RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2025 › Radicado 11001-03-15-000-2024-06521-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06521-01

Fecha
3 de marzo de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06521-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 16 de diciembre de 2024 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. En su lugar, CONCEDER el amparo del derecho fundamental al debido proceso de la señora Aura Isabel Cruz Huertas, por los motivos expuestos en esta decisión. SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 23 de agosto de 2024, proferida por la Sala 6 de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá, dentro del expediente con radicado núm. 15001-33-33-009-2023-00073-01, en atención a las razones expresadas en esta decisión. TERCERO: ORDENAR a la Sala 6 de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá que, en el término de veinte (20) días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia, profiera una nueva decisión en la que atienda lo indicado en la parte considerativa de esta providencia. CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. QUINTO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06521-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

3 de marzo de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06521-01
Accionante: Aura Isabel Cruz Huertas
Accionados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., tres (3) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06521-01
Accionante: Aura Isabel Cruz Huertas
Accionados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: reliquidación de la pensión de jubilación.
Subtema 3: defecto sustantivo y desconocimiento del precedente.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
impugnación interpuesta por Aura Isabel Cruz Huertas en contra de la sentencia del
16 de diciembre de 2024 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Aura Isabel Cruz Huertas presentó acción de tutela con la pretensión de
amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al mínimo
vital y a la seguridad social, que consideró vulnerados con ocasión de las sentencias
del 15 de marzo de 2024 y del 23 de agosto de 2024, proferidas por el Juzgado Noveno
Administrativo de Tunja y el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala 6 de Decisión,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm.
15001-33-33-009-2023-00073-00/01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela y demás elementos aportados por las partes en el
trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:
2. La señora Aura Isabel Cruz Huertas se vinculó servicio oficial docente desde el 16
de junio de 1984 y hasta el 19 de enero de 2020.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06521-01
Accionante: Aura Isabel Cruz Huertas
Accionados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro

3. El Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio1 (FOMAG), mediante Resolución
núm. 227 del 26 de febrero de 2010, reconoció una pensión de jubilación a favor de la
señora Aura Isabel Cruz Huertas, con la inclusión de los siguientes factores de salario:
asignación básica, prima de alimentación, prima de grado, prima de navidad y prima
de vacaciones, efectiva a partir del 8 de enero de 2009.
4. La señora Aura Isabel Cruz Huertas solicitó al FOMAG la reliquidación de su pensión
de jubilación, con ocasión del retiro definitivo del servicio. Por lo anterior, la entidad, a
través de la Resolución núm. 5579 del 20 de octubre de 2021, dispuso reajustar la
prestación de la accionante con base en los siguientes emolumentos: asignación
básica, bonificación mensual y las horas extras.
5. La tutelante con escrito del 6 de mayo de 2022 le pidió al FOMAG la reliquidación
de la pensión de jubilación para que se incluyeran todos los factores devengados en
el año anterior al retiro del servicio.
6. El FOMAG, mediante Resolución núm. 3304 del 17 de mayo de 2023, ajustó la
mesada pensional de la accionante con un ingreso base de liquidación equivalente al
75 % de la asignación básica, la bonificación mensual, la bonificación pedagógica y las
horas extras.
7. La señora Aura Isabel Cruz Huertas presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Nación, Ministerio de Educación Nacional,
el FOMAG, la Secretaría de Educación de Boyacá y la Fiduprevisora S.A., con el fin de
que se dejara sin efecto la Resolución núm. 3304 del 17 de mayo de 2023 y, en su
lugar, se ordenara la reliquidación de la pensión de jubilación tomando para el efecto
los factores salariales devengados por la docente, especialmente la prima de
vacaciones, la prima de alimentación y los demás sobre los cuales se hubiesen
realizado cotizaciones.
8. El Juzgado Noveno Administrativo de Tunja, mediante sentencia del 15 de marzo
de 2024, negó las pretensiones de la demanda. La demandante interpuso recurso de
apelación en contra de dicha decisión.
9. El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión núm. 6, a través de
providencia del 23 de agosto de 2024, confirmó el fallo del juzgado, al considerar que
la regla fijada en la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 25 de abril de
2019, para calcular el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación, establece
que los factores que deben tenerse en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan
efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, y
por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo. En consecuencia, concluyó que la prima de alimentación y la
prima de vacaciones pretendidas por la demandante no constituían base de
liquidación.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
10. La parte actora solicitó en el escrito de tutela2 lo siguiente:
1
En adelante FOMAG.
2
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-06521-00, índice 2, certificado núm. FAAB7EA33A8C34DC 223A71F37FEE197A
3F1AA9D70499798F D44E99CBC3B4EDCF.

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06521-01
Accionante: Aura Isabel Cruz Huertas
Accionados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro

PRIMERO: Comprobado cómo están los elementos axiológicos para la prosperidad de
la acción, respetuosamente solicito SE DEJE SIN EFECTOS las sentencias emitidas
por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ, SALA DE DECISIÓN No 6, en la
providencia de fecha 23 de agosto de 2024 que CONFIRMO la sentencia de primera
instancia proferida por el JUZGADO NOVENO (9) ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE TUNJA de fecha 15 de marzo de 2024 mediante la cual se
Negaron las súplicas de la demanda, dentro del proceso con radicado No.
15001333300920230007301.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, solicito respetuosamente al Honorable
Consejo de Estado se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ,
SALA DE DECISIÓN No 6 a proferir sentencia de fondo ordenando al FONDO
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO a reliquidar la
pensión jubilación al retiro del servicio de la docente, incluyendo además de los
factores reconocidos, adicionalmente se debe reconocer la PRIMA DE
VACACIONES, factor sobre el cual se hicieron cotizaciones a seguridad social3.

11. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora manifestó que las
sentencias del 15 de marzo de 2024 y del 23 de agosto de 2024, proferidas por el
Juzgado Noveno Administrativo de Tunja y el Tribunal Administrativo de Boyacá,
respectivamente, incurrieron en defecto sustantivo porque efectuaron una indebida
interpretación del Acto Legislativo 01 de 2005, así como del artículo 45 del Decreto
1045 de 1978 y la Ley 62 de 1985, al desestimar la inclusión de la prima de vacaciones
en la liquidación de la pensión de jubilación de la accionante.
12. De esta manera, explicó que las autoridades judiciales accionadas realizaron una
interpretación restrictiva de las normas referidas sin tener en cuenta otros
emolumentos devengados por la accionante que sirvieron de base para calcular los
aportes, como la prima de vacaciones.
13. Asimismo, manifestó que no tuvieron en cuenta que la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en sentencia de unificación SUJ-014-CES2-2019 del 25 de abril
de 2019 indicó que las pensiones de jubilación reconocidas por el FOMAG para los
docentes vinculados hasta el 26 de junio de 2003, por remisión de la Ley 91 de 1989,
se debían liquidar con un ingreso base de liquidación calculado conforme a las leyes
33 y 62 de 1985, en cuyo contenido se indican que los factores salariales a tener en
cuenta para liquidar las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden,
serían aquellos emolumentos que sirvieron de base para calcular los aportes.
14. Adicionalmente, refirió que las decisiones acusadas desconocieron el precedente
jurisprudencial, pues la Corte Constitucional, en las sentencias C-258 de 2013, SU-
230 de 2015 y SU-395 de 2017, precisó que, en aras de garantizar la sostenibilidad
financiera del sistema pensional, todas las pensiones, independientemente del
régimen que les fuera aplicable, debían liquidarse conforme a los factores salariales
frente a los que se hubieran realizado los aportes al sistema.
15.Agregó que la autoridad judicial accionada, al expedir la sentencia objeto de tutela,
tampoco tuvo en cuenta los lineamientos jurisprudenciales del Consejo de Estado4

3
Se transcribe incluso con errores.
4
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia del 7 de noviembre de 2019, radicado núm. 19001-23-31-000-2011-00144-01,
sentencia del 4 de abril de 2019, expediente núm. 76001-23-31-000-2011-001418-01, sentencia del 20 de febrero de 2019,

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06521-01
Accionante: Aura Isabel Cruz Huertas
Accionados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro

relacionados con la forma de determinar el IBL pensional y la inclusión de los factores
sobre los cuales se hayan efectuado los correspondientes aportes.

2.3. Trámite procesal
16. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante auto del 29 de
noviembre de 20245, admitió la solicitud de tutela, ordenó la notificación al Juzgado
Noveno Administrativo de Tunja y el Tribunal Administrativo de Boyacá, y dispuso
comunicar el escrito de tutela a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, el FOMAG,
a la Secretaría de Educación de Boyacá y a la Fiduprevisora S.A., en calidad de
terceros interesados.

2.4. Intervenciones
17. La Sala 6 de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá6 pidió que se
declare improcedente el amparo de tutela porque esta acción constitucional no es un
escenario adecuado para efectuar un examen de legalidad de la prestación reclamada
por la actora, lo cual es una labor propia del juez natural.
18. Asimismo, afirmó que la providencia objeto de tutela tiene fundamento en la
normativa aplicable y en la sentencia de unificación SUJ-014-CES2-2019 del 25 de
abril de 2019 del Consejo de Estado, lo cual permitió concluir que los factores que
deben tenerse en cuenta para la liquidación de la pensión de jubilación de los docentes
son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo
con el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 y, por lo tanto, no se puede incluir ningún factor
diferente a los enlistados en la norma.
19. El Juzgado Noveno Administrativo de Tunja7 solicitó que se declare
improcedente la tutela, en razón a que la accionante pretende utilizar este mecanismo
constitucional como una tercera instancia para revivir el debate jurídico sobre la
inclusión de factores salariales en la liquidación de su pensión de jubilación.
20. De este modo, manifestó que la providencia acusada realizó una valoración
adecuada de los hechos y las pruebas aportadas al proceso ordinario, lo cual permitió
evidenciar que la tutelante se vinculó al magisterio antes de la vigencia de la Ley 812
de 2003; por ende, el régimen pensional aplicable es el previsto en la Ley 33 de 1985
y la Ley 62 de 1985.
21. En este orden, indicó que en atención al criterio definido en la sentencia de
unificación SUJ-014-CE-S2-19 del 25 de abril de 2019 de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, cuya fuerza vinculante se extiende a las autoridades judiciales, se
concluyó que la base de liquidación de la pensión de la actora se debía limitar a los
factores enlistados en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985.

radicado núm. 25000-23-42-000-2013-002705-01 y sentencia del 28 de agosto de 2018, radicado núm. 52001-23-33-000-2012-
00143-01 (IJ).
5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-06521-00 índice 5, certificado núm.
98BACFB0AA60222B 7E2FA32F29553E8B DB43FBCDCE49686A 3AB7F462AB0BAF2E.
6
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-06521-00, índice 16, certificado núm. 005E77D156B84A61 F72797F7B90966CC
4F59C642A94E1A7B B10A2E7AF27B420C.
7
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-06521-00, índice 15, certificado núm.
3EA906BA6BEFA456 174C0084CB93CB0F 12A2DB7908CDADE5 8C12F199B3883FC6.

4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06521-01
Accionante: Aura Isabel Cruz Huertas
Accionados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro

22. Por lo anterior, consideró que la decisión cuestionada no vulneró los derechos
fundamentales de la accionante. En consecuencia, pidió que, en el caso de no
prosperar la improcedencia de la tutela, se niegue las peticiones de amparo.
23. La Secretaría de Educación de Boyacá8 manifestó que la solicitud de amparo no
hizo un análisis de las razones por las cuales las providencias cuestionadas incurrieron
en alguna de las causales de procedencia de la tutela en contra de decisiones
judiciales.
24. Así pues, afirmó que la accionante acudió a la acción de tutela como un recurso
procesal adicional para insistir en la inclusión de la prima de vacaciones como un
componente salarial en la liquidación de su pensión, desconociendo que, en sede
administrativa y judicial, se ha reiterado que dicha solicitud no es viable, conforme a
las normas y la jurisprudencia aplicables. Por lo anterior, se opuso a la prosperidad de
las peticiones de la tutela.
25. La Fiduprevisora S.A.,9 solicitó que se declare improcedente la tutela porque no
se configuran los requisitos generales y específicos de procedencia de la acción
constitucional en contra de sentencias. Además, indicó que carece de legitimación en
la causa, toda vez que los hechos y pretensiones de la solicitud de amparo están
dirigidas a cuestionar unas providencias proferidas por autoridades judiciales, respecto
de lo cual no tiene injerencia alguna; por lo tanto, pidió su desvinculación del presente
asunto.
26. La Nación, Ministerio de Educación Nacional guardó silencio.

