de
1985, dado que su vinculación al servicio docente se produjo con anterioridad a
la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 y, además, cumple con los requisitos
de edad y tiempo de servicios exigidos por la norma.
33. La parte demandada guardó silencio en esta fase procesal.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
34. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
modificado por los artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de
la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación.
Problema jurídico
35. De conformidad con los reparos planteados en la apelación, corresponde
a la Sala determinar si el señor Horacio Quintero Duque tiene derecho a
pensionarse de acuerdo con el régimen especial de los docentes, el cual permite
la compatibilidad con el salario; adicionalmente, deberá establecerse si el a quo
erró al incluir dentro del ingreso base de liquidación factores distintos de los
contenidos en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 y respecto de los cuales no se
acreditaron aportes; y finalmente, habrán de analizarse los reproches relativos a
la solución de continuidad, la prescripción y las costas procesales.
Análisis del problema jurídico
36. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia, al verificarse que el
actor se vinculó a la docencia oficial antes del 27 de junio de 2003, fecha de
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y que reúne los requisitos previstos
3 Índice 4 del aplicativo SAMAI.
4 Índice 9 del aplicativo SAMAI.
5 Índice 11 del aplicativo SAMAI.
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en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 para acceder a la pensión de jubilación,
compatible con el salario que percibe en ejercicio de la docencia oficial.
37. De igual manera, se desestimarán los reparos relativos a la liquidación de
la mesada y a las costas, pues el Tribunal limitó el ingreso base de liquidación a
la asignación básica y la bonificación mensual docente y exoneró a la parte
demandada del pago de costas procesales.
38. Como cuestión preliminar, la Sala aclara que el conocimiento del juez de
segunda instancia se delimita por los cargos concretos del recurso de apelación
(principios de congruencia y de limitación), conforme lo establecen los artículos
320 y 328 del CGP. A su vez, el artículo 147 del CPACA prevé que el recurso de
apelación contra sentencias debe interponerse dentro de los 10 días siguientes
a la notificación del fallo.
39. En este caso, el actor no interpuso recurso de apelación dentro del término
legal y, aunque en sus alegatos de conclusión solicitó la modificación de los
factores salariales que integraron el ingreso base de liquidación de la mesada
pensional reconocida, tales argumentos no pueden ser analizados, pues los
alegatos no constituyen un escenario idóneo para suplir la omisión en la
presentación de la apelación.
40. En relación con los planteamientos expuestos en la solicitud de aclaración
presentada el 5 de junio de 20256, se observa que esta fue negada mediante auto
del 11 de junio del mismo año, razón por la cual no corresponde a la Sala emitir
un pronunciamiento adicional.
41. Igualmente, se advierte que la entidad demandada no explicó la incidencia
que la alegada solución de continuidad, conforme al artículo 10 del Decreto 1045
de 1978, tendría en el reconocimiento de la prestación, ni desarrolló con precisión
el alcance del fenómeno prescriptivo de las mesadas pensionales. Al no cumplir
la carga mínima de argumentación, tales reproches no constituyen cargos
concretos contra lo resuelto en primera instancia que justifique su revocatoria.
42. Los reparos relacionados con los supuestos períodos laborados mediante
contratos de prestación de servicios y con la condena en costas no guardan
correspondencia con el marco fáctico ni con lo decidido en primera instancia, toda
vez que las certificaciones obrantes en el expediente acreditan una vinculación
exclusivamente legal y reglamentaria y el a quo dispuso exonerar a la parte
demandada del pago de costas procesales.
43. Se recuerda que el recurso de apelación tiene como objeto plantear
reparos concretos a la sentencia, y no se puede desnaturalizar para discutir
aspectos que no fueron objeto de la fijación del litigio, ni para hacer reproches
que no guardan relación con la decisión objeto del recurso, por lo que se invita a
las partes a hacer un correcto uso de este.
6 Índice 53 del aplicativo SAMAI del Tribunal.
