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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06118-01

Fecha
23 de febrero de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06118-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. NEGAR las solicitudes de desvinculación de la Secretaría de Educación del Distrito y Fiduprevisora S.A., de acuerdo con la parte motiva del fallo. SEGUNDO. REVOCAR la sentencia del 7 de noviembre de 2025, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la acción por falta de relevancia constitucional; y, en su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, mínimo vital, y seguridad social invocados por la señora Lady Ruth Montenegro Gordillo, conforme a la motivación de esta providencia. TERCERO. Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 12 de junio de 2025, proferida por la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual decidió confirmar la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida contra Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), el Distro Capital – Secretaría de Educación de Bogotá y Fiduprevisora S.A. [expediente 11001-33-35-015-2024-00080-01] por lo expuesto. CUARTO. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D que, dentro del término de diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera un proveído de reemplazo en el aludido trámite ordinario, en atención a las consideraciones planteadas en esta decisión. QUINTO. ADVERTIR a la autoridad indicada en el ordinal anterior que el incumplimiento de lo dispuesto en esta sentencia dará lugar a las sanciones establecida en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991. SEXTO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. 20 Radicado: 11001-03-15-000-2025-06118-01 Accionante: Lady Ruth Montenegro Gordillo Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D SÉPTIMO. COMUNICAR la presente decisión a la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado. OCTAVO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-06118-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

23 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000-2025-06118-011
Accionante : Lady Ruth Montenegro Gordillo
Accionado : Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D
Vinculados : Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y otros2
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, reliquidación de pensión de
jubilación con prima de vacaciones a docente
Decisión : Sentencia de segunda instancia

1. Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por la parte actora contra el
fallo del 7 de noviembre de 2025, proferido por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado3, que declaró la improcedencia de la solicitud de
tutela, por no cumplir con el requisito general de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. Contexto fáctico.

2. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por la accionante frente a la providencia judicial objeto de censura; luego, revisará
lo relativo a la procedencia de la acción de tutela; y, finalmente, determinará lo que
corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

La demanda de tutela.

3. La señora Lady Ruth Montenegro Gordillo, a través de apoderado judicial,
interpuso el presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, mínimo vital, seguridad

1
Expediente electrónico disponible en SAMAI.
2
Distro Capital – Secretaría de Educación de Bogotá D.C. y Fiduprevisora S.A.
3
Magistrados William Barrera Muñoz, Adriana Polidura Castillo y Nicolás Yepes Corrales.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06118-01
Accionante: Lady Ruth Montenegro Gordillo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D

social, acceso a la administración de justicia y los principios de «sostenibilidad financiera
del sistema pensional», «favorabilidad en materia laboral» y «seguridad jurídica», que considera

vulnerados por la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca.

4. Por consiguiente, solicitó:

PRIMERO: […] DEJ[AR] SIN EFECTOS l[a] sentenci[a] emitid[a] por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN
“D”, en la providencia de fecha 12 de junio de 2025 de 2025 que CONFIRM[Ó] la
sentencia de primera instancia proferida por el JUZGADO QUINCE (15)
ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. –
SECCIÓN SEGUNDA de fecha 04 de diciembre de 2024, mediante la cual, NEG[Ó]
las s[ú]plicas de la demanda, dentro del proceso con radicado No.
11001333501520240008001.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, […] ORDEN[AR] al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN
“D” […] proferir sentencia de fondo ordenando al FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO […] reliquidar la pensión vitalicia de
jubilación de la docente LADY RUTH MONTENEGRO GORDILLO, incluyendo los
factores salariales devengados y que fueron COTIZADOS, entre ellos la (PRIMA DE
VACACIONES), a la fecha del CUMPLIMIENTO DEL STATUS PENSIONAL, además
de los ya reconocidos mediante la resolución No 3244 del 21 de mayo de 2021, acto
administrativo que [le] reconoce la pensión vitalicia de jubilación.

Hechos4.

5. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado en la
tutela, se puede evidenciar que, la señora Montenegro Gordillo laboró como
docente al servicio de la Secretaría de Educación de Bogotá, vinculada al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), desde el 22 de enero
de 1990.

6. El Fondo, mediante Resolución 3244 del 21 de mayo de 2021, le reconoció la
pensión de jubilación a la demandante y ordenó el correspondiente pago, con
efectividad a partir del 9 de marzo de 2020. En la liquidación, incluyó la asignación
básica, la bonificación pedagógica y la bonificación decreto. Así, se excluyó la
prima de vacaciones; pese a que, según asegura la actora, las cotizaciones a
seguridad social se hicieron sobre ese factor.

7. La accionante presentó derecho de petición ante el FOMAG, tramitado bajo el
radicado BOGOT20230726AP20000421 del 24 de julio de 2023, mediante el cual

4
Visibles en el escrito de tutela en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 2, archivo 1.
2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06118-01
Accionante: Lady Ruth Montenegro Gordillo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D

solicitó revisar y ajustar la pensión de jubilación de manera que se incluyeran todos
los factores salariales devengados el año anterior al retiro del servicio. En
respuesta, el FOMAG, mediante Resolución No. 4130 del 7 de noviembre de 2023,
negó el ajuste solicitado. Para ello, señaló que, en aplicación de la Sentencia de
Unificación SUJ-014-CE-S2-2019, únicamente pueden incluirse en el IBL los
factores salariales sobre los cuales se hayan efectuado aportes conforme al
artículo 1° de la Ley 62 de 1985, sin que sea procedente incorporar conceptos
distintos a los allí taxativamente previstos.

