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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00622-01

Fecha
20 de abril de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00622-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero. Revocar la sentencia proferida el 19 de febrero del 2026 del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. En su lugar, amparar los derechos fundamentales al mínimo vital, a la igualdad, a la seguridad social y acceso a la administración de justicia de Derly Rocío Suarez Sierra. Segundo. Dejar sin efectos la sentencia proferida el 13 de agosto de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con el radicado 11001-0315-000-2026-00622-00. Tercero. Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, en el término de 20 días siguientes, contados a partir de la notificación de la presente providencia, emita un pronunciamiento de reemplazo. Cuarto. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 18 Radicación: 11001-03-15-000-2026-00622-01 Demandante: Derly Rocío Suarez Sierra Quinto. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-00622-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

20 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BADOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00622-01
Demandante: Derly Rocío Suarez Sierra
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C

Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
Derecho / Reliquidación de la pensión por aportes / Inclusión de
factores salariales / Desconocimiento del precedente judicial y
violación directa de la Constitución Política

Decisión: Revocar la decisión de primera instancia y acceder al amparo

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por Derly Rocío Suárez Sierra, en contra
de la sentencia proferida el 19 de febrero del 2026 por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, mediante la cual se negó el amparo solicitado.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

1. Derly Roció Suárez Sierra promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a
la igualdad y al acceso a la administración de justicia, los cuales consideró
vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 13 de agosto del 2025 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado 25269-33-33-002-2022-00172-01.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «4ED_Demanda(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2».

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00622-01
Demandante: Derly Rocío Suarez Sierra

2.1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
presentó demanda contra el Ministerio de Educación Nacional, el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio2 y el departamento de Cundinamarca, con
la finalidad de cuestionar la legalidad del acto administrativo mediante el cual se le
reconoció la pensión de jubilación, específicamente en lo relativo a la cuantía de la
prestación, a fin de que se incluyera en la base de liquidación la totalidad de los
factores salariales devengados durante el último año de servicio [asignación básica,
asignación adicional coordinador del 20%, bonificación mensual docentes,
bonificación pedagógica, prima de navidad, prima de servicios y prima de
vacaciones].

2.2. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Facatativá en sentencia del 22
de noviembre de 2024 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y,
en consecuencia, ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión
de los factores salariales correspondientes a la asignación básica, la adicional por
coordinación del 20% y las bonificaciones mensual docente y pedagógica; no
obstante, negó la inclusión de las primas de navidad, de servicios y de vacaciones.
En contra de esta decisión la parte demandada interpuso recurso de apelación.

2.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
en sentencia del 13 de agosto de 2025 revocó la decisión del a quo, y en su lugar,
negó las pretensiones de la demanda, al considerar que no logró demostrar los
aportes de dichos factores al sistema pensional.

2.4. La autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al incurrir
en desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estado3 sobre la
liquidación de la pensión de jubilación de los docentes con inclusión de múltiples
factores salariales y, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca4 que ha
ordenado su reliquidación con la incorporación de conceptos como las asignaciones
de directivos docentes, la bonificación mensual y la pedagógica.

2.5. Asimismo, por cuanto la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25
de abril de 2019 presentó un vacío argumentativo porque en ella no se hizo
pronunciamiento alguno a dichos factores salariales.

2 En adelante Fomag.
3 Al respecto citó las sentencias: i) 23 de octubre de 2025, dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento de derecho No. 05001-23-33-000-2016-01737-01; ii) el 19 de junio de 2025, dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento de derecho No. 25000-23-42-000-2021-00493-
01.
4 Al respecto citó las sentencias del: i) 21 de septiembre de 2023, proferida dentro del medio de

control de nulidad y restablecimiento del derecho No. 25307333300320210006601; ii) 12 de agosto
de 2025, proferida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho No.
25269333300220220018301.; iii) 15 de julio de 2025, proferida dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho No. 25269333300220230002701.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00622-01
Demandante: Derly Rocío Suarez Sierra

2.6. En error inducido ya que el FOMAG indicó que los factores salariales que se
debían incluir en la liquidación de la pensión de jubilación eran solo aquellos que
sirvieron de base para hacer cotizaciones a seguridad social y que se encontraban
en la Ley 62 de 1985. Sin embargo, nunca mencionó el Comunicado No. 003 del 18
de febrero de 2020, en el cual se aclaró que, en el caso de los docentes se debía
incluir la bonificación mensual, la bonificación pedagógica y los sobresueldos para
los directivos docentes.

2.7. En violación directa de la Constitución Política comoquiera que no se trató de
una discusión meramente formal, sino que giró en torno a unos derechos
fundamentales, pues en ninguna de las certificaciones de salarios adoptados por el
Ministerio de Educación Nacional y el FOMAG se puede determinar sobre cuales
factores salariales se hicieron aportes a seguridad social.