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44. A continuación, la Sala relacionará los hechos probados con fundamento
en los documentos que obran en el expediente, que la llevan a las conclusiones
que se han enunciado:
i) El señor Horacio Quintero Duque nació el 6 de septiembre de 19597 y
prestó sus servicios como docente en el sector público en los
siguientes periodos:
Tipo de vinculación Entidad empleadora Desde - Hasta Tiempo de
servicios
Decreto 818 Secretaría de Educación 20/02/78 al 21/07/94 5.996 días
(nombramiento en Departamental del
propiedad) Quindío
Acto administrativo Municipio de 21/07/94 al 01/09/95 408 días
3229 (nombramiento Manzanares
en propiedad)
Acto administrativo Municipio de 02/09/95 al 05/09/95 4 días
10
361 (nombramiento Manzanares
en propiedad)
Decreto 53511 Secretaría de Educación 06/07/09 al 21/04/10 290 días
(nombramiento en Municipal de Itagüí
provisionalidad)
Resolución 0225412 Secretaría de Educación 09/03/11 al 28/07/11 142 días
(nombramiento en Municipal de Medellín
provisionalidad)
Resolución 1016713 Secretaría de Educación 29/07/11 al 13/12/11 138 días
(nombramiento en Municipal de Medellín
provisionalidad)
Resolución 1587814 Secretaría de Educación 14/12/11 al 09/02/12 58 días
(nombramiento en Municipal de Medellín
provisionalidad)
Resolución 0232915 Secretaría de Educación 10/02/12 al 15/08/1816 2.379 días
(nombramiento en Municipal de Medellín
provisionalidad)
9.415 días,
equivalentes a 25
años, 9 meses y
20 días.
45. De acuerdo con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, el parágrafo
transitorio 1 del artículo 48 de la Constitución Política (adicionado por el artículo
1 del Acto Legislativo 01 de 2005) y la Sentencia de Unificación SUJ-014-CE-S2-
7 Folios 20 a 21, índice 49 del aplicativo Samai del Tribunal. Link del expediente digital.
8 Folio 46, ibidem.
9 Folio 47, ibidem.
10 Folio 47, ibidem.
11 Folio 48, ibidem.
12 Folio 49, ibidem.
13 Folio 49, ibidem.
14 Folio 49, ibidem.
15 Folio 49, ibidem.
16 Fecha de expedición de la certificación laboral.
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19 del 25 de abril de 2019, el régimen pensional de los docentes vinculados al
servicio educativo oficial antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003
(27 de junio de 2003) es el previsto en la Ley 91 de 1989, que habilita la remisión
a la Ley 33 de 1985 o a la Ley 71 de 1988.
46. En el presente asunto, se encuentra acreditado que el señor Quintero
Duque ingresó al servicio público docente el 20 de febrero de 1978, mediante
nombramiento en propiedad en la Secretaría de Educación Departamental del
Quindío, razón por la cual el régimen aplicable es el previsto en la Ley 91 de 1989
y, de forma concreta, el consagrado en la Ley 33 de 1985, dado que la totalidad
de los tiempos de servicio acreditados corresponde al sector público.
47. La Sala precisa que, contrario a lo afirmado por la parte demandada, el
acceso al régimen pensional de la Ley 33 de 1985 no está condicionado al
cumplimiento de los requisitos de transición previstos en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993, pues la pensión de jubilación puede reconocerse por dos vías
normativas, y en este caso, el fundamento es la vinculación a la docencia oficial
antes del 27 de junio de 2003 (artículo 81 de la Ley 812 de 2003).
48. Asimismo, se evidencia que el actor cumplió los requisitos exigidos para
acceder a la pensión de jubilación el 6 de septiembre de 2014, fecha en la que
alcanzó 55 años y ya acreditaba 21 años, 10 meses y 11 días de servicios
docentes.
49. Por otro lado, la entidad demandada cuestionó la liquidación de la mesada,
al sostener que debía efectuarse únicamente con los factores sobre los cuales
se realizaron aportes y que se encuentran taxativamente previstos en el artículo
1 de la Ley 62 de 1985.
50. Sobre el particular, resulta pertinente acudir a la sentencia de unificación
SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 20196, en la cual el Consejo de Estado
sentó jurisprudencia respecto al «ingreso base de liquidación de la pensión
ordinaria de jubilación de los docentes del servicio público oficial afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
51. En dicha providencia se estableció que el ingreso base de liquidación de
la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia
de la Ley 812 de 2003, como es el caso del actor, debe determinarse conforme
a los siguientes parámetros:
(i) El período correspondiente al año anterior a la consolidación del
estatus pensional, esto es, al cumplimiento de los requisitos de edad y
tiempo de servicios; o a la terminación del vínculo legal y reglamentario.
(ii) Los factores computables son exclusivamente los previstos en la Ley
62 de 1985, a saber: asignación básica, gastos de representación,
primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación,
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dominicales y feriados, horas extras, bonificación por servicios
prestados y trabajo suplementario o nocturno.