8. Por lo anterior, la señora Montenegro Gordillo promovió demanda en uso del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el FOMAG, la
Secretaría de Educación de Bogotá y Fiduprevisora S.A., con el fin de dejar sin
efectos la Resolución No. 4130 de 2023, a través de la cual negó la reliquidación
de la pensión de jubilación. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que
se ordenara la revisión y ajuste de la pensión, incluyendo todos los factores
salariales devengados por la docente en el año anterior al cumplimiento del estatus
pensional (especialmente la prima de vacaciones).

9. El asunto fue decidido, en primera instancia, por el Juzgado Quince (15)
Administrativo de Bogotá, Sección Segunda (radicado 11001-33-35-015-2024-
00080-00), que, mediante sentencia del 4 de diciembre de 2024, negó las súplicas
bajo el siguiente argumento:

[…] la entidad no incluyó todas las sumas devengadas en el último año de servicio.
No obstante, las mismas no podrán tenerse en cuenta al momento de la liquidación
pensional, pues solo pueden ser incluidos los factores salariales que se encuentran
enlistados en el artículo 1º de la Ley 62 de 19854 y que por lo tanto constituyen
base de liquidación de los aportes, como lo estableció la sentencia SUJ -014 de
2019.

10. Contra esta decisión, la parte demandante interpuso el recurso de apelación.
Adujo que (i) la Ley 91 de 1989, al remitir a la Ley 33 de 1985 para la liquidación
pensional, no autoriza una interpretación restrictiva del IBL, de manera que, si la
prima de vacaciones fue objeto de cotización, debe incluirse proporcionalmente en
el IBL correspondiente al año anterior al cumplimiento del estatus pensional; (ii)
según el Acto Legislativo 01 de 2005, deben tenerse en cuenta todos los factores
sobre los que se hayan realizado cotizaciones; y (iii) el Consejo de Estado, en
sentencia del 4 de agosto de 2010, estableció que los factores de la Ley 33 de

3

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06118-01
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Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D

1985 no son taxativos, sino enunciativos y su interpretación restrictiva vulnera los
principios de progresividad, igualdad, favorabilidad y primacía de la realidad.

11. En segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D, con sentencia del 12 de junio de 2025, confirmó la
decisión del a quo, con similares argumentos (en aplicación de la sentencia SUJ-
014-CE-S2-2019, el IBL de docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003 se
limita a los factores taxativos del artículo 1 de la Ley 62 de 1985, sin que sea viable
incluir la prima de vacaciones u otros emolumentos no previstos en la norma, aun
cuando se hubieren practicado descuentos sobre ellos).

12. Según lo expuesto en la acción, la señora Montenegro Gordillo estima que sus
derechos fundamentales fueron vulnerados por el juez de segunda instancia,
porque, debió seguir el precedente judicial del Consejo de Estado 5, respetado por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en otras decisiones 6, que ratifica que,
en la liquidación de la prestación pensional, deben tenerse en cuenta los factores
salariales sobre los que se realizaron las cotizaciones.

13. En este orden, manifiesta que el acto administrativo que le reconoció la
pensión de jubilación no contempló el factor salarial correspondiente a la prima de
vacaciones, sobre el cual se realizaron las cotizaciones al sistema de seguridad
social, tal como consta en la certificación de factores salariales aportada en el
proceso. Señala que dicha omisión desconoce abiertamente lo dispuesto en el
artículo 1 de la Ley 62 de 1985, regla que fue elevada a rango constitucional
mediante el Acto Legislativo 01 de 2005, que adicionó el artículo 48 de la
Constitución Política.

14. Sostiene que la providencia judicial atacada omitió aplicar de manera
prevalente el Acto Legislativo 01 de 2005, norma constitucional, así como la Ley
62 de 1985, lo que desconoce que el régimen pensional de los docentes oficiales
vinculados antes del 26 de junio de 2003 debe interpretarse armónicamente con
la regla constitucional de correspondencia entre cotización e IBL.

5
Se refirió a las sentencias de la Subsección B de la Sección Segunda de fecha 24 de febrero de 2025 (Rad. 11001-03-15-
000-2024-05490-01, C.P. Elizabeth Becerra Cornejo) y 13 de febrero de 2025 (Rad. 25000-2342-000-2019-01210-01, C.P.
Elizabeth Becerra Cornejo).
6
Relacionó las sentencias del 17 de marzo de 2025 (Rad. 11001333500720240018501), 11 de julio de 2023 (Rad.
11001333502920210034301), 22 de septiembre de 2023 (Rad. 11001333503020220008601), 26 de septiembre de 2023
(Rad. 11001333502120220004201), 4 de octubre de 2023 (Rad. 11001333501320210025101), 11 de octubre de 2023 (Rad.
11001333501320210025101) y 15 de noviembre de 2023 (Rad. 11001334205020220044501).
4

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06118-01
Accionante: Lady Ruth Montenegro Gordillo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D

15. Por lo expuesto, la accionante estima que la providencia incurrió en (i) un
defecto sustantivo, en tanto realizó una interpretación restrictiva de las normas
aplicables, que privilegia una lectura formal del listado de factores previsto en la
Ley 62 de 1985, sin armonizarlo con el mandato superior contenido en el Acto
Legislativo 01 de 2005; y (ii) un desconocimiento del precedente judicial, al
apartarse de decisiones del Consejo de Estado 7 y del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca8 en las que, frente a situaciones análogas, ordenó incluir factores
salariales con base en los cuales se habían hecho aportes; así como de las
sentencias de la Corte Constitucional (C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-395
de 2017) en las que se reiteró la necesidad de que la liquidación pensional respete
los factores base de cotización, en armonía con el principio de sostenibilidad
financiera («aunque no se pronunció expresamente sobre el régimen de los docentes» , en los
términos de la tutelante).

