Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05096-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05096-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-05096-01
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
19 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05096-01
Accionante: Bladimiro Rincón Ávila
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada en contra de la sentencia proferida el 6
de octubre de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud de tutela
El 15 de agosto de 20251 Bladimiro Rincón Ávila, a través de apoderado, interpuso
acción de tutela2 en procura de la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, mínimo vital, igualdad y seguridad social, que considera vulnerados
por el Juzgado Dieciocho Administrativo Oral de Bogotá, Sección Segunda, y por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, debido
a que, mediante sentencia del 27 de septiembre de 2024, el primero negó las
pretensiones de la demanda, decisión que fue confirmada por el segundo el 18 de
junio de 2025, en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho radicado 11001-33-35-018-2023-00276-00/01.
2. Hechos
2.1. El hoy accionante interpuso demanda3 contra la Nación, Ministerio de
Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
Distrito Capital – Secretaría de Educación de Bogotá y la Fiduciaria La Previsora
S.A., con el fin de que se declarara la nulidad del Oficio S-2023-51505 del 10 de
1
Índice 3 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado B2F8F7DB795B886C FE60B4E42D581690
54E4138936FEC638 87C2A3F232148059.
2
Índice 2 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 53C573A2BC384A82 5A42D504FF9C596C
2AFFC931471869B2 19D80E826518CCB6.
3
Archivo denominado “001_ED_01Demanda anexos”, carpeta “11001333501820230027600_T134006157188806694”,
visible a índice 12 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 3E1FE18DD85A74C3 A9A2E0C9050ACA4C
A4DA52A05CBB270F CD8D5DF4FE520FF6.
2
Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05096-01
Accionante: Bladimiro Rincón Ávila
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C y otro
febrero de 2023 y de la Resolución 1477 del 29 de marzo siguiente. A título de
restablecimiento del derecho solicitó, entre otras cosas, ordenar a i) la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio reliquidar su pensión de jubilación teniendo en cuenta todos los factores
salariales que devengó en el año anterior al cumplimiento del estatus pensional, en
especial la prima de vacaciones, y ii) la Secretaría de Educación de Bogotá realizar
los descuentos sobre los factores salariales cuya inclusión se ordene y, a su vez, se
efectúen los aportes al sistema pensional.
2.2. El 27 de septiembre de 20244 el Juzgado Dieciocho Administrativo Oral de
Bogotá, Sección Segunda, en sentencia de primera instancia, negó las pretensiones
de la demanda.
2.3. Inconforme con la decisión, el señor Rincón Ávila interpuso recurso de
apelación.
2.4. A raíz de ello, el 18 de junio de 20255 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, profirió sentencia de segunda
instancia, en la que confirmó la providencia apelada.
3. Fundamentos de la acción de tutela
La parte accionante sostuvo que:
3.1. Las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un defecto sustantivo,
porque indebidamente utilizaron en el caso concreto las Leyes 33 y 62 de 1985, en
lugar de aplicar el Acto Legislativo 1 de 2005, según el cual las pensiones deberán
tener en cuenta los factores salariales sobre los que se realizaron cotizaciones.
En ese sentido, debía reliquidarse la pensión de jubilación del actor con la inclusión
de la prima de vacaciones y de alimentación, sueldo, sobresueldo, bonificación
pedagógica y bonificación decreto, máxime cuando en el expediente ordinario se
4
Archivo denominado “028 Sentencia […]”, carpeta “11001333501820230027600_T134006157188806694”, visible a índice
12 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 3E1FE18DD85A74C3 A9A2E0C9050ACA4C
A4DA52A05CBB270F CD8D5DF4FE520FF6.
5
Archivo denominado “007 Sentencia [...]”, carpeta “11001333501820230027601_T134006157461157166” visible a índice
12 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 3E1FE18DD85A74C3 A9A2E0C9050ACA4C
A4DA52A05CBB270F CD8D5DF4FE520FF6.
3
Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05096-01
Accionante: Bladimiro Rincón Ávila
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C y otro
acreditó que su empleador efectuó cotizaciones al sistema de seguridad social
sobre dichos factores.
