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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00622-00

Fecha
19 de febrero de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00622-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Negar las solicitudes de desvinculación formuladas por el Ministerio de Educación Nacional y la gobernación de Cundinamarca, de conformidad con los argumentos expuestos en el presente proveído. Segundo: Negar la acción de tutela interpuesta por la señora Derly Rocío Suárez Sierra en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda Subsección C, conforme a las consideraciones plasmadas en esta providencia. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto: De no ser impugnada remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-00622-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

19 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., diecinueve (19) de febrero dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00622-00
Accionante: Derly Rocío Suárez Sierra
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C

Tema: Tutela contra providencia judicial proferida dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho

Decisión: Negar el amparo al no encontrar acreditados los defectos
endilgados

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela1 presentada por la señora Derly Rocío Suárez Sierra, quien actúa por
conducto de apoderado judicial, en contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, por la presunta vulneración de
sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y seguridad social,
ocurrida con la expedición de la sentencia del 13 de agosto de 2025, al interior del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25269-33-
33-002-2022-00172-01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. La señora Derly Rocío Suárez Sierra en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho demandó a la Nación - Ministerio de Educación
Nacional – FOMAG para que se declarara la nulidad parcial del acto administrativo
por medio del cual se le reconoció una pensión de vejez.

3. El proceso correspondió al Juzgado Cuarto Administrativo de Facatativá que
mediante sentencia del 22 de noviembre de 2024 resolvió acceder parcialmente a
las pretensiones de la demanda, en el sentido de ordenar la reliquidación de la
pensión teniendo en cuenta como factores salariales la asignación básica,
asignación adicional coordinador 20%, bonificación mensual docente y bonificación
pedagógica.

4. En sede apelación, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección

1 Acción de tutela presentada el 29 de enero de 2026.

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Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00622-00
Accionante: Derly Rocío Suárez Sierra

Segunda Subsección D, a través de sentencia del 13 de agosto de 2025, revocó la
anterior decisión para, en su lugar, negar las súplicas de la demanda, al considerar
que no se demostró que se hubieran efectuado los aportes al sistema pensional,
por lo tanto, no podían ser considerados para la liquidación de la pensión, de
conformidad con los parámetros contemplados en la sentencia de unificación del
25 de abril de 20192.

2.2. Fundamento jurídico

5. La parte actora indicó que el Tribunal incurrió en un error inducido, en tanto, la
parte demandada en el recurso de apelación sostuvo que los factores salariales
que debían incluirse en la liquidación de la pensión de jubilación eran
exclusivamente aquellos que sirvieron de base para realizar cotizaciones al sistema
de seguridad social y que se encontraban previstos en la Ley 62 de 1985.

6. No obstante, en ninguno de sus pronunciamientos mencionó que el Comunicado
003 del 18 de febrero de 2020 indica que además de los factores salariales que se
encuentra en dicha norma, en la liquidación de la pensión de jubilación de los
docentes se debe incluir la bonificación mensual, la bonificación pedagógica y los
sobresueldos para los directivos docentes, omisión que, a su juicio, resultaba
relevante para el análisis integral del asunto.

7. Se advierte que, si bien la parte actora también alega una violación directa de la
Constitución, lo cierto es que utiliza los mismos argumentos para el defecto de error
inducido.

8. Así como también, alegó un desconocimiento de precedente horizontal del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca contenido en las sentencias del 21 de
septiembre de 20233, del 12 de agosto de 20254 y 15 de julio de 20255. Así como
precedente vertical el Consejo de Estado contenido en las providencias proferidas
por del 19 de junio6 y del 23 de octubre7, ambas del 2025, en las que se ordenó la
reliquidación de la pensión con inclusión de todos factores salariales devengados
contemplados en el artículo 1.° de la Ley 62 de 1985.

2.3. Pretensiones

9. Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«(…)
1. Se amparen los derechos fundamentales de mi poderdante, vulnerados con
la sentencia emitidas por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
– SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN C, dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento de derecho con número de radicado 25269-3333-002-2022-
00172-01.