1.2. Pretensiones

3. Como fundamento de la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] 1. Se amparen los derechos fundamentales de mi poderdante, vulnerados con la
sentencia emitidas por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN C, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento de derecho con número de radicado 25269-3333-002-2022-00172-01.

2. Que se deje sin efectos la sentencia del 15 de agosto de 2025, proferida por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN C, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento de derecho
radicado 25269-3333-002-2022-00172-01.

3. Que se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN
SEGUNDA – SUBSECCIÓN C emitir una sentencia que resuelva conforme a derecho el
recurso de apelación presentado en contra de la sentencia de primera instancia proferida
por el JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE FACATATIVÁ. […]»
[sic].

1.3. Informes rendidos en el proceso

4. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Facatativá5 realizó un
recuento de las actuaciones surtidas en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, y remitió el expediente.

5
Ver índice 10 de Samai. Archivo denominado «MEMORIALWEB_CONTESTACIÓNDEMANDA.zip) NroActua 00010».

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00622-01
Demandante: Derly Rocío Suarez Sierra

5. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca6 solicitó que se negara la petición
de amparo, por cuanto la decisión se fundamentó en el ordenamiento jurídico y
precedente jurisprudencial aplicable al asunto.

6. El Ministerio de Educación Nacional7 solicitó que se declarara improcedente la
petición de amparo por no acreditar el requisito general de la relevancia
constitucional. Asimismo, su desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva, al considerar que era el Fomag el responsable del reconocimiento
prestacional.

7. Eldepartamento de Cundinamarca8 solicitó su desvinculación del trámite
constitucional por falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no tenía
competencia en el reconocimiento y liquidación de la pensión.

8. Los demás terceros con interés guardaron silencio.

1.4. Sentencia de primera instancia9

9. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 19 de
febrero del 2026 negó la petición de amparo, al considerar que, no se incurrió en los
defectos alegados por la demandante. Por una parte, explicó que la providencia
cuestionada no configuró el defecto de error inducido, pues no existió una falla o
engaño que sea contrario a los hechos del caso.

10. Tampoco se evidenció un desconocimiento de los precedentes referidos, pues
la autoridad judicial demandada aplicó los parámetros fijados por la sentencia del
Consejo de Estado del 25 de abril del 2019, que concluyó que la liquidación
pensional debía hacerse con los factores sobre los cuales si se realizaron aportes.
Máxime, cuando no se acreditó que las providencias citadas fijaran reglas distintas
a la hora de realizar la liquidación pensional.

11. De igual forma, negó la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio
de Educación Nacional y el departamento de Cundinamarca.

1.5. Escrito de impugnación

6 Ver índice 13 de Samai. Archivo denominado
«16RECIBEMEMORIAL_20260062200Contestac(.pdf). NroActual 00013».
7Ver índice 12 de Samai. Archivo denominado
«13RECIBEMEMORIAL_2026EE043094Comunica(.pdf) NroActua 12».
8 Ver índice 14 de Samai. Archivo denominado «19_MemorialWeb_Respuesta-
Contestacion20260(.pdf) NroActua 14».
9
Ver índice 19 de Samai. Archivo denominado «27Sentencia_0320260062200DelyRoc(.pdf) NroActua 19».

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Demandante: Derly Rocío Suarez Sierra

12. Derly Roció Suarez Sierra impugnó la decisión de a quo, donde enfatizó en la
vulneración de sus derechos fundamentales y el desconocimiento del precedente
judicial del Consejo de Estado10 por cuanto el tribunal demandado «basó su decisión
en la Sentencia de Unificación del 25 de abril de 2019 y no tuvo en cuenta las otras fuentes
de derecho como los actos administrativos que anualmente regulan los salarios de los
docentes y en los cuales dice (tal y como lo indicó el despacho judicial de primera instancia)
que constituyen factor salarial para todos los efectos legales» [sic].

2. Consideraciones

13. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

14. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 200011 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 201912, esta Sala es
competente para conocer de la impugnación contra la sentencia de tutela proferida
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

15. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo
del Consejo de Estado13, unificó el criterio de la Corporación en cuanto a la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las
distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema 14. Al
respecto señalo lo siguiente

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que
las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29
de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de
derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical
y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de

10 Al respecto citó: i) 23 de octubre de 2025, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento

de derecho No. 05001-23-33-000-2016-01737-01; ii) el 19 de junio de 2025, dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento de derecho No. 25000-23-42-000-2021-00493-01.
11 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
12 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-

01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
14 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.

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fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias
de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente. […]»

16. Como consecuencia de lo anterior, esta Corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

17. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
Administrativo15, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela, como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.