3.2. Las autoridades judiciales accionadas desconocieron las siguientes sentencias
emitidas por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado: i) 3 de
marzo de 2025, radicado 11001031500020240652101; ii) 24 de febrero de 2025,
radicado 11001031500020240549001; iii) 13 de febrero de 2025, radicado 25000-
2342-000-2019-01210-01 (1889-2023).
3.3. Las autoridades accionadas debieron atender el principio de favorabilidad, con
el fin de dar aplicación a la sentencia del 4 de agosto de 2010 del Consejo de
Estado.
4. Pretensiones de la acción de tutela
La parte accionante solicitó textualmente lo siguiente:
“PRIMERO: Comprobado cómo están los elementos axiológicos para la prosperidad de
la acción, respetuosamente solicito SE DEJE SIN EFECTOS las sentencias emitidas por
el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA -
SUBSECCIÓN “C”, en la providencia de fecha 18 de junio de 2025 que CONFIRMO la
sentencia de primera instancia proferida por el JUZGADO DIECIOCHO (18)
ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. –
SECCIÓN SEGUNDA de fecha 27 de septiembre de 2024, mediante la cual, NEGO las
suplicas de la demanda, dentro del proceso con radicado No.
11001333501820230027601.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, solicito respetuosamente al Honorable
Consejo de Estado se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “C” a proferir sentencia de
fondo ordenando al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO a reliquidar la pensión vitalicia de jubilación del docente BLADIMIRO
RINCON VILLA, incluyendo, los factores salariales devengados y que fueron
COTIZADOS al RETIRO DEL SERVICIO, entre ellos la (PRIMA DE VACACIONES Y
PRIMA DE ALIMENTACION), reconocidos a la fecha del CUMPLIMIENTO DEL
STATUS PENSIONAL, además de los DEVENGADOS Y COTIZADOS AL RETIRO
DEL SERVICIO (SUELDO, SOBRESUELDO, PRIMA DE ALIMENTACION, PRIMA DE
VACACIONES, BONIFICACION DECRETO Y BONIFICACION PEDAGOGICA).”6
(Resaltado original del texto).
6
Índice 2 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 53C573A2BC384A82 5A42D504FF9C596C
2AFFC931471869B2 19D80E826518CCB6, folio 32.
4
Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05096-01
Accionante: Bladimiro Rincón Ávila
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C y otro
5. Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición
5.1. Mediante auto del 21 de agosto de 20257 se admitió la acción de tutela y se
vinculó al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), al
Ministerio de Educación Nacional y a la Secretaría de Educación de Bogotá.
También se dispuso la notificación a las partes y a los vinculados.
5.2. La Secretaría de Educación de Bogotá8 advirtió que la acción de tutela es
improcedente, porque las pretensiones formuladas por el actor pretenden reabrir un
debate jurídico que fue previamente analizado por los jueces naturales del asunto.
5.3. El Juzgado Dieciocho Administrativo Oral de Bogotá, Sección Segunda9 hizo
un recuento de las actuaciones surtidas en esa instancia y precisó que las pruebas
se valoraron en debida forma y que la interpretación y aplicación del marco jurídico
utilizado se ajustaron a los criterios de razonabilidad. Finalmente, adujo que el
accionante busca reabrir un debate judicial ya zanjado y decidido tanto en primera
como en segunda instancia.
5.4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C10
manifestó que la decisión censurada sí valoró el material probatorio aportado al
expediente, aunado al hecho de que aquella estuvo sustentada, tanto jurídica como
fácticamente, y respetó el debido proceso, con lo cual no se configuró vulneración
alguna a los derechos fundamentales del accionante. Afirmó que en dicha
providencia se estudió la reliquidación de la pensión con la inclusión del factor de
prima de vacaciones y se concluyó que no era procedente, debido a que no se probó
que sobre este factor se hubieran realizado los correspondientes aportes.
5.5. El Ministerio de Educación11 aseveró que la acción de tutela es improcedente,
al no cumplir el requisito de relevancia constitucional, comoquiera que la
controversia suscitada representaba un asunto estrictamente económico y con
intereses privados, lo cual excedía la esfera de competencia del juez de tutela.