2.5. Sentencia de primera instancia
27. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 16 de diciembre de 202410, negó la solicitud de desvinculación propuesta
por la Fidupresivora S.A. Adicionalmente, declaró improcedente el amparo de tutela,
al considerar que los argumentos planteados por la accionante carecían de relevancia
constitucional.
28. De esta manera, indicó que el Tribunal accionado interpretó en forma razonable
las normas aplicables a la pensión de jubilación de la tutelante, las cuales le
permitieron inferir que la prima de vacaciones no fue establecida por el legislador como
un elemento de cotización de los docentes ni del ingreso base de liquidación de las
pensiones de jubilación. Además, el Decreto 1381 de 1997, que creó la prima de
vacaciones para los docentes, no le atribuyó naturaleza salarial a esta prestación, ni
la reguló como una bonificación por servicios prestados.
29. Asimismo, explicó que la providencia objeto de reproche se ajustó a las reglas
jurisprudenciales previstas en la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-19 del 25 de
abril de 2019 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en cuyo contenido se
precisó que la prima climática, la prima de navidad y la prima vacacional de los
8
Samai, exp. 11001-03-15-000-20254-06521-00, índice 14, certificado núm. FCD194A39AD851DC 276989C5E125FB3D
93083E46349608AB 3AC2673CE8EC30EB.
9
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-06521-00, índice 13, certificado núm. F6A8F9E5A345CB7A 0F541B18D11C6C5A
995A4E02D5ED1E1A 9748856BA651DD52.
10
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-06521-00, índice 20, certificado núm. EF21E0B22C280D8D 60C5B910E52CA99E
C1B40A8E8D31726F C9C7EB98EE221348.

5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06521-01
Accionante: Aura Isabel Cruz Huertas
Accionados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro

docentes no constituyen base de liquidación de los aportes y, por lo tanto, no se
pueden incluir en la base de liquidación de la pensión.
30. De otro lado, manifestó que, si bien la accionante acreditó que devengó una prima
de vacaciones, no demostró que se hubiesen computado sus aportes al sistema de
pensiones sobre este emolumento.
31. Por último, refirió que no se vulneraron los derechos a la seguridad social y al
mínimo vital de la señora Aura Isabel Cruz Huertas, por cuanto se encuentra
percibiendo una pensión de jubilación en la cuantía reconocida en la Resolución 3304
de 2023, la cual no es inferior al monto mínimo señalado en el inciso 6 del Acto
Legislativo 01 de 2005 ni se acreditó que sea insuficiente para garantizar su
subsistencia.

2.6. Impugnación
32. La señora Aura Isabel Cruz Huertas presentó impugnación11, en contra de la
sentencia del 16 de diciembre de 2024, con el argumento de que el juez de primera
instancia no realizó una adecuada valoración de las irregularidades ocurridas en las
providencias cuestionadas.
33. De este modo, afirmó que el Juzgado Noveno Administrativo de Tunja y el Tribunal
Administrativo de Boyacá al excluir la prima de vacaciones en la liquidación de la
pensión de la tutelante, no interpretó ni aplicó en debida forma el contenido del Acto
Legislativo 01 de 2005, el cual establece que las pensiones deben liquidarse con la
inclusión de todos los factores sobre los que se hubiere realizado las cotizaciones ni
valoró adecuadamente los criterios jurisprudenciales aplicables sobre la materia.
34. En este sentido, manifestó que durante su vinculación como docente realizó los
aportes por concepto de seguridad social en pensión sobre el factor denominado
«prima de vacaciones», por lo que este emolumento no podía dejar de incluirse en el
IBL de la prestación de la actora por el hecho de encontrarse incluido taxativamente en
las leyes 33 y 62 de 1985.
35. Así las cosas, afirmó que las decisiones cuestionadas vulneraron sus derechos
fundamentales porque no se ordenó liquidar la pensión de jubilación con la inclusión
de los factores cotizados al sistema pensional, conforme al principio de sostenibilidad
financiera. Esta situación, podría configurar un enriquecimiento sin justa causa para el
Estado, toda vez que efectuó un descuento de los aportes sin otorgar el beneficio
correspondiente según la ley.
36. Con fundamento en lo anterior, solicitó que se revoque la providencia impugnada
y, en su lugar, se acceda al amparo de tutela.

11
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-06521-00, índice 26, certificado núm. 9ED3B9F0AA020342 558DF803CAE39830
D7CF072464D4CE2E 404360E03540643E.

6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06521-01
Accionante: Aura Isabel Cruz Huertas
Accionados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia
37. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta en contra de la sentencia del 16 de
diciembre de 2024 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado.

3.2. Legitimación en la causa
38. La legitimación en la causa por activa de Aura Isabel Cruz Huertas está
acreditada, porque fue la demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho en el que fueron expedidas las providencias que, a su juicio, desconocieron
sus derechos fundamentales.
39.También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado
Noveno Administrativo de Tunja y del Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala 6 de
Decisión, debido a que fueron las autoridades que profirieron las sentencias del 15 de
marzo de 2024 y del 23 de agosto de 2024 objeto de estudio.

3.3. Cuestión preliminar
40. La Sala considera pertinente aclarar que, si bien el escrito de tutela se dirige a
cuestionar las providencias proferidas por el Juzgado Noveno Administrativo de Tunja
y el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala 6 de Decisión, dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cierto es que los argumentos que
sustentan las pretensiones de la parte actora guardan unidad de materia y se dirigen
en similares términos frente a las dos decisiones cuestionadas.
41. En consecuencia, el estudio del presente asunto se centrará en la providencia de
segunda instancia expedida el 23 de agosto de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, Sala 6 de Decisión, toda vez que esta decisión fue la que puso fin a la
actuación judicial (nulidad y restablecimiento del derecho) promovida por la señora
Aura Isabel Cruz Huertas en contra de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, el
FOMAG y otros.

