Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01210-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01210-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2019-01210-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
13 de febrero de 2025
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01210-01 (1889-2023)
Demandante: Luciana Guerra Obeso
Demandado: FOMAG
CONSEJO DE ESTADO
SALADE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01210-01 (1889-2023)
Demandante: Luciana Guerra Obeso
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
Tema: pensión de jubilación docente. Subtema 1: vinculación docente antes de la Ley
812 de 2003. Subtema 2: aplicación de la Ley 71 de 1988.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver los
recursos de apelación interpuestos por las partes, en contra de la sentencia proferida
el 11 de noviembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, mediante la cual concedió las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Luciana Guerra Obeso solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación
por aportes en aplicación de la Ley 71 de 1988. Sin embargo, la entidad accionada
negó su solicitud al considerar que en su caso se debía aplicar el régimen de prima
media establecido en la Ley 100 de 1993, en la medida en que se vinculó al servicio
docente con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, afirmación que
a juicio de la demandante no corresponde a su historia laboral.
II. ANTECEDENTES
2.1. Demanda
1. Luciana Guerra Obeso, en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en
adelante CPACA), presentó demanda en contra de la la Nación - Ministerio de
Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, radicada
mediante apoderada judicial el 15 de agosto de 20191-2.
2.1.1. Pretensiones
2. La señora Luciana Guerra Obeso solicitó lo siguiente:
1 Escrito de demanda, visible en: Samai, índice 2, archivo
«2500023420002019012100013EXPEDIENTEDIGI20220621112944 expedientetac (26).pdf», contenido en la
carpeta comprimida «ED_25000234200020190121(.zip) NroActua 2».
2 Información tomada del acta individual de reparto, visible en: Samai, índice 2, archivo
«2500023420002019012100013EXPEDIENTEDIGI20220621112944 expedientetac (27).pdf», contenido en la
carpeta comprimida «ED_25000234200020190121(.zip) NroActua 2».
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-01210-01 (1889-2023)
Demandante: Luciana Guerra Obeso
Demandado: FOMAG
(i) Que se declare la nulidad de la Resolución núm. 5402 del 13 de junio de 20193 y
núm. 7038 del 17 de julio de 20194, por medio de las cuales, la Secretaría de
Educación de la Alcaldía Mayor de Bogotá negó el reconocimiento y pago de la pensión
de jubilación por aportes y confirmó la decisión5.
(ii) Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene el reconocimiento y pago
de la pensión de jubilación «liquidada con la inclusión de todos los factores salariales
que devengó en el año de servicio anterior a la adquisición estatus pensional de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 812 de 2013 [en aplicación de la Ley 71 de
1988]»6.
(iii) Que se le ordene a la parte demandada, por un lado, reconocer, liquidar y pagar
las mesadas pensionales desde la fecha de adquisición del estatus pensional hasta
cuando se verifique su pago, con los ajustes anuales establecidos en la ley. Por otro,
abstenerse de realizar descuentos por concepto de salud sobre los valores retroactivos
que se llegaren a reconocer.
(iv) Que se condene a la parte accionada al pago de la indemnización establecida en
el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, y a la indexación de las sumas de dinero
adeudadas.
3.Como petición especial, solicitó la vinculación de la Administradora de Fondos de
Pensiones y Cesantías Protección S.A. y de la Sociedad Administradora de Fondos de
Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., como litisconsortes necesarios.
2.1.2. Hechos
4. En el escrito de demanda, la señora Luciana Guerra Obeso hizo referencia a los
siguientes:
(i) Que nació el 6 de enero de 1961 y que trabajó como docente al servicio del Estado.
(ii) Que realizó aportes en el sector público y en el sector privado, y completó 1028,57
semanas de cotización, para el año 2010.
(iii) Que se vinculó como docente con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812
de 2003, desde el 10 de agosto de 1976, al servicio del Magisterio en el municipio de
Tamalameque, Cesar, y se inscribió en el escalafón docente el 28 de marzo de 1997.
(iv) Que, con fundamento en lo establecido en las leyes 91 de 1989, 812 de 2003 y 71
de 1988, mediante petición radicada el 6 de junio de 2019, solicitó el reconocimiento y
pago de la pensión de jubilación por aportes.
(v) Mediante la Resolución 5402 del 13 de junio de 2019, la entidad negó la solicitud
argumentando que su situación debía analizarse a la luz de las leyes 812 de 2003 y
100 de 1993, debido a que su vinculación docente fue posterior al 27 de junio de 2003.
Esta decisión, a juicio de la accionante, desconoció su experiencia docente previa en
3 Resolución núm. 5402 del 13 de junio de 2019, visible en: Samai, «gestión en otros despachos», «visualizar
expediente», «descargar expediente con su nivel de acceso», archivo «7_ED_01_DEMANDA.pdf», páginas 24 a
25.
4 Resolución núm. 7038 del 17 de julio de 2019, visible en: Samai, «gestión en otros despachos», «visualizar
expediente», «descargar expediente con su nivel de acceso», archivo «7_ED_01_DEMANDA.pdf», páginas 30 a
31.
5 Recurso de reposición presentado en contra de la Resolución núm. 5402 del 13 de junio de 2019, visible en:
Resolución núm. 5402 del 13 de junio de 2019, visible en: Samai, «gestión en otros despachos», «visualizar
expediente», «descargar expediente con su nivel de acceso», archivo «7_ED_01_DEMANDA.pdf», páginas 26 a
28.
6 Ibidem.
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Demandante: Luciana Guerra Obeso
Demandado: FOMAG
el municipio de Tamalameque (Cesar) y en la Secretaría de Educación Distrital de
Bogotá D.C.
(vi) Que, con ocasión de lo anterior, presentó recurso de reposición, que fue resuelto
mediante Resolución núm. 7038 del 17 de julio de 2019, en el sentido de confirmar la
negativa a su petición pensional.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
5.Luciana Guerra Obeso citó, como normas vulneradas, las siguientes: (i) Ley 71 de
1988; (ii) Ley 91 de 1989; (iii) Ley 4 de 1992; (iv) Ley 100 de 1993; (v) Ley 812 de
2003; y (vi) los artículos 2, 13, 16, 25, 29, 48, 53 y 228 de la Constitución.
6. En el concepto de violación, expuso que para el reconocimiento de su pensión de
jubilación se debían aplicar las leyes 71 de 1988 y 91 de 1989, en la medida en que
se vinculó al servicio docente con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003. En ese sentido, afirmó que la parte demandada tuvo en cuenta «normas
procedimentales diferentes, que dieron lugar a la negación de la pensión, que [eran]
desfavorables en cuanto a la validez probatoria y la forma de liquidación».
7. Afirmó, que cumplió con los requisitos para ser beneficiaria del reconocimiento,
liquidación y pago de la pensión de jubilación prevista en el artículo 7 de la Ley 71 de
1988, en una cuantía equivalente al 75% del salario mensual promedio devengado en
el año anterior al cumplimiento del estatus pensional, de conformidad con el Decreto
2709 de 1994.
2.1.4. Contestación de la demanda
8. La Fiduciaria La Previsora S.A.7, en condición de vocera y administradora del
FOMAG, y por medio de apoderada judicial8, planteó las excepciones de (i)
inexistencia de la obligación o cobro de lo no debido y (ii) legalidad del acto
administrativo demandando. Así mismo, argumentó que la demandante no tenía
derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes, en razón «a
la fecha de vinculación y la pérdida de continuidad de la relación laboral con el
[FOMAG]»9. Por otro lado, adujo que la señora Guerra Obeso no logró desvirtuar la
presunción de legalidad del acto administrativo demandado.
9. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones10, representada
por su apoderado judicial11, manifestó que no le constaban los hechos expuestos en
el escrito de demanda. Así mismo, planteó las excepciones de (i) falta de legitimación
en la causa por pasiva, (ii) inexistencia de la obligación a cargo de Colpensiones, (iii)
prescripción trienal y (iv) buena fe. Lo anterior, bajo el argumento de que la demanda
fue presentada en contra de actos administrativos del FOMAG, y de que la
demandante no le ha solicitado reconocimiento pensional alguno.
7 Escrito de contestación de la demanda, visible en: Samai, índice 2, archivo
«2500023420002019012100013EXPEDIENTEDIGI20220621112944 expedientetac (1).pdf», páginas 1 a 10,
contenido en la carpeta comprimida «ED_25000234200020190121(.zip) NroActua 2».
8 Escrito de contestación de la demanda, visible en: Samai, índice 2, archivo
«2500023420002019012100013EXPEDIENTEDIGI20220621112944 expedientetac (1).pdf», página 11, contenido
en la carpeta comprimida «ED_25000234200020190121(.zip) NroActua 2».
9 Ibidem.
10 Contestación de la demanda radicada por Colpensiones, visible en Samai: «gestión en otros despachos»,
«visualizar expediente», «descargar expediente con su nivel de acceso», archivo
«15_ED_09_CONTESTACIÒNDED.pdf».
11 Ibidem.
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Demandante: Luciana Guerra Obeso
Demandado: FOMAG
10. La Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir
S.A.12 (en adelante Porvenir), a través de apoderada judicial, afirmó que «ni [se]
opon[ía] ni [se] allan[aba]» a las pretensiones formuladas, en la medida en que no
estaban dirigidas en su contra. Sin embargo, precisó que Luciana Guerra Obeso
solicitó el traslado a la AFP Protección el 31 de marzo de 2000, y que, por esa razón,
no tenía saldo en su cuenta de ahorro individual. En ese sentido, invocó las
excepciones de (i) falta de legitimación en la causa por pasiva, (ii) inexistencia de la
obligación y falta de causa para pedir, (iii) buena fe, (iv) compensación y (v)
prescripción trienal.
11. La Administradora del Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A.13 (en
lo sucesivo Protección), mediante apoderado judicial, manifestó que no se oponía a
las pretensiones de la demanda, pero que tampoco se allanaba a ellas. De igual forma,
propuso la excepción de inexistencia de la obligación de trasladar los aportes
realizados con antelación al traslado al régimen de ahorro individual de la demandante
al FOMAG.
2.2. Sentencia de primera instancia
12. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia del 11 de noviembre de
2022, concedió parcialmente las pretensiones de la demanda. En consecuencia,
declaró la nulidad de los actos administrativos demandados14.
13. A título de restablecimiento del derecho, ordenó al FOMAG efectuar el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de
1988 a favor de la señora Luciana Guerra Obeso, desde el 7 de enero de 2016, en una
cuantía equivalente al 75% de la asignación básica y la «bonificación decreto»
devengadas durante al año anterior a la adquisición del estatus pensional —7 de enero
de 2015 a 6 de enero de 2016—. Sin embargo, ordenó el pago de las mesadas
pensionales causadas a partir del 6 de junio de 2016 por prescripción trienal.
14. De igual forma, dispuso que la parte demandada debía adelantar los trámites y
acciones pertinentes para lograr el cobro o traslado de los aportes a pensión no
efectuados respecto de la «bonificación decreto» por parte de la Secretaría de
Educación de Bogotá. También indicó que debía adelantar las actuaciones a las que
hubiera lugar, ante el municipio de Tamalameque (Cesar), Colpensiones, Porvenir y
Protección, para la financiación de la prestación pensional reconocida, en
consideración de los lapsos en que la demandante cotizó en cada uno de ellos.
Finalmente, precisó que no se debía demostrar el retiro definitivo del servicio para el
pago de la prestación reconocida.
15. La referida autoridad consideró que no eran de recibo los argumentos planteados
por la parte demandada en relación con la fecha de vinculación al servicio docente,
porque se debía tener en cuenta que demandante laboró en la docencia al servicio del
municipio de Tamalameque (Cesar) del 10 de agosto de 1976 al 21 de febrero de 1978.
Según explicó, dicha situación la hacía beneficiaria del régimen de pensión ordinaria
de jubilación para los servidores públicos del orden nacional establecido en «la Ley 33
12 Contestación de la demanda radicada por Porvenir S.A., visible en Samai: «gestión en otros despachos»,
«visualizar expediente», «descargar expediente con su nivel de acceso», archivo
«16_ED_10_CONTESTACIONDDA.pdf».
13 Contestación de la demanda radicada por Protección S.A., visible en Samai: «gestión en otros despachos»,
«visualizar expediente», «descargar expediente con su nivel de acceso», archivo
«17_ED_11_CONTESTACIÒNDDA.pdf».
14 Sentencia de primera instancia, proferida el 11 de noviembre de 2022, por Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, visible en: Samai, índice 2, archivo
«2500023420002019012100013EXPEDIENTEDIGI20220621112944 expedientetac (41).pdf», contenido en la
carpeta comprimida «ED_25000234200020190121(.zip) NroActua 2».
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de 1985 y demás normas concordantes, entre ellas la Ley 71 de 1988»15, con ocasión
del régimen de transición previsto en la Ley 812 de 2003.
16. En ese orden, precisó lo siguiente:
«[N]i la Ley 812 de 2003, ni el Acto Legislativo 01 de 2005 […], y mucho menos la
sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado, señalan que solo sea
posible contar con la última vinculación sin solución de continuidad para determinar el
régimen pensional; por el contrario, la única condición que establece la normativa citada
es que exista una vinculación docente anterior a la vigencia de la Ley 812 de 2003,
requisito que cumple la accionante a cabalidad, pues sin justificación válida no se puede
desconocer que prestó sus servicios a la docencia oficial antes de la vigencia de la última
norma citada».
17. Sin embargo, al revisar las pruebas indicó que el régimen aplicable era el
establecido en la Ley 71 de 1988 porque acreditó haber realizado aportes públicos y
privados. En ese orden, el tribunal analizó el cumplimiento de los requisitos para el
reconocimiento pensional, de conformidad con lo establecido en la norma antes
mencionada, y encontró que estos se encontraban satisfechos en la medida en que,
por un lado, la demandante cumplió 55 años el 6 de enero de 2016 y, por otro, completó
20 años de aportes públicos y privados el 2 de junio de 2012. Así, concluyó que
adquirió el estatus de pensionada el 6 de enero de 2016.
2.3. Recursos de apelación
18. Luciana Guerra Obeso, por medio de su apoderada judicial, apeló parcialmente la
sentencia de primera instancia, porque consideró que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca debió ordenar la inclusión de los factores salariales faltantes,
especialmente la prima de vacaciones, en la definición del IBL, por aplicación del
principio de favorabilidad16.
19. La Fiduciaria La Previsora, en la condición anteriormente mencionada, presentó
recurso de apelación, y solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y
que, en consecuencia, se negaran las pretensiones de la demanda. Afirmó que, según
la historia laboral de la demandante, esta fue vinculada como docente en propiedad
mediante la Resolución núm. 4623 del 24 de enero de 2006. Por esa razón, adujo que
sus derechos pensionales eran los previstos en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003,
y no los desarrollados en la Ley 71 de 198817.