18. Ahora bien, la Corte Constitucional16 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez;
y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

19. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos17, el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. Para la prosperidad del amparo, debe
verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos específicos
alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal trascendencia que
implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales18.

15Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez
16 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de

2005.
17 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

18Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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20. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

21. De acuerdo con el escrito de impugnación, la Sala deberá definir: ¿si el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, vulneró los
derechos fundamentales de Derly Roció Suarez Sierra, con ocasión de la sentencia
del 13 de agosto de 2025, mediante la cual, en segunda instancia, negó la
reliquidación pensional con inclusión de los factores devengados en el último año
de servicio, con la que incurrió, presuntamente, en desconocimiento del precedente
judicial y violación directa de la Constitución Política?

2.3.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva

22. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de
tutela, y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio de fondo del asunto planteado.

2.3.2. Violación directa de la Constitución Política

23. Se recuerda que fue definida, en un principio, como un defecto sustantivo, el cual
se consolidó como un requisito de procedencia específico autónomo a partir de las
sentencias T-949 de 2003 y C-590 de 2005 de la Corte Constitucional.

24. Posteriormente el alto tribunal de lo constitucional, en sentencia SU-069 de 2018,
señaló que esta causal se configura «a partir del desconocimiento de los jueces de
aplicar la Constitución, conforme con el mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta
que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados», el cual puede
configurarse por dos hipótesis:

25. La primera se refiere a que no se aplica una norma fundamental al caso en
estudio, lo cual puede suceder en tres supuestos, cuando en la solución del caso
(a) se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el
precedente constitucional; (b) se trata de un derecho fundamental de aplicación
inmediata; y (c) en las decisiones se vulneraron derechos fundamentales y no se
tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución.

26. La segunda, se presenta cuando se aplica la ley al margen de los preceptos
consagrados en la Constitución Política, es decir, que no se aplica la excepción de
inconstitucionalidad contenida en el artículo 4 constitucional cuando exista
incompatibilidad con las disposiciones legales.

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2.3.3. Desconocimiento del precedente judicial

27. En este punto, en cuanto al desconocimiento del precedente alegado se
recuerda que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política
permite afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes
relevantes como un imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para
promover la seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la
predictibilidad de las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las
normas jurídicas. Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo
adecuado de estos, como medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones
judiciales, presupuesto esencial del Estado Social de Derecho.

28. La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión
previa adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes
jurisdicciones que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos
o semejantes desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver
el juez, debe ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de
igualdad. El adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de
seguir el curso de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias
previas, salvo si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan
modificarlo.

29. Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de la
modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las toma en injustas o incorrectas en el orden de
cosas actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.

30. En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia, identificando
los precedentes relevantes; de suficiencia dando a conocer las razones que en su
concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué esa
modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello
reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad
que se derivada de la desobediencia al precedente.

2.4. Sobre el caso concreto

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31. Derly Roció Suarez Sierra acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la sentencia
proferida el 13 de agosto de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C, mediante la cual, en segunda instancia, negó la
reliquidación pensional con inclusión de los factores salariales devengados en
último año de servicio [asignación básica, asignación adicional coordinador 20%,
bonificación mensual docentes, bonificación pedagógica, prima de navidad, prima
de servicios y prima de vacaciones].

32. Lo anterior, según insistió en el escrito de impugnación, al considerar que se
incurrió en violación directa de la Constitución Política ante la vulneración de sus
derechos fundamentales y en desconocimiento del precedente judicial del Consejo
de Estado19 por cuanto el tribunal demandado «basó su decisión en la Sentencia de
Unificación del 25 de abril de 2019 y no tuvo en cuenta las otras fuentes de derecho como
los actos administrativos que anualmente regulan los salarios de los docentes y en los
cuales dice (tal y como lo indicó el despacho judicial de primera instancia) que constituyen
factor salarial para todos los efectos legales» [sic].

33. En este punto, la Sala aclara que los mencionados defectos serán analizados en
conjunto comoquiera que ambos van dirigidos a cuestionar la decisión de la
autoridad judicial demandada, en cuanto negó la reliquidación pensional con
inclusión de factores que fueron reconocidos legalmente como salariales para todos
sus efectos.