3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
42. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado12, y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede de
manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en
procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este
mecanismo constitucional13.
43.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-03-
15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
13
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.

7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06521-01
Accionante: Aura Isabel Cruz Huertas
Accionados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte
un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
44. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible
una providencia judicial con los mandatos constitucionales14 y, por tanto, constituyen
fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras palabras, estos
requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la
decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la
salvaguarda de los derechos fundamentales.
45. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución15.

Análisis de los requisitos generales de procedibilidad.
46. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional16 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que
ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.
47. Así pues, la Corte Constitucional17 ha fijado unos criterios que deben ser acatados
con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional en un caso en
concreto, los cuales son los siguientes:

i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o
económico»18 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental»19;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente
un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de
14
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
15
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
16
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
17
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
18
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
19
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06521-01
Accionante: Aura Isabel Cruz Huertas
Accionados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro

interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa
sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los
particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que
permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en
una afectación grave de derechos fundamentales.

48. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió una
afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la decisión
cuestionada concurrió un desconocimiento del ordenamiento jurídico sustancial que, a
su juicio, impidió que se expidiera una decisión ajustada a derecho.
49. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la parte
actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
profirió la decisión objeto de tutela.
50. Seguidamente, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho toda vez que
la sentencia proferida el 23 de agosto de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, fue notificada el 30 de agosto siguiente20, y la demanda de tutela se presentó
el 27 de noviembre de 202421, esto es, dentro del plazo de seis meses establecidos
por la jurisprudencia constitucional22 y del Consejo de Estado23 como razonable.
51. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
era posible que hubiese alegado la vulneración reclamada en sede del proceso
ordinario, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido en contra de la
decisión que le puso fin a la actuación judicial.
52. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.
53. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos generales
de procedibilidad en relación con los defectos sustantivo y desconocimiento del
precedente y, en ese orden, continuará con el análisis de fondo en los términos que
planteó la parte actora.

3.5. Problema jurídico
54. Corresponde a la Sala determinar si debe revocar, confirmar o modificar la
sentencia de primera instancia del 16 de diciembre de 2024, proferida por la

20
Samai, exp. 15001-33-33-009-2023-00073-01, índice 15.
21
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-06521-00, índice 1.
22
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
23
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente Nº 11001-03-
15-000-2012-02201-01 (IJ).

9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06521-01
Accionante: Aura Isabel Cruz Huertas
Accionados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro

Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró improcedente
la solicitud de amparo interpuesta por la señora Aura Isabel Cruz Huertas.
55. En particular, deberá establecer si el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala 6 de
Decisión vulneró derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al mínimo
vital y a la seguridad social de la accionante e incurrió en defecto sustantivo y
desconocimiento del precedente jurisprudencial, al proferir la sentencia del 23 de
agosto de 2024, en la cual decidió no incluir la prima de vacaciones dentro del ingreso
base de liquidación de la pensión que le fue reconocida.
56. Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos invocados; y ii)
el caso concreto.

Generalidades de los defectos invocados
57. La parte actora consideró que la autoridad judicial accionada transgredió las
garantías constitucionales porque la providencia objeto de tutela incurrió en los
defectos: i) sustantivo y ii) desconocimiento del precedente.

El defecto sustantivo
58. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto sustantivo
se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en una norma
claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia, porque su
aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada inexequible, fue
derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación de conexidad
material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado 24.
59. De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que la
acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable interpretación de
una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son autónomos para
escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal, la que consideren
más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo dispuesto en el artículo 230
de la Constitución Política.
60. La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:

[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales en
su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de las
normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e independencia
judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores, principios y derechos
previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de los jueces para elegir las
normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para determinar su forma de aplicación y
para establecer la manera de interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, en esta labor
no le es dable apartarse de las disposiciones de la Constitución o la ley, ya que la justicia
se administra con sujeción a los contenidos, postulados y principios constitucionales que
son de forzosa aplicación […]25.

24
Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.
25
Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.

10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06521-01
Accionante: Aura Isabel Cruz Huertas
Accionados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro

61. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de los
jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso sometido a
su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse dentro del
parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes establecidos en la
Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación de una norma, con
su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.
62. Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al carácter
normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar eficacia a los
derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los derechos humanos
(artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad contenido en el derecho
fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la garantía al acceso a la
administración de justicia (artículo 228 Superior).26

El desconocimiento del precedente judicial
63. El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la República
tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales vinculantes y
relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la efectividad de los
principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima, y la unificación
de la interpretación de las normas jurídicas27.
64. Al respecto, la Corte Constitucional28 ha considerado que el precedente se define
como aquella la sentencia o conjunto de estas, que son emitidas con anterioridad a un
caso determinado que, por su semejanza en los hechos analizados y en los problemas
jurídicos resueltos, debe ser necesariamente considerado por las autoridades
judiciales al momento de emitir un fallo posterior. Frente a la obligatoriedad del
precedente, la Corte ha dicho:

90. En este orden, debe resaltarse que el precedente no sólo es orientador sino
obligatorio, como se explica a continuación. La primera razón de la obligatoriedad del
precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este precepto de
la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio
de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia para fallar,
pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley. Particularmente, el
concepto de “ley” ha sido interpretado por la jurisprudencia de la Corte desde un sentido
amplio, es decir, la ley no es sólo aquella emitida por el legislador, sino además
comprende todas las fuentes del derecho incluidas las sentencias que interpretan la
Constitución como norma de normas, el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia
de los órganos de cierre de cada jurisdicción.

26
Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
27 Corte Constitucional, sentencia T-220 de 2023:
«La Constitución prevé que la jurisprudencia es criterio auxiliar de la actividad judicial (art 230). No obstante, el ordenamiento
constitucional también garantiza el derecho a la igualdad (art 13) y se compromete a “asegurar” la vigencia de un orden justo, lo
cual implica el deber de ofrecer seguridad jurídica (arts 1 y 2). Con fundamento en estos principios, una autoridad judicial tiene
entonces “el deber de tratar explícitamente casos iguales de la misma manera, y los casos diferentes de manera distinta”. El juez
cuenta, desde luego, con autonomía para valorar si un asunto es igual en lo relevante a otro resuelto anteriormente y, en caso de
que lo sea, de apartarse de la ratio decidendi del fallo anterior, pero debe hacerlo con razones suficientes o de lo contrario
desconoce el precedente horizontal».
28 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015, criterio reiterado en sentencia SU-060 de 2021.