7
Índice 5 de SAMAI del expediente de tutela digital de primera instancia, certificado FB8E85EE8D4F5759
7AA43701491635DD 14C8198B953093E9 6DC2F85109C81DE1.
8
Índice 10 de SAMAI, certificado AFF0A7C7E21A7D38 121AA242D20A920E 95F0D61008CCE48E 9038AB5BED0B6E42,
ibid.
9
Índice 12 de SAMAI, certificado 23DAA63732963671 4820EA36BF0BA3B0 B64875C878975690 9B1CCF1CF06D0687, ibid.
10
Índice 13 de SAMAI, certificado 77694479DEA7A09A FEBDD0006B42DA03 1F8EB7EF0311AD56 75AE44A086EA4826,
ibid.
11
Índice 14 de SAMAI, certificado 089A5403A27AD605 2F34B187BC452A74 E1D463912B7BD7FB 21FBFD4401C89A7A,
ibid.
5
Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05096-01
Accionante: Bladimiro Rincón Ávila
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C y otro
Finalmente, manifestó que no se configuraba la legitimación pasiva en la causa de
dicha entidad, de manera que solicitó su desvinculación.
5.6. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) no se
pronunció.12
6. Fallo de tutela de primera instancia
El 6 de octubre de 202513 el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
declaró improcedente la acción de tutela, al no cumplir el requisito de relevancia
constitucional.
El a quo constitucional consideró que no se cumple el requisito de relevancia
constitucional, pues el accionante pretende reabrir un debate propio del juez natural
sobre una situación definida y consolidada. Señaló que las diferencias
interpretativas que existieren entre la parte demandante y el juez natural de la causa
no constituyen, por sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las
decisiones del juez ordinario.
7. Razones de la impugnación
Inconforme con la decisión, la parte accionante presentó escrito de impugnación 14,
en el que reiteró en gran parte los argumentos dados en la acción de tutela y,
adicionalmente, manifestó lo siguiente:
7.1. El a quo constitucional desconoció que el sub lite sí tiene relevancia
constitucional, porque la decisión censurada no está conforme a la norma de
carácter constitucional contenida en el Acto Legislativo 01 de 2005, pues restringe
el disfrute y goce pensional de manera adecuada a sus aportes a seguridad social.
7.2. Si bien es cierto que el Consejo de Estado, mediante la Sentencia de Unificación
SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019, fijó las reglas de los factores que
deben incluirse en la liquidación de las prestaciones sociales de los docentes
12
Luego de efectuar la consulta en SAMAI, no se encontró registro alguno de que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio (FOMAG) hubiera rendido informe, pese a la notificación electrónica surtida, visible a índice 9 de SAMAI del
expediente de primera instancia.
13
Índice 19 de SAMAI del expediente de tutela de primera instancia, certificado 5936899E853DCB1C 84E933454FC11F4F
265B4A2845283AE4 2DAA1AFD187C7D89.
14
Índice 23 de SAMAI, certificado C6B4FC50A7E3D81F ACA858303B72FA1B 15E5FFF74B03A701 1ED0B036E036C56E,
ibid.
6
Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05096-01
Accionante: Bladimiro Rincón Ávila
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C y otro
afiliados al FOMAG, también lo es que, por jerarquía constitucional, debe prevalecer
el Acto Legislativo 01 de 2005.
8. Trámite de la acción de tutela en segunda instancia
Mediante auto del 28 de octubre de 202515 el a quo concedió la impugnación.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución Política, 32
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado
080 de 2019, esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada
en contra del fallo proferido el 6 de octubre de 2025 por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B.
2. Cuestión previa
A pesar de que el tutelante atacó las providencias de primera instancia del 27 de
septiembre de 2024 y la del 18 de junio de 2025, que la confirmó, la Sala analizará
únicamente la segunda en mención, puesto que se observa que esta fue la que
concluyó el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, de radicado
11001-33-35-018-2023-00276-00/01.
3. Problema jurídico
La Sala verificará si la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedibilidad en contra de providencias judiciales y, en caso afirmativo, establecerá
si se incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales invocados.