34. Para mayor claridad sobre el asunto, la Sala recuerda el análisis efectuado por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en torno a la decisión de negar la
reliquidación pensional con inclusión de los factores salariales devengados en el
último año de Derly Roció Suarez Sierra por ausencia de prueba de los aportes:

«[…] En síntesis, para el caso del personal docente, el Consejo de Estado profirió
sentencia unificadora el 25 de abril de 2019, en la que acogió los argumentos ya
sentados por la corporación en la providencia del 28 de agosto de 2018 y fijó como regla
de interpretación que la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003 debe efectuarse computando
únicamente los factores sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de
acuerdo con el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 y, por lo tanto, no se puede incluir ningún
factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo. A lo que hay que sumar que
las reglas consignadas en esta sentencia de unificación son obligatorias para todos los
casos pendientes o en discusión tanto en vía administrativa como judicial de manera
retrospectiva, siempre y cuando no haya operado la cosa juzgada.

[…]

19 Al respecto citó: i) 23 de octubre de 2025, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento

de derecho No. 05001-23-33-000-2016-01737-01; ii) el 19 de junio de 2025, dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento de derecho No. 25000-23-42-000-2021-00493-01.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00622-01
Demandante: Derly Rocío Suarez Sierra

No se discute que mediante la Resolución 001832 de 31 de diciembre de 2019, la
Secretaría de Educación del Departamento de Cundinamarca le reconoce pensión de
jubilación a la demandante, con el 75% del promedio de salarios devengados en el año
anterior al cumplimiento del estatus de pensionada, teniendo en cuenta la asignación
básica.

Como fundamento de este reconocimiento, se tuvo en cuenta que la actora nació el 19
de marzo de 1964; cumplió los 55 años de edad el 19 de marzo de 2019; y en esta fecha
adquirió el status de jubilada encontrándose afiliada al FOMAG.

En el Formato Único para la Expedición de Certificado de Salarios de 30 de octubre de
202334, aparecen entre enero y diciembre de 2018 y 2019, los siguientes factores
salariares: asignación básica, bonificación mensual docente, bonificación pedagógica,
prima de navidad, prima de servicios, prima de vacaciones, HE J. Única G.12,13 y14
D.2277 y asignación adicional Coordinador 20%. Pero no se observa constancia sobre
qué factores se realizaron aportes a pensión.

Contrario a lo considerado por el juez de primera instancia, el tratamiento legal dado a
este asunto por la parte demandada se aviene al ordenamiento jurídico, comoquiera que
no se demostró que la accionante hubiera efectuado aportes sobre esos factores, tal
como lo señaló el FOMAG en su recurso de apelación, por lo que en consecuencia, no
hacen parte del IBL y no pueden ser considerados para la liquidación de la pensión, por
lo tanto, el acto administrativo que reconoció el derecho de la demandante se ajustó a
derecho.

De otro lado, frente al argumento según el cual es viable ordenar la inclusión de todos
los factores salariales devengados por la accionante, siempre y cuando se ordene la
deducción o pago de los aportes que debían haberse efectuado al momento de
reconocer el beneficio pensional, de conformidad con los análisis que preceden, hay que
señalar que fue una posición que con anterioridad se adoptó en virtud de la interpretación
primigenia de las Leyes 33 y 62 de 1985 en materia de factores a incluir en el monto
pensional, que ahora es recogida por la nueva jurisprudencia, por lo tanto, no es regla
que se pueda seguir aplicando, si la sentencia unificadora del 25 de abril de 2019
considera que la antigua orientación jurisprudencial en tal sentido excede el mandato
legal.

Para algunos despachos, ante la procedencia del reconocimiento en la pensión de todos
los factores devengados, lo consecuente era ordenar la deducción que por aportes debía
realizarse al sistema de pensiones en aplicación del principio de sostenibilidad y para
disminuir el impacto fiscal que generaba tal reconocimiento; no obstante, actualmente
ante la nueva interpretación del régimen de transición sentada en las sentencias de
unificación que indican la inexistencia del derecho, no es viable ordenar este tipo de
condenas como lo pretende la actora.

En virtud de lo anterior, se concluye que le asiste razón a la parte demandada en los
argumentos que presenta en su recurso de alzada, encaminados a reconocer que el acto
administrativo acusado fue proferido en estricto cumplimiento de las normas legales
vigentes, sin que se encuentre viciado de nulidad, porque la pensión de jubilación fue
reconocida teniendo en cuenta los factores sobre los cuales la demandante efectuó las
cotizaciones, sin que sea procedente una nueva reliquidación para incluir otros factores
salariales no contemplados en la norma o frente a los cuales no se efectuó la cotización
por aportes al sistema de pensiones. […]» [sic].