20. La Administradora del Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A.,
instauró recurso de alzada, a fin de que la sentencia disponga únicamente la obligación
de trasladar al FOMAG los aportes efectuados por la demandante a Protección. Al
respecto, precisó que la pensión reconocida en este proceso se financiará con la
totalidad de los aportes que deben ser trasladados al FOMAG y no con recursos de
las AFP del régimen de ahorro individual18.
15 Ibidem.
16 Recurso de apelación presentado por la parte demandante, visible en: Samai, índice 2, archivo
«2500023420002019012100013EXPEDIENTEDIGI20220621112944 expedientetac (44).pdf», contenido en la
carpeta comprimida «ED_25000234200020190121(.zip) NroActua 2».
17 Recurso de apelación presentado por Fiduciaria La Fiduprevisora, en condición de vocera y administradora del
FOMAG, visible en: Samai, índice 2, archivo «2500023420002019012100013EXPEDIENTEDIGI20220621112944
expedientetac (45).pdf», contenido en la carpeta comprimida «ED_25000234200020190121(.zip) NroActua 2».
18 Recurso de apelación instaurado por la Administradora del Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A.,
visible en: Samai, índice 2, archivo «2500023420002019012100013EXPEDIENTEDIGI20220621112944
expedientetac (43)», contenido en la carpeta comprimida «ED_25000234200020190121(.zip) NroActua 2».
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2.4. Trámite procesal en segunda instancia
21. Esta corporación dictó auto el 27 de julio de 2023 en el que admitió el recurso de
apelación y prescindió del periodo para correr traslado a las partes, al advertir que no
existían pruebas por decretar, de acuerdo con el numeral 5 del artículo 67 de la Ley
2080 de 2021. Así mismo, ordenó notificar por estado a las partes y al Ministerio
Público que guardaron silencio19.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
22. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente para
conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en
primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el primer
inciso del artículo 150 del CPACA.
3.2. Problemas jurídicos
23. De acuerdo con los argumentos expuestos en los recursos de apelación, y
teniendo en cuenta la competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con
el artículo 32820 del Código General del Proceso, corresponde a la sala definir si:
(i) ¿Luciana Guerra Obeso, en su condición de docente oficial, tiene derecho al
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de
1988?
(ii) En caso afirmativo, ¿El IBL de la pensión por aportes reconocida a favor de Luciana
Guerra Obeso debe incluir todos los factores salariales devengados en el año anterior
a la adquisición del estatus pensional?
(iii) ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca les impuso a las administradoras de
fondos pensionales vinculadas a este proceso, cargas superiores a las que deben
asumir?
24. Para resolver el interrogante planteado, la sala abordará los siguientes temas: (i)
el régimen pensional aplicable a los docentes oficiales afiliados al FOMAG; (ii) el
régimen pensional aplicable a los docentes oficiales, de acuerdo con la sentencia de
unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019; y (iii) el reconocimiento
pensional a la luz Ley 71 de 1998 para los docentes. A partir de estas consideraciones
se destacarán los hechos probados más relevantes y en el acápite de análisis del caso
concreto se resolverán los interrogantes planteados.
19 Samai, índice 6, archivo «AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION(.docx) NroActua 6».
20 Código General del Proceso, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la
sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de
autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se podrán
promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».
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3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. Del régimen pensional de los docentes oficiales afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones sociales del Magisterio
25. El régimen pensional de los docentes oficiales se encuentra exceptuado del
Sistema General de Pensiones por mandato expreso del artículo 279 de la Ley 100 de
1993, que establece: «[e]l Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica [...] a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo
serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración».
26. Esta excepción se debe a la existencia previa de un sistema particular de
administración y de financiamiento de las prestaciones sociales del magisterio,
establecido por la Ley 91 de 198921, que creó un fondo especial con el objetivo
específico de atender las prestaciones de los docentes nacionales y nacionalizados.
27. La Ley 91 de 1989 establece un esquema especial de financiamiento que difiere
del régimen general. En su artículo 8 dispone un sistema de aportes en el que los
docentes contribuyen con el 5% de su sueldo básico mensual, mientras que la nación
aporta el 8% sobre los factores salariales que forman parte del rubro de pago por
servicios personales. Este esquema de financiamiento diferenciado constituye una de
las principales razones que justifican la excepción del régimen general.
28. La naturaleza exceptuada del régimen se refuerza con el artículo 15 de la Ley 91
de 1989, que establece las reglas específicas para el reconocimiento de las
prestaciones económicas y sociales de los docentes, en el sentido de diferenciar entre
el personal nacionalizado vinculado hasta el 31 de diciembre de 1989, y los docentes
que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990.
29. Es importante señalar que la normativa especial para los docentes se mantiene
incluso después de la expedición de la Ley 812 de 200322. Aunque esta norma (en su
artículo 81) estableció que los docentes vinculados a partir de su vigencia (27 de junio
de 2003) se regirían por el régimen de prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, mantuvo una particularidad importante: la edad de pensión unificada en 57 años
para hombres y mujeres. Esto confirma que, incluso bajo el nuevo esquema, los
docentes mantienen características especiales que justifican su tratamiento
diferenciado.
30. El Acto Legislativo 01 de 2005 ratificó el carácter exceptuado del régimen, al
establecer en su parágrafo transitorio 1 que: «[e]l régimen pensional de los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo
oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el
artículo 81 de esta».
31.La excepción del régimen general se justifica, entonces, no solo por la existencia
de un sistema especial de administración y financiamiento, sino también por la
necesidad de mantener la unidad en el manejo de las prestaciones sociales del
magisterio, con el fin de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema y la
adecuada prestación del servicio público de educación.
21
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
22 «Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario». Diario Oficial
No. 45.231, de 27 de junio de 2003.
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3.3.2. Del régimen pensional aplicable a los docentes oficiales – sentencia de
unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 201923
32. A propósito de este régimen pensional, se debe prestar especial atención a la
sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el
25 de abril de 2019, en la que se precisaron las reglas para determinar el ingreso base
de liquidación de la pensión ordinaria de jubilación del personal docente oficial afiliado
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
33. En efecto, en la aludida sentencia se precisó que de conformidad con el parágrafo
transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005 y el artículo 81 de la Ley 812 de 2003,
existen dos regímenes prestacionales para el reconocimiento del derecho a la pensión
de jubilación para los docentes oficiales, nacionales, nacionalizados y territoriales,
cuya aplicación está supeditada a la fecha de ingreso al servicio educativo. Tales
regímenes son:
(i) Los docentes vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003 que, con ocasión de la Ley 91 de 1989, gozan del mismo régimen
pensional de los servidores públicos del orden nacional establecido en la Ley 33
de 198524, en el que los únicos factores que se deben tener en cuenta en el ingreso
base de liquidación son aquellos sobre los que se hubiesen realizado los respectivos
aportes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985. Al respecto
se indicó lo siguiente:
«En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes
de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria
de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de
1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se
hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de
1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo».
34. En consecuencia, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados
a partir del 1 de enero de 1981, tanto nacionales como nacionalizados, y de los
nombrados a partir del 1 de enero de 1990 hasta el 27 de junio de 2003 —fecha de la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003—, se regula por las siguientes reglas, de
conformidad con las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985:
✓ Edad: 55 años para hombres y mujeres.