1.2. Contestaciones de la acción.

1.2.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D9

16. Recordó que esta Corporación, en sentencia de unificación del 25 de abril de
201910, precisó que, para la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, los factores que
se deben tener en cuenta son únicamente aquellos sobre los que se hayan
efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985,
y, por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los ahí enlistados.

17. Así, adujo que, en este caso, no se satisfacen los requisitos generales de
procedencia de la tutela contra providencia judicial, específicamente el de relevancia
constitucional, pues la actora está empleando el mecanismo de amparo con el
propósito de reabrir una discusión legal que resuelta por el juez natural. Asimismo,
indicó que, no se observa la configuración de ninguno de los defectos alegados.

7
Sentencias de la Subsección B de la Sección Segunda de fecha 24 de febrero de 2025 (Rad. 11001-03-15-000-2024-05490-
01, C.P. Elizabeth Becerra Cornejo) y 13 de febrero de 2025 (Rad. 25000-2342-000-2019-01210-01, C.P. Elizabeth Becerra
Cornejo).
8
Sentencias del 17 de marzo de 2025 (Rad. 11001333500720240018501), 11 de julio de 2023 (Rad.
11001333502920210034301), 22 de septiembre de 2023 (Rad. 11001333503020220008601), 26 de septiembre de 2023
(Rad. 11001333502120220004201), 4 de octubre de 2023 (Rad. 11001333501320210025101), 11 de octubre de 2023 (Rad.
11001333501320210025101) y 15 de noviembre de 2023 (Rad. 11001334205020220044501).
9
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 10, archivo 10.
10
Proceso con radicado No. 68001-23-33-000-2015- 00569-01.
5

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06118-01
Accionante: Lady Ruth Montenegro Gordillo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D

18. Frente a los precedentes del Consejo de Estado que se alega fueron
desconocidos11, señaló que esas providencias datan del año 2025 y, por ende, al
momento de incoarse el medio de control de nulidad y restablecimiento y
sustentarse el recurso de apelación, no fueron citados por la demandante y el
Tribunal no tuvo la oportunidad de pronunciarse al respecto. No obstante, aclaró
que la misma Corporación había proferido la sentencia de unificación del 25 de abril
de 2019, y que su fallo estuvo acorde con las reglas de derecho ahí fijadas.

1.2.2. Secretaría de Educación del Distrito12

19. Puso de presente que esa entidad no vulneró ningún derecho de la accionante,
y no existe relación que la ligue al Tribunal. Por lo tanto, solicitó ser desvinculada
del presente proceso.

1.2.3. Fiduprevisora S.A.13

20. Alegó no ser responsable del quebrantamiento del derecho fundamental de la
actora, por no existir nexo de causalidad con su actuar. Así, al considerar que carece
de legitimación en la causa por pasiva, solicitó su desvinculación del proceso. En
todo caso, expuso que, las autoridades judiciales del proceso contencioso actuaron
conforme al precedente judicial.

1.2.4. Ministerio de Educación14

21. Señaló que, el debate procesal propuesto gira en torno a una controversia de
naturaleza estrictamente económica, de manera que carece de relevancia
constitucional. Así, estimó necesario declarar la improcedencia de la acción de
tutela.

1.3. Providencia impugnada15.

22. Mediante sentencia del 7 de noviembre de 2025, la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela, por

11
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 24 de febrero de 2025, Rad.
11001031500020240549001, M.P. Elizabeth Becerra Cornejo; Consejo de Estado, “sentencia 00159 de 2018”, y Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 13 de febrero de 2025, Rad. 25000-2342-000-2019-01210- 01, M.P.
Elizabeth Becerra Cornejo.
12
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índices 11 y 12, archivo 13.
13
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índices 13, archivo 17.
14
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índices 14, 16 y 18, archivo 19.
15
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 21.
6

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no cumplir con el requisito de relevancia constitucional, en la medida en que «[…] los
argumentos presentados por la accionante no acreditan una vulneración o amenaza de derechos
fundamentales, ni que se hubiere incurrido en defecto alguno, sino que se encaminan a reabrir el
debate, volver sobre la controversia decidida por el juez de conocimiento y esgrimen divergencias
de carácter netamente legal».

1.4. La impugnación16.

23. Inconforme con esa determinación, la tutelante impugnó el fallo de primera
instancia. Como fundamento de su desacuerdo, expuso que el debate constitucional
gira en torno a la negativa de la autoridad judicial accionada de reconocer su
derecho al ajuste pensional, en abierta contradicción con el Acto Legislativo 01 de
2005 y la jurisprudencia del Consejo de Estado, lo que a su vez vulnera sus
derechos fundamentales a la igualdad, seguridad social, debido proceso y mínimo
vital.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

24. En virtud de los artículos 3217 del Decreto Ley 2591 de 199118 y 2519 del Acuerdo
80 del 12 de marzo de 201920 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado,
esta Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.