11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06521-01
Accionante: Aura Isabel Cruz Huertas
Accionados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro

91. La segunda razón se desprende de los derechos a la igualdad, el debido proceso
y el principio de buena fe. El precedente es una figura que tiene como objetivo principal
garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de los principios de
seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen el ordenamiento
constitucional. En otras palabras, la independencia interpretativa es un principio
relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad en la aplicación de
la ley y por otras prescripciones constitucionales29.

65. Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede
clasificar en dos clases: i) horizontal, que hace referencia a decisiones emitidas por
autoridades judiciales del mismo nivel jerárquico o, incluso, por un mismo funcionario;
y ii) vertical, concerniente a las decisiones adoptadas por el superior jerárquico o la
autoridad encargada de unificar la jurisprudencia30.
66. En ese orden, el precedente judicial impide en el marco jurídico colombiano que
los jueces, sean individuales o colegiados, adopten fallos sin «sin determinar si él
mismo o el tribunal del cual hace parte ha establecido una regla de decisión en relación
con casos similares o si existen reglas interpretativas fijadas por autoridades judiciales
funcionalmente superiores, encargadas de la unificación de la jurisprudencia»31.
67. Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de manera
razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del principio de
autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente, pues la
interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Así, en caso de
que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una violación a
los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y
al debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de tutela32.
68. Cabe precisar que la Corte Constitucional explicó que, aún en casos en que las
decisiones judiciales sean emitidas por salas de decisión diferentes al interior de un
tribunal administrativo, se debe garantizar el derecho a la igualdad en el marco de la
función judicial, pues se trata de una sola corporación33.
69. Finalmente, resulta oportuno precisar que la competencia del juez de tutela ante
la configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial,
le permite «analizar si, en la providencia que se acusa como transgresora de este
derecho [igualdad], se exponen las razones que justifican el cambio de criterio» de
manera suficiente y razonable, de manera que se salvaguarde las exigencias de la
autonomía judicial.

29 Se transcribe incluso con errores.
30 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
31 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
32 Ibidem: «En efecto, tal como lo ha sostenido esta Corte, los jueces pueden apartarse válidamente del precedente horizontal o
vertical, siempre y cuando, al hacerlo, observen los deberes de transparencia y suficiencia. El primero exige que el juez enuncie
las reglas conforme a las cuales se han resuelto casos similares (es decir, que reconozca expresamente el precedente), pues
“solo puede admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su existencia”. El segundo requiere exponer razones
suficientes y válidas a la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del nuevo caso que justifiquen el cambio
jurisprudencial o una decisión diferente, lo cual implica demostrar que el precedente no es válido, correcto o suficiente para
resolver el asunto sometido a examen judicial. Cumplidos estos requisitos, se entienden garantizados tanto el derecho a la
igualdad de trato ante las autoridades como la autonomía e independencia de los operadores judiciales.»
33 Corte Constitucional, sentencia T-531 de 2023.

12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06521-01
Accionante: Aura Isabel Cruz Huertas
Accionados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro

Aspectos generales del régimen pensional aplicable a los docentes oficiales
conforme la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de
2019.
70. La sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de
Estado, el 25 de abril de 201934, definió las reglas para determinar el ingreso base de
liquidación de la pensión ordinaria de jubilación del personal docente oficial afiliado al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
71. La referida sentencia precisó que de conformidad con el parágrafo transitorio 1 del

Acto Legislativo 01 de 2005 y el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, existen dos
regímenes prestacionales para el reconocimiento del derecho a la pensión de
jubilación para los docentes oficiales, nacionales, nacionalizados y territoriales, cuya
aplicación está supeditada a la fecha de ingreso al servicio educativo. Estos
regímenes son:

(i) Los docentes vinculados con anterioridad a la vigencia de la Ley 812 de 2003
que, con ocasión de la Ley 91 de 1989, gozan del mismo régimen pensional de los
servidores públicos del orden nacional establecido en la Ley 33 de 1985 35, en el
que los únicos factores que se deben tener en cuenta en el ingreso base de
liquidación son aquellos sobre los que se hubiesen realizado los respectivos
aportes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985. Al
respecto se indicó lo siguiente:

«En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados
antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión
ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la
Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los
que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley
62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados
en el mencionado artículo».

72. En consecuencia, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados

a partir del 1 de enero de 1981, tanto nacionales como nacionalizados, y de los
nombrados a partir del 1 de enero de 1990 hasta el 27 de junio de 2003, fecha de la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, se regula por las siguientes reglas, de
conformidad con las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985:

✓ Edad: 55 años para hombres y mujeres.

✓ Tiempo de servicio: 20 años

✓ Tasa de reemplazo: 75 %.

✓ IBL que comprende: (i) el periodo del último año de servicio docente; y (ii) los
factores que hayan servido de base para calcular los aportes previstos en la
Ley 62 de 1985, que son la asignación básica, los gastos de representación,
las primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación, los

34
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-CES2 -2019.
Radicado: 680012333000201500569-01 (0935-17).
35
«Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el Sector
Público».

13

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06521-01
Accionante: Aura Isabel Cruz Huertas
Accionados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro

dominicales y feriados, las horas extras, la bonificación por servicios prestados
y el trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso
obligatorio.
73. Sin embargo, frente a las consideraciones del fallo de unificación, y respecto de
los factores que se deben tener en cuenta en la definición del ingreso base de
liquidación, vale la pena aclarar que, además de los antes mencionados, también se
deben tener en cuenta los de naturaleza salarial, de acuerdo con las normas
posteriores.