✓ Tiempo de servicio: 20 años.
✓ Tasa de reemplazo: 75%.
✓ IBL que comprende: (i) el periodo del último año de servicio docente; y (ii) los
factores que hayan servido de base para calcular los aportes previstos en la Ley 62
de 1985, que son la asignación básica, los gastos de representación, las primas de
antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación, los dominicales y feriados, las
horas extras, la bonificación por servicios prestados y el trabajo suplementario o
realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.
35. Sin embargo, frente a las consideraciones del fallo de unificación, y respecto de
los factores que se deben tener en cuenta en la definición del ingreso base de
23 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-CE-
S2 -2019. Radicado: 680012333000201500569-01 (0935-17).
24 «Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales
para el Sector Público».
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liquidación, vale la pena aclarar que, además de los antes mencionados, también se
deben tener en cuenta los de naturaleza salarial, de acuerdo con las normas
posteriores. Por ejemplo, la bonificación pedagógica prevista en el Decreto 2354 de
201825.
(ii) A los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el
régimen pensional de prima media regulado en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003,
con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. En ese orden,
el ingreso base de liquidación se rige por lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, con los
factores dispuestos en el Decreto 1158 de 1994, sobre los cuales se hubiesen
realizado las respectivas cotizaciones. En relación con tales docentes, en la sentencia
de unificación se fijó la siguiente regla:
«Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen
pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los
requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años
para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de
liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las
respectivas cotizaciones».
36. En tal sentido, los parámetros que se deben tener en cuenta para efectos del
reconocimiento de la pensión de jubilación de los docentes oficiales vinculados con
posterioridad a la Ley 812 de 2003 son los siguientes:
✓ Edad: 57 años para hombres y mujeres.
✓ Semanas de cotización: artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo
9 de la Ley 797 de 2003.
✓ Tasa de remplazo: 65%-85%26, con la precisión de que a partir del año 2005 «[e]l
valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80%) del ingreso base de
liquidación, ni inferior a la pensión mínima», según el último inciso del artículo 34 de
la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 10 de la Ley 797 de 2003.
✓ IBL que comprende: (i) el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales cotizó
el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión; y (ii) los
factores salariales dispuestos en el Decreto 1158 de 1994 que son la asignación
básica mensual, los gastos de representación, la prima técnica (cuando sea factor
de salario), las primas de antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean
factor de salario, la remuneración por trabajo dominical o festivo, la bonificación por
servicios prestados y remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o
realizado en jornada nocturna.
37. Lo anterior, sin perjuicio de lo indicado anteriormente, sobre la existencia de
normas especiales que reconozcan que un factor salarial hace parte del ingreso base
cotización.
38. Como puede apreciarse, la sentencia de unificación fue enfática en señalar que el
factor determinante para la aplicación de uno u otro régimen es la fecha de vinculación
inicial al servicio docente, esto es, antes o después del 27 de junio de 2003. Estas
reglas tienen importantes implicaciones prácticas, que han sido destacadas en la
25 Ver, entre otros: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de julio de 2024, Rad.
15001-23-33-000-2021-00637-01 (3167-2023), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
26 Porcentajes que varían de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993.
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jurisprudencia de esta Sección27, de la siguiente manera:
(i) No se requiere continuidad en el servicio para mantener el régimen anterior a la Ley
812 de 2003, siempre que la vinculación inicial haya sido anterior a su vigencia.
(ii) Los docentes vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003 mantienen su régimen pensional incluso si tienen interrupciones en el servicio,
aspecto que cobra especial relevancia en casos de vinculaciones mediante contratos
de prestación de servicios.
(iii) La aplicación del régimen está determinada por la fecha de la primera vinculación,
independientemente de la modalidad (carrera docente, provisional o por contrato de
prestación de servicios).
39. Este criterio diferenciador establecido en la Ley 812 de 2003 responde a la
necesidad de preservar las expectativas legítimas de quienes ingresaron al servicio
docente bajo un régimen específico, mientras se implementa progresivamente el
nuevo sistema para las vinculaciones posteriores, en garantía de la sostenibilidad
financiera del sistema, sin que se afecten derechos adquiridos.
3.3.3. Del reconocimiento pensional a la luz de la Ley 71 de 1988 para los
docentes
40. La necesidad de revisar la aplicabilidad de la Ley 71 de 1988 en materia de
pensiones docentes surge de una realidad práctica: muchos educadores han prestado
servicios tanto en el sector público como en el privado durante su vida laboral, y han
acumulado aportes en diferentes regímenes pensionales. Esta situación genera un
interrogante jurídico fundamental, pues si bien los docentes están exceptuados del
régimen general de pensiones por el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, y tienen su
propio régimen en la Ley 91 de 1989, existía la discusión sobre si pueden acceder a
los beneficios de la pensión por aportes establecida en la Ley 71 de 1988.
41. La discusión cobra especial relevancia para aquellos docentes vinculados antes de
la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, pues en algunos casos, la aplicación de la
Ley 71 de 1988 podría resultar más favorable que el régimen general docente,
especialmente cuando no alcanzan a reunir el tiempo de servicio requerido
exclusivamente en el sector público, pero sí cuentan con el tiempo necesario al sumar
sus aportes en diferentes sectores.
42. En efecto, la Ley 71 de 1988 establece un régimen específico para la pensión por
aportes, con los siguientes requisitos, según lo dispuesto en su artículo 7:
✓ Para mujeres: 55 años.
✓ Para hombres: 60 años.
✓ 20 años de aportes acumulados en cualquier tiempo entre entidades de previsión
social del sector público y el ISS (hoy Colpensiones).
✓ Tasa de reemplazo: 75% del salario promedio base para los aportes durante el
27 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 30 de enero de 2025, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01
(0391-2022). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 8 de noviembre de 2024, M.P. Elizabeth Becerra Cornejo, Rad. 25000-23-42-000-2019-00655-01
(2532-2021). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 18 de septiembre de 2020. Rad. 66001-23-33-000-2017-00470-01(3514-2019), M.P. Carmelo
Perdomo Cuéter. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 6 de febrero de 2020. Rad. 54001-23-33-000-2014-00363-01(2960-2015), M.P. Gabriel Valbuena
Hernández.
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último año de servicios.
43. Con respecto al ingreso base de liquidación, el Decreto 2709 de 1994 que
reglamentó esta ley, establece en sus artículos 6 y 8 que la pensión se liquida con el
75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de
servicios. Ello, con la inclusión de los factores previstos en la Ley 62 de 198528 y demás
normas especiales que creen emolumentos con carácter de factor salarial, y que, en
consecuencia, sirven de base para calcular los aportes a pensión.
44. Ahora bien, en relación con la liquidación de la pensión, debe tenerse en cuenta que
el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, que modificó la Ley 33 de 1985, dispuso que los
factores que se debían tener en cuenta para tal efecto son «[la] asignación básica, [los]
gastos de representación; [las] primas de antigüedad, técnica, ascensional y de
capacitación; [los] dominicales y feriados; [las] horas extras; [la] bonificación por
servicios prestados; y [el] trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en
día de descanso obligatorio». La norma citada también previó que, «[e]n todo caso,
las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán
sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes» (se
destaca).