2.2. Sobre las solicitudes de desvinculación.

25. El artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 dispone que la acción de tutela «[…]se
dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó
el derecho fundamental […]». En ese sentido, la Corte Constitucional21 ha considerado

que, «[…] [l]a legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la
vulneración o amenaza del derecho fundamental […]».

26. La Secretaría de Educación del Distrito y Fiduprevisora S.A. solicitaron su

16
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 25, archivo 34.
17
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente».
18
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
19
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
20
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».
21
Sentencia T-1015 de 2006. Magistrado Ponente. Álvaro Tafur Galvis.
7

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desvinculación de este proceso, en la medida en que, consideran que su actuar no
guarda relación con la vulneración de derechos fundamentales alegada.

27. Al respecto, la Sala advierte que su vinculación en el presente asunto fue en
calidad de terceros con interés, por haber sido parte del extremo pasivo dentro del
proceso contencioso en cuestión. De manera que, en aras de garantizar su derecho
a la defensa y contradicción, se negarán sus solicitudes.

2.3. La acción.

28. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política
y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

2.4. Problema Jurídico.

29. Se contrae a determinar si es dable, a través de la acción de tutela, examinar el
eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar la providencia
del 12 de junio de 202522, por medio de la cual la Subsección D de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la emitida por el
Juzgado Quince (15) Administrativo de Bogotá (expediente 11001-33-35-015-2024-
00080-00/01), en el sentido de negar la reliquidación pensional solicitada; y, en caso
afirmativo, si se vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad, debido
proceso, mínimo vital, seguridad social, acceso a la administración de justicia y los
principios de «sostenibilidad financiera del sistema pensional», «favorabilidad en materia laboral»
y «seguridad jurídica» invocados en la solicitud de amparo, por configurarse los
defectos sustantivo, de desconocimiento del precedente judicial y violación directa
de la Constitución.

22
Si bien el escrito de tutela incluye como parte accionada tanto a la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, como al Juzgado Quince (15) Administrativo de Bogotá, los cargos formulados se dirigen
todos a controvertir la decisión del 12 de junio de 2025 adoptada por el Tribunal.
8

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06118-01
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2.5. La acción de tutela contra providencias judiciales.

30. El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones
judiciales tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional
que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de
derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con
la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestido de
forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.

31. La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y
desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción
de tutela contra decisiones judiciales, dado que, no obstante, el reconocimiento del
principio de autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la
forma de una providencia judicial, derechos fundamentales.

32. La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de
1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera
calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando se
presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto
sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma
indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta
indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a
aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se
presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada,
carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que
aparece en aquellos eventos en los que se actúa completamente al margen del
proceso establecido.

33. Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación
proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las
sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante
sentencia C-590 de 2005, se destacó el carácter excepcional de la acción de tutela,
vale decir cuando de manera protuberante se vulneran o amenazan derechos
fundamentales.

34. Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la
9

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acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos
excepcionales de aplicación, los cuales, deben satisfacerse plenamente para
identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden
estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan
derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se
profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.

35. Tales presupuestos son: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

36. Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales
genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar su excepcionalidad, la cual,
solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta procedente.

37. Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la
decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
10

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terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales;
(vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica
del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado;
y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial
supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que, si bien no se
está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.

38. Por otra parte, se destaca que, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo
del Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales23, rectificó su
posición mediante sentencia de 31 de julio de 201224, en el sentido de disponer que,
la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren
derechos fundamentales, con observancia de los parámetros fijados
jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la
jurisprudencia; lineamientos que, esta subsección con anterioridad al fallo citado ha
aplicado en los términos antes expuestos25.

2.6. Caso concreto.

39. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que: (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, por cuanto recae sobre la presunta vulneración
de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, mínimo vital,
seguridad social, acceso a la administración de justicia y los principios de

23
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del
Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C.
P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-
429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2
de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-
01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
24
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
25
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-
00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-
01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-
00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-
01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas
Monsalve.
11

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«sostenibilidad financiera del sistema pensional», «favorabilidad en materia laboral» y «seguridad

jurídica», con ocasión, a su juicio, de un desconocimiento del precedente del Consejo

de Estado que llevó a una conclusión errada sobre la inclusión del factor salarial
correspondiente a la prima de vacaciones dentro del IBL de la pensión de jubilación,
pese a haberse efectuado cotizaciones sobre dicho concepto, lo cual, de
comprobarse, conllevaría a la configuración de un defecto sustantivo; (ii) contra la
decisión objeto de censura no procede recurso alguno, pues la accionante apeló la
decisión del 26 de noviembre de 2024 proferida por el Juzgado Quince (15)
Administrativo de Bogotá, y la decisión de segunda instancia se encuentra en firme;
(iii) se establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las
aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, en la
medida en que, la última providencia atacada quedó ejecutoriada el 25 de junio26 y
la solicitud de amparo se radicó el 30 de septiembre27 siguiente, es decir, dentro de
los seis meses; y (v) la decisión acusada no obedece a un fallo de tutela.

40. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el
fondo del asunto bajo la causal específica denominada defecto sustantivo invocada
por la demandante, en tanto ahí radica el centro de su desacuerdo con la decisión
atacada (que gira en torno a la interpretación del artículo 1° de la Ley 62 de 1985).

2.6.1. Defecto sustantivo.

41. Sea lo primero precisar que, el artículo 230 de la Constitución Política prevé que
los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato,
las autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las normas
que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.

42. La jurisprudencia constitucional28 ha estimado que la providencia judicial
proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado
defecto sustantivo, que se configura cuando la controversia es decidida con
fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue
derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con

26
El correo electrónico, mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 17 de junio de 2025, motivo por
el cual aquella se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 20 de junio, conforme al artículo 205 (numeral
2) del CPACA. Notificación visible en el expediente electrónico del proceso 11001-33-35-015-2024-00080-01, índice 12.
27
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 1.
28
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
12

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el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente
se omite aplicarla. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo:

Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o
yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación
de las disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el
defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una
irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o
lesione la efectividad de los derechos constitucionales 29.

43. Ahora bien, el desconocimiento del precedente tiene dos modalidades: (i) como
causal autónoma de procedencia de la tutela contra providencia judicial cuando se
trata del precedente constitucional, y (ii) como defecto sustantivo por el
desconocimiento del precedente judicial. La primera tiene su origen en el artículo
241 superior y se predica exclusivamente de los precedentes fijados por la Corte
Constitucional en su jurisprudencia30, y la segunda hace referencia a cuando la
autoridad jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o vertical sin justificación
suficiente, lo que lleva a concluir que la providencia adolece de un defecto
sustantivo31 en virtud de los principios del debido proceso, igualdad y buena fe32.

44. En el asunto sub examine, la accionante expuso lo siguiente:

[…] se vulnera el Derecho de igualdad cuando en casos similares […] los despachos
judiciales tanto en primera instancia como en segunda instancia, han aplicado en
debida forma el precedente judicial del Consejo de Estado relacionado con la manera
en que se deben reliquidar las pensiones de los empleados públicos en virtud de la
Ley 91 de 1989, sin pasar por improvisto el Acto legislativo 01 de 2005, el cual ratifica
que en las pensiones deberán de tenerse en cuenta los factores salariales sobre los
que se realizaron cotizaciones, por mencionar algunos: [sic]
Lo anterior, ha sido resaltado por algunos fallos del Consejo de Estado, en lo que
se destaca:
• Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección -B- de fecha 24 DE FEBRERO
DE 2025, Radicado 11001031500020240549001 en el que fue consejera Ponente la
doctora ELIZABETH BECERRA CORNEJO, y en el que fue demandante la señora
ROSALBA GONGORA SUSA contra la NACION, Ministerio de Educación Nacional
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio […]
• Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección -B- de fecha 13 DE FEBRERO
DE 2025, Radicado 25000-2342-000-2019-0121001(1889-2023) en el que fue
consejera Ponente la doctora ELIZABETH BECERRA CORNEJO, y en el que fue

29
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
30
Sentencia T-360 de 2014: “[…] En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a desconocerse cuando:
(i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad, (ii)
se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto
que la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una
sentencia de exequibilidad condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte
Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela”.
31
Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995 M. P. Carlos
Gaviria Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa,
T-462 de 2003 M. P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M.
P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010 M. P. Jorge Iván Palacio Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González
Cuervo.
32
Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M. P. Jorge Iván
Palacio Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
13

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demandante la señora Luciana Guerra Obeso contra la NACION, Ministerio de
Educación Nacional Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio […]
• Sentencia del 17 de marzo de 2025 emitida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE CUNDINAMARCA – SECCION SEGUNDA- SUBSECCION -A- MP. NESTOR
JAVIER CALVO CHAVES. Rad. 11001333500720240018501, Dte. Hilda Marlene
Cárdenas Valbuena. Ddo. Nación - Ministerio de Educación Nacional Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag – secretaria de Educación y
Fiduprevisora.

[…]

De otra parte[,] la Corte Constitucional en sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015
y SU-395 de 2017, aunque no se pronunció expresamente sobre el régimen de los
docentes, sí determino que en procura de la sostenibilidad financiera del sistema
pensional todas las pensiones, independientemente del régimen que les sea
aplicable, deben liquidarse conforme a los factores salariales frente a los cuales se
realizaron efectivamente los aportes al sistema pensional (Ingreso base de cotización
• IBC) […].

45. Respecto de las sentencias de la Corte Constitucional a las que se refiere la
tutelante, para insistir en la necesidad de que la liquidación pensional respete los
factores base de cotización, en armonía con el principio de sostenibilidad
financiera, el escrito mismo reconoce que, en ellas, la Corte «no se pronunció
expresamente sobre el régimen de los docentes». Por lo tanto, lo aducido no se refiere a un

precedente judicial aplicable a este caso; razón por la que no hay siquiera a alegar
un presunto desconocimiento de esas decisiones.

46. En cuanto a los antecedentes del Consejo de Estado relacionados, se advierte
que estos no fueron previamente alegados en el marco del proceso ordinario y en
la apelación. Por lo tanto, al no satisfacerse el requisito de subsidiariedad, no se
analizará esta causal específica a la luz de dichas decisiones. Sin perjuicio de ello,
para efectos de verificar la configuración de un defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial, esta Sala estudiará la línea jurisprudencial
a la que se refieren, sentada por el Consejo de Estado a través de providencias
anteriores a la acusada.