2 Radicación número: 68001-23-33-000-2015-00569-01(0935-17)SUJ-014-CE-S2- 19.
3
Proceso con radicado 25307-33-33-003-2021-00066-01
4
Proceso con radicado 25269-33-33-002-2022-00183-01
5
Proceso con radicado 25269-33-33-002-2023-00027-01
6
Proceso con radicado 25000-23-42-000-2021-00493-01
7
Proceso con radicado 05001-23-33-000-2016-01737-01

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Acción De Tutela
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Accionante: Derly Rocío Suárez Sierra

2. Que se deje sin efectos la sentencia del 15 de agosto de 2025, proferida por
el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN C, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento de
derecho radicado 25269-3333-002-2022-00172-01.

3. Que se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN C emitir una sentencia que resuelva
conforme a derecho el recurso de apelación presentado en contra de la sentencia
de primera instancia proferida por el JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE FACATATIVÁ. (Sic)

2.4. Intervenciones

10. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 2 de febrero
de 2025 en el que se ordenó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C como accionado y a la Nación- Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y al
Departamento de Cundinamarca, como terceros interesados en el resultado del
proceso.

11. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
C solicitó que se niegue el amparo porque la decisión cuestionada se profirió de
conformidad con el ordenamiento jurídico y precedente jurisprudencial aplicable al
asunto.

12. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Facatativá después de
hacer un recuento de las actuaciones surtidas al interior del proceso ordinario,
manifestó que remitiría copia del expediente.

13. El Ministerio de Educación Nacional solicitó que se declare la improcedencia
del mecanismo constitucional por falta del requisito de relevancia constitucional.
Asimismo, pidió que se declare falta de legitimación en la causa por pasiva.

14. La gobernación de Cundinamarca pidió ser desvinculada del presente trámite
por falta de legitimación en la causo por pasiva por cuanto no se le puede imputar
responsabilidad.

15. No se rindieron más informes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

16. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 2019 8 y demás normas
concordantes.

3.2. Cuestión previa

8 Reglamento interno del Consejo de Estado.

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Accionante: Derly Rocío Suárez Sierra

3.2.1. De la legitimación en la causa por pasiva

17. El Ministerio de Educación Nacional y la gobernación de Cundinamarca
solicitaron que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva. Al
respecto, la Sala no encuentra mérito suficiente para acceder a dicha pretensión,
toda vez que, analizado el material probatorio, se tiene que dichas entidades
hicieron parte del proceso ordinario en calidad de accionadas, razón por la que
procede la Sala a negar dicha solicitud.

3.2.2. De la presunta violación directa de la Constitución

18. Se advierte que, si bien la parte actora también alega una violación directa de la
Constitución, lo cierto es que utiliza los mismos argumentos para el defecto de error
inducido, razón por la que, de encontrar acreditados los requisitos de procedibilidad
de tutela contra providencias judiciales, la Sala solo se pronunciará respecto de
este último.

3.3. Problema jurídico

19. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, al proferir la sentencia del 13 de agosto 2025, vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y seguridad social, al incurrir en los
defectos de error inducido y desconocimiento de precedente.

3.4. Procedencia de la acción de tutela

20. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las
personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa
judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene
el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

21. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a
los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es
susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la Carta le impone.

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22. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito
garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía
e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

23. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i)
que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa,
tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien
demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate
de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique la situación fáctica que
devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.

3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.

3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración
de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente individualizados.

3.4.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de
6 meses desde la ejecutoria de la providencia objeto de cuestionamiento, esto es,
26 de agosto de 2025 y la interposición de la acción de tutela, es decir, el 29 de
enero de 2026.

3.4.1.4. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida
que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental de los
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia
e igualdad, al incurrir en los defectos de error inducido y desconocimiento de
precedente, los cuales se encuentran razonadamente fundamentados.

24. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

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3.5. El desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales

25. Sobre el particular, la Corte Constitucional, al efectuar el estudio de
exequibilidad respecto del artículo 4 de la Ley 169 de 18969, precisó que de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 230 superior, los jueces solo están sometidos al
imperio de la ley y por tanto no están obligados a fallar en la misma forma como lo
han hecho en casos anteriores, siempre y cuando, «expongan clara y
razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión».

26. Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró en la Sentencia C-590
de 2005, que el desconocimiento injustificado del precedente judicial por parte del
juez, constituye una causal especial de procedibilidad de la acción de tutela.

27. Respecto del precedente vertical10, la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el respeto
hacia las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial,
por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones.

28. Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas
consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el
asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio
decidendi o razón central de la decisión anterior, la que al mismo tiempo, surge de
los presupuestos fácticos relevantes de cada caso11.

29. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica de manera suficiente y
razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que ha seguido
en casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de la igualdad
y de la independencia judicial; por tanto, no podrá reprocharse a la sentencia
arbitrariedad ni inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los justiciables
ningún género de discriminación12.

30. En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no
advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera excepcional por
parte del juez de tutela, en tanto que constituyen manifestaciones de arbitrariedad
por parte del Juez que dejan irrealizadas la igualdad de quienes se encuentran en
idénticas circunstancias frente a la Ley.

3.6. El defecto de error inducido como causal de procedibilidad de tutela
contra providencia judicial

31. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional «el error inducido se presenta
cuando la autoridad judicial es víctima de factores externos al proceso que lo
determinan o influencian a tomar determinada decisión que resulta contraria a
derecho o a la realidad fáctica del caso.»8
32. Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado que para que se configure un
error inducido, deben confluir los siguientes presupuestos:
9 Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
10 Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
11 Sentencia T-049 de 1 de febrero de 2007: magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
12 Sentencia T-123 de 21 de marzo de 1995, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.

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«a) La providencia que contiene el error está en firme;

b) La decisión judicial se adopta siguiendo los presupuestos del debido proceso, de
tal forma que no es consecuencia de una actuación dolosa o culposa del juez;

c) No obstante el juez haber actuado con la debida diligencia, la decisión resulta
equivocada en cuanto se fundamenta en la apreciación de hechos o situaciones
jurídicas en las cuales hay error;

d) El error no es atribuible al funcionario judicial si no al actuar de un tercero (órgano
estatal u otra persona natural o jurídica); y

e) La providencia judicial produce un perjuicio ius fundamental»9.

33. En ese contexto, no se reprocha la actuación del juez, en cuanto algún asunto
de forma, competencia o argumentación, pues el vicio proviene de la actuación
inconstitucional de otros que provocan el error en el fallo que se profiere.

3.7. Análisis de los presuntos defectos de error inducido y desconocimiento
de precedente en el caso concreto

34. La parte actora en la demanda alega que el Tribunal incurre en error inducido,
en tanto, el FOMAG en el recurso de apelación sostuvo que los factores salariales
que debían incluirse en la liquidación de la pensión de jubilación eran
exclusivamente aquellos que sirvieron de base para realizar cotizaciones al sistema
de seguridad social, los cuales se encontraban previstos en la Ley 62 de 1985.

35. No obstante, en ninguno de sus pronunciamientos dicha entidad mencionó el
Comunicado 003 del 18 de febrero de 2020, en el que se indica que además de los
factores salariales que se encuentra en dicha norma, se debe incluir la bonificación
mensual, la bonificación pedagógica y los sobresueldos para los directivos
docentes, omisión que, a su juicio, resultaba relevante para el análisis integral del
asunto.

36. Así como también, señala que la decisión cuestionada adolece de un
desconocimiento de precedente horizontal proferido por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca contenido en las sentencias del 21 de septiembre de 2023, del
12 de agosto de 2025 y 15 de julio de 2025. Así como precedente vertical el Consejo
de Estado contenido en las providencias proferidas por del 19 de junio y del 23 de
octubre, ambas del 2025, en las que se ordenó la reliquidación de la pensión con
inclusión de todos factores salariales devengados contemplados en el artículo 1.°
de la Ley 62 de 1985.