45. En ese sentido, para la definición del IBL, en atención a lo previsto en la referida
norma, se han desarrollado dos interpretaciones en relación con los factores que se
deben incluir en la liquidación de la pensión, como se explica a continuación:
(i) Una que concluye que el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 estableció un listado
taxativo de los factores que se pueden incluir en el IBL, siempre y cuando sobre ellos
se hayan realizado aportes a seguridad social. Esto motivado en los antecedentes de
la señalada disposición, que apuntaban a la necesidad de precisar los conceptos que
debían servir de base para la liquidación de la pensión.
(ii) Otra que estima que ese listado no es taxativo sino enunciativo, y que admite la
inclusión de otros conceptos en el IBL, bajo la condición de que hayan sido reconocidos
normativamente como factores salariales, y servido de base para las cotizaciones a
seguridad social; lo que atiende al contenido integral del artículo 1 de la Ley 62, que
en su primera parte relacionó los principales factores a tener en cuenta, y, en la
segunda, dejó a salvo la posibilidad de incluir los que hayan servido de base para
calcular los aportes a seguridad social.
46. Así, la sala aplicará la segunda postura, en la medida en que, bajo el principio de
favorabilidad, integra las distintas partes de la norma, y permite un margen de
protección reforzado para el derecho a la seguridad social, por ejemplo, cuando
factores adicionales a los señalados en la Ley 62 de 1985 son considerados como
base de cotización por normas especiales, sin poner en riesgo la sostenibilidad del
sistema, toda vez que debe verificarse y/o garantizarse que sobre aquellos se efectúen
los aportes correspondientes.
47. Además, porque tal perspectiva está en consonancia con el Acto Legislativo 01 de
2005, en cuanto señala que «para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en
cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones»,
y con pronunciamientos de unificación, como la sentencia del 28 de agosto de 2018
de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en la que
frente a la reglas aplicables a los destinatarios de la Ley 33 de 1985, por aplicación del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, indicó que29:
28
En aplicación del artículo 11 del Decreto 2709 de 1994.
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018, rad. 52001-23-
33-000-2012-00143-01, M.P. Cesar Palomino Cortés.
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«La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para
la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones».
48. Ahora bien, al retomar la discusión existente sobre la pensión por aportes, esta
Subsección recientemente, mediante sentencia del 30 de enero de 2025 30 expuso
cinco razones fundamentales por las cuales la Ley 71 de 1988 es aplicable a los
docentes, a saber:
(i) La intención legislativa expresada en los debates de la Ley 91 de 1989 incluía la
aplicación de la Ley 71 de 1988, al considerar que esta última hacía parte del «régimen
vigente para los pensionados del sector público nacional».
(ii) La Ley 71 de 1988 «de manera explícita señaló que regula las pensiones de todos
los servidores públicos, sin excepción», por lo que encaja en la remisión que hace la
Ley 91 de 1989 (art. 15, literal b), para efectos pensionales de los docentes, al régimen
del sector público nacional.
(iii) La Ley 71 de 1988 hace parte de la normatividad que contiene los «derechos
mínimos» en materia pensional aplicables al sector público en general, que no pueden
ser desconocidos a ningún servidor público.
Dicho de otro modo, excluir a los docentes del artículo 7 de la Ley 71 de 1988
supondría suprimir uno de estos derechos esenciales, al impedirles completar el
requisito de tiempo de servicios mediante la acumulación de aportes en sectores
público y privado.
(iv) No existe mandato legal que exija a los docentes ejercer durante toda su vida
laboral la enseñanza en el sector público para acceder a los beneficios pensionales.
(v) Si bien la «Ley 33 de 1985 en su artículo 1 dispuso que quedaban cobijados por
sus reglas todos los empleados públicos salvo “los empleados oficiales que trabajan
en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya
determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial
de pensiones”, lo cierto es que tal enunciado normativo que establece una excepción
tan estricta no implica que a los docentes no los pueda gobernar otra norma en temas
pensionales porque las leyes 71 de 1988 y 91 de 1989 se expidieron con
posterioridad».
49. Es importante aclarar que la aplicabilidad de la Ley 71 de 1988 no reemplaza ni
excluye la posibilidad que tienen los docentes vinculados con anterioridad a la
expedición de la Ley 812 de 2003, de pensionarse exclusivamente con tiempo público
bajo la Ley 33 de 1985. Por el contrario, constituye una opción adicional y favorable
para aquellos docentes que han acumulado tiempos tanto en el sector público como
en el privado. Esta interpretación se alinea con el principio de favorabilidad en materia
laboral, pues amplía las posibilidades de acceso a la pensión sin eliminar las ya
existentes.
50. En conclusión, en la sentencia antes mencionada se precisó que la Ley 71 de 1988
es aplicable a los docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003, como parte del
«régimen vigente para los pensionados del sector público nacional» al que remite la
Ley 91 de 1989. La Ley 71 de 1988 establece una modalidad pensional que requiere
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30
de enero de 2025, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022).
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55 años para mujeres y 60 para hombres y 20 años de aportes, los cuales pueden ser
acumulados entre el sector público y privado. En cualquier caso, la pensión se liquidará
con el 75% del promedio del salario promedio que sirvió de base para los aportes
durante el último año de servicios.
51. Ahora bien, no puede perderse de vista que la sentencia del 30 de enero de 2025
se pronunció frente a la situación particular de una docente vinculada con anterioridad
a la Ley 812 de 2003. Por lo tanto, las consideraciones desarrolladas en ella no pueden
entenderse como una imposibilidad de la aplicación de la Ley 71 de 1988 a quienes
iniciaron su vinculación laboral docente después del 27 de junio de 2003. Esto se debe
a que esta podría ser la norma a tener en cuenta por vía del régimen de transición de
que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en especial, cuando la normativa anterior
resulta más favorable.
52. Lo antedicho supondría, según la interpretación que se ha hecho del señalado
artículo 36, en especial en la sentencia del 28 de agosto de 2018 de la Sala Plena de
lo Contencioso-Administrativo de esta Corporación31, la aplicación de normas
anteriores (v.gr. la Ley 71) en cuanto al tiempo de servicios, edad y tasa de reemplazo,
pero no respecto del ingreso base de liquidación, pues este se calcularía a partir de
los artículos 21 y 36, inciso 3, de la Ley 100 de 1993.
3.4. Hechos probados
53. Con el objeto de resolver los interrogantes planteados, en el caso concreto se
encuentran acreditados los siguientes hechos:
(i) Luciana Guerra Obeso nació el 6 de enero de 196132. A la fecha en la que solicitó
el reconocimiento y pago de la pensión por aportes prevista en la Ley 71 de 1988 —6
de junio de 2019—, tenía 58 años de edad.
(ii) Estuvo vinculada al sector público municipal, en el cargo de maestra, al servicio del
municipio de Tamalameque, Cesar, desde el 10 de agosto de 1976 hasta el 21 de
febrero de 197833; periodo en el que no efectuó aportes al sistema de seguridad social
en pensiones34.
(ii) Que, desde febrero de 1989 hasta agosto de 2007, realizó aportes en el sector
privado en el ISS, Porvenir y Protección, y completó 956.15 semanas de cotización —
más de 18 años—, de las cuales, 259.29 corresponden a Colpensiones, y 696.86 a
Protección35. Las cotizaciones realizadas a Porvenir fueron trasladadas a esta última
AFP36.
31
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, fallo del 28 de agosto de 2018, M.P. César
Palomino Cortés, proceso con radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01.
32 Cédula de ciudadanía de Luciana Guerra Obeso, visible en: Samai, «gestión en otros despachos», «visualizar
expediente», «descargar expediente con su nivel de acceso», archivo «43_ED_CDFOLIO197.pdf», página 90.