47. Adicionalmente, la accionante señaló que se incurrió en un defecto sustantivo,
por cuanto:

[…] el despacho judicial desconoce el Derecho al Mínimo Vital, toda vez que al no
haber proferido una sentencia conforme a derecho, es decir al omitir el rango de
constitucionalidad que tiene el Acto legislativo 01 de 2005, en cuanto allí se estipula
que las pensiones deben ser liquidadas con todos los factores sobre los que se
hubieren realizado las cotizaciones a seguridad social, tal como lo realiz[ó] [ella], pues
al retiro del servicio devengaba no solo los factores salariales ya reconocidos, sino
también la PRIMA DE VACACIONES, sin embargo, la pensión jubilación […] no fue
reliquidada con dichos factores y valores correspondientes, aduciendo tanto la
entidad como el despacho judicial que el valor no le era favorable, así como, el factor
14

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correspondiente a la PRIMA DE VACACIONES no estaba enlistado en la Ley 62 de
1985.

48. Así la parte actora, además de alegar el desconocimiento del precedente judicial
de esta Corporación, puso de presente que se ignoraron otras normas vinculantes,
en la interpretación que se hizo de la Ley 62 de 1985. Al respecto, cabe advertir
que, este aspecto fue expuesto, desde la interposición del recurso de apelación
contra la sentencia ordinaria de primera instancia, pues en esa ocasión, la señora
Montenegro Gordillo sostuvo que, para efectos de la liquidación de su pensión, la
Ley 91 de 1989, al remitir a la Ley 33 de 1985, no autoriza una interpretación
restrictiva del IBL que excluya la prima de vacaciones si fue objeto de cotización, y
el Acto Legislativo 01 de 2005 exige tener en cuenta todos los factores sobre los
que se haya cotizado.

49. Ahora bien, frente a este punto, en la providencia censurada33, la Subsección
D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca sostuvo lo
siguiente:

[…] con la expedición de la Ley 812 de 2003, se determinó en el artículo 81, que, a
partir de la entrada en vigencia, es decir, 27 de junio de 2003, los Docentes oficiales
que se vinculen desde esa fecha, les resulta aplicable el régimen pensional de prima
media contenido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción de la edad
de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres. Asimismo, se
estableció que, en lo que respecta a los Docentes oficiales vinculados con
anterioridad a la aludida fecha, su régimen prestacional será el contemplado por la
Ley 91 de 1989.
El anterior mandato fue ratificado por el parágrafo transitorio del artículo 1.º del Acto
Legislativo 01 de 2005 […].

Desde la perspectiva constitucional y legal, el régimen pensional previsto por la Ley
91 de 1989 a favor de los docentes vinculados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, únicamente cubre al personal que se hubiere vinculado al
servicio con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, esto es, 27
de junio de 2003, motivo por el cual, los docentes vinculados a partir de la última fecha
en comento se encuentran sometidos en materia pensional a las previsiones de la
Ley 100 de 1993, con sus respectivas modificaciones.

Precisado lo anterior, se debe destacar que el régimen pensional de los docentes
oficiales cubiertos por las previsiones de la Ley 91 de 1989, es decir, aquellos
vinculados con anterioridad al 27 de junio de 2003, determina que la pensión a la que
tiene derecho ese personal, según el literal b) del numeral 2.º del artículo 15 de la
aludida Ley, corresponderá “al 75% del salario mensual promedio del último año”,
precisando además que “estos pensionados gozarán del régimen vigente para los
pensionados del sector público nacional”, en atención a dicha remisión, es menester
acudir a lo establecido por la Ley 33 de 1985, normativa que en su momento regulaba
lo referente al régimen pensional del sector público.

Por consiguiente, en aplicación de la Ley 33 de 1985 y la Ley 71 de 1988, cuando de
reconocimientos pensionales por parte del sector Docente se trata y en particular, lo
referente a la liquidación de dicha prestación, es pertinente señalar que el Consejo

33
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 2, archivo 5, página 31 y subsiguientes.
15

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de Estado con sentencia de Unificación del 4 de agosto de 2010, determinó que para
la liquidación de las pensiones de los empleados públicos regidos por las Leyes 33
de 1985 y 71 de 1988, deben tenerse en cuenta todos los factores devengados para
el último año de servicios que constituyen salario, por lo cual, se eliminó el principio
de la taxatividad en materia pensional.