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35. En este punto, en razón a la controversia a decidir y el desconocimiento del
precedente judicial alegado, se hace necesario hacer alusión a algunos
pronunciamientos del Consejo de Estado, Sección Segunda sobre la materia, así:

36. En sentencia del 4 de julio de 2024 precisó20:

«[…] Sin embargo, en el caso de los docentes oficiales no puede perderse de vista que
existen algunos emolumentos que fueron creados con posterioridad a la Ley 62
de 1985 y los mismos por disposición legal tienen carácter salarial para ser parte
de las cotizaciones, en ese orden, deberán igualmente incluirse en el ingreso base de
liquidación de la pensión de jubilación, siempre que se acredite que fueron devengados
por el docente. A saber, por medio de los Decretos 633 y 634 de 2007 se creó la
asignación adicional, a la cual tienen derecho los directivos docentes regidos por los
Decretos 2277 de 1979 y 1278 de 2002, factor que tiene carácter salarial por hacer parte
de la asignación básica mensual de los educadores, la cual es base de cotización
conforme al artículo 6 del Decreto 691 de 1994.

Adicionalmente, a través del Decreto 1566 de 2014 se creó la bonificación mensual
efectiva a partir del 1° de junio de 2014, la cual ha sido fijada año a año y es factor salarial
con efectos legales para el cálculo de los aportes; circunstancia similar que ocurre con
la bonificación pedagógica, creada por el Decreto 2354 de 2018, efectiva para los
docentes y directivos docentes de las plantas de personal de las entidades territoriales
certificadas en educación, también concebida como un factor salarial para efectos de
cotizaciones, en los términos previstos en el artículo 3, numeral 4 de la norma de la
referencia. […]» [sic]. [subrayado por la Sala]

37. En sentencia del 13 de febrero de 2025 precisó21:

«[…] 67.Al respecto, cabe reiterar que en este caso, para la definición del IBL se tendrá
en cuenta la perspectiva interpretativa según la cual, tanto las leyes 33 y 62 de 1985
como el Decreto 2709 de 1994 se aplican de forma armónica, y a la luz de lo dispuesto
en el Acto Legislativo 01 de 2005, para incluir los factores enlistados en el artículo 1 de
la Ley 62, y los reconocidos normativamente como salariales en normas
especiales, que hayan sido devengados y sobre los cuales se hayan realizado las
respectivas cotizaciones a seguridad social.

68.En ese sentido, frente a la prima de vacaciones para los docentes educativos
estatales, la sala destaca que se trata de un factor creado mediante el Decreto 1381
de 1997 que, por disposición expresa del artículo, se rige por el Decreto Ley 1045
de 1978 en los aspectos que no fueron regulados en su norma de creación. Así, al
remitirse a esta última, se advierte que de acuerdo con el artículo 4550, es un
concepto de carácter salarial base de cotización, en la medida en que fue previsto
para la liquidación de cesantías y pensiones de los empleados públicos.

69.Por lo tanto, en el presente asunto se debían tener en cuenta los factores «que
sirvieron de base para los aportes» en el año anterior a la adquisición del estatus

20 Sección Segunda, Subsección B, nulidad y restablecimiento del 15001-23-33-000-2021-00637-01

(3167-2023). C.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
21 Sección Segunda, Subsección B, nulidad y restablecimiento del derecho 25000-23-42-000-2019-

01210-01 (1889-2023). C.P. Elizabeth Becerra Cornejo.

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pensional, de acuerdo con los artículos 1 de la Ley 62 de 1985, 6 del Decreto 2709
de 1994 y normas concordantes. En este caso, el sueldo y la prima de vacaciones.

70.En relación con la bonificación mensual creada por los decretos 1272 de 2015
y 123 de 2016, la Subsección considera, al igual que el tribunal, que debe
reconocerse porque sobre dicho concepto se debían hacer aportes obligatorios a
seguridad social, según lo señalan los decretos 1272 de 2015 y 123 de 2016. Por
esa razón, es válida su inclusión dentro del IBL, así como la orden al FOMAG de
adelantar las actuaciones pertinentes para lograr el cobro o traslado de los aportes
no efectuados respecto a dicho factor por parte del empleador.

3.5.3. De la entidad pagadora de la pensión

[…]

75.Frente a lo anterior, cabe resaltar que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
condenó al FOMAG a pagar las mesadas pensionales que reconoció a favor de la
demandante. Para ello, le ordenó adelantar las actuaciones pertinentes ante el
municipio de Tamalameque y las administradoras de fondos de pensiones
vinculadas al proceso. En ese sentido, la orden cuestionada no trasladó a las referidas
administradoras la obligación de asumir el pago de la pensión de Luciana Guerra Obeso.
Inclusive, como se precisó en los numerales segundo y tercero de la parte resolutiva, la
obligación del pago se radicó en cabeza del FOMAG.