52. A su vez, los Decretos 633 y 634 de 2007, el Decreto 1566 de 2014 y el
Decreto 2354 de 2018 introdujeron y reglamentaron nuevos factores salariales
aplicables a los docentes oficiales, los cuales también integran el ingreso base
de liquidación, siempre que hayan servido de base para realizar aportes al
sistema pensional. Dichos factores son: (i) asignación adicional para directivos
docentes; (ii) bonificación mensual de docentes; y (iii) bonificación pedagógica.
53. Estos conceptos al haber sido incorporados expresamente en la normativa
y configurarse como factores salariales sujetos a cotización, resultan
computables para efectos del cálculo del IBL.
54. Al comparar los factores salariales percibidos por el señor Quintero Duque
entre el 6 de septiembre de 2013 y el 5 de septiembre de 2014, año
inmediatamente anterior a la consolidación de su estatus pensional, con los
enlistados en las disposiciones aplicables, se advierte que solo percibió la
asignación básica y la bonificación mensual docente.
55. Por consiguiente, no le asiste razón a la entidad demandada al afirmar que
el Tribunal incurrió en error al incluir factores distintos de los taxativamente
previstos en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, pues lo cierto es que la decisión
de primera instancia se limitó a reconocer como computables la asignación
básica y la bonificación mensual docente, en concordancia con la normativa
aplicable y la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado.
56. Finalmente, la accionada alegó la incompatibilidad entre la prestación
reconocida y el salario que percibe el actor como docente oficial. Sobre el
particular, si bien en la sentencia de primera instancia no se emitió un
pronunciamiento expreso sobre ese aspecto, implícitamente se reconoció dicha
compatibilidad al ordenar el pago de la mesada desde la causación del derecho
(6 de septiembre de 2014), momento para el cual el demandante continuaba
desempeñándose como docente.
57. Por lo tanto, esta Sala analizará lo concerniente a la compatibilidad entre
la mesada pensional y el salario, dados los términos en que se reconoció el
derecho.
58. Sobre el particular, el artículo 128 de la Constitución Política establece la
prohibición de recibir más de una asignación que provenga del erario; sin
embargo, el artículo 19 de la Ley 4.ª de 1992 previó algunas excepciones a esa
regla, entre las cuales se incluyen las asignaciones «que a la fecha de entrar en
vigencia [dicha] ley beneficien a los servidores oficiales docentes pensionados».
59. En relación con esta norma, la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado ha precisado que «no solo cobija a los docentes
pensionados con anterioridad a su entrada en vigencia sino también a los que
accedan a la pensión ordinaria y/o gracia con posterioridad, dado que es
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precisamente su condición de pensionados la que les permite acceder a los
beneficios consagrados en normas anteriores […]»17.
60. En ese sentido, el artículo 5 del Decreto 224 de 1972 dispone que el
ejercicio de la docencia es compatible con el goce de la pensión de jubilación.
Por tanto, los maestros vinculados al servicio educativo oficial antes de la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, cuyo régimen pensional no es el
consagrado en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, pueden recibir
simultáneamente la pensión de jubilación y el salario derivado del ejercicio de
la labor docente.
61. Es pertinente poner de presente que la Corte Constitucional, en la
sentencia C – 1157 de 2003, declaró la inexequibilidad del artículo 45 del Decreto
1278 de 2002, en el que se estableció la incompatibilidad entre el ejercicio de la
docencia y la pensión de vejez.
62. En consecuencia, al tratarse de un servidor beneficiario de la Ley 91 de
1989, y por remisión de esta, del régimen de la Ley 33 de 1985, su mesada
pensional es compatible con el salario que devenga como docente oficial, como
de manera tácita lo reconoció el a quo para el caso del accionante.
63. Por lo expuesto, se confirmará íntegramente la decisión apelada.
Condena en costas
64. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
65. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
66. Por lo tanto, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 14 de agosto de 2009, expediente 05001-23-31-000-2004-03824-01 (2170-2008).
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Radicación: 05001-23-33-000-2016-01737-01 (1835-2025)
Demandante: Horacio Quintero Duque
67. En consecuencia, no son atendibles los argumentos de la apelación por lo
que se mantendrá incólume la condena en costas en primera instancia y se
impondrán en segunda instancia al FOMAG, por cuanto se niegan totalmente las
peticiones del recurso de apelación. Para tal efecto, de conformidad con el
artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría
del Tribunal Administrativo de Antioquia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
IV. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 16 de mayo de 2025 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia.
SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia a la entidad
demandada, de acuerdo con lo establecido en la parte motiva de la presente
providencia.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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