37. Al respecto, se tiene que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C en la providencia cuestionada consideró:

«En síntesis, para el caso del personal docente, el Consejo de Estado profirió
sentencia unificadora el 25 de abril de 2019, en la que acogió los argumentos ya
sentados por la corporación en la providencia del 28 de agosto de 2018 y fijó como
regla de interpretación que la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003 debe efectuarse
computando únicamente los factores sobre los que se hayan efectuado los

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respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 y, por lo
tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo. A lo que hay que sumar que las reglas consignadas en esta
sentencia de unificación son obligatorias para todos los casos pendientes o en
discusión tanto en vía administrativa como judicial de manera retrospectiva, siempre
y cuando no haya operado la cosa juzgada.
(…)
No se discute que mediante la Resolución 001832 de 31 de diciembre de 2019, la
Secretaría de Educación del Departamento de Cundinamarca le reconoce pensión
de jubilación a la demandante, con el 75% del promedio de salarios devengados en
el año anterior al cumplimiento del estatus de pensionada, teniendo en cuenta la
asignación básica.
(…)
En el Formato Único para la Expedición de Certificado de Salarios de 30 de octubre
de 202334, aparecen entre enero y diciembre de 2018 y 2019, los siguientes
factores salariares: asignación básica, bonificación mensual docente, bonificación
pedagógica, prima de navidad, prima de servicios, prima de vacaciones, HE J.
Única G.12,13 y14 D.2277 y asignación adicional Coordinador 20%. Pero no se
observa constancia sobre qué factores se realizaron aportes a pensión.

Contrario a lo considerado por el juez de primera instancia, el tratamiento legal dado
a este asunto por la parte demandada se aviene al ordenamiento jurídico,
comoquiera que no se demostró que la accionante hubiera efectuado aportes sobre
esos factores, tal como lo señaló el FOMAG en su recurso de apelación, por lo que
en consecuencia, no hacen parte del IBL y no pueden ser considerados para la
liquidación de la pensión, por lo tanto, el acto administrativo que reconoció el
derecho de la demandante se ajustó a derecho.

De otro lado, frente al argumento según el cual es viable ordenar la inclusión de
todos los factores salariales devengados por la accionante, siempre y cuando se
ordene la deducción o pago de los aportes que debían haberse efectuado al
momento de reconocer el beneficio pensional, de conformidad con los análisis que
preceden, hay que señalar que fue una posición que con anterioridad se adoptó en
virtud de la interpretación primigenia de las Leyes 33 y 62 de 1985 en materia de
factores a incluir en el monto pensional, que ahora es recogida por la nueva
jurisprudencia, por lo tanto, no es regla que se pueda seguir aplicando, si la
sentencia unificadora del 25 de abril de 2019 considera que la antigua orientación
jurisprudencial en tal sentido excede el mandato legal.
(…)
En virtud de lo anterior, se concluye que le asiste razón a la parte demandada en
los argumentos que presenta en su recurso de alzada, encaminados a reconocer
que el acto administrativo acusado fue proferido en estricto cumplimiento de las
normas legales vigentes, sin que se encuentre viciado de nulidad, porque la pensión
de jubilación fue reconocida teniendo en cuenta los factores sobre los cuales la
demandante efectuó las cotizaciones, sin que sea procedente una nueva
reliquidación para incluir otros factores salariales no contemplados en la norma o
frente a los cuales no se efectuó la cotización por aportes al sistema de
pensiones.
(…)»

38. A partir de las transcripciones realizadas, la Subsección advierte que en el
presente asunto no se configura el defecto de error inducido, toda vez que la
conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada para resolver el asunto bajo
estudio y negar las súplicas de la demanda relacionadas con la reliquidación de la
pensión de vejez con inclusión de todos los factores salariales devengados en el
último año de servicios, no fue consecuencia de una falla o u engaño que resulte
contrario a derecho o a la realidad fáctica del caso, tal como lo sugiere la parte
accionante en la demanda de tutela, sino que, por el contrario, tuvo como

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fundamento un razonable ejercicio de interpretación normativa y jurisprudencial
aplicable al asunto, que llevó a adoptar la decisión adversa a sus pretensiones.