(ii) A los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el
régimen pensional de prima media regulado en las leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. En
ese orden, el ingreso base de liquidación se rige por lo dispuesto en la Ley 100 de
1993, con los factores dispuestos en el Decreto 1158 de 1994, sobre los cuales se
hubiesen realizado las respectivas cotizaciones. En relación con tales docentes, en
la sentencia de unificación se fijó la siguiente regla:

«Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el
régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que
será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el
ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994, sobre los
que se efectuaron las respectivas cotizaciones».

74. En efecto, la sentencia de unificación fue enfática al señalar que el factor
determinante para la aplicación de uno u otro régimen es la fecha de vinculación inicial
al servicio docente, esto es, antes o después del 27 de junio de 2003. Estas reglas
tienen importantes implicaciones prácticas, que han sido destacadas en la
jurisprudencia de esta Sección36, de la siguiente manera:

(i) No se requiere continuidad en el servicio para mantener el régimen anterior a la
Ley 812 de 2003, siempre que la vinculación inicial haya sido anterior a su vigencia.

(ii) Los docentes vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003 mantienen su régimen pensional, incluso si tienen interrupciones en el
servicio, aspecto que cobra especial relevancia en casos de vinculaciones
mediante contratos de prestación de servicios.

(iii) La aplicación del régimen está determinada por la fecha de la primera
vinculación, independientemente de la modalidad (carrera docente, provisional o
por contrato de prestación de servicios).
75. Este criterio diferenciador establecido en la Ley 812 de 2003 responde a la
36
Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30
de enero de 2025, radicado núm. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de noviembre de 2024, radicado núm. 25000-23-42-000-2019-
00655-01 (2532-2021). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 18 de septiembre de 2020, radicado núm. 66001-23-33-000-2017-00470-01(3514-2019), Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de febrero de 2020, radicado núm. 54001-23-33-
000-2014-00363-01(2960-2015).

14

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06521-01
Accionante: Aura Isabel Cruz Huertas
Accionados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro

necesidad de preservar las expectativas legítimas de quienes ingresaron al servicio
docente bajo un régimen específico, mientras se implementa progresivamente el
nuevo sistema para las vinculaciones posteriores, en garantía de la sostenibilidad
financiera del sistema, sin que se afecten derechos adquiridos.

La determinación del ingreso base de liquidación.
76. En este punto, es pertinente precisar que el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, que
modificó la Ley 33 de 1985, dispuso que los factores que se debían tener en cuenta
para tal efecto son «[la] asignación básica, [los] gastos de representación; [las] primas
de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; [los] dominicales y feriados;
[las] horas extras; [la] bonificación por servicios prestados; y [el] trabajo suplementario
o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio». La norma citada
también previó que, «[e]n todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de
cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan
servido de base para calcular los aportes» [Negrilla fuera de texto].
77. En relación con los factores que se deben tener en cuenta para la liquidación de
la pensión, el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 estableció un listado taxativo de los
factores que se pueden incluir en el IBL, siempre y cuando sobre ellos se hayan
realizado aportes a seguridad social. Asimismo, el contexto de la norma admite la
inclusión de otros conceptos en el IBL, bajo la condición de que hayan sido reconocidos
normativamente como factores salariales, y servido de base para las cotizaciones a
seguridad social.
78. Lo anterior atiende al contenido integral del artículo 1 de la Ley 62, que en su
primera parte relacionó los principales factores a tener en cuenta, y, en la segunda,
dejó a salvo la posibilidad de incluir los que hayan servido de base para calcular los
aportes a seguridad social.
79. Así pues, se advierte que la norma permite un margen de protección reforzado para

el derecho a la seguridad social, por ejemplo, cuando factores adicionales a los
señalados en la Ley 62 de 1985 son considerados como base de cotización por
normas especiales, sin poner en riesgo la sostenibilidad del sistema, toda vez que
debe verificarse y/o garantizarse que sobre aquellos se efectúen los aportes
correspondientes.
80. Además, porque tal perspectiva está en consonancia con el Acto Legislativo 01 de
2005, en cuanto señala que «para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en
cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones», y con pronunciamientos de unificación, como la sentencia del 28 de
agosto de 2018 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, en la que frente a las reglas aplicables a los destinatarios de la Ley 33 de
1985, por aplicación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, indicó que:37

«La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones».

37
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018, radicado núm. 52001-2333-
000-2012-00143-01.

15

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06521-01
Accionante: Aura Isabel Cruz Huertas
Accionados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro

3.6 Caso concreto
81. La señora Aura Isabel Cruz Herrera acudió a la acción de tutela, con el fin de
obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al
mínimo vital y a la seguridad social. En consecuencia, solicitó que se deje parcialmente
sin efectos la sentencia del 23 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, y se ordene a la autoridad accionada expedir una nueva
providencia que disponga la reliquidación de su pensión de jubilación, incluyendo la
prima de vacaciones, además de los factores reconocidos inicialmente, sobre los
cuales realizó las cotizaciones al sistema de seguridad social.
82. Para la parte actora, la providencia cuestionada no efectuó una interpretación
adecuada del Acto Legislativo 01 de 2005, así como del artículo 45 del Decreto 1045
de 1978 y la Ley 62 de 1985, al desestimar la inclusión de la prima de vacaciones en
la liquidación de la pensión por aportes, pese a que respecto de esta prestación se
efectuaron cotizaciones dada su condición de factor de salario.
83. También, refirió que la decisión acusada no tuvo en cuenta que la sentencia de
unificación SUJ-014-CES2-2019 del 25 de abril de 2019 indicó que las pensiones de
jubilación reconocidas a los docentes vinculados hasta el 26 de junio de 2003, por
remisión de la Ley 91 de 1989, se debían liquidar con un ingreso base de liquidación
calculado conforme a la Ley 62 de 1985, conforme los factores referidos en la norma,
lo que implica incluir los demás emolumentos que habían servido de base para calcular
los aportes.
84. Adicionalmente, mencionó que la sentencia objeto de tutela desconoció los
lineamientos jurisprudenciales del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional en
los cuales se precisó que las pensiones, independientemente del régimen que les fuera
aplicable, debían liquidarse conforme a los factores salariales frente a los que se
hubieran realizado los aportes al sistema.
85. Al respecto, la Sala abordará el estudio conjunto de los defectos propuestos por la
parte actora, por cuanto los argumentos planteados en el escrito de tutela están
relacionados con la interpretación normativa y jurisprudencial desarrollada por la
autoridad judicial accionada para determinar el ingreso base de liquidación con el que
se definió el valor de la pensión reconocida a la señora Aura Isabel Cruz Huertas, lo
cual, en criterio de la tutelante no fue debidamente analizado por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, en la media en que excluyó injustificadamente la «prima de
vacaciones».