33 Formato No. 1 Certificado de información laboral y Formato No. 3 Certificados de salarios mes a mes, visibles
en: Samai, «gestión en otros despachos», «visualizar expediente», «descargar expediente con su nivel de acceso»,
archivo «43_ED_CDFOLIO197.pdf», página 106 y 108, respectivamente.
34 Ibidem.
35 Información historia laboral de Protección, y Reporte de semanas cotizadas en pensiones de Colpensiones,
visibles en: Samai, «gestión en otros despachos», «visualizar expediente», «descargar expediente con su nivel de
acceso», archivo «43_ED_CDFOLIO197.pdf», páginas 109 a 116.
36 Relación de aportes y relación histórica de movimientos de Porvenir, visible en: Samai, «gestión en otros
despachos», «visualizar expediente», «descargar expediente con su nivel de acceso», archivo
«16_ED_10_CONTESTACIONDDA», páginas 22 a 24.
13
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(iii) Que posteriormente, se vinculó como docente al servicio de la Secretaría de
Educación de la Alcaldía Mayor de Bogotá37, en los siguientes periodos: del 22 de
octubre al 3 de diciembre de 2004; del 21 de febrero al 17 de junio de 2005; del 5 de
septiembre de 2005 al 30 de diciembre de 2007; y del 1 de enero de 2009 al 30 de
marzo de 201938. Durante estos periodos, efectuó aportes al FOMAG.
Desde Hasta Tiempo
22 de octubre de 2004 3 de diciembre de 2004 1 mes y 11 días
21 de febrero de 2005 17 de junio de 2005 3 meses y 27 días
5 de septiembre de 2005 30 de diciembre de 2007 2 años, 3 meses y 25 días
1 de enero de 2009 30 de marzo de 2019 10 años y 3 meses
TOTAL 13 años y 3 días
(iii) En virtud de lo anterior, Luciana Guerra Obeso, mediante petición radicada el 6 de
junio de 201939, solicitó a la Secretaría de Educación Distrital de la Alcaldía Mayor de
Bogotá D.C., el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes, de
conformidad con la Ley 71 de 1988.
(iv) La Dirección de Talento Humano de la Secretaría de Educación Distrital de la
Alcaldía de Bogotá D.C. expidió la Resolución núm. 5402 del 13 de junio de 2019 40,
por medio de la cual negó la prestación requerida por la demandante. La referida
entidad consideró que esta se vinculó al servicio docente con posterioridad a la entrada
en vigor de la Ley 812 de 2003. Por esa razón, precisó que no le era aplicable la Ley
71 de 1988, sino el régimen de prima media de la Ley 100 de 1993, con excepción de
la edad.
(v) Inconforme con lo anterior, la demandante presentó recurso de reposición41, en el
que indicó que cumplía con los requisitos para el reconocimiento pensional previsto en
la Ley 71 de 1988. Para ello, aportó un cuadro con la relación de los tiempos de servicio
y las respectivas cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones. En la
información allí consignada, incluyó el lapso en el que laboró en el municipio de
Tamalameque, Cesar —10 de agosto de 1976 al 21 de febrero de 1978— y el resto de
su historia laboral, hasta el 1 de junio de 2010—fecha en la que tenía los 20 años de
aportes requeridos— en la Secretaría de Educación Distrital de la Alcaldía Mayor de
Bogotá D.C.
(vi) Finalmente, la dirección de talento humano de la Secretaría de Educación Distrital
de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. expidió la Resolución núm. 7038 del 17 de julio
de 201742, por medio de la cual resolvió el recurso antedicho, en el sentido de no
reponer la decisión.
37 Información obtenida del formato único para expedición de certificado de la historia laboral, visible en: Samai,
«gestión en otros despachos», «visualizar expediente», «descargar expediente con su nivel de acceso», archivo
«43_ED_CDFOLIO197.pdf», páginas 98 a 99.
38
Información tomada del formato único para expedición de salarios mes a mes, visible en: Samai, «gestión en
otros despachos», «visualizar expediente», «descargar expediente con su nivel de acceso», archivo
«43_ED_CDFOLIO197.pdf», páginas 93 a 97.
39 Solicitud de reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes, visible en: Samai, «gestión en otros
despachos», «visualizar expediente», «descargar expediente con su nivel de acceso», archivo
«7_ED_01_DEMANDA.pdf», páginas 20 a 21.
40 Resolución núm. 5402 del 13 de junio de 2019, visible en: Samai, «gestión en otros despachos», «visualizar
expediente», «descargar expediente con su nivel de acceso», archivo «7_ED_01_DEMANDA.pdf», páginas 24 a
25.
41 Recurso de reposición, visible en: Samai, «gestión en otros despachos», «visualizar expediente», «descargar
expediente con su nivel de acceso», archivo «7_ED_01_DEMANDA.pdf», páginas 26 a 28.
42 Resolución núm. 7038 del 17 de julio de 2019, visible en: Samai, «gestión en otros despachos», «visualizar
expediente», «descargar expediente con su nivel de acceso», archivo «7_ED_01_DEMANDA.pdf», páginas 30 a
31.
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Demandante: Luciana Guerra Obeso
Demandado: FOMAG
3.5. Análisis del caso concreto
3.5.1. Del derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes
prevista en la Ley 71 de 1988
54. De acuerdo con lo expuesto en el recurso de apelación presentado por la parte
demandada, Luciana Guerra Obeso no es beneficiara del régimen previsto en la Ley
71 de 1988, por cuanto se vinculó al servicio docente después de la entrada en vigor
de la Ley 812 de 2003, concretamente, mediante la Resolución núm. 4623 del 24 de
enero de 2004.
55. De la revisión de las pruebas allegadas al expediente, la sala observa que la
demandante tuvo varias vinculaciones al servicio docente, que ocurrieron antes y
después de la entada en vigencia de la Ley 812 de 2003. Tal y como se expuso en el
acápite de hechos probados, con anterioridad al 27 de junio de 2003, trabajó como
maestra al servicio del municipio de Tamalameque, Cesar, del 10 de agosto de 1976
al 21 de febrero de 1978, y desde diciembre de 2004, se vinculó nuevamente como
docente al servicio de la Secretaría de Educación Distrital de la Alcaldía Mayor de
Bogotá D.C.
56. Frente a lo anterior, la sala considera pertinente resaltar que la interrupción o
suspensión del servicio oficial docente no determina el régimen pensional aplicable a
una situación jurídica en particular. Lo anterior, por cuanto la jurisprudencia de esta
corporación ha permitido el reconocimiento de la pensión de jubilación del personal
docente, teniendo en cuenta la totalidad de los periodos laborados, aun cuando
hubiese discontinuidad entre ellos43.
57. En este orden de ideas, con el fin de definir el régimen pensional aplicable a la
accionante, es preciso reiterar que los docentes vinculados con anterioridad a la
entrada en la vigencia de la Ley 812 de 2003 gozan del régimen pensional previsto en
la Ley 33 de 1985 o el establecido en la Ley 71 de 1988, este último cuando acumulen
aportes por servicios prestados en los sectores oficial y privado, en la medida en que
la Ley 91 de 1989 no restringió su aplicación. Contrario a ello, a los docentes afiliados
al FOMAG y vinculados con posterioridad a dicha fecha se les debe aplicar el régimen
de prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción de la edad
que será de 57 años para hombres y mujeres.