39. Al respecto, el Tribunal precisó que no se demostró que la accionante hubiera
efectuado los aportes sobre todos los factores devengados en el último año de
servicios, razón por la cual no hacían parte del IBL y no podían ser considerados
para la liquidación de la pensión, esto, de conformidad con las reglas fijadas en la
sentencia de unificación del 25 de abril de 2019 (SUJ-014-CE-S2- 19).

40. En efecto, para la Sala, la interpretación del Tribunal de no incluir emolumentos
sobre los cuales no se realizaron los aportes al sistema pensional no obedeció a un
engaño o a la ocultación de información relevante, sino a la falta de prueba sobre
la cotización efectiva respecto de dichos factores.

41. En consecuencia, para la Sala la decisión adoptada constituye un ejercicio
interpretativo razonado, apoyado en disposiciones normativas aplicables al asunto
y precedente de obligatorio cumplimiento, lo cual descarta que el sentido del fallo
haya sido determinado por una maniobra engañosa o por una distorsión de la
realidad fáctica como lo alega la parte actora en la demanda de tutela.

42. Ahora, lo mismo ocurre respecto del desconocimiento de precedente
relacionado previamente, toda vez que el Tribunal aplicó los parámetros fijados en
la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019 del Consejo de Estado según la
cual la pensión de jubilación de los docentes vinculados antes de la Ley 812 de
2003 debe liquidarse con los factores respecto de los cuales se realizaron aportes.

43. Frente al precedente vertical contenido en las sentencias del 19 de junio y del
23 de octubre, ambas del 2025, la Subsección observa que no se acreditó que en
ellas se hubiese fijado una regla distinta a la establecida en la sentencia de
unificación, ni que se tratara de decisiones que modificaran o dejaran sin efectos el
precedente unificador, por lo tanto, no es factible entender que se incurrió en un
desconocimiento de precedente y, menos aún, en una decisión arbitraria o
caprichosa, pues, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte
accionante con la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada, que no
conlleva la transgresión de derechos fundamentales.

44. En cuanto a las decisiones adoptadas por otras subsecciones del mismo
Tribunal, para la Sala no resulta suficiente para estructurar un desconocimiento de
precedente, pues para ello se requiere demostrar identidad fáctica y jurídica
relevante; así como la existencia de una regla clara y consolidada que haya sido
desconocida sin justificación suficiente, lo cual no ocurrió en el presente asunto, en
la medida que se aplicaron los parámetros de una sentencia de unificación.

45. Por tal razón, no es posible considerar que la decisión adolece de algún defecto,
sino que la parte accionante se encuentra inconforme con la interpretación
efectuada por la autoridad judicial accionada, situación que, dada la finalidad
prevista para la tutela, sale de la órbita de competencia del juez constitucional.

46. Es necesario recordar que el análisis que le corresponde realizar al juez

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Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00622-00
Accionante: Derly Rocío Suárez Sierra

constitucional al estudiar la procedencia de tutela contra providencia judicial no es
de corrección sino de validez13, motivo por el cual solo habrá lugar a amparar los
derechos fundamentales en los eventos en los que se advierta que el razonamiento
es arbitrario o caprichoso.

47. En suma, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante con
la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva la
transgresión de derechos fundamentales, razón por la que la Sala procederá a
negar el amparo deprecado, por las consideraciones expuestas en la presente
providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Negar las solicitudes de desvinculación formuladas por el Ministerio de
Educación Nacional y la gobernación de Cundinamarca, de conformidad con los
argumentos expuestos en el presente proveído.

Segundo: Negar la acción de tutela interpuesta por la señora Derly Rocío Suárez
Sierra en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda
Subsección C, conforme a las consideraciones plasmadas en esta providencia.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Cuarto: De no ser impugnada remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

13Corte Constitucional, sentencia SU 128 de 6 de mayo de 2021, magistrado ponente: Cristina Pardo
Schlesinger.

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