4. La acción de tutela en contra de providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 reconoció que la acción de
tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos
15
Índice 25 de SAMAI, certificado B52F4ED90C800C06 8200F5A7CA0C84BA FACBF8C9AC07B57B 205200D7F2FBADD9,
ibid.
7
Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05096-01
Accionante: Bladimiro Rincón Ávila
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C y otro
requisitos de procedibilidad16 y de procedencia17 con el fin de determinar si se
vulneraron o no los derechos de orden superior.
5. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso
concreto
5.1. Sobre el requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional ha
señalado que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones”.18
En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario
examinar dos elementos, a saber19: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa,
justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que
la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo
especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.
Por su parte, la Corte Constitucional en la SU-215 de 202220, frente al requisito de
relevancia constitucional, señaló que es menester verificar:
“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no
se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales”.
5.2. Para la Sala resulta evidente que los cargos formulados no satisfacen el
requisito de relevancia constitucional, por cuanto se advierten como un intento de
16
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los
siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia
constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela;
que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad
procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que
se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido
cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
17
Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental; defecto fáctico;
defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto por desconocimiento del
precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
18
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
19
Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.
20
Sentencia SU-215 del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
8
Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05096-01
Accionante: Bladimiro Rincón Ávila
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C y otro
revivir el análisis jurídico efectuado por el juez natural, como si este mecanismo
fuera una instancia adicional al proceso ordinario, según se explicará.
5.3. En el caso concreto, el señor Rincón Ávila cuestiona, en esencia, que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, i) incurrió en un
defecto sustantivo, porque indebidamente utilizó las Leyes 33 y 62 de 1985, en lugar
de aplicar el Acto Legislativo 01 de 2005, según el cual las pensiones deberán tener
en cuenta los factores salariales sobre los que se realizaron cotizaciones. En ese
sentido, en su concepto, debía reliquidarse su pensión de jubilación con la inclusión
de la prima de vacaciones y de alimentación, sueldo, sobresueldo, bonificación
pedagógica y bonificación decreto; máxime cuando en el expediente ordinario se
acreditó que su empleador efectuó cotizaciones al sistema de seguridad social
sobre dichos factores; ii) debió atender el principio de favorabilidad, con el fin de dar
aplicación a la sentencia del 4 de agosto de 2010 del Consejo de Estado.
5.4. Pues bien, al verificar los argumentos contenidos en la sentencia del 18 de junio
de 2025, emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, se observa el siguiente análisis textual:
“Así las cosas, y en la medida en que a los docentes del Magisterio les resultan aplicables
las previsiones que establece la Ley 33 de 1985, no por virtud del régimen de transición
que contempla el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pero sí por la remisión que señala
la Ley 91 de 1989, la Sala viene acoge el criterio jurisprudencial expuesto, concluyendo
que la pensión de jubilación debe corresponder al 75% del salario promedio que sirvió
de base para los aportes o cotizaciones durante el último año de servicio.
Se debe resaltar que el H. Consejo de Estado fue claro al señalar los efectos de la
pluricitada sentencia de unificación, advirtiendo que la misma constituye precedente
vinculante y obligatorio y se debe acatar en forma retrospectiva, es decir, en todos los
casos pendientes de solución sea en vía judicial o administrativa, sin que sea posible
invocar el principio de igualdad.
[…] Ahora, según el Formato Único para Expedición de Certificado de Salarios, emitido
el 12 diciembre de 2022, por la Secretaria de Educación de Bogotá, la demandante en
el año anterior al retiro del servicio, periodo comprendido entre el 29 de diciembre de
2019 y el 29 de enero de 2020, devengó sueldo, sobresueldo, prima de alimentación,
prima de servicios, bonificación mensual, bonificación pedagógica y prima de
vacaciones.
[…] En este caso, no observa que la Secretaría de Educación de Bogotá, hubiera
certificado que efectivamente, sobre el factor de prima de vacaciones que se solicita su
computo en la pensión, se hubieran realizado aportes para pensión.