76.Además, la orden del tribunal atiende lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 2709
de 1994, según el cual, «[t]odas las entidades de previsión social a las que un empleado
haya efectuado aportes para obtener esta pensión, tienen la obligación de contribuirle a
la entidad de previsión pagadora de la pensión con la cuota parte correspondiente». […]»
[sic]. [subrayado por la Sala]

38. En sentencia del 19 de junio de 2025 precisó22:

«[…] 85. Ahora bien, en relación con la liquidación de la pensión, debe tenerse en cuenta
que el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, que modificó la Ley 33 de 1985, dispuso que los
factores que se debían tener en cuenta para tal efecto son «[la] asignación básica, [los]
gastos de representación; [las] primas de antigüedad, técnica, ascensional y de
capacitación; [los] dominicales y feriados; [las] horas extras; [la] bonificación por servicios
prestados; y [el] trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de
descanso obligatorio». La norma citada también previó que, «[e]n todo caso, las
pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre
los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes».

86. En ese sentido, para la definición del IBL, en atención a lo previsto en la referida
norma, se han desarrollado dos interpretaciones en relación con los factores que se
deben incluir en la liquidación de la pensión, como se explica a continuación:

(i) Una que concluye que el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 estableció un listado
taxativo de los factores que se pueden incluir en el IBL, siempre y cuando sobre
ellos se hayan realizado aportes a seguridad social. Esto motivado en los

22 Sección Segunda, Subsección B, nulidad y restablecimiento del derecho 25000-23-42-000-2021-

00493-01 (5527-2023). C.P. Elizabeth Becerra Cornejo.

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antecedentes de la señalada disposición, que apuntaban a la necesidad de
precisar los conceptos que debían servir de base para la liquidación de la
pensión.
(ii) (ii) Otra que estima que ese listado no es excluyente, en tanto se admite la
inclusión de otros conceptos en el IBL, bajo la condición de que hayan sido
reconocidos normativamente como factores salariales por la autoridad
competente, y servido de base para las cotizaciones a seguridad social; lo
que atiende al contenido integral del artículo 1 de la Ley 62, que en su
primera parte relacionó los principales factores a tener en cuenta, y, en la
segunda, dejó a salvo la posibilidad de incluir los que hayan servido de
base para calcular los aportes a seguridad social.

87. Así, la Sala aplicará la segunda postura, en la medida en que, bajo el principio
de favorabilidad, integra las distintas partes de la norma, y permite un margen de
protección reforzado para el derecho a la seguridad social, por ejemplo, cuando
factores adicionales a los señalados en la Ley 62 de 1985 son considerados como
base de cotización por normas especiales, sin poner en riesgo la sostenibilidad
del sistema, toda vez que debe verificarse y/o garantizarse que sobre aquellos se
efectúen los aportes correspondientes. […]» [sic]. [subrayado por la Sala]

39. En sentencia del 10 de julio de 2025 precisó23:

«[…] (i) Los docentes vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003 que, con ocasión de la Ley 91 de 1989, gozan del mismo régimen pensional de
los servidores públicos del orden nacional establecido en la Ley 33 de 1985, en el que
los únicos factores que se deben tener en cuenta en el ingreso base de liquidación son
aquellos sobre los que se hubiesen realizado los respectivos aportes, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985. Al respecto se indicó lo siguiente:

En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados
antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión
ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la
Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre
los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de
la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los
enlistados en el mencionado artículo.

41. En consecuencia, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a
partir del 1 de enero de 1981, tanto nacionales como nacionalizados, y de los nombrados
a partir del 1 de enero de 1990 hasta el 27 de junio de 2003 —fecha de la entrada en
vigor de la Ley 812 de 2003—, se regula por las siguientes reglas, de conformidad con
las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985:

✓ Edad: 55 años para hombres y mujeres.
✓ Tiempo de servicio: 20 años. ✓ Tasa de reemplazo: 75%.
✓ IBL que comprende: (i) el periodo del último año anterior de servicio docente; y (ii) los
factores que hayan servido de base para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de
1985, que son la asignación básica, los gastos de representación, las primas de
antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación, los dominicales y feriados, las horas

23 Sección Segunda, Subsección B, nulidad y restablecimiento del derecho 17001-23-33-000-2020-

00036-01 (2389-2024). C.P. Elizabeth Becerra Cornejo.

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extras, la bonificación por servicios prestados y el trabajo suplementario o realizado en
jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.