58. Así las cosas, en el presente asunto se encuentra acreditada la vinculación de
Luciana Guerra Obeso al servicio docente, con anterioridad a la entrada en vigor de la
Ley 812 de 2003. En consecuencia, le es aplicable la Ley 91 de 1989 y, por ende, la
Ley 71 de 1988 y el Decreto 2709 de 1994, en atención a que demostró haber realizado
aportes al Sistema de Seguridad Social en el sector público y en el privado. Esto
permite concluir que adquirió el estatus de pensionada el 6 de enero de 2016 como se
detalla a continuación.
59. La señora Guerra Obeso debía acreditar 55 años edad y 20 de cotizaciones
continuas o discontinuas en el ISS, hoy Colpensiones, y en una o varias entidades de
previsión social del sector público. Sobre el particular, la sala advierte, por un lado, que
cumplió la referida edad el 6 de enero de 2016. Por otro, que los tiempos cotizados en
Colpensiones y en Protección —956.15 semanas que corresponden a más de 18
años—, y en el FOMAG —13 años y 3 días—, suman más de 20 años.
43 Consejo de Estado, Salade lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de
septiembre de 2020, rad. 66001-23-33-000-2017-00470-01(3514-2019).
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60. Así, la sala concluye, al igual que lo hizo el tribunal en primera instancia, que la
señora Luciana Guerra Obeso tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión
de jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de 1988.
61. En consideración a lo expuesto, la respuesta al primer problema jurídico es positiva.
3.5.2. De la definición del IBL de la pensión de jubilación por aportes prevista en
la Ley 71 de 1988
62. De otra parte, la inconformidad de la demandante está en los factores que fueron
incluidos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el IBL de la pensión de
jubilación por aportes que le fue reconocida. En su criterio, se debían tener en cuenta
«los […] factores salariales faltantes, en especial la prima de vacaciones», además de
la asignación básica y la «bonificación decreto» devengadas en el año anterior a la
adquisición del estatus pensional —6 de enero de 2016—.
63. En relación con lo anterior, se debe tener en cuenta lo establecido en el Decreto
2709 de 1994 para la definición del IBL. En ese orden, el artículo 6 de dicha norma
dispone que el salario para la liquidación de esta prestación será el salario promedio
que sirvió de base para los aportes durante el año anterior a la adquisición del estatus
pensional. A su vez, el artículo 8 señala que el monto de la pensión será equivalente
al 75% del salario base de liquidación.
64. Pues bien, del análisis de las pruebas aportadas al plenario, se advierte que, de
acuerdo con el formato único para expedición de certificado de salarios de la Alcaldía
Mayor de Bogotá44, Luciana Guerra Obeso, en el año anterior a la adquisición del
estatus pensional, devengó los siguientes: (i) sueldo, (ii) prima de servicio, (iii)
«bonificación decreto», (iv) prima de vacaciones y (v) prima de navidad. De estos
conceptos, únicamente sirvieron de base para los aportes a seguridad social el sueldo
y la prima de vacaciones. En ese orden de ideas, y de conformidad con el artículo 6
del Decreto 2709 de 1994, estos son los conceptos que a primera vista debían ser
tenidos en cuenta para la definición del IBL de la pensión de jubilación por aportes
reconocida a la demandante.
65. Ahora bien, la Sala resalta que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al
definir el IBL de la pensión de jubilación aportes de la demandante, precisó lo siguiente:
(i) Si bien Luciana Guerra Obeso devengó sueldo, prima de servicio, «bonificación
decreto», prima de vacaciones y prima de navidad, únicamente realizó aportes a
seguridad social sobre el sueldo y la prima de vacaciones.
(ii) Para la definición del IBL se debían tener en cuenta los factores previstos en el
artículo 1 de la Ley 62 de 1985, razón por la que debía excluir las primas de vacaciones
y de navidad, en la medida en que tales conceptos no hacían parte de los enunciados
en la anterior norma.
(iii) Que «la prima de servicios [devengada por] los docentes oficiales es la contenida
en el Decreto 1545 de 2013 […], sin efectos pensionales por expresa voluntad del
legislador», motivo por el cual, tampoco tendría en cuenta este factor.
(iv) Que la «bonificación decreto», creada mediante los decretos 1272 de 2015 y 123
de 2016, debía ser incluida porque estos dispusieron que constituiría factor salarial y
44 Información tomada del formato único para expedición de salarios mes a mes, visible en: Samai, «gestión en
otros despachos», «visualizar expediente», «descargar expediente con su nivel de acceso», archivo
«43_ED_CDFOLIO197.pdf», página 95.
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que sobre ella se debían hacer aportes al Sistema de Seguridad Social.
Destacó, frente al caso de la accionante, que sobre este concepto no se realizaron
aportes a seguridad social, pero esa situación no era impedimento para incluirlo en el
IBL. Así, indicó que «dado que la omisión de los aportes es un yerro del empleador,
sus consecuencias no pueden ser imputadas al trabajador, por lo que dicho factor debe
ser considerado a efectos de reconocer la pensión de jubilación de la demandante, sin
que sea procedente ordenar descuento alguno por concepto de cotizaciones sobre tal
factor»45. En consecuencia, adujo que le correspondía al FOMAG «adelantar los
procedimientos o acciones pertinentes para lograr el cobro o traslado de los aportes
para pensión no efectuados respecto de la bonificación decreto por parte del
empleador, que en este caso es la Secretaría de Educación de Bogotá»46.
(v) Por lo antes expuesto, el IBL debía incluir el sueldo y la bonificación decreto.
66. Frente a lo anterior, la sala resalta que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
al efectuar el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley
71 de 1988, definió el IBL de conformidad con el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 en su
interpretación restrictiva y no tuvo en consideración el artículo 6 del Decreto 2709 de
1994.
67. Al respecto, cabe reiterar que en este caso, para la definición del IBL se tendrá en
cuenta la perspectiva interpretativa47 según la cual, tanto las leyes 33 y 62 de 1985
como el Decreto 2709 de 1994 se aplican de forma armónica, y a la luz de lo dispuesto
en el Acto Legislativo 01 de 2005, para incluir los factores enlistados en el artículo 1
de la Ley 62, y los reconocidos normativamente como salariales en normas especiales,
que hayan sido devengados y sobre los cuales se hayan realizado las respectivas
cotizaciones a seguridad social.
68. En ese sentido, frente a la prima de vacaciones para los docentes educativos
estatales, la sala destaca que se trata de un factor creado mediante el Decreto 1381
de 199748 que, por disposición expresa del artículo 649, se rige por el Decreto Ley 1045
de 1978 en los aspectos que no fueron regulados en su norma de creación. Así, al
remitirse a esta última, se advierte que de acuerdo con el artículo 4550, es un concepto
de carácter salarial base de cotización, en la medida en que fue previsto para la
liquidación de cesantías y pensiones de los empleados públicos.
69. Por lo tanto, en el presente asunto se debían tener en cuenta los factores «que
sirvieron de base para los aportes» en el año anterior a la adquisición del estatus
pensional, de acuerdo con los artículos 1 de la Ley 62 de 1985, 6 del Decreto 2709 de
1994 y normas concordantes. En este caso, el sueldo y la prima de vacaciones.
45
Sentencia de primera instancia, proferida el 11 de noviembre de 2022, por Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, visible en: Samai, índice 2, archivo
«2500023420002019012100013EXPEDIENTEDIGI20220621112944 expedientetac (41).pdf», contenido en la
carpeta comprimida «ED_25000234200020190121(.zip) NroActua 2».