Si bien, los emolumentos de prima de vacaciones y prima de alimentación, tienen unos
asteriscos, no se puede determinar con certeza que obedezca a que se hayan realizado
cotizaciones sobre dichos factores y, específicamente sobre la prima de vacaciones
reclamada, dado que el certificado no contiene ninguna observación o precisión al
respecto. Tampoco fue allegada una constancia adicional respecto del demandante que
9
Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05096-01
Accionante: Bladimiro Rincón Ávila
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C y otro
demuestre lo contrario.
Por lo tanto, no le asiste razón a la parte actora para solicitar la reliquidación de su
pensión con el cómputo del factor ya mencionado, en consideración a que no hacen
parte de los emolumentos que enlista la norma, ni fue objeto de aportes.
Finalmente, se precisa no procede ordenar la deducción de aportes sobre los factores
salariales de manera posterior, como lo pretende la parte actora, dado que, en todo caso,
la liquidación se realiza con fundamento en los valores cotizados, en razón a que las
pensiones de jubilación se construyen con base en aportes periódicos a lo largo de la
vida del trabajador, para que la entidad utilice y capitalice estos recursos, para cuando
llegue el momento de acceder a este derecho y se mantenga el sistema pensional.”21
5.5. Luego de lo relatado, se observa que en sede de tutela la parte accionante
pretende que nuevamente se valoren los argumentos ya planteados y resueltos por
la autoridad judicial accionada en la sentencia de segunda instancia censurada.
Pues bien, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, explicó que, mediante la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-
2019 del 25 de abril de 2019, proferida por la Sección Segunda del Consejo de
Estado, 22 se estableció la forma de liquidar la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes, prevista en la Ley 91 de 1989. Así, en la liquidación de la pensión ordinaria
de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003,
que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores
públicos del orden nacional, previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben
tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos
aportes, de acuerdo con el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985; por lo tanto, no se
puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.
De esta manera, valoró el material probatorio allegado en el expediente y, con base
en ello, determinó que, si bien el entonces demandante, en el año anterior al retiro
del servicio, esto es, desde el 29 de diciembre de 2019 hasta el 29 de enero de
2020, devengó sueldo, sobresueldo, prima de alimentación, prima de servicios,
bonificación mensual, bonificación pedagógica y prima de vacaciones, lo cierto era
que no se acreditó que la Secretaría de Educación de Bogotá hubiera certificado
que sobre el factor de prima de vacaciones se hubieran realizado aportes para
pensión. Adicionalmente, concluyó que no era procedente ordenar la deducción
posterior de aportes sobre todos los factores salariales, comoquiera que la
liquidación se realiza con fundamento en los valores cotizados, ya que las pensiones
21
Archivo denominado “007 Sentencia [...]”, carpeta “11001333501820230027601_T134006157461157166” visible a índice
12 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 3E1FE18DD85A74C3 A9A2E0C9050ACA4C
A4DA52A05CBB270F CD8D5DF4FE520FF6.
22
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-CE-S2 -2019.
Expediente: 680012333000201500569-01 (0935-17), Actor: Abadía Reynel Tolosa.
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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05096-01
Accionante: Bladimiro Rincón Ávila
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C y otro
de jubilación se conforman de aportes periódicos realizados en el transcurso de la
vida del trabajador, con el fin de que las administradoras de dichas prestaciones
utilicen y capitalicen esos recursos y así se mantenga el sistema pensional.
5.6. En línea con lo anterior, cabe traer a colación lo sostenido por el juez de primera
instancia en la sentencia del 27 de septiembre de 2024:
“[…] Luego entonces y respecto de la pretensión de que se reliquide la pensión
incluyendo todos factores salariales, esto es, la prima de vacaciones, se estima que no
resulta procedente como quiera que, conforme la sentencia de unificación del Consejo
de Estado de 25 de abril de 2019, previamente citada, en la liquidación de la pensión de
los docentes vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, los
únicos factores salariales que deben incluirse son aquellos sobre los que se han
efectuado aportes, los cuales están taxativamente señalados en la Ley 62 de 1985.