42. Sin embargo, frente a las consideraciones del fallo de unificación, y respecto
de los factores que se deben tener en cuenta en la definición del ingreso base de
liquidación, vale la pena aclarar que, además de los antes mencionados, también
se deben tener en cuenta los de naturaleza salarial, de acuerdo con las normas
posteriores. Por ejemplo, la bonificación pedagógica prevista en el Decreto 2354
de 2018.
[…]

La NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN - FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO podrá recaudar las cotizaciones en
favor del demandante en el tiempo en que estuvo contratado a través de órdenes
de prestación de servicios y que no se efectuaron. De igual forma, el accionante,
en caso de no haberlo hecho, tendrá que realizar los aportes a su cargo durante
su vinculación a través de contratos de prestación de servicios. También, el Fondo
podrá reclamar la cuota parte a las demás entidades de previsión social o fondos
de pensiones en los que el peticionario realizó cotizaciones. […]» [sic]. [subrayado
por la Sala]

40. De igual manera, la Sala considera importante referir el siguiente
pronunciamiento, que, aunque no podría ser calificado como desconocido en
atención a que fue proferido con posterioridad a la sentencia enjuiciada, lo cierto es
que sirve de fundamento para corroborar que esa sigue siendo la línea pacifica de
la Sala. Al respecto, en sentencia del 23 de octubre de 202524, precisó:

«[…] 49. Por otro lado, la entidad demandada cuestionó la liquidación de la mesada, al
sostener que debía efectuarse únicamente con los factores sobre los cuales se
realizaron aportes y que se encuentran taxativamente previstos en el artículo 1 de la Ley
62 de 1985.

50. Sobre el particular, resulta pertinente acudir a la sentencia de unificación SUJ-014-
CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019, en la cual el Consejo de Estado sentó jurisprudencia
respecto al «ingreso base de liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio».

51. En dicha providencia se estableció que el ingreso base de liquidación de la pensión
ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de
2003, como es el caso del actor, debe determinarse conforme a los siguientes
parámetros:

(i) El período correspondiente al año anterior a la consolidación del estatus
pensional, esto es, al cumplimiento de los requisitos de edad y tiempo de
servicios; o a la terminación del vínculo legal y reglamentario.
(ii) (Los factores computables son exclusivamente los previstos en la Ley 62 de
1985, a saber: asignación básica, gastos de representación, primas de
antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación, dominicales y feriados, horas
extras, bonificación por servicios prestados y trabajo suplementario o nocturno.

24 Sección Segunda, Subsección A, expediente de nulidad y restablecimiento del derecho 05001-23-

33-000-2016-01737-01 (1835-2025). CP: Juan Camilo Morales Trujillo.

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52. A su vez, los Decretos 633 y 634 de 2007, el Decreto 1566 de 2014 y el Decreto
2354 de 2018 introdujeron y reglamentaron nuevos factores salariales aplicables a
los docentes oficiales, los cuales también integran el ingreso base de liquidación,
siempre que hayan servido de base para realizar aportes al sistema pensional.
Dichos factores son: (i) asignación adicional para directivos docentes; (ii)
bonificación mensual de docentes; y (iii) bonificación pedagógica.

53. Estos conceptos al haber sido incorporados expresamente en la normativa y
configurarse como factores salariales sujetos a cotización, resultan computables
para efectos del cálculo del IBL. […]» [sic] [subrayado por la Sala]

41. Como se evidencia, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido consistente
en precisar que la determinación del ingreso base de liquidación pensional debe
sujetarse a los criterios normativos y jurisprudenciales aplicables al caso, sin que
resulte válido restringir su alcance a una interpretación limitada de los factores
salariales basada exclusivamente en aquellos inicialmente previstos, toda vez que
se ha reconocido que el IBL debe integrarse con todos los factores que, constituyan
base de cotización dentro del sistema pensional.

42. En este sentido, se ha precisado que la inclusión de factores salariales en la
liquidación pensional no se agota en los expresamente consagrados en una
disposición inicial [Ley 62 de 1985], sino que comprende también aquellos
incorporados con posterioridad por vía reglamentaria, como los previstos en los
Decretos 1045 de 197825, 1381 de 199726, 2354 de 201827, 322 del de 201828, entre
otros. Máxime cuando la determinación del ingreso base de liquidación no puede
depender de una interpretación restrictiva de las normas, sino que debe atender a
la aplicación integral y sistemática del régimen jurídico

43. Lo anterior se fundamenta en la existencia de disposiciones originarias que
evidencian la intención del legislador de reconocer estos conceptos como factores
salariales. Tal es el caso de la prima de vacaciones, instituida mediante el Decreto
1381 de 1997, la cual, por mandato expreso, se somete a lo dispuesto en el Decreto
Ley 1045 de 1978. De igual manera, la bonificación pedagógica sigue este mismo
criterio, toda vez que su norma de creación estableció de forma expresa que
«constituye factor salarial para todos los efectos legales».

25 Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones

sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional.
26 Por medio del cual se establece la prima de vacaciones para los docentes de los servicios de

Educativos Estatales.
27 Por el cual se crea la Bonificación Pedagógica para los docentes y directivos docentes de las

plantas del personal de docentes oficiales de las entidades territoriales certificadas en educación.
28 Por el cual se crea una bonificación para los servidores públicos docentes y directivos docentes al

servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media, que se pagan con cargo al Sistema
General de Participaciones y otras fuentes de financiación y se dictan otras disposiciones.