[…] es de suma importancia señalar, que el H. Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en Sentencia de Unificación del 25 de abril de 2019,
expediente 68001-23-33-000-2015-00569-01, Consejero Ponente Dr. CÉSAR
PALOMINO CORTÉS, además de fijar las reglas a considerar respecto al IBL a tener
en cuenta frente a las pensiones de los docentes, también estableció algunas reglas
jurisprudenciales, para lo cual sostuvo:

“iv. Reglas de unificación sobre el IBL en pensión de jubilación y vejez de los
docentes
71. De todo lo expuesto se extraen las siguientes reglas de unificación de la
jurisprudencia en materia de régimen pensional de los docentes:
72. De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005,
en concordancia con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, son
dos los regímenes prestacionales que regulan el derecho a la pensión de
jubilación y/o vejez para los docentes nacionales, nacionalizados y
territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial. La aplicación de
cada uno de estos regímenes está condicionada a la fecha de ingreso o
vinculación al servicio educativo oficial de cada docente, y se deben tener en
cuenta las siguientes reglas:
a. En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo
régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del
orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener
en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos
aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no
se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado
artículo. […]

Como se puede observar, con sustento en la sentencia de unificación previamente
transcrita, resulta evidente, que las reglas jurisprudenciales establecidas, al regular
aspectos concernientes al régimen de transición contemplado por la Ley 100 de 1993,
no son aplicables al caso de los docentes oficiales que se encontraren afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por cuanto aquéllos fueron
exceptuados de las disposiciones de la aludida Ley, de conformidad con el artículo
279 de la Ley 100 de 1993.

50. Para determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en un
defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, lo que lo habría
llevado a aplicar, de forma irrazonable, las normas en que debía fundar su fallo, la
Sala debe precisar que, en su decisión, la autoridad accionada encontró que «[s]egún
Formato Único para expedición de certificado de salarios expedido el 26 de febrero de 2020, la
accionante, en el período comprendido entre […] el 09 de marzo de 2019 al 09 de marzo de 2020
devengó los siguientes emolumentos, sueldo, prima especial, prima de servicios, bonificación
decreto, prima de vacaciones y prima de navidad. (Carpeta 01 demandada. Anexos. Fol. 14-15)»
(Énfasis de la Sala).

51. Además, la señora Montenegro Gordillo laboró como docente al servicio de la
Secretaría de Educación de Bogotá y estuvo vinculada al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) desde el 22 de enero de 1990, de
16

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manera que su contratación fue anterior a la entrada en vigencia del artículo 81 de
la Ley 812 de 2003 y le aplica el régimen pensional de la Ley 91 de 1989.

52. El fallo reprochado concluyó, en esencia, que la prima de vacaciones no podía
integrar la liquidación por no figurar en las enlistadas del artículo 1 de la Ley 62 de
1985, pese a que se efectuaron descuentos sobre ese concepto. Esa conclusión
desconoce lo dicho previamente por esta Corporación sobre la interpretación
armónica que debe hacerse del artículo 1° de la Ley 62 de 1985, como se sigue.

53. Inicialmente, la Sección Segunda, en sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2
del 25 de abril de 2019 (citada por el Tribunal), expediente 68001-23-33-000-2015-
00569-01 (0935-2017)34, estableció que:

62. La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios
constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de interpretación
sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para la liquidación de la
mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los factores que se deben
tener en cuenta para la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando
la siguiente regla:

• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen
de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional
previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo los
factores sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el
artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor
diferente a los enlistados en el mencionado artículo.

54. Sin embargo, sobre el particular y en atención al principio de favorabilidad en
materia pensional, esta Subsección ha precisado35 lo siguiente, reiterado en
sentencia del 24 de febrero de 202536:

71. […] la Ley 71 de 1988 es aplicable a los docentes vinculados antes de la Ley 812
de 2003, como parte del «régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional» al que remite la Ley 91 de 1989.

72. Al respecto, la Ley 71 de 1988 establece un régimen específico para la pensión
por aportes y según lo dispuesto en su artículo 7 se establecen los siguientes
requisitos:

34
C.P. César Palomino Cortés.
35
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2025, radicado núm. 66001-23-33-000-
2020-00492-01 (0391-2022), también se puede ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 18
de d marzo de 2021, radicado núm. 63001233300020140024901.
36
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Rad. 11001-03-15-000-2024-05490-01, C.P. Elizabeth Becerra
Cornejo.
17

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06118-01
Accionante: Lady Ruth Montenegro Gordillo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D

✓ Para mujeres: 55 años.
✓ Para hombres: 60 años.
✓ 20 años de aportes acumulados en cualquier tiempo entre entidades de previsión
social del sector público y el ISS (hoy Colpensiones).

73. La Ley 71 de 1994 fue reglamentada por el Decreto 2709 de 1994, el cual en sus
artículos 6 y 8 indicó que la pensión por aportes se liquida con el 75% del salario
promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios. Esto,
con la inclusión de los factores previstos en la Ley 62 de 1985 37 y demás normas
especiales que creen emolumentos con carácter de factor salarial, y que, en
consecuencia, sirven de base para calcular los aportes a pensión.

74. En este punto, es pertinente precisar que el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, que
modificó la Ley 33 de 1985, dispuso que los factores que se debían tener en cuenta
para tal efecto son «[la] asignación básica, [los] gastos de representación; [las] primas
de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; [los] dominicales y feriados;
[las] horas extras; [la] bonificación por servicios prestados; y [el] trabajo suplementario
o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio». La norma citada
también previó que, «[e]n todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de
cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido
de base para calcular los aportes».