3.6.1 Fundamentos de la sentencia objeto de tutela
86. Así pues, revisadas las pruebas aportadas al trámite de tutela, la Sala observa que
el Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó la decisión del a quo, mediante la cual
se negó la reliquidación de la pensión de jubilación reconocida a favor de la señora
Aura Isabel Cruz Huertas con la inclusión de la prima de vacaciones. Al respecto, el
Tribunal desarrolló el siguiente análisis:

41. Ahora, de acuerdo con el certificado de salarios y devengados obrante a folios 81-85,
en el año anterior al retiro del servicio -01 de enero a 31 de diciembre de 2019- la

16

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06521-01
Accionante: Aura Isabel Cruz Huertas
Accionados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro

demandante AURA ISABEL CRUZ HUERTAS devengó lo siguiente: asignación básica
(mensual), bonificación mensual docente, prima de alimentación (mensual), prima de
grado (mensual), horas extras (de abril a julio y de septiembre a diciembre), prima de
servicio (junio), prima de vacaciones (noviembre), bonificación pedagógica (diciembre) y
prima de navidad (diciembre).

42. Por lo anterior, de acuerdo con la regla fijada en la sentencia de unificación del Consejo
de Estado del 25 de abril de 2019, para calcular el ingreso base de liquidación de la
pensión de jubilación, los factores que deben tenerse en cuenta son solo aquellos sobre
los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley
62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en
el mencionado artículo, a saber: asignación básica mensual, los gastos de representación,
la prima técnica (cuando sea factor de salario), las primas de antigüedad, ascensional de
capacitación (cuando sean factor de salario), la remuneración por trabajo dominical o
festivo, la bonificación por servicios prestados y la remuneración por trabajo suplementario
o de horas extras, o realizado en jornada nocturna.

43. Luego de acuerdo al tiempo laborado que se tuvo en cuenta para el reconocimiento
pensional fue el comprendido entre el 01 de enero y 31 de diciembre de 2019, durante el
cual, de los anteriores factores la demandante devengó: asignación básica y horas extras;
no obstante, según resolvió el A quo también fueron incluidas la bonificación mensual
docente y la bonificación pedagógica, en atención a que fueron creadas mediante los
Decretos 1566 de 2014 y 2354 de 2018 respectivamente, normas en las que
expresamente se les otorgó el carácter de factor salarial para todos los efectos legales y
aportes obligatorios.

44. Es así que los demás factores, como lo sería la prima de alimentación y la prima de
vacaciones pretendidos por la parte actora, no constituyen base de liquidación de los
aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, tal como determinó la jueza
de instancia, razón por la cual se confirmará la sentencia objeto de recurso38.

87. En efecto, el Tribunal accionado al verificar los factores salariales certificados en
el año anterior al retiro del servicio de la señora Aura Isabel Cruz Huertas y
confrontarlos con aquellos dispuestos en la Ley 62 de 1985, concluyó que los
emolumentos para tener en cuenta para la liquidación de la pensión de jubilación de la
accionante únicamente eran la asignación básica y las horas extras, al ser los únicos
previstos en la norma referida como base de aportes para pensión.
88. Con relación a la bonificación mensual y la bonificación pedagógica, aclaró que
dichas prestaciones fueron creadas por los decretos 1566 de 2014 y 2354 de 2018,
respectivamente, por lo que se debían incluirse dado que se les otorgó el carácter de
factor salarial para todos los efectos legales y aportes obligatorios.
89. En punto a la prima de vacaciones, el Tribunal advirtió que este emolumento no
constituía base de liquidación de los aportes de acuerdo con el artículo 1 de la Ley 62
de 1985, razón por la cual no se podía incluir en la base de liquidación de la pensión
de jubilación de la demandante.

3.6.2. Las consideraciones de la Sala respecto al defecto alegado por la actora
90. Pues bien, para determinar si el Tribunal Administrativo de Boyacá incurrió en los
defectos expuestos por la accionante en el escrito de tutela, la Sala debe precisar que
38
Se transcribe incluso con errores.

17

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06521-01
Accionante: Aura Isabel Cruz Huertas
Accionados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro

al expediente de nulidad y restablecimiento del derecho se aportó la Resolución núm.
227 de 26 de febrero de 2010, en la que consta que la señora Aura Isabel Cruz Huertas
adquirió el estatus, el 7 de enero de 2009 cuando cumplió los 55 años y «los factores
salariales que sirvieron de base para la liquidación» de la pensión de jubilación
reconocida a la demandante fueron los siguientes: (i) asignación básica, (ii) prima de
alimentación (iii) prima de grado, (v) prima de vacaciones, y (iv) prima de navidad.
91. También, se acreditó que, el FOMAG, a través de las resoluciones números 5579
de 2021 y 3304 de 2023, reliquidó la pensión de la accionante con base en los
siguientes emolumentos: (i) asignación básica, (ii) bonificación mensual, (iii) las horas
extras y (iv) bonificación pedagógica, excluyendo la prima de vacaciones, por cuanto
no se encontraba enlistada dentro del artículo 1 de la Ley 62 de 1985.
92. Adicionalmente, se allegó al proceso ordinario certificación expedida por la
Secretaría de Educación de Boyacá, en la que consta que la accionante devengó los
siguientes factores: (i) asignación básica, (ii) bonificación mensual, (iii) prima de
alimentación (iv) prima de grado, (v) horas extras, (vi) prima de servicio, (vii) prima de
vacaciones, (viii) bonificación pedagógica y (ix) prima de navidad, y se informó que
respecto de estos se efectuaron los descuentos de ley.
93. En ese sentido, y de conformidad con el artículo 6 del Decreto 2709 de 1994, estos
son los factores que, a primera vista, debían ser considerados para definir el ingreso
base de liquidación (IBL) de la pensión de jubilación reconocida a la tutelante.
94. Respecto a la prima de vacaciones para los educadores estatales, la Sala destaca
que se trata de un factor creado mediante el Decreto 1381 de 199739, en cuyo artículo
1 se estableció lo siguiente:

ARTÍCULO 1º. Créase la prima de vacaciones para los docentes de los Servicios
Educativos Estatales, en una proporción del 40% del salario mensual para el año de
1997 y del 50% a partir del año 1998.