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44. En el caso en concreto, se evidencia que la demandante solicitó que se le
incluyeran todos los factores salariales devengados en el año anterior a la
adquisición del status de pensionada a saber: las asignaciones básica y adicional
como coordinadora del 20%, las bonificaciones mensual docente y pedagógica, así
como las primas de navidad, de servicios y de vacaciones, sin embargo, la autoridad
judicial demandada negó las pretensiones de la demanda con fundamento en la
ausencia de prueba de los aportes.

45. Al respecto, para la Sala resulta claro que factores tales como la asignación
básica, la bonificación mensual docente29, la bonificación pedagógica30, la
asignación adicional del 20%31 y la prima de vacaciones32 han sido reconocidos
como factores salariales en virtud de su norma de creación. Razón por la cual, el
tribunal demandado desconoció que, en atención a la jurisprudencia referida, dichos
factores debían ser incluidos en la liquidación. No obstante, constituye un deber de
la autoridad judicial determinar los factores que tienen carácter de salarial en cada
caso concreto.

46. En concordancia con lo anterior, si bien la Sala no desconoce que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca argumentó su negativa en que en el medio de
control en cuestión no se probó que, sobre sus factores le hubieran descontado para
aportes a cotización, lo cierto es que, como se evidenció, la Sección Segunda de
esta corporación ha ordenado en asuntos de similares condiciones fácticas y
jurídicas a las entidades de previsión para que realicen las gestiones necesarias
para el cobro de dichos aportes, en la eventualidad que no se hubieran efectuado.

47. Lo anterior, por cuanto el incumplimiento en el recaudo de los aportes no era una
carga que debiera soportar la administrada, toda vez que la obligación de liquidar,
retener y girar los aportes al FOMAG correspondía exclusivamente a la entidad
territorial empleadora. Por lo tanto, si un rubro tiene naturaleza salarial por mandato
legal, la omisión de la entidad en su deber de recaudo no podía convertirse en una
barrera para el acceso a la seguridad social. En consecuencia, la existencia de estas
disposiciones legales que calificaban dichos pagos como factor salarial obligaba a
su inclusión en la liquidación.

48. A juicio de la Sala, la autoridad judicial demandada incurrió en desconocimiento
del precedente judicial al inaplicar la línea jurisprudencial pacífica del Consejo de
Estado, Sección Segunda existente en torno a la procedencia de la reliquidación
pensional con factores diferentes a los establecidos en la Ley 62 de 1985 y la
posibilidad de ordenarle a las entidades de previsión que realicen las gestiones

29 «Creada a través del Decreto 1022 del 6 de junio de 2019».
30 «Su origen deviene del Decreto 2354 del 19 de diciembre de 2018».
31 Decretos 633 y 634 de 2007.
32 «Creada por el Decreto 1381 de 1997».

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necesarias para el cobro de los aportes, en los casos en que no se ha hecho. Razón
por la cual, se accederá al amparo solicitado.

3. Conclusión

49. En este orden de ideas, las inconformidades en las que la parte demandante
centró sus esfuerzos tienen vocación de prosperidad, de forma que la Sala revocará
la decisión del a quo para, en su lugar, amparar los derechos fundamentales al
mínimo vital, a la igualdad, a la seguridad social y de acceso a la administración de
justicia de Derly Roció Suarez Sierra en la solicitud de tutela presentada contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C.

50. En consecuencia, i) se dejará sin efectos la sentencia proferida el 13 de agosto
de 2025 por Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, en el medio del control de nulidad y restablecimiento del derecho,
11001-0315-000-2026-00622-00, y ii) se le ordenará a dicha corporación judicial
que, en el término de 20 días siguientes, contados a partir de la notificación de la
presente providencia, emita un pronunciamiento de reemplazo, de conformidad con
los argumentos expuestos en precedencia.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley.

FALLA:

Primero. Revocar la sentencia proferida el 19 de febrero del 2026 del Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A. En su lugar, amparar los derechos
fundamentales al mínimo vital, a la igualdad, a la seguridad social y acceso a la
administración de justicia de Derly Rocío Suarez Sierra.

Segundo. Dejar sin efectos la sentencia proferida el 13 de agosto de 2025 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con el
radicado 11001-0315-000-2026-00622-00.

Tercero. Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, en el término de
20 días siguientes, contados a partir de la notificación de la presente providencia,
emita un pronunciamiento de reemplazo.

Cuarto. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

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Demandante: Derly Rocío Suarez Sierra

Quinto. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CJE/LVLQ

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el
aplicativo Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la
integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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