55. Adicionalmente, en providencia del 3 de marzo de 202538, esta Corporación
expuso las razones por las cuales esta interpretación es la única que resulta
respetuosa de lo establecido por el Acto Legislativo 01 de 2005, de esta manera:

96. […] la prima de vacaciones a favor de los docentes oficiales por disposición
expresa del artículo 6 del Decreto 1381 de 1997, se rige por el Decreto Ley 1045 de
1978 en los aspectos que no fueron regulados en su norma de creación. Así, al
remitirse a esta última, se advierte que, de acuerdo con el artículo 4540, es un
concepto de carácter salarial base de cotización, en la medida en que fue previsto
para la liquidación de cesantías y pensiones de los empleados públicos.
97. De este modo, para determinar el ingreso base de liquidación de la pensión de
jubilación reconocida a la accionante era necesario tener en cuenta los factores «que
hayan servido de base para calcular los aportes» de acuerdo con el artículo 1 de la
Ley 62 de 1985, y normas concordantes. Razón por la cual era procedente incluir la
prima de vacaciones, adicionalmente, al sueldo, las horas extras, la bonificación
mensual y la bonificación pedagógica.

[…] lo contrario, desconocería el mandato contenido en el Acto Legislativo 01 de
2005, en cuanto expresa que «para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán
en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones». En efecto, una interpretación armónica de la normativa que regula la
materia permitía inferir que existen factores salariales adicionales a los señalados en
la Ley 62 de 1985 que son considerados como base de cotización por normas
especiales, lo cual no pone en riesgo la sostenibilidad del sistema, toda vez que sobre
aquellos se exige la realización de los aportes correspondientes.

56. Así, esta Corporación ha reconocido que, por tratarse de un concepto salarial
base de cotización cuya inclusión se previó en la base de liquidación de cesantías
y pensiones de empleados públicos, la prima de vacaciones debe hacer parte del
IBL de la pensión cuando efectivamente se hayan realizado cotizaciones sobre ella,

37
En aplicación del artículo 11 del Decreto 2709 de 1994.
38
Consejo de Estado, Subsección B, Rad. 11001-03-15-000-2024-06521-01,C.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
18

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06118-01
Accionante: Lady Ruth Montenegro Gordillo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D

de conformidad con lo previsto en el Acto Legislativo 01.

57. De lo expuesto se colige que, comoquiera que la autoridad accionada concluyó
que la prima de vacaciones no podía integrar la liquidación por no figurar en las
enlistadas en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, pese a que la demandante puso de
presente que se le efectuaron descuentos al Sistema General de Seguridad Social
en Pensión sobre ese concepto, el Tribunal omitió realizar un análisis sistemático
de esa norma que estuviera acorde con el precedente sentado al respecto por esta
Corporación.

58. Ese precedente vinculante le exigía al juez ordinario reconocer que, existen
factores salariales adicionales a los señalados en la Ley 62 de 1985 que son
considerados como base de cotización por normas especiales, y, por tanto, sobre
ellos se exige realizar los aportes correspondientes.

59. De esta manera, era viable incluir la prima de vacaciones en el IBL de la pensión
de la accionante, en armonía con el Acto Legislativo 01 de 2005 y la jurisprudencia
contenciosa. En ese contexto, la exclusión automática de dicho emolumento, sin el
examen sistemático de las normas especiales que lo dotan de connotación salarial
para fines pensionales, compromete el derecho al debido proceso por indebida
aplicación normativa y afecta, de manera directa, el acceso material a la seguridad
social en condiciones de legalidad e igualdad de la señora Montenegro Gordillo. Así,
el defecto sustantivo se entiende configurado por cuanto la decisión se fundó en
una interpretación no sistemática de la norma39 y contraria al precedente judicial de
esta Corporación.

III. DECISIÓN

56. Por las razones expuestas, la Sala considera que, comoquiera que, la parte
demandante acreditó que la providencia del 12 de junio de 2025, proferida por la
Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
incurrió en defecto sustantivo, se impone revocar la decisión de primera instancia
que declaró la improcedencia de la acción para, en su lugar, acceder al amparo
deprecado.

39
Corte Constitucional, sentencia T-790 de 2010, reiterada en sentencias T-510 de 2011, T-807 de 2004 y SU-063de 2023.
19

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06118-01
Accionante: Lady Ruth Montenegro Gordillo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D

57. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. NEGAR las solicitudes de desvinculación de la Secretaría de Educación
del Distrito y Fiduprevisora S.A., de acuerdo con la parte motiva del fallo.

SEGUNDO. REVOCAR la sentencia del 7 de noviembre de 2025, proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró la
improcedencia de la acción por falta de relevancia constitucional; y, en su lugar,
AMPARAR los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, mínimo vital,
y seguridad social invocados por la señora Lady Ruth Montenegro Gordillo,
conforme a la motivación de esta providencia.

TERCERO. Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia
del 12 de junio de 2025, proferida por la Subsección D de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual decidió confirmar la
decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho promovida contra Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), el
Distro Capital – Secretaría de Educación de Bogotá y Fiduprevisora S.A.
[expediente 11001-33-35-015-2024-00080-01] por lo expuesto.

CUARTO. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D que, dentro del término de diez (10) días siguientes a la
notificación de esta providencia, profiera un proveído de reemplazo en el aludido
trámite ordinario, en atención a las consideraciones planteadas en esta decisión.

QUINTO. ADVERTIR a la autoridad indicada en el ordinal anterior que el
incumplimiento de lo dispuesto en esta sentencia dará lugar a las sanciones
establecida en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.

SEXTO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma
y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

20

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06118-01
Accionante: Lady Ruth Montenegro Gordillo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D

SÉPTIMO. COMUNICAR la presente decisión a la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado.

OCTAVO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley
2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

21

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