95. A su vez, el artículo 6 del referido decreto indicó que: «Los aspectos generales
referidos a esta prestación, no contemplados en este decreto y que no le sean
contemplados, se regirán por lo establecido en el Decreto-ley 1045 de 1978 y por las
normas que lo reglamenten, modifiquen o sustituyan».
96. En este orden, se advierte que la prima de vacaciones a favor de los docentes
oficiales por disposición expresa del artículo 6 del Decreto 1381 de 1997, se rige por
el Decreto Ley 1045 de 1978 en los aspectos que no fueron regulados en su norma de
creación. Así, al remitirse a esta última, se advierte que, de acuerdo con el artículo
4540, es un concepto de carácter salarial base de cotización, en la medida en que fue
previsto para la liquidación de cesantías y pensiones de los empleados públicos.
97. De este modo, para determinar el ingreso base de liquidación de la pensión de
jubilación reconocida a la accionante era necesario tener en cuenta los factores «que
hayan servido de base para calcular los aportes» de acuerdo con el artículo 1 de la

39
«Por medio del cual se establece la prima de vacaciones para los docentes de los servicios públicos Educativos Estatales»
40
«Decreto Ley 1045 de 1978, artículo 45. «De los factores de salario para la liquidación de cesantía y pensiones. Para efectos
del reconocimiento y pago del auxilio de cesantía y de las pensiones a que tuvieren derecho los empleados públicos y trabajadores
oficiales, en la liquidación se tendrá en cuenta los siguientes factores de salario: […] k) La prima de vacaciones […]».

18

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06521-01
Accionante: Aura Isabel Cruz Huertas
Accionados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro

Ley 62 de 1985, y normas concordantes. Razón por la cual era procedente incluir la
prima de vacaciones, adicionalmente, al sueldo, las horas extras, la bonificación
mensual y la bonificación pedagógica.
98. Con base en lo anterior, se observa que el Tribunal Administrativo de Boyacá, al
reconocer la pensión de jubilación, determinó el ingreso base de liquidación (IBL) de la
tutelante conforme lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, bajo una
interpretación restrictiva del asunto, pues excluyó la prima de vacaciones debido a que
no se encontraba dentro del listado previsto en la norma mencionada.
99. De esta manera, se observa que la autoridad judicial accionada omitió realizar un
análisis sistemático del artículo 1 de la Ley 62 de 1985, en concordancia con los
artículos 1 y 6 del Decreto 1381 de 1997 y el artículo 45 del Decreto Ley 1045 de 1978,
con los cuales hubiese podido advertir que la prima de vacaciones tenía una naturaleza
salarial, que servía de base para efectuar las respectivas cotizaciones a pensión.
100.Así pues, era viable incluir la prima de vacaciones en el IBL de la pensión de la
accionante, pues lo contrario, desconocería el mandato contenido en el Acto
Legislativo 01 de 2005, en cuanto expresa que «para la liquidación de las pensiones
sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere
efectuado las cotizaciones».
101. En efecto, una interpretación armónica de la normativa que regula la materia
permitía inferir que existen factores salariales adicionales a los señalados en la Ley 62
de 1985 que son considerados como base de cotización por normas especiales, lo cual
no pone en riesgo la sostenibilidad del sistema, toda vez que sobre aquellos se exige
la realización de los aportes correspondientes.
102.En este punto, conviene mencionar que el defecto sustantivo se configura «[…] (vi)
cuando la decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma,
omitiendo el análisis de otras disposiciones aplicables al caso»41.
103.Así las cosas, se advierte que la autoridad accionada incurrió en defecto sustantivo
y, en consecuencia, vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la tutelante,
en la medida en que no realizó una adecuada interpretación integral de las normas que
regulan la prima de vacaciones y su incidencia en la determinación del ingreso base
de liquidación de la pensión de jubilación reconocida a la señora Aura Isabel Cruz
Huertas.

IV. CONCLUSIONES
104.En virtud de lo anterior, la Subsección revocará la sentencia del 16 de diciembre
de 2024 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. En su
lugar, se amparará el derecho fundamental al debido proceso de la señora Aura Isabel
Cruz Huertas; y se dejará sin efectos la sentencia del 23 de agosto de 2024, proferida
por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala 6 de Decisión.

41
Corte Constitucional, sentencia T-790 de 2010 criterio reiterado en sentencias T-510 de 2011, T-807 de 2004 y SU-063deE
2023.

19

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06521-01
Accionante: Aura Isabel Cruz Huertas
Accionados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro

105.En consecuencia, se ordenará a la autoridad judicial accionada que en un término
de veinte 20 días contados a partir de la notificación de esta providencia emita una
nueva providencia, en la que decida la apelación interpuesta por la parte demandante
dentro del expediente con radicado núm. 15001-33-33-009-2023-00073-01, de
acuerdo con las consideraciones expuestas en esta providencia.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 16 de diciembre de 2024 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. En su lugar, CONCEDER el
amparo del derecho fundamental al debido proceso de la señora Aura Isabel Cruz
Huertas, por los motivos expuestos en esta decisión.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 23 de agosto de 2024, proferida
por la Sala 6 de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá, dentro del expediente
con radicado núm. 15001-33-33-009-2023-00073-01, en atención a las razones
expresadas en esta decisión.

TERCERO: ORDENAR a la Sala 6 de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá
que, en el término de veinte (20) días hábiles contados a partir de la notificación de
esta sentencia, profiera una nueva decisión en la que atienda lo indicado en la parte
considerativa de esta providencia.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

20

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06521-01
Accionante: Aura Isabel Cruz Huertas
Accionados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
JLAS/SEJV

21

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.