Cabe indicar que, no obstante que el factor “prima de vacaciones” no se encuentra
enlistado en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, en todo caso fue tenido en cuenta en la
Resolución 6065 del 26 de octubre de 2010, lo propio ocurre con los factores
denominados prima de alimentación, prima de habitación, prima especial, subsidio de
transporte, auxilio de movilización, prima de vacaciones y de navidad, de modo que al
demandante se le tuvieron en cuenta en la liquidación de su pensión de jubilación, más
factores de los previstos en dicha norma, razón de más para que no se abra camino su
pretensión.”23
5.7. Finalmente, respecto al argumento orientado al desconocimiento del
precedente fijado por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, esta última
corporación ha sostenido que establecer su configuración exige que el accionante
vincule la falta de aplicación de una regla jurisprudencial con la violación de una
garantía fundamental o, en otros términos, que explique con suficiencia por qué el
precedente con identidad fáctica y jurídica era aplicable en su caso y de qué forma
la inobservancia de tales consideraciones o reglas jurisprudenciales afectó sus
garantías fundamentales.24
Ahora, en el sub lite, el accionante transcribe las siguientes sentencias de la Sección
Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado: i) 3 de marzo de 2025, radicado
11001031500020240652101; ii) 24 de febrero de 2025, radicado
11001031500020240549001; iii) 13 de febrero de 2025, radicado 25000-2342-000-
2019-01210-01 (1889-2023), sin exponer las reglas jurisprudenciales que consideró
fueron indebidamente aplicadas. Esta falta de sustento impide el análisis del cargo
23
Archivo denominado “028 Sentencia […]”, carpeta “11001333501820230027600_T134006157188806694”, visible a índice
12 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 3E1FE18DD85A74C3 A9A2E0C9050ACA4C
A4DA52A05CBB270F CD8D5DF4FE520FF6.
24
Compárese, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 11
de octubre de 2024, radicado 11001-03-15-000-2024-04599-00.
11
Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05096-01
Accionante: Bladimiro Rincón Ávila
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C y otro
y exime a la Sala de realizar un estudio de fondo, lo que permite concluir que el
defecto alegado carece de relevancia constitucional.
En cuanto a las sentencias del Tribunal Administrativo de Cundinamarca enlistadas
por el accionante como inobservadas, no es posible concluir que estas constituyan
precedente horizontal con fuerza vinculante y obligatoria, en los términos propios de
una sentencia de unificación. En consecuencia, no puede afirmarse que dichas
providencias conformen un precedente en el cual el juez natural de la causa
estuviera obligado a sustentar su decisión.
El respeto al precedente exige no solo la mera referencia a decisiones previas, sino
también la exposición clara, precisa y estructurada de los puntos de coincidencia
fáctica y jurídica entre los casos comparados, a fin de demostrar que el fallo objeto
de censura se apartó de manera injustificada de la jurisprudencia aplicable.
5.8. Así, para esta Subsección resulta claro que el accionante pretende utilizar este
mecanismo constitucional como si se tratara de una instancia adicional, pues, como
se observó, los reproches contenidos en su escrito de tutela buscan reabrir el debate
que tuvo lugar en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con
el fin de que prevalezca su interpretación sobre la acogida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, en el proceso
11001-33-35-018-2023-00276-00/01. Cuestión distinta es que la parte accionante
no comparta el sentido de la decisión adoptada, aspecto que desborda el ámbito de
competencia del juez constitucional, en tanto no le corresponde definir la forma en
que el juez natural debe decidir.
Se insiste en que la procedencia de la acción de tutela en contra de decisiones
judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer la autonomía
e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, en
razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un “juicio de
corrección” de la decisión cuestionada25, lo que se opone a que se use
indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole
probatoria o de interpretación del derecho que se resolvieron en el curso del proceso
ordinario.26
25
Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.
26
Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018.
12
Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05096-01
Accionante: Bladimiro Rincón Ávila
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C y otro
6. Bajo esta línea argumentativa, en el sub lite no se encuentra acreditado el
requisito de relevancia constitucional; en consecuencia, la acción tuitiva resulta
improcedente, como lo concluyó el a quo, razón por la cual se confirmará el proveído
impugnado.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela del 6 de octubre de 2025, proferida
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que declaró la
improcedencia de la solicitud de amparo, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e
interesados por el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejera de Estado Consejero de Estado
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