46 Ibidem.
47 Apartado 45, (ii).
48 «Por medio del cual se establece la prima de vacaciones para los docentes de los servicios públicos Educativos
Estatales».
49 Decreto 1381 de 1997, artículo 6. “Los aspectos generales referidos a esta prestación, no contemplados en este
decreto y que no le sean contratados, se regirán por lo establecido en el Decreto-ley 1045 de 1978 y por las normas
que lo reglamenten, modifiquen o sustituyan. Exceptúense los descuentos a favor de Prosocial, los cuales no son
aplicables a los docentes».
50 Decreto Ley 1045 de 1978, artículo 45. «De los factores de salario para la liquidación de cesantía y
pensiones. Para efectos del reconocimiento y pago del auxilio de cesantía y de las pensiones a que tuvieren
derecho los empleados públicos y trabajadores oficiales, en la liquidación se tendrá en cuenta los siguientes
factores de salario: […] k) La prima de vacaciones […].
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70. En relación con la bonificación mensual creada por los decretos 1272 de 2015 y 123
de 2016, la Subsección considera, al igual que el tribunal, que debe reconocerse
porque sobre dicho concepto se debían hacer aportes obligatorios a seguridad social,
según lo señalan los decretos 1272 de 2015 y 123 de 2016. Por esa razón, es válida
su inclusión dentro del IBL, así como la orden al FOMAG de adelantar las actuaciones
pertinentes para lograr el cobro o traslado de los aportes no efectuados respecto a
dicho factor por parte del empleador.
71. Por lo anterior, la respuesta al segundo problema jurídico es negativa, en la medida
en que el IBL de la pensión reconocida a favor de la demandante debe incluir el sueldo,
la prima de vacaciones y la bonificación mensual de que tratan los decretos 1272 de
2015 y 123 de 2016, más no todos los factores salariales devengados.
72. En consideración a lo expuesto, la Sala modificará el numeral segundo de la parte
resolutiva de la sentencia de primera instancia, en el sentido de incluir dentro del IBL
la prima de vacaciones, que fue excluida a partir de la aplicación e interpretación que
se hizo de la Ley Ley 62 de 1985, aunque sobre el particular la norma a tener en cuenta
es el Decreto 2709 de 1994. Se precisa que la prima de vacaciones será incluida en
una doceava parte, en razón a que la demandante devengaba dicho factor una vez al
año.
3.5.3. De la entidad pagadora de la pensión
73. Finalmente, la sala no pierde de vista que Protección presentó recurso de apelación,
con el fin de que se modifique el inciso cuarto del numeral segundo de la parte
resolutiva, que dispuso lo siguiente:
«La [n]ación –Ministerio de Educación Nacional –Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio deberá realizar las actuaciones administrativas a que hubiera
lugar ante el municipio de Tamalameque (Cesar), Colpensiones, Porvenir y Protección,
para que financien la prestación pensional de la señora Luciana Guerra Obeso, en
consideración a los lapsos en que cotizó en cada uno de ellos, al igual que los aportes
realizados».
74. A su juicio, solo se puede ordenar a las administradoras de fondos de pensiones
trasladar al FOMAG, los aportes realizados en el régimen de ahorro individual, en la
medida en que aquel tiene a su cargo el pago de la prestación.
75. Frente a lo anterior, cabe resaltar que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
condenó al FOMAG a pagar las mesadas pensionales que reconoció a favor de la
demandante. Para ello, le ordenó adelantar las actuaciones pertinentes ante el
municipio de Tamalameque y las administradoras de fondos de pensiones vinculadas
al proceso. En ese sentido, la orden cuestionada no trasladó a las referidas
administradoras la obligación de asumir el pago de la pensión de Luciana Guerra
Obeso. Inclusive, como se precisó en los numerales segundo51 y tercero52 de la parte
resolutiva, la obligación del pago se radicó en cabeza del FOMAG.
51 «SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho,
CONDÉNESE a la Nación –Ministerio de Educación Nacional –Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, a reconocer y pagar la pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de 1988 a la señora
Luciana Guerra Obeso, identificada con la cédula No. 37.924.317, desde el 7 de enero de 2016, por contar con
más de veinte (20) años de aportes y cincuenta y cinco (55) años de edad, teniendo en cuenta el 75% de la
asignación básica y la bonificación decreto devengadas durante el año anterior a la adquisición del estatus
pensional (7 de enero de 2015 al 6 de enero de 2016), de conformidad con las consideraciones previas […]»
(negritas fuera del texto).
52 «TERCERO: CONDÉNESE a la Nación –Ministerio de Educación Nacional –Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, a pagar a la señora Luciana Guerra Obeso las mesadas pensionales
causadas a partir del 6 de junio de 2016, por haber operado el fenómeno jurídico de la prescripción trienal […]»
(negritas fuera del texto).
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76. Además, la orden del tribunal atiende lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 2709
de 1994, según el cual, «[t]odas las entidades de previsión social a las que un
empleado haya efectuado aportes para obtener esta pensión, tienen la obligación de
contribuirle a la entidad de previsión pagadora de la pensión con la cuota parte
correspondiente».
77. Así, la respuesta al tercer problema jurídico es negativa.
3.6. Conclusión
78. A partir del estudio del régimen pensional aplicable a los docentes oficiales, la sala
concluye que, en la medida en que Luciana Guerra Obeso se vinculó con anterioridad
a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, el régimen pensional que le es aplicable
es el previsto en la Ley 71 de 1988. Así, al haberse probado que tiene más de 55 años
de edad y 20 de cotizaciones en el sector público y privado, se estima que tiene
derecho al reconocimiento y pago de una pensión de jubilación por aportes.
79. Así mismo, tiene derecho a que la prima de vacaciones sea incluida en el IBL de
su pensión, puesto que, de conformidad con el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978,
es de carácter salarial y factor de cotización. Además, que sobre este concepto se
realizaron aportes a seguridad social.
80.Por ende, se debe confirmar parcialmente la sentencia de primera instancia que
concedió las pretensiones de la demanda, en el sentido de modificar el numeral
segundo de la parte resolutiva para incluir dentro del IBL la prima de vacaciones.
3.7. Costas
81. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 53 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, que consiste en que para
decretar la condena en costas se debe verificar que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso bajo estudio se imponga
dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las
anteriores conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
53 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-
01 (1291-14).
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FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR parcialmente la sentencia del 11 de noviembre de 2022
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E.
SEGUNDO. MODIFICAR el inciso primero del numeral segundo de la parte resolutiva
de la anterior providencia, que quedará así:
«SEGUNDO. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho, CONDÉNESE a la Nación –Ministerio de Educación
Nacional –Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a reconocer y pagar
la pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de 1988 a la señora Luciana
Guerra Obeso, identificada con la cédula No. 37.924.317, desde el 7 de enero de 2016,
por contar con más de veinte (20) años de aportes y cincuenta y cinco (55) años de edad,
teniendo en cuenta el 75% de la asignación básica, la prima de vacaciones en una
doceava parte y la bonificación mensual de que tratan los decretos 1272 de 2015 y 123
de 2016, devengadas durante el año anterior a la adquisición del estatus pensional —6
de enero de 2016—, de conformidad con las consideraciones previas».
TERCERO. No condenar en costas en segunda instancia.
CUARTO. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
MMOG/